nombre reservado con INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO DE VILLARRICA

Foja: 54 Cincuenta y Cuatro C.A. de Temuco Temuco, dos de septiembre de dos mil dieciséis.

VISTO:

A fojas 3, comparece FRANCISCO RIQUELME MERINO, abogado, cédula nacional identidad No RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO DE VILLARRICA, representada por el Sr. nombre reservado don nombre reservado, y contra de TESORERIA REGIONAL DE TEMUCO, representada por don nombre reservado, y en favor de CORPORACIÓN CENTRO DE INICIATIVA EMPRESARIAL CIEM VILLARRICA, del giro de su denominación, nombre reservado 73.553.400-9, con domicilio en domicilio reservado, Región de La Araucanía, ello por haberse dictado la resolución N°8342-2015-28 (multas número 1,2,3,4,5) de la Inspección del Trabajo de Villarrica, que dio lugar al proceso seguido en expediente N° 10187-2016 Villarrica de Tesorería Regional de La Araucanía, todo lo anterior por los siguientes motivos:

La Inspección Comunal del Trabajo, procedió a efectuar fiscalización a la CORPORACIÓN CENTRO DE INICIATIVA EMPRESARIAL CIEM VILLARRICA, según expediente N°8342-2015-28, cursándose 5 multas, las cuales se solicitó fueran dejadas sin efecto, con fecha 19 de enero de 2016, ello por haberse atribuido la Inspección del Trabajo facultades jurisdiccionales, propias de los tribunales de justicia al efectuar calificación y determinación de la naturaleza jurídica de los contratos existentes entre los prestadores de servicios y la institución , sin que ello derivara en una relación de trabajo.

La resolución de la apelación a dicha observaciones, nunca llegó a manos de la CORPORACIÓN CENTRO DE INICIATIVA EMPRESARIAL CIEM VILLARRICA, o de sus representantes legales o de quienes tuvieren facultades de representación de la institución, muy por el contrario fue puesto a disposición precisamente de una de aquellas personas que teniendo vínculo contractual de prestador de servicios a honorarios era parte u objeto de la fiscalización, yerro manifiesto de parte de la Inspección Comunal que permitió seguir adelante con el proceso en ignorancia del afectado.

El yerro anotado, es de relevancia para el conocimiento del asunto, puesto que en definitiva la Inspección con su actuar, deja en manos de un potencial interesado, la documentación sobre la noticia de haberse rechazado la solicitud, impidiendo con ello accionar oportunamente en sede laboral, como antes ya había acontecido en la ciudad de Temuco, y donde la Inspección del Trabajo actúo de igual forma a la de Villarrica, atribuyendo facultades jurisdiccionales cuestión que en primera instancia conoció la I. Corte de Apelaciones y luego el Juzgado del Trabajo, favoreciendo en ambos casos la postura e intereses de la Corporación, así consta en rol 3442-2015 de la I. Corte de Apelaciones de Temuco y causa Rit I- 126-2015 del Juzgado del Trabajo de Temuco.

Consecuencia de lo anterior la Tesorería Regional de Temuco, en expediente 10187-2016 Villarrica, emitió con fecha 8 de julio de 2016, y notificada al representante legal de la CORPORACIÓN CENTRO DE INICIATIVA EMPRESARIAL CIEM VILLARRICA, el día 14 de julio de 2016, sendo mandamiento de ejecución y embargo, enterándose la corporación en cuyo favor se recurre, con fecha 27 de julio de 2016 de la retención o rebaja de la suma total de $12.701.453 por orden liberada en causa judicial 10.187-2016 Villarrica, consecuentemente quedando imposibilitada de usar dichos dineros y cancelar los compromisos de la institución.

El obrar de ambas instituciones no se ajusta a derecho, constituye un acto ilegal y afecta derechos fundamentales de la recurrente, particularmente el derecho de propiedad, situación que se deriva del accionar ilegal de la Inspección Comunal del Trabajo de Villarrica, viciándose consecuencialmente el acto del Tesorero Regional, en su calidad de juez sustanciador.

EN CUANTO A LA FISCALIZACIÓN La fiscalización de la Inspección del Trabajo se ha atribuido facultades jurisdiccionales que son propias de los Tribunales del Trabajo, particularmente en la calificación de la naturaleza de los contratos existentes, haciendo mutar sin más los contratos de prestación de servicios a honorarios en contrato de trabajo.

ACCION DE LA TESORERIA REGIONAL Si bien, a primera vista el accionar de este recurrido se ajusta a derecho, no puede sustraerse de la irregularidad en el accionar de la primera Institución cuya accionar se busca corregir.

Ello es así́ por cuanto al obrar un órgano del estado fuera o al margen de la legalidad, aquel que le sucede en su accionar o cuyo único fundamento del ejercicio de las facultades propias la encontramos en un acto reñido con la legalidad se contamina pasando a compartir dicha calidad.

En efecto, el órgano publico debido advertir y corregir el yerro planteado, advertir de la carencia de notificación o de la circunstancia de haberse notificado a quien era parte de la fiscalización inclusive con un interés contrapuesto al que defendía la institución, puesto que precisamente su caso era de aquellos que la Inspección arbitrariamente quiso convertir en un contrato de trabajo.

EN CUANTO AL DERECHO:

Que el accionar de la Inspección del Trabajo, vulnera lo dispuesto en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, de suerte tal que implica no solo la privación del derecho sino también una amenaza del mismo al objeto de sus dictámenes, veredictos y juicios a pesar de la incompetencia en la materia por la cual ha cursado las multas señaladas en esta presentación.

Por demás se ha infraccionado lo dispuesto en la ley 19.880, artículo 11 y 16, toda vez que la resolución carece de fundamento, en orden a señalar las motivaciones o razones por la cual se ha desestimado la solicitud de mi representada, limitándose a mencionar supuestas facultades, contrariando con ello por demás el artículo 511 y 512 del Código del Trabajo que exige dicha fundamentación o razón en los actos de la Inspección, cuyo no es el caso.

A mayor abundamiento estimamos se ha infraccionado lo dispuesto en el artículo 7 de la Constitución Política de la República en relación a los citados artículo 511 y 512 del Código Laboral, por cuanto la decisión de estas materias está radicada en el Director del Trabajo y no en el Inspector Provincial del Trabajo de Temuco, en tal sentido la I. Corte de Apelaciones de Concepción en causa rol 87-2010.

Por otro lado, al privársele a la Corporación Ciem de la suma de $12.701.453, se ha afectado por parte de Tesorería Regional su derecho de propiedad, como se dijo de forma contraria a derecho ilegal, por cuanto el acto y el proceso que antecedió a su accionar está viciado de ilegalidad y arbitrariedad sin que dicha circunstancia puede ser borrada o eliminada de forma alguna.

Por todo lo anterior, pide se acoja el recurso, disponiendo las medidas necesarias para la debida protección de los derechos de la recurrente, especialmente:

1.- Se deje sin efecto la resolución 8342.2015.28, que aplica multas, la resolución no19 de febrero de 2016 ambas de la Inspección Comunal del Trabajo de Villarrica, consecuencialmente que el expediente No 101872016 Villarrica de Tesorería Regional de Temuco, queda sin efecto especialmente la retención de la suma de RUT reservado efectuada a requerimiento de dicha institución.

2.- Disponer que la recorridas deben abstenerse de ejecutar actos similares en contra de la recurrente.

3.- Todas aquellas medidas que SSI., estime de necesarias para la adecuada seguridad de los derechos de la recurrente.

4.- Condenar en costas a los recorridos.

A fojas 32, se evacua el informe nombre reservado, Director Regional Tesorero de La Araucanía, quien estima que no ha existido vulneración alguna de los derechos invocados, pues el actuar de Tesorería se ha enmarcado en las funciones y atribuciones que la ley señala.

En cuanto a la ilegalidad del expediente tramitado, Tesorería no puede discutir de modo alguno los giros que emiten los servicios públicos.

Efectuados los giros, dichos organismos carga las deudas a la cuenta única tributaria del deudor. La Tesorería no puede inmiscuirse en el actuar de la Inspección del Trabajo, pues dicha labor le corresponde a los Tribunales de justicia.

Termina señalando que desde la notificación de la demanda de cobro el día 14 de julio, el recurrente ha contado con el tiempo necesario para hacer las alegaciones pertinentes en el expediente administrativo, no siendo el recurso de protección la vía idónea para dejar sin efecto el cobro.

A fojas 44, consta el informe evacuado por la Inspección Comunal del Trabajo de Villarrica, quien en primer término realiza una alegación de extemporaneidad del recurso deducido, pues se dirige en contra de la resolución de fecha 24 de noviembre de 2015. Dicha multa fue notificada mediante carta certificada, la cual se depositada en correos de Chile con fecha 25 de noviembre de 2015, lo que consta en la guía de despacho Nº 106, y se tuvo por notificada el 02 de diciembre de 2015. La recurrente nada dice respecto a la fecha en que tomó conocimiento del acto que considera arbitrario e ilegal.

De estimarse que la resolución recurrida es la Nº 19 del 25 de febrero de 2016, ésta fue notificada en la misma fecha a la representante legal de la recurrente Sra. nombre reservado.

Luego, argumenta que es improcedente el recurso de protección de acuerdo a la naturaleza del acto impugnado. Ello en virtud de que dicho recurso tiene una naturaleza cautelar.

No estamos en presencia de un derecho indubitado y preexistente. Queda en evidencia que no se ha utilizado la vía judicial idónea conforme al artículo 503 del Código del Trabajo.

Posteriormente hace mención a la resolución de multa, y hace referencia a las facultades legales con las que cuenta la Inspección del Trabajo.

Termina señalando la ausencia de ilegalidad en la actuación funcionaria, y también de la arbitrariedad, sin que tampoco haya vulneración de garantía constitucional alguna.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido con el propósito de evitar posibles consecuencias dañosas o lesivas de actos u omisiones arbitrarios o ilegales que causen en los afectados privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías o derechos que se protegen con este instrumento jurisdiccional, con el fin de que se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección de los perjudicados.

SEGUNDO: Que del mérito de los antecedentes, consta que los actos recurridos son por una parte la resolución de multa impuesta por la Inspección del Trabajo y el posterior procedimiento ejecutivo tramitado ante la Tesorería Regional.

TERCERO: Que, respecto de la resolución de multa, resulta evidente que el recurso ha sido interpuesto de manera extemporánea. Dicha conclusión se fundamente en que no obstante la alegación del recurrente, en cuanto a que no fue notificada debidamente de la misma, no acompañó ningún tipo de antecedente en apoyo de su teoría; por el contrario, consta de los documentos acompañados por la Inspección recurrida, que la notificación de la resolución se llevó a cabo el día 25 de febrero de 2016. Fuerza concluir entonces que formalmente el recurso ha sido interpuesto fuera del plazo de 30 días establecido en el Auto Acordado que regula la materia. Luego, debe tenerse en cuenta además, por sobre la extemporaneidad, que el presente medio procesal ejercido no resulta idóneo para resolver la controversia que ha sido presentada por el recurrente.

CUARTO: Que, en cuanto a la conducta de la Tesorería Regional, no aparece en ella algún elemento que permita declararla como arbitraria o ilegal, desde que consta que en su actuar se ha sometido a la reglamentación vigente sobre el cobro de obligaciones por la vía ejecutiva y administrativa.

QUINTO: Que, en conclusión, de los procesos administrativos tramitados en contra de la recurrente, consta que se han respetados en ellos la debida legalidad y racionalidad en el actuar de los entes estatales involucrados; la recurrente ha sido debidamente emplazada y ha tenido la posibilidad de ejercer las diversas vías administrativas y judiciales ordinarias en su defensa. No existe prueba en el proceso que permita llegar a una solución diversa.

Los actos recurridos han sido dictados por los órganos competentes y en ejercicio de sus facultades legales, de manera que no se avizora infracción a garantía constitucional alguna, que requiera de protección constitucional de ésta Corte de Apelaciones, por lo que el recurso será rechazado como se dirá.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, SE RECHAZA, el interpuesto a lo principal de fojas 3, por don FRANCISCO RIQUELME MERINO, abogado, en favor de CORPORACIÓN CENTRO DE INICIATIVA EMPRESARIAL CIEM VILLARRICA y en contra de la INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO DE VILLARRICA, representada por el Sr. nombre reservado don nombre reservado, y de la TESORERIA REGIONAL DE TEMUCO, representada por don nombre reservado, atendido su extemporaneidad, falta de fundamentación e idoneidad.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Sr. Alejandro Vera Quilodrán.

Rol N° Protección-5081-2016 (pvb).

Se deja constancia que el Ministro Sr. Alejandro Vera Quilodrán, no firma la sentencia que antecede, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse ausente.