Protección contra Dirección Regional de Vialidad de la IX Región

Foja: 71 Setenta y Uno C.A. de Temuco Temuco, veintinueve de enero de dos mil dieciséis.

Vistos:

A fojas 10, comparece nombre reservado, Abogado, domiciliado en domicilio reservado, e interpone Recurso de Protección de Garantías Constitucionales a favor de don nombre reservado; doña nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado , don nombre reservado, y don nombre reservado, todos agricultores domiciliados en la Comunidad Indigena nombre reservado del lugar Carcacura de la comuna de Nueva Imperial, nombre reservado Región de la Araucanía y en contra de la Dirección Regional de Vialidad de la IX Región, representada por su Director Regional don Pablo Rodríguez Gajardo, ambos domiciliados en domicilio reservado y en contra de Empresa Servicios de Ingeniería, Construcción y Proyectos INGEPROC Spa, RUT N° RUT reservado, representada por don nombre reservado. C. I. N.º RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, en su calidad de autores materiales y en consecuencia responsables de actos ilegales y arbitrarios que han afectado gravemente el derecho que el número 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República garantiza a los recurrentes.

En esencia se refieren a la actuación de las recurridas que transgreden de manera flagrante la garantía constitucional que protege el derecho de propiedad, siendo el acto de los recurridos ilegal y arbitrario, ello porque de manera unilateral y sin justificación razonable han procedido a destruir en forma dolosa gran parte de diversos inmuebles rurales Indígenas ubicados en la Comunidad Indígena nombre reservado de dominio de los recurrentes al construir sobre los predios obras viales sin respetar las normas que establecen diversos cuerpos legales. Al efecto hago presente que sus representados son únicos y exclusivos dueños y poseedores legales y materiales de los siguientes inmuebles indígenas ubicados en el sector Carcacura, comuna de Nueva Imperial:

Sobre parte de los inmuebles de sus representados, los recurridos se encuentran desde el 12 de Noviembre de 2015 ejecutando diversas obras viales a fin de permitir la construcción del proyecto denominado MEJORAMIENTO RUTA S-464 Y S-488 domicilio reservado, COMUNAS DE NUEVA IMPERIAL Y TEODORO SCHMIDT, nombre reservado, REGION DE LA ARAUCANIA.

Señala que las obras referidas se han ejecutado sobre los predios de los recurrentes sin respetar ningún tipo de norma técnica o legal de tal forma que con fecha 12 de Noviembre de 2015, los recurridos han procedido a tomar posesión material de aquella parte de los inmuebles que colinda con el camino público pese a la oposición de los recurrentes y sin tener orden administrativa o judicial que ampare a los recurridos.

Los hechos descritos han causado una grave afectación al derecho de dominio de los recurrentes no solo por el daño ya causado sino que además afecta los derechos que en su calidad de pertenecientes a la etnia Mapuche, les otorga la Ley 19.253 y el Convenio 169 de la OIT. De esta forma la actuación de los recurridos es absolutamente ilegal y arbitraria.

ILEGALIDAD:

a.- En cuanto no existe razón jurídica alguna que autorice a sus agentes para ingresar al predio de dominio de los recurrentes sin tener orden judicial o sin haber cumplido con las exigencias establecidas en el Decreto Supremo Nº 40 de 30 de octubre de 2012 del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En especial, el artículo 85 establece que se deberá desarrollar un procedimiento de consulta indígena “…en el caso que el proyecto o actividad genere o presente alguno de los efectos, características o circunstancias indicados en los artículos 7, 8 y 10 de este Reglamento, en la medida que se afecte directamente a uno o más grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas.

b.- Asimismo se han infringido las normas contenidas en .el Decreto Supremo Nº 66 de 15 de noviembre de 2013 del Ministerio de Desarrollo Social, que Aprueba el Reglamento que Regula el Procedimiento de Consulta Indígena en virtud del Artículo 6 Nº 1 Letra A) y Nº 2 del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo y deroga normativa que indica ya que no se efectuó consulta indígena alguna Al efecto hago presente que de acuerdo a los artículos 7º, 8º y 10º del Reglamento del SEIA. Se entiende que existe susceptibilidad de afectación directa de personas pertenecientes a pueblos indígenas cuando se genera reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos; cuando se dan circunstancias vinculadas a la localización del proyecto y el valor ambiental del territorio, teniendo presente que “se entenderá por poblaciones protegidas a los pueblos indígenas, independiente de su forma de organización” (artículo 8º), y cuando existe alteración del patrimonio cultural.

c.- Se ha infringido además el tenor expreso del artículo 13 de la Ley 19.253 en lo relativo a las tierras indígenas señala que estas por exigirlo el interés nacional, gozarán de la protección y no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción.

La ley 19.253 en su artículo 12 define el concepto de tierras indígenas señalando que son “Aquellas que las personas o comunidades indígenas actualmente ocupan en propiedad o posesión provenientes de los siguientes títulos”:

a) Títulos de comisario de acuerdo a la ley de 10 de junio de 1823.

b) Títulos de merced de conformidad a las leyes de 4 de diciembre de 1866; de 4 de agosto de 1874, y de 20 de enero de 1883.

c) Cesiones gratuitas de dominio efectuadas conforme a la ley N° 4.169, de 1927; ley N° 4.802, de 1930;decreto supremo N° 4.111, de 1931; ley N° 14.511, de 1961, y ley N° 17.729, de 1972, y sus modificaciones posteriores.

d) Otras formas que el Estado ha usado para ceder, regularizar, entregar o asignar tierras a indígenas, tales como, la ley N° 16.436, de 1966; decreto ley N° 1.939, de 1977, y decreto ley N° 2.695, de 1979, y e) Aquellas que los beneficiarios indígenas de las leyes N° 15.020, de 1962, y N° 16.640, de 1967, ubicadas en las Regiones VIII, IX y X, inscriban en el Registro de Tierras Indígenas, y que constituyan agrupaciones indígenas homogéneas lo que será calificado por la Corporación.

2° Aquellas que históricamente han ocupado y poseen las personas o comunidades mapuches, aimaras, rapa nui o pascuenses, atacameñas, quechuas, collas, kawashkar y yámana, siempre que sus derechos sean inscritos en el Registro de Tierras Indígenas que crea esta ley, a solicitud de las respectivas comunidades o indígenas titulares de la propiedad.

3° Aquellas que, proviniendo de los títulos y modos referidos en los números precedentes, se declaren a futuro pertenecientes en propiedad a personas o comunidades indígenas por los Tribunales de Justicia.

4° Aquellas que indígenas o sus comunidades reciban a título gratuito del Estado.

Por su parte el artículo 13 de la misma ley 19.253, señala expresamente que” Las tierras a que se refiere el artículo precedente, por exigirlo el interés nacional, gozarán de la protección de esta ley.

d.- Aplicación del convenio 169 de la OIT:

A este respecto tiene especial relevancia el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en cuanto como parte integrante del bloque de derechos esenciales de la Constitución Política garantiza a los pueblos indígenas y sus integrantes el derecho al territorio.

La Constitución Política de la República reconoce un estatuto especial para las normas de derechos fundamentales contenidas en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile. Señala así el artículo 5° inciso 2° que “el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

De esta forma los Derechos que emanan de la naturaleza humana conforman un bloque de derechos constitucionales compuesto por las garantías constitucionales y los derechos reconocidos en los tratados internacionales ratificados (Noguerira 2002). ​ Así el Convenio 169 contiene a todas luces , normas de derechos fundamentales y por ello constituyen un límite al ejercicio de la soberanía (Meza -lopehandia 2006), de esta forma la ratificación de un tratado internacional de derechos humanos incorpora en nuestro ordenamiento jurídico no solo sus normas sustantivas , sino que también aquellas relativas a su creación, validez, aplicación e interpretación (Fuenzalida 2008). Los principios del referido Convenio 169 son los de no discriminación e igualdad de oportunidades, el principio de participación, el principio de integridad cultural que explica la especial protección que el Convenio otorga a las tierras y territorios indígenas y el reconocimiento que hace a la institucionalidad propia indígena y el principio de autonomía, entendido como el sentido de aspiración a controlar sus propias formas de vida y desarrollo, lo que tiene diversas concreciones a lo largo del Convenio particularmente en lo que dice relaciona con el control y administración de sus recursos naturales.

De especial importancia es la protección del hábitat indígena como condición de supervivencia cultural de los pueblos indígenas. Esto en razón de la importancia especial que para la cultura y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con la tierra y territorios o con ambos ... y en particular los aspectos colectivos de esta relación (artículo 13.1). De esta manera el Convenio reconoce que los pueblos indígenas mantienen una relación especial con sus territorios a partir de la cual se constituyen identitariamente como grupos culturalmente diferenciados, por lo que su subsistencia como tales depende de su protección.(Chirif 1991). Esta cuestión fue recogida originalmente por la Corte IDH en el caso Comunidad Mayagna(Sumo) Awas Tigngi vs. Nicaragua del año 2001.

Por estas razones el Convenio establece diversos mecanismos de protección del territorio indígena: el concepto de hábitat, la protección de la propiedad indígena, la protección del medio ambiente y los derechos de los indígenas sobre los recursos naturales presentes en sus territorios:

a.- En cuanto al concepto de habitat el Convenio contiene una redifinición del concepto de tierras indígenas. Señala que la utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del habitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna u otra manera. Esto constituye una ampliación del concepto de propiedad que incluye nuestra concepción indígena del espacio, el cual se funde en un todo que no admite segmentación entre suelo, subsuelo, aguas, aire y medio ambiente.

Así lo han entendido nuestros Tribunales Superiores de Justicia en el casi Agua Mineral Chusmiza con Comunidad Aymará Chuzmiza-Usmagama, la I. Corte de Apelaciones de Iquique ratifico el fallo de primera instancia que señalaba que “ el concepto de tierras ( de la Ley 19.253) debe entenderse en su más amplia acepción comprendiendo todo entorno físico en que se desarrolló, afianzó y se mantiene la cultura indígena”

ARBITRARIEDAD:

Al respecto debe tenerse presente que de acuerdo al Diccionario de la Real Academia, "ilegal" es lo contrario a la ley y "arbitrario" el acto o proceder contrario a la justicia, a la razón o las leyes, dictado por la sola voluntad o el capricho, acepciones que deben aceptarse y aplicarse al caso, pues, el legislador no las ha definido dándoles un sentido distinto al indicado y que en relación con las garantías afectadas, la ilegalidad o arbitrariedad deben concurrir en el acto materia del recurso, cuyo es el caso de autos, se requiere que la acción sea ilegal o arbitraria, es decir, que sea contraria al ordenamiento jurídico , además, que carezca de fundamento lógico o razonable, de acuerdo a lo previsto en el inciso 2º del artículo 20 para que este pueda prosperar y autorizar que se acoja el recurso en pro de los derechos que se dicen afectados.

Los actos base de este recurso son: Arbitrarios en forma evidente en cuanto la actuación de las recurridas carece de racionalidad o racionabilidad, se revelan como mero fruto el capricho o la sinrazón alejándose de los parámetros del sentido común o del prudente entendimiento.

AFECTACION DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES:

Los hechos materia del Recurso son una clara infracción a lo establecido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, que establece el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, especialmente en este caso sobre el derecho de dominio de los recurrentes sobre los inmuebles ya individualizados .

La arbitrariedad de la recurrida importa afectar directamente el derecho de propiedad de los recurrentes, protegido por el artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, desde que lo actuado importa una disminución concreta y efectiva en el patrimonio de estos.

Por tanto, solicita acogerlo, con expresa condenación en costas y en definitiva ordenar se restablezca el imperio del Derecho y se asegure la debida protección de los afectados, disponiendo que las recurridas deben abstenerse de afectar el derecho de propiedad de los recurrentes respecto de sus inmuebles por tratarse de propiedades de carácter indígena cuya protección es de rango constitucional por exigencia del interés nacional.

A fojas 23, comparece nombre reservado, ingeniero comercial, en representación de Servicios de Ingeniería, Construcción y Proyectos INGEPROC SpA, sociedad del giro de su denominación, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, e informa y solicita se sirva rechazar el presente recurso de protección, en razón de los antecedentes y fundamentos de hecho y de derecho, que expone:

El recurso de protección es total y absolutamente improcedente, por lo siguiente:

1.- En primer lugar, y como cuestión previa al análisis de fondo del tema planteado por las recurrentes, señala que la acción de protección intentada en autos es claramente extemporánea.

En efecto, de conformidad a lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, numeral 1°, "El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legitimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos." Sobre el particular, la Excma. Corte Suprema fijó un plazo de carácter fatal, esto es, de aquellos que no permiten ampliación alguna y que, asimismo, obligan a ejecutar la actuación dentro del término fijado, para la interposición del recurso de protección.

Por su parte, el plazo que es de treinta días, no sólo es fetal, también es de días corridos, es decir, de aquellos que no se interrumpen en los días festivos o inhábiles.

En este caso particular, queda de manifiesto que las recurrentes persiguen que ordene la abstención de continuar con la ejecución de la obra vial por estimar que afecta los predios de su propiedad.

Sin embargo, el conocimiento que tenían de la intervención de su representada en el sector es a lo menos, desde el día 09.09.2015, en el marco - precisamente - de la ejecución de esta obra pública vial MEJORAMIENTO RUTA S-464 Y S-488 CAMINO ALMAGRO - BARROS ARANA, se celebró una reunión de participación ciudadana que tuvo lugar en el Centro de Salud Intercultural Boroa - Filulawen de la comuna de Nueva Imperial, instancia a la que asistieron autoridades regionales y comunales y en cuya acta - cuya copia se adjunta a este informe -aparece como asistente don nombre reservado, en representación de la Comunidad nombre reservado, recurrente de autos. En aquella oportunidad se dieron a conocer los detalles de la intervención que se haría para el mejoramiento de este camino público y los beneficios que ello traería aparejado a todos los habitantes de la zona.

Por lo anterior, queda de manifiesto que contado desde la fecha - 09.09.2015 - en que se realizó la reunión de participación ciudadana a la que asistió el representante de la Comunidad Indígena nombre reservado, el plazo de 30 días corridos para la interposición de esta acción de protección vencía irremediablemente el día 09.10.2015. No obstante, consta en autos que la presentación de esta acción constitucional fue ingresada a la con fecha 24.11.2015, según da cuenta el estampado correspondiente.

Por consiguiente, debe rechazar de plano por extemporáneo el recurso de protección intentado en contra de Ingeproc SpA.

2.- En cuanto al fondo del recurso, es necesario determinar cuál es el acto u omisión, que sirve de sustento jurídico a la impetración del recurso de protección deducido en autos.

En este sentido del recurso de protección de autos se puede apreciar que respecto de Ingeproc SpA, el reproche de los recurrentes consiste en el accionar desplegado por la empresa ejecutando la obra, puesto que, sostienen que habría ingresado a inmuebles que corresponderían a propiedad indígena protegida, todo lo cual no se ajusta a la realidad de lo sucedido en terreno.

2.1.- La Dirección Regional de Vialidad de la Araucanía adjudicó mediante Resolución DV DÍR N°032 de fecha 17 de junio de 2015, la ejecución del contrato de obra pública denominado "MEJORAMIENTO RUTA S-464 Y S-488, CAMINO ALMAGRO BARROS ARANA, DM 0,0000-DM 28834, COMUNAS DE NUEVA IMPERIAL Y TEODORO SCHMIDT, nombre reservado REGIÓN DE LA ARAUCANÍA" a su representada INGEPROC SpA, La obra en cuestión implica el mejoramiento de un camino público, con una longitud total del proyecto de 28,834 kilómetros. Técnicamente se trata de un pavimento básico intermedio el cual consiste en la colocación de una capa asfáltica, en consideración a su alta transitabilidad. Se corrigen por medio de la obra aspectos tales como el ancho de faja, y el diseño del camino, logrando con ello finalmente un trazado longitudinal estandarizado que viene en mejorar aspectos claves para la comunidad tales como; condiciones de visibilidad y seguridad en el adelantamiento, en el sector escuela se proyecto una mejor demarcación y señalización; por último el contrato contempla a su vez la reposición del Puente Huilio, el cual se adecuara a los altos estándares de obras viales.

Esta obra fue un requerimiento expreso de la Comunidad como consta de carta de fecha 03.04.2013 dirigida por don nombre reservado - Presidente de la Asociación Territorial Boroa Filulawen a la que pertenece la Comunidad Indígena nombre reservado - al Intendente Regional de la época, y además, se entregaron por parte de los propietarios de todos los lotes afectados con expropiaciones autorizaciones de ingreso.

Al día de hoy, respecto a los lotes de los recurrentes de autos, solo se ha realizado una limpieza de la faja fiscal, la cual consiste en limpieza de malezas y corte de las mismas. No existiendo mayor intervención que lo expuesto.

2.2.- Conforme lo dispone el artículo 24 del Decreto con Fuerza de Ley N° 850, de 1998, del Ministerio de Obras Públicas "Son caminos públicos las vías de comunicación terrestres destinadas al libre tránsito, situadas Juera de los límites urbanos de una población y cuyas fajas son bienes nacionales de uso público. Se considerarán, también, caminos públicos, para los efectos de esta ley, las calles o avenidas que unan caminos públicos, declaradas como tales por decreto supremo, y ¡as vías señaladas como caminos públicos en los planos oficiales de los terrenos transferidos por el Estado a particulares, incluidos los concedidos a indígenas".

Por su parte, la Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, su artículo 26 establece la presunción de camino publico señalando que "Todo camino que esté o hubiere estado en uso público se presumirá público en todo el ancho que tenga o haya tenido y la Dirección de Vialidad ordenará y hará cumplir su reapertura o ensanche, en caso de haber sido cerrado o modificado, cualquiera que sea el tiempo durante el cual el camino haya permanecido total o parcialmente sustraído al uso público". Señalando finalmente que "Esta disposición no excluye el derecho del particular para reclamar judicialmente su dominio".

A mayor abundamiento este camino habría adquirido tal calidad incluso por presunción, según lo establece el artículo 26 del Decreto con Fuerza de Ley Na 850, de 1998, del Ministerio de Obras Públicas, por cuanto ha estado entregado al uso público en razón de lo cual, entonces, los actos ejecutados se han amparado en la legislación vigente.

2.3.- Las obras del contrato de "MEJORAMIENTO RUTA S-464 Y S-488, CAMINO ALMAGRO BARROS ARANA, DM 0,0000- DM 28834, COMUNAS DE NUEVA IMPERIAL Y TEODORO SCHMIDT, nombre reservado REGIÓN DE LA ARAUCANIA", como bien se expuso precedentemente, tiene por objeto como lo señala su individualización el mejoramiento de la vía de conectividad existente, siendo a su vez de relevancia el indicar que el proyecto tiene orígenes de larga data y nace alrededor del año 2013, en el marco de los compromisos establecidos entre el Gobierno de Chile y el Territorio de Boroa, reunión en la cual se contó con la presencia del Sr. Intendente, los Sres nombre reservado de Obras Publicas y Hacienda, se solicito incorporar proyecto caracterizaciones de su territorio al proyecto "Mejoramiento Ruta S-52, Almagro- Barros Arana".

A su vez es menester indicar; que los lotes de terreno de propiedad de los recurrentes de autos son los individualizados como Lotes N°75 al 86, respecto de los cuales, no se ha realizado intervención alguna, solo en la faja fiscal, porque no se tiene contemplado realizar expropiaciones en estos lotes.

2.4.- En cuanto a lo que respecta a la aplicación de las normas del Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado el 27 de junio de 1989 por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo y promulgado por el Estado de Chile mediante Decreto Supremo N° 236, de 2008, del Ministerio de Relaciones Exteriores, la recurrente señala se ha infringido el articulo 6 letra a) de dicho Convenio, el cual establece que "al aplicar las disposiciones del Convenio, los gobiernos deberán: a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente''.

En concreto para mi representada no existe ni es posible causar afectación de ninguna especie en una obra de mejoramiento vial en ejecución, precisamente, a requerimiento de la propia comunidad.

Sobre este punto, la consulta a los pueblos indígenas, en este caso el pueblo Araucano, se debe tener presente, que por ser una obra de Mejoramiento, ejecutada en consideración a los miembros de la Comunidad Indígena, no existe afectación material, por cuanto es el cumplimiento de un requerimiento.

Analizados los antecedentes anteriormente descritos nuestro mandante Dirección Regional de Vialidad de la Región de la Araucanía estimó que no concurrían los requisitos que señala los artículos 7 y 13 del Decreto Supremo N° 66 de 2013, del Ministerio de Desarrollo Social que aprueba el Reglamento que regula el Procedimiento de Consulta Indígena en virtud del artículo 6 N° 1 letra a) del Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, por las siguientes razones:

2.4.1.- El artículo 13 del Decreto Supremo N° 66 de 2013, del Ministerio de Desarrollo Social, al referirse a la procedencia de la consulta a los pueblos indígenas, señala en lo pertinente que "El proceso de consulta se realizará de oficio cada vez que el árgano responsable, en este caso la Dirección Regional de la Araucania, prevea la adopción de una medida susceptible de afectar directamente a ¡os pueblos indígenas en los términos del artículo 7 de este Reglamento, el cual señala que deberá consultarse a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles directamente. No existe afectación en el cumplimiento de un requerimiento manifestado por la Comunidad Indígena, involucrada.

2.4.2.- Por su parte el artículo 7 dicho Reglamento señala lo que entiende por medida administrativa señalando que "son medidas administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas aquellos actos formales dictados por los órganos que formen parte de la Administración del Estado y que contienen una declaración de voluntad, cuya propia naturaleza no reglada permita a dichos órganos el ejercicio de un margen de discrecionalidad que los habilite para llegar a acuerdos u obtener el consentimiento de los pueblos indígenas en su adopción y cuando tales medidas sean causa directa de un impacto significativo y especifico sobre ¡os pueblos indígenas en su calidad de tales, afectando el ejercicio de sus tradiciones y costumbres ancestrales, prácticas religiosas, culturales o espirituales, o la relación con sus tierras indígenas".

2.4.3.- Agrega el artículo 7 del Decreto Supremo en análisis en su inciso final que: Las medidas administrativas que no producen una afectación directa respecto de ¡os pueblos indígenas, no estarán sujetas a consulta.

2.4.4.- Analizada la norma citada anteriormente, esto es, artículos 7 y 13 del D. S. N° 66 de 2013 del Ministerio de Desarrollo Social, y la naturaleza jurídica del contrato de mejoramiento se puede concluir que no se cumplen los requisitos ya señalados y exigidos, tanto en el procedimiento que se debe llevar en caso de que se afecte de manera directa a los pueblos indígenas ya que el contrato tienen por objeto el mejoramiento del camino público, por lo tanto no causa un impacto específico y significativo sobre la comunidad en su calidad de pueblo indígena, específicamente el pueblo araucano, sin afectar sus tradiciones y costumbres ancestrales, prácticas religiosas, culturales o espirituales.

Por lo tanto, de acuerdo a las razones anteriormente expuestas, la Dirección Regional de Vialidad de la Región de la Araucanía, no determinó, durante el proceso administrativo que involucra !a adjudicación de un contrato de obra pública, ni aún lo advierte, que las obras ya tantas veces mencionadas pudieran haber producido o producen una afectación directa, en términos tales que la ejecución de estas obras de mejoramiento del camino, sean ¡a causa directa de un impacto significativo y específico sobre ¡a señalada comunidad en su calidad de tal, afectando el ejercicio de sus tradiciones y costumbres ancestrales, prácticas religiosas, culturales o espirituales, o la relación con sus tierras indígenas.

2.4.5.- Como ya se señaló este camino público existe hace larga data, habiendo adquirido, en todo caso la calidad de tal por presunción, según lo establece el artículo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N2 850, de 1998, del Ministerio de Obras Públicas, por cuanto ha estado entregado al uso público y las obras proyectadas y comprendidas en este contrato de mejoramiento, como se ha señalado, sólo tienen por finalidad mejorarlo en condiciones de transitabilidad y conexión adecuadas a los requerimientos de la misma comunidad.

A mayor abundamiento, el Reglamento que regula el Procedimiento de Consulta a los Pueblos Indígenas, en su artículo 13 inciso 2 establece que; "cualquier persona interesada, natural o jurídica, o instituciones representativas podrán solicitar fundadamente al órgano responsable de la medida, la realización de un proceso de consulta. Se entenderá por solicitud fundada aquellas peticiones que indiquen a lo menos ¡os hechos y razones que la sustentan".

Por lo mismo, la normativa vigente provee a las recurrentes de la herramienta jurídica necesaria para solicitar ante la autoridad competente, la aplicación del trámite de consulta, si en su concepto ella es procedente, no siendo la acción de protección el instrumento adecuado para ello, ni habiéndose presentado hasta el momento, ante esta autoridad administrativa, ningún requerimiento en tal sentido por miembro alguno de la comunidad.

Es por ello que a juicio de mi representada, la mandante de la obra, Dirección Regional de Vialidad de la Araucanía, en el ejercicio de su función pública y en el cumplimiento de su misión institucional, consistente en este aspecto, en el mejoramiento de la conectividad entre las distintas comunas y localidades de esta Región, y a petición de las personas que diariamente utilizan el camino publico Almagro-Barros Arana, es que se realizaron los diferentes actos administrativos tendientes a ia ejecución de obras viales en caminos que lo requerían urgentemente y, por lo mismo, no ha infringido el aludido el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, por cuanto aquella autoridad sostiene, como se ha dicho, que en la adjudicación y ejecución de esta obra pública de conservación, que invoca como fundamento de su recurso la recurrente, no concurren los supuestos que contempla la legislación nacional para realizar el trámite de la consulta indígena.

2.5.- Que por otra parte, como se manifestó anteriormente mi representada no ha ingresado a los lotes N° 75 a N° 86 de la Comunidad Indígena.

En efecto, con fecha 02.01.2015 INGEPROC SpA tomó contacto con don nombre reservado, actual dirigente de la Comunidad Indígena nombre reservado, quien verbalmente autorizó a nuestra empresa para que realizara la demarcación de los lotes a expropiar, todo ello con la finalidad que los interesados tuvieran conocimiento de la real superficie que sería afectada con ocasión de los trabajos que demanda la obra de mejoramiento vial contratada.

Sin embargo y no obstante la autorización, para que la empresa demarcara se mantuvo a la espera - como corresponde legalmente y de acuerdo a las Bases de Licitación de la Obra Pública - a las instrucciones que emanaran del Inspector Fiscal para proceder o no a los inicios de los trabajos, quedando manifiestamente constatado el no ingreso de la empresa a través de la Carta N° 065 de fecha 09.11.2015 en que el profesional residente de la obra comunica al Inspector Fiscal la prohibición de ingreso a los Lotes N° 75 a N° 86 pertenecientes a la Comunidad Indígena nombre reservado, documento que se acompaña con este informe.

2.6.- Que, todo lo expuesto permite concluir que, la actuación de su representada en este caso, se encuentra ajustada a derecho.

Por tanto, solicita rechazar en todas sus partes el recurso deducido por carecer de todo fundamento tanto en los hechos como en el derecho.

A fojas 35, comparece nombre reservado, Ingeniero Civil, Director Regional de Vialidad Región de la Araucanía, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, y evacua informe, solicitando desde ya su total rechazo, con expresa condenación en costas, en virtud de los siguientes antecedentes de hecho y derecho:

I- ANTECEDENTES DE PARA RECHAZAR EL RECURSO:

Que de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 18 del Decreto con Fuerza de Ley N° 850, de 1998, del Ministerio de Obras Públicas, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N°S 15.840, y del D.F.L. N° 206 de 1996, corresponderá a la Dirección de Vialidad, en este caso a la Dirección Regional de Vialidad de la Región de la Araucanía, la realización del estudio, proyección, construcción, mejoramiento, defensa, reparación, conservación y señalización de los caminos, puentes rurales y sus obras complementarias que se ejecuten con fondos fiscales o con aporte del Estado y que no correspondan a otros Servicios de la Dirección General de Obras Públicas.

La Dirección Regional de Vialidad de la Región de la Araucanía adjudicó mediante Resolución DV IXR N° 032 de fecha 17 de junio de 2015, la ejecución del contrato de obra pública denominado "MEJORAMIENTO RUTA S-464 Y S-488, CAPONO AUMAGRO BARROS ARANA, DM 0,0000- DM 28834, COMUNAS DE NUEVA IMPERIAL Y TEODORO SCHMIDT, nombre reservado REGIÓN DE LA ARAUCANÍA" Señala que la obra en comento involucra el mejoramiento de un camino público, con una longitud total del proyecto de 28,834 kilómetros. Se trata de un pavimento básico intermedio el cual consiste en la colocación de una capa asfáltica, en consideración a su alta transitabilidad. Se corrigen por medio de la obra aspectos tales como el ancho de faja, y el diseño del camino, logrando con ello finalmente un trazado longitudinal estandarizado que viene en mejorar aspectos claves para la comunidad tales como; condiciones de visibilidad y seguridad en el adelantamiento, en el sector escuela se proyecto una mejor demarcación y señalización; por último el contrato contempla a su vez la reposición del Puente Huilio, el cual se adecuara a los altos estándares de obras viales.

Se debe enfatizar que la obra en comento, fue un requerimiento expreso de la comunidad como consta en antecedentes que se acompañan a esta presentación, se entregaron por parte de los propietarios de todos los lotes afectados con expropiaciones autorizaciones de ingreso. Al día de hoy, respecto a los lotes de los recurrentes de autos, solo se ha realizado una limpieza de la faja fiscal, la cual consiste en limpieza de malezas y corte de las mismas, no existiendo mayor intervención que lo expuesto.

La ejecución de obras en un camino público, como se expondrá más adelante, constituye una atribución y obligación de la Administración del Estado, la que en este caso, se ha ejercido dentro de la ley y en el ámbito de las competencias que posee la Dirección Regional de Vialidad de la Región de la Araucanía y por ende no procede en caso alguno, ser calificado de arbitrario e ilegal, como se pasa a explicar.

II.- INEXISTENCIA DE ILEGALIDAD O ARBITRARIEDAD EN PROCEDER DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD, DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA:

El recurso de protección ha sido concebido por el constituyente como un medio de impugnación jurisdiccional de rango constitucional que permite poner pronto remedio a situaciones de hecho que amaguen o constituyan una infracción a derechos de rango constitucional, por lo que desde sus orígenes, constituye un paliativo de emergencia para remediar situaciones de hecho que resulten palmarias e indiscutiblemente arbitrarias o ilegales.

1.- CALIDAD JURÍDICA DE CAMINO PÚBLICO DEL "MEJORAMIENTO RUTA S-464 Y S-488, CAMINO ALMAGRO BARROS ARANA, DM 0,0000- DM 28834, COMUNAS DE NUEVA IMPERIAL Y TEODORO SCHMIDT, nombre reservado REGIÓN DE LA ARAUCANÍA" Conforme lo dispone el artículo 24 del Decreto con Fuerza de Ley N° 850, de 1998, del Ministerio de Obras Públicas "Son camino públicos las vías de comunicación terrestres destinadas al Ubre tránsito, situadas fuera de los límites urbanos de una población y cuyas fajas son bienes nacionales de uso público. Se considerarán, también, caminos públicos, para los efectos de esta ley, las calles o avenidas que unan caminos públicos, declaradas como tales por decreto supremo, y las vías señaladas como caminos públicos en los planos oficiales de los terrenos transferidos por el Estado a particulares, incluidos los concedidos a indígenas".

La Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, su artículo 26 establece la presunción de camino publico señalando que "Todo camino que esté o hubiere estado en uso público se presumirá público en todo el ancho que tenga o haya tenido y la Dirección de vialidad ordenará y hará cumplir su reapertura o ensanche, en caso de haber sido cerrado o modificado, cualquiera que sea el tiempo durante el cual el camino haya permanecido total o parcialmente sustraído al uso público". Señalando finalmente que "Esta disposición no excluye ei derecho del particular para reclamar Judicialmente su dominio".

A mayor abundamiento este camino habría adquirido tal calidad incluso por presunción, según lo establece el artículo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N° 850, de 1998, del Ministerio de Obras Públicas, por cuanto ha estado entregado al uso público en razón de lo cual, entonces, los actos ejecutados por la Dirección Regional de Vialidad se han amparado en la legislación vigente.

2.- IMPROCEDENCIA DE LA CONSULTA INDÍGENA EN VIRTUD DEL CONVENIO N° 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO:

Las obras del contrato de MEJORAMIENTO RUTA S-464 Y S-488, CAMINO ALMAGRO BARROS ARANA, DM 0,0000- DM 28834, COMUNAS DE NUEVA OMPERIAL Y TEODORO SCHMIDT, nombre reservado REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.

Como bien se expuso precedentemente, tiene por objeto como lo señala su individualización el mejoramiento de la vía de conectividad existente, siendo a su vez de relevancia el indicar que el proyecto tiene orígenes de larga data y nace alrededor del año 2013, en el marco de los compromisos establecidos entre el Gobierno de Chile y el Territorio de Boroa, reunión en la cual se contó con la presencia del Sr. Intendente, los Señores nombre reservado de Obras Publicas y Hacienda, se solicito incorporar proyecto caracterizaciones de su territorio al proyecto "Mejoramiento Ruta S-52, Almagro- Barros Arana".

A su vez es menester indicar; que los lotes de terreno de propiedad de los recurrentes de autos son los Individualizados como Lotes N°75 al 86, respecto de los cuales, no se ha realizado intervención alguna, solo en la faja fiscal, porque no se tiene contemplado realizar expropiaciones en estos lotes.

En lo que respecta a la aplicación de las normas del Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado el 27 de junio de 1989 por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo y promulgado por el Estado de Chile mediante Decreto Supremo N° 236, de 2008, del Ministerio de Relaciones Exteriores, la recurrente señala se ha infringido el artículo 6 letra a) de dicho Convenio, el cual establece que "al aplicar las disposiciones del Convenio, los gobiernos deberán: a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus Instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente". En este punto señala que no existe ni es posible causar afectación en una obra de mejoramiento ejecutada a requerimiento de la comunidad.

Sobre este punto, la consulta a los pueblos indígenas, en este caso el pueblo araucano, se debe tener presente que por ser una obra de Mejoramiento, ejecutada en consideración a los miembros de la Comunidad Indígena, no existe afectación material, por cuanto es el cumplimiento de un requerimiento.

Analizados los antecedentes anteriormente descritos la Dirección Regional de Vialidad de la Región de la Araucanía estimó que no concurrían los requisitos que señala los artículos 7 y 13 del Decreto Supremo N° 66 de 2013, del Ministerio de Desarrollo Social que aprueba el Reglamento que regula el Procedimiento de Consulta Indígena en virtud del artículo 6 N° 1 letra a) del Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, por las siguientes razones:

a.- El artículo 13 del Decreto Supremo N° 66 de 2013, del Ministerio de Desarrollo Social, al referirse a la procedencia de la consulta a los pueblos indígenas, señala en lo pertinente que "El proceso de consulta se realizará de oficio cada vez que el órgano responsable, en este caso la Dirección Regional de la Araucanía prevea la adopción de una medida susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas en los términos del artículo 7 de este Reglamento, el cual señala que deberá consultarse a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles directamente. No existe afectación en el cumplimiento de un requerimiento manifestado por la Comunidad Indígena, involucrada.

b.- Por su parte el artículo 7 dicho Reglamento señala lo que entiende por medida administrativa señalando que "son medidas administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas aquellos actos formales dictados por los órganos que formen parte de la Administración del Estado y que contienen una declaración de voluntad, cuya propia naturaleza no reglada permita a dichos órganos el ejercicio de un margen de discrecionalidad que los habilite para llegar a acuerdos u obtener el consentimiento de los pueblos indígenas en su adopción y cuando tales medidas sean causa directa de un impacto significativo y específico sobre los pueblos indígenas en su calidad de tales, afectando el ejercicio de sus tradiciones y costumbres ancestrales, prácticas religiosas, culturales o espirituales, o la relación con sus tierras indígenas".

Agrega el artículo 7 del Decreto Supremo en análisis en su inciso final que las medidas administrativas que no producen una afectación directa respecto de los pueblos indígenas, no estarán sujetas a consunta.

Analizada la norma citada anteriormente, esto es los artículos 7 y 13 del Decreto Supremo N° 66 de 2013 del Ministerio de Desarrollo Social, y la naturaleza jurídica del contrato de mejoramiento se puede concluir que no se cumplen los requisitos ya señalados y exigidos tanto en el procedimiento que se debe llevar en caso de que se afecte de manera directa a los pueblos indígenas ya que el contrato tienen por objeto el mejoramiento del camino público, por lo tanto no causa un impacto específico y significativo sobre la comunidad en su calidad de pueblo indígena, específicamente el pueblo araucano, sin afectar sus tradiciones y costumbres ancestrales, prácticas religiosas, culturales o espirituales.

Por lo tanto, de acuerdo a las razones anteriormente expuestas, la Dirección Regional de Vialidad de la Región de la Araucanía, no determinó, durante el proceso administrativo que involucra la adjudicación de un contrato de obra pública, ni aún lo advierte, que las obras ya tantas veces mencionadas pudieran haber producido o producen una afectación directa, en términos tales que la ejecución de estas obras de mejoramiento del camino, sean la causa directa de un impacto significativo y específico sobre la señalada comunidad en su calidad de tal, afectando el ejercicio de sus tradiciones y costumbres ancestrales, prácticas religiosas, culturales o espirituales, o la relación con sus tierras indígenas.

Como ya se señaló este camino público existe hace larga data, habiendo adquirido, en todo caso la calidad de Hall por presunción, según lo establece el artículo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N° 850, de 1998, del Ministerio de Obras Públicas, por cuanto ha estado entregado al uso público y las obras proyectadas y comprendidas en este contrato de mejoramiento, como se ha señalado, sólo tienen por finalidad mejorarlo en condiciones de transitabilidad y conexión adecuadas a los requerimientos de la misma comunidad.

A mayor abundamiento, el Reglamento que regula el Procedimiento de Consulta a los Pueblos Indígenas, en su artículo 13 inciso 2 establece que "cualquier persona interesada, natural o jurídica, o instituciones representativas podrán solicitar fundadamente al órgano responsable de la medida, la realización de un proceso de consulta. Se entenderá por solicitud fundada aquellas peticiones que indiquen a lo menos los hechos y razones que la sustentan".

Por tanto la normativa vigente provee a la recurrente, de la herramienta jurídica necesaria para solicitar ante la autoridad competente, la aplicación del trámite de consulta, si en su concepto ella es procedente. NO SIENDO LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN EL INSTRUMENTO ADECUADO PARA ELLO, ni habiéndose presentado hasta el momento, ante esta autoridad administrativa, ningún requerimiento en tal sentido por miembro alguno de la comunidad.

Por tanto la Dirección Regional de Vialidad de la Región de la Araucanía, en el ejercicio de su función pública y en el cumplimiento de su misión institucional, consistente en este aspecto, en el mejoramiento de la conectividad entre las distintas comunas y localidades de esta Región, y a petición de las personas que diariamente utilizan el camino Publico Almagro-Barros, es que se realizaron los diferentes actos administrativos tendientes a la ejecución de obras viales en caminos que lo requerían urgentemente.

En ejercicio de estas facultades, esta Dirección de Vialidad no ha desconocido ni infringido el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, por cuanto esta autoridad sostiene, como se ha dicho, que en la adjudicación y ejecución de esta obra pública de conservación, que invoca como fundamento de su recurso la recurrente, no concurren Dos supuestos que contempla la Degustación nacional paira realizar el trámite de Da consunta indígena.

III.- INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES:

Sin perjuicio de lo señalado en relación a la improcedencia del recurso de protección en el caso de autos, por no existir ni haber existido, acto alguno, que se pueda ante todo lo señalado, imputar como alejado de la razón y la prudencia, este es arbitrario, y más aún contrario a la ley e ilegal, tampoco ha existido de parte de esta Dirección Regional de Vialidad acto u omisión, que haya vulnerado de modo alguno los derechos fundamentales que señala la recurrente.

Artículo 19 N° 24 de te Constitución Política de la República: Derecho a la Propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e Incorporales.

Finalmente y en relación a la infracción de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, se reitera y asevera que en la ejecución de esta obra de mejoramiento, no se han afectado inmuebles de propiedad de particulares, y mucho menos de la recurrente. Por cuanto como ya se expuesto en esta presentación de manera reiterada, la obra de mejoramiento es una respuesta por parte del Ministerio de Obras Publicas a través de la Dirección de Vialidad Región de la Araucanía a un requerimiento expreso de la comunidad. Se otorgaron además las debidas autorizaciones de ingreso a terreno, en los Dotes afectados y a la fecha no se ha realizado gestión alguna, más que una somera limpieza de la faja fiscal, dentro del ámbito del contrato.

Esta acción cautelar de protección, carece de eficacia, "nada hay que declarar, ni nada que restablecer". Como se ha relatado, en el caso de autos, no existe ni ha existido perturbación o amenaza de ninguna garantía constitucional de la recurrente v en este sentido, ésta Dirección Regional de Vialidad es categórica y enfática en señalar que por lo expuesto, no existe interés actual y legítimo, que permita acoger la acción constitucional interpuesta.

Por tanto, solicita rechazar el recurso de protección deducido en autos, por improcedente e infundado, con expresa condenación en costas.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- Que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

2.- Que, consecuencia de lo anterior, es requisito de su esencia la existencia de un acto u omisión ilegal, o sea, contrario a la ley en su acepción del referido en el artículo 1º del Código Civil; o arbitrario, es decir, aquello que es producto del mero capricho de quién incurre en él. Dichos actos deben provocar algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

3.- En primer lugar, se debe resolver la petición de extemporaneidad planteada por la recurrida Ingeproc SpA sustentada en que desde la fecha - 09.09.2015 - en que se realizó la reunión de participación ciudadana a la que asistió el representante de la Comunidad Indígena nombre reservado, el plazo de 30 días corridos para la interposición de esta acción de protección vencía irremediablemente el día 09.10.2015. No obstante, consta en autos que la presentación de esta acción constitucional fue ingresada a la con fecha 24.11.2015, según da cuenta el estampado correspondiente.

4.- Que, la alegación de extemporaneidad del recurso, solicitada por la recurrida, será desestimada ya que se estima que estando ante un acto de efectos continuos y permanentes, el derecho a recurrir no precluye mientras la acción ilegal y arbitraria continúe produciéndose.

5.- Que, la petición de los recurrentes, de carácter genérica, en la dice relación con paralizar la ejecución del contrato de obra pública denominado "MEJORAMIENTO RUTA S-464 Y S-488, CAMINO ALMAGRO BARROS ARANA, DM 0,0000-DM 28834, COMUNAS DE NUEVA IMPERIAL Y TEODORO SCHMIDT, nombre reservado REGIÓN DE LA ARAUCANÍA" adjudicada a INGEPROC SpA, por la Dirección Regional de Vialidad de la Araucanía mediante Resolución DV DÍR N°032 de fecha 17 de junio de 2015.

6.- Que, la obra implica como indicaron los recurridos, el mejoramiento de un camino público, con una longitud total del proyecto de 28,834 kilómetros. Técnicamente se trata de un pavimento básico intermedio el cual consiste en la colocación de una capa asfáltica, en consideración a su alta transitabilidad. Se corrigen por medio de la obra aspectos tales como el ancho de faja, y el diseño del camino, logrando con ello finalmente un trazado longitudinal estandarizado que viene en mejorar aspectos claves para la comunidad tales como; condiciones de visibilidad y seguridad en el adelantamiento, en el sector escuela se proyectó una mejor demarcación y señalización; por último el contrato contempla a su vez la reposición del Puente Huilio, el cual se adecuara a los altos estándares de obras viales.

7.- Que, el artículo 7 del DS. N° 66/2013 Ministerio de Desarrollo Social que aprueba reglamento que regula el procedimiento de consulta indígena en virtud del artículo 6 N° 1 letra a) y N° 2 del convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo señala que son medidas administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas aquellos actos formales dictados por los órganos que formen parte de la Administración del Estado y que contienen una declaración de voluntad, cuya propia naturaleza no reglada permita a dichos órganos el ejercicio de un margen de discrecionalidad que los habilite para llegar a acuerdos u obtener el consentimiento de los pueblos indígenas en su adopción, y cuando tales medidas sean causa directa de un impacto significativo y específico sobre los pueblos indígenas en su calidad de tales, afectando el ejercicio de sus tradiciones y costumbres ancestrales, prácticas religiosas, culturales o espirituales, o la relación con sus tierras indígenas. Las medidas dictadas en situaciones de excepción o emergencia, incluyendo terremotos, maremotos, inundaciones y otras catástrofes naturales, no requerirán consulta por su carácter de urgente. Los actos de mero trámite y las medidas de ejecución material o jurídica se entenderán comprendidas en la consulta del acto terminal o decisorio al que han servido de fundamento o que deban aplicar. Las Medidas administrativas que no producen una afectación directa respecto de los pueblos indígenas no estarán sujetas a consulta, como sucede con aquellos actos que no producen un efecto material o jurídico directo respecto de terceros, como ocurre con los dictámenes, actos de juicio, constancia o conocimiento, así como los actos que dicen relación con la actividad interna de la Administración, como los nombramientos de las autoridades y del personal, el ejercicio de la potestad jerárquica o las medidas de gestión presupuestaria.

8.- Que, analizada la norma citada anteriormente, se puede concluir que no se cumplen los requisitos legales, que hacen necesario la consulta previa, ya que el contrato y la ejecución del mismo tiene por objeto el mejoramiento de un camino público, calidad no discutida en autos, no generando una afectación directa respecto de los recurrentes en relación a sus tradiciones y costumbres ancestrales, prácticas religiosas, culturales o espirituales, o con sus tierras.

9.- Que, la Excma. Corte Suprema en un caso semejante resolvió atendido a que: “, no se ha probado ningún impacto concreto a la comunidad aledaña que pueda generar el proyecto. En consecuencia, no resulta procedente la consulta establecida en el artículo 69 del Convenio N9169, de la OIT, toda vez que esta norma dispone que procede respecto de los pueblos interesados tratándose de la adopción de medidas susceptibles de afectarles directamente (Corte Suprema Rol: 12.457-2013, de 16 de enero de 2014, Corte Suprema).

10.- Que, en consecuencia, encontrándose debidamente justificada tanto en los hechos cuanto en el derecho, la actuación de los recurridos, se excluye que hayan incurrido en arbitrariedad o ilegalidad en relación a los hechos planteados por las recurrentes Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las garantías constitucionales de la Excma. Corte Suprema, se declara: Sin lugar el recurso de protección deducido a fojas 10 de autos.

Regístrese, comuníquese y archívese, si no se apelare.

Redactada por el abogado integrante don Roberto Contreras Eddinger.

Protección-5042-2015. (fcv)

Sra. nombre reservado

Sr. nombre reservado

Sr. nombre reservado

nombre reservado por la Primera Sala Integrada por su Presidenta Ministra Sra. María Elena Llanos Morales, Ministro Sr. Alejandro Vera Quilodrán y Abogado Integrante Sr. Roberto Contreras Eddinger.

En Temuco, veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.