nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURDAD SOCIAL

C.A. de Temuco Temuco, cuatro de octubre de dos mil veinticuatro.

Vistos:

Comparece LUIS MENCARINI VOISIER, Abogado, en representación de doña nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien dice:

Que dentro del plazo y en la representación que invisto, interpongo recurso de protección contra la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, en adelante SUSESO, persona jurídica del giro de su denominación, representada por su Superintendenta doña nombre reservado, ignoro profesión u oficio, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región Metropolitana, o por quién lo subrogue o reemplace legalmente, en virtud de lo siguiente:

Por resolución exenta Nº R-01-UME-86442-2024 de fecha 31 de mayo de 2024, emitida por la SUSESO, se resolvió confirmar el rechazo de las licencias médicas N° RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 90 días, a contar del día 3 de octubre del año 2023, argumentando para ello que el reposo prescrito por las mencionadas licencias médicas no se encontraba justificado.

Esta conclusión se basó en que los antecedentes aportados no permitieron establecer la existencia de una incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado por 210 días por el mismo diagnóstico.

Como primera cuestión señalar que mi representada a la fecha de la primera licencia de las que son objeto de este recurso, llevaba varios meses con licencia médica que fueron siempre pagadas.

Dicho eso y frente al rechazo del pago del subsidio laboral mi representada recorrió el camino existente a objeto de obtener el cambio de la decisión, primero ante el COMPIN y luego ante la SUSESO, sin obtener resultado favorable.

Importante resulta señalar para los efectos de este recurso, que mi representada es atendida desde el mes de marzo de 2023 por el Médico Psiquiatra Dra. nombre reservado, que en el mes de marzo de 2022 nació su hijo de manera prematura (32 semanas), que conforme certificado médico requiere de atenciones y cuidados especiales sin poder concurrir a sala cuna o jardín hasta los 2 años (marzo de 2024) y que el padre y abuelo materno de mi representada fallecieron en el mes de agosto de 2023.

Todos los hechos anteriores la tuvieron y la tienen en una situación de salud mental muy delicada y que por cierto justifican el otorgamiento de las licencias por todo el tiempo ya referido, especialmente por los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023, los cuales fueron precisamente los meses posteriores a la muerte de su padre y abuelo materno, sumando a esto la carga que significa el cuidado de su hijo en condiciones mucho más exigentes que el de la normalidad de los padres.

Dicho lo anterior, la resolución atacada constituye a nuestro juicio un acto arbitrario e ilegal.

Arbitrario, por la sencilla razón que no se sustenta en ningún razonamiento que se pueda entender, limitándose a señalar que “hecho un estudio” se considera el reposo “injustificado”, lo cual transforma esta decisión en caprichosa.

Ilegal, porque no se sustenta en ninguna Ley, limitándose sólo a una referencia general.

Encontrándose justificada por los hechos antes indicados el otorgamiento de las licencias objeto de este recurso, la decisión de rechazarlas se transforma en un injusto, que sólo tuvo por objeto ubicar a mi representada en una situación imposible de resistir, sin ingreso (subsidio), debiendo ocuparse de su hijo y con la pena de la muerte de su padre y abuelo materno hacía 2 meses.

La decisión de rechazo carece de fundamento y sólo se limita a indicar que el reposo no se encuentra justificado y que no se logró acreditar la existencia de una incapacidad laboral posterior al tiempo ya autorizado. En otras palabras lo que la resolución utiliza como fundamento de su decisión es el tiempo anterior de licencias, lo cual obviamente no gusta, pero es un hecho o circunstancia que escapa de la voluntad o ánimo de mi representada, a quién aquejada de salud y en su peor momento (octubre de 2023) le comenzaron a privar del pago de sus licencias.

La decisión atacada lo fue prescindiendo del informe médico de fecha 4 de diciembre de 2023 emitido por la Médico tratante y con prescindencia del certificado de defunción del padre de mi representada y certificado médico emitido respecto a la situación de salud del hijo de mi representada.

El acto arbitrario e ilegal vulnera el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica y el derecho de propiedad de la recurrente, protegido en el numeral 1, 2, 3, 9 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, ya que el rechazo de las licencias médicas impactó severamente en su salud mental produciendo un deterioro de la misma al generar un problema más en su ya complicada situación y, por otro lado, menoscabando su patrimonio por impedirle acceder al subsidio por enfermedad al que tiene derecho.

Se ha vulnerado los siguientes derechos y garantías constitucionales de nuestra carta fundamental que le asisten a mi representada:

1.- Artículo 19 Nº 1 “El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”

2.- Artículo 19 N° 2 “Igualdad ante la Ley”

3.- Artículo 19 Nº 3 “La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos” que asegura a todas las personas igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos que señala en inciso quinto “toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado corresponderá al legislador establecer las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”.

4.- Artículo 19 Nº 9 “El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de salud y rehabilitación del individuo”.

5.- Artículo 19 Nº 24, que consagra “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental. Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de algunos de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales”.

Por lo anterior y constituyendo la resolución exenta ya referida un acto arbitrario e ilegal en los términos relatados, es que deberá acogerse el presente recurso.

Solicito tener por interpuesto recurso de protección contra la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, representada por su Superintendenta doña nombre reservado, ambos ya individualizados, someterlo a tramitación y, previo los trámites legales de rigor, acogerlo declarando que el acto de la recurrida importó un acto arbitrario e ilegal y una violación de las garantías constitucionales supra señaladas o en subsidio, de aquella otra que U. I. estime del caso concurrir de acuerdo a sus facultades conservadoras, ordenando a la recurrida o a aquel que US. I. determine, dejar sin efecto la resolución exenta Nº R-01-UME-86442-2024 de fecha 31 de mayo de 2024, adoptando las medidas que sean necesarias para que en definitiva, se ordene el pago, por quién corresponda, del subsidio por incapacidad laboral temporal derivado de las licencias médicas N° RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas en favor del recurrente, o bien, en la forma que US. I. estime, con cotas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Resolución exenta Nº R-01-UME-86442-2024 de fecha 31 de mayo de 2024 2.- Informe médico de fecha 4 de diciembre de 2023 emitido por la Médico Psiquiatra Dra. nombre reservado

3.- Certificado médico de fecha 27 de diciembre de 2023 emitido por el Médico Pediatra Neonatólogo Dr. nombre reservado

4.- Certificado de nacimiento del menor nombre reservado jaque nombre reservado, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

5.- Certificado de nacimiento de la recurrente, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

6.- Certificado de defunción de don nombre reservado, padre de la recurrente, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

7.- Certificado de nacimiento de la madre de la recurrente, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

8.- Certificado de defunción de don nombre reservado, abuelo materno de la recurrente, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

9.- Copia autorizada digital de escritura pública de mandato judicial, que acredita la representación en virtud de la cual comparezco en estas gestiones.

A folio 7, informa nombre reservado, en mi calidad de mandatario judicial del SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LA REGIÓN METROPOLITANA (SEREMI DE SALUD R.M.), y a su vez en representación de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ REGIÓN METROPOLITANA (COMPIN R.M), organismo dependiente de esta secretaria regional Ministerial de Salud, quien dice:

Que, en cumplimiento de lo ordenado por S.S. Iltma. vengo a informar sobre los hechos que motivan la presente Acción de Protección de autos solicitando desde ya su rechazo por cuanto como se demostrará no ha existido de esta Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez actuación ilegal o arbitraria que haya causado a la parte recurrente la vulneración de un derecho constitucional garantizado o siquiera su amenaza.

JUSTIFICACIÓN MÉDICO – ADMINISTRATIVA:

Que, la COMPIN R.M., resolvió ratificar la resolución de ISAPRE CRUZ BLANCA, respecto de las licencias médicas N°s de folio 4-160838264, 4-163814927 y 4-166927080.

Que, de la revisión de los antecedentes remitidos por el recurrente a esta Comisión, se ha estimado que el pronunciamiento de la ISAPRE es JUSTIFICADO, resolviendo ratificar la decisión de la ISAPRE CRUZ BLANCA, respecto de las Licencias Médicas precitadas, en el sentido de mantener el rechazo de la misma.

1.- Que, las licencias médicas N°s 4-160838264 y 4-163814927 fueron rechazadas en razón que el período de reposo laboral de la recurrente, no aportando ningún antecedente médico que la justificara.

Que, el mencionado reposo fue prolongado, por diagnóstico médico asociado a problemas de salud mental, seguido de enfermedad de hijo hasta cumplido un año.

Lo anterior, fue confirmado mediante resoluciones exentas Nºs 92-23-031243 y 92-23-033964.

2.- Que, la licencia médica N° 4-166927080 fue rechazada en razón que el reposo laboral de la recurrente no se encontraba justificado, no contando con antecedentes clínicos actualizados de severidad, tales como índice de escala de evaluación de actividad global, tratamiento y fecha de reintegro.

Que, el mencionado reposo fue prolongado, por diagnóstico médico asociado a problemas de salud mental, seguido de enfermedad de hijo hasta cumplido un año.

Lo anterior, fue confirmado mediante resolución exenta Nº 92-23-037542.

Que, cabe señalar a S.S.I. que el D.S. N° 3/1984, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por los Servicios de Salud e Instituciones de Salud Previsional, establece en su artículo 14 que es competencia privativa de la Unidad de Licencias Médicas de la COMPIN o de la ISAPRE, en su caso, el poder rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período solicitado; o cambiarlo de total a parcial y viceversa, dejándose constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida.

Que, junto a esto, informamos que, esta COMPIN es un organismo eminentemente técnico, y que se rige según lo establecido en el D. 7/2013, que “Aprueba el Reglamento sobre Guías Clínicas Referenciales Relativas a los Exámenes, Informes y Antecedentes que deberán Respaldar la Emisión de Licencias Médicas”. Dicho cuerpo legal, en su artículo N° 4 (que establece las guías clínicas referenciales relativas a exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas, en relación a los Grupos de Patologías que se señalan), y en particular, en su numeral II, se refiere a las Patologías Mentales, (tipo de patologías que padece justamente doña nombre reservado). A saber:

Por tanto, y tal como se puede desprender, las actuaciones realizadas por esta COMPIN R.M., al decidir si aprobar o rechazar una licencia médica se enmarcan en los parámetros objetivos que se han dispuesto por la Ley, y las Normativas vigentes. Todo esto, en la búsqueda de asegurar que el uso de las licencias médicas cumpla verdaderamente su finalidad terapéutica y de carácter transitorio mientras el trabajador recupera su salud para volver a ejercer sus funciones laborales.

Solicita se sirva tener por evacuado el informe requerido.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Copias de Resoluciones Exentas 92-23-031243, 92-23-033964 y 92-23-037542.

2.- Copia de Decreto N° 22 de fecha 18 de marzo de 2022 que acredita mi calidad de Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana.

3.- Copia de Mandato Judicial de fecha 10 de abril de 2024, repertorio N°448 del año 2024 que acredita la calidad de abogado de la institución, respecto del firmante.

A folio 10 informa MAXIMILIANO SILVA BAEZA, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de la ISAPRE CRUZ BLANCA S.A., Institución de Salud Previsional, con domicilio en domicilio reservado, quien dice:

Que por este acto en representación de Isapre Cruz Blanca S.A., vengo en evacuar informe requerido por S.S. ILTMA., según a continuación expongo, solicitando el rechazo del recurso de protección por improcedente, por no existir acto arbitrario o ilegal alguno.

I.- ANTECEDENTES GENERALES:

Recurre doña nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por la dictación de las Resolución Exenta N° Nº R-01-UME-86442-2024 de fecha 31 de mayo del 2024, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N° RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado.

II.- PROCEDIMIENTO DE LICENCIA MÉDICA.

Solicito que el recurso sea rechazado sobre la base de las siguientes consideraciones:

Tanto el DFL 1 del Ministerio de Salud, como el Reglamento DS N° 3 de Salud de 1984, prescriben normas atingentes al procedimiento de tramitación de licencia médica, y posterior pago de subsidio por incapacidad laboral.

El Reglamento DS N° 3 de Salud de 1984 en su artículo 5º define a la Licencia Médica como: “es un acto médico administrativo en el que intervienen el trabajador, el profesional que certifica, la Compin o ISAPRE competente, el empleador y la entidad previsional o la Caja de Compensación de Asignación Familiar, en su caso.” A su vez, el artículo 6 dispone que: “La licencia médica que prescribe reposo total confiere al trabajador el derecho a ausentarse de su trabajo durante el tiempo que ella misma determina.”

En tanto el Artículo 7º.‐ del citado reglamento establece que: “Corresponderá al profesional certificar, firmando el formulario respectivo...”

El Reglamento en su artículo 11 en su inciso 3º expresa: “La licencia autorizada por la Compin o que por el transcurso del plazo correspondiente debe tenerse por autorizada de acuerdo con el artículo 25…”, y en su inciso 4º agrega: “La licencia autorizada por una ISAPRE o que por el transcurso del plazo correspondiente, debe tenerse por autorizada debe tenerse por autorizada de acuerdo con el artículo 25…”

De este conjunto de normas someramente relatadas, puede concluirse, que la sola certificación médica, da derecho al trabajador para ausentarse del trabajo; en tanto, que para tener derecho al Subsidio por Incapacidad Laboral, es necesario que ella cuente con la autorización, en este caso de la Isapre, y en su defecto de la COMPIN respectiva.

De acuerdo a las normas pertinentes, en caso que una licencia médica sea rechazada por la Isapre, el trabajador tiene derecho a que se revise esa decisión técnica, existiendo para tales efectos, la procedencia de un reclamo ante la COMPIN, que resolverá en única instancia, previo informe de la Isapre.

De acuerdo a los antecedentes, la COMPIN resolverá acogiendo o rechazando el reclamo, estando las Isapres obligadas a cumplir con lo resuelto, toda vez que la Superintendencia de Salud, será el organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de lo resuelto por la COMPIN.

Por lo previsto en inciso del Artículo 3º de la Ley 20.585, la Isapre en caso de rechazo o modificación de la licencia presentada debe enviar los antecedentes a la COMPIN respectiva, a fin de que ésta, revise el criterio y los fundamentos de la decisión.

En efecto, la citada norma dispone: “En caso que la Institución de Salud Previsional determine la reducción o rechazo de una licencia médica, deberá remitir los antecedentes que fundamentan la decisión a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, quien podrá ratificar o denegar la modificación de la licencia médica.” Lo anterior quiere decir que, en caso de las Instituciones de Salud Previsional, se ha establecido un sistema de doble instancia, de modo que el proceso de resolución de una licencia médica modificada o rechazada no está totalmente terminado, sino hasta que la COMPIN respectiva haya revisado la decisión de la Isapre, confirmándola o revocándola.

Conforme a lo anterior, el Artículo 16° del Reglamento, dispone lo siguiente: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa.”

Por último, si la COMPIN no reconoce el derecho a subsidio por incapacidad del cotizante, podrá recurrir al superior jerárquico de este organismo, esta es, la Superintendencia de Seguridad social, ante la cual se presentará un nuevo reclamo, el cual no exige plazo para su interposición, ya que el límite lo impone el plazo de caducidad del subsidio de incapacidad laboral.

Como ya señalamos, de conformidad al artículo 4 del DFL Nº 4 de 1978 del Trabajo, que Fija Normas Comunes para los Subsidios por Incapacidad Laboral de los Trabajadores nombre reservado dispone: “Para tener derecho a los subsidios se requiere un mínimo de seis meses de afiliación y de tres meses de cotización dentro de los seis meses anteriores a la fecha inicial de la licencia médica correspondiente.” Lo que indica que, aunque la licencia médica se encuentre autorizada, si no se cumple con este requisito, no da derecho a subsidio.

III.- SE HAN APLICADO LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ACORDES, ASIMISMO, NO EXISTE UN DERECHO INDUBITADO Y LOS ANTECEDENTES DISPONIBLES NO JUSTIFICAN EL DERECHO RECLAMADO.

La recurrente presenta Licencias médicas continuas, por Salud mental, desde el 30/09/2022 hasta 31/12/2023, por trastorno ansioso depresivo, posteriores al término del permiso post natal y licencias por hijo menor de un año, otorgadas por médico especialista, por un periodo total de 300 días de reposo.

Actualmente, no adjunta información médica adicional, informe amplio y fundado que comente el compromiso funcional que le ocasiona, evolución del cuadro clínico y o acciones tendientes a su recuperación. No se cuenta con antecedentes de severidad, EEAG, plan de tratamiento ni fecha de reintegro, emitido por médico.

En ausencia de antecedentes psicopatológicos de gravedad, se considera que el reposo es suficiente para la resolución del cuadro clínico y reintegro laboral, pues no se logra justificar el rol terapéutico asociado al reposo que permita a los profesionales de esta Contraloría justificar sus prórrogas.

De acuerdo a lo comentado, sin informe médico, carente de fundamentos clínicos que determinen un cuadro de incapacidad temporal que origine el reposo prescrito en las licencias médicas N° RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado condujo a la Contraloría Médica de la Isapre Cruz Blanca a modificarlas, lo que fue ratificado por nombre reservado. A su vez, la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-86442-2024 5 de 31 / 05 / 2024 confirma el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, pues considera que el reposo, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado por 210 días por el mismo diagnóstico. Que, el informe médico adjunto no logra dar cuenta de elementos de severidad o compromiso funcional significativo durante el periodo de reposo reclamado. Que, asimismo, no se adjuntan certificados de intervenciones psicosociales acordes, las cuales podrían favorecer una buena evolución del cuadro descrito. Que, los elementos adjuntos no logran fundamentar los beneficios clínicos de la indicación de prolongación de reposo laboral, o mención de complicaciones que avalen extensión.; de acuerdo con el Decreto 7/2013 del Minsal, de guías clínicas para la fundamentación de las licencia médicas.

El reposo laboral transcurrido ya autorizado, corresponde a un periodo suficiente para la realización de ajustes con el fin de adecuar cualquier tratamiento, por lo tanto, a la fecha de las licencia reclamadas, estando lo resuelto por la Isapre, confirmado por sendas resoluciones de la Compin respectiva y de la Superintendencia de Seguridad Social, que se encuentran motivadas en los antecedentes referidos.

Solicita se sirva tener por evacuado el informe solicitado y, en mérito de lo expresado a lo largo de esta presentación, rechazar el recurso de protección de autos, primero por extemporáneo, y en subsidio por improcedente.

Acompaña a su presentación los siguientes antecedentes:

1. Licencias Médicas resueltas.

2. Resoluciones Exentas de la COMPIN.

3. RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-86442-2024.

4. Cartola con detalle histórico de licencias.

5. Cartola de prestaciones realizada 2023.

6. Detalle histórico de subsidios.

A folio 14 FRANCISCO ORTEGA BELLO, abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, quien dice:

Que, antes de informar respecto del fondo de la Acción de Protección que motiva el presente informe, vengo en solicitar a S.S.I, que se declare a la presente Acción de Protección como improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo N° 3/84, sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) y la Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el DFL N° 44/78, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

De tal forma, la materia respecto de la cual se esgrime la presente acción incide en un aspecto especifico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Magna, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20, y por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

Cabe reiterar que la acción de protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República.

Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a actos u omisiones arbitrarios o ilegales.

Tratándose en consecuencia de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible de protección, ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto como ya se explicó, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Solicita se declare la improcedencia del presente recurso, en atención a que su materia se encuentra relacionada con una garantía constitucional, que no se encuentra protegida por la acción interpuesta, con expresa condenación en costas.

EN SUBSIDIO DE LAS ALEGACIONES ANTERIORES, INFORMA EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO QUE MOTIVA LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AUTOS.

Respecto de la acción de autos, resulta necesario esclarecer cual es el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente Acción de Protección.

1.- El derecho a licencia médica. Marco legal regulador En nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad. Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, como ya se señaló, ella puede ser permanente o transitoria.

Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado LICENCIA MÉDICA, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.

En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que, unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.

En virtud del artículo 156 del mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Así, la licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “…Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez -Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud -Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”.

Es decir que, para hacer uso de una licencia médica es necesario que el trabajador se encuentre impedido de trabajar por razones de salud en forma temporal, existiendo la posibilidad real y cierta de que recuperará la capacidad de trabajo y quedará en condiciones de reincorporarse a la vida laboral.

Para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS).

Cabe agregar que, conforme a lo indicado en el artículo 1° del citado D.S N° 3 de 1980 del Ministerio de Salud, lo esencial para la autorización de las licencias médicas es la posibilidad real y cierta de que el trabajador recupere la capacidad de trabajo y quede en condiciones de reincorporarse a la vida laboral, sea que la incapacidad laboral temporal haya sido por un cuadro aislado incluso que sea una patología crónica e irrecuperable, ya que hay algunas situaciones en que se puede autorizar licencias médicas extendidas por diagnósticos crónicos e irrecuperables que no van a desaparecer totalmente con el uso de licencias médica, siempre que después de un período de reposo vaya a producirse la reincorporación laboral del trabajador con su capacidad residual de trabajo.

2.- Justificaciones Médico-Administrativas Como consta en el expediente de autos, la Sra. nombre reservado reclamó ante esta Superintendencia, mediante presentación de fecha 29 de febrero de 2024 apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región de la Araucanía, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 90 días, a contar del 03 de octubre de 2023, emanado de la ISAPRE CRUZ BLANCA S.A., por reposo no justificado.

En razón de lo anterior, esta Superintendencia, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas reclamadas no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado por 210 días por el mismo diagnóstico. Que, el informe médico adjunto no logra dar cuenta de elementos de severidad o compromiso funcional significativo durante el periodo de reposo reclamado. Que, asimismo, no se adjuntan certificados de intervenciones psicosociales acordes, las cuales podrían favorecer una buena evolución del cuadro descrito. Que, los elementos adjuntos no logran fundamentar los beneficios clínicos de la indicación de prolongación de reposo laboral. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-UME-86442-2024, de 31 de mayo de 2024.

Por su parte, los facultativos de esta Superintendencia, consistente con lo señalado informaron lo siguiente en la Ficha Médica del expediente administrativo: “Fundamentos de la resolución: Ocupación: Ejecutiva de ventas. Diagnóstico TRASTORNO ANSIOSO DEPRESIVO Reposo indicado por médico psiquiatra. LMs reclamadas por 90 días, Reposo previo autorizado por 210 días (+ Pre y post natal + reposo por prematurez extrema) Decisión: No acojo Fundamentos: Si bien se describen condiciones psicosociales relacionadas al rol de cuidado de familiares vulnerables y duelo, el tratamiento descrito impresiona insuficiente: no se adjuntan certificados de intervenciones psicosociales.”

A mayor abundamiento, la resolución impugnada señala los antecedentes que sirvieron de base para la decisión adoptada “…el informe médico adjunto no logra dar cuenta de elementos de severidad o compromiso funcional significativo durante el periodo de reposo reclamado. Que, asimismo, no se adjuntan certificados de intervenciones psicosociales acordes, las cuales podrían favorecer una buena evolución del cuadro descrito…”.

Ahora Bien, la Sra. nombre reservado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, sobre Bases del Procedimiento Administrativo, pudo interponer Recurso de Reposición ante esta Superintendencia, acompañando los antecedentes necesarios para la justificación del reposo reclamado, situación que no ocurrió.

Con ello, analizados los antecedentes disponibles, en ese momento, los profesionales médicos de esta Superintendencia no lograron formarse convicción respecto de la procedencia de la justificación del reposo prescrito en las licencias médicas reclamadas, más allá del periodo de reposo ya autorizado.

En consecuencia, lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de rechazar las licencias médicas de la recurrente, se encuentra médico-administrativamente justificada, según lo indicado precedentemente, debido a que los antecedentes médicos tenidos a la vista, no permiten justificar el reposo prescrito y el rol terapéutico que este debe cumplir.

3.- Facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia.

Así entonces, y como se desprende de la relación que se ha realizado en este escrito, la actuación de esta Superintendencia, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

En efecto, como SS. Iltma., muy bien conoce, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

A su vez, el artículo 3º de la Ley N° 16.395, que regula su funcionamiento orgánico, dispone que “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”. El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

En este mismo sentido, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”.

Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la señalada Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone que a mi representada le corresponderá: “Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes.”

En seguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley Nº 20.691, dispone que corresponde a mi defendida: “Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”.

Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, mi representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA), descartando, en los hechos, cualquier actuación de carácter ilegal o arbitrario por parte de la Superintendencia de Seguridad Social.

4.- Ausencia de ilegalidad y arbitrariedad.

Sin perjuicio de lo ya señalado, cabe hacer presente a SS. Iltma., que como ya se adelantó al comienzo de este informe, la pretensión de la recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento legal de acuerdo con los antecedentes y preceptos legales que se han expuesto, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. En el caso de la recurrente claramente su derecho a licencia médica y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de esta Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.

5.- Ausencia de derechos vulnerados Por último, cabe hacer presente a US. Ilustrísima que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, mi representada se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica y salud, garantizado a todas las personas en los numerales 1° y 9º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, simplemente cabe preguntarse cómo podría mi representada haber atentado contra dichas garantías, como la vida, integridad física o psíquica y la protección de la salud, por cuanto, en su actuar, la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido. En efecto, mi representada, de modo alguno, ha causado las afecciones que supuestamente padece la recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, es incuestionable que la Sra. nombre reservado siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante y que pudo realizar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido, de manera alguna el acceso de la recurrente a la salud. La única intervención de la Superintendencia en el caso de la Sra. nombre reservado responde al mandato legal de pronunciarse respecto de las reclamaciones que presentó impugnando las resoluciones de la referida Subcomisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que rechazó las licencias médicas en comento.

En cuanto al derecho de propiedad, cabe hacer presente a US. ILTMA., que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN)

2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente.

En consecuencia, no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que como ya se ha indicado no media en la especie. En este punto, en el caso de la recurrente, no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que, rechazadas sin generar, por lo tanto, el derecho que esgrime la recurrente de autos. Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador. Esta conclusión es a todas luces inaceptable. Con todo, atendido las consideraciones expuestas, se descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal por parte de mi defendida, ya que, en los dictámenes aludidos, se exponen las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado. No se trata pues, de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que DEL ESTUDIO Y PONDERACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE SE HAN SEÑALADO, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en este Organismo de Control.

Solicita, en subsidio de las anteriores peticiones y para el improbable evento que alguna de ellas no sea acogida, tener por evacuado el informe solicitado respecto de la Acción de Protección interpuesta, solicitando sea desestimada en todas sus partes, con costas.

Acompaña a su presentación copia del expediente administrativo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: El recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que en cuanto a la alegación de improcedencia opuesta por la SUSESO, no será oída la recurrida SUSESO, acerca de su pretensión de declarar la improcedencia de la presente acción constitucional, por tratarse este asunto de materias que pertenecen al campo de la seguridad social y que, por ende, están excluidas del ámbito del recurso de protección.

Sobre este punto, cabe recordar que lo pretendido por la recurrente, es el pago del subsidio por incapacidad laboral correspondiente a las diversas licencias médicas que no fueron autorizadas, decisiones que el recurrente considera ilegales y arbitrarias y que vulneran los derechos constitucionales que menciona en su libelo y que, por cierto, es una garantía distinta de aquella contemplada en el N°18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, circunstancia que es suficiente para rechazar la alegación formulada.

TERCERO: Que, como se ha señalado, el acto ilegal y arbitrario consiste en el rechazo de las licencias médicas, mediante la resolución exenta Nº R-01-UME-86442-2024 de fecha 31 de mayo de 2024, emitida por la SUSESO, se resolvió confirmar el rechazo de las licencias médicas N° RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 90 días, a contar del día 3 de octubre del año 2023 “por no encontrarse justificado el reposo”.

CUARTO: Es preciso traer a colación el artículo 16 del Decreto Supremo N°3/1984 de Salud, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”. Asimismo, el artículo 21 prescribe: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador;

d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador;

e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.

Sin perjuicio de lo anterior la Compin, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”

QUINTO: Que, por su parte, el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, ya mencionado, señala expresamente que: “…en caso de rechazo de una licencia…, la resolución o pronunciamiento respectivo se estampará en el mismo formulario de licencia y se dejará constancia de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida”.

Por su parte, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que: “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por el los artículos 40 inciso final y 41 inciso 4º de la misma ley, las que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad (en este sentido, sentencia de la I. Corte de Apelaciones de Concepción de 19 de marzo de 2014, rol 953- 2014).

SEXTO: Que, en mérito de lo expuesto, es dable concluir que el acto recurrido carece de la fundamentación exigida por el ordenamiento, toda vez que en la resolución impugnada no se expresan las razones que llevan a desechar los antecedentes médicos, por las cuales se otorgó la licencia médica, esto es “ “Trastorno Ansioso Depresivo”.

SÉPTIMO: De esta manera, tanto el actuar de la SUSESO al dictar la resolución contra la que se recurre por esta vía, como la decisión de la COMPIN, que rechazó autorizar la licencia médica de la recurrente, son actuaciones ilegales al no dar cumplimiento a las normas antes señaladas, resultan arbitrarias, toda vez que no recurrieron a las facultades que el artículo 21 les entrega para el mejor acierto de los casos sometidos a su decisión.

Que, sin embargo, las falencias del acto cuestionado pueden ser subsanadas por dichos organismos, restableciendo el imperio del derecho, mediante la invalidación de la actuación defectuosa y la renovación del ejercicio de la potestad legal respectiva, pero ahora de un modo suficientemente fundado en un peritaje médico que permita establecer de una manera fehaciente si la patología que da origen a las licencias médicas reclamadas es de carácter crónico e irrecuperable con el reposo médico.

OCTAVO: Que, dicho acto arbitrario ha vulnerado el derecho de propiedad del recurrente, consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, dado que tal rechazo implica la imposibilidad de recibir el subsidio que correspondía por el tiempo no trabajado, afectando así su patrimonio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- SE RECHAZA, sin costas, la alegación de improcedencia del recurso, formulada por la Superintendencia de Seguridad Social.

II.- SE ACOGE, sin costas, el interpuesto por LUIS MENCARINI VOISIER, Abogado, en representación de doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, sólo en cuanto se ordena que la Superintendencia de Seguridad Social, como fuere procedente dentro del ámbito de sus facultades y en el plazo de diez hábiles administrativos, contados desde que este fallo quede ejecutoriado, deberá disponer la práctica de los exámenes médicos presenciales que sean necesarios para establecer el real estado de salud del recurrente, luego de lo cual, dicha Superintendencia habrá de emitir un nuevo pronunciamiento, y en su mérito, sobre el rechazo de la licencia médicas, que motivan el presente recurso.

La mencionada Superintendencia deberá informar oportunamente a esta Corte acerca del cumplimiento de lo previamente dispuesto.

Redacción del abogado integrante Cristian Carvajal de Vicenzi.

Regístrese y archívese.

N°Protección-5040-2024 (pvb).