nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICADE CHILE

C.A. de Temuco Temuco, once de julio de dos mil veintitrés.

VISTO:

A folio N°1 comparece ANDRÉS RODRIGO PÉREZ VALDEBENITO, y SILVIA GONCALVES CONTRERAS MALDONADO, Abogados, quienes interponen recurso de protección en representación de doña nombre reservado , y en contra TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA I.- LOS HECHOS.

1.- Indican que su representada de profesión Nutricionista trabajó en la SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LA ARAUCANÍA, comenzando a prestar servicios para su ex – empleador, con fecha 09 de Abril de 2021, debiendo realizar según contrato de trabajo funciones de Trazabilidad Epidemiológico por alerta sanitaria de COVID -19.

2.- Fue despedida por la SEREMI DE SALUD DE LA ARAUCANÍA con fecha 20 de Abril de 2022 por la causal del Artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo fundado en lo siguiente: “Por el cambio de las condiciones epidemiológicas en la Región de La Araucanía, principalmente por la alta cobertura del Plan de Inmunizaciones, lo que conlleva una disminución de las cifras de contagios de Covid-19 en la región en el último periodo; por tal motivo se determina que sea menor el número de trabajadores necesarios para desarrollar la estrategia en la que usted se desempeña y se hace necesaria la disminución de trabajadores contratados”.

3.- Que al considerar la Srta. nombre reservado que su despido fue injustificado y además que a su contrato se le puso término en forma anticipada de manera injustificada, demandó al Fisco de Chile junto a otros 6 compañeros de trabajo, en la misma situación, en causa RIT O-557-2022 del Juzgado del Trabajo de Temuco por concepto de lucro cesante el pago de las remuneraciones de los meses de Mayo 2022, Junio 2022, Julio 2022, Agosto de 2022 y Septiembre de 2022, ya que su contrato en ese entonces era hasta el término de alerta sanitaria por COVID-19 que terminaba el 31 de Septiembre de 2022, sin perjuicio que posteriormente se fue prorrogando.

Agrega que si bien la ex –empleadora de nuestra representada era la SEREMI DE SALUD DE LA ARAUCANÍA se demandó al FISCO DE CHILE ya que la SEREMI DE SALUD es un servicio centralizado dependiente del Ministerio de Salud, sin personalidad jurídica ni patrimonio propio.

4.- Que por sentencia definitiva de fecha 15 de Septiembre de 2022 la cual se encuentra firme y ejecutoriada el Juzgado del Trabajo de Temuco acogió la petición de lucro cesante condenando al FISCO DE CHILE a pagar las remuneraciones de los meses de Mayo 2022, Junio 2022, Julio 2022, Agosto 2022 y Septiembre de 2022 monto que según liquidación realizada en la causa de cobranza laboral (cumplimiento de sentencia) RIT C-474-2022 del Juzgado del Trabajo de Temuco era la suma de $7.592.283 lo adeudado, sin embargo actualizado al mes anterior a la fecha que se debió concretar el pago era la suma de $7.822.935 (siete millones ochocientos veintidós mil novecientos treinta y cinco pesos)

5.- Que el Fisco de Chile a través de TESORERIÁ GENERAL DE LA REPUBLICA (TESORERIA GENERAL DE LA ARAUCANÍA) realizó el pago a 6 demandantes de la mencionada causa RIT O-557-2022, menos a la Srta. nombre reservado, a la cual Tesorería no le realizado pago alguno del juicio en que fue vencido el Fisco de Chile, indicando que se le iba a retener lo que se le debió pagar al registrar deuda por concepto de CREDITO UNIVERSITARIO AVAL DEL ESTADO “CAE”.

6.- EN CUANTO AL PLAZO Y FECHA QUE TOMO CONOCIMIENTO NUESTRA REPRESENTADA DEL ACTO ILEGAL Y ARBITRARIO CONSISTENTE EN LA RETENCIÓN INDEBIDA DE DINEROS PREVIAMENTE MENCIONADA Como se hizo mención previamente en esta presentación la suma de $7.822.935 que debía pagarle Tesorería General de la República (Tesorería General de la Araucanía) a la Srta. nombre reservado en cumplimiento del pago de la sentencia definitiva dictada en causa RIT O-557-2022 en relación con la causa de cumplimiento laboral RIT C-474-2022 ambas del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, relativo a la demanda laboral que interpuso contra el FISCO DE CHILE siendo este último vencido y obligado a pagar la suma indicada.

Su representada tomo conocimiento de la retención el martes 31 de enero de 2023, día en que sus abogados concurren a Tesorería General de la Araucanía a realizar consulta sobre el pago de la sentencia a los sietes demandantes en la causa mencionada, ese día una funcionaria informa que a cuatro demandantes se les pago mediante transferencia electrónica a sus cuentas RUT del Banco Estado y cuentas corrientes; y a dos demandantes se les pagaría con cheque de Tesorería; sin embargo también informó la funcionaria que en el caso de doña nombre reservado se le retuvo el total que se le debió pagar esto es la suma de $7.822.935 por registrar deuda por Crédito Universitario Aval Del Estado “CAE”.

Si bien como ya se hizo mención su representada tomo conocimiento de la retención el día 31 de Enero de 2023 de la retención según Certificado de Pago y Certificado de Movimiento de Tesorería General de la Republica (formularios 34 y 72) de fecha 25 de enero de 2023, la retención se practicó el día 25 de enero de 2023 según dicha documentación.

II.- ACTO ARBITRARIO E ILEGAL:

EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 20.027 “QUE ESTABLECE UN SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR” es la norma especial aplicable en la materia tratándose de deudas por crédito universitario aval del Estado “CAE”, que es el caso de nuestra representada y que debe primer respecto de cualquier otra disposición legal conforme al principio de especialidad contenido en los Artículos 13 y 4 del Código Civil. Señalando lo siguiente el Artículo 17 de la Ley 20.027:

“Artículo 17.- La Tesorería General de la República PODRÁ RETENER DE LA DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS A LA RENTA que le correspondiese anualmente al deudor de crédito garantizado en conformidad a esta ley, los montos que se encontraren impagos según lo informado por la entidad crediticia acreedora en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda. Los dineros que por este concepto retenga la Tesorería General de la República deberán ser girados por dicho organismo a favor de la entidad acreedora del respectivo crédito. Si el monto de la devolución de impuestos fuere inferior a la cantidad adeudada, subsistirá la obligación del deudor por el saldo insoluto. Con todo, tratándose de deudores a los cuales el empleador les haya retenido y no pagado, total o parcialmente, los montos impagos, podrán requerir de la Tesorería General de la República la liberación de la retención efectuada por dicha Tesorería, en la forma que señale el reglamento, si probaren que su empleador les ha efectuado la retención o que existen juicios pendientes de cobro en contra del referido empleador. En tal caso se considerará deudor al empleador y se procederá de acuerdo a lo dispuesto en los incisos precedentes. La liberación a que se refiere el inciso anterior alcanzará sólo hasta el monto de lo probado.”

Conforme a las normas de hermenéutica legal Artículos 19 al 24 del Código Civil , específicamente el Artículo 19 del Texto legal citado “Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu..”

En este sentido del tenor literal del Artículo 17 de la Ley 20.027 Tesorería solo puede retener devolución de impuesto por concepto deudas de crédito universitarioédito laboral (correspondiente remuneraciones de la recurrente) como ocurrió en la especie, ya que en el caso de su representada no se le retuvo un devolución de impuesto sino un crédito laboral (correspondiente a sus remuneraciones adeudadas) que obtuvo en un juicio laboral contra el Fisco De Chile, en consecuencia nos encontramos ante un acto arbitrario e ilegal de Tesorería, ya que excedió e infringió lo dispuesto en el art. 17 de la ley 20.027 al retener no una devolución de impuesto como lo faculta la norma sino remuneraciones de su representada.

A mayor abundamiento, en razón de lo expuesto precedente y la limitación contenida en la norma especial del Art. 17 de la 20.027 aplicable a la materia, que solo faculta a Tesorería a retener devoluciones de impuestos, cualquier compensación que pudiera alegarse por Tesorería debe hacerse valer en juicio declarativo ante un órgano jurisdiccional, debiendo acreditarse por Tesorería en sede Judicial que concurren los requisitos de la compensación ( tener la calidad de deudor y acreedor a la vez, que la deuda sea liquida y actualmente exigible) en un procedimiento racional y justo, con las garantías de un debido proceso y no actuar como una comisión especial e irrogarse facultades jurisdiccionales como ocurrió en la especie, pudiendo Tesorería ejercer las respectivas acciones ordinarias y ejecutivas para percibir su crédito.

Finalmente, aun habiéndose ejercido por la recurrida las respectivas acciones ejecutivas de cobranza para obtener el pago de una deuda por crédito universitario Aval del Estado “CAE”, (lo que no ocurrió en la especie, ya que no se ejerció acción alguna de cobro sino simplemente se realizó una retención por Tesorería, atribuyéndose facultades jurisdiccionales, sin existir resolución judicial que lo autorice), es importante señalar que tratándose de retenciones y embargos que afecten a remuneraciones de trabajadores, (que fue precisamente lo que se le retuvo a su representada por Tesorería General de la Republica) existe norma especial en el Código del Trabajo que prima respecto de cualquier otra disposición en la materia y que establece la inembargabilidad de las remuneraciones específicamente el Artículo 57 del Código del Trabajo, siendo ilegal y/o arbitrario el actuar de Tesorería General de la República.

III.- GARANTIA CONSTITUCIONAL CONCULCADA Y AMPARADA POR ESTA ACCION CONSTITUCIONAL DE PROTECCIÓN:

Indica que la “retención” que ha practicado la Tesorería General de la República, del crédito laboral de su representada por la suma de $7.822.935, constituye un acto arbitrario e ilegal, ya que como se hizo mención previamente en esta presentación infringe lo dispuesto en el Artículo 17 de la Ley 20.027, además por haber ordenado una retención que no se funda en resolución judicial alguna; que perturba y priva del legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales de nuestra representada, establecidas en el artículo 19 número 24º de la Constitución Política de la República. El artículo 19 de la Carta Fundamental, señala que: “La Constitución asegura a todas las personas: 24º. El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.”

En la especie a doña nombre reservado se le ha privado de su derecho de propiedad sobre el dinero que tenía derecho a percibir, proveniente del pago de su crédito laboral por la suma de $7.822.935 que obtuvo mediante sentencia judicial dictada en causa laboral contra el Fisco De Chile.

El artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, faculta a quien por causa de actos arbitrarios o ilegales sufra privación en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, número 24º, a recurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, para que ella adopte las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Es del caso saber U.S ILTMA, que la recurrida con su actuar ilegal y/o arbitrario infringe latamente la garantía amparada en el Art. 19 N°24, es decir, el derecho de propiedad del recurrente. En ese sentido, cabe recordar ilustrativamente el referido artículo; “Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas: (…) 24º.- El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. (…)”. Al respecto, los recurrentes tienen constitucionalmente aseguradas todas las dimensiones del derecho de propiedad, comprendiéndose resguardadas al caso su uso, goce y disposición. La garantía en comento, en cuanto a lo que la jurisprudencia constitucional ha delimitado, implica que mediante la acción o recurso de protección se cautelen todas sus dimensiones, entendiendo que tal derecho no debe tener mayores limitantes que las que disponen la Constitución y las leyes. Así las cosas, mi representado tiene la legítima expectativa como trabajador de percibir su crédito laboral (correspondiente a remuneraciones de los meses de Mayo 2022, Junio 2022, Julio 2022, Agosto de 2022 y Septiembre de 2022 que le correspondía recibir y así lo determino la Justicia Ordinaria, específicamente el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco mediante sentencia definitiva dictada en causa RIT O-557-2022. Tal crédito laboral correspondiente a las remuneraciones de la recurrente de los meses señalados se encuentran en su patrimonio, resguardada como se ha señalado constitucionalmente en todos sus aspectos, y en los hechos a través de las actuaciones de las que se recurre, la recurrida ha conculcado su uso, goce y disposición, apropiándose ilegal y/o arbitrariamente de ellas. Se acredita la arbitrariedad de los hechos de la recurrida al momento de retener el crédito laboral (correspondiente a remuneraciones de su representada) por una deuda de Crédito con aval de Estado.

Pide disponer:

1) Que se declare que la retención informada y percibida por la recurrida respecto de su representada es ilegal y/o arbitraria.

2) Que se ordene a la recurrida, o a quien corresponda, el reintegro su representada de lo retenido y percibido, en su caso (esto es la suma de $7.822.935 correspondiente al crédito laboral por remuneraciones adeudadas a nuestra representada, remuneración mes de Mayo 2022, junio 2022, julio 2022, agosto 2022 y Septiembre 2022).

3) Que se ordene a la recurrida de abstenerse en lo sucesivo de efectuar o informar descuentos en las remuneraciones del recurrente;

4) Todo lo anterior con expresa condena en costas.

Acompañó los siguientes documentos: 1.- Documento denominado Certificado de Pago de la Tesorería General De La República, formulario 34, fecha de pago 25 de Enero de 2023 , origen movimiento compensación. 2.- Documento denominado Certificado De Movimiento de la Tesorería General de la República, formulario 75, fecha de movimiento 25 de Enero de 2023.

A folio N°11 evacua informe la recurrida TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

I. ANTECEDENTES DEL RECURSO:

En la especie, la recurrente ha interpuesto esta acción constitucional suponiendo un acto u omisión arbitraria e ilegal de las autoridades recurridas que vulneraría su derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política del Estado.

El acto u omisión arbitraria o ilegal radicaría, según la recurrente, en síntesis, en que el Servicio de Tesorerías, habría retenido, arbitraria e ilegalmente, el pago de una indemnización Laboral, la cantidad de $ 7.822.935.-, por deuda fiscal morosa del recurrente, por Crédito Fiscal del Estado. Dicha indemnización habría sido decretada por sentencia judicial en autos Laborales Rit O-557-2022, del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco.

Invoca, además, una supuesta infracción a la Ley 20.027, en su artículo 17, en la cual Tesorería solo estaría facultado para retener devoluciones de impuestos, y una infracción a la norma del artículo 57 del Código del trabajo, que establece la inembargabilidad de las remuneraciones.

Al respecto, cabe tener presente las siguientes consideraciones de hecho y de derecho que se pasan a exponer:

II.- BREVE EXPLICACIÓN RESPECTO DEL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR ESTABLECIDO EN LA LEY 20.027.

Como cuestión previa es necesario precisar que la Ley N° 20.027 estableció un Sistema de Crédito destinado a apoyar el acceso a la educación superior de aquellos estudiantes que, por motivos económicos, no podían acceder al sistema financiero para obtener los recursos necesarios para solventar el pago de sus estudios de educación superior.

Esta política pública, que facilita el financiamiento de la educación superior en nuestro país, es administrada por la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores (también denominada "Comisión Ingresa"), servicio público que forma parte de la Administración del Estado y que es el llamado por ley a administrar el Sistema de Financiamiento establecido en la Ley N° 20.027, consistente en la asignación de un beneficio que se materializa en el otorgamiento de un Crédito con Garantía Estatal, destinado a financiarlos estudios de educación superior de aquellos estudiantes que, por motivos económicos, no pueden acceder al sistema financiero.

Para efectos de la postulación y asignación del beneficio, la Comisión desarrolla un proceso en modalidades anuales, el que determina los estudiantes beneficiarios del Crédito con Garantía Estatal. Éste se inicia con la postulación por parte de los potenciales beneficiarios en el mes de noviembre del año anterior. Continúa con la determinación de los estudiantes que cumplen con todos los requisitos establecidos para el otorgamiento del beneficio, de acuerdo a la información proporcionada por ellos mismos y las instituciones de educación superior. Sigue con la suscripción de los documentos justificativos del crédito por parte de los estudiantes con la institución financiera respectiva, asignada de acuerdo al proceso de licitación pública anual convocado por la Comisión Ingresa para efectos de la contratación del servicio de financiamiento y administración de créditos para estudios superiores, conforme la Ley N°20.027 y su Reglamento, y de acuerdo a las Bases de Licitación determinadas por resolución dictada por la Comisión y tomada razón por la Contraloría General de la República.

Es necesario señalar que es la propia institución financiera la que se encarga del proceso de suscripción de documentación crediticia de acuerdo a los formatos incluidos como anexos en las Bases de Licitación Pública cuya legalidad es verificada por la Contraloría General de la República, y a la información personal y académica del estudiante, además de fijar las fechas y lugares para llevarlo a cabo. Finalmente, termina con la transferencia de recursos desde las instituciones financieras a las instituciones de educación superior, con cargo a las líneas de crédito otorgadas a los estudiantes beneficiarios del Sistema de Crédito con Garantía Estatal, entre los meses de agosto y septiembre de cada año.

Para la posterior obtención del crédito, es requisito que el estudiante deba matricularse en alguna institución de educación superior que cumpla con los requisitos establecidos por el art. 7 de la Ley N° 20.027. En virtud de lo establecido en el Reglamento de esta última ley, cuyo texto se encuentra establecido en el Decreto Supremo N° 182, de 2005, modificado por los Decretos N° 266, de 2009, y N° 47, de 2013, todos del Ministerio de Educación, al terminarse los periodos de matrícula cada Institución de Educación Superior tiene la obligación de enviar a Comisión Ingresa a través de la plataforma informática disponible para estos efectos, la individualización de todos los estudiantes matriculados que cumplan con las exigencias para ser beneficiarios del Crédito con Garantía Estatal. Sólo de este modo, la Comisión accede a conocer la situación del postulante a fin de determinar la obtención de su crédito, dado que por una parte, se conoce la entidad que prestará los servicios educaciones y a la que por consiguiente, se le deberá cursar el crédito y por otra, el programa académico seleccionado por el postulante, que en consecuencia, define el arancel de referencia máximo sobre la base del cual se otorga el crédito solicitado por el estudiante, condiciones todas (Institución de Educación Superior, Carrera, Arancel, Crédito, etc.) que posteriormente deberán ser confirmadas por el estudiante beneficiario al momento de suscribirla documentación crediticia con su respectiva institución financiera.

Una vez que las entidades han aportado la información descrita más arriba, se procede a la asignación de créditos entre las instituciones financieras participantes, realizada de acuerdo a las bases de licitación de cada año. Finalizado este procedimiento se determina el banco que financiará el crédito de cada beneficiario, información final requerida para suscribir los contratos de apertura de línea de crédito para el financiamiento de sus estudios superiores con garantía estatal y demás instrumentos requeridos para la gestión del mismo.

Se debe destacar especialmente que, una vez egresado el alumno e iniciado el período de pago del crédito, y hasta finalizar el período de pago de éste, la Comisión se encuentra encargada de administrar la postulación y otorgamiento de los diversos beneficios de pago del crédito. En particular, la ley N° 20.634, que modificó la ley N° 20.027 introduciendo una reducción al 2% de la tasa de interés de los créditos pactados con anterioridad al 31 de octubre de 2011, mediante un copago de cargo fiscal. Además, se otorga la posibilidad de pagar una cuota equivalente al 10% del total de la renta promedio que hubiere obtenido durante los últimos doce meses. Otro mecanismo contemplado en la ley N° 20.027 es la suspensión temporal de pago por cesantía o por estudios en el extranjero, el cual hace cesar la obligación de pago por seis meses, renovables de mantenerse la situación de cesantía y/o estudios de post grado.

III. ANTECEDENTES CRÉDITO CON GARANTÍA ESTATAL ASIGNADO A LA RECURRENTE.

Al respecto, resulta necesario señalar que, de acuerdo con lo informado por la Comisión Ingresa, doña nombre reservado obtuvo el beneficio del Crédito con Garantía Estatal en el año 2013, para financiar sus estudios superiores, siendo la institución Banco de Itaú-Corpbanca, la encargada de otorgarle financiamiento.

Luego, en el proceso correspondiente la casa de estudios (Universidad Santo Tomás) informó el egreso de la estudiante el año 2013, circunstancia que, de acuerdo con la normativa propia de este Sistema de Crédito, generó la exigibilidad de las obligaciones derivadas de los desembolsos efectuados conforme a la Ley N° 20.027 y su Reglamento, del 2014.

Resulta pertinente señalar también, que el artículo 3° de la Ley N° 20.027, dispone que el Estado por intermedio del Fisco, garantizará hasta el 90% del capital más los intereses de los créditos que otorguen las instituciones financieras a estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa del Sistema. Por su parte, el artículo 6° del mismo cuerpo legal, agrega que la Garantía Estatal se hará efectiva en los casos que el beneficiario del crédito, habiendo egresado de la carrera, deje de cumplir con la obligación de pago de éste.

El artículo 35 del Reglamento, establece que, para efectos del pago de la garantía, se entenderá que el beneficiario ha dejado de cumplir con la obligación de pago toda vez que, agotadas las acciones de cobranza prejudiciales por parte de la entidad financiera respectiva, el alumno haya dejado de pagar, a lo menos, tres cuotas consecutivas de su crédito. Para que proceda el pago de la Garantía Estatal, la institución financiera (de conformidad a las Bases de Licitación del año 2006, en su numeral 4.4.2.1) deberá acreditar ante la Comisión lo siguiente: a) El agotamiento de las acciones de cobranza prejudiciales, b) El incumplimiento de pago del deudor en los términos ya señalados, c) El inicio ante tribunal competente de las acciones judiciales tendientes al cobro del crédito adeudado, correspondiendo a las Bases de Licitación de cada año precisar los trámites judiciales exigibles, y d) La notificación judicial del deudor.

Ahora bien, habiendo incumplido el deudor y recurrente de autos con su obligación de pago, y agotadas las instancias extra judiciales para obtener el pago del crédito, Banco Itaú Corpbanca, presentó con fecha 10 de diciembre de 2021, demanda ejecutiva ante el 1er Juzgado Civil de Santiago, en causa Rol C-18036-2020, acompañando pagaré suscrito conforme lo establecen las Bases de Licitación Pública, y en ejecución de los mandatos otorgados por el deudor a la institución financiera, al momento de suscribir su Contrato de Apertura de Línea de Crédito para Estudios Superiores, dando cumplimiento a sus obligaciones de administración y cobro de los Créditos con Garantía Estatal.

Enseguida, y considerando que la Comisión es el servicio público llamado por la normativa a verificar el incumplimiento del deudor, a través de la constatación del inicio de las acciones judiciales destinadas al cobro de la deuda, a través de Resolución Exenta N° 182/2019, de fecha 04 de noviembre de 2019, se certificó el cumplimiento de las obligaciones de administración por parte de la institución financiera y la solicitud del pago de la garantía estatal.

Verificado entonces el incumplimiento de la obligación de pago del Crédito con Garantía Estatal, con fecha 3 de agosto de 2021, por medio de la Res N° 156/2021, la Comisión remitió a la Tesorería General de la República el formulario de cobro del crédito, registrando en la Cuenta Única Tributaria del recurrente, una deuda por 197, 76 UTM.- IV. COMPENSACIÓN DEL CREDITO FISCAL.

En lo relativo a la aseveración de la recurrente referida a que la compensación habría operado de manera ilegal y arbitraria por Tesorería, es preciso reiterar que ello no es efectivo, por cuanto, como se ha indicado, la obligación de pago de los créditos por parte de los alumnos nace a partir del día 5 del décimo noveno mes contado desde la fecha de término del plan de estudios, momento en el cual la entidad financiera debe generarles un cuadro de pago, iniciándose el periodo del servicio normal de financiamiento.

Si el ex alumno o egresado incurre en mora en el pago de su crédito, las entidades financieras, en su calidad de administradoras de los créditos, deben efectuar las gestiones de cobranza de los mismos, conforme lo disponen las Bases de Licitación correspondientes a la adjudicación del servicio de administración y financiamiento de estos créditos. Estas gestiones de cobranza forman parte de los requisitos que éstas deben cumplir para efectos de proceder al cobro de la Garantía Estatal, según lo dispuesto en las respectivas Bases de Licitación.

Cumplidos los requisitos por las entidades financieras, éstas pueden solicitar a la Comisión Ingresa que certifique dicha circunstancia y remita el giro (formulario 34) para el cobro de la deuda.

En el caso que motiva el presente recurso de protección consta que, verificado el incumplimiento de la obligación de pago del Crédito con Garantía Estatal, la Comisión Ingresa remitió a la Tesorería General de la República el formulario 34 de cobro del crédito, registrando éste en la Cuenta Única Tributaria del recurrente, una deuda por 197, 76 UTM certificado de movimiento de dicho formulario que se acompaña en un otrosí. Esta obligación legal de pago de la acreencia fiscal nace cuando se certifica por parte del organismo girador (Comisión Ingresa) el cumplimiento de las obligaciones de administración de los créditos.

V.- NORMATIVA APLICABLE Ahora bien, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto Ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, y al artículo 1° del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, corresponde a esta Institución efectuar el pago de las obligaciones del Fisco, dentro de las cuales se incluyen aquellas derivadas del cumplimiento de decretos o resoluciones que ordenen pagar prestaciones pecuniarias.

En el caso de la recurrente, el pago de la suma única y total de $7.822.935.- por concepto de Sentencia pronunciada por el Juez Laboral, no se verificó por cuanto operó una compensación entre deudas reciprocas de la recurrente y del Fisco.

Al momento de verificarse el pago, Tesorería en uso de sus facultades legales, procedió a compensar la deuda de la recurrente de que da cuenta el formulario 34, folio 277531, por concepto de deuda de crédito con aval del Estado, lo que consta en certificado de egreso que se acompaña en un otrosí y donde consta la suma compensada.

Ahora bien, la facultad que asiste a Tesorería para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco está contemplada en el artículo 6° del D.F.L. N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, norma que debe concordarse con los demás elementos que, según el Código Civil, son de la esencia de la compensación como modo de extinguir las obligaciones.

De acuerdo al artículo 1.656 del Código Civil, la compensación opera por el sólo ministerio de la ley y aún sin conocimiento de los deudores, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 1) Que dos personas sean deudoras una de otra; 2) Que ambas deudas sean de dinero; 3) Que ambas deudas sean líquidas y 4) Que ambas sean actualmente exigibles.

En el caso que motiva el presente recurso de protección, se desprende que concurría el primero de los requisitos para que operara la compensación. En relación a los requisitos 2° y 3° no existe controversia toda vez que se trata de deudas en dinero cuya liquidez emana de su propia naturaleza. En cuanto al 4° requisito referido a la exigibilidad de ambas deudas, estimamos que éste requisito se cumple por cuanto a la data en que operó este modo de extinguir su deuda era plenamente exigible, el formulario 34 en cuestión estaba en Tesorería en “condiciones de ser pagados”, modalidad de la exigibilidad requerida por el artículo 6° del D.F.L. N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, y por ende, en relación a estas deudas reciprocas operó por el solo ministerio de la ley la compensación.

Es preciso consignar que existe una reiterada jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia que ha sostenido que no existe ilegalidad o arbitrariedad en la facultad conferida a Tesorería para compensar deudas de contribuyentes con créditos que éstos tengan contra el Fisco.

Así se ha señalado: “ 9°) Que, por consiguiente, de todo lo expresado en los motivos precedentes se deduce que el órgano de la administración del Estado recurrido en estos autos, no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario al haber efectuado la compensación administrativa que motivó la interposición del presente recurso, debido a que dicho acto administrativo realizado por el Servicio de Tesorerías obedece al uso de sus facultades privativas dentro del ámbito de su competencia y además, reunió las exigencias contempladas en el artículo 1656 del Código Civil, puesto que tanto el recurrente (…) como la citada entidad, reunían la calidad de acreedor y deudor, recíprocamente; las deudas eran dinerarias, líquidas y actualmente exigibles, contando la autoridad administrativa con las facultades correspondientes para proceder del modo como lo hizo, lo que descarta cualquier arbitrariedad o ilegalidad en su proceder. En consecuencia este recurso será rechazado.” Rol Corte 18.452-2020, Corte de Apelaciones de Concepción de fecha 04-02-2021.- VI.- EN LO QUE RESPECTA A LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EVENTUALMENTE TRANSGREDIDAS.

No ha existido vulneración al derecho de propiedad por cuanto no ha existido “un embargo de las remuneraciones” como lo señala en su recurso la recurrente, sino una orden de pago de una suma determinada, pago que se hace efectivo si se cumplen todos los presupuestos legales que la hacen procedente, entre los cuales, que no tenga deudas pendientes de pago.

Es la propia ley la que regula de pleno derecho, el modo de extinguir las obligaciones que se configuró en el caso de marras, por lo que tampoco es posible distinguir alguna vulneración al derecho de igualdad ante la ley ni de vulneración a la integridad psíquica, dada la aplicación general de la ley, no constando ni acreditándose alguna excepción, respecto a los créditos que operaron recíprocamente en la compensación.

De lo expuesto precedentemente, puede apreciarse claramente que no ha existido una privación, perturbación o amenaza de los derechos constitucionales de doña nombre reservado, toda vez que la Tesorería General de la República sólo se ha limitado a cumplir con sus funciones y ha ajustado su conducta de manera estricta a lo que dispone la ley.

VII.- CONCLUSIONES Para la procedencia del Recurso de Protección, se requiere efectivamente que se hayan realizado actos u ocurrido omisiones, con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre garantizado y amparado en el texto constitucional, situación que en caso alguno concurre respecto de la Tesorería General de la República, toda vez que ésta, según se ha demostrado, sólo se limitó a actuar dentro de la competencia que le otorga el artículo 6° de su Estatuto Orgánico, sin que se advierta una vulneración de las garantías constitucionales denunciadas como vulneradas por la recurrente.

Acompaño Certificado de movimiento de formulario 34, folio 277531 por concepto de deuda de crédito con aval del Estado y comprobante de Compensación, donde consta el monto compensado.

A folio N°14 se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio SEGUNDO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente TERCERO: Que el primer supuesto de la acción de protección se configura por la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, que en la especie y al tenor de las alegaciones, se circunscribe a que, somo se indica en el recurso, 1.- Indican que su representada de profesión Nutricionista trabajó en la SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LA ARAUCANÍA, comenzando a prestar servicios para su ex – empleador, con fecha 09 de Abril de 2021, debiendo realizar según contrato de trabajo funciones de Trazabilidad Epidemiológico por alerta sanitaria de COVID -19.

2.- Fue despedida por la SEREMI DE SALUD DE LA ARAUCANÍA con fecha 20 de Abril de 2022 por la causal del Artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo fundado en lo siguiente: “Por el cambio de las condiciones epidemiológicas en la Región de La Araucanía, principalmente por la alta cobertura del Plan de Inmunizaciones, lo que conlleva una disminución de las cifras de contagios de Covid-19 en la región en el último periodo; por tal motivo se determina que sea menor el número de trabajadores necesarios para desarrollar la estrategia en la que usted se desempeña y se hace necesaria la disminución de trabajadores contratados”.

3.- Que al considerar la Srta. nombre reservado que su despido fue injustificado y además que a su contrato se le puso término en forma anticipada de manera injustificada, demandó al Fisco de Chile junto a otros 6 compañeros de trabajo, en la misma situación, en causa RIT O-557-2022 del Juzgado del Trabajo de Temuco por concepto de lucro cesante el pago de las remuneraciones de los meses de Mayo 2022, Junio 2022, Julio 2022, Agosto de 2022 y Septiembre de 2022, ya que su contrato en ese entonces era hasta el término de alerta sanitaria por COVID-19 que terminaba el 31 de Septiembre de 2022, sin perjuicio que posteriormente se fue prorrogando.

Agrega que si bien la ex –empleadora de nuestra representada era la SEREMI DE SALUD DE LA ARAUCANÍA se demandó al FISCO DE CHILE ya que la SEREMI DE SALUD es un servicio centralizado dependiente del Ministerio de Salud, sin personalidad jurídica ni patrimonio propio.

4.- Que por sentencia definitiva de fecha 15 de Septiembre de 2022 la cual se encuentra firme y ejecutoriada el Juzgado del Trabajo de Temuco acogió la petición de lucro cesante condenando al FISCO DE CHILE a pagar las remuneraciones de los meses de Mayo 2022, Junio 2022, Julio 2022, Agosto 2022 y Septiembre de 2022 monto que según liquidación realizada en la causa de cobranza laboral (cumplimiento de sentencia) RIT C-474-2022 del Juzgado del Trabajo de Temuco era la suma de $7.592.283 lo adeudado, sin embargo actualizado al mes anterior a la fecha que se debió concretar el pago era la suma de $7.822.935 (siete millones ochocientos veintidós mil novecientos treinta y cinco pesos)

5.- Que el Fisco de Chile a través de TESORERIÁ GENERAL DE LA REPUBLICA (TESORERIA GENERAL DE LA ARAUCANÍA) realizó el pago a 6 demandantes de la mencionada causa RIT O-557-2022, menos a la Srta. nombre reservado, a la cual Tesorería no le realizado pago alguno del juicio en que fue vencido el Fisco de Chile, indicando que se le iba a retener lo que se le debió pagar al registrar deuda por concepto de CREDITO UNIVERSITARIO AVAL DEL ESTADO “CAE”.

CUARTO: Que al evacuar su informe la Tesorería General de República, explicó que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Nº 20.027, el dueño del crédito CAE es actualmente el Fisco de Chile y en tal circunstancia la retención efectuada la recurrente a la renta del recurrente obedece a la expuesto en el artículo 18 bis de la mencionada ley, en el sentido de que la Tesorería, en representación del Fisco, está facultada para realizar las acciones de cobranza judicial y extrajudicial que sean procedentes respecto de los créditos de los que es titular el Fisco y aquellos en que se hubiera hecho efectiva la garantía, como ocurre en el presente caso. Además, este Corte comparte el criterio señalado por el Tesorería cuando expresa que de conformidad a lo expuesto en el artículo 30 del Decreto Ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, y al artículo 1° del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, corresponde a esta Institución efectuar el pago de las obligaciones del Fisco, dentro de las cuales se incluyen aquellas derivadas del cumplimiento de decretos o resoluciones que ordenen pagar prestaciones pecuniarias y, es por ello, que en el caso de autos el pago de la suma única y total de $7.822.935 no se verificó por cuanto operó una compensación entre deudas reciprocas de la recurrente y del Fisco, todo ello en virtud de que momento de verificarse el pago, Tesorería en uso de sus facultades legales, procedió a compensar la deuda de la recurrente de que da cuenta el formulario 34, folio 277531, por concepto de deuda de crédito con aval del Estado, dando cumplimiento con ello a lo Informado por la Comisión Ingresa en Resolución N° 156 de 3 de agosto del año 2021 por medio de la cual remite a Tesorería el formulario de cobro de la deuda de la recurrente.

QUINTO: Que, en este orden de ideas, y sin que haya mediado sentencia judicial que declare la prescripción de la deuda o haya operado a su respecto algún modo de extinguir las obligaciones, se entiende que la deuda proveniente del crédito CAE se encuentra aún vigente, pudiendo ordenar la Tesorería General la retención efectuada a la recurrente, como lo hizo, para efectos de obtener el pago del crédito a favor del Fisco de Chile.

SEXTO: Que, conforme lo anterior, se descarta el reproche de ilegalidad de la recurrente, en atención a que la retención se sustenta en el plano fáctico en la existencia de la una deuda y, desde lo normativo, en lo ya referido de la Ley Nº 20.027, sin que sea necesario, como erradamente sostiene la recurrente, la existencia de una resolución judicial que ordene la retención, puesto que la facultad de la recurrida se encuentra entrega por la legislación.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por ANDRÉS RODRIGO PÉREZ VALDEBENITO, y SILVIA GONCALVES CONTRERAS MALDONADO, Abogados, en representación de doña nombre reservado en contra TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Redacción del abogado integrante Sr. Ricardo Fonseca Gottschalk.

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