nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURDAD SOCIAL

C.A. de Temuco Temuco, diez de septiembre de dos mil veinticuatro.

VISTO:

A folio N°1 comparece MARIOLY PAULETTE BIZAMA RIQUELME, abogada, en favor de don nombre reservado, quien interpone Acción de protección de Garantías Constitucionales en contra de SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

HECHOS Don nombre reservado es una persona tranquila, sin vicios, que solo se dedicaba a trabajar y disfrutar de su familia. Llevaba más de 10 años trabajando en el mismo rubro de siempre, esto es, el despacho de mercadería de tiendas del retail, específicamente en Falabella. Este trabajo requería mucho esfuerzo físico y sólo trabajaban dos personas por camión de despacho. Con ocasión de su trabajo, a diario debía cargar y descargar muchas cosas pesadas. Hace casi cuatro años atrás don nombre reservado comenzó a sentir un dolor en la pierna izquierda que no lo dejaba caminar con normalidad, lo que le impidió continuar con su trabajo. Varias veces quedó sentado en la acera sin poder recuperar la marcha y subir al camión en el cual trabajaba, lo que lo llevó a consultar a un especialista. El diagnóstico fue “hernias lumbares”, que se transformaron desgraciadamente en el desgaste de los discos de su columna, lo que le produjo artrosis. Con el pasar del tiempo, esto podría llevarlo a una silla de ruedas, según su médico tratante.

El dolor que padece es sumamente alto, lo que implica que no soporta estar mucho tiempo de pie, padeciendo de temblores en ambas piernas. Cuando se sienta, le cuesta mucho retomar la marcha nuevamente toda vez que esa simple actividad le genera un intenso dolor. Actualmente está medicado con opioides y parches de morfina como último recurso, ya que ha pasado por otros medicamentos para paliar el dolor sin tener un resultado favorable, entre ellas oxicodona, metadona y otras para la depresión y el sueño, todo por prescripción médica. Hoy en día, se encuentra bajo control en salud mental por una depresión que arrastra debido a su enfermedad al sentir que no puede salir adelante. Lo anterior se ve agravado con el hecho de que su cónyuge sufre la misma patología, esto es, hernia discal y está bajo control en el sistema público.

Junto a su cónyuge hacen lo posible por llevar una vida normal junto a su familia, de modo de sacarla adelante, pero producto de toda esta situación grave de salud se encuentran llenos de deudas y cada día deben ver la manera en cómo producir dinero para subsistir. Como se puede apreciar, don nombre reservado sin la posibilidad de trabajar y por ende sin ingresos, sólo se vale del apoyo de sus suegros, quienes, desde que dejaron de pagarle sus licencias médicas en septiembre del año pasado, le ayudan con la comida y los pasajes de sus hijos para que concurran a estudiar.

Lo anteriormente descrito demuestra el cambio significativo en la vida de don nombre reservado, quien ha visto mermada su capacidad laboral y económica. Después de trabajar y ser el proveedor de su hogar, hoy no recibe remuneración alguna ni tampoco el subsidio de las licencias médicas rechazadas.

Es en este contexto que concurro a solicitar la protección constitucional por esta vía, en favor de don nombre reservado, quien impugna la decisión dictaminada por la Superintendencia de Seguridad Social en RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UNAAD-85110-2024, que ratifica lo resuelto por la COMPIN en orden a rechazar sus Licencias Médicas números RUT reservado; RUT reservado y RUT reservado, por 90 días en total, a contar del 15 de septiembre de 2023, emanado de la Subcomisión de Medicina Preventiva e Invalidez Compin Cautín por reposo no justificado y ratificado por la Superintendencia de Seguridad Social.

Así las cosas, la Compin ha rechazado según resolución de fecha 15 de noviembre de 2023 la licencia médica N° RUT reservado, cuyo reposo iniciaba el 15 de septiembre de 2023 hasta el 14 de octubre de 2024, por estimar que don nombre reservado tiene una “patología irrecuperable con previo TPI rechazado por igual diagnóstico y MCT menor a 50%”, detallando que “corresponderá el rechazo de una licencia médica, cuando el trabajador tiene capacidad residual de trabajo superior a 50% y por tanto, puede desarrollar su actividad laboral, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1 del Decreto Supremo N°3”. Misma argumentación se utilizó para el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, cuyo reposo comenzaba el día 16 de octubre de 2023 hasta el 13 de noviembre de 2023, a través de la resolución de fecha 15 de noviembre de 2023. Finalmente, hago presente que la Compin ha rechazado según resolución de fecha 24 de noviembre de 2023 la licencia médica N° RUT reservado, cuyo reposo se prolongaba desde el 14 de noviembre de 2023 hasta el 13 de diciembre de 2023, por estimar que existe una patología irrecuperable con previo TPI rechazado por igual diagnóstico y MCT menor a 50%.

Para la acertada resolución del caso hace presente que todas las licencias fueron rechazadas por Resolución de la Subcomisión de Medicina Preventiva de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), subcomisión Cautin, las que fueron otorgadas al recurrente por el médico neurocirujano nombre reservado, por la causal antes indicada de reposo no justificado, las que impugnadas ante la SUSESO de la Araucanía, confirmó el rechazo de las licencias, como se detalla a continuación. El día 29 de mayo de 2024, el sr. nombre reservado recibe y se da por enterada de la Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-85110-2024, resolución que refiere:

Cabe señalar que parte de la argumentación de la Superintendencia de Seguridad Social dice relación que “entre los antecedentes tenidos a la vista, la parte recurrente no acompañó ninguno que amerite efectuar un nuevo estudio de lo resuelto por este Servicio”. Es decir, que es la propia institución recurrida la que determina si los antecedentes son o no suficientes para realizar un nuevo estudio de la situación de su representado, cuestión que a todas luces parece conveniente a los intereses de no aprobar las licencias médicas que en estos autos se reclaman.

En tales informes, elaborados bajo protocolo de la COMPIN, se efectúa una breve historia con fundamentos clínicos y/o de imagenología en que se basa el diagnóstico, establecen, además, la evolución, tratamientos médicos efectuados y resultados obtenidos. Antecedentes y estudios que la SUSESO no tuvo en consideración, al resolver la reclamación, pues no los menciona en los fundamentos para sostener su rechazo, ni solicitó nuevos exámenes o estudios para justificar su resolución. En efecto, la resolución de la Superintendencia de Seguridad Social sólo hace un análisis genérico y vago de lo que sería la argumentación médica al respecto, para lo cual enfatiza en que no se apreciaron nuevos antecedentes que permitieran autorizar las licencias médicas reclamadas en estos autos, sin especificar por qué los antecedentes médicos existentes no son suficientes ni en qué grado impiden la autorización de licencias médicas cuyo reposo ha sido definido por un profesional de la salud que se desempeña en el sistema público de salud. Es decir, ni siquiera se trata de un médico privado que convenientemente pudiera otorgar licencias o informes médicos para la beneficencia de mi representado, sino que es precisamente una institución del sistema público del Estado el que, analizada la situación de don nombre reservado, determina que el reposo otorgado por la licencia médica es lo que se requiere en su situación actual.

Como se observa, con los argumentos antes reproducidos, de falta de justificación del reposo prescrito al actor, no es posible conocer la razón médica que permita establecer la improcedencia del reposo, habida consideración que todos fueron dispuestos por un mismo especialista, - que es el médico tratante del recurrente-, quedando el administrado en situación de indefensión, como se dirá seguidamente.

Por ello, de acuerdo a lo que se viene señalando, si bien es cierto que el rechazo de las licencias médicas fue dispuesto por la entidad pública que señala la ley y en uso de sus facultades, no lo es menos, que la falta de sustento fáctico en la decisión, configura un motivo de arbitrariedad que deja en la indefensión al recurrente al no tener certeza de las razones médicas o jurídicas por las cuales se estima injustificado el reposo que le fuera prescrito, ni tampoco conocer los motivos por los cuales la autoridad estima suficiente el período de reposo que se le había concedido con anterioridad para su recuperación.

Reviste especial relevancia, desde el punto de vista de la salud del recurrente y según se desprende de la lectura de la Resolución Exenta a la que se viene haciendo referencia, el hecho que la SUSESO resolvió confirmar el rechazo de las licencias, sin tener información de la asistencia del paciente a los especialistas de la SUSESO, u otras derivaciones o intervenciones para el manejo de su patología, que hubiesen permitido a dicho órgano determinar el rol terapéutico de las licencias reclamadas, ya que tal información no le fue aportada, según se expresa en la resolución impugnada. Por otro lado, no consta del proceso, que al sr. nombre reservado se le hayan practicado nuevos exámenes o pericias médicas que permitan determinar con exactitud el estado de su enfermedad y, de ese modo, poder ratificar o desmentir las estimaciones de los médicos tratantes referidos por SUSESO, a fin de adoptar una decisión que pueda justificarse en la realidad del paciente, estimando esta parte insuficiente la revisión hecha por dicha entidad a los antecedentes ya existentes, la mayoría de los cuales fueron aportados por el recurrente y acompañados al recurso.

En relación con lo anterior, es evidente que don nombre reservado padece una patología que le impide desarrollar una vida normal, cuestión que ha sido consistentemente avalada por una serie de profesionales médicos pertenecientes al sistema público de salud, quienes han tratado su enfermedad y quienes también han dispuesto que el reposo es la medida que mejor se adecua a su situación salud, motivo por el que resulta extraño que la Compin, en una decisión ratificada por la SUSESO, haya considerado que las licencias médicas no son justificadas. Así las cosas, existen una serie de antecedentes médicos aportados por mi representado que fueron considerados insuficientes para la aprobación de las licencias médicas, aduciendo una cronicidad en la patología, pero desatendiendo el real estado de mi representado que, por un lado, no recibe el pago de la licencia médica y por otro no obtiene la pensión de invalidez.

En efecto, el 07 de julio de 2022, se le realiza un informe radiológico a don nombre reservado en el Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena que expresó lo siguiente:

Como se puede apreciar, desde el 2022 don nombre reservado ha venido sufriendo la patología respecto de la que las licencias médicas establecen reposo laboral, patología que ha ido evolucionando con el tiempo, al punto que hoy el sr. nombre reservado requiere la utilización de bastón para efectos de poder caminar, tal como expresa el informe biomédico funcional realizado por doña nombre reservado con fecha 29 de agosto de 2023:

El mismo informe señala el estado funcional de su representado en el sentido del dolor que padece producto de esta enfermedad:

Finalmente, se puede apreciar en dicho informe la cantidad de diagnósticos asociados a su patología:

Es evidente que todas las dolencias y circunstancias asociadas a su patología no sólo le acarrean problemas de orden físico, sino que también con ocasión de lo mismo se ha visto sumergido en una depresión asociada a la imposibilidad de rehacer una vida normal, lo que ha influido fuertemente en su estado anímico y en su capacidad de recuperación, tal como señala el informe de atención psicológica de fecha 29 de agosto de 2023 suscrito por doña nombre reservado, quien expone lo siguiente:

En las condiciones precedentemente descritas el actuar de la recurrida debe ser calificado de ilegal y arbitrario al no haber instado – mediante los mecanismos legales correspondientes- por la reevaluación de la situación médica actual de la recurrida a fin de determinar su condición de salud, la necesidad del reposo solicitado y el pronóstico de recuperabilidad, motivo por el cual el recurso deberá ser acogido en los términos que se indican en las conclusiones del recurso.

En relación con el motivo del rechazo de las licencias médicas, cuestión que la Superintendencia de Seguridad Social no verificó a través de peritajes propios sino que se basó en la documentación presentada en su mayoría por don nombre reservado, hago presente que la resolución recurrida no cumple con el estándar argumentativo necesario para estar ajustado a derecho, ya que no expresa en ningún sentido las consideraciones técnicas que permitieron concluir lo anterior, cuestión que deja en indefensión al sr. nombre reservado por cuanto sólo hace referencia a lo resuelto por la Compin y al hecho de que “entre los antecedentes tenidos a la vista, la parte recurrente no acompañó ninguno que amerite efectuar un nuevo estudio de lo resuelto por este Servicio. Que, por otra parte, cabe hacer presente a la parte recurrente, que para que se pueda efectuar una nueva revisión de la situación reclamada, es indispensable que acompañe a su solicitud nuevos antecedentes, que tengan el carácter de fundantes”. Es decir, la Superintendencia de Seguridad Social hace recaer todas las gestiones médicas en su representado, toda vez que se le exigen una serie de antecedentes médicos que argumenten la petición (los que fueron debidamente presentados), sin que siquiera fueran capaces de citarlo a realizarse nuevos exámenes o peritajes para acreditar su situación actual de salud y la necesidad del reposo médico, lo que claramente da cuenta de un actuar arbitrario e ilegal de la recurrida, ya que se bastó para tomar la decisión de los antecedentes y argumentos dados por la Compin sin efectuar un nuevo análisis de los mismos, ya que establece que fueron revisados por “nuestros especialistas” pero sin indicar qué se revisó, cómo se revisó y qué conclusiones sacaron de aquello. Al menos lo anterior no consta en la resolución recurrida.

Finalmente, en relación a la cronicidad de la cual señala la recurrida, es efectivo que se ha establecido que el dolor es crónico y la patología irrecuperable, pero cabe señalar que la Superintendencia de Pensiones ha ponderado inicialmente que el grado de irrecuperabilidad es de un 36%, lo que en términos prácticos implicaría que el sr. nombre reservado tendría una capacidad residual de trabajo de un 64%, lo que significaría que estaría habilitado para trabajar, cuestión que en la práctica es imposible producto de todas las dolencias que sufre. Cabe señalar que la actividad en la que siempre se ha desempeñado es la carga y descarga de productos del retail, lo que debe tomarse en especial consideración ya que por una parte la Superintendencia de Seguridad Social refiere que se rechazan las licencias médicas por ser patología irrecuperable, pero por otro lado la Superintendencia de Pensiones le otorga un grado bajo de invalidez, lo que deja a don nombre reservado en una posición intermedia en la que ningún órgano del Estado se hace cargo de su situación.

Han sido los mismos profesionales médicos del sistema público de salud (perteneciente al Estado) quienes han establecido que la situación médica del sr. nombre reservado amerita el otorgamiento de licencia médica, por lo que siendo ellos quienes han tratado directamente su patología son los que mejor pueden establecer cuál es el remedio idóneo para su situación.

El Estado no puede, a través de sus diversas instituciones, sencillamente jugar con la salud de sus ciudadanos, cuestión que lamentablemente está ocurriendo con don nombre reservado, toda vez que, por una parte se le otorgan licencias médicas para poder tener un reposo laboral remunerado producto de sus dolencias, pero por otro lado las mismas son rechazadas por la Compin y SUSESO aduciendo una patología irrecuperable, la que a su vez ha sido categorizada con un 36% de invalidez por parte de la Superintendencia de Pensiones, lo que implica poseer una capacidad residual de trabajo de un 64%. En definitiva, el Estado reconoce la gravedad de la patología de mi representado, pero aun así a través de sus diversas instituciones le está diciendo que vuelva a trabajar, ya que no tiene derecho a licencia médica y que su invalidez es solo de un 36%, por lo que para subsistir debe retomar sus labores. Producto de lo anterior, actualmente el proceso de calificación de invalidez se encuentra en trámite de apelación en la comisión médica central.

Derecho.

El recurso o acción de protección es una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 20 de la 6 Constitución Política de la República, ante actos u omisiones arbitrarias o ilegales de autoridades o particulares que importen una privación, perturbación o amenaza, mediante la adopción de medidas concretas destinadas a restablecer el imperio del derecho y poner fin a dichos actos u omisiones.

La garantía constitucional conculcada es la del N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, vale decir, el derecho a la propiedad, desde que el rechazo de las licencias importa la privación a un derecho a retribución monetaria contemplada expresamente por la ley, quebrantamiento que, adicionado a la arbitrariedad señalada en forma precedente, llevan a concluir que la acción constitucional deducida debe ser acogida.

Para los efectos de resolver la materia planteada corresponde tener presente que el artículo segundo letra c) de la Ley 16.395 establece: “Son funciones de la Superintendencia las siguientes: c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de la seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia”.

Por otro lado, el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por la Compin e Instituciones de Salud Previsional dispone en su artículo 21:

“Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a.

Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b.

Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c.

Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador;

d.

Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador;

e.

Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.

De acuerdo a las normas precedentemente referidas, es posible sostener que la recurrida, con mira a cumplir el mandato legal consistente en resolver las apelaciones presentadas por los afiliados al sistema de salud, puede disponer que las instituciones que se encuentran bajo su supervigilancia, cuyo es el caso de la Compín, recabe los antecedentes que posibiliten adoptar una decisión fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema.

Cita jurisprudencia.

Pide se ordene dejar sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-85110-2024 que confirma el rechazo de la licencia médica indicada, debiendo en consecuencia ordenar a la SUBCOMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ - COMPIN CAUTÍN, cursar y pagar las licencias médicas N°s RUT reservado; RUT reservado y RUT reservado, rechazadas al beneficiario y amparado, ya señalado.

Acompañó los siguientes instrumentos: 1. Resolución exenta N° R-01-UNAAD-85110-2024 emitida por la Superintendencia de Seguridad Social, de fecha 29 de mayo de 2024; 2. Licencias médicas N°s RUT reservado; RUT reservado y RUT reservado; 3. Resolución de Compin respecto a licencias médicas N°s RUT reservado; RUT reservado y RUT reservado; 4. Informe radiológico de fecha 07 de julio de 2022; 5. Informe biomédico funcional de fecha 29 de agosto de 2023; 6. Informe médico de fecha 02 de febrero de 2024 emitido por la Dr. nombre reservado; 7. Informe médico de fecha 10 de junio de 2024 emitido por el Dr. nombre reservado; 8. Informe de atención psicológica de fecha 29 de agosto de 2023 emitido por la psicóloga doña nombre reservado; 9. Certificado de la Superintendencia de Pensiones, de fecha 17 de junio de 2024.

A folio N°5 evacua informe la SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD REGIÓN METROPOLITANA (R.Men representación DE LA COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ REGIÓN METROPOLITANA.

Indica que don nombre reservado, RUN RUT reservado dedujo Recurso de Protección por no pago de las Licencias Médicas N°s RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado.

Que, analizada la base del sistema Maestro Licencias Médicas Fonasa, se desprende que, las Licencias Médicas se rechazan en base a las siguientes razones:

1.- Las licencias médicas antes individualizada fueron rechazadas en razón que, la recurrente contaba con dictamen de invalidez rechazado y ejecutoriado con fecha 30 de agosto de 2023 (índice de menoscabo de capacidad de trabajo de 34%). Por su parte, las reposiciones fueron desestimadas porque la recurrente inicio segundo trámite para pensión de invalidez, con fecha 21 de septiembre de 2023, e informe médico acompañado detallaba irrecuperabilidad.

Por tanto, y tal como se puede desprender, las actuaciones realizadas por esta COMPIN R.M., al decidir si aprobar o rechazar una licencia médica se enmarcan en los parámetros objetivos que se han dispuesto por la Ley, y las Normativas vigentes. Todo esto, en la búsqueda de asegurar que el uso de las licencias médicas cumpla verdaderamente su finalidad terapéutica y de carácter transitorio mientras el trabajador recupera su salud para volver a ejercer sus funciones laborales.

Acompañó copia del Listado Maestro de Licencias Médicas de la parte recurrente, del período 2023.

A folio N° 6 evacua informe FONASA quien solicita el rechazo del recurso.

Indica que don nombre reservado, C.I. N° RUT reservado, interpuso recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando, en definitiva, que se acoja el recurso de protección y se deje sin efecto la resolución exenta N° R-01-UNAAD-85110-2024 que rechazó las licencias médicas N° RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado.

Posteriormente, SS. Iltma. solicitó a este Servicio informar a su respecto, por lo tanto, teniendo a la vista los antecedentes del caso que obran en poder de esta parte y en cumplimiento de lo ordenado por SS. Ilustrísima, informo al tenor lo siguiente:

I. En cuanto a la actuación del FONASA respecto al acto u omisión que se alega arbitrario o ilegal en la especie.

Antes que todo, es del caso aclarar que, en conformidad a nuestro Ordenamiento Jurídico, corresponde a las COMPIN o a las Isapres, en su caso, la aprobación o rechazo de las licencias médicas y no al FONASA.

Según lo dispuesto en los artículos 16 y 29 del Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, es la COMPIN quien debe aprobar o rechazar las licencias médicas, en cuanto a los afiliados del FONASA.

Señala el artículo 16 que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

Por su parte, el artículo 29, en su inciso primero, refiere que “las Licencias médicas serán autorizadas por la Compin y por la Unidad de Licencias Médicas”.

Ni la Ley N° 20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, ni el D.S. N° 3, de 1984, de Salud, que aprueba el reglamento de autorización de licencias médicas por las COMPIN y las instituciones de salud previsional, menciona a FONASA como organismo tramitador ni autorizador de licencias médicas.

En cuanto al pago de los subsidios, compete a las propias COMPIN (función que hoy se encuentra centralizada en la Tesorería de la Subsecretaría de Salud Pública del Minsal, cual es el superior jerárquico de las COMPIN) o a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (CCAF), según sea que el trabajador esté o no afiliado a estas últimas.

La función de FONASA en la materia, se limita solamente a la entrega de los recursos financieros para el pago de licencias médicas Curativo Común de sus cotizantes, sea a la Subsecretaría de Seguridad Pública del Minsal o a las CCAF, según sea el caso.

Como se señaló anteriormente, a FONASA no le compete ni la tramitación ni la autorización de las licencias médicas; sino que su función se relaciona expresamente con el disponer de los recursos financieros a la COMPIN o a la CCAF, en su caso, cuando la licencia ha sido aprobada por la COMPIN.

En efecto, la COMPIN, es el órgano competente para la tramitación o autorización, en virtud de la facultad explicitada en el DS N° 3, que dispone “para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante “el o los profesionales”, según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante “Compin”, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante “Seremi”, que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda”.

Atendido a que las licencias médicas fueron rechazadas por el organismo legalmente facultado para ello, no hubo una orden a FONASA para transferir los recursos financieros a la COMPIN o a la CCAF, por lo que no se vislumbra de qué forma esta recurrida habría incurrido en una pretendida “ilegalidad o arbitrariedad”, ya que no tiene injerencia en la aprobación o rechazo de una licencia médica.

Más bien, en virtud de lo referido en el artículo 50 del DFL N° 1, de 2005, del Minsal, las funciones de FONASA tienen relación con el financiamiento de las prestaciones y la administración de los recursos del fondo. Dentro de ello, se encuentra el transferir mensualmente los montos de los Subsidios por Incapacidad Laboral a la Subsecretaría de Salud Pública, o a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (CCAF).

En definitiva, el FONASA no está facultado legalmente para fiscalizar sobre el uso, el origen, ni la causalidad de las licencias médicas de sus cotizantes, así como tampoco puede fiscalizar el pago de los Subsidios por Incapacidad Laboral (SIL) asociados a éstas, siendo estas atribuciones exclusivas de las COMPIN y de la SUSESO.

A folio N°8 evacua informe la recurrida SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL quien solicita el rechazo del recurso.

En primer lugar, pide se declare la improcedencia de la presente Acción de Protección, por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

EN SUBSIDIO DE LA ALEGACIÓN ANTERIOR, INFORMA EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO QUE MOTIVA LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AUTOS.

1.1.- En relación con la Acción de Protección interpuesta por el Sr. nombre reservado, es del caso hacer presente que, conforme consta en el expediente administrativo PAE código R-76686-2024, el interesado recurrió a su representada con fecha 29 de abril de 2024, solicitando se reconsidere el dictamen N° R-01-UME-66515-2024 de fecha 24 de abril de 2024 mediante el cual se confirmó lo resuelto por la SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 90 días a contar del 15 de septiembre de 2023, por Diagnóstico irrecuperable.

Por lo anterior, mediante la Resolución Exenta Nº R-01-UNAAD-85110-2024 de 29 de mayo de 2024, previa solicitud de informe, y del estudio de los antecedentes del caso, mi representada concluyó que: “entre los antecedentes tenidos a la vista, la parte recurrente no acompañó ninguno que amerite efectuar un nuevo estudio de lo resuelto por este Servicio. Que, por otra parte, cabe hacer presente a la parte recurrente, que para que se pueda efectuar una nueva revisión de la situación reclamada, es indispensable que acompañe a su solicitud nuevos antecedentes, que tengan el carácter de fundantes. Que, lo señalado en el considerando anterior, es concordante además con el hecho de que los antecedentes acompañados en procesos anteriores ya han sido ponderados por nuestros especialistas, por ende, aunque los acompañe nuevamente en una nueva solicitud de reconsideración, estos no serán considerados para dicho efecto, puesto que, como se señaló, ya fueron examinados, es decir, con ellos no resultará posible que se desvirtúe lo dictaminado previamente por este Organismo Fiscalizador”.

Resuelve dicho acto administrativo: “Rechácese la solicitud de reconsideración de la Resolución Exenta N° R-01-UME-66515-2024, de fecha 24-04-2024, mediante la cual se confirmó lo actuado por la SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, respecto al rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, de acuerdo con lo anteriormente expuesto”.

1.2 Previamente, con fecha 20 de noviembre de 2023, el interesado recurre a mi representada reclamando por cuanto la SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 90 días a contar del 15 de septiembre de 2023, por reposo no justificado. Esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que tanto los informes médicos aportados, como el período de reposo superior a los 900 días ya autorizado, permiten establecer que la dolencia en cuestión le produce una incapacidad para trabajar no susceptible de revertir, considerándose definitiva, por lo que no procede autorizar más licencias por esa causa. Sumado a lo anterior, presenta un trámite de pensión de invalidez rechazado por menoscabo de capacidad de trabajo de un 34%, ejecutoriado con fecha 30 de Agosto de 2023. Lo anterior no es suficiente para acceder a una pensión de invalidez, sin embargo, reconoce que presenta lesiones de carácter crónico e irreversible, por lo tanto, no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado. Tal procedimiento administrativo fue resuelto motivadamente por esta Superintendencia a través de la Resolución Exenta N° R-01-UME-66515-2024.

2.- Ahora bien, respecto de la acción de autos, resulta necesario esclarecer cual es el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente Acción de Protección.

a) El derecho a licencia médica. Marco legal regulador En nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad.

Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, ella puede ser permanente o transitoria.

Para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS).

Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado LICENCIA MÉDICA, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.

En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, 4 debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.

La licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “ Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez –Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud –Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”.

Como se ha expuesto y de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Al respecto, se tuvo a la vista la ficha médica que consta dentro de los antecedentes especiales, que realizaron los médicos de esta Superintendencia y motivan el acto administrativo impugnado:

“Datos de Licencias Médicas:

Cantidad Total de días reclamados: 90 nombre reservado por la(s) patología(s): 981 Licencias:

RUT reservado:

M42.1 - Osteocondrosis de la columna vertebral del adulto RUT reservado:

M42.1 - Osteocondrosis de la columna vertebral del adulto RUT reservado: M42.1 - Osteocondrosis de la columna vertebral del adulto Antecedentes Médicos:

imc ncx 28.8.23 El paciente nombre reservado, RUT : RUT reservado, se encuentra en control médico periódico y bajo tratamiento desde hace 3 años, por Dolor Lumbar bilateral con irradiación a caderas y muslos, con gran limitación funcional y en su examen físico destaca, contractura muscular lumbar, sensibilidad a la compresión de complejos facetarios lumbares bilaterales y dolor y rigidez a la fexo- extensión de la columna. El estudio con Resonancia magnética de columna demostró Discopatía Degenerativa protruyente lumbar multisegmentaria asociado a Espondilo artrosis y signos inflamatorios de las articulaciones Lumbares bajas bilateral.. A lo largo de los años esta molestia ha sido persistente con mala respuesta a los múltiples analgésicos y anti-inflamatoriso usados, por lo cual fue referido a un Policlínico especial dei manejo del dolor, donde se ha tratado con opiáceos y sometido a Infiltraciones facetaria sin resultado favorable, por lo cual considerando que se trata de patología degenerativa de la columna, que no tiene tratamiento curativo, y que se ha realizado todo lo que está al alcance para recuperar su salud, sin lograrlo, se considera que reúne las condiciones para que se otorgue una Pensión de Invalidez. Actualmente con dolor en escala de EVA 7/10, marcha limitada, requiere apoyo con bastón, usando Parches de Morfina, Tramadol, Gabapentina y Paracetamol, Duloxetina y en control por especialista de Salud Mental .

SAGCOM Dict. ejecutoriado del 30-08-2023 - Espondiloartrosis lumbar multinivel - MCT 34% 2do TPI iniciado el 21.9.23, en trámite al 22.4.24; a la fecha: Rechazo mdico de solicitud de invalidez -34% Conclusión:

hombre de 45 años, con más de 900 nombre reservado con dg de discopatia lumbar; sin medidas pendientes, irrecuperable; tiene TPI que configura patología y rechaza con un 34% ; se mantiene rechazo por irrecuperable” (lo subrayado es propio).

De esta forma, de los antecedentes médicos disponibles, claramente es posible establecer que el reposo temporal otorgado por las licencias médicas reclamadas, no se encuentra sustento en el objetivo de la licencia médica, cual es la recuperabilidad laboral del trabajador, por lo que es procedente su rechazo.

b) Facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia Como se desprende de la relación de hechos que se ha realizado previamente en este escrito, lo cual solicito se tenga por reproducido en esta parte, la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

En efecto, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Ahora bien, el legislador ha establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificado recientemente por la Ley Nº 20.691, de 2013, cuáles son las funciones esenciales de la Superintendencia de Seguridad Social.

A su vez, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”.

El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

A su vez, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”.

Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la señalada Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone que a mi representada le corresponderá: “Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes.”

En seguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley Nº 20.691, dispone que corresponde a mi defendida: “Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”.

Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, mi representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

c) Ausencia de ilegalidad y arbitrariedad Cabe hacer presente que, en lo que respecta al derecho a licencia médica, a la Superintendencia de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 16.395, le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario. En tal sentido, a la referida entidad de salud le sucedieron los Servicios de Salud y con ocasión de la reforma a la Autoridad Sanitaria, las funciones que no derivan del Código Sanitario fueron traspasadas a las SECRETARÍAS REGIONALES MINISTERIALES DE SALUD (SEREMIS DE SALUD), las que tienen a su cargo las COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA 7 E INVALIDEZ (COMPIN), entidades que como ha quedado claramente establecido participan en la administración del derecho a licencia médica, ya sea actuando como primera instancia, respecto de los trabajadores cotizantes del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA) o bien como instancia de apelación en el caso de las licencias médicas otorgadas a afiliados a Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES).

En efecto, las resoluciones de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas son apelables en el plazo de 15 días hábiles ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), instituciones de previsión que en la actualidad dependen de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI). Además, estas instituciones deben resolver acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

En consecuencia, los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de “supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la de calificar la legalidad de los ingresos, así como la oportunidad y finalidad de los egresos e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se otorguen a los imponentes”.

Cabe hacer presente, además, que el procedimiento para la autorización de las licencias médicas está previsto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud. En este cuerpo reglamentario se contemplan expresamente causales de rechazo de licencias médicas.

De acuerdo con este procedimiento, el trabajador cotizante de FONASA (sistema público de salud), afectado por el rechazo de una licencia médica dispuesto por una COMPIN, puede solicitar la reconsideración de tal resolución.

En caso que la COMPIN, analizados los nuevos antecedentes, si es que los hay, y reestudiado el caso, confirme su anterior resolución, el trabajador puede reclamar ante esta Superintendencia, la que revisa, de acuerdo con el marco legal señalado, lo actuado por la COMPIN, en cuando a la procedencia o no de autorizar la licencia médica cuestionada. Ciertamente, en caso que se confirme por esta institución de control, lo resuelto por la COMPIN, el trabajador afectado puede solicitar reconsideración de acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Además, la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”.

En el caso del Sr. nombre reservado, claramente su “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de las licencias médicas reclamadas.

Lo anteriormente expuesto, debe llevar a ese ILTMO. Tribunal a desestimar la ilegalidad y arbitrariedad en la actuación de mi defendida. En esta parte, para que un acto sea arbitrario, este debe responder al capricho, a la mera voluntad sin fundamento o raciocinio alguno por parte del que lo emite. Es del caso, que, respecto de las licencias reclamadas, el dictamen impugnado de arbitrariedad contiene los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo, en cuyo mérito resolvió esta Superintendencia previo estudio de los antecedentes médicos del caso. Cita jurisprudencia.

Por todo lo anterior, se aprecia que, la conclusión del dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social, impugnado por la recurrente, referido a las licencias médicas reclamadas, encuentra correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente administrativo que se acompaña, los que no sólo se encuentran en el dictamen impugnado, sino en una serie de antecedentes médicos, que respaldan la conclusión del mismo.

d) Ausencia de derechos vulnerados Por último, cabe hacer presente que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, mi representada se limitó a resolver la situación del Sr. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

En cuanto a la eventual vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica y salud, garantizado a todas las personas en los numerales 1° y 9º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, simplemente cabe preguntarse cómo podría mi representada haber atentado contra dichas garantías, como la vida, integridad física o psíquica y la protección de la salud, por cuanto, en su actuar, la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido.

En efecto, de modo alguno, ha causado las afecciones que supuestamente padece el recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, es incuestionable que el Sr. nombre reservado siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante y que pudo realizar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido, de manera alguna el acceso de la recurrente a la salud. La única intervención del Servicio indicado en el caso del recurrente responde al mandato legal de pronunciarse respecto de las reclamaciones que presentó impugnando las resoluciones de la referida COMPIN, que rechazó las licencias médicas en comento.

En cuanto al derecho de propiedad, cabe hacer presente a US. ILTMA., que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN)

2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente. En consecuencia, no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que como ya se ha indicado no media en la especie. En este punto, en el caso de la recurrente, no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que rechazadas sin generar, por lo tanto, el derecho que esgrime la recurrente de autos.

Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador. Esta conclusión es a todas luces inaceptable. Cita jurisprudencia.

Pide rechazar el recurso en todas sus partes, con costas.

Acompañó copia de los antecedentes que obran en el expediente administrativo, relativos al caso de don nombre reservado.

A folio N°11 se trajeron los autos en relación.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección constituye una acción cautelar de origen constitucional, que puede deducir cualquier persona ante los Tribunales Superiores de Justicia, a fin de solicitar que éstos adopten de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho quebrantado, y asegurar así la debida protección a los afectados, cuando por causa de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal, sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución establece, esto sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales ordinarios correspondientes.

SEGUNDO: Que el acto que se estima ilegal y arbitrario es el rechazo por parte de COMPIN y la dictación por parte del Superintendencia de Seguridad Social de la Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-85110-2024 de fecha 29 de mayo de 2024, en virtud de la cual se confirmó el rechazo de las licencias médicas N°sRUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 90 días a contar del 15 de septiembre de 2023.

TERCERO: Que, en lo referente a la solicitud de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social en orden a que se declare la improcedencia de la acción constitucional interpuesta por tratarse de materias de seguridad social, y por ende no encontrarse tal derecho garantizado en el catálogo del artículo 20 de la Constitución Política de la República, cabe señalar que si bien esta Corte coincide con lo expuesto sobre este punto, el hecho denunciado a través de esta acción tiene una implicancia directa, sea por vía de amenaza, perturbación o afectación, respecto de otros derechos constitucionales que si se encuentran garantizados en el referido catálogo, tales como la vida e integridad física y psíquica, lo que en principio habilita a la actora para requerir la protección que se solicita.

CUARTO: Que, ahora bien, en cuanto al fondo, rola en autos que por Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-85110-2024 de fecha 29 de mayo de 2024, la Superintendencia confirmó el rechazo de las licencias médicas por tratarse de un diagnóstico irrecuperable.

QUINTO: Que a efectos de resolver la controversia planteada en autos es preciso tener presente lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en lo pertinente, dispone: "La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia", como asimismo lo señalado en el artículo 21 del mismo cuerpo normativo "Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica”.

SEXTO: Que así, según se observa en la Resolución indicada, la decisión adoptada por la Superintendencia no está apoyada por ningún elemento de convicción que avale la confirmación del rechazo, como tampoco hace mención a otros factores objetivos que permitan corroborar la decisión a que arriba, en cuanto a la suficiencia del reposo médico ya otorgado sin que tampoco explicite los motivos por los que el tratamiento resultaría incompatible con la extensión del reposo, carencias que la privan de contenido, no pudiéndose concluir que aquélla se basta a sí misma si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender por qué la recurrente no necesitaba más días de descanso que los ya otorgados.

SEPTIMO: Que, en consecuencia, el actuar de la recurrida no se ajustó a la normativa que regula la materia tanto por no explicitar las razones que motivaron su decisión como al no disponer que los órganos administrativos involucrados en la materia realicen un peritaje coetáneo e idóneo al periodo de reposo de las licencias médicas rechazadas.

En razón de lo expuesto tanto la ausencia de justificación como la circunstancia de no haber sometido a la recurrente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica debieron haberse desarrollado con mayor rigurosidad antes de ser resuelto el asunto en materia administrativa, diligencias necesarias a fin de objetivar el diagnóstico y no dejarlo entregado a la simple discreción del Superintendente, con el consecuente no pago de las licencias médicas respectivas.

OCTAVO: Que, de esta forma, se advierte que el rechazo de la licencia médica que se alega por la recurrente, importa de parte de la autoridad el ejercicio de una facultad de forma meramente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica que a los ciudadanos se les debe, al ejercer sus facultades, en especial, si como en esta materia se ven involucradas garantías especialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas, motivo por lo que se acogerá el recurso interpuesto.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se declara:

I. - Que SE RECHAZA la alegación de improcedencia deducida por la recurrida.

II.- Que SE ACOGE el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, disponiendo dejar sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-85110-2024 de fecha 07 de febrero de 2024, debiendo la autoridad administrativa disponer la reevaluación del padecimiento que aqueja al actor, citándolo al efecto, a fin de determinar su origen, entidad y pronóstico de recuperación, y cumplido lo anterior, se pronuncie nuevamente, en plazo de sesenta días, respecto de las licencias médicas rechazadas que han sido materia del presente recurso.

Redacción del abogado integrante Sr. Cristian Carvajal de Vicenzi.

Regístrese, y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-5087-2024. (csd)