nombre reservado con SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA

C.A. de Temuco Temuco, dieciséis de marzo de dos mil veintidós.

VISTO:

A folio 1, comparece don nombre reservado, dirigente mapuche, cédula de identidad Nº RUT reservado, quien recurre por sí y en nombre de 76 comunidades indígenas constituidas al amparo de la Ley N°19.253, compuestas por: Comunidad Pullallan P.J n° 1350, Comunidad nombre reservado.J n° 486, nombre reservado.J n° 2071, comunidad nombre reservado.J n° 683, Comunidad nombre reservado.J n° 1525, Comunidad nombre reservado.J n° 1551, Comunidad Llecomahuida P.J n° 692, Comunidad nombre reservado.J n° 1429, Comunidad nombre reservado.J n° 94, Comunidad nombre reservado.J n° 1546, Comunidad nombre reservado y nombre reservado.J n° 2071, Comunidad nombre reservado.J n° 679, Comunidad nombre reservado.J n° 1238, Comunidad Ralico P.J n° 1459, Comunidad nombre reservado.J n°151, Comunidad nombre reservado.J n° 261, Comunidad nombre reservado.J n° 1534, Comunidad Matea Burgos Viuda de Railén P.J n° 667, Comunidad Luisa Calvul P.J n° 112,Comunidad nombre reservado.J n° 799,Comunidad Huapi Comue P.J n° 1299,Comunidad nombre reservado Chico P.J n°1572,Comunidad nombre reservado.J n° 1573,Comunidad nombre reservado.J n° 1532,Comunidad Margarita Paillef P.J n°,nombre reservado.J n°34,Comunidad nombre reservado.J n°1185,Comunidad Llangui P.J n° 769,Comunidad nombre reservado y nombre reservado.J n° 1455,Comunidad nombre reservado y nombre reservado.J n°1470,Comunidad Conin Budi P.J n°720 ,Comunidad nombre reservado.J n°199,Comunidad Huilinao Nahuelcoy P.J n°133,ComunidadHuapi Budi P.J n°437,Comunidad Calbuleo Marileo P.J n°465, Comunidad nombre reservado.J n° 1517,Comunidad Centro Romopulle P.J n°444,Comunidad Rucatraro Queupan P.J n° 1233,Comunidad nombre reservado.J n°308,Comunidad Nahuelhuapi P.J n°357,Comunidad nombre reservado.J n°543,Comunidad Jacinto Calvuin P.J n° 812,Comunidad Trablaco P.J n° 1036,Comunidad Trablanco P.J n°1263,Comunidad Huillinco P.J n°257,Comunidad Remeco Budi P.J n° 828,Comunidad Zencolle Budi P.J n°258,Comunidad Oño Oñoco P.J n°976,Comunidad nombre reservado.J n° 1352,Comunidad nombre reservado Quillio P.J n°255,Comunidad Painemilla P.J n°7, Comunidad nombre reservado.J n°1564,Comunidad nombre reservado.J n°272,Comunidad Martin Huenchucoy P.J n°219,Comunidad Lorenzo Chañafil P.J n°1430, Comunidad nombre reservado.J n°1113,Comunidad Llanquitue P.J n°246,Comunidad Nahuelquetre P.J n°1394,Comunidad Ñañil P.J n°1430,Comunidad Santa nombre reservado P.J n° 221,Comunidad nombre reservado.J n°149, Comunidad nombre reservado.J n°1511,nombre reservado.J n°147,Comunidad Collico P.J n°703,Comunidad Caniupi Llancaleo P.J n°1248,Comunidad nombre reservado.J n°339, Comunidad nombre reservado.J n°1456, Comunidad nombre reservado.J n°1466, Comunidad Huircaman Carmona P.J n°1457, Comunidad Quilhue P.J n° 1458,Comunidad Cayurranquil P.J n° 1262, Comunidad nombre reservado.J n° 382,Comunidad nombre reservado.J n°1799, Comunidad nombre reservado.J n°1473,Comunidad nombre reservado.J n°1554,nombre reservado.J n°725, agrupadas bajo la asociación de hecho Aylla Rewe Budi, todos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, Dirección Jurídica, de la Municipalidad de Puerto Saavedra, comuna de Saavedra, Región de la Araucanía; quienes interponen recurso de protección en contra de la SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA, representada legalmente por la jefa superior del servicio público, doña nombre reservado, en razón del acto administrativo ilegal y arbitrario que a continuación se detalla: La Resolución Exenta N°2945 que declara el desistimiento del recurso de reposición con jerárquico en subsidio en contra de la Resolución Exenta N°2584 de 27 de mayo de 2021, que declaró admisible parcialmente la solicitud de establecimiento de Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios que allí indica.

Funda su recurso en que con fecha 26 de agosto de 2020, la asociación de hecho denominada Aylla Rewe Budi, compuesta por 76 comunidades indígenas pertenecientes al borde costero de la comuna de Saavedra, presentó ante la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (de ahora en adelante “Subpesca”) dos solicitudes de Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (de ahora en adelante “ECMPO”) en virtud de lo dispuesto en la Ley N°20.249, que crea el Espacio Costero Marino para Pueblos Originarios, las cuales fueron divididas en dos presentaciones y que versan sobre tres espacios a saber:

a. Expediente del Borde Costero Budi: solicitud correspondiente a mar y “lago budi”: -Mar territorial, rocas, porciones de agua y fondo de mar comprendidos entre la franja de 12 millas desde la línea de playa, por el NORTE: extendida desde el límite entre la Comuna de Saavedra y Carahue, y por el SUR: extendida desde el límite entre la comuna de Saavedra y Teodoro Schmidt / Playa y terreno de playa litoral, correspondiente a la franja de 80 metros de ancho extendida desde la línea de playa en el punto de marea más alta por el NORTE: desde el límite entre la comuna de Saavedra y Carahue y por el SUR: desde el límite entre la comuna de Saavedra y Teodoro Schdmit.

- Laguna costera, ribera lacustre, desembocadura, rocas, porción de agua y fondo de lago dentro de todo el espacio geográfico que ocupa el “Lago Budi”, tomado como referencia desde el punto de marea más alta. En su condición de espacio inseparable del borde costero del territorio que habitan las comunidades solicitantes.

b. Expediente del Río Imperial: solicitud correspondiente al río Imperial. -Río navegable, ribera, desembocadura, rocas, porción de agua y fondo de río, de toda la porción del río y la laguna del río Imperial (D.S N° 12-1998 Ministerio de Defensa Nacional). Hasta el límite con la comuna de Carahue. Laguna costera Imperial, ribera lacustre, desembocadura, rocas, porción de agua y fondo.

Una de las principales razones para presentar ambas solicitudes ECMPO encuentran su fundamento en la relación histórica que han tenido y mantiene las comunidades con estos espacios. Específicamente en el caso expuesto en esta instancia, es decir, el Lago Budi, la petición encuentra su fundamento en la necesidad de proteger el uso consuetudinario de este espacio, que ha sido milenariamente utilizado por el pueblo mapuche lafkenche mediante la realización de ceremonias propias del pueblo mapuche, tales como nguillatún, kamarikun, palikantun, llellipun, entre otras, además del uso de los recursos naturales a través de la pesca artesanal, recolección de orilla y otras formas de aprovechamiento sustentable en el tiempo. Sin perjuicio además de resguardar las costumbres consuetudinarias de cada uno de estos espacios, se debe recalcar especialmente la protección desde el punto de vista medioambiental, pues en consideración a la estrecha relación de los pueblos originarios con el ecosistema donde desarrollan sus vidas, protegerlos a través de la Ley Lafkenche, que crea los ECMPO, viene precisamente a cumplir este objetivo, constituyéndose como la única opción para lograr una efectiva protección de los mismos.

Indica que en relación al expediente del Borde Costero Budi, materia objeto de este recurso, mediante resolución exenta N°1632 de fecha 27 de mayo de 2021, se declaró admisible parcialmente, rechazándola en aquella parte que se refería al Lago Budi, esgrimiendo para estos efectos el siguiente argumento: “Que mediante Informe Técnico (A) N° 12/2021, contenido en Memorándum (D.D.P) N° 097, de 9 de marzo de 2021, citado en Visto, la División de Desarrollo Pesquero de esta Subsecretaría informa que la presente solicitud cumple con los requisitos señalados en la Ley N° 20.249, su reglamento y con aquellos contenidos en el artículo 30 de la Ley 19.880, recomendando declararla parcialmente admisible, excluyendo aquella parte que recae sobre el Lago Budi, por tratarse de un área no susceptible de ser declarada como espacio costero marino de pueblos originarios.”

Respecto de dicha decisión, manifiesta que dicha resolución no fue fundamentada en normas de rango legal que dieran sustento plausible a dicha decisión, descansando aquella en un memorándum técnico elaborado por el mismo organismo que la dicta. En segundo lugar, la recurrida tuvo un tiempo de respuesta bastante prolongado de casi 7 meses, en relación a lo que dispone la Ley N°20.249 y su reglamento, que establece un plazo máximo de 2 meses para realizar el examen de sobreposición, para informar si existen concesiones sobre el área solicitada.

Refiere que dedujo contra dicha resolución un recurso de reposición administrativo con fecha de 04 de junio de 2021 individualizado con el control interno N° 45, que se acompaña, con el propósito de reconsiderar la decisión contenida en esta resolución dentro de este procedimiento administrativo. El fundamento del recurso de reposición, en contra de la mencionada resolución de admisibilidad parcial descansa en el Memorándum (D.D.P) N°097 de 9 de marzo de 2021 de esta Subsecretaría, la cual tiene rango infra-legal y restringe el alcance de disposiciones con rango legal y superior inclusive. Téngase presente que las reglas de interpretación de la ley son bastante precisas en el ordenamiento jurídico de la República y debe apreciarlas todas en su conjunto.

Sostiene que con posterioridad a la presentación del recurso de reposición, SUBPESCA requirió mediante carta (D.D.P) N° 1342 de fecha 17 de junio de 2021 que se acompañen documentos fundantes que acrediten la personería de don nombre reservado, para representar las 76 comunidades solicitantes del ECMPO. Cabe destacar que la aludida misiva señalaba expresamente que: “Por medio de la presente comunico a Ud. que, con la finalidad de complementar los antecedentes entregados en virtud del C.I SUBPESCA VIRTUAL de la Ref., y de acuerdo con las exigencias del artículo 22 y 30 de la ley 19.880, resulta necesario que acompañe copia autorizada de la escritura pública o del instrumento privado autorizado ante notario, en donde conste poder suficiente para representar a la asociación de comunidades indígenas Aylla Rewe Budi, con certificación, con certificación de vigencia de la personería correspondiente a la fecha de su solicitud, debido a que los antecedentes acompañados resultan incompletos o insuficientes.”

Expone que es de relevancia mencionar que pese a que dicha carta hace mención a que los documentos debían contar con certificación de vigencia de la personería a la fecha de solicitud, este requisito no se encuentra explicitado en ninguno de los dos artículos de la Ley N°19.980, que establece las bases de los procedimientos administrativos, citada en la resolución. Además y tal como se indicó con anterioridad, el representante y también recurrente, don nombre reservado, fue designado mediante poder simple y firmó ambos ingresos de solicitudes cuando fueron presentadas ante la Subpesca, con fecha, el 26 de agosto de 2020.

Indica que en respuesta a dicha carta, según documento acompañado en un otrosí de esta presentación, con fecha 25 de junio de 2021 se presenta oficio individualizado con el control interno N° 49, solicitando prescindir de dichos documentos y en subsidio ampliar el plazo para presentar los documentos debidamente legalizados ante notario. En relación a la primera petición, ésta descansaba precisamente en la delegación de poder realizada por las 76 comunidades, a través del reconocimiento del derecho propio mapuche, quienes se convocaron especialmente para nombrar a sus representantes en una reunión (txawun), en la cual se nominó a don nombre reservado y a doña nombre reservado para representarlos y que encabezaran el proceso para llevar a cabo ambas solicitudes.

La segunda petición de prórroga de plazo, se fundamentaba en la situación de pandemia por covid-19 decretada a nivel mundial, que en aquel entonces mantenía a la comuna de Saavedra en cuarentena por la alta tasa de contagios y que como es de público conocimiento, según el plan Paso a Paso vigente a la fecha, establecía una serie de restricciones en ese orden como límite en la cantidad de permisos, aforos y consecuencialmente restricción en la movilización. Sumado a lo anterior, las comunidades solicitantes se sitúan todas en sectores rurales de la comuna de Saavedra, donde para poder acceder a servicios notariales se debe recurrir obligatoriamente a la ciudad de Carahue, que se sitúa a 31 kilómetros aproximadamente de la comuna. Adicionalmente, en algunos sectores rurales de la comuna existían cordones sanitarios, dado que la gran mayoría de los contagios se mantenían en esas zonas.

Así las cosas y teniendo en cuenta todos los resguardos necesarios en materia de protocolos sanitarios, atendiendo al requerimiento de la misma Subpesca, se procedió a firmar ante notario público de Carahue 6 mandatos judiciales y administrativos para efectos de ratificar el poder de representación y de esa forma proseguir con la tramitación de recurso. Es del caso mencionar que dicho trámite, en consideración a la cantidad de comunidades firmantes, tuvo un tiempo de duración de un mes.

Manifiesta que una vez firmado los mandatos anteriormente descritos, se procedió a acompañarlos mediante oficio N° 73 de control interno de fecha 02 de septiembre de 2021. Cabe destacar que, la recurrida jamás respondió a la solicitud efectuada en orden a prescindir de los documentos ni mucho menos se pronunció respecto al aumento de plazo solicitado.

Subraya que con fecha con fecha 21 de diciembre de 2021, Subpesca remite mediante carta certificada, la resolución exenta N° 2945, de fecha 03 de noviembre de 2021, mediante la cual se informa el desistimiento de nuestra solicitud, esgrimiendo que: “… a la fecha de interposición de los recursos administrativos a los que se hace referencia en el considerando primero de la presente resolución, el recurrente Sr. nombre reservado, no ostentaba la calidad jurídica de mandatario de la asociación de comunidades indígenas solicitantes del espacio, por lo que no se encontraba facultado para recurrir en representación de la misma”.

Estima la ilegalidad de dicha decisión por las siguientes razones:

1. Infracción a los artículos 2, 7 inciso 2° y 10 de la Ley 20.249 y del artículo 5 de su Reglamento.

La infracción de mayor gravedad a la que nos enfrentamos en este caso dice relación con el mismo procedimiento de declaración de un Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios establecido en la 20.249. En su artículo 2° la ley señala: “Serán susceptibles de ser declarados como espacio costero marino de pueblos originarios los bienes comprendidos en el borde costero que se encuentran bajo la supervigilancia y administración del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina, de conformidad con el artículo 1º del decreto con fuerza de ley Nº 340, de 1960, del Ministerio de Hacienda, sobre Concesiones Marítimas, o la normativa que lo reemplace.”

Como bien hemos mencionado con anterioridad, esta disposición define claramente el ámbito de aplicación de la ley, que no distingue entre los bienes que se mencionan en dicha disposición algunos que no sean susceptibles de ser destinados como espacio costero marino de los pueblos originarios.

En específico, la ley en su artículo 7 inciso 2° señala que:

“Recibida la solicitud, la Subsecretaría verificará, en el plazo de dos meses, si se sobrepone a concesiones de acuicultura, marítimas o áreas de manejo otorgadas a titulares distintos del solicitante.”

Por su parte el Reglamento de la Ley 20.249, Decreto 134/2009 del Ministerio de Planificación, en su artículo 5 indica que: “Recibida la solicitud, la Subsecretaría informará de ésta a la Subsecretaría de Marina y a la Autoridad Marítima, y verificará, en el plazo de dos meses, si se sobrepone a concesiones de acuicultura, marítimas o áreas de manejo otorgadas a titulares distintos del solicitante. Para tales efectos, la Subsecretaría podrá remitir los antecedentes en consulta a la Autoridad Marítima. En caso de constatarse una sobreposición con concesiones de acuicultura, marítimas o áreas de manejo otorgadas que impidan absolutamente el otorgamiento del espacio costero, se comunicará esta circunstancia al solicitante, mediante una resolución denegatoria fundada que dictará la Subsecretaría.”

Como se puede apreciar de las normas citadas, tanto la ley como el reglamento disponen que el procedimiento administrativo debe sustanciarse en determinados plazos, ya mencionados. En efecto, ninguno de los dos cuerpos normativos contempla dentro de sus consideraciones una etapa de admisibilidad especial que difiera del examen formal que hace la administración para verificar el cumplimiento de los requisitos de la solicitud, que en la especie se cumple sobradamente, de modo que no existe otra forma de interpretar las normas involucradas más que entender que desde el momento en que la solicitud se recibe el procedimiento administrativo toma su curso.

Existe en la especie por parte de Subpesca mediante la dilación arbitraria e ilegal de las etapas que componen el procedimiento administrativo de solicitud de Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios, una falta a lo que disponen dichas normas, estableciendo un actuar preferente en favor de este órgano de la administración del Estado y que en directo desmedro de las comunidades solicitantes.

Esto en consideración a que la Administración pretende que las comunidades sean las únicas obligadas a cumplir los plazos establecidos en la ley, pese a las distintas trabas que las afectan y que se han especificado en este recurso, y que ha servido de fundamento para que ellos como organismo público no cumplan los plazos a que están obligados.

2. Infracción al artículo 10, 15, 21 y 31 de la Ley 19.880 en su relación con los artículos 3 inciso 2° y 8° de la ley 18.575.

Dicho lo anterior, cabe recordar que la Ley 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos es la norma supletoria frente a los procedimientos administrativos especiales, siendo una norma abiertamente infringida por la omisión de la Administración.

La resolución declaratoria del desistimiento es en efecto ilegal y arbitrario desde que su fundamento, contenido en el motivo de la misma resolución al amparo del Artículo 31 de la Ley 19.880 que establece: “si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos señalados en el artículo precedente y los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de cinco días, subsane la falta o acompañe los documentos respectivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición”.

Del tenor literal del presente artículo se desprende que no hay exigencia alguna que indique que los documentos deben ser emitidos o legalizados con anterioridad al requerimiento del órgano respectivo, lo cual se reafirma al señalar que existe posibilidad de subsanar la falta o acompañar los documentos respectivos, estableciendo la opción para el interesado, que para el caso concreto se materializa en concurrir a legalizar mandatos de carácter judicial y administrativo.

Así las cosas, dispone el artículo 15 de la ley 19.880 que: “Principio de impugnabilidad. Todo acto administrativo es impugnable por el interesado mediante los recursos administrativos de reposición y jerárquico, regulados en esta ley, sin perjuicio del recurso extraordinario de revisión y de los demás recursos que establezcan las leyes especiales.”

En este punto se aprecia la ilegalidad del acto, en la medida que impugnar las resoluciones que dicten los órganos administrativos es un derecho que garantiza el debido proceso, que viene a ser especialmente más agravado por el estado de excepción constitucional que se encontraba vigente en esa época derivado de la pandemia declarada por brote de la enfermedad COVID-19.

Además y en el mismo sentido del punto anterior, el artículo 10 de la ley 19.880 dispone que: “Principio de contradictoriedad. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.”

Tal como se desprende del principio expuesto, los interesados pueden en cualquier momento del procedimiento aportar documentos, por lo cual es posible que el recurrente haya acompañado los mandatos ratificatorios con fecha posterioridad a la solicitud en cuestión. Sin perjuicio de lo anteriormente explicitado, cabe destacar que pese a que el recurrente al momento de presentar el recurso de reposición, no presentó los documentos pertinentes en orden a acreditar su representación, al presentarse la solicitud, firmó en representación de las 76 comunidades, razón por la cual también tiene la calidad de interesado y por tanto sus derechos resultan lesionados con la decisión adoptada por Subpesca. Así, en este orden de ideas, el artículo 21 de la ley 19.880 dispone que: “Interesados. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo: 1. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses individuales o colectivos.

2. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.

3. Aquéllos cuyos intereses, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se apersonen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.”

Por otra parte, se debe considerar también que la pandemia por Covid19 ha generado que el Estado, como principal ente en resguardar la seguridad de sus ciudadanos, este llamado a resguardar la salud para evitar el alza de los contagios y resguardar de esta forma la integridad física y psíquica de aquéllos. Así también lo dispone el artículo 3° de la ley 18.575 en relación con el artículo 8° del mismo cuerpo legal al disponer que: Artículo 3. “La Administración del Estado está al servicio de la persona humana; su finalidad es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente y fomentando el desarrollo del país a través del ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley, y de la aprobación, ejecución y control de políticas, planes, programas y acciones de alcance nacional, regional y comunal. La Administración del Estado deberá observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad administrativa y participación ciudadana en la gestión pública, y garantizará la debida autonomía de los grupos intermedios de la sociedad para cumplir sus propios fines específicos, respetando el derecho de las personas para realizar cualquier actividad económica en conformidad con la Constitución Política y las leyes.” “Artículo 8°. - Los órganos de la Administración del Estado actuarán por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, o a petición de parte cuando la ley lo exija expresamente o se haga uso del derecho de petición o reclamo, procurando la simplificación y rapidez de los trámites.”

3. Infracción de los artículos 5, 8, 12 y 15 del Convenio 169 de la OIT.

El Convenio 169 de la OIT fue ratificado por Chile en el año 2008, entrando en vigencia en el año 2009 y pasando a formar parte del ordenamiento jurídico de nuestro país, razón por la cual sus disposiciones deben ser respetadas por los organismos del Estado.

En particular, el Convenio reconoce la importancia que los pueblos indígenas otorgan a su territorio y al medio ambiente y dispone el respeto a sus costumbres y cultura ancestral, instando a los países que suscriben al tratado a respetar sus derechos y garantizar su identidad. En el presente caso, el actuar de la Subpesca significa vulneración de las disposiciones establecidas en el Convenio, desconociendo los compromisos internacionales que Chile ha adquirido en la materia. En primer lugar el artículo 5° señala que los países ratificantes, al aplicar las disposiciones del presente Convenio: a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente; b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos; c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo.

Es decir de conformidad con este artículo, implica que los Estados y por tanto los órganos de la administración deben respetar las instituciones que son propias de los pueblos originarios presentes en nuestro país.

En el mismo orden de ideas, el artículo 8° del mismo tratado dispone que: 1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. 2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio.

A mayor abundamiento, el artículo 12° del mismo tratado internacional dispone que: “Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces.”

Finalmente el artículo 15 inciso primero de este tratado vinculante para nuestro país dispone que: 1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.

4. Infracción a los Dictámenes de Contraloría General de la República E142955 del 2021 y 003610 del 2020.

No obstante las evidentes infracciones antes señaladas, y sin perjuicio de ellas, se debe consignar que la Administración cuenta con ciertos mandatos, que atendida las condiciones sanitarias por la pandemia Covid 19 que se vive a nivel mundial, lo que hace de suma importancia tomar medidas necesarias para no afectar los intereses de los intervinientes en procedimientos administrativos. En este sentido, la Contraloría General de la República ha dictaminado diversas instrucciones para los servidores públicos con el firme propósito de asegurar el cumplimiento de sus funciones. Así, en el dictamen N° 003610 del 2020 establece que:

“A la luz de lo prescrito por el artículo 45 del Código Civil, norma de derecho común y de carácter supletorio, el caso fortuito constituye una situación de excepción que, en diversos textos normativos, permite adoptar medidas especiales, liberar de responsabilidad, eximir del cumplimiento de ciertas obligaciones y plazos, o establecer modalidades especiales de desempeño, entre otras consecuencias que en situaciones normales no serían permitidas por el ordenamiento jurídico.

En la especie, el brote del COVID-19 representa una situación de caso fortuito que, atendidas las graves, consecuencias que su propagación en la población puede generar, habilita la adopción de medidas extraordinarias de gestión interna de los órganos y servicios públicos que conforman la Administración del Estado, incluidas las municipalidades, con el objeto de resguardar a las personas que en ellos se desempeñan y a la población evitando así la extensión del virus, al tiempo de asegurar la continuidad mínima necesaria de los servicios públicos críticos; esto es, aquellos cuyas funciones no pueden paralizarse sin grave daño a la comunidad.”

Sin perjuicio de lo anterior, prosigue el dictamen señalando en cuanto a las facultades de los jefes superiores de servicios y los plazos establecidos en los procedimientos administrativos que: “Del mismo modo, los jefes superiores de los servicios se encuentran facultados para suspender los plazos en los procedimientos administrativos o para extender su duración, sobre la base de la situación de caso fortuito que se viene produciendo”.

Finalmente, estima ilegal dicho acto administrativo por cuanto la Subpesca, no solo desconoce las instituciones de derecho propio del pueblo Mapuche, dentro de una unidad especializada de asuntos indígenas, sino que también, desconoce nociones básicas de derecho civil, por cuanto el cuasicontrato de agencia oficiosa regulado en los Arts. 2286 y ss. del Código Civil, por el cual una persona administra negocios ajenos, sin mandato, obligándose con ésta y obligándolas a ellas en ciertos casos. Dicho cuasicontroato, se perfecciona cuando concurre la ratificación, por el cual se otorga el mandato para la gestión administrativa, de que se trata el presente recurso.

En segundo orden de ideas, sostiene la arbitrariedad de dicha decisión, por cuanto toda vez que no era ajeno para la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura la situación que se vive a nivel nacional e internacional por la actual pandemia por Covid 19, lo que impide cumplir con los plazos establecidos en la ley 19.880.

Sin perjuicio de lo anterior, la arbitrariedad del acto administrativo radica además, en el fondo en establecer una discriminación arbitraria en cuanto a los espacios susceptibles de destinar al amparo de la Ley N°20.249 respecto de las concesiones marítimas para otros particulares distintos de las comunidades y asociaciones indígenas, y en la forma del procedimiento administrativo infringiendo abiertamente los plazos que establecen las respectivas leyes, estableciendo excepciones sólo para dicho servicio en el cumplimiento de plazos, eximiendo de las mismas a las comunidades solicitantes, razón por la cual resulta incomprensible que no se establezcan excepciones para los administrados.

Estima que tales conductas vulneran la garantía fundamental del artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, ya que los pueblos indígenas existentes en nuestro territorio nacional requieren una especial protección en lo que a sus formas de vida se refiere, pues en ella y por consiguiente en las prácticas ancestrales que se han mencionado en lo principal de este recurso, existe una estrecha relación con el medio ambiente en el que se desenvuelven, lo que hace posible perpetuar una forma de vida que es única en nuestro país, que los distingue de otros pueblos originarios y que en la práctica proviene de los saberes propios del pueblo mapuche Lafkenche, en la espiritualidad, cosmovisión y entre otros importantes aspectos.

En este caso concreto, la afectación a este derecho proviene de la acciones y omisiones en que ha incurrido reiteradamente Subpesca, ya que no acceder a las peticiones de las comunidades solicitantes, se constituye como una grave amenaza a las formas de vida de los pueblos originarios, específicamente del pueblo mapuche lafkenche, en lo que dice relación con la forma subsistencia que el que los mismos han mantenido por miles de años, tales como la pesca sustentable, la celebración de actividades de índole religiosa. Esto se materializa por parte de la Administración al impedir que, ante la grave situación que actualmente aqueja al lago Budi, se pueda proteger dicho espacio a través de su declaración como ECMPO.

En segundo lugar, sostiene la perturbación al derecho de igualdad ante la ley Art. 19 N°2 de la Constitución. Los actos descritos en el presente recurso importan una perturbación al derecho fundamental de igualdad ante la ley, por cuanto establece claramente que la autoridad no puede establecer diferencias arbitrarias. En este sentido, no resolver una petición administrativa realizada por la asociación de hecho de comunidades que se trata en el expediente de reconocimiento de Espacio Costero y Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) es una completa inobservancia a lo establecido en las leyes 20.249, 19.880, 18.575 y el Convenio 169 de la OIT, lo cual implica que las comunidades solicitantes se encuentren en una situación de desigualdad.

En tercer término refiere la vulneración al debido proceso, por cuanto en los hechos, el actuar de Subpesca, órgano que ha decidido no conocer del recurso de reposición, desatendió a las peticiones y antecedentes que fueron acompañados para conocer debidamente de la reposición en el fondo. En conclusión, es evidente que la Subpesca no ha actuado conforme a derecho, ya que ha negado cualquier posibilidad a los solicitantes de acceder al procedimiento racional y justo que en la especie procede y adicionalmente ha amenazado gravemente el resultado del procedimiento administrativo donde los recurrentes reivindican un derecho que se encuentra consagrado en tratados internacionales que versan sobre derechos humanos y que nuestro país ha ratificado y en consecuencia se encuentra obligado a respetar.

En cuarto lugar, refiere la perturbación al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, toda vez que en el presente caso la amenaza al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación por parte de la de Subpesca se aprecia, porque conjunto con denegar el espacio del Lago Budi como susceptible de ser destinado como ECMPO, deja la puerta abierta para todo tipo de concesiones marítimas, acuícolas o industriales que podrían afectar gravemente un ecosistema único en su especie.

Las comunidades mapuche lafkenche tienen entre sus motivos para solicitar el ECMPO, la necesidad de proteger la biodiversidad y asegurar que los ciclos naturales se cumplan, así como también ser activas en la protección del territorio ancestral marino a través del desarrollo de actividades de pesca tradicional sustentable y según las costumbres propias del pueblo mapuche lafkenche. Lo cual queda demostrado a través de otros instrumentos de gestión territorial, tal como la declaración de área de desarrollo indígena (ADI- BUDI) por Decreto N°71 del Ministerio de Planificación de 10 de marzo de 1997 al amparo de la Ley 19.253 y la prohibición de caza declarada por el SAG el año 1992.

Pide, en definitiva, que se acoja el recurso y se ordene que se deje sin efecto la Resolución Exenta N° 2945 de 03 de noviembre de 2021, proveyendo que se acoja a tramitación el Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios denominado “Lago Budi” al amparo de la Ley 20.249 volviendo al estado procesal de admisibilidad o lo que estime en derecho procedente, con una ejemplar condena en costas.

Acompaña a su recurso: 1. Escritos de solicitudes ECMPO de fecha 26 de agosto de 2020; 2. Resolución exenta N° 1632 de 27 de mayo de 2021; 3. Recurso de reposición de fecha 04 de junio de 2021; 4. Carta Subpesca (D.D.P) n° 1342 de fecha 17 de junio de 2021; 5. Oficio solicitud de ampliación de plazo de fecha 25 de junio de 2021; 6. Oficio acompaña mandatos de fecha 02 de septiembre de 2021; 7. Resolución exenta N° 2945 de 03 de noviembre de 2021; 8. Informe condición oceanográfica y morfológica del cuerpo de agua Budi, Doctor nombre reservado; 9. Informe sociocultural territorio Budi. Con fecha 9 de marzo de 2022 acompañó los siguientes documentos: 1. Publicación Diario Oficial 03 de junio de 2021 de resolución exenta N°498 de 31 de mayo 2021; 2. Dictamen de Contraloría General de la República N° 3.610/2020; 3. Copia sobre de correspondencia y seguimiento de resolución exenta N°2945 de 03 de noviembre de 2021.

A folio 16, comparece doña nombre reservado, Subsecretaria de Pesca y Acuicultura (s), quien evacúa informe.

Expone, en primer término, la extemporaneidad del recurso de protección, por cuanto si bien es cierto que el recurrente afirma que el acto impugnado sería la Resolución Exenta N° 2.945 de fecha 3 de noviembre de 2021, en realidad el acto administrativo que se pretende atacar es la Resolución Exenta ° 1.632 de fecha 27 de mayo de 2021, que acogió parcialmente a trámite la solicitud de establecimiento del ECMPO denominado “Aylla Rewe Budi”, excluyendo aquella parte que recae sobre el lago Budi. En efecto, a lo largo del recurso se afirma en reiteradas ocasiones que lo que se pretende atacar es dicha resolución y el informe técnico.

Sin perjuicio de ello, aun si se considera que el acto administrativo impugnado es la Resolución Exenta N° 2.945 de 3 de noviembre de 2021, de igual modo el recurso ha sido deducido de forma extemporánea, por cuanto éste fue interpuesto con fecha 20 de enero de 2022. En efecto, dicha resolución llegó a la oficina de correos el día 5 de noviembre de 2021, como consta en comprobante de Chilexpress que se acompaña. En ese sentido, conforme al artículo 46 inciso segundo de la Ley N° 19.880 prevé que las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente al de su recepción en la oficina de correos que corresponda. Así, Contraloría ha sostenido, entre otros, en dictámenes N° 98.157 de 2015 y N° 24.585 y 33.643 ambos d e2016 que el precepto en comento contiene una presunción de conocimiento por parte del afectado del acto administrativo, la que para operar requiere de un supuesto objetivo, cual es, la recepción de la carta certificada en la oficina de correos respectiva, con independencia de los mecanismos internos de distribución de que disponga la empresa, de manera de no alterar la seguridad jurídica de los eventuales destinatarios de la misma.

En segundo lugar, en cuanto al fondo, refiere que debido a que el Sr. nombre reservado omitió acompañar en su presentación copia de la escritura pública o de documento privado suscrito ante notario en el cual constare poder suficiente para representar a la asociación de comunidades, según lo establecido en el artículo 22 de la Ley N° 19.880, se le apercibió mediante carta N° 1.342 de 17 de junio de 2021 para que acompañar los documentos respectivos, con indicación que si así no lo hiciere, se le tendría por desistido de su petición, en los términos del artículo 31 de la misma ley.

Expresa que el Sr. nombre reservado, mediante ingreso de fecha 2 de septiembre de 2021, acompañó la documentación exigida, por lo que excedió el plazo de 5 días otorgados por la Ley N° 19.880. Como consecuencia de lo anterior, la Subsecretaría, a través de la Resolución Exenta N° 2.945 de 2021 declaró el desistimiento de la solicitud referida al recurso de reposición presentado.

Indica que la solicitud de un certificado de vigencia del poder constituye un mecanismo para evitar la posible aparición de vicios en el futuro, y para lo cual la administración se encuentra facultada, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 31, según el cual “en los procedimiento iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los término de aquella.

Luego, el recurrente alega que habría solicitado prescindir de dichos documentos en virtud de una delegación de poder que habrían realizado las 76 comunidades integrantes de la asociación. En relación a lo anterior, no existe constancia alguna en el expediente administrativo de solicitud del ECMPO que dé cuenta de lo afirmado por el recurrente, en el sentido de que la delegación de poder se habría efectuado mediante una institución propia del pueblo mapuche. Ahora bien, aun cuando la delegación se hubiera realizado según las instituciones propias del pueblo mapuche, es necesario tener presente que encontrándonos en el marco de un procedimiento administrativo, rige el principio de juridicidad, por lo que el actuar de la administración como de los particulares debe ajustarse a lo exigido por el legislador.

Manifiesta que el mismo razonamiento resulta aplicable al argumento relativo a que la administración estaría desconocimiento los efectos de una institución propia del derecho civil como lo es la agencia oficiosa, por cuanto la misma no se encuentra recogida en la Ley N° 19.880, y de igual modo requiere para su perfeccionamiento de la posterior ratificación de los mandantes, lo que no ocurrió dentro del plazo establecido en el artículo 31 de la citada ley.

Refiere que respecto a la falta de pronunciamiento por parte de dicha repartición acerca de su solicitud de prorrogar el plazo, debe tenerse en consideración que se trata de un plazo legal, y por ende, obligatorio y solo podría ser ampliado por la mitad del mismo, por lo que, en cualquier caso, los mandatos acompañados por la recurrente con fecha 2 de septiembre de 2021 se hizo fuera de plazo.

Sostiene que respecto al argumento relativo a la privación del derecho de impugnar, esta carece de asidero, por cuanto la Subsecretaría otorgó al recurrente el plazo legal para subsanar la presentación, carga con la cual no cumplió, declarándose en consecuencia el desistimiento contemplado por el legislador.

En tercer lugar, sostiene la ausencia de vulneración de garantías constitucionales, por cuanto el acto administrativo impugnado es un acto plenamente ajustado a derecho, y en consecuencia no es posible advertir que dicha resolución vulnere alguna de las garantías amparadas por el recurso señaladas por la parte recurrente.

Pide, en definitiva, el rechazo del recurso, con costas.

Acompaña a su informe: 1. Resolución Exenta N° 2.945 de 3 de noviembre de 2021; 2. Hoja de ruta que contiene el detalle del envío, mediante carta certificada, de la Resolución Exenta N° 2.945.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad del presente recurso, cabe señalar que el acto administrativo que en definitiva se impugna por ésta vía es la resolución exenta N° 2.945 de 3 de noviembre de 2021, que tuvo por desistido al actor del recurso de reposición y jerárquico en subsidio, y no otro anterior. En segundo lugar, en cuanto a la notificación del acto impugnado, se estará a lo señalado en el documento acompañado por la parte recurrente, consistente en la copia del sobre de correspondencia y seguimiento de resolución exenta N°2945 de 03 de noviembre de 2021, por cuanto indica tanto el sobre como al código de seguimiento, detallado que el mismo fue notificado el día 21 de diciembre de 2021, mientras que el detalle de seguimiento acompañado por la parte recurrida no hace referencia a que se esté notificando el acto administrativo impugnado. Por el contrario, incluso indica como destino a la propia Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, antecedentes por los que esta Corte que son suficientes para desestimar dicha pretensión.

Tercero: Que, en cuanto al fondo, se ha estimado como una actuación ilegal y arbitraria, la dictación de la resolución exenta N° 2.945 de 3 de noviembre de 2021, que declaró el desistimiento del recurso de reposición jerárquico deducido en subsidio por el recurrente, contra la decisión de la recurrida, de declarar admisible parcialmente la solicitud de establecimiento de espacio costero marino de los pueblos originarios, excluyendo de la solicitud al lago Budi.

Cuarto: Que, atendido los documentos acompañados por las partes, valorados conforme a las reglas de la sana crítica, es posible arribar a las siguientes conclusiones:

a. Con fecha 26 de agosto de 2020 doña nombre reservado y don nombre reservado, en representación de 76 comunidad indígenas efectuaron una solicitud de espacio costero marítimo de los pueblos originarios.

b. En virtud de resolución N° 1.632 de fecha 27 de mayo de 2021 se acogió a trámite parcialmente la solicitud de espacio costero marino de los pueblos originarios, excluyendo de la tramitación al espacio constituido por el Lago Budi.

c. Que contra dicho acto administrativo, los solicitantes dedujeron recurso administrativo de reposición con recurso jerárquico en subsidio, con fecha 4 de junio de 2021.

d. Conforme a oficio N° 1.42 de 17 de junio de 2021 la recurrida solicitó, conforme a las exigencias de los artículos 22 y 30 de la Ley N°19.880 que se acompañara escritura pública o instrumento privado autorizado ante notario en que conste poder para representar a la asociaciones de comunidades indígenas que solicitaron el espacio costero marítimo.

e. Con fecha 25 de junio de 2021, los solicitantes pidieron que se dejara sin efecto la exigencia antes anotada. En subsidio, un aumento de 30 días plazo para cumplir con dicha exigencia, atendida la situación de la pandemia.

f. Posteriormente, con fecha 2 de septiembre de 2021 la parte solicitante acompaña certificados de personalidad jurídica vigentes y mandatos judiciales y administrativos, autorizados por ministro de fe.

g. En virtud de resolución exenta N° 2.945 de 3 de noviembre de 2021 se declara el desistimiento de los recursos administrativos deducidos, fundado en el incumplimiento dentro del plazo establecidos en el artículo 31 de la Ley N° 19.880, de acompañar los documentos solicitados.

h. Que, con fecha 3 de junio de 2021 se publicó en el Diario Oficial la resolución exenta N° 498 de 31 de mayo del mismo año, que dispuso la medida sanitaria de cuarentena para la comuna de Saavedra.

Quinto: Que, para efectos de resolver esta controversia es menester consignar que si bien el artículo 22 de la Ley N° 19.880 exige para la participación en el proceso administrativo por medio de apoderados de acreditar que el poder conste en escritura pública o documento privado suscrito ante notario, se encuentra acreditado en estos autos que la parte recurrente solicitó, con fecha 25 de junio de 2021 la ampliación de plazo para cumplir con dicha exigencia, especialmente atendida la circunstancia de encontrarnos en situación de riesgo por la amenaza de contagio covid-19 decretada a nivel mundial, que en aquel entonces mantenía a la comuna de Saavedra en cuarentena por la alta tasa de contagios y que como es de público conocimiento, según el plan Paso a Paso vigente a la fecha, establecía una serie de restricciones en ese orden como límite en la cantidad de permisos, aforos y consecuencialmente restricción en la movilización. Sumado a lo anterior, las comunidades solicitantes se sitúan todas en sectores rurales de la comuna de Saavedra, donde para poder acceder a servicios notariales se debe recurrir obligatoriamente a la ciudad de Carahue, que se sitúa a 31 kilómetros aproximadamente de la comuna. Adicionalmente, en algunos sectores rurales de la comuna existían cordones sanitarios, dado que la gran mayoría de los contagios se mantenían en esas zonas.

Que no consta de los antecedentes acompañados en estos autos que la solicitud de ampliación de plazo haya sido resuelta por la administración. Así, se desprende que el plazo establecido para el cumplimiento de lo requerido por la autoridad, establecido en el artículo 31 de la misma ley no se ha comenzado a contabilizar, por lo que erradamente se ha declarado la extemporaneidad del recurso administrativo interpuesto.

Sexto: Que, en ese mismo orden de ideas, cabe señalar que la propia autoridad recurrida no ha establecido reparos en admitir a trámite parcialmente la solicitud de espacio costero marítimo de pueblos originarios sin que a esa fecha se hayan acompañado los documentos ya singularizados, como asimismo, no ponderó la circunstancia de la ruralidad de la zona del Lago Budi, y las restricciones a la movilidad establecidas por la Autoridad Sanitaria para el control de la pandemia que afecta el país, especialmente al tenor del Dictamen N° 003610 de 2020, obligatorio en su cumplimiento para los órganos de la administración del Estado, en virtud del cual el órgano contralor fijó criterios e impartió instrucciones a propósito del brote de Covid-19, que facultó a los jefes superiores de los servicios para suspender los plazos de los procedimientos administrativos o para extender su duración.

Séptimo: Que, consta que a la actora por resolución exenta N° 2.945 de 3 de noviembre de 2021, se le tuvo por desistida del recurso de reposición interpuesto contra la resolución exenta N°1.632 de fecha 27 de mayo de 2021, al no ser subsanados por ésta los vicios alegados por la recurrida, dentro del plazo de cinco días otorgado por la autoridad.

Octavo: En relación a lo dicho, debe tenerse presente que el artículo 31 de la Ley 19.880, señala: “Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos señalados en el artículo precedente y los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de cinco días, subsane la falta o acompañe los documentos respectivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición”.

Noveno: Que, por su parte, el artículo 26 del mismo cuerpo legal, establece que: “Ampliación de los plazos. La Administración, salvo disposición en contrario, podrá conceder, de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero.

Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación, deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate.

En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido.”.

Décimo: Que, en atención a lo expuesto, se debe tener en consideración la falta de pronunciamiento del órgano administrativo, en este caso la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura, de ampliación de plazo por 30 días adicionales, que además, nos encontrábamos en pandemia, como ya ha quedado asentado en estos autos, lo que hacía dificultoso poder obtener la personería para representar a las asociaciones de comunidades indígenas que solicitaron el espacio costero marítimo.

Que, la Excma. Corte Suprema de manera reiterada ha sostenido que: “…tal actuación en consecuencia, deviene en ilegal y arbitraria puesto que la aplicación e interpretación del artículo 31 de la Ley N° 19.880 debe hacerse de una manera sistemática y finalista, de manera de propender a la plena satisfacción de los derechos fundamentales de las personas, en atención al principio de servicialidad estatal y dignidad de la persona humana establecidos en el artículo 1° de la Constitución Política de la República, circunstancia que vulnera la garantía de igualdad ante la ley establecida en el artículo 19 N° 2 del Texto Político”.

Undécimo: Que, de dicho modo, se vislumbra una actuación arbitraria por parte de la recurrida, al establecer una exigencia que no efectuó en su oportunidad respecto a la solicitud íntegra de espacio costero marítimo de pueblos originarios, como asimismo se vislumbra la falta de justificación en orden a no suspender o ampliar el plazo para el cumplimiento de la exigencia efectuada, aun cuando el propio recurrido cumplió con lo solicitado antes de la dictación del acto impugnado, lo que significa una vulneración al principio de igualdad ante la ley, por cuanto en tanto importa una discriminación en contra de las personas a cuyo favor se recurre, en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente han podido tramitar debidamente sus solicitudes, siendo considerada la situación de la pandemia que afecta el país para efectos de cumplir con las exigencias que impone la administración del Estado, razones por las cuales se acogerá la acción deducida.

Duodécimo: Que se hace innecesario emitir pronunciamiento respecto de las otras alegaciones esgrimidas por la recurrente, en atención a que como se ha dicho, la presente acción será acogida.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA, todos ya individualizados, y en consecuencia se dispone que se deja sin efecto la resolución exenta N° 2.945 de 3 de noviembre de 2021 dictada por la recurrida, debiendo, en consecuencia, quedar en estado de tener por interpuesto el recurso de reposición contra la resolución exenta N°1.632 de 27 de mayo de 2021, ordenándose que la recurrida deberá resolver los recursos administrativos deducidos por el recurrente en dicha tramitación.

Redacción del Ministro Alberto Amiot.

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