nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURDAD SOCIAL
- Fecha
- 15 de enero de 2025
- Sala
- Primera
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Temuco, Rol N° 5102-2024, sentencia de 15 de enero de 2025
Resumen
Se rechaza sin costas el recurso de protección porque, tras el fallecimiento de la recurrente, el recurso perdió objeto y actualidad jurídica, no existiendo medida cautelar que restablezca el imperio del derecho.
Texto íntegro
C.A. de Temuco Temuco, quince de enero de dos mil veinticinco.
Vistos nombre reservado, educadora de párvulos, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la ILUSTRÍSIMA MUNICIPALIDAD DE LAUTARO, persona jurídica de derecho público, Rut. n° RUT reservado, representada legalmente por su Alcalde don Ricardo Armando Jaramillo Galindo, Ingeniero en Administración Pública, ambos con domicilio en domicilio reservado; en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ - SUBCOMISIÓN CAUTÍN, (en adelante “COMPÍN”), persona jurídica del giro de su denominación, Rut. n° RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, RUT reservado, profesión u oficio, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región de La Araucanía, o por quién lo subrogue o reemplace legalmente, y en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, (en adelante “SUSESO”), Persona Jurídica del giro de su denominación, rol único tributario N° 61.509.000-K, representada legalmente por doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, o por quien la subrogue o reemplace legalmente; por cuanto en virtud de un acto arbitrario e ilegal consistente las resoluciones que rechazan el pago de licencias médicas extendidas por un total de 407 días a contar del 13 de septiembre de 2022 al 22 de junio de 2024, y Decreto Administrativo n°3301, se ha vulnerado el legítimo ejercicio de mis derechos consagrados en el artículo 19 numerales 1, 3 inciso quinto y 24 de la Constitución Política de la República, derechos de los cuales soy titular y se encuentran cautelados por la acción de protección, a fin de que SS., Iltma., resuelva conforme lo pedido en la conclusión y en mérito de lo siguiente:
PLAZO DE INTERPOSICIÓN DE LA PRESENTE ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE PROTECCIÓN:
De conformidad al N°1 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, la presente acción constitucional es interpuesta dentro de término legal, por cuanto tomé conocimiento de las resoluciones ilegales y arbitrarias en contra de las que reclamo con fecha 30 de mayo de 2024, cuando me fue notificado el Decreto Administrativo N°3301, emitido por el Alcalde de la Municipalidad de Lautaro, que ordena el reintegro de fondos percibidos por concepto de licencias médicas que me fueron rechazadas por la recurrida COMPIN y la SUSESO.
ANTECEDENTES FÁCTICOS:
Para explicar el acto arbitrario e ilegal en que incurren los recurridos es esencial señalar a SS.Iltma que soy Educadora de Párvulos, labor que implica bastante actividad física y tolerancia psicológica durante las jornadas de trabajo, pero que hace 32 años ejerzo con total dedicación y amor por la enseñanza y desarrollo de los niños de la comuna de Lautaro.
Lamentablemente, desde el año 2022 a la fecha padezco de graves patologías físicas, que han derivado en trastornos psíquicos, los cuales han sido declarados crónicos por varios profesionales de la salud. Mi diagnóstico es Artrosis Severa, Artrosis de Tipo ll, Artrosis de Cadera y Artrosis Cervical, enfermedades que provocan una fuerte fricción entre mis huesos provocado por el desgaste cartilaginoso, lo que me genera dolores agudos y desesperantes en reposo y en movimiento, sumado a rigidez matutina y crujido de mis articulaciones, dificultad de movimiento (que me impide realizar actividad física en relación con mi trabajo con niños), hinchazón y cojera para caminar. Además, la Cervicoartrosis que padezco, afecta a la parte más alta de mi columna vertebral, afectando las vértebras que se extienden por el cuello hasta la base de la espalda, ocasionandome fuertes dolores de cuello y rigidez.
La Artrosis SS., Iltma, es una patología que no tiene cura, consiste en un proceso crónico y degenerativo que produce el desgaste irreversible de mis articulaciones, incluso, al punto en que me ha provocado deformidad articular. Como podrá observar SS., durante estos últimos 3 años se me ha hecho imposible volver a mi trabajo, pues este requiere de constante movimiento y esfuerzo físico con niños.
Como consecuencia de mis dolores físicos, sufro de trastornos psicológicos: trastorno de estrés postraumático, depresión severa, trastorno alimenticio, insomnio, trastorno de ansiedad fóbica, trastorno de pánico y depresión clínica.
Establecido lo anterior, de acuerdo con las enfermedades que padezco, desde el año 2022 he sido tratada por varios médicos, kinesiólogos, psicólogos y doctores en Neuropsicología, quienes me han extendido las siguientes licencias médicas, todas rechazadas por la COMPIN y la SUSESO:
IV. ACTO ARBITRARIO E ILEGAL DE LOS RECURRIDOS:
En primer lugar, recurro contra la COMPIN SUBCOMISIÓN CAUTÍN, toda vez que rechaza las siguientes licencias médicas, extendidas por un total de 407 días a contar del 13 de septiembre de 2022 al 22 de junio de 2024:
Como podrá acreditar SS.Iltma, con las licencias médicas que acompaño en el segundo otrosí de este recurso, dada la gravedad de mis enfermedades se me ha hecho imposible incorporarme a mi trabajo, habiéndome otorgado licencias médicas desde febrero del año 2022 hasta la actualidad sin interrupción, las que fueron autorizadas por la COMPIN hasta la licencia folio n°3-76147327, del 14 de septiembre del año 2022.
En segundo lugar, recurro en contra de la SUSESO por la dictación de las Resoluciones Exentas N° R-01-UME-88269-2023, de fecha 03 de julio de 2023, N° R-01-IBS-173406-2023, de fecha 29 de diciembre de 2023, y N° R-01-IBS-83728-2024 de fecha 28 de mayo de 2024; Las que concluyen en general “que no existen antecedentes establecer la incapacidad laboral más allá del reposo ya autorizado; Que los informes médicos que se aportan no informan de la sintomatología, evolución clínica, compromiso funcional ocasionado, o tratamiento detallado con nombre y dosis de fármacos para la patología señalada en las licencias médicas reclamadas”.
Que así las cosas, el artículo 16 del Decreto Ley n°3/1984 del Ministerio de Salud señala que: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.
De manera que, ilegal y sin fundamento alguno, la SUSESO y la COMPIN comenzaron a rechazar mis licencias médicas, siendo la última aquella que se me extendió con fecha 17 de mayo de 2024 por 30 días hasta el 22 de junio de este año. RECHAZO QUE ES TOTALMENTE ILEGAL Y ARBITRARIO TODA VEZ QUE LA SUSESO Y LA COMPIN NO COMUNICAN FUNDAMENTO ALGUNO SOBRE LOS SENDOS INFORMES Y RECETAS MÉDICAS APORTADAS A LOS RECLAMOS A FIN DE EXPLICAR EL RECHAZO DE LAS LICENCIAS SEÑALADAS, tampoco ordenó nuevos exámenes ni consideró otros antecedentes técnicos que permitieran una mejor evaluación de la enfermedad que padezco.
Para colmo, por extensión del acto caprichoso de la SUSESO y la COMPIN, se dictó el decreto administrativo n° 3301, emitido por el Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Lautaro en el que se me ordena el reintegro de 18 millones de pesos por concepto de los fondos que he percibido por el pago de mis licencias médicas que las dos primeras rechazaron, aplicando un descuento en un 45% de mi sueldo a partir del mes de mayo de 2024, por lo que solicitaré la correspondiente orden de no innovar a fin de evitar mayor afectación a mis garantías fundamentales. Lo anterior, incluso estando pendiente los análisis y estudio por parte de los profesionales de la SUSESO respecto de las licencias reclamadas según consta en Certificado de estado de trámite, folio R-102400-2024.
Por todo lo anterior, es que solicito restablecer el imperio del derecho e impida que a través del rechazo de las licencias médicas por la SUSESO y COMPIN, y el Decreto adm. N°3301 que ordena el reintegro de dinero que he percibido por concepto de mis licencias médicas AGRAVE AÚN MÁS MI ESTADO DE SALUD DESATANDO UNA CADENA DE VULNERACIONES A MI PATRIMONIO, A MI SALUD FÍSICA Y PSÍQUICA.
DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES VULNERADOS.
1. El actuar de las recurridas, infringe mi garantía constitucional del derecho a la vida e integridad física y psíquica contemplada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República de Chile, que señala “La Constitución asegura a todas las personas: “El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica”. En este sentido, SS.Iltma., el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, procurando contribuir a crear las condiciones sociales que permitan que todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional lograr la mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que la Constitución Política establece.
De esta manera, el rechazo de las licencias que indiqué resultan ilegal y arbitrario desde que la SUSESO y la COMPIN no comunican, ni razonan fundamento alguno a fin de explicar el RECHAZO SORPRESIVO a contar de la licencia folio n° 3-76352206-7 en circunstancias que hasta el mes de septiembre de 2022 habían sido legalmente autorizadas.
Tampoco se ordenó nuevos exámenes ni se consideró otros antecedentes técnicos que permitieran una mejor evaluación de la enfermedad que padezco.
Derivado del acto ilegal anterior, el decreto administrativo n°3301 emitido por el Alcalde de la I. Municipalidad de Lautaro, ha agravado mi depresión, afectando directamente a mi integridad psíquica puesto que me encuentro permanentemente preocupada por la falta de dinero, de no poder pagar mis gastos básicos, de no poder enfrentar mis enfermedades y el temor de quedarme en la calle.
2. Los recurridos vulneran mi garantía constitucional dispuesta en el artículo 19 N°3 inciso quinto de la Carta Magna que dispone: Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Como se señaló, el rechazo de mis licencias médicas no contiene ningún fundamento, limitándose a señalar que: “Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado, puesto que no describen disfuncionalidad o ajuste progresivo y oportuno de farmacoterapia acorde a extensión de reposo”; en este sentido, la SUSESO y la COMPIN Subcomisión Cautín vulneran los artículos 3, 11 y 40 de la Ley 19.880, y el artículo 16 y 55 del Decreto Supremo n° 3 de 1984 del Ministerio de Salud al no señalar razones técnicas, clínicas y jurídicas del rechazo, dado que en los actos administrativo que afecten derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan priven, perturben o amenacen su ejercicio legítimo deberá expresar los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya.
3. Por último, los recurridos vulneran mi garantía fundamental del artículo 19 n° 24 de la Constitución Política de la República, que señala “La Constitución asegura a todas las personas: El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales”. De manera que, a través de las resoluciones de rechazo de la SUSESO y la COMPIN y el Decreto Administrativo N°330, impiden, en forma arbitraria, que conserve el dinero que he recibido en virtud de las graves enfermedades que padezco y que he destinado exclusivamente a mi subsistencia y pago de mis medicamentos, afectando mi patrimonio, temiendo que en lo sucesivo se siga vulnerando mi garantía constitucional por los actos de los recurridos.
Como verá SS.,Iltma el Rechazo de mis licencias médicas emitidas, la SUSESO y la COMPIN, y en consecuencia, el decreto administrativo n° 3301, atenta contra mi derecho a la vida e integridad física y psíquica, al debido proceso y derecho de propiedad, dado que el rechazo implica la afectación de mi patrimonio viendo reducido mis remuneraciones en un 45% a fin de devolver $18 millones de pesos, afectando directamente mi patrimonio, salud física y psíquica por el miedo e incertidumbre no poder costear mis medicamentos, profundizar mi depresión y angustia por el futuro, y el temor de quedar en la calle sin red de apoyo.
No cabe duda SS.Iltma., que las recurridas vulneraron mis derechos fundamentales contenidos en el artículo 19 N°1, 3 inciso quinto y 24 de la Constitución Política de La República, por el caprichoso y arbitrario rechazo de mis licencias médicas que nuestro Derecho no puede tolerar y es por ello que vengo a pedir a vuestra Ilustrísima Corte tome las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, Solicita tener por interpuesto recurso de protección en mi favor, en contra de la ILUSTRÍSIMA MUNICIPALIDAD DE LAUTARO, representada legalmente por su Alcalde don Ricardo Armando Jaramillo Galindo, ya individualizados, en contra de la COMPIN, Subcomisión Cautín, representada legalmente por don nombre reservado, ya individualizado, o por quién los subrogue o reemplace legalmente; y en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, representada legalmente por doña nombre reservado, ya individualizada, o por quien la subrogue o reemplace legalmente; se sirva acogerlo, declarando que los actos de las recurridas importan la violación de mis garantías constitucionales señaladas o en subsidio, de aquella otra que SS. Iltma., estime del caso concurrir de acuerdo a sus facultades conservadoras, ordene a las recurridas o a aquel que SS.Iltma., determine:
1.- Que se acoge el presente recurso de protección, por ser la actuación de las recurridas, en los términos descritos en lo principal de este escrito, arbitraria e ilegal y que vulnera, perturba y amenaza las garantías constitucionales del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica; derecho al debido proceso y derecho de propiedad de la recurrente nombre reservado, establecidas en los N° 1, 3 inciso quinto, y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República;
2.- Que, se anule las resoluciones exenta de la SUSESO N° R-01-UME-88269-2023, N° R-01-IBS-173406-2023, N° R-01-IBS-83728-2024, y de la COMPIN que rechazan las licencias médicas folio: N° 3-76352206; N° 3-76147327; N° 3-77410615; N° 3-78986125; N° 3-80201631; N° 3-81453708; N° 3-82429620; N° 3-83505654; N° 3-84931923; N° 3-86128734; N° 3-87714509; N°3-15316504; N° 3-89221427; N° 3-99406514; N° 3-102615870; y por consiguiente, se invalide el Decreto Adm. N° 3301, ilegal y arbitrario, emitido por el Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Lautaro, don Ricardo Jaramillo Galindo por ser y originarse directa e inmediatamente por causa de la actuación defectuosa de la SUSESO y la COMPIN.
3. Que, se ordena a la SUSESO o la COMPIN, según corresponda, a autorizar las licencias médicas rechazadas, o se disponga la realización de una nueva evaluación del caso entregando los fundamentos de la decisión; o bien, la declaración que SS. ILTMA., sirva efectuar en igual sentido, con costas.
Acompaña a su presentación los siguientes documentos:
1. Decreto administrativo N°3301, emitido por don Ricardo Jaramillo Galindo, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Lautaro, con fecha 30 de mayo de 2024.
2. Informe Pericial Psicológico de doña nombre reservado, emitido por el Dr. nombre reservado, de fecha 19 de junio de 2024.
3. Licencias médicas, folio: N° 3-76352206; N° 3-76147327; N° 3-77410615; N° 3-78986125; N° 3-80201631; N° 3-81453708; N° 3-82429620; N° 3-83505654; N° 3-84931923; N° 3-86128734; N° 3-87714509; N° 3-15316504; N° 3-89221427; N° 3-99406514; N° 3-102615870, de doña nombre reservado, extendidas por un total de 407 días a contar del 13 de septiembre de 2022 al 22 de junio de 2024.
4. Resolución Exenta N° R-01-UME-88269-2023, emitida por la SUSESO,de fecha 03 de julio de 2023.
5. Resolución Exenta N° R-01-IBS-173406-2023, emitida por la SUSESO de fecha 29 de diciembre de 2023.
6. Resolución Exenta N° R-01-IBS-83728-2024, emitida por la SUSESO de fecha 28 de mayo de 2024.
7. Certificado de estado de trámite, emitido por la SUSESO, folio expediente: R-102400-2024.
8. Informe de atención psicológica de doña nombre reservado, emitido por el Dr. nombre reservado, de fecha 25 de agosto de 2023; Examen médico de Resonancia Magnética de cerebro, de doña nombre reservado de fecha 03 de agosto de 2021, emitido por el Dr. nombre reservado, médico Neuro-Radiólogo; Examen médico de RX. MANO IZQUIERDA AP-OBL, de doña nombre reservado de fecha 27 de enero de 2022, emitido por Dr.nombre reservado, Radiólogo; Informe médico de doña nombre reservado de fecha 01 de marzo de 2022, emitido por Dr. nombre reservado, Radiólogo; Informe médico de doña nombre reservado de fecha 01 de marzo de 2022, emitido por Dr. nombre reservado, Radiólogo; Informe médico de doña nombre reservado de fecha 08 de marzo de 2022, emitido por Dra nombre reservado, Radiólogo; Informe médico de doña nombre reservado de fecha 09 de marzo de 2022, emitido por Dr. nombre reservado, Radiólogo; Informe médico de doña nombre reservado de fecha 06 de febrero de 2023, emitido por Dr. nombre reservado; Informe Kinésico, de doña nombre reservado, emitido por Kinesiólogo don nombre reservado, de fecha 10 de abril de 2023; Receta médica a doña nombre reservado, emitido por Dr. nombre reservado, emitido con fecha 22 de septiembre de 2023; Receta médica a doña nombre reservado, emitido por Dr. nombre reservado, emitido con fecha 23 de agosto de 2023.
9. Informe Psicológico de doña nombre reservado, emitido por el Dr. nombre reservado, de fecha 02 de febrero de 2024.
10. Informe Psicológico de doña nombre reservado, emitido por el Dr. nombre reservado, de fecha 10 de noviembre de 2022.
11. Resonancia nuclear magnética, de nombre reservado, emitido por Dr. nombre reservado, Reumatología, de fecha 18 de diciembre de 2023; Examen médico, RX PELVIS AP, de doña nombre reservado, emitido por Dr. nombre reservado, con fecha 28 de septiembre de 2023;
Examen médico, RX Axial ambas rótulas; Rx ambas Rodillas AP y L, emitido por el Dr. nombre reservado, con fecha 28 de septiembre de 2023; Receta médica de doña nombre reservado, emitido por Dr. nombre reservado, con fecha 18 de diciembre de 2023.
12. Receta médica a doña nombre reservado, emitida por Dr. nombre reservado, de fecha 23 de agosto de 2023, de fecha 16 de marzo de 2022; Receta médica de nombre reservado, emitida por Dr. Walter Reisenegger Rohrborn, de fecha 29 de marzo de 2022.
13. Certificado médico de doña nombre reservado, emitida por Dr. nombre reservado, de fecha 17 de mayo de 2024, de fecha 19 de abril de 2024, 23 de febrero de 2024, 20 de diciembre de 2023, 20 de octubre de 2023, 22 de septiembre de 2023, 28 de agosto de 2023, 15 de junio de 2023, 14 de abril de 2023, 13 de enero de 2023, 26 de septiembre de 2022, y de 26 de septiembre de 2022.
14. Copia de Certificado de Acreditación de Egreso de don nombre reservado, cédula nacional de identidad n° RUT reservado.
A folio 40, recurrente acompaña: Certificado de defunción de la recurrente.
A folio 7 recurrente acompaña:
1.- RM de columna lumbar, de doña nombre reservado de fecha 01 de marzo de 2022, emitido por Dr. nombre reservado, Radiólogo; Resonancia Magnética de rodilla derecha, de doña nombre reservado de fecha 09 de marzo de 2022, emitido por Dr. nombre reservado, Radiólogo;Informe médico de doña nombre reservado de fecha 07 de marzo de 2022, emitido por Dra nombre reservado, Radiólogo; Examen médico de RX. MANO IZQUIERDA AP-OBL, de doña nombre reservado de fecha 27 de enero de 2022, emitido por Dr.nombre reservado, Radiólogo; Resonancia Magnética cadera izquierda, de doña nombre reservado de fecha 01 de marzo de 2022, emitido por Dr. nombre reservado, Radiólogo; RM columna lumbrar de doña nombre reservado de fecha 06 de febrero de 2023, emitido por Dr. nombre reservado; Informe Kinésico, de doña nombre reservado, emitido por Kinesiólogo don nombre reservado, de fecha 10 de abril de 2023; Resonancia Magnética de cerebro, de doña nombre reservado de fecha 03 de agosto de 2021, emitido por el Dr. nombre reservado, médico Neuro-Radiólogo; Receta médica a doña nombre reservado, emitido por Dr. nombre reservado, emitido con fecha 22 de septiembre de 2023; Dos recetas médicas a doña nombre reservado, emitido por Dr. nombre reservado, emitido con fecha 23 de agosto de 2023.
2.- Resonancia nuclear magnética, de nombre reservado, emitido por Dr. nombre reservado, Reumatología, de fecha 18 de diciembre de 2023; Examen médico, RX PELVIS AP, de doña nombre reservado, emitido por Dr. nombre reservado, con fecha 28 de septiembre de 2023; Examen médico, RX Axial ambas rótulas; Rx ambas Rodillas AP y L, emitido por el Dr. nombre reservado, con fecha 28 de septiembre de 2023; Receta médica de doña nombre reservado, emitido por Dr. nombre reservado, con fecha 18 de diciembre de 2023.
3.- Dos Recetas médicas a doña nombre reservado, emitida por Dr. nombre reservado, de fecha 16 de marzo de 2022; Una receta médica a doña nombre reservado, emitida por Dr. Walter Reisenegger Rohrborn, de fecha 29 de marzo de 2022, Formulario de Constancia información al paciente Ges, de fecha 29 de marzo del año 2022.
4.- Certificado médico de doña nombre reservado, emitida por Dr. nombre reservado, de fecha 17 de mayo de 2024, de fecha 19 de abril de 2024, 23 de febrero de 2024, 20 de diciembre de 2023, 20 de octubre de 2023, 22 de septiembre de 2023, 28 de agosto de 2023, 15 de junio de 2023, 14 de abril de 2023, 13 de enero de 2023, 26 de septiembre de 2022, y de 26 de septiembre de 2022.
A folio 12 informa COMPIN ARAUCANÍA, quien dice:
Que, respecto de las licencias médicas rechazadas y por las que se recurre, se indica lo siguiente:
a) Licencia médica N° 3-76352206: Emitida a contar del 13.09.2022 por 2 días, con diagnóstico “Trastorno mixto de ansiedad y depresión” por médico de urgencias, Dr. nombre reservado.
Rechazada por COMPIN Subcomisión Cautín con fecha 26.09.2022 considerando: “Reposo prolongado” Ingresa Recurso de Reposición con fecha 05.10.2022, con el que se mantiene rechazo con el argumento: “Reposo injustificado” con fecha 21.11.2022.
b) Licencia médica N° 3-76147327: Emitida a contar del 15.09.2022 por 30 días, con diagnóstico “Trastorno mixto de ansiedad y depresión” por médico de urgencias, Dr. nombre reservado.
Rechazada por COMPIN Subcomisión Cautín con fecha 20.09.2022 considerando: “Reposo prolongado” Ingresa Recurso de Reposición con fecha 05.10.2022, con el que se mantiene rechazo con el argumento: “Reposo injustificado” con fecha 21.11.2022.
c) Licencia médica N° 3-77410615: Emitida a contar del 15.10.2022 por 30 días, con diagnóstico “Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos” por médico general, Dr. nombre reservado.
Rechazada por COMPIN Subcomisión Cautín con fecha 18.10.2022 considerando: “Reposo prolongado”
Ingresa Recurso de Reposición con fecha 11.11.2022, con el que se mantiene rechazo con el argumento: “Reposo injustificado” con fecha 21.11.2022.
d) Licencia médica N° 3-78986125: Emitida a contar del 14.11.2022 por 30 días, con diagnóstico “Trastorno mixto de ansiedad y depresión” por médico de urgencias, Dr. nombre reservado.
Rechazada por COMPIN Subcomisión Cautín con fecha 21.11.2022 considerando: “Reposo prolongado” Ingresa Recurso de Reposición con fecha 29.12.2022, con el que se mantiene rechazo con el argumento: “Sin causa médica que justifique el reposo. Reposo prolongado para patología” con fecha 07.03.2023.
e) Licencia médica N° 3-80201631: Emitida a contar del 15.12.2022 por 30 días, con diagnóstico “Trastorno mixto de ansiedad y depresión” por médico de urgencias, Dr. nombre reservado.
Rechazada por COMPIN Subcomisión Cautín con fecha 15.12.2022 considerando: “Sin causa médica que justifique el reposo. Reposo prolongado para patología Ingresa Recurso de Reposición con fecha 29.12.2022, con el que se mantiene rechazo con el argumento: “Sin causa médica que justifique el reposo. Reposo prolongado para patología” con fecha 07.03.2023.
f) Licencia médica N° 3-81453708: Emitida a contar del 14.01.2023 por 30 días, con diagnóstico “Trastorno mixto de ansiedad y depresión” por médico de urgencias, Dr. nombre reservado.
Rechazada por COMPIN Subcomisión Cautín con fecha 17.01.2023 considerando: “Sin causa médica que justifique el reposo. Reposo prolongado para patología Ingresa Recurso de Reposición con fecha 18.04.2023, con el que se mantiene rechazo con el argumento: “Sin causa médica que justifique el reposo. Reposo prolongado para patología” con fecha 26.04.2023.
g) Licencia médica N° 3-82429620: Emitida a contar del 13.02.2023 por 30 días, con diagnóstico “Trastorno mixto de ansiedad y depresión” por médico de urgencias, Dr. nombre reservado.
Rechazada por COMPIN Subcomisión Cautín con fecha 14.02.2023 considerando: “Sin causa médica que justifique el reposo. Reposo prolongado para patología Ingresa Recurso de Reposición con fecha 18.04.2023, con el que se mantiene rechazo con el argumento: “Sin causa médica que justifique el reposo. Reposo prolongado para patología” con fecha 26.04.2023.
h) Licencia médica N° 3-83505654: Emitida a contar del 15.03.2023 por 30 días, con diagnóstico “Trastorno mixto de ansiedad y depresión” por médico de urgencias, Dr. nombre reservado.
Rechazada por COMPIN Subcomisión Cautín con fecha 15.03.2023 considerando: “Sin causa médica que justifique el reposo. Reposo prolongado para patología Ingresa Recurso de Reposición con fecha 18.04.2023, con el que se mantiene rechazo con el argumento: “Sin causa médica que justifique el reposo. Reposo prolongado para patología” con fecha 26.04.2023.
i) Licencia médica N° 3-84931923: Emitida a contar del 14.04.2023 por 30 días, con diagnóstico “Trastorno mixto de ansiedad y depresión” por médico de urgencias, Dr. nombre reservado.
Rechazada por COMPIN Subcomisión Cautín con fecha 17.04.2023 considerando: “Sin causa médica que justifique el reposo. Reposo prolongado para patología Ingresa Recurso de Reposición con fecha 28.06.2023, con el que se mantiene rechazo con el argumento: “Sin causa médica que justifique el reposo. Reposo prolongado para patología” con fecha 28.08.2023.
j) Licencia médica N° 3-86128734: Emitida a contar del 14.05.2023 por 30 días, con diagnóstico “Trastorno mixto de ansiedad y depresión” por médico de urgencias, Dr. nombre reservado.
Rechazada por COMPIN Subcomisión Cautín con fecha 17.05.2023 considerando: “Sin causa médica que justifique el reposo. Reposo prolongado para patología Ingresa Recurso de Reposición con fecha 28.06.2023, con el que se mantiene rechazo con el argumento: “Sin causa médica que justifique el reposo. Reposo prolongado para patología” con fecha 28.08.2023.
k) Licencia médica N° 3-87714509: Emitida a contar del 13.06.2023 por 30 días, con diagnóstico “Trastorno mixto de ansiedad y depresión” por médico de urgencias, Dr. nombre reservado.
Rechazada por COMPIN Subcomisión Cautín con fecha 19.06.2023 considerando: “Sin causa médica que justifique el reposo. Reposo prolongado para patología Ingresa Recurso de Reposición con fecha 28.06.2023, con el que se mantiene rechazo con el argumento: “Sin causa médica que justifique el reposo. Reposo prolongado para patología” con fecha 28.08.2023.
l) Licencia médica N° 3-15316504: Emitida a contar del 13.07.2023 por 15 días, con diagnóstico “Reacción al estrés grave y trastorno de adaptación”, por médico general, Dr. nombre reservado.
Rechazada por COMPIN Subcomisión Cautín con fecha 18.07.2023 considerando: “Sin causa médica que justifique el reposo. Reposo prolongado para patología Ingresa Recurso de Reposición con fecha 30.07.2023, con el que se mantiene rechazo con el argumento: “Sin causa médica que justifique el reposo. Reposo prolongado para patología” con fecha 28.08.2023.
m) Licencia médica N° 3-89221427: Emitida a contar del 28.07.2023 por 30 días, con diagnóstico “Otros trastornos de ansiedad mixtos” por médico de urgencias, Dr. nombre reservado.
Rechazada por COMPIN Subcomisión Cautín con fecha 26.07.2023 considerando: “Sin causa médica que justifique el reposo. Reposo prolongado para patología Ingresa Recurso de Reposición con fecha 30.07.2023, con el que se mantiene rechazo con el argumento: “Sin causa médica que justifique el reposo. Reposo prolongado para patología” con fecha 28.08.2023.
ñ) Licencia médica N° 3-99406514: Emitida a contar del 23.02.2024 por 30 días, con diagnóstico “Trastorno mixto de ansiedad y depresión” por médico de urgencias, Dr. nombre reservado.
Rechazada por COMPIN Subcomisión Cautín con fecha 27.02.2024 considerando: “Sin causa médica que justifique el reposo. Reposo prolongado para patología.”
o) Licencia médica N° 3-102615870: Emitida a contar del 24.05.2024 por 30 días, con diagnóstico “Trastorno mixto de ansiedad y depresión” por médico de urgencias, Dr. nombre reservado.
Rechazada por COMPIN Subcomisión Cautín con fecha 24.05.2024 considerando: “Sin causa médica que justifique el reposo. Reposo prolongado para patología.”
5.- Que, la Contraloría Médica de la COMPIN Subcomisión Cautín, para rechazar la licencia médica por la que se recurre tuvo en consideración los siguientes antecedentes:
a) Listado maestro de licencias médicas FONASA año2 2022, 2023 y 2024.
b) Informe de resultados, Factor reumatoideo, 24.01.2022.
c) Radiografía mano izquierda AP-OBL, 27.01.2022.
d) Resonancia Magnética Columna Lumbar, 01.03.2022.
e) Resonancia Magnética Cadera Izquierda, 01.03.2022.
f) Radiografía Meñique Izquierdo, AP-L, 07.03.2022.
g) Resonancia Magnética de Rodilla Derecha, 09.03.2022.
h) Receta, por Dr. nombre reservado, del 16.03.2022.
i) Receta, por Dr. nombre reservado, del 16.03.2022.
j) Formulario Constancia Información al Paciente GES, por artrosis de cadera y/o rodilla leve a moderada, del 29.02.2022.
k) Certificado, por Dr. nombre reservado, urgenciólogo, fechado 26.09.2022.
l) Informe psicológico, por psicólogo nombre reservado, del 10.11.2022.
m) Certificado por Dr. Moya, urgenciólogo, sin fecha.
n) Examen Mental, por Dr. Moya, urgenciólogo, 13.01.2023 o) Resonancia Magnética Columna Lumbar, 06.02.2023.
p) Informe kinésico, por kinesiólogo nombre reservado, 10.04.2023.
q) Certificado médico, Dr. Moya, urgenciólogo, 14.04.2023.
6.- Que, en atención a lo anterior, la Contraloría Médica de la COMPIN concluyó lo siguiente:
a) Antecedentes médicos aportados que no justifican reposo. Reposo prolongado para patología:
La trabajadora inició reposo por patología de salud mental el 17.02.2022, completando 883 días de licencia médica, al 22.07.2024, de los cuales fueron autorizados los primeros 206 días.
Aportó múltiples informes de exámenes por patología osteomuscular, diagnósticos que no han motivado las licencias reclamadas, las que, en su totalidad son por diagnósticos psiquiátricos.
Certificado, por Dr. nombre reservado, urgenciólogo, fechado 26.09.2022, que señala diagnósticos psiquiátricos, trastorno depresivoansioso, enfermedad depresiva mayor, trastorno de somatización severa, ansiedad fóbica, artritis migratoria en estudio, que inició psicoterapia el 13.09.2022, cursó con poliartralgias, fue derivada a reumatología, en tratamiento con antidepresivo ISRS, ansiolítico, hipnótico y estabilizadores del ánimo (sin especificar los fármacos en uso).
De acuerdo con Decreto 7/2013 del Ministerio de Salud, que “Aprueba reglamento sobre guías clínicas referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas”, en su artículo 4to, relativo a reposo laboral por patologías mentales, en aquellos casos que se superen los 15 días de reposo y hasta un máximo de 60, las licencias pueden ser emitidas por médico no especialista, pero con consultoría por psiquiatría y presentar un compromiso funcional importante, con puntaje en la escala de evaluación de la actividad global (EEAG) menor a 50 puntos y además, se recomienda contar con informe protocolizado de acuerdo a Guías Clínicas del MINSAL.
En este caso, pese a superar los 60 días de licencia médica sugerido en el decreto previamente señalado, a la trabajadora se le autorizaron 206 días, estimando tiempo suficiente para resolución del cuadro clínico descrito.
Informe psicológico, por psicólogo nombre reservado, del 10.11.2022, señala como origen del cuadro, “estrés postpandemia” que habría configurado un trastorno por estrés postraumático, lo que no ha sido corroborado por el médico tratante ni por psiquiatría. El informe no describe la funcionalidad de la trabajadora.
Certificado por Dr. Moya, urgenciólogo, sin fecha, muy vago, con escasa descripción, sin mención a la funcionalidad (puntaje en EEAG) de la paciente, al historial del tratamiento, los fármacos indicados, la respuesta a los mismos, si hubo refractariedad a esquemas previos y ajustes recientes.
Examen Mental, por Dr. Moya, urgenciólogo, 13.01.2023, centrado en describir sintomatología ansiosa y depresiva, no describe funcionalidad, examen mental mayormente sin alteraciones.
Certificado médico, Dr. Moya, urgenciólogo, 14.04.2023, no describe cambios en la sintomatología, especifica tratamiento, uso de antidepresivo ISRS (sertralina 100 mg) y benzodiacepinas (clonazepam 1,5 mg día), sin mencionar cambios o ajustes recientes. Si indicación de otros potenciadores pese al extenso tiempo de evolución que acumula. Llama la atención que no se diera constancia GES depresión, con derivación a nivel de atención primaria de salud en el sistema público.
Cabe señalar que, de acuerdo con Decreto 7/2013 del Ministerio de Salud, que “Aprueba reglamento sobre guías clínicas referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas”, en su artículo 4to, relativo a reposo laboral por patologías mentales, en aquellos casos que se superen los 60 días de reposo y hasta un máximo de 180, las licencias deben ser emitidas por médico psiquiatra, debe contar con informe de peritaje, síntomas de intensidad grave que producen dificultades graves en la actividad laboral. Debe existir refractariedad o resistencia al tratamiento. El reposo debe ser indicado por psiquiatra cada 15 días cada vez y cada episodio clínico debe considerar, para la indicación de reposo tratamiento farmacológico, psicoterapia y medidas psicosociales (recomendado terapia cognitivo conductual).
b) La Superintendencia de Seguridad Social ha confirmado el rechazo de las licencias reclamadas, realizado por nuestra COMPIN, mediante las siguientes resoluciones:
Resolución Exenta N° R-01-UME-88269-2023, de fecha 03.07.2023, confirma rechazo por no encontrarse justificado el reposo.
Resolución Exenta N° R-01-IBS-173406-2023, de fecha 29.12.2023, confirma rechazo por no encontrarse justificado el reposo.
Resolución Exenta N° R-01-IBS-83728-2024, de fecha 28.05.2024, confirma rechazo por no encontrarse justificado el reposo.
Por todo lo señalado anteriormente, se estimó que el reposo prescrito por medio de las licencias médicas reclamadas no se encontraba clínicamente justificado ni acredita rol terapéutico con medidas claras orientadas a la recuperación de la salud y el reintegro laboral, basándose en los antecedentes médicos aportados por la trabajadora, por su médico tratante y las normas técnicas vigentes, no habiendo ilegalidad ni arbitrariedad en los actos realizados por esta contraloría médica.
Que, en resumen, queda acreditado en base a lo informado previamente, que la actuación de la COMPIN Subcomisión Cautín no ha sido ni arbitraria ni ilegal, sus resoluciones han sido fundadas de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley N° 19.880, debiendo tenerse presente la presunción de legalidad de que gozan los actos administrativos según lo establecido en su artículo 3°; actuando dentro de sus competencias legales, por lo que en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, se solicita se rechace el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, al carecer de fundamentos, por cuanto la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Subcomisión Cautín no ha incurrido en actos arbitrarios e ilegales que afecten las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, toda vez que el rechazo de las licencias médicas y que origina la presente acción constitucional, lo fue en virtud de la legislación vigente.
Se solicita a S.S. Iltma. que, en caso de acoger el presente recurso de protección, no se condene en costas a esta parte, por cuanto de los antecedentes y fundamentos esgrimidos, ha quedado demostrado que esta parte ha tenido motivo plausible para litigar.
Se acompañan los antecedentes fundantes de lo expuesto precedentemente.
A folio 15 informa FRANCISCO ORTEGA BELLO, abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, quien dice:
Que, antes de informar respecto del fondo de la Acción de Protección que motiva el presente informe, vengo en solicitar a S.S.I, que se declare la extemporaneidad del presente recurso en atención a las siguientes consideraciones:
Respecto de la acción de protección interpuesta por la Sra. nombre reservado, alegamos previo a informar el fondo del asunto, la falta de oportunidad en su ejercicio, por cuanto ha sido interpuesta una vez vencido, el plazo fatal de 30 días corridos previsto para hacer valer esta excepcional acción de rango constitucional.
ACTUACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL CASO DE LA SRA. nombre reservado
Como consta en el expediente de autos, la acción de que se trata fue interpuesta con fecha 30 de junio de 2024, en circunstancias que la Sra. nombre reservado, reclamó ante esta Superintendencia mediante presentación de fecha 05 de marzo de 2024, apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región de la Araucanía, que rechazó las licencias médicas N°s 76352206-7, 76147327-1, 77410615-4, 78986125-0, 80201631-K, 81453708-0, 82429620-0, 83505654-6, 84931923-K, 86128734-3, 87714509-3, RUT reservado y 89221427-1, extendidas por un total de 347 días, a contar del 13 de septiembre de 2022, por reposo no justificado.
En razón de lo anterior, mi representada la Superintendencia de Seguridad Social, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas reclamadas no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que, los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado, puesto que no describen disfuncionalidad o ajuste progresivo y oportuno de farmacoterapia acorde a extensión de reposo. No certifican ingreso a programa de salud mental o evaluación por especialista en Psiquiatría de Adultos. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-IBS-83728-2024, de 28 de mayo de 2024.
Ahora bien, según se advierte del expediente administrativo acompañado en autos, al realizar su presentación ante esta Superintendencia, la Sra. nombre reservado aceptó estar de acuerdo con recibir notificación vía correo electrónico, aportando la casilla de correo correo reservado.
En ese sentido, al momento de dictar la Resolución Exenta N° R-01-IBS-83728-2024, de 28 de mayo de 2024, se procedió a la notificación de la misma, a través del correo electrónico indicado por el recurrente, notificación que se realizó el mismo 28 de mayo de 2024, según consta en el correo electrónico de notificación, adjunto en autos.
De tal manera, existe la certeza que la Sra. nombre reservado tomó conocimiento del acto administrativo, con fecha 28 de mayo de 2024, fecha desde la cual corresponde computar el plazo fatal de 30 días corridos, de acuerdo con lo dispuesto en el número primero del Auto Acordado de la EXCMA. Corte Suprema que regula la tramitación y fallo de la Acción de Protección.
Por tanto, el plazo para la presentación de la acción de autos, venció el 27 de junio de 2024, en circunstancias que el presente recurso fue presentado recién, el 30 de junio de 2024, esto es, fuera de plazo.
Por otra parte, en el improbable evento que esa Iltma. Corte determine que la parte recurrente tomó conocimiento de la forma señalada en su libelo: “…por cuanto tomé conocimiento de las resoluciones ilegales y arbitrarias en contra de las que reclamo con fecha 30 de mayo de 2024, cuando me fue notificado el Decreto Administrativo N°3301, emitido por el Alcalde de la Municipalidad de Lautaro…”. Aun así, el recurso fue presentado fuera de plazo, puesto que, teniendo presente esa fecha, el plazo venció con fecha 29 de junio de 2024.
POR TANTO, atendida las anteriores consideraciones de hecho y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el numeral primero del Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales.
Solicita rechazar la acción de protección de autos, por haber sido ejercida de forma extemporánea, con costas.
EN SUBSIDIO, ALEGA LA IMPROCEDENCA DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN EN MATERIAS DE SEGURIDAD SOCIAL Que, sin perjuicio de lo recientemente expuesto, vengo en solicitar a S.S.I., que se declare a la presente Acción de Protección como improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.
En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo N° 3/84, sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) y la Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el DFL N° 44/78, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.
De tal forma, la materia respecto de la cual se esgrime la presente acción incide en un aspecto especifico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Magna, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20, y por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.
Cabe reiterar que la acción de protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República.
Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a actos u omisiones arbitrarios o ilegales.
Tratándose en consecuencia de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible de protección, ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto como ya se explicó, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental.
Solicita se declare la improcedencia del presente recurso, en atención a que su materia se encuentra relacionada con una garantía constitucional, que no se encuentra protegida por la acción interpuesta, con expresa condenación en costas.
EN SUBSIDIO DE LAS ALEGACIONES ANTERIORES, INFORMA EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO QUE MOTIVA LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AUTOS.
Respecto de la acción de autos, resulta necesario esclarecer cual es el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente Acción de Protección.
1.- El derecho a licencia médica. Marco legal regulador En nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad. Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, como ya se señaló, ella puede ser permanente o transitoria.
Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado LICENCIA MÉDICA, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.
En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que, unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.
El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.
El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.
En virtud del artículo 156 del mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.
Así, la licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “…Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez -Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud -Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”.
Es decir que, para hacer uso de una licencia médica es necesario que el trabajador se encuentre impedido de trabajar por razones de salud en forma temporal, existiendo la posibilidad real y cierta de que recuperará la capacidad de trabajo y quedará en condiciones de reincorporarse a la vida laboral.
Para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS).
Cabe agregar que, conforme a lo indicado en el artículo 1° del citado D.S N° 3 de 1980 del Ministerio de Salud, lo esencial para la autorización de las licencias médicas es la posibilidad real y cierta de que el trabajador recupere la capacidad de trabajo y quede en condiciones de reincorporarse a la vida laboral, sea que la incapacidad laboral temporal haya sido por un cuadro aislado incluso que sea una patología crónica e irrecuperable, ya que hay algunas situaciones en que se puede autorizar licencias médicas extendidas por diagnósticos crónicos e irrecuperables que no van a desaparecer totalmente con el uso de licencias médica, siempre que después de un período de reposo vaya a producirse la reincorporación laboral del trabajador con su capacidad residual de trabajo.
2.- Justificaciones Médico-Administrativas Como consta en el expediente de autos, la Sra. nombre reservado por primera vez, mediante presentación de fecha 24 de enero de 2023, apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región de la Araucanía, que confirmó la reducción a 28 días de la licencia médica N° 68874612-4, extendida inicialmente por 30 días a contar del 12 de abril de 2022, por reposo injustificado. Junto con lo anterior, la citada COMPIN rechazo las licencias médicas N° 71739024-5, 76352206-7, 76147327-1, 77410615-4, 78986125-0, 80201631-K y 81453708-0, extendidas por 182 días, a contar del 12 de abril de 2022, por reposo injustificado.
En razón de lo anterior, esta Superintendencia, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica N° 68874612-4, no se encontraba íntegramente justificado. Esta conclusión se basa en que dicha licencia se encuentra superpuesta con licencia 68379738-3. Que respecto a las licencias médicas N°s 76352206-7, 76147327-1, 77410615-4, 78986125-0, 80201631-K, 81453708-0, esta Superintendencia concluyó que el reposo no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado, el que se estima suficiente para la recuperación de la sintomatología descrita en los informes de profesional tratante. No hay consistencia en la información entregada acerca del cuadro clínico, su tratamiento y el rol terapéutico de eventual extensión del reposo. Que, respecto a la licencia médica N° 71739024-5, esta Superintendencia no emite pronunciamiento porque dicha licencia figura como autorizada con ajuste de periodo. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-UME-88269-2023, de 03 de julio de 2023.
Posteriormente, la Sra. nombre reservado se presenta, por segunda vez, con fecha 13 de julio de 2023, solicitando la reconsideración de la citada Resolución Exenta N° R-01-UME-88269-2023. Junto con lo anterior, reclama por el rechazo de las licencias médicas N°s 82429620-0, 83505654-6, 84931923-K, 86128734-3, 87714509-3, RUT reservado y 89221427-1, extendidas por un total de 195 días, bajo la misma causal de rechazo. Respecto a esa presentación, este Servicio cumplió con informar que el reposo prescrito no se encuentra justificado, atendido que, los informes médicos que se aportan no informan de la sintomatología, evolución clínica, compromiso funcional ocasionado, o tratamiento detallado con nombre y dosis de fármacos para la patología señalada en las licencias médicas reclamadas. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-IBS-173406-2023, de 29 de diciembre de 2023.
Finalmente, la Sra. nombre reservado se presenta, por tercera vez, con fecha 05 de marzo de 2024, reclamando nuevamente por el rechazo de las licencias médicas N°s 76352206-7, 76147327-1, 77410615-4, 78986125-0, 80201631-K, 81453708-0, 82429620-0, 83505654-6, 84931923-K, 86128734-3, 87714509-3, RUT reservado y 89221427-1, extendidas por un total de 347 días, a contar del 13 de septiembre de 2022, por reposo no justificado. Respecto a ese reclamo, este Servicio cumplió con informar que el reposo prescrito no se encontraba justificad, debido a que, los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado, puesto que no describen disfuncionalidad o ajuste progresivo y oportuno de farmacoterapia acorde a extensión de reposo. No certifican ingreso a programa de salud mental o evaluación por especialista en Psiquiatría de Adultos. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-IBS-83728-2024, de 28 de mayo de 2024.
Al respecto, es importante destacar a SS. Iltma. que en atención al reclamo presentado por la Sra. nombre reservado, la Contraloría Médica de la COMPIN en justificación del rechazo de su licencia ante ese Organismo, registró la siguiente información en la cartola médica del paciente:
“(28/08/2023) … RR 427-1, 504-1, 509-3, 734-3 y 923-K IM Dr nombre reservado, médico urgenciólogo, 15 de junio 2023 Dg Trastorno depresivo-ansioso, trastorno adaptativo, artritis migratoria de pequeñas y grandes articulaciones. Se describe IRS, ansiolítico-hipnóticos, tranquilizantes mayores y analgésicos de segunda línea (sin precisar), no aporta información que justifique prórroga, no se describe EEAG…”
Por su parte, los facultativos de esta Superintendencia, consistente con lo señalado informaron, en resumen, lo siguiente en la Ficha Médica del expediente administrativo: “Fundamentos de la resolución: Se sugiere rechazar. Se trata de paciente con reposo ya autorizado de 206 días, uniendo reposo de SM y OM. Ahora reclama por 374 dado por Med urgencia A pesar de extensión de reposo, en IMTs no describen tratamiento o ajustes al mismo. No certifica ingreso a PSM o evaluación por especialista en psiquiatría.”.
A mayor abundamiento, la resolución impugnada señala los antecedentes que sirvieron de base para la decisión adoptada y los necesarios para la justificación del reposo “…puesto que no describen disfuncionalidad o ajuste progresivo y oportuno de farmacoterapia acorde a extensión de reposo. No certifican ingreso a programa de salud mental o evaluación por especialista en Psiquiatría de Adultos…”.
Con ello, analizados los antecedentes disponibles, en ese momento, los profesionales médicos de esta Superintendencia no lograron formarse convicción respecto de la procedencia de la justificación del reposo prescrito en las licencias médicas reclamadas.
En consecuencia, lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de rechazar las licencias médicas de la recurrente, se encuentra médico-administrativamente justificada, según lo indicado precedentemente, debido a que los antecedentes médicos tenidos a la vista, no permiten justificar el reposo prescrito y el rol terapéutico que este debe cumplir.
3.- Facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia.
Así entonces, y como se desprende de la relación que se ha realizado en este escrito, la actuación de esta Superintendencia, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.
En efecto, como SS. Iltma., muy bien conoce, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.
A su vez, el artículo 3º de la Ley N° 16.395, que regula su funcionamiento orgánico, dispone que “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”. El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”
En este mismo sentido, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”.
Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la señalada Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone que a mi representada le corresponderá: “Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes.”
En seguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley Nº 20.691, dispone que corresponde a mi defendida: “Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”.
Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, mi representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA), descartando, en los hechos, cualquier actuación de carácter ilegal o arbitrario por parte de la Superintendencia de Seguridad Social.
4.- Ausencia de ilegalidad y arbitrariedad.
Sin perjuicio de lo ya señalado, cabe hacer presente a SS. Iltma., que como ya se adelantó al comienzo de este informe, la pretensión del recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento legal de acuerdo con los antecedentes y preceptos legales que se han expuesto, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. En el caso del recurrente claramente su derecho a licencia médica y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de esta Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.
5.- Ausencia de derechos vulnerados Por último, cabe hacer presente a US. Ilustrísima que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, mi representada se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad del recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.
En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica y salud, garantizado a todas las personas en los numerales 1° y 9º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, simplemente cabe preguntarse cómo podría mi representada haber atentado contra dichas garantías, como la vida, integridad física o psíquica y la protección de la salud, por cuanto, en su actuar, la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido. En efecto, mi representada, de modo alguno, ha causado las afecciones que supuestamente padece el recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, es incuestionable que la Sra. nombre reservado siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante y que pudo realizar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido, de manera alguna el acceso del recurrente a la salud. La única intervención de la Superintendencia en el caso de la Sra. nombre reservado responde al mandato legal de pronunciarse respecto de las reclamaciones que presentó impugnando las resoluciones de la referida Subcomisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que rechazó las licencias médicas en comento.
En cuanto al derecho de propiedad, cabe hacer presente a US. ILTMA., que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos:
1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN)
2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente.
En consecuencia, no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que como ya se ha indicado no media en la especie. En este punto, en el caso del recurrente, no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que, rechazadas sin generar, por lo tanto, el derecho que esgrime el recurrente de autos. Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador. Esta conclusión es a todas luces inaceptable.
En efecto, lo anterior fue rescatado por el citado fallo de la Iltma. Corte de Valparaíso, de fecha 7 abril de 2015, en causa rol 557-2015, que señaló lo siguiente:
“…Que en relación a lo expuesto en el apartado que antecede, no cabe alegar por parte del recurrente un derecho de propiedad de que gozaría por haber “una privación a mi legítimo derecho a retribución monetaria consagrada en nuestra legislación en los casos de imposibilidad de trabajar por enfermedad”, dado que la emisión de una licencia médica no puede significar que la misma, por sí misma, otorgue al trabajador un derecho a recibir una retribución monetaria con su sola emisión, la que entraría de inmediato a su patrimonio, desde que ella puede ser rechazada o modificada en su extensión, como se dijera, por el organismo competente para ello. Décimo: Que siendo el presente arbitrio uno extraordinario, para poner pronto remedio a la vulneración de un derecho del que es detentador su titular, el mismo no puede ser utilizado para discutir la existencia de una enfermedad común y si la misma puede ser objeto de una incapacidad laboral transitoria o definitiva, con el resultado que en cada una de esas opciones se produzca, situación que en la especie requeriría la concurrencia de otra sede procesal que no es la que nos convoca en el presente recurso. Undécimo: Que en consecuencia, de lo expuesto fluye sin lugar a dudas, que la actuación en contra de la cual se ha interpuesto esta acción ha sido adoptada por las autoridades competentes, en un procedimiento legalmente tramitado, de manera que no es arbitrario, y que las decisiones fueron adoptadas por las respectivas comisiones médicas con los antecedentes idóneos para ello, no resultando por lo tanto ilegales, como se pretende por el recurrente, por lo que atendido lo expuesto, se rechazará la acción de protección deducida en cuanto persigue sostener lo contrario”.
Con todo, atendido las consideraciones expuestas, se descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal por parte de mi defendida, ya que, en los dictámenes aludidos, se exponen las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado. No se trata pues, de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que DEL ESTUDIO Y PONDERACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE SE HAN SEÑALADO, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en este Organismo de Control.
Solicita, en subsidio de las anteriores peticiones y para el improbable evento que alguna de ellas no sea acogida, tener por evacuado el informe solicitado respecto de la Acción de Protección interpuesta, solicitando sea desestimada en todas sus partes, con costas.
Acompaña a su presentación, copia del expediente administrativo, relativo al caso de la Sra. nombre reservado.
A folio 19 informa CECILIA CONTRERAS MORALES, abogada, C.I.Nº RUT reservado, en representación según se acredita en un otrosí de ésta presentación, de la recurrida de autos MUNICIPALIDAD DE LAUTARO, quien dice:
DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA FUNDANTE DEL PRESENTE RECURSO.
Según se expone por la recurrente, la presente acción se funda en la dictación del Decreto Administrativo N°3301 por parte del alcalde de la Municipalidad de Lautaro, el cual le fue notificado el día 30 de mayo del presente año 2024, mediante el cual se le ordenaba el reintegro de fondos indebidamente percibidos por concepto de licencias médicas que le fueron rechazadas por parte de la Compin y la Suceso.
Al respecto cabe mencionar que es efectivo que en fecha 30 de mayo mediante el Decreto Administrativo mencionado, se dispuso que la recurrente debía proceder al reintegro de dineros mal percibidos, fundado en los siguientes antecedentes:
1. Que la funcionaria Sra. nombre reservado, se encontraba con Licencia médica DESDE EL 13.09.2022 HASTA EL 23.06.2024 por un total de 407 días corridos, de los cuales 279 son días hábiles, que corresponde sean reintegrados, según se detalla a continuación:
2. Según se detalla en el Decreto Adm. Nº3301, el monto total a reintegrar debido al rechazo de las Licencias médicas corresponde a la cantidad de $ 18.143.153 (dieciocho millones ciento cuarenta y tres mil ciento cincuenta y tres pesos), según el siguiente cálculo:
3. Se dispuso mediante el Decreto antes mencionado, que la recurrente debía reintegrar los ingresos mal percibidos en un plazo de 30 días, y que en caso de que el pago no se efectuara, se procedería al descuento en su remuneración mensual en hasta el 45% de la remuneración imponible, ello hasta enterar el monto total.
4. Es muy importante señalar Ssía., que la dictación del Decreto que dispone el pago de las licencias rechazadas a la Sra nombre reservado, NO ES UNA DECISIÓN ANTOJADIZA NI MUCHO MENOS ILEGAL, sino que el resultado del estudio y ponderación de la totalidad de antecedentes que fueron proporcionados por la recurrente a la autoridad técnica competente, DECISIÓN QUE SE ENCUENTRA SUFICIENTEMENTE FUNDADAS Y CON CRITERIOS NORMATIVOS Y JURISPRUDENCIALES QUE LA COMPLEMENTAN Y FUNDAMENTAN.
5. Lo anterior descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal en la adopción de la decisión técnica que finalmente motiva la dictación del Decreto Administrativo por parte de la Municipalidad de Lautaro, en el cual dicho sea de paso, se exponen detalladamente las razones legales y jurisprudenciales, y de análisis de los hechos por las cuales se llega la conclusión de que la recurrente debe restituir los ingresos mal percibidos que se ha indicado.
6. Es pertinente además indicar que la dictación del referido decreto Administrativo por parte de la Municipalidad de Lautaro, viene a ser el acto cúlmine de un largo proceso administrativo en el cual la Municipalidad de Lautaro, ha comunicado y notificado de forma oportuna y reiterada a la funcionaria de los continuos rechazos de sus Licencias médicas, a fin de que ella pudiera efectuar las apelaciones y procesos administrativos pertinentes. Lo cual queda demostrado mediante los Oficios N.° 901 de fecha 25 de Octubre 2022, Oficios N.° 429 de fecha 24 Julio 2023 y Oficio N.° 128 de 04 Marzo 2024 informando los rechazo y/o reducción de sus licencias médicas. Por todo lo mencionado es que la decisión adoptada por la Municipalidad de Lautaro, encuentra su fundamento normativo en lo dispuesto en el artículo 63 del decreto N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, el cual aprueba el “Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez -COMPIN- e Instituciones de Salud Previsional”, el cual dispone que “en lo atinente, que la devolución de los estipendios indebidamente recibidos por el beneficiario de una licencia médica rechazada es obligatoria, debiendo el empleador adoptar las providencias conducentes al inmediato reintegro de las mismas”. Por su parte, la Contraloría General de la República mediante los Dictámenes Nº24.790 del año 2007 y Nº43.790 del año 2015 entre otros, ha establecido que en los casos de inasistencias al lugar de trabajo producto de Licencias médicas, que hayan sido rechazadas o reducidas por las instituciones de salud previsional, procede el respectivo descuento o retención de las remuneraciones que correspondan, puesto que se tratan de ausencias injustificadas a sus labores.
7. Ahora bien, habiéndose ratificado la decisión de RECHAZO de las Licencias médicas por parte de SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, es que la Municipalidad de Lautaro, se encuentra habilitada para disponer se proceda al descuento correspondiente en las remuneraciones de la recurrente en caso que se acredite que la recurrente no ha reintegrado el monto en el plazo de 30 días.
8. Respecto de lo dispuesto por la Municipalidad de Lautaro, en el Decreto Adm. Nº3301, es pertinente además mencionar, que el DFL N° 29 de 2005, del Ministerio de Hacienda, que fijó el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, establece en su artículo 111, que: "Se entiende por licencia médica el derecho que tiene el funcionario de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un determinado lapso, con el fin de atender al restablecimiento de su salud, en cumplimiento de una prescripción profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, según corresponda, autorizada por el competente Servicio de Salud o Institución de Salud Previsional, en su caso. Durante su vigencia el funcionario continuará gozando del total de sus remuneraciones.
"Sin embargo, si la licencia médica es rechazada o reducida el funcionario ha percibido indebidamente la remuneración por los días no autorizados comprendidos en la respectiva licencia, siendo obligatorio la devolución o reintegro de los dinero mal percibidos por dicho período.
9. Atendido lo antes mencionado, encontrándose el actuar de la Municipalidad de Lautaro ajustado a su deber de buena administración de los fondos del Estado, la obligación de devolución o reintegro se ajusta plenamente a lo dispuesto en el artículo 63 del Decreto N° 3 de 1984, del Ministerio de Salud, el cual aprueba el “Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez -COMPIN- e Instituciones de Salud Previsional”, el que establece la obligación del empleador de adoptar las providencias conducentes a su inmediato reintegro.
10. Por lo ates mencionado, encontrándose plenamente vigente la obligación, y que respecto de la misma no existe Recurso o Reclamo pendiente, es que lo dispuesto por la Municipalidad de Lautaro, es absolutamente ajustado a derecho y en consecuencia no reviste la característica de ser ilegal, arbitrario o improcedente.
II.DE LA EXTEMPORANEIDAD DE LA ACCIÓN DE PROTECCION DE AUTOS.
Merece especial importancia, se tenga en cuenta a la hora de resolver la presente acción, que según consta en antecedentes allegados al proceso, ante el rechazo de las licencias médicas de la actora, por parte de la SUBCOMISIÓN CAUTÍN-COPIN REGION DE LA ARAUCANÍA, ésta en fecha 05 de marzo de 2024 decide interponer Recurso de Apelación ante la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, en contra de la resolución pronunciada por la SUBCOMISIÓN CAUTÍN-COPIN REGION DE LA ARAUCANÍA, por haberse rechazado las licencias números 76352206-7, 76147327-1, 77410615- 4, 78986125-0, 80201631-K, 81453708-0, 82429620-0, 83505654-6, 84931923-K, 86128734-3, 87714509-3, RUT reservado y 89221427-1, extendidas por un total de 347 días, a esa fecha, por considerarse un tiempo de reposo no justificado.
Dicha apelación fue resuelta por la SUSESO en fecha 28 de mayo del presente año 2024, mediante Resolución Exenta N° R-01-IBS-83728-2024, la cual le fue notificada a la recurrente el mismo día mediante correo electrónico correo reservado, cual había sido la forma por ella solicitada para ser comunicada formalmente de las resoluciones.
Así las cosas, habiéndose interpuesto la presente acción en fecha 30 de junio de 2024, ésta se encontraría fuera de plazo.
Que si bien en fecha 30 de mayo se dicta por parte de la Municipalidad de Lautaro el Decreto Administrativo Nº 3301, que dispone el reintegro de los ingresos mal percibidos por parte de la recurrente, el acto administrativo en el cual se sustenta la pretensión de la actora es el rechazo de las licencias médicas por parte de la SUBCOMISIÓN CAUTÍN-COPIN REGION DE LA ARAUCANÍA, y posteriormente su confirmación por parte de SUSESO en fecha 28 de mayo de 2024.
Dicho lo anterior, y aún para el caso de que Ssía, entendiera que la dictación del Decreto Administrativo Nº3301 por parte de la Municipalidad de Lautaro, hubiera renovado el plazo para deducir la presente acción, ésta parte mantiene que se encuentra totalmente ajustado a derecho y justificado en la Resolución emitida por las entidades técnicas competentes, resolución que además se encuentra suficientemente fundada, tal como se detalla:
RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-IBS-83728-2024 (SUSESO) DE FEECHA 28 DE MAYO DE 2024.
DE LA NATURALEZA DEL RECURSO DE PROTECCIÓN Y SU IMPROCEDENCIA EN LA MATERIA DE AUTOS. El Recurso de Protección es una acción cautelar de emergencia establecida para asegurar el respeto y vigencia de derechos fundamentales. Dicho lo anterior, en el caso de marras no se vislumbra cuál ha sido la vulneración efectiva a las garantías constitucionales que alude la actora.
Máxime cuando la resolución de rechazo ha sido dictada por el organismo técnico encargado de conocer de estas materias, dentro de las facultades legales y reglamentarias que posee en este ámbito, resolución que de su sola lectura se puede advertir que cuenta con la fundamentación suficiente, indicando los motivos que se han tenido en cuenta para adoptar la decisión a que se arriba. Que en este sentido ella satisface completamente los requisitos exigidos en el inciso cuarto del artículo 41 de la Ley N 19.880. En este mimo sentido, no puede entenderse per se transgredida una garantía fundamental, por la sola circunstancia de NO ESTAR CONFORME CON UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, fundada precisamente en que los antecedentes aportados por la actora no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá del periodo de reposo que le había sido autorizado, ya que según se indica en la propia resolución no describen disfuncionalidad o ajuste progresivo y oportuno de farmacoterapia acorde a la extensión del reposo, y tampoco certifican ingreso a programa de salud mental o alguna evaluación por especialista en psiquiatría de adultos. Ssía Iltma la resolución pronunciada por el organismo técnico ha sido fundada, y que si bien ésta puede ser contraria a las expectativas que la actora tenía al respecto, ello no constituye una causa procedente para estimar que el pronunciamiento de la misma ha sido arbitrario e ilegal, y en consecuencia el de la Municipalidad de Lautaro, quien sólo ha actuado motivada por su deber legal de correcta administración de los recursos públicos.
Ssía., cabe reiterar que respecto de los hechos denunciados en el libelo pretensor, ha quedado demostrado que respecto de ellos no ha existido la vulneración de derechos que se invoca por la recurrente. Ni se vislumbran tampoco cuáles han sido las garantías constitucionales realmente afectadas con la dictación del Decreto Administrativo, cuando en realidad ello obedece a un proceso legalmente tramitad por las instituciones técnicas competentes y en los cuales la actora ha ejercido plenamente sus derechos. En el que la circunstancia de no haberse resuelto conforme a sus propias expectativas no puede significar una transgresión a las garantías que invoca.
Por lo anterior, y siendo esta acción cautelar de emergencia y no encontrándose fundada en antecedentes suficientes que permitan justificar la acción interpuesta, ésta es ANTOJADIZA, TEMERARIA E IMPROCEDENTE, no debiendo prosperar.
POR TANTO., PIDO A SSÍA ILTMA., Tener por evacuado el Informe solicitado a la Municipalidad de Lautaro, con costas a la recurrente.
Acompaña a su presetación los siguientes documentos:
1.- Resolución Exenta N° R-01-Ibs-83728-2024 (SUSESO) 28.05.2024.
2. Decreto Administrativo N°3301 de fecha 30 de mayo del presente año 2024.
3. Oficios N.° 901 de fecha 25 de Octubre 2022.
4. Oficio N.° 429 de fecha 24 Julio 202 5. Oficio N.° 128 de 04 Marzo 2024.
6.Decreto Alcaldicio N° 5600 de fecha 28 de octubre de 2022 A folio 38 informa DIEGO MONTERO QUEZADA, abogado en representación del Fondo Nacional de Salud, FONASA, quien dice:
Doña nombre reservado, C.I. N° RUT reservado, interpuso recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y la Comisión Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), solicitando, en definitiva, que se acoja el recurso de protección y se aprueben las licencias médicas materia del recurso.
Posteriormente, SS. Iltma. solicitó a este Servicio informar a su respecto. Así las cosas, teniendo a la vista los antecedentes del caso que obran en poder de esta parte y en cumplimiento de lo ordenado por SS. Ilustrísima, informo al tenor lo siguiente:
En cuanto a la actuación del FONASA respecto al acto u omisión que se alega arbitrario o ilegal en la especie.
Antes que todo, es del caso aclarar que, en conformidad a nuestro Ordenamiento Jurídico, corresponde a las COMPIN o a las Isapres, en su caso, la aprobación o rechazo de las licencias médicas y no al FONASA.
Según lo dispuesto en los artículos 16 y 29 del Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, es la COMPIN quien debe aprobar o rechazar las licencias médicas, en cuanto a los afiliados del FONASA.
Señala el artículo 16 que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.
Por su parte, el artículo 29, en su inciso primero, refiere que “las Licencias médicas serán autorizadas por la Compin y por la Unidad de Licencias Médicas”.
Ni la Ley N° 20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, ni el D.S. N° 3, de 1984, de Salud, que aprueba el reglamento de autorización de licencias médicas por las COMPIN y las instituciones de salud previsional, menciona a FONASA como organismo tramitador ni autorizador de licencias médicas.
En cuanto al pago de los subsidios, compete a las propias COMPIN (función que hoy se encuentra centralizada en la Tesorería de la Subsecretaría de Salud Pública del Minsal, cual es el superior jerárquico de las COMPIN) o a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (CCAF), según sea que el trabajador esté o no afiliado a estas últimas.
La función de FONASA en la materia, se limita solamente a la entrega de los recursos financieros para el pago de licencias médicas Curativo Común de sus cotizantes, sea a la Subsecretaría de Seguridad Pública del Minsal o a las CCAF, según sea el caso.
Como se señaló anteriormente, a FONASA no le compete ni la tramitación ni la autorización de las licencias médicas; sino que su función se relaciona expresamente con el disponer de los recursos financieros a la COMPIN o a la CCAF, en su caso, cuando la licencia ha sido aprobada por la COMPIN.
En efecto, la COMPIN, es el órgano competente para la tramitación o autorización, en virtud de la facultad explicitada en el DS N° 3, que dispone “para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante “el o los profesionales”, según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante “Compin”, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante “Seremi”, que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda”.
Atendido a que las licencias médicas fueron rechazadas por el organismo legalmente facultado para ello, no hubo una orden a FONASA para transferir los recursos financieros a la COMPIN o a la CCAF, por lo que no se vislumbra de qué forma esta recurrida habría incurrido en una pretendida “ilegalidad o arbitrariedad”, ya que no tiene injerencia en la aprobación o rechazo de una licencia médica.
Más bien, en virtud de lo referido en el artículo 50 del DFL N° 1, de 2005, del Minsal, las funciones de FONASA tienen relación con el financiamiento de las prestaciones y la administración de los recursos del fondo. Dentro de ello, se encuentra el transferir mensualmente los montos de los Subsidios por Incapacidad Laboral a la Subsecretaría de Salud Pública, o a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (CCAF).
En definitiva, el FONASA no está facultado legalmente para fiscalizar sobre el uso, el origen, ni la causalidad de las licencias médicas de sus cotizantes, así como tampoco puede fiscalizar el pago de los Subsidios por Incapacidad Laboral (SIL) asociados a éstas, siendo estas atribuciones exclusivas de las COMPIN y de la SUSESO.
Solicita tener por evacuado el informe solicitado.
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: El recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.
SEGUNDO: Que, como se ha señalado, el acto ilegal y arbitrario consiste en:
1.- Resoluciones Exentas N° R-01-UME-88269-2023, de fecha 03 de julio de 2023, N° R-01-IBS-173406-2023, de fecha 29 de diciembre de 2023, y N° R-01-IBS-83728-2024 de fecha 28 de mayo de 2024, que rechazan licencias médicas, otorgadas desde el 13 de septiembre de 2022 al 22 de junio de 2024.
2.- Decreto Administrativo n°3301 de fecha, emanado de la Municipalidad de Lautaro, que ordena devolución de dinero, pagados por concepto de licencias medicas rechazadas.
TERCERO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad, alegada por la recurrida SUSESO, en orden a que la presente acción de protección, interpuesta el 30 de junio de 2024, en contra de las Resoluciones Exentas N° R-01-UME-88269-2023, de fecha 03 de julio de 2023, N° R-01-IBS-173406-2023, de fecha 29 de diciembre de 2023, y N° R-01-IBS-83728-2024 de fecha 28 de mayo de 2024, esta será rechazada toda vez que se trata un acto administrativo de efectos permanentes.
CUARTO: Que, en cuanto a la improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social, se rechazará la misma, dado que se deprende de la sola lectura del recurso que los derechos y garantías eventualmente vulnerados no son aquellos señalados en el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política, sino las comprendida en el numeral 24 del artículo 19, así como las restantes invocadas en el libelo, por lo que, deberá desestimarse dicha defensa.
QUINTO: Que para la procedencia de la acción cautelar de protección, es menester que exista un perjudicado o agraviado, esto es, alguna persona que “por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de...”, requisito que en la especie no concurre, por cuanto éste carece de objeto, ya que al desaparecer el supuesto agravio atendido el hecho que con fecha 04 de enero de 2025, falleció la recurrente de autos, producto de un cáncer pulmonar, por lo que perdió oportunidad o actualidad jurídica el presente recurso, no existiendo medida cautelar que pueda adoptar esta Corte para restablecer el imperio del derecho.
SEXTO: Que en consecuencia, atendido lo reflexionado precedentemente, resulta innecesario entrar al análisis de las garantías constitucionales que se señalan como vulneradas ni al examen pormenorizado de los documentos acompañados por las partes.
Por estas consideraciones, normas constitucionales y reglamentarias citadas, y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:
1.- Que SE RECHAZA la alegación de improcedencia y extemporaneidad, deducida por la recurrida SUSESO.
2.- Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de los recurridos.
Regístrese y archívese en su oportunidad.
Redacción del fallo por el abogado integrante Sr. Roberto Contreras Eddinger.
N°Protección-5102-2024. (cwm)