Protección contra su representado

C.A. de Temuco Temuco, veintisiete de noviembre de dos mil veinte.

A los escritos de fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte: Téngase presente.

VISTOS:

Que comparece doña SORAYA HERRERA BASCUR, chilena, soltera, abogada, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, chileno, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, soltero, cesante, domiciliado en domicilio reservado, Villa vista Verde, Temuco, Región de la Araucanía, interponiendo la presente acción constitucional, en contra don nombre reservado, cédula nacional de identidad N.º RUT reservado, chileno, casado, domiciliado en domicilio reservado, correo electrónico: correo reservado; en consideración a los antecedentes y consideraciones de hecho y de derecho que expone: I. ANTECEDENTES DE HECHO. Con fecha 03 de noviembre de 2017, su representado celebró contrato de arrendamiento, con doña nombre reservado respecto a la propiedad ubicada en domicilio reservado. En el mes de Marzo de 2020, producto de problemas de cesantía, cuarentena por COVID-19 decretada en la ciudad de Temuco, el mismo acuerda con la Sra. nombre reservado y su esposo don nombre reservado… XXX, la entrega de la propiedad por término del respectivo contrato suscrito entre ambos. La propiedad fue recibida por don nombre reservado y no se efectuaron reclamaciones algunas respecto al estado de entrega de la propiedad o circunstancias relacionadas. En relación al pago de los servicios básicos, es de conocimiento por ambas partes, la existencia de deudas ante las Compañías de Electricidad y Agua, cuentas que fueron pagadas de forma parcializada y abonada por su representado durante todo el período en el cual se sostuvo la relación contractual. Su representado ha efectuado esfuerzos a fin de poder saldar las cuentas pendientes, sin embargo, dichas negociaciones han sido infructuosas con los recurridos pues exigen el pago total de dichas cuentas, circunstancia que es imposible efectuar en estos momentos.

Indica que en la actualidad no existe proceso judicial relativo a obtener el pago de las cuentas impagas que ha reconocido su representado, sino que los recurridos han efectuado un proceso completamente ajeno a lo que el ordenamiento jurídico ordenada en estos casos: EFECTUAR PUBLICACIONES EN REDE SOCIAL FACEBOOK, con fecha 28 de Mayo de 2020, donde se manifiesta lo siguiente: aparece un pantallazo del perfil de INSTRAGRAM del recurrente, donde se puede ver su fotografía. Publicación que es pública y se ha viralizado de manera importante, pues ha sido replicada en diversos grupos públicos que permite dicha red social. Dicha circunstancia, ha generado importantes consecuencias en el diario vivir del recurrente, quién se encuentra en búsqueda de empleo, intentando conseguir dinero para saldar la deuda existente con los recurridos, como, además, satisfacer sus necesidades diarias y la de sus hijos. II. ACTO ILEGAL Y ARBITRARIO: La publicación en la red social FACEBOOK y sus respectivos grupos existentes constituye una actuación ilegal y arbitraria de parte del recurrido, quién pese a tener conocimiento de los medios dispuestos en nuestro ordenamiento jurídico para satisfacer la necesidad de su esposa, ha optado por efectuar publicaciones de carácter difamatorio en contra de su representado, las cuales son un acto auto tutelar que se encuentra al margen de nuestra legislación. Sobre la materia, la Jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia ha señalado reiteradamente que un acto es ilegal cuando no se atienen a la normativa por la que debe regirse, o cuando un órgano que ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley, presupuestos que en el caso de autos se configuran al momento de efectuar la publicación en la red social mencionada. Estima que la acción desplegada por el recurrido es claramente una acción ilegal y arbitraria que molesta el ejercicio y desarrollo normal de los derechos y garantías constitucionales, reconocidos a todas las personas en nuestra Carta Fundamental. III. GARANTÍAS CONCULCADAS. A. Derecho a la Vida y a la Integridad Física y Psíquica de la Persona (Artículo 19 Nº 1 Constitución Política De La República). Dicha garantía ha sido vulnerada por la publicación efectuada por el recurrido al promover un enjuiciamiento público a través de redes sociales respecto a hechos donde el sistema jurídico, ampara y permite obtener su cumplimiento de manera forzada, pero sin incurrir en acciones auto tutelares. Considera que la acción denunciada, ha mancillado la integridad psíquica de su representado, efectuando acusaciones falsas, infundadas y difamatorias al decir que es un Estafador, las cuales que han provocado que familiares, amigos, conocidos y cualquier persona que no lo conozca tenga acceso a la imagen del recurrente bajo los términos planteados por el recurrido, mermando su calidad de PERSONA, y en caso, de efectivamente sentirse el recurrido como víctima de un delito de ESTAFA ha de recurrir ante los organismos especializados en materia penal, para que el juez competente, en virtud de los principios rectores del derecho penal y de acuerdo a lo que dispone el Código del Ramo, efectúe su veredicto con plena sujeción al derecho y no a las arbitrariedades ilegales y difamatorias que ha sostenido el recurrido en su post publicado en la red social FACEBOOK. B. El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”. (Artículo 19 Nº4 Constitución Política de la República). Lo realizado por el recurrido a través de su publicación fue un acto ilegal y arbitrario que ha impedido que desde el día 28 de mayo de 2020 pueda desarrollar su vida normal, afectando objetiva y subjetivamente la honra del recurrente: Afectación Objetiva: Referida a la apreciación que Terceros pueden hacerse de la persona de su representado, pues dicha publicación obtuvo en sólo unas horas una viralización de 50 veces compartido, además de las personas que le dieron “ME GUSTA”, los comentarios que en ella se efectuaron de forma absolutamente negativa hacia la persona del recurrente, adquiriendo un estatus absolutamente denigrante, generándose un juzgamiento colectivo previo de ese mismo tenor, tal y como se acredita en un otrosí de esta presentación. Afectación Subjetiva: Ha afectado la autoestima de su representado, al verse expuesto a una publicación cuyo único objeto es destruir el valor intrínseco de su persona con la sociedad, afectando su imagen y la apreciación de que otras personas pueden tener del recurrente. Asimismo, ha afectado su vida privada, pues se ha usado una imagen sin su consentimiento, vinculándose a hechos absolutamente falsos, y además, que dicha publicaciones han llegado a conocimiento de sus hijos, menores de edad, los cuales son usuarios de FACEBOOK, generándose un enorme daño a la integridad psíquica de la familia del recurrente. Por tal razón, señala que el actuar arbitrario e ilegal del recurrido al momento de “FUNAR” a su representado y pareja, a través de la red social denominada FACEBOOK, ha vulnerado la intimidad, la honra, el derecho a la propia imagen, los cuales constituyen parte de los “derechos de la personalidad”, los cuales fueron reconocidos por primera vez a mediados de siglo con la Declaración Universal de Derechos Humanos, siendo éstos, derechos íntimamente vinculados al sistema democrático de gobierno, pues si los ciudadanos no se encuentran protegidos en su intimidad, honor y su propia imagen frente al uso que se pueden hacer de ellos, su libertad para tomar decisiones y su autonomía se verían extraordinariamente limitadas. C. “El derecho de propiedad es sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales” (Artículo 19 Nº 24 Constitución Política de la República). La perturbación al derecho consagrado en el artículo 19 número 24 de la Constitución se encuentra en el uso ilegal y arbitrario de la imagen del recurrente en la publicación, lo cual constituye una vulneración al derecho incorporal que tiene sobre aquella, en consideración a que no se consultó ni preste en ningún momento consentimiento alguno para que dicha publicación contuviera aquella imagen. III. PETICIONES CONCRETAS. Por lo anteriormente expuesto, estando dentro de plazo, interpongo en favor de mi representado, don nombre reservado, Recurso de Protección respecto de los derechos constitucionales que se han vulnerado, para que se proceda a restablecer el imperio del derecho y ordenar que: a. Decretar que el acto de publicación en la red social FACEBOOK por parte del recurrente es un acto ilegal y arbitrario. b. Que dicho acto ilegal y arbitrario ha vulnerado los derechos y garantías constitucionales señaladas. c. Ordenar al recurrido eliminar todas y cada una de las publicaciones efectuadas en contra de la persona del recurrente, en un plazo de 3 días desde que la sentencia que así lo declare quede firme y ejecutoriada. d. Oficiar a FACEBOOK, en caso de incumplimiento por el recurrido de la orden mencionada en el numeral anterior. e. Disponer de todas las medidas que en concepto de su Ilustrísimo Tribunal considere conducentes al restablecimiento del Derecho. f. Condenar en costas al recurrido.

Acompaña: Set de fotografías donde consta la publicación efectuada en redes por el recurrido.

Que a su turno, comparece don nombre reservado, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, chileno, casado, ignoro profesión u oficio, domiciliado en domicilio reservado, informando: FALTA DE OPORTUNIDAD. Antes de entrar al fondo del recurso, es del caso hacer presente que lo pretendido por la recurrente en cuanto a eliminar la publicación esta eliminación fue efectuada incluso antes de que se notificara el recurso de protección, puesto que al ser notificado el día 08 de julio del presente año, la publicación aludida en el recuso ya no existía, habiéndose eliminado de facebook de motu propio, no por la interposición del recurso ni por la orden de no innovar decretada por esta Corte, razón por la cual en ese sentido el acto que el recurrente estimaba arbitrario e ilegal ha dejado de existir, de manera que no hay medida que esta Corte pueda adoptar con la finalidad de restablecer el imperio del derecho, perdiendo así oportunidad el reproche efectuado. Por otro lado, del tenor de la publicación, no se aprecia dónde está la arbitrariedad o la ilegalidad, ya que haciendo uso de mi derecho constitucional a expresar opinión sin censura previa y por cualquier medio procedí a contar la situación que estaba viviendo. Pude haber escrito un libro, una carta, pegar afiches, o incluso al narrar una demanda civil, al interponer una denuncia penal las cuales son de acceso público, o en este caso contestar un comentario en un Facebook de comunidad de arrendatarios. ANTECEDENTES DE HECHO: Siendo efectivo que con fecha 03 de noviembre de 2017, se celebró contrato de arrendamiento del recurrente con doña nombre reservado, la cual es mi cónyuge, respecto a la propiedad ubicada en domicilio reservado. Debiendo efectuarse los pagos de arrendamiento los días 5 de cada mes como estipula el mismo contrato. El recurrente comenzó con reiterados atrasos en el pago de la renta desde Como es de notar los incumplimientos fueron la regla general en prácticamente toda la relación contractual, teniendo que aguantar todos los meses malos ratos, el desgaste emocional que todo ello implica, muchas veces no respondían el teléfono, excusas tras excusas. Nosotros también teníamos obligaciones que cumplir y toda la situación generaba una tensión constante, y discusiones entre nosotros. Además del hecho que yo me encuentro sin trabajo.

En el mes de septiembre de 2019 realiza sin aviso ni consentimiento alguno de nuestra parte, un convenio con la compañía de electricidad CGE por el retraso en el pago de servicios, del cual nunca se hizo cargo, acumulándose una deuda de $436.700 de luz y $303.050 de agua, en mayo, más los que el mes de garantía debería haberse ocupado en las reparaciones de la casa. El Recurrente nunca nos avisó que dejaría la casa, esta parte solo tomo conocimiento de que el recurrente hacia abandono de la casa habitación arrendada por el llamado de un vecino, ya que don nombre reservado, el arrendatario, en ningún momento dio aviso de que se retiraba del inmueble. El día 02.04.2020 fui avisado por un vecino nombre reservado que el arrendatario se estaba yendo y ya había cargado un camión y estaba cargando una segunda vuelta, nosotros nos sorprendimos pues no teníamos conocimiento que entregaría la casa. Solicite un permiso temporal para ir a ver qué pasaba y él estaba con todas su cosas cargadas, al momento de verme manifestó que me iba avisar pero no tenía teléfono. Así que no me quedo otra opción que aceptar que dejara la casa. En ese momento me dijo que pagaría las cuentas de servicios y tampoco pago el último mes, haciendo uso según el mismo impuso del mes garantía. Por lo que tampoco se pudo utilizar ese dinero para los arreglos de la casa y en ese momento tampoco teníamos el detalle real de los servicios. La casa estaba en pésimas condiciones, pero a esa altura, que podíamos hacer. La casa quedo con muchos daños, como piso de las habitaciones manchado y roto, baño la tina estaba completamente saltada y oxidada, paredes manchadas, encimera de cocina en mal estado, calefón fuera de servicio manipulado, lavandería sucia y mal pintada de color verde oscuro el cual tapaba el barro de su mascota, patio con gran cantidad de basura, panderetas grafitis, y la bodega llena de desechos. Desde que se fue no ha pagado absolutamente nada de lo adeudado por los servicios, y dejo de contestar mensajes y teléfono. Realizó la denuncia ante la fiscalía de Temuco por el no pago de arriendo y servicios y le dijeron que estos casos por lo general quedaban impunes, y que interpusiera una demanda civil. Para efectuar la demanda civil, debo tener un abogado, el cual no puede costear, fue a la corporación de asistencia judicial, pero debido a que no tiene actualizado su registro social de hogares no pueden ingresarlo por ahora. Así que ante la impotencia de la situación, se puso a arreglar la casa para tratar de volver a arrendar la propiedad, ya que como ha manifestado anteriormente necesita esa entrada de dinero, porque se encuentro sin trabajo desde agosto del año 2019. Llamó a un técnico para revisar el calefón y al destaparlo tenía el siguiente mensaje “AQUÍ ESTUVE YO Y EN OTROS LADOS TAMBIEN JAJAJA”, riéndose por dejar en esas condiciones el calefón. Frente a este último hecho, de burla, decidió decir la verdad en Facebook.

Esa publicación duro un par de días porque él mismo luego la eliminó, incluso antes de tener noticias de este recurso, y no fue difundida en ningún otro grupo. La información que ella contiene es completamente verdadera, que describe que nos hicieron, como fue su comportamiento como arrendatarios, la forma en que se fueron y las condiciones de deuda que dejaron la casa. Además existe una denuncia en su contra en la fiscalía por estos hechos. Y la palabra estafador según la Real Academia española es: no pagar, cometer un delito que se caracteriza por el lucro como fin y el engaño o abuso de confianza como medio. Y en tales términos fue utilizada, no se colocó en ningún minuto que ellos fueron condenados por un delito, en términos jurídicos o técnicos. Y ahora nos encontramos con este recurso con un abogado particular, al cual nosotros no tenemos acceso. La publicación en caso alguno corresponde a lo que la recurrente llama “publicaciones de carácter difamatorio” no se llama a atacar a nadie, no se intenta suscitar adhesiones en contra de la recurrente, ni tampoco corresponde a un acto de auto tutela, desde que no busca un resultado contra la publicación o que con ella se va a lograr el pago de los servicios adeudados, ni llama a obtenerlo mediante esta publicación, es decir no supera los conductos establecidos en busca de justicia por mano propia, sino como se dijo, se solicitó mi opinión respecto de ellos en un grupo de Facebook de arrendatarios y yo conté lo que me ocurrió con estas personas, no hay ninguna falsedad en lo que se contaba ya que son hechos, y mi opinión respecto a ellos es como arrendatarios, por lo mismo el articulo 19 Nº 12 al garantizar la libertad de opinión deja a salvaguarda la responsabilidad del emisor. En cualquier caso, esta parte antes de la presentación de este recurso se abstuvo de la publicación y seguirá la vía que ya se inició a través de la denuncia ante la fiscalía y eventualmente de ser patrocinado por la corporación de asistencia judicial demanda civil, porque a diferencia del GARANTIAS CONSTITUCIONALES AFECTADAS SEGÚN LA RECURRENTE. En cuanto a las garantías afectadas, se denuncian como conculcadas las del artículo 19 números 1,4, y 24. Respecto de la afectación del artículo 19 Nº 1, el recurrente intenta a través de este recurso aprovecharse de su propio dolo, su actuar doloso y a lo menos negligente en su comportamiento irresponsable como arrendatario, en el incumplimiento a toda luces, que el mismo reconoce a través de la exposición del recurso, al señalar el no pago de los servicios, infringiendo la cláusula séptima del contrato de arrendamiento, y que además quiere limitar mi derecho constitucional a La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, quiere impedirme dar opinión de él como arrendatario e informar a otros personas que como yo ofrecen en arriendo sus casas para seguir efectuando el mismo comportamiento y afectando otras familias argumentando que ha sido perturbado y vulnerado su integridad psíquica. Y yo me pregunto dónde queda nuestra integridad psíquica, la que ha vulnerado por más de un año y sigue haciéndolo, nosotros cumplimos el contrato de arrendamiento, nosotros lo esperamos todos los meses mientras el daba excusas tras excusas, nosotros hoy en día mantenemos deudas de servicios por montos que no nos dejan arrendar la propiedad, que no nos permiten cumplir nuestras obligaciones, pero no porque nosotros actuamos negligentemente, no, sino por su actuar. Nosotros asumimos las consecuencias de su irresponsabilidad.

Respecto de la afectación del artículo 19 Nº 24, esta se funda en que “la Constitución asegura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. Al respecto al Corte Suprema ha señalado que el derecho a la propia imagen, se entiende como: “Referido a una proyección física de la persona, que le imprime a ésta un sello de singularidad distintiva entre sus congéneres dentro del ámbito de la vida en sociedad y que, por consiguiente, constituye, junto con el nombre, un signo genuino de identificación de todo individuo” en este sentido confunde el recurrente el reconocimiento jurisprudencial y doctrinario al derecho a la imagen propia, la cual encuentra su protección y sustento en el artículo 19 Nº 4, con la comercialización, uso o goce no autorizado de ella, la cual encuentra tutela en el artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la Republica. Es más el propio fallo de la Excelentísima Corte Suprema, rol 2506-2009 dispone en su considerando sexto “Que, en lo tocante al resguardo constitucional del derecho a la propia imagen, a que precisamente tiende la acción propuesta en autos, es cierto que el artículo 20 de la Carta Fundamental no lo enumera determinadamente entre las garantías susceptibles de ampararse por ese arbitrio cautelar; empero, tanto la doctrina, como la jurisprudencia coinciden en que su protección deviene procedente y encuadra en el artículo 19 N° 4 de la Constitución, por encontrarse implícitamente comprendida en el atributo de privacidad de la persona, que esa propiedad en todas sus formas tampoco puede prosperar por estar incluida el fundamento alegado en otra garantía constitucional, esto es, la del número 4. Finalmente nos queda la afectación al artículo 19 Nº 4, la recurrente señala que se privado al actor del derecho inmaterial que tiene sobre mi imagen al publicarse fotografías, pero estas imágenes han sido subidas y compartidas en forma pública por el mismo recurrente y señala también que no existe una investigación en contra de su representado, pero esto no es así, ya que en un otrosí de esta presentación se acompaña la denuncia efectuado en la fiscalía de esta ciudad con anterioridad a la notificación de este recurso.

Por lo expuesto, pide tener por evacuado informe en estos autos, y definitiva proceder al rechazo del recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en su contra, con costas. Acompaña: Copia fotostática de las conversaciones entre el recurrente y su cónyuge nombre reservado; Copia fotostática dando cuenta de estar actualmente eliminada la publicación motivo de este recurso; Copia fotostática de contrato de Arrendamiento entre el recurrente y su cónyuge; Copia fotostática Cuenta de luz generada por el recurrente y actualizaciones; Copia fotostática; Cuenta de agua generada por el recurrente y actualizaciones; Copia fotostática del estado del calefón de la casa arrendada con mensajes de burla dejados por el recurrente en la casa; Fotos donde se muestra el estado en que se dejó la casa arrendada; Formulario Denuncia ante Fiscalía de Temuco con fecha 03 de junio del 2020.

Se trajeron los autos en relación.- CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los Tribunales superiores de justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquélla norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

Segundo: Que el acto arbitrario e ilegal respecto del cual reclama la recurrente, lo hace descansar en una publicación realizada por esta última en la red social Facebook, plataforma desde la cual habría proferido expresiones injuriosas que vulneran el derecho fundamental del respeto a la honra y vida privada y de su familia, conculcando con ello su derecho constitucional contemplado en el artículo 19 Nº4 de la Carta Fundamental.

Tercero: Que para acreditar los hechos denunciados, la recurrente acompañó los siguientes medios de convicción: Copia de publicaciones realizadas por la recurrida en la red social Facebook, en que se visualizan los rostros de una pareja, con la frase “no le arrienden a estos estafadores”, y fotografías de las cuentas supuestamente impagas de servicios de agua y electricidad.

Cuarto: Que del mérito de los antecedentes acompañados, es posible tener por acreditados los hechos denunciados en el recurso, esto es, la existencia de una publicación en la cuenta Facebook de la recurrida, en la que se describe a la recurrente como una persona abusiva, que arrendó una vivienda por un año y medio, con problemas permanentes de pago y dejando deudas por más de $800.000 mil pesos de servicios, concluyendo “ojo, no le arrienden son unos estafadores”.

En efecto, no obstante el derecho a expresar libremente cualquier opinión que le asiste el recurrido en un medio masivo como la red social Facebook, dicha facultad tiene como límite el respeto a la vida privada y honra de las personas, máxime si tales expresiones están orientadas a que se efectúen comentarios por quienes acceden a dichas páginas profiriendo improperios y amenazas, lo que en concepto de la recurrente ha afectado su imagen, creando la de una persona que estafa a otras.

El realizar una denuncia a través de un medio masivo de comunicación sin hacer uso de las vías legales correspondientes o sin respaldo alguno como aquí acontece, contribuye a denostar el derecho a la propia imagen y reputación de la recurrente actora, ambas dimensiones del derecho a la honra que nuestro constituyente resguarda por la vía de la presente acción constitucional.

Quinto: Que de este modo, al estar amparado constitucionalmente el derecho a la honra por el recurso de protección previsto en el artículo 20 de nuestra ley fundamental, corresponde acoger la acción deducida por la recurrente, toda vez que para estos conflictos relativos a un contrato de arriendo existe una vía jurisdiccional precisa y adecuada, que protege de manera amplia los derechos del arrendador, no visualizándose en consecuencia la necesidad ni la razonabilidad para que la recurrida efectué este tipo de publicaciones, que únicamente buscan la deshonra del actor.

Y visto además, lo dispuesto por en los artículos 19 Nº 4 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña SORAYA HERRERA BASCUR, abogada, en representación de don nombre reservado, en contra don nombre reservado, y se dispone como medida destinada a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección la afectada, que el recurrido elimine desde su cuenta Facebook los comentarios que motivaron la presente acción, y se abstenga en el futuro a realizar nuevas publicaciones como las materia de la presente acción constitucional.

Regístrese.

Rol N° Protección-5093-2020 (pvb).