nombre reservado con A.F.P. CUPRUM S.A..

C.A. de Temuco Temuco, veinte de octubre de dos mil veinte.

Vistos:

Comparece JONATHAN GUTIÉRREZ VALDEBENITO, abogado, actuando en representación, según se acreditará, de doña nombre reservado, pensionada, y de don nombre reservado, dependiente, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien dice:

Que en favor de sus representados vengo en deducir acción de protección en contra de la Administradora de Fondo de Pensiones CUPRUM S.A., en adelante “AFP”, representada legalmente por nombre reservado, desconozco profesión u oficio, domiciliados en domicilio reservado, y en domicilio reservado de la comuna de Temuco basado en los argumentos de hecho y de derecho que a continuación se expone.

Don nombre reservado, nacido el día 07 de diciembre del año 1949, en el contexto de creación del nuevo sistema previsional de Administradoras de Fondos de Pensiones, y debido a la propaganda, en que este nuevo sistema prometía años de bonanza económica para sus afiliados y posteriores jubilados, decide cambiarse del antiguo Sistema, junto a su cónyuge, doña nombre reservado.

Posteriormente, el 01 de agosto de 2011, se afilió a la AFP CUPRUM S.A, traspasándose a aquella administradora de fondos, todo el monto de las cotizaciones que por años, y producto de su trabajo logró reunir, cotizaciones que sin discusión alguna eran de su propiedad.

Don nombre reservado y mi representada, doña nombre reservado contrajeron matrimonio con fecha 15 de mayo del año 1975, unión de la cual nació su único hijo, mi representado don nombre reservado, de actuales 45 años.

Don nombre reservado falleció el 29 de agosto del año 2016, a la edad de 66 años por una falla multiorgánica, daño hepático crónico, encefalopatía hepática.

Don nombre reservado, dejó solo 2 herederos, su hijo nombre reservado, y su cónyuge sobreviviente nombre reservado, quienes realizaron la correspondiente solicitud de posesión efectiva de la herencia con fecha 7 de octubre de 2016, siendo ésta resuelta con fecha 21 de noviembre de 2016 y publicada el 1 de diciembre de 2016.

Según da cuenta el certificado de posesión efectiva que se acompaña en un otrosí de esta presentación, los escasos bienes de que era propietario don nombre reservado, el patrimonio que transmitió a sus herederos sumaba un total de $2.994.002.

No obstante lo exiguo de su patrimonio transmisible, don nombre reservado, producto de sus más de 40 años cotizando, y como consecuencia de su trabajo, y de los descuentos a sus remuneraciones mensuales por más de 500 meses durante su historia de vida laboral, logró reunir una suma considerable de dinero en su fondo de capitalización individual administrado por la AFP Cumprum, fondos que alcanzaban la suma de $170.000.000 y que, por ser patrimonio de aquel, de su dominio, también forman parte del patrimonio transmisible quedado a su fallecimiento, respecto del cual sus únicos dos herederos, mis representados, debieran disponer sin limitación alguna.

Actualmente mi representada, doña nombre reservado recibe una pensión de sobrevivencia respecto de los fondos de don nombre reservado, de los cuales, junto con su hijo es propietaria por sucesión por causa de muerte. Además, doña nombre reservado se encuentra pensionada por vejez y recibe por parte de su AFP(Habitat) la suma mensual de $248.930, razón por la que el argumento de la protección social a la hora de retener el monto que constituye parte del patrimonio de mis representados no cobra ningún sentido, puesto que ella ya recibe una pensión de vejez en forma paralela a la pensión de sobrevivencia.

En virtud de ésta lamentable pérdida, doña nombre reservado, cónyuge sobreviviente de don nombre reservado, ha debido hacerse cargo hasta la fecha, de la situación familiar, que ya venía desmejorada. Además, actualmente doña nombre reservado mantiene complicados problemas de salud, entre ellos; Hipertensión Arterial Esencial Crónica, Dislipidemia, como también, Artrosis de Cadera y Rodilla, según consta de diversos certificados de atención en el Servicio de Salud Araucanía Sur, que se acompañan al presente recurso.

Ante esta grave situación, y sabiendo mis representados que la aludida AFP CUPRUM S.A. mantiene los ahorros previsionales acumulados por la totalidad de la vida laboral de su difunto cónyuge y padre de familia, don nombre reservado, según da cuenta el certificado de antecedentes previsionales emitido con fecha 04 de mayo de 2020, y que servirían para solventar en parte la difícil situación a la que hoy se enfrenta, mis representados solicitaron con fecha 11 de mayo de 2020, la liberación y entrega de la totalidad de dichos fondos, los que a esa fecha alcanzan el monto de $140.471.453 (ciento cuarenta millones cuatrocientos setenta y un mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos), no obstante, AFP CUPRUM respondió a su petición, con fecha 26 de mayo de 2020, vía correo electrónico, dándoles una respuesta negativa y sustentándola en que, siendo la solicitante nombre reservado, cónyuge del afiliado, y habiendo fallecido éste en un período superior a 6 meses desde la fecha de la celebración de su matrimonio, corresponde que el monto acumulado por don nombre reservado, correspondiente a sus ahorros previsionales, sean utilizado para pagarle a ella una “pensión de sobrevivencia de manera mensual”, para lo cual debe realizar una serie de trámites, disponiendo finalmente esta AFP de manera arbitraria de dineros que no le pertenecen, y que eran de propiedad de don nombre reservado y ahora de mis representados.

El acto o acción arbitraria consiste en la negativa de la Administradora de Fondos de Pensiones CUPRUM S.A. de liberar y entregar los fondos previsionales acumulados por don nombre reservado a mis representados, comunicada a los suscritos con fecha 26 de mayo de 2020, por petición formulada con fecha 11 de mayo de 2020, y contra el cual dirijo esta acción constitucional, con el objeto de que se asegure la debida protección a sus derechos de propiedad e igualdad ante la ley y se ordene su restablecimiento inmediato.

La igualdad, considerada por la Carta Fundamental como un valor constitucional, constituye sin duda una opción ético social básica que el Estado debe propugnar y concretar. Constituye un objetivo fundamental para el Constituyente y prioritario para la sociedad. De allí que la igualdad, categorizada por el Código Político como un valor de tal entidad, presida el ordenamiento constitucional y los principios técnicos-jurídicos operativos, a través de los cuales se realizan los valores.

Solicita tener por interpuesta la presente acción de protección en contra de la administradora de Fondos de Pensiones CUPRUM S.A por el acto arbitrario constituido por la respuesta negativa a la solicitud de retirar los ahorros previsionales acumulados por don nombre reservado, hoy de propiedad de mis representados, cuyo monto asciende a la suma de $140.417.453.-, según da cuenta la respuesta de dicha AFP de fecha 26 de mayo de 2020; admitirla a tramitación, y acogerla en definitiva en todas sus partes, restableciendo el imperio del derecho, declarando que se ha vulnerado su derecho de propiedad y/o igualdad ante la ley en los términos expuestos en el presente recurso, y ordenar:

1. la entrega, en el más breve plazo, de los ahorros por concepto de cotizaciones previsionales cuyo monto asciende a la suma de $140.417.453.-2. Se condene en costas a la AFP CUPRUM S.A.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

Certificado de matrimonio entre don nombre reservado y mi representada doña nombre reservado.

Certificado de nacimiento de mi representado don nombre reservado.

Certificado de posesión efectiva de don nombre reservado.

Carta de solicitud de devolución de dinero por concepto de ahorros previsionales dirigida por mis representados a AFP Cuprum de fecha 11 de mayo del año 2020.

Respuesta negativa de la AFP Cuprum a la solicitud, emitida por la AFP con fecha 26 de mayo de 2020.

Copia de antecedentes médicos de doña nombre reservado emitidos por el Hospital Abraham Godoy Peña de la comuna de Lautaro.

Copia de mandato judicial suscrito por doña nombre reservado y por don nombre reservado con fecha 14 de mayo del año 2020 ante notario público de la comuna de Lautaro doña nombre reservado, autorizado mediante firma electrónica y anotado en el repertorio de instrumentos públicos de la mencionada notaria bajo el número 702-2020.

A folio 7, informa el recurrido quien dice:

El causante era pensionado de AFP Cuprum, y recibía, a la fecha de su defunción, una pensión por invalidez total definitiva en la modalidad de retiro programado. Al fallecer, su cónyuge sobreviviente, la Sra. nombre reservado y actora de autos, adquirió la calidad de beneficiaria de pensión de sobrevivencia respecto de los fondos previsionales acumulados en la cuenta individual del causante, fondos que no incrementaron la masa hereditaria del pensionado fallecido, sino que quedaron única y exclusivamente afectos a financiar la pensión de sobrevivencia a la que la beneficiaria tendría ahora derecho.

La Sra. nombre reservado, en uso de su derecho que la ley le reconocía, suscribió el 07 de septiembre de 2016, ante mi representada, una Solicitud de Pensión de Sobrevivencia en calidad de cónyuge del pensionado fallecido. Desde esa fecha, la actora recibe una pensión de sobrevivencia bajo la modalidad de retiro programado financiada con los fondos acumulados en la cuenta individual del causante, tal como regula el DL N° 3.500.

El día 11 de mayo de 2020, la Sra. nombre reservado junto a su hijo, el Sr. nombre reservado, ambos actores de autos, presentaron ante la agencia de Temuco de AFP Cuprum, una solicitud para el retiro de la totalidad de los fondos.

Su representada, en respuesta a la presentación de los actores y mediante correo electrónico enviado el 26 de mayo de 2020, manifestó lo siguiente: Estimada nombre reservado, En respuesta a su consulta efectuada en sucursal Temuco, donde solicita que los fondos previsionales de nuestro afiliado, Sr. nombre reservado, sean pagados como Herencia a usted y su hijo, informamos que de acuerdo a normativa vigente, los saldos previsionales de la Cuenta Obligatoria constituyen herencia solo cuando no existen beneficiarios de pensión de sobrevivencia.

Debido a que usted es cónyuge de nuestro afiliado y el fallecimiento se produjo en un período mayor a 6 meses desde la fecha de celebración del matrimonio, corresponde que los fondos sean utilizados para pagarle pensión de sobrevivencia de manera mensual, para lo cual puede dar inicio al trámite en cualquiera de nuestras sucursales o bien solicitar ser contactada por uno de nuestros ejecutivos de la agencia virtual, para lo que puede acceder a la opción: https://www6.cuprum.cl/haz-tu-consulta-o-reclamo Esperamos haber dado respuesta a su consulta y estamos a su disposición para aclarar cualquier duda o inquietud que pueda tener.

nombre reservado

Asesor Especializado Centro de Asesoría Cuprum”.

Cabe hacer presente que los actores no han suscrito la correspondiente Solicitud de Herencia ante AFP Cuprum en orden a iniciar el Trámite de Herencia. Por el contrario, como se indicó de forma previa, la Sra. nombre reservado recibe actualmente una pensión de sobrevivencia bajo la modalidad de retiro programado.

Que la acción de protección deducida por los actores deberá ser rechazada toda vez que no cumple con ninguno de los requisitos previstos por nuestra legislación: (i) no se está solicitando el amparo de un derecho de carácter preexistente e indubitado, sino que, por el contrario, la declaración de un derecho dubitado; (ii) no ha existido un acto u omisión arbitrario o ilegal de AFP Cuprum; (iii) no se ha vulnerado o atentado el legítimo ejercicio los derechos que alegan los actores; y, finalmente, (iv) la Iltma. Corte no se encuentra en la situación jurídica de otorgar la medida solicitada toda vez que constituiría un actuar contrario a nuestra legislación.

A continuación, se explicará en detalle los motivos que son, cada uno, razón suficiente para rechazar esta acción de protección.

A)

La pretensión deducida excede el ámbito de la acción de protección. Los actores no están solicitando el amparo de un derecho de carácter indubitado y prexistente, sino que la declaración de un derecho dubitado y controvertido por las partes Lo que los actores están solicitando a AFP Cuprum es la entrega de un beneficio no previsto por la ley, esto es, la entrega de la totalidad de los fondos previsionales acumulados en la cuenta individual del causante por concepto de retiro de herencia, a pesar de existir una beneficiaria de una pensión de sobrevivencia. Ese beneficio simplemente no existe en la ley, de modo que malamente podría AFP Cuprum haber accedido a la solicitud de los actores sin, a su vez, infringir la ley.

Los actores no tienen un derecho indubitado susceptible de ser protegido en esta vía cautelar. Su pretensión, antes bien, es que se declare que tienen un derecho a un beneficio que nuestro ordenamiento jurídico no ha creado para ellos. Solamente cuando no existan beneficiarios de la pensión de invalidez, los fondos remanentes pasan a formar parte de la masa total de bienes, susceptible de ser retirados en su totalidad por los sucesores del causante. Todavía más: AFP Cuprum niega que los actores tengan el derecho que reclaman, y es ese el motivo por el cual han rechazado su solicitud, pues de haber accedido a entregar beneficios no previstos en la ley, se habría expuesto a muy gravosas sanciones.

No teniendo un derecho indubitado los actores, S.S. Iltma. deberá rechazar, con costas, esta acción de protección.

B)

No ha existido un acto u omisión arbitrario o ilegal de parte de AFP Cuprum. Por el contrario, su actuación se ajustó al DL N° 3.500 Para la procedencia de una acción como la de la especie, se requiere, entre otros varios requisitos, la existencia de un hecho que lo motiva, y que ese hecho sea ilegal o arbitrario. Así lo reconoce el escrito de acción de protección: “para que sea procedente la acción de protección, es necesario que se haya cometido un acto u omisión ilegal o arbitraria […]”.4 Los actores, en conocimiento de que AFP Cuprum actuó en cumplimiento de la ley, enarbolaron una forzada argumentación, en el sentido de que “se debe considerar que no todo actuar dentro de las facultades normativas se traduce ipso facto en un acto no arbitrario, es decir, ilegalidad y arbitrariedad no siempre van de la mano, se puede actuar en forma legal y dicha actuación puede de todas formas ser arbitraria”,5 haciendo explícito que “la arbitrariedad reclamada es el estándar que V.S. Iltma. debe considerar, más allá de la legalidad o ilegalidad de la actuación reclamada”.

La pregunta que debe hacerse, a renglón seguido, es qué clase de comportamiento espera el ordenamiento jurídico por parte de AFP Cuprum. ¿Acaso tiene habilitación expresa y previa para ejercer una potestad discrecional, o alguna similar en el ámbito del derecho privado? ¿O, más bien, AFP Cuprum debe sujetar su comportamiento a específicos mandatos y prohibiciones establecidos por la ley, sin que le quepa deliberar acerca del (in)cumplimiento de la ley?

Lo cierto, S.S. Ilma., es que AFP Cuprum está sujeta a estrictos mandatos y prohibiciones legales. No le ha sido conferido un espacio de deliberación respecto de la procedencia o improcedencia de una solicitud: si cumple con los requisitos legales, debe concederla; si no los cumple, debe rechazarla.

La conclusión obvia de lo anterior es que AFP Cuprum no solo ha actuado ajustándose ceñidamente a un mandato legal expreso, sino que, haciéndolo, ha evitado conducirse arbitrariamente.

Siendo absolutamente claro que el comportamiento desplegado por AFP Cuprum se ha ajustado plenamente a la ley, y siendo igualmente claro que no hay arbitrariedad allí donde hay estricta sujeción a lo que la ley ordena —sin que haya habido espacios de deliberación para AFP Cuprum—, resulta forzoso concluir que esta acción de protección no puede prosperar, desde que no hay un hecho ilegal o arbitrario que la inspire.

C) AFP Cuprum no ha vulnerado o atentado el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que alegan los actores.

Sin perjuicio de que esta parte estima que lo hasta aquí expresado es motivo suficiente para que rechace la pretensión cautelar de autos, en el presente capítulo se demostrará cómo es que no ha existido vulneración o conculcación alguna respecto de cada una de las garantías constitucionales que los actores acusan en su acción de protección.

No ha existido, por parte de AFP Cuprum, vulneración o conculcación alguna al derecho de igualdad ante la ley de los actores, consagrado en el artículo 19 N° 2 de nuestra Constitución Política de la República Si bien es cierto que los actores acusan una vulneración a su garantía constitucional de igualdad ante la ley, lo hacen única y exclusivamente respecto de la normativa previsional, puesto que esta contendría un “trato desigual” entre las personas que han contraído matrimonio con el causante afiliado a una AFP y aquellas que no lo han hecho, a efectos de determinar la existencia de beneficiarios de pensión de sobrevivencia.

Como fácilmente se podrá ver, los actores no hacen referencia alguna a cómo mi representada habría conculcado su derecho fundamental, sino que únicamente se han dedicado a exponer sobre cómo, a su juicio, la legislación contendría una diferenciación supuestamente arbitraria.

Sin perjuicio de lo anterior, se expresarán algunas consideraciones al efecto, únicamente con el propósito de demostrar cómo es que la pretensión de los actores también aquí está construida sobre fundamentos tan frágiles como equivocados.

(b)

No ha existido vulneración o conculcación alguna al derecho de propiedad de los actores, consagrado en el artículo 19 N° 24 de nuestra Constitución Política de la República.

Los actores acusan vulnerado su derecho de propiedad sobre sus fondos previsionales, por cuanto, según ellos, AFP Cuprum les habría privado del ejercicio de las facultades que implica el dominio respecto de los fondos previsionales acumulados en la cuenta de capitalización obligatoria del causante y que habrían adquirido por sucesión por causa de muerte, toda vez que dichos bienes formarían parte de la herencia que dejó el causante.

Esta parte niega derechamente que los actores hayan sufrido una vulneración a su derecho de propiedad sobre los fondos previsionales del causante por un único y determinante motivo: la Sra. nombre reservado y el Sr. nombre reservado no son titulares del derecho real de dominio que invocan.

La explicación de lo anterior radica en el hecho de que los fondos previsionales del causante no pasaron a formar parte de la masa hereditaria —por cuanto al momento de fallecer el causante existían beneficiarios de pensión de sobrevivencia—, sino que constituyen un patrimonio afecto a un fin especial establecido en la ley, cual es, financiar las pensiones de sobrevivencia a que haya lugar.

En efecto, al momento de fallecer el afiliado, la Sra. nombre reservado se encontraba dentro de la figura regulada por los artículos anteriores, teniendo así la calidad de beneficiaria de pensión de sobrevivencia y adquiriendo, por ende, el derecho a gozar de las pensiones que el DL N° 3.500 consagra a su favor.

Establecido que los fondos previsionales acumulados en la cuenta individual del causante no pasaron a formar parte de la masa hereditaria al momento de fallecer, fluye por sí sola la consecuencia lógica: los causahabientes —actores de autos— no adquirieron el dominio de dichos bienes por la sucesión por causa de muerte. Más bien se hicieron acreedores de un derecho personal, por cuanto aquellos beneficiarios gozarán de la pensión de sobrevivencia a la que está única y exclusivamente afecto dicho patrimonio.

La Ilma. Corte no se encuentra en la situación jurídica de otorgar la medida solicitada toda vez que constituiría un actuar contrario a nuestra legislación.

Lo que los actores pretenden al solicitar que se les entregue la totalidad de los fondos que existían en la cuenta de cotización obligatoria del causante es derechamente contrario a nuestro ordenamiento jurídico.

Como ya se anticipó, el traspaso de esos fondos a la masa hereditaria solamente ocurre cuando no existen beneficiarios de pensiones de sobrevivencia. El caso de autos es exactamente el opuesto, desde que la Sra. nombre reservado es beneficiaria de una pensión de sobrevivencia, pagadera con cargo a los fondos de cotización previsional acumulados por el causante.

ACOGER LA SOLICITUD DE AUTOS IMPLICARÍA UNA GRAVE CONTRAVENCIÓN A LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE NUESTRA ORGANIZACIÓN REPUBLICANA Y DEMOCRÁTICA Finalmente, esta parte no puede dejar de hacer presente el peligro que envolvería una sentencia favorable a la pretensión de los actores, para aspectos básicos y decisivos de nuestra institucionalidad republicana y democrática. No es necesario que esta parte explique a esta Iltma. Corte en qué consiste el principio de separación de poderes del Estado, ni por qué es uno de los principios más fundamentales de un Estado de Derecho, sino el más característico.

Pese a lo anterior, no podemos sino hacer presente que acoger la pretensión de los actores implicaría imponer a una persona jurídica de derecho privado, una obligación frontalmente contraria a aquellas previstas en la ley y, en consecuencia, resultaría en una verdadera intromisión del Poder Judicial a las facultades privativas y esfera de acción del Poder Legislativo, actuación que le está vedada a todo órgano que ejerza jurisdicción, de acuerdo con el principio de la separación de poderes del Estado, los artículos 6° y 7° de la Constitución y el artículo 4° del Código Orgánico de Tribunales.17 Lo anterior es así porque una sentencia favorable a la pretensión de los actores, de facto, crearía una prestación que no existe en el Sistema de Pensiones, alterando sus fundamentos y cimientos más básicos, y dejaría sin aplicación diversas disposiciones legales.

La discusión acerca del mérito de un sistema de pensiones cualquiera, y de la necesidad de introducir reformas en él, es una facultad privativa del Congreso de nuestro país, que puede y debe poner atención a los distintos actores del sistema. Por cierto que a los agentes que día a día actúan en el mismo, como son las Administradoras de Fondos de Pensiones, pero también al regulador, a diversas ONGs, a expertos de diversas áreas y a miembros de la sociedad civil. El Congreso es un espacio para el diálogo, en donde la discrepancia es virtuosa, pues permite analizar críticamente qué es lo que un país ha tenido y ha hecho; qué es lo que tiene y está haciendo; y qué es lo que quiere tener y hacer en el futuro.

Saltarse los debates de política pública para, de facto, introducir modificaciones fundamentales al Sistema de Pensiones, a pretexto de resolver “para el caso concreto”, sería un grave error jurídico.

Solicita tener por evacuado el informe ordenado por resolución de 02 de julio de 2020 (folio 03), y, en su mérito, rechazar la acción de protección de garantías constitucionales en todas sus partes, con costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

Carta enviada por la Sra. nombre reservado y el Sr. nombre reservado a AFP Cuprum S.A., de fecha 11 de mayo de 2020, y recibida por la agencia de Temuco de AFP Cuprum S.A. el 19 de mayo de 2020.

Ficha de recalculo de pensión de sobrevivencia en modalidad de Retiro Programado emitida por AFP Cuprum el 05 de agosto de 2020, respecto del causante Sr. nombre reservado.

Considerando:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamenta, debiendo interponer dicha acción en el plazo que establece el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema dictado al efecto.

TERCERO: Que, cabe consignar la normativa atingente sobre la materia. Así, el inciso tercero, parte final, del numeral 18 del artićulo 19 de la Carta Fundamental estatuye que, en materia de seguridad social, la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. Por su parte, el artićulo 1 del Decreto Ley N° 3.500, de 1980, dispone que “Créase un Sistema de Pensiones de Vejez, de Invalidez y Sobrevivencia derivado de la capitalización individual que se regirá por las normas de la presente ley.

La capitalización se efectuará en organismos denominados Administradoras de Fondos de Pensiones.”.

Ahora bien en cuanto a la afiliacióń , el inciso segundo del artículo 2 del senãlado Decreto, estatuye que: “La afiliación es la relación jurídica entre un trabajador y el Sistema de Pensiones de Vejez, Invalidez y Sobrevivencia que origina los derechos y obligaciones que la ley establece, en especial, el derecho a las prestaciones y la obligación de cotización.”. A su vez, el artículo 17 establece que “Los trabajadores afiliados al Sistema, menores de 65 años de edad si son hombres, y menores de 60 años de edad si son mujeres, estarán obligados a cotizar en su cuenta de capitalización individual el 10 por ciento de sus remuneraciones y rentas imponibles.'.

En cuanto al destino de la cotización individual de cada afiliado, la parte final del inciso primero del articulo 34 estatuye que: “...estarán destinados solo a generar prestaciones de acuerdo a las disposiciones de la presente ley.”.

En lo tocante a la oportunidad en que los afiliados pueden disponer de los dineros de su cuenta de capitalización individual, el articulo 61 señala que: “Los afiliados que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 3 °, los afiliados declarados inválidos totales y los afiliados declarados inválidos parciales, una vez ejecutoriado el segundo dictamen, podrán disponer del saldo de su cuenta de capitalización individual con el objeto de constituir una pensión. La Administradora verificará el cumplimiento de dichos requisitos, reconocerá el beneficio y emitirá el correspondiente certificador.

El articulo 3 indica que “Tendrán derecho a pensión de vejez los afiliados que hayan cumplido sesenta y cinco años de edad si son hombres, y sesenta años de edad si son mujeres, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 68°n; y por su parte, el referido artículo 68 estatuye que: “Los afiliados podrán pensionarse en las condiciones prescritas en la presente ley antes de cumplir las edades establecidas en el artículo 3 ° siempre que, acogiéndose a algunas de las modalidades de pensión señaladas en el artículo 61, cumplan con los siguientes requisitos: a) Obtener una pensión igual o superior al setenta por ciento del promedio de las remuneraciones imponibles percibidas y rentas declaradas, calculado según lo dispuesto en el artículo 63, y b) Obtener una pensión igual o superior al ochenta por ciento de la pensión máxima con aporte solidario, vigente a la fecha en que se acoja a pensión.”.

Finalmente el artículo 23 del Decreto Ley 3500, establece, en lo pertinente que "...Las Administradoras, sus Directores y dependientes, no podrán ofrecer u otorgar a los afiliados o beneficiarios bajo ninguna circunstancia, otras pensiones, prestaciones o beneficios que los señalados en la ley, ya sea en forma directa o indirecta, ni aún a título gratuito o de cualquier modo…”.

CUARTO: Que, como lo estableció el Tribunal Constitucional en sentencia recaída en los autos Rol 576-2007, considerando décimo cuarto, la cotización individual constituye “…un acto mediante el cual de manera imperativa, por mandato de la ley, el empleador debe descontar determinadas sumas de dinero, de propiedad del trabajador, para garantizar efectiva y adecuadamente prestaciones de seguridad social vinculadas a estados de necesidad que son consecuencia de la vejez y sobrevivencia, esto es, jubilaciones y montepíos”.

QUINTO: Que la normativa legal referida precedentemente, señala específicamente el destino de las cotizaciones previsionales, el que es específico y no puede ser modificado. En este caso su destino es el financiamiento de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia. En el caso de autos, el pago de una pensión de sobrevivencia, para doña nombre reservado.

SEXTO: Que de acuerdo a lo señalado precedentemente, aparece que la negativa de la recurrida a la devolución de las cotizaciones previsionales no es ni ilegal, ni menos arbitraria.

En efecto, el actuar de la AFP recurrida se ha ajustado a la normativa que rige la materia. Por el contrario ilegal sería si devolviese las cotizaciones previsionales solicitadas, ya que atentaría contra el texto expreso de la ley que ha sido dictada conforme lo establece la Constitución Política de la República.

Por otro lado, tampoco resulta ser arbitraria, dado que al ajustar su actuar a la normativa vigente, la negativa impugnada, se encuentra fundada en la ley y no es el resultado de una actuación caprichosa o carente de razón. Por el contrario, su actuación se ajustó al DL N° 3.500.

SÉPTIMO: Que, de acuerdo a lo dicho, se hace innecesario hacerse cargo de la garantía constitucional que se denuncia como vulnerada, esto es el derecho de dominio, el que en todo caso, ha sido limitado por el legislador con el objeto señalado en la normativa transcrita precedentemente.

OCTAVO: Que en todo caso, a mayor abundamiento, lo que se pretende por medio de la presente acción es la declaración de un derecho, esto es, el derecho a la devolución de las cotizaciones previsionales, no siendo la vía cautelar impetrada la pertinente para ello.

Por estas consideraciones, normas citadas y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el deducido por JONATHAN GUTIÉRREZ VALDEBENITO, en representación de nombre reservado y nombre reservado, en contra de AFP CUPRUM S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del Ministro Sr. Alejandro Vera Quildrán.

N°Protección-5035-2020. (sac)