nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACION

C.A. de Temuco Temuco, veinticinco de octubre de dos mil veinticuatro.

VISTO:

A folio 1 comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, Abogado, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, por sí y a favor de don nombre reservado, empleado, de nacionalidad haitiana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, Región de La Araucanía, interponiendo Acción de Protección de garantías constitucionales en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por don nombre reservado, Sociólogo, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana de Santiago, por la omisión ilegal y arbitraria en la dictación del acto terminal que aprueba o rechace solicitud de residencia definitiva solicitada por el recurrente con fecha 27 de noviembre de 2019, por los argumentos de hecho y derecho que a continuación se indican.

Señala que el recurrente nombre reservado, ingresa al país en calidad de turistas estando dentro del país deciden cambiar su condición migratoria residentes temporarios por visas otorgadas, tal y como consta en el estampado de visa y cedula que se acompañan al primer otrosí de esta presentación, con el propósito de establecerse y desarrollar sus proyectos de vida en Chile.

Indica que con fecha 27 de noviembre de 2019, solicita el beneficio migratorio de permanencia definitiva, sometiéndose a procesos de cálculo de multa el 14 de marzo de 23022 y el 03 de julio de 2023, pagando en ambos casos.

Explica que la omisión que aquí se reclama, dice relación con el incumplimiento de la autoridad administrativa, debido a la falta de respuesta en la solicitud ingresada por la parte recurrente, sin que a la fecha haya obtenido un acto terminal sobre su solicitud, situación que la ha mantenido en un estado constante de preocupación e incertidumbre, toda vez que el Servicio Nacional de Migraciones hace de éste un trámite indefinido, arbitrario y sorpresivo, vulnerando con su falta de respuesta, los derechos fundamentales de la parte recurrente, en específico, la igualdad ante la ley, consagrado en el art. 19 N° 2.

Considera vulnerada el derecho a igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de nuestra Constitución Política, expresando que sobre este particular, la jurisprudencia nacional ha sido constante en el sentido de señalar que existe arbitrariedad e ilegalidad en mantener más del plazo legal vale decir plazo fatal establecido en el artículo 27 de la Ley 19.880.- A mayor abundamiento, es importante destaca que cobra especial relevancia lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de Ley N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, debiendo destacarse el artículo 7 y 27, al consagrar el Principio de Celeridad, esto es, que el procedimiento sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites. Añade dicha norma, que las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado deberán actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Asimismo, y en concordancia con lo anterior, el artículo 9°, se refiere al Principio de Economía Procedimental, estableciendo que la Administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Solicita tener por interpuesto Recurso de Protección en contra del recurrido ya individualizado, por la omisión ilegal y arbitraria en dictación del acto terminal que aprueba o rechace solicitud de residencia definitiva, acogerlo a tramitación ordenando al recurrido que se pronuncie sobre la misma dentro de un plazo razonable, conforme con los principios que le impone su reglamentación en el artículo 37 de la Ley 21.325 y en el artículo 46 de su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N 296 de 2022 o el que Vuestra Señoría estime conforme al mérito de autos y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, todo lo anterior con expresa condena en costas.

Acompaña junto a su recurso los siguientes documentos:

1. Comprobante de solicitud de permanencia definitiva.

2. Estampado de visa 3. Cédulas de identidad para extranjeros.

4. Comprobante de solicitud de cálculo de multa.

5. Comprobante de pago de multa 6. Notificación Solicita Pago de derechos y Antecedentes 7. Comprobante de pago de derecho.

A folio 14 informa Valentina Ignacia Vera Nazal, abogado, mandataria judicial del Servicio Nacional de Migraciones señalando lo siguiente:

Interpone excepción de cosa juzgado en atención a los antecedentes de hecho y derecho que expone.

Con fecha 23 de mayo de 2023, el extranjero don nombre reservado, interpuso recurso de protección ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso en contra del Servicio Nacional de Migraciones, indicando que existía una vulneración de garantías fundamentales y solicitando se resuelva su solicitud de Permanencia Definitiva y en definitiva se concluya el procedimiento administrativo dictando el acto terminal. Dicho recurso de amparo fue rechazado bajo el Rol Ingreso de Corte N°16.753-2023.- A. Respecto a la identidad de las personas:

Tanto en el recurso de protección Rol N°16.753-2023, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso como en el presente recurso, el recurrente es nombre reservado.

En ambos casos, el recurrido es el Servicio Nacional de Migraciones.

Por lo tanto, existe identidad de las personas en ambos recursos.

B. Respecto a la identidad de la cosa pedida:

Tanto en el recurso de protección Rol N°16.753-2023 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso como en el presente recurso, la cosa pedida es idéntica.

En ambos recursos se pide que ordene al Servicio Nacional de Migraciones que se resuelva la solicitud ID N°22564641, de 29.04.2021.

A modo de clarificar este punto inserta las peticiones concretas en ambos casos indicando que son casi forma idénticas.

Los recursos interpuestos en ambas ilustrísimas cortes son idénticos. Por lo tanto, existe identidad en la cosa pedida en ambos recursos.

C. Respecto a la identidad de la causa a pedir:

Tanto en el recurso de protección Rol N°16.753-2023, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, como en el presente recurso, el fundamento inmediato del derecho deducido es idéntico.

En ambos recursos, la parte recurrente señala que habría una eventual vulneración de garantías fundamentales, indicando el artículo 19 de la Constitución Política de la Republica.

Por lo tanto, existe identidad de la causa a pedir.

Por último, señala que en la actuación de la recurrente se manifiesta un claro “abuso del derecho”, entendiéndose por tal un derecho que se ejerce abusivamente, ya que es el sistema judicial el que exige que los derechos sean ejercidos de buena fe y que no excedan los límites del objeto en vista del cual ese derecho le ha sido conferido, por lo que el actuar del recurrente constituye evidentemente una actuación dolosa y culpable, provocando perjuicios tanto para la administración de justicia, como para la administración del estado.

Pide tener por deducida la excepción de cosa juzgada, solicitando desde ya se acoja a trámite, y en definitiva se acceda a ella, rechazando el recurso en todas sus partes con expresa condena en costas.

Acompaña los siguientes documentos:

1. Copia de escritura pública de mandato judicial Repertorio N°795/2024, de fecha 14 de febrero de 2024, otorgada ante la Notaría de Temuco de don nombre reservado.

2. Sentencia de fecha 30 de agosto de 2023 del recurso de protección, Rol Ingreso Corte N°16.753-2023, de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

A folio 16 evacúa traslado la recurrente señalando lo siguiente:

Hace presente que se opone a la excepción de cosa juzgada interpuesta por el recurrido, solicitando su rechazo, por los siguientes fundamentos y consideraciones que a continuación se vienen a señalar.

Explica que la causa 16753 - 2023, ventilada ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, fue deducida por la omisión ilegal y arbitraria en emisión de resolución exenta que pone fin al procedimiento administrativo aprobando o rechazando la solicitud de residencia definitiva, solicitada por el recurrente de autos con fecha 27 de noviembre de 2019, acción que fue rechazada mediante sentencia de fecha 22 de agosto de 2023.

Ageraga que desde realizada la solicitud entonces, han transcurrido 04 años, 06 meses, y 06 días, configurándose una nueva omisión, un nuevo objeto del juicio, la nueva omisión, no generándose la cosa juzgada, ya que si bien la naturaleza del objeto de ambas causas responden a un no actuar, omisiones, responden a tiempos distintos, que no configura el mismo objeto.

Considera que mal podría la contraria alegar cosa juzgada y pretender mantener inmutable la incertidumbre de la recurrente, conociendo a todas luces el plazo de ley (artículo 27 de la Ley 19.880) y de lo que es considerable razonable en la actualidad (esperas que no superen 1 año desde la postulación. Excelentísima Corte Suprema, causa Rol 244727 – 2023, de fecha 04 de diciembre de 2023).

Refiere que con fecha 10 de enero de 2024 el recurrente presenta un nuevo recurso de protección ante esta Ilustrísima Corte de Apelaciones, causa Protección - 50 - 2024, por la omisión ilegal y arbitraria en dictación del acto terminal que aprueba o rechace solicitud de residencia definitiva, solicitada por el recurrente de autos con fecha 27 de noviembre de 2019, por impedir dicha omisión el principio de igualdad ante la ley, conforme lo preceptuado en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República.

Señala que es preciso indicar que las sentencias dictadas en sede de recurso de protección producen cosa juzgada formal, trayendo como consecuencia que los efectos de la sentencia subsisten en tanto no se produzca un cambio en la situación de hecho que justifique una nueva revisión de aquella por parte de la jurisdicción, en el presente caso viene dado por el transcurso del tiempo transcurrido entre el pronunciamiento judicial anterior y la interposición de la presente acción, ello sin haber emitido la respectiva resolución exenta que pone fin a este proceso administrativo; por lo que no puede servir de excusa o amparo para la recurrida la existencia de un pleito primogénito y mantener abierta y en incertidumbre sin mitras a conclusión el procedimiento administrativa saltándose lo dispuesto en los artículos 4, 7, 8, 9 y 27 de Ley N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, debiendo destacarse el artículo 8 y 27, al consagrar el Principio Conclusivo, esto es, que la administración debe dictar sus actos decisorios pronunciándose sobre el fondo del asunto en el marco de la legalidad.

A su juicio, no se estaría en presencia de cosa juzgada, en razón al razonamiento realizado por la Ilustrísima Corte apelaciones de Concepción: (Rol N°11.429) de fecha 30 de noviembre de 2021, ha venido señalando al respecto a la excepción cosa juzgada lo siguiente:

“2 .- Que sin perjuicio de lo anterior, el recurso de protección es una acción constitucional que tiene por finalidad obtener la cautela urgente de ciertas garantías fundamentales, frente a su privación, perturbación o amenaza, objetivo que se cumple mediante la adopción de medidas de resguardo esencialmente provisorias y revisables, previa tramitación de un procedimiento brevísimo, sin forma de juicio, características, todas, que permiten descartar que la sentencia de término dictada en el pleito primigenio posea aptitud para provocar la excepción de cosa juzgada que viciar a la segunda decisión. Así se ha resuelto por la Corte Suprema (rol 119788-2020).”

Alega que es indiscutible que este tipo de situaciones no ocurrirían si los administrados recibieran respuesta dentro del plazo fatal previsto en la norma ya que son ellos quienes acuden a la instancia judicial en búsqueda de protección, al verificar una afectación de sus derechos por el trato desigual en la tramitación de solicitudes, lo cual provoca angustia y desesperación ya que si bien pueden transitar dentro y fuera del territorio, no es este el fin último, sino el acto terminal, por cuanto es de conocimiento público que, para realizar cualquier trámite ante cualquier entidad privada o pública es indispensable contar con cedula de identidad vigente. Cita sentencia de la Ilustrísima Corte apelaciones de Concepción de 08 de marzo de 2023 en recurso protección rol 919-2023 en apoyo a su argumento.

Expresa que, se debe analizar el contenido y alcance del artículo 27 de la Ley de la Ley 19.880; que señala: “Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final” la precipitada norma es clara y con respecto al alcance que la norma señala en el caso de producirse un caso fortuito o fuerza mayor, en razón de ello y su razonabilidad la misma ha sido analizada por la misma Excma. Corte Suprema, tal como aconteció en la causa Rol N° 133.287- 2022, en fallo de dos de noviembre de dos mil veintidós, donde enfatizó como plazo razonable el de 1 año, debido a todos los argumentos y excusas planteadas por la recurrida frente a estas situaciones en particular. Cita sentencia de la Excelentísima Corte de Suprema de fecha 04 de diciembre del 2023 en causa Rol N° 244727-2023 en apoyo a su alegación.

Concluye que que las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado deberán actuar por propia iniciativa en la tramitación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Asimismo, y en concordancia con lo anterior, el artículo 8vo, se refiere al Principio de Economía Procedimental, estableciendo que la Administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Pide tener presente oposición a la excepción de cosa juzgada interpuesta por la contraria, y se sirva rechazarla por lo antes expuesto.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, la parte recurrida precisa en su alegato que la solicitud de residencia definitiva de la recurrente ha estado paralizada por la demora de ésta en el pago de las respectivas multas, agregando que actualmente la solicitud que se encuentra pendiente resolución corresponde a una de fecha posterior.

TERCERO: Que, en cuanto a la excepción de cosa juzgada alegada por el recurrido, quien señala que el recurrente, en el recurso Amparo Rol Corte 16.753-2023 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, ya habría reclamado por los mismos hechos, esto es, la omisión en pronunciarse sobre la solicitud de residencia definitiva formulada en el extranjero.

Sin embargo, no se configura la triple identidad establecida en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, ya que la acción constitucional ejercida fue un recurso de amparo por amenaza a la garantía de libertad personal en cambio el asunto sub judice versa sobre un recurso de protección por vulneración de la garantía del artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental.

A mayor abundamiento, cabe hacer presente que las acciones constitucionales tienen un carácter eminentemente cautelar y de urgencia, que de modo que sólo producen cosa juzgada formal, lo que es susceptible de ser examinado ulteriormente, sin que lo decidido sea inalterable, por lo que esta excepción será desestimada como se dirá.

CUARTO: Que, se ha sostenido por la parte recurrente la existencia de una actuación ilegal y arbitraria por parte del Servicio Nacional de Migraciones, atendida la demora en la resolución de la solicitud de permiso de permanencia definitiva.

QUINTO: Que, la recurrida no ha controvertido la demora superior a seis meses en la tramitación de la visa de la recurrente, ni ha justificado las razones de ello.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo cabe señalar que como lo ha sostenido la Excma. Corte Suprema, en autos Rol N° 87.976-2023, existió un cambio de legislación reciente en esta materia, pues de estar regida por el Decreto Ley N°1094 y su Reglamento, actualmente se encuentra sometida a la Ley N°21.325 y al Decreto Supremo N°296 del Ministerio de Interior y Seguridad Pública que contiene el Reglamento de la misma. Dentro de las modificaciones establecidas, el legislador expresamente reguló la situación de la vigencia de las cédulas de identidad durante la tramitación de los procedimientos administrativos de residencia temporal y definitiva, señalando el artículo 43 de la Ley N° 21.325: “Cédula de identidad. Los residentes temporales y definitivos deberán solicitar cédula de identidad ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha de entrada en vigencia del respectivo permiso de residencia.

El Servicio tendrá acceso a la información actualizada de las cédulas de identidad que el Servicio de Registro Civil e Identificación haya otorgado a los residentes, con la identificación completa, nacionalidad, fecha de nacimiento y número de cédula y vigencia respectiva.

La cédula de identidad que se otorgue en virtud de este artículo deberá expedirse de conformidad con los nombres y apellidos y plazo de vigencia que registre el permiso de residencia respectivo.

Se entenderá que la cédula de identidad mantiene su vigencia, siempre y cuando el extranjero acredite que cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente o hasta que la autoridad migratoria resuelva la respectiva solicitud.”

SEPTIMO: Que, en ese orden de ideas, y siguiendo el raciocinio del máximo Tribunal, tanto del tenor del recurso como de los conocimientos que emanan de las máximas de la experiencia, es posible concluir que el único documento oficial cuya falta de vigencia puede obstar al desarrollo de la vida cotidiana en el país, es la cédula de identidad. En consecuencia, al mantener la vigencia de dichos instrumentos durante la tramitación del procedimiento administrativo, no puede existir perturbación alguna, ni siquiera en grado de amenaza, pues no resulta efectivo que el extranjero esté impedido de realizar trámites esenciales con su cédula de identidad ante cualquier entidad pública o privada. Misma situación ocurre respecto al ingreso y egreso del territorio nacional, ya que conforme al artículo 38 de la Ley N° 21.325, no existen limitaciones mientras se encuentra pendiente el procedimiento administrativo, debiendo acreditarse únicamente dicha circunstancia.

OCTAVO: Que, de ese modo, habiendo sido asentado que la parte recurrente se encuentra en una situación migratoria regular, en cuanto a la alegación relativa a la demora en la dictación del acto administrativo terminal, cabe señalar que como indica el artículo 27 de la Ley N° 19.880, el plazo de seis meses señalados en dicha disposición no es fatal y que debe interpretarse la norma en el sentido que obliga a la Administración a pronunciarse o concluir un procedimiento en un plazo razonable.

NOVENO: Que, en consecuencia, habiéndose acreditado que la demora del Servicio Nacional de Migraciones se debe a la tramitación de un procedimiento reglado, que consta de diversas etapas, y que dicha tramitación no ha vulnerado el derecho denunciado por el recurrente ni aún en grado de amenaza, deberá desestimarse la acción.

DECIMO: Que, sin perjuicio de lo razonado hasta ahora, resulta ser un hecho conocido por todos que existe una problemática que se ha mantenido no obstante la claridad del artículo 43 de la Ley N°21.325, y que se materializa en las dificultades que, otros órganos públicos y/o privados, colocan a los extranjeros en la situación de espera de pronunciamiento del beneficio de permanencia definitiva, cuestión que legitima pasivamente a dichas entidades para ser objeto de esta acción, y no al Servicio recurrido. Sin embargo, atendido el principio de colaboración o cooperación que debe existir entre los organismos públicos, es que esta Corte ordenará en lo resolutivo, que esta sentencia sea puesta en conocimiento de las direcciones regionales del Servicio de Registro Civil e Identificación, de la Superintendencia de Salud, del Fondo Nacional de Salud, de la Comisión para el Mercado Financiero, de la Administradora del Fondo de Cesantía y de la Dirección del Trabajo, quienes deberán distribuirlo entre sus reparticiones y/o entidades fiscalizadas, según corresponda.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

I. Que, SE RECHAZA, sin costas, la excepción de cosa juzgada deducida por la parte recurrida.

II. Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de KEIVER nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, todos ya individualizados.

Sin perjuicio de lo anterior, se ordena remitir copia de esta sentencia a los organismos indicados en el considerando noveno y para los fines que se indicaron en dicho motivo.

Redactada por el Abogado Integrante Sr. Fernando Cartes Sepúlveda.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

RolN°Protección-50-2024.(ela)