nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE VILCUN

C.A. de Temuco Temuco, veinticinco de abril de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Comparece Hernán Marcelo Jara Rojas, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación convencional, según se acreditará, de doña nombre reservado, técnico en enfermería de nivel superior, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la I. Municipalidad de Vilcún, Corporación Autónoma de Derecho Público, representada legalmente por su alcaldesa, doña Katherinne Tatiana Migueles Muñoz, ingeniera agrónoma, ambas domiciliadas en domicilio reservado, por cuanto ésta resolvió, con fecha 30 de septiembre, no renovar el contrato a honorarios a SU representada, a raíz de la denuncia presentada por ésta a la Asociación Chilena de Seguridad. Sostiene que dicho acto constituye una privación y perturbación en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías reconocidos en los números 2 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile, que garantiza a todas las personas, la igualdad ante la ley y la libertad de trabajo, por constituir un acto arbitrario e ilegal de acuerdo a lo establecido en su artículo Nº 20.

Señala que su representada, doña nombre reservado, comenzó a prestar servicios para la I. Municipalidad de Vilcún, desde el mes de marzo de 2021, específicamente en el programa de vacunación dependiente del Departamento de Salud, bajo la modalidad a honorarios. Se trata de labores propias del Municipio en razón de sus programas de atención primaria de salud. Se desempeñó en dichas labores, durante el año 2021, continuando el año 2022. Sin embargo, a raíz de un desacuerdo que tuvo con otros miembros del equipo, a raíz de un error que se cometió en la dosis aplicada en una vacuna que se suministró a un paciente, situación que representó a su jefatura, ésta cambió radicalmente el trato hacia su mandante, comenzando a desarrollar una serie de acciones de reproche constantes, generando un clima laboral hostil hacia su representada, de parte de la jefa técnica del programa, en circunstancias que antes del hecho señalado, siempre se le valoró por su compromiso y rigurosidad en el desempeño de sus labores.

A raíz de esa situación, que se mantuvo e incluso agudizó en el tiempo, comenzó a sufrir una serie de molestias físicas como dolor de cuello, acompañado de angustia permanente, además empezó a desarrollar un insomnio que le impedía descansar, todo ello provocado por la situación generada en su lugar de trabajo.

Producto de lo anterior, el día 1 de septiembre de 2022 concurrió hasta la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), donde fue atendida y se le otorgó una licencia de 07 días, en un primer momento, la que se extendió, debiendo reintegrarse a sus labores el día 29 de septiembre de 2022, según consta en certificado de alta laboral, que se acompaña en un otrosí. Resulta importante hacer presente que, con anterioridad a su concurrencia hasta la ACHS, se le había señalado que su contrato, que vencía en día 30 de septiembre de 2022, sería renovado nuevamente hasta el mes de diciembre de ese año, al igual que al resto del equipo, además se le indicó que se incorporaría al trabajo de trazabilidad.

A partir de la denuncia que realizó en la ACHS, institución especializada en la materia, se llevó a cabo el procedimiento pertinente conforme a lo dispuesto en la Ley N° 16.744, el que culminó con la declaración de enfermedad profesional, realizada mediante Resolución N° 00075083050006, de fecha 26/09/2022, la que se acompaña en un otrosí.

En dicha Resolución, junto con calificar su enfermedad como de carácter profesional, la ACHS señaló lo siguiente: “calificación realizada con antecedentes parciales por obstaculización de la entidad empleadora a la realización de la evaluación de las condiciones de trabajo, es obligación del empleador de cambiar al trabajador de puesto de trabajo o de readecuar dicho puesto, con la finalidad de cesar la exposición al agente causante de la enfermedad profesional agentes de riesgo identificados en ingreso médico: condiciones organizacionales hostiles paciente debe continuar manejo en agencia ACHS de su región”.

El día 29 de septiembre de 2022 se reintegró a sus labores, y al contrario de lo expresado por la resolución antes indicada, en el sentido de readecuar sus condiciones de trabajo, el día 30 de septiembre de ese año se le indicó, verbalmente, de parte de la jefa técnico, en presencia de la directora de salud municipal, que no le renovarían su contrato debido a que había concurrido a la ACHS, situación que estaba en conocimiento del Municipio, por lo tanto no continuaría prestando sus servicios, en circunstancias que a todo el resto del equipo se le renovó el contrato, incluso se incorporaron nuevas personas al trabajo.

Resulta de suma importancia recalcar que, se le señaló expresamente, que la no renovación de su contrato se debía a su denuncia a la ACHS, lo que generaba problemas al Municipio. Al no existir ninguna justificación para su despido, la lógica conclusión, es que si se hubiese abstenido de denunciar su situación de salud, debido a los problemas ocurridos en su lugar de trabajo, es decir ejercer un derecho en resguardo de su integridad física y psíquica, habría continuado trabajando como si lo hizo el resto del equipo. En efecto, sólo cuatro días después de lo resuelto por la ACHS y las indicaciones señaladas en su resolución, en orden a “cambiar al trabajador de puesto de trabajo o de readecuar dicho puesto, con la finalidad de cesar la exposición al agente causante de la enfermedad profesional agentes de riesgo identificados en ingreso médico”, decidió no renovar su contrato, siendo el único caso entre todas las personas que componían el equipo, contratadas en iguales condiciones. En los hechos, la conducta del empleador ha limitado el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de su representada, sin justificación suficiente, en forma arbitraria.

Lo anterior es una clara muestra de discriminación, producida por el hecho de concurrir a la ACHS debido a sus problemas de salud y que dicho organismo haya determinado, conforme lo establece la Ley N° 16.744, que su enfermedad era producto de las condiciones en que desempeñaba sus labores, situación conocida por sus jefaturas.

La decisión de no renovar el contrato a su representada, en los hechos, constituye una represalia de su empleador hacía una trabajadora que ejerció su derecho a recurrir a la Asociación Chilena de Seguridad, en resguardo de sus derechos, lo que conculca el artículo 19 N°2 de la Constitución Política del Estado, más aún cuando fue la única de las personas que prestaban similares funciones a la cual se le impidió continuar desarrollando su labores, en circunstancias que el origen de sus problemas se encontraba en el trato recibido en su lugar de trabajo.

El artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, establece que: “Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.”

El principio de igualdad ante ley, antes reproducido, significa que ante similares circunstancias deben entregarse respuestas semejantes y viceversa. Es decir, en situaciones desiguales deben darse respuestas diferentes. En virtud de ello, la administración está obligada a no establecer diferencias arbitrarias. Por ello, para las autoridades públicas, no les está permitido otorgar tratamientos desiguales a situaciones jurídicamente equiparables, sin que existan razones objetivas que justifiquen ese trato diferenciado, pues es la propia Constitución la que instituye la prohibición de establecer una desigualdad de trato no razonable, que permitan implantar preferencias o exclusiones arbitrarias.

Lo anterior, constituye un límite a la discrecionalidad administrativa, pues exige que la medida adoptada, que en la especie se manifiesta en que la decisión del Municipio de ordenar la no renovación de su contrato de trabajo, no puede ser irracional o producto de un mero capricho, lo que supone la necesidad de no establecer una diferencia que se traduce en un trato discriminatorio con mi representada por el sólo hecho de ejercer derechos amparados por la Constitución y las leyes.

De lo anterior se desprende que resulta arbitrario y contrario a la ley, establecer diferencias arbitrarias, en aquellos casos como el de su representada, que concurren a constatar la denuncia de un siniestro en una mutual, tal como lo establece la ley.

En la especie, al sustentar su decisión de no renovar el contrato que la vinculaba con el Municipio, en razón de su denuncia en la ACHS, le lleva a concluir que estamos en presencia de un acto arbitrario que carece de justificación, más aún que resulta evidente que se actuó en forma tal que dio un tratamiento distinto y sin justificación racional a su representada, respecto a otras personas que cumplían similares labores y en las mismas condiciones contractuales.

Solicita tener por interpuesto y someter a tramitación el recurso de protección en contra del contra I. Municipalidad de Vilcún, representada legalmente por su alcaldesa, Katherinne Tatiana Migueles Muñoz, ello porque determinó no renovar el contrato a honorarios de su representada, por su concurrencia a la Asociación Chilena de Seguridad. Este acto de la recurrida constituiría una amenaza, privación y perturbación en el legítimo ejercicio de los derechos reconocidos en los número 2 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile, por constituir un acto arbitrario e ilegal de acuerdo a lo establecido en su artículo 20, por lo que solicita se adopten de inmediato todas las providencias y diligencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, ordenando en definitiva que se deje sin efecto dicho acto y se ordene su reintegro a sus funciones en la I. Municipalidad de Vilcún, pagándose las remuneraciones y demás montos adeudados efectivamente, con los reajustes e intereses correspondiente o lo que S.S. Iltma. determine, con costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Denuncia individual de enfermedad profesional en la ACHS.

2.- Resolución de calificación del origen de los accidentes y enfermedades ley 16.744.

3.- Orden de reposo ley n° 16.744. (licencia médica).

4.- Certificado de alta laboral diferida ley nº 16.744 de fecha 03/10/2022.

5.- Decreto Alcaldicio N° 2589 de fecha 25 de junio de 2022.

A folio 9, informa CRISTIAN RICARDO SALINAS PÉREZ, abogado, por la parte recurrida Municipalidad de Vilcún, quien dice:

El denominado recurso de protección es una acción constitucional de naturaleza cautelar, de emergencia, con un procedimiento rápido e informal, que exige que el derecho constitucional presuntamente conculcado, se funde en claras situaciones de facto que permitan, vía este procedimiento, restablecer el imperio del derecho. Naturaleza que la hace incompatible o inaplicable para casos en que se pretenda un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, ya que ello es propio de procedimientos de lato conocimiento.

La acción de protección busca solucionar situaciones de hecho que en un momento determinado son alteradas o amenazadas de serlo, por un tercero, en perjuicio de los derechos constitucionales de una o más personas determinadas, y en virtud de una determinada acción u omisión arbitraria o ilegal.

Precisado lo anterior, queda de manifiesto que la acción cautelar intentada en contra de su representada resulta ser absolutamente improcedente ya que, el presupuesto fáctico alegado, es un supuesto acto vulneratorio que consistiría en la no renovación del convenio a honorarios de la recurrente, el que tenía fecha de término el 30 de septiembre del presente, según lo preceptuado en la cláusula sexta de dicha convención. Este acto constituiría una privación y perturbación al legítimo ejercicio de los derechos y garantías reconocidos en los números 2 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile, que garantiza a todas las personas, la igualdad ante la ley y la libertad de trabajo.

Con todo, la recurrente alega que, la vulneración de las garantías constitucionales señaladas implicarían la aplicación del artículo 184 y otras normas del Código del Trabajo, lo que es absolutamente errado, considerando que estamos en presencia de un convenio a honorarios, suscrito al alero del artículo 4° de la Ley N° 18.883, y no ante un contrato regido por las normas del Código del Trabajo. No ha existido una declaración judicial que le otorgue una naturaleza laboral al vínculo que unió a las partes, por lo que es evidente que el recurso de protección no es la vía idónea para exigir el derecho que se pretende ya que no estamos en presencia de un derecho indubitado, sino ante una pretensión que requiere una declaración de un tribunal ordinario, en este caso una declaración del tribunal del trabajo que reconozca la existencia de una relación laboral y el alcance de la protección de las normas del ramo.

La actora, sin señalarlo expresamente, sustenta sus pretensiones en un hipotáctico, estos es, que sus contrataciones a honorarios tendrían el mérito de mutar de plano en un contrato de trabajo, lo que es absolutamente improcedente considerando que, desde el mes de marzo del año 2021 al 30 de septiembre del año 2022, la actora estuvo vinculada con la Municipalidad mediante contratos de prestación de servicios a honorarios, a suma alzada, para la realización de cometidos específicos.

En este sentido, la reproducción de la lógica argumentativa de la recurrente deja de manifiesto que lo que realmente se está imputando a su representada es el reconocimiento de un vínculo jurídico diverso al que efectivamente tenía, ya sea como funcionario público o como trabajador, amparado en las normas del Código del Trabajo, lo que por su naturaleza misma debe necesariamente establecerse en un juicio de lato conocimiento, y no en una acción cautelar de urgencia, como es la protección.

El presente Recurso de Protección no es la vía idónea para resolver la procedencia de la aplicación de régimen laboral al vínculo jurídico que unió a las partes. Tampoco es la vía idónea para cuestionar el término de un convenio a honorarios por cumplimiento de su plazo de vigencia. En este sentido tiene plena aplicación del artículo 156 de la Ley N° 18.883 (Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales), que señala que los funcionarios tendrán derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República, cuando se hubieren producido vicios de legalidad que afectaren los derechos que les confiere el Estatuto, dentro del plazo de diez hábiles, contados desde que tuvieren conocimiento de la situación, resolución o actuación que dio lugar al vicio de que se reclama, transcurrido el cual, sus reclamos serán desestimados por extemporáneos.

Conforme a lo anterior, debemos concluir que fue el propio legislador y el ente contralor, quienes han establecido los mecanismos de impugnación en caso de actuaciones arbitrarias o ilegales de órganos de la administración del Estado, que no han sido ejercidas por la recurrente, siendo ella la vía idónea para reclamar su ilegalidad, de tal forma que el presente recurso, excede a las materias que deben ser conocidas por el recurso de protección, atendida su naturaleza cautelar, toda vez que aquellos deben ser discutidos y probados en un procedimiento judicial, ante el cual podrán hacerse las alegaciones respectivas, o en una reclamación administrativa ante nuestro órgano contralor, dándose las condiciones en las que tiene aplicación la norma de inadmisibilidad establecida en el N° 2 del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección. Por lo anterior, el presente recurso de protección deberá ser desestimado.

Ausencia de arbitrariedad e ilegalidad en la actuación.

Sin perjuicio de la excepción de improcedencia de la acción deducida, y en la eventualidad de que se rechace esta, procede hacernos cargos del fondo del recurso.

La arbitrariedad puede ser definida como la negación de la razón, como el ceder ante los caprichos de la voluntad irracional y no pensante, adoptar decisiones apresuradas y faltas de congruencia. Por su parte, la ilegalidad se ha entendido como la infracción a una norma del ordenamiento jurídico, considerando la acepción amplia de la voz “ley”, como, por ejemplo, cuando un órgano ejerce atribuciones en forma indebida contrariando la ley.

Que, en primer término, se debe controvertir expresamente lo señalado en el recurso referido a una supuesta comunicación verbal de término de convenio a honorarios por parte de la Jefa Técnico del Departamento de Salud Municipal, justificada en una denuncia realizada por la recurrente ante la Asociación Chilena de Seguridad.

Si bien es efectivo que la Jefe Técnico le informó que, como era de conocimiento de la recurrente, su contrato terminaba el 30 de septiembre, nunca se le señaló que no habría una renovación producto de su denuncia ante la ACHS. Por lo anterior, estamos en presencia de un término de convenio por vencimiento del plazo de ejecución el que, según lo preceptuado en el contrato, no requiere ninguna otra justificación que la llegada del plazo de vencimiento para su término, como ocurrió en la especie.

Que, para determinar si la actuación de su representada resultó ilegal o arbitraria, es del caso sostener que la vinculación de una persona con el Estado o sus órganos y servicios, en este caso una Municipalidad, en base a honorarios, se encuentra expresamente regulada por el Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, que en su artículo 4°, prescribe:

“Podrán contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad; mediante decreto del alcalde.

Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera.

Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.

Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto”.

En definitiva, las prestaciones a honorarios, por expresa disposición del artículo 4° del Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, se rigen, en primer lugar, por las reglas fijadas en el respectivo contrato y, en subsidio, por las normas del Código Civil, particularmente, las normas sobre arriendo de servicios inmateriales, contenidas en el Párrafo 9 del Título XXVI del libro IV.

Desconocer lo anterior, y afirmar que el contrato de honorarios a suma alzada no puede ser el estatuto especial que regula la relación entre los demandantes y la Municipalidad de Vilcún, significa desatender flagrantemente el artículo 1545 del Código Civil, conforme al cual el contrato es ley para las partes.

Sobre la materia, cabe agregar que la facultad de contratar que confiere el citado inciso 2° del artículo 4, se refiere a “cometidos específicos”, esto es, preestablecidos o determinados, y no exclusivos o excluyentes. Al respecto, el Diccionario de la Real Academia, al término “cometido” le otorga el significado literal de “comisión o encargo”, sin relación alguna con los conceptos de exclusión, irrepetible o de estable, permanente e indispensable.

En consecuencia, el régimen jurídico especial aplicable a la recurrente con la Municipalidad, es el establecido en las normas señaladas. Lo anterior ya que estamos en presencia de una prestación de servicios para realizar de cometidos específicos por parte de la recurrente para el programa transitorio, como lo era “Programa de Fortalecimiento de Recurso Humano en la Atención Primaria”

Lo anterior además tiene un efecto concreto, al no estar en presencia de una funcionaria a contrata o ante una regida por las normas del Código del Trabajo la enfermedad profesional de la recurrente, que sustenta el recurso, no genera ningún efecto vinculante para la Municipalidad, ya que, para todos los efectos legales la recurrente, en cuanto a derechos de seguridad social, es una trabajadora independiente.

Que, en virtud de las normas legales expuestas, es evidente que el acto de decisión de la autoridad que motiva el recurso se ajusta a derecho, no advirtiendo ilegalidad ni arbitrariedad en su proceder.

En cuanto a los derechos supuestamente conculcados.

La recurrente señala que la no renovación de su contrato, que según lo expuesto es un término de convenio a honorarios por vencimiento del plazo, ha vulnerado los derechos que se encuentran garantizados en el artículo 19 N° 2 y N° 6 de nuestra Carta Fundamental, es decir, igualdad ante la ley y la libertad de trabajo.

Al desarrollar la infracción del 19 N° 2 la actora solo se limita a expresar que la autoridad “al sustentar su decisión de no renovar el contrato que la vinculaba con el municipio en razón de una denuncia en la ACHS, nos lleva a concluir que estamos en presencia de un acto que carece de justificación…”. En este punto se debe reiterar que no existió ningún acto formal ni comunicación de término de convenio a honorarios, lo anterior ya que el contrato en cuestión tenía fecha de término definida desde sus suscripción, esto es, el 30 de septiembre del presente año. Tampoco es efectiva la supuesta justificación por la cual no se habría renovado el convenio, ya que simplemente se le reiteró lo que la recurrente ya sabía, esto era el cumplimiento de la fecha de término de su convenio.

La Ley N° 18.883 otorga una serie de prerrogativas y obligaciones que, si bien no pueden ser considerados derechos reales ni personales, si tienen el carácter de bienes incorporales, los que obviamente son susceptibles de propiedad o dominio. En seguida es preciso consignar que "el principio de igualdad”, aplicado al derecho, no significa que todos los sujetos han de gozar o tener unos mismos derechos o verse compelidos por iguales obligaciones, ya que resulta evidente que el derecho, como técnica social que orienta y sanciona la conducta humana, diferencia las situaciones o hechos y asigna consecuencias jurídicas también diferentes o desiguales. Ello es la única manera, por lo demás y, aunque resulte paradójico, de cumplir, en determinadas hipótesis, con el principio de igualdad, que supone tratar no a todos por igual, ni estipular todo por igual, sino tratar a quienes corresponda de modo igualitario y a otros, en otros contextos, de modo desigual. El derecho reconoce la idea de diferencia y desigualdad y opera, estableciendo distinciones normativas.

En la especie, no se verifica en ningún caso un atentado a la igualdad ante la ley, desde que se confunde dicha garantía con la supuesta ilegalidad y arbitrariedad que le atribuye al acto, en atención a que acoger el recurso debe estar dirigido a realizar un examen de legalidad del acto y, como consecuencia de ello, de forma automática nos encontraríamos ante la vulneración de la igualdad ante la ley. El recurrente sostiene la supuesta vulneración de esta garantía constitucional en afirmaciones que esta parte no acepta, por lo anterior no existe el supuesto fáctico que configura la medida antojadiza que vulneraría el principio de igualdad ante la ley.

Debe tenerse presente que no existen casos similares al de la recurrente y que hayan sido resueltos de otra forma. Además, no existe otra prestadora de servicios que haya ocupado su cargo y los recursos dispuestos para estas contrataciones, ya que estos provenían de fondos ministeriales que permitieron, en su oportunidad, la contratación de estos cargos por ciertos lapsos de tiempo, considerando la demanda de vacunación por la pandemia.

En relación a la infracción a la garantía del 19 N° 16 “La libertad de trabajo y su protección”, no se explica cómo se afecta esta garantía constitucional.

En síntesis, respecto de la acción de protección de autos, en ningún caso, se verifica en la especie una conducta, por acción u omisión, ilegal o arbitraria imputable a la Municipalidad de Vilcún, que prive, perturbe o amenace los derechos de la recurrente, consagrados en el artículo 19 de la Constitución, numerales 2 y 16; por lo que no cabe sino indefectiblemente decretar su rechazo.

En virtud de todo lo desarrollado se puede concluir:

1.- La actora se vinculó con la Municipalidad mediante contratos a honorarios, regidos por el artículo 4 de la Ley N° 18.883. Específicamente prestó servicios y cometidos específicos en programa de transitorio del Departamento de Salud Municipal, desde el mes de marzo del año 2021 a septiembre del año 2022, mediante contrato a honorarios no continuos.

2.- El término del convenio a honorarios con la actora obedeció al vencimiento del plazo, fijado en el mismo instrumento, considerando la disponibilidad presupuestaria. Dicho instrumento, en su cláusula sexta, indica como fecha de término de la prestación de los servicios, el 30 de septiembre del año 2022.

3.- Nunca se le señaló a la recurrente que su contrato terminaba o no se renovaba por la denuncia realizada por ella en la ACHS. Su Señoría Ilma. debe tener presente que dicha denuncia no tienen ningún efecto práctico ni vinculante para la Municipalidad, ya que la recurrente tenía un régimen jurídico a honorarios.

4.- El recurso de protección no es la vía idónea para la declaración del derecho que la recurrente pretende. En este caso la pretensión de la recurrente debía ser encausada mediante una acción de lato conocimiento.

Solicita tener por evacuado el informe solicitado a la Municipalidad de Vilcún y, en su mérito, disponer el rechazo de la acción cautelar deducida en todas sus partes, con costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Contratos a honorarios suscritos entre la recurrente y la Municipalidad de Vilcún del año 2021 y 2022 y sus decretos alcaldicios que los sancionan.

Con lo relacionado y considerando:

PRIMERO: Que, como ha señalado la doctrina y jurisprudencia, el recurso de protección constituye una herramienta de emergencia que tiene por finalidad el restablecimiento de un derecho frente a situaciones materiales que amenazan o violan gravemente garantías consagradas en la Constitución Política del Estado o en tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Se trata de asuntos en que existe un derecho indubitado y no disputado, que se encuentra en peligro o lesionado, por lo que se persigue es su amparo o restablecimiento, siendo un requisito esencial para su procedencia que el acto u omisión recurrido sea ilegal o arbitrario.

SEGUNDO: Que, en la especie, el acto recurrido consiste en la no renovación de la contrata, por cuanto fue contratada a honorarios, mediante Decreto N° 2.589 , de fecha 17 de junio de 2022, desde el día 01 de junio de 2022 al 30 de septiembre de 2022.

El recurrente estima que lo anterior vulnera sus garantías constitucionales de los números 2 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política, razones por las cuales solicita se deje sin efecto la resolución señalada, ordenándose su reintegro de funciones y pago de sus remuneraciones. Como motivo de su no renovación, esgrime que fue por represalia, al haber efectuado denuncia a la ACHS.

TERCERO: Que la recurrente no adjuntó ningún antecedente que dé cuenta de lo expresado en su recurso. Es decir, que la no renovación de su contrato a honorarios, fue por represalia de su denuncia a la ACHS.

CUARTO: Que, por otra parte, la recurrente, pretende vía recurso de protección el reconocimiento de derechos, cuestión que excede el ámbito del arbitrio constitucional que es de naturaleza meramente cautelar y, por esencia, breve y concentrado, para dar respuesta oportuna a afectaciones flagrantes, notorias o evidentes que impliquen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de determinados derechos y garantías constitucionales y, resulta evidente, que la situación planteada no puede ser resuelta a través de la acción de urgencia deducida.

QUINTO: Que, por otra parte, no se visualiza por esta Corte la existencia de una arbitrariedad o ilegalidad, habiéndose enmarcado el término dentro de las facultades de la recurrida, toda vez que las partes se encontraban vinculadas mediante un contrato de honorarios, con fecha de inicio y fecha de término.

Por estas consideraciones y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantías Constitucionales, se declara:

Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por en favor de nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Vilcún.

Redacción del abogado integrante Fernando Cartes Sepúlveda.

Regístrese.

Rol N° Protección-49886-2022 (pvb).