nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Temuco Temuco, doce de junio de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

A folio N°1 comparece nombre reservado, quien interpone Recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

LOS HECHOS Ingresó a trabajar el 10 de marzo de 2012 como auxiliar de aseo para la Corporación Educacional Evangélica de Chile, comenzó a enfermarse hace aproximadamente 5 años, cuando tuvo lumbago bajo, luego en 2022 tuvo que operarse de una hernia de disco, no obstante, hasta hoy tiene las siguientes dolencias: Discopatias lumbares, espondiloartrosis lumbar, dolor córnico secundario y colelitiasis por el que fue también intervenida.

Ha tramitado por años sus licencias médicas que han sido rechazadas primero por Compin y luego por la Superintendencia de Seguridad Social en su dictamen de fecha 13 de febrero de 2024, por ende, ante este último rechazo de sus licencias médicas por Resolución Exenta N° R-01-UME-24124-2024 de fecha 13 de febrero de 2024 emitida por la Suceso, cuya individualización describo N° RUT reservado licencias N°RUT reservado, RUT reservado, 15839675-09 y RUT reservado, acumuladas por 150 días a contar del 08 de junio de 2023.

Adjunta certificados e informes que dan cuenta de sus dolencias y de las enfermedades que carga desde que sufrió el primer evento. Indica que su padecimiento, es real lo que tiene que sufrir día a día por ende la arbitrariedad e indiferencia con que el sistema me ha tratado, representado por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y la Suceso.

EL DERECHO Este constituye un acto arbitrario e ilegal que atenta contra la garantía del Nº 1 del art. 19, de la Constitución Política, garantía que consagra “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”, prevista en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República. Se funda también el presente Recurso de Protección, y en especial relación con la causal anterior, en la vulneración de la garantía establecida en el artículo 19 N°1 de la Constitución, que asegura a todas las personas “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”. En efecto, dicha garantía se extiende más allá de la protección de la vida en un sentido estricto y comprende también la totalidad (integridad) de los aspectos que la constituyen. La integridad personal, entonces, constituye aquel derecho humano fundamental que tiene su origen en el respeto a la vida y sano desarrollo de ésta. El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar su integridad física, psíquica y moral. La integridad física implica la preservación y cuidado de todas las partes del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de las personas. En síntesis, la integridad personal se entiende como un conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser humano su existencia, sin sufrir ningún tipo de menoscabo en cualquiera de esas tres dimensiones. Este derecho se encuentra consagrado como una piedra angular de toda la estructura del derecho internacional de los derechos humanos, a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 como asimismo en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966 (artículo 7). La Convención Americana sobre Derechos Humanos (1968) en su artículo 5 dispone que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”. Conforme a lo expuesto, los hechos materia del recurso amenazan y perturban seriamente la garantía señalada.

Pide ordenar:

1º Que su enfermedad es de origen laboral.

2º Que revoca la resolución por la cual se recurre en este acto.

3º Que se condena en costas al recurrido.

Acompañó los siguientes documentos: a) Resolución exenta N° R-01-UME-24124-2024 de fecha 13 de febrero de 2024 emitida por la Suceso; b) Informe Médico de fecha 31 de octubre de 2023, emitido por el Hospital Regional, neurocirugía; c)

Informe médico fisiatría del Hospital de Temuco, del 05 de octubre de 2023; d)

Informe Complejo Asistencial Padre las Casas.

A folio N°12 evacua informe la recurrida SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL quien solicita el rechazo del recurso.

Solicita se declare la improcedencia de la presente Acción de Protección por haber sido ésta interpuesta en forma extemporánea. Lo anterior, de acuerdo con la siguiente relación de los hechos:

ACTUACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL CASO DE LA SRA. nombre reservado.

1.- Como consta de la copia del expediente administrativo que se acompaña con este escrito, por presentación de fecha 9 de agosto de 2023, la Sra. nombre reservado reclamó contra la SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 150 días a contar del 08 de junio de 2023, por reposo no justificado.

Al respecto, mediante Resolución Exenta N° R-01-UME-24124-2024 de 13 / 02 / 2024 mi representada señaló que: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado por el diagnóstico aquí reclamado, no acreditando rol terapéutico del reposo prescrito. Sumado a lo anterior, dichos antecedentes permiten establecer que la parte reclamante presenta lesiones de carácter crónico, produciéndole una incapacidad para trabajar no susceptible de revertir, por lo que probablemente ya se ha configurado una incapacidad permanente. Cabe destacar que la parte reclamante se mantiene con reposo por concepto de licencias médicas, desde febrero de 2021 a la fecha, sin lograr su recuperación”.

Concluye la mencionada Resolución que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

2.- Ahora bien, la recurrente solo ejerció esta acción constitucional con fecha 13 de marzo de 2024, esto es, cuando el plazo fatal de 30 días corridos estaba con creces vencido, toda vez que en su momento la Sra. nombre reservado, ya tenía conocimiento cierto del rechazo dispuesto por la citada Compin del formulario en comento. En efecto, en virtud de la presentación de fecha 9 de agosto de 2023 que realizó la Sra. nombre reservado, en la cual acompañó los antecedentes sobre el rechazo de la licencia reclamada, consta que el mencionado formulario fue rechazado Previamente por la señalada Compin, con conocimiento de la Sra. nombre reservado, en una fecha anterior a la de su presentación ante esta Superintendencia. Por lo anterior, se evidencia que ya desde casi 7 meses antes de la fecha de interposición de la presente acción, la Sra. nombre reservado ya tenía conocimiento del rechazo de sus licencias, máxime si estos formularios fueron emitidos a contar de junio de 2023.

3.- Por lo expuesto, se colige que la acción constitucional de autos, contrariando su naturaleza y finalidad con la que fue creada por el constituyente, se utiliza como una última instancia de reclamación para obtener la autorización de licencias médicas, las que, por razones médicas, fueron rechazadas en todas las instancias administrativas previstas en nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, la autorización, rechazo o modificación de una nombre reservado es competencia de las COMPIN o ISAPRE, según corresponda a un trabajador cotizante del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA) o a uno afiliado a una institución de salud previsional, respectivamente. Lo anterior, basta para comprobar la falta de oportunidad en el ejercicio de la presente acción constitucional, por cuanto, al no ser una vía de impugnación subsidiaria, debe interponerse en contra del organismo que administra la prestación de seguridad social, en este caso, la nombre reservado.

4.- Cabe señalar, además, que el hecho de haber reclamado ante esta Superintendencia no significa que el plazo para recurrir a la acción de protección se suspenda de modo alguno, pues, si bien es cierto, puede ser la regla general en materia de acciones jurisdiccionales que se intenten en contra de actos administrativos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N° 19.880, que exige el agotamiento de la vía administrativa, esta disposición por supremacía constitucional, no es aplicable a la acción de protección, por cuanto ésta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Constitución Política de la República, se debe ejercer sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

5.- En consecuencia, la recurrente, si estimaba que las resoluciones de la COMPIN que rechazaron las licencias en comento, adolecían de un vicio de ilegalidad y arbitrariedad, debió recurrir tan pronto tuvo noticias o conocimiento cierto de los mismos, sin perjuicio de los demás derechos que podía hacer valer, entre ellos, reclamar ante esta institución de control.

6.- En síntesis, de la relación de hechos expuesta, aparece de manifiesto la falta de oportunidad en el ejercicio de esta acción constitucional, por cuanto, como se desprende de los mismos, los rechazos de estas licencias médicas fueron dispuestos por la referida COMPIN hace casi 7 meses atrás y no obstante ello, se interpuso la acción de autos recién el 13 de marzo de 2024 en contra de su representada, cuestión que deja de manifiesto la absoluta falta de oportunidad en su ejercicio a la luz de lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental y numeral 1° del Auto Acordado que lo regula. En efecto, la segunda de las normas citadas dispone que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.” Cita jurisprudencia.

7.- En relación con esta alegación, cabe hacer presente una vez más que, como lo han señalado diversos fallos de los Tribunales Superiores de Justicia, no resulta procedente el que se emplee la Acción de Protección de los derechos y garantías constitucionales como una última instancia de reclamo o apelación, cuando en opinión del recurrente las otras vías de reclamo, en el ámbito administrativo u otros, no le han dado los resultados esperados. En otros términos, la acción de protección no es una vía de impugnación subsidiaria de otras que pueda contemplar el ordenamiento jurídico, sean estas administrativas o judiciales. Aceptar que se pueda controvertir o revisar la decisión médica implícita en el procedimiento de autorización de las licencias médicas, más allá de todas las instancias de revisión (que no son pocas) dispuestas en el ordenamiento jurídico, implica asumir que este excepcional procedimiento de emergencia sería una nueva instancia de revisión de las licencias médicas, cuestión que ciertamente está muy alejada de la finalidad con que el constituyente creó la acción en comento. Esta afirmación está respaldada en el inciso primero, parte final del artículo 20 de la Constitución Política de Chile al disponer que la persona afectada en sus garantías por un acto ilegal o arbitrario puede recurrir ante la Corte de Apelaciones respectiva, la que debe adoptar las medidas que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y dar la debida protección al afectado, “...sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

8.- A mayor abundamiento, una tesis contraria implicaría que el plazo previsto para interponer la acción de protección dejaría de ser objetivo, quedando a disposición de quien afectado por una decisión de la autoridad administrativa que no le es favorable, reclame mucho más allá de los 30 días ante esa misma autoridad u otra distinta, sólo con la finalidad de crear artificialmente un nuevo plazo para interponer esta acción, lo que ciertamente no guarda armonía con la naturaleza y finalidad con que fue concebida esta acción constitucional de orden cautelar. Cita jurisprudencia.

Pide se rechace la acción de protección de autos, por haber sido ejercida de forma extemporánea, con costas.

EN SUBSIDIO, ALEGA LA IMPROCEDENCA DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN EN MATERIAS DE SEGURIDAD SOCIAL Solicita se declare improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una nombre reservado que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

De tal forma, la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

En esta parte, cabe reiterar a SS. Ilustrísima que la Acción de Protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República.

Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a “actos u omisiones arbitrarios o ilegales “.

Tratándose en consecuencia de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible accionar de protección ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto como ya se dijo, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Pide se declare la improcedencia de ésta, en atención a que el asunto debatido se encuentra relacionado con una garantía constitucional (artículo 19, Nº 18, derecho a la seguridad social), que no se encuentra protegida por la acción interpuesta por la parte recurrente, con costas.

EN SUBSIDIO DE LAS ALEGACIONES ANTERIORES, INFORMA EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO QUE MOTIVA LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AUTOS Respecto de la acción de autos, resulta necesario esclarecer cual es el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente Acción de Protección.

1.- El derecho a nombre reservado. Marco legal regulador.

En nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad.

Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, ella puede ser permanente o transitoria.

Para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS).

Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado nombre reservado, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.

En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer nombre reservado, esto es, reposo, el que, unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

El derecho a nombre reservado está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan nombre reservado por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.

En virtud del artículo 156 del mencionado D.F.L., el beneficio de nombre reservado también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

La nombre reservado está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “ Para los efectos de este reglamento, se entiende por nombre reservado el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez –Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud –Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”.

Como se ha expuesto y de acuerdo con las normas ya referidas, la nombre reservado es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

2.- Facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia.

Como se desprende de la relación de hechos que se ha realizado previamente en este escrito, lo cual solicito se tenga por reproducido en esta parte, la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

En efecto, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Ahora bien, el legislador ha establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificado recientemente por la Ley Nº 20.691, de 2013, cuáles son las funciones esenciales de la Superintendencia de Seguridad Social.

A su vez, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que:

“La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”.

El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

A su vez, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”.

Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la señalada Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone que a mi representada le corresponderá: “Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes.”

En seguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley Nº 20.691, dispone que corresponde a mi defendida: “Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”.

Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, mi representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la nombre reservado y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

3.- Ausencia de ilegalidad y arbitrariedad.

Cabe hacer presente en lo que respecta al derecho a nombre reservado, a la Superintendencia de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 16.395, le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario. En tal sentido, a la referida entidad de salud le sucedieron los Servicios de Salud y con ocasión de la reforma a la Autoridad Sanitaria, las funciones que no derivan del Código Sanitario fueron traspasadas a las SECRETARÍAS REGIONALES MINISTERIALES DE SALUD (SEREMIS DE SALUD), las que tienen a su cargo las COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN), entidades que como ha quedado claramente establecido participan en la administración del derecho a nombre reservado, ya sea actuando como primera instancia, respecto de los trabajadores cotizantes del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA) o bien como instancia de apelación en el caso de las licencias médicas otorgadas a afiliados a Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES).

En efecto, las resoluciones de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas son apelables en el plazo de 15 días hábiles ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), instituciones de previsión que en la actualidad dependen de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI). Además, estas instituciones deben resolver acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

En consecuencia, los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de “supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la de calificar la legalidad de los ingresos, así como la oportunidad y finalidad de los egresos e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se otorguen a los imponentes”.

Cabe hacer presente, además, que el procedimiento para la autorización de las licencias médicas está previsto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud. En este cuerpo reglamentario se contemplan expresamente causales de rechazo de licencias médicas.

De acuerdo con este procedimiento, el trabajador cotizante de FONASA (sistema público de salud), afectado por el rechazo de una nombre reservado dispuesto por una COMPIN, puede solicitar la reconsideración de tal resolución.

En caso que la COMPIN, analizados los nuevos antecedentes, si es que los hay y reestudiado el caso, confirme su anterior resolución, el trabajador puede reclamar ante esta Superintendencia, la que revisa, de acuerdo con el marco legal señalado, lo actuado por la COMPIN, en cuando a la procedencia o no de autorizar la nombre reservado cuestionada. Ciertamente, en caso que se confirme por esta institución de control, lo resuelto por la COMPIN, el trabajador afectado puede solicitar reconsideración de acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Además, la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”.

En el caso de la Sra. nombre reservado, claramente su “derecho a nombre reservado” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas reclamadas.

Lo anteriormente expuesto, debe llevar a ese Ilmo. Tribunal a desestimar la ilegalidad y arbitrariedad en la actuación de la recurrida. En esta parte, muy bien sabe que para que un acto sea arbitrario, este debe responder al capricho, a la mera voluntad sin fundamento o raciocinio alguno por parte del que lo emite. Es del caso, que, respecto de las licencias reclamadas, el dictamen impugnado de arbitrariedad contiene los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo, en cuyo mérito resolvió esta Superintendencia previo estudio de los antecedentes médicos del caso. Cita jurisprudencia.

A mayor abundamiento, consta dentro de los antecedentes, los informes que realizaron las siguientes especialistas de esta Superintendencia:

1.- Informe del especialista Dr. nombre reservado de fecha 9/2/2024 que señala:

“Sección B (Datos de las Licencias Reclamadas)

Inicio de la licencia más antigua: 08-06-2023 Cantidad total de días reclamados: 150 Días autorizados por la(s) patología(s): 706 Modalidad de emisión de las licencias reclamadas: ( ) Particular/Libre Elección ( ) Institucional ( ) Ambas Licencias:

Datos Licencia 1 nombre reservado: RUT reservado

Diagnóstico: M42.1 - Osteocondrosis de la columna vertebral del adulto Nombre del médico: nombre reservado

Especialidad: Médico Cirujano, Neurocirugía Alto emisor: ( ) SI (X) NO Datos Licencia 2 nombre reservado: RUT reservado

Diagnóstico: M42.1 - Osteocondrosis de la columna vertebral del adulto Nombre del médico: nombre reservado

Especialidad: Médico Cirujano, Neurocirugía Alto emisor: ( ) SI (X) NO Datos Licencia 3 nombre reservado: RUT reservado

Diagnóstico: M42.1 - Osteocondrosis de la columna vertebral del adulto Nombre del médico: nombre reservado

Especialidad: Médico Cirujano, Neurocirugía Alto emisor: ( ) SI (X) NO Datos Licencia 4 nombre reservado: RUT reservado

Diagnóstico: M42.1 - Osteocondrosis de la columna vertebral del adulto Nombre del médico: nombre reservado

Especialidad: Médico Cirujano, Neurocirugía Alto emisor: ( ) SI (X) NO Datos Licencia 5 nombre reservado: RUT reservado

Diagnóstico: M42.1 - Osteocondrosis de la columna vertebral del adulto Nombre del médico: nombre reservado

Especialidad: Médico Cirujano, Neurocirugía Alto emisor: ( ) SI (X) NO Sección C (Antecedentes Médicos)

IMC con fecha: (X) SI ( ) NO Detalle: imc ncx 31.10.23DISCOPATÍA Y ESPONDILOARTROSIS LUMBAR MULTISEGMENTARIAANTECEDENTESRNIA DE DISCO OPERADAHOMBRO DOLOROSOSOBREPESOEN CONTROL MEDICO POR MOLESTIAS DE TIPO LUMBOCIATICA INICIADAS HACE 2 AÑOS Y QUE FUE INTERVENIDOPOR UNA HERNIA DE DISCO LUMBAR . EL ESTUDIO DE SU COLUMNA CON RESONANAIA MAGNETIUCA DEMUESTRAALTERACIONES DEGENERATIVAS DE LOS DISCOS ( DISCOPATIAS) Y DE LAS ARTICULACIONES DE LA COLUMNA ( ESPONDILOARTROSIS) LO QUE ORIGINA SU DOLOR DE LA REGION LUMBAR CON IRRADIACION A CADERAS Y MUSLOS.ESTAS ALTERACIONES SON DE TIPO DEGENERATIVO QUE NO TIENE TRATAMIENTO DEFINITIVO Y EL MANEJO ES CONPRESENTA DOLOR Y LIMITACION EN LA MOVILIDAD DE AMBOS HOBROS PARA LO CUAL SE LE INDICO NUEVOS EXAMENES.ANTINEURITICOS. DEBE PERMANECER CON nombre reservado Y NOSE VE UNA POSIBILIDAD DE RECUPERACION ASUCONDCION PREVIA •fisiatra 5.10.23 El profesional del establecimiento TEMUCO HOSP., que suscribe, certifica que el paciente ha sido atendido en este Policlínico por presentar:1. DISCOPATIAS LUMBARES MULTIPLES-2. ESPONDILOARTROSIS LUMBAR+3. DOLOR CORNICO SECUNDARIOPACIENTE SE MANTIENE CON MANEJO DE DOLOR EN UNIDAD DOLOR CRONICO NO ONCOLOGICO Y SE MANTIENE CON PARCHES DEBUPRENORFINA 35 UG/HR 1/4 PARCHE CADA 4 DIAS Y AMITRIPTILINA 25 MG POR NOCHE Peritaje con fecha: ( ) SI (X ) NO Detalle:

Exámenes con fecha: ( ) SI (X ) NO Detalle:

TPI: ( ) SI (X ) NO Detalle:

Lista de espera quirúrgica: ( ) SI (X ) NO ( ) N/A Detalle:

Acredita Atención GES: ( ) SI (X ) NO ( ) N/A Detalle:

Otros Antecedentes Médicos: ( ) SI (X ) NO Detalle:

Otros Antecedentes Relevantes: ( ) SI (X ) NO Detalle:

Sección D (Fundamentos de la resolución)

Fundamentos de la resolución: mujer de 39 años, con licencias desde febrero 2021, más de 700 días autorizados con dg de lumbociatica; no acredita medidas pendientes sumado a que informe de Ncx indica irrecuperable. Se mantiene rechazo, sin rol terapéutico”

4.- Ausencia de derechos vulnerados Por último, cabe hacer presente que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica y salud, garantizado a todas las personas en los numerales 1° y 9º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, simplemente cabe preguntarse cómo podría mi representada haber atentado contra dichas garantías, como la vida, integridad física o psíquica y la protección de la salud, por cuanto, en su actuar, la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido. En efecto, mi representada, de modo alguno, ha causado las afecciones que supuestamente padece la recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, es incuestionable que la Sra. nombre reservado siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante y que pudo realizar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido, de manera alguna el acceso del recurrente a la salud. La única intervención de la Superintendencia en el caso de la Sra. nombre reservado responde al mandato legal de pronunciarse respecto de las reclamaciones que presentó impugnando las resoluciones de la referida Subcomisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que rechazó las licencias médicas en comento.

En cuanto al derecho de propiedad, cabe hacer presente que el otorgamiento de una nombre reservado por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

1.- Una nombre reservado autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN)

2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente.

En consecuencia, no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una nombre reservado autorizada, cuestión que como ya se ha indicado no media en la especie. En este punto, en el caso de la recurrente, no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que, rechazadas sin generar, por lo tanto, el derecho que esgrime la recurrente de autos.

Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la nombre reservado por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador. Esta conclusión es a todas luces inaceptable.

Pide rechazar el recurso en todas sus partes, con costas.

Acompañó los siguientes documentos: Copias de los antecedentes que obran en el expediente administrativo, relativos al caso de la Sra. nombre reservado.

A folio N°17 evacua informe la FONDO NACIONAL DE SALUD.

I. En cuanto a la actuación del FONASA respecto al acto u omisión que se alega arbitrario o ilegal en la especie.

Antes que todo, es del caso aclarar que, en conformidad a nuestro Ordenamiento Jurídico, corresponde a las COMPIN o a las Isapres, en su caso, la aprobación o rechazo de las licencias médicas y no al FONASA.

Según lo dispuesto en los artículos 16 y 29 del Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, es la COMPIN quien debe aprobar o rechazar las licencias médicas, en cuanto a los afiliados del FONASA.

Señala el artículo 16 que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

Por su parte, el artículo 29, en su inciso primero, refiere que “las Licencias médicas serán autorizadas por la Compin y por la Unidad de Licencias Médicas”.

Ni la Ley N° 20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, ni el D.S. N° 3, de 1984, de Salud, que aprueba el reglamento de autorización de licencias médicas por las COMPIN y las instituciones de salud previsional, menciona a FONASA como organismo tramitador ni autorizador de licencias médicas.

En cuanto al pago de los subsidios, compete a las propias COMPIN (función que hoy se encuentra centralizada en la Tesorería de la Subsecretaría de Salud Pública del Minsal, cual es el superior jerárquico de las COMPIN) o a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (CCAF), según sea que el trabajador esté o no afiliado a estas últimas.

La función de FONASA en la materia, se limita solamente a la entrega de los recursos financieros para el pago de licencias médicas Curativo Común de sus cotizantes, sea a la Subsecretaría de Seguridad Pública del Minsal o a las CCAF, según sea el caso.

II. En cuanto a la supuesta ilegalidad y arbitrariedad alegada por la parte recurrente.

De acuerdo a lo señalado en su presentación, la SUSESO incurre en un acto ilegal o arbitrario al resolver, mediante la Resolución Exenta N° R-01-UME-24124-2024, de fecha 13 de febrero de 2024 que confirma el rechazo de las Licencias Médicas que indica.

Como se señaló anteriormente, a FONASA no le compete ni la tramitación ni la autorización de las licencias médicas; sino que su función se relaciona expresamente con el disponer de los recursos financieros a la COMPIN o a la CCAF, en su caso, cuando la licencia ha sido aprobada por la COMPIN.

En efecto, la COMPIN, es el órgano competente para la tramitación o autorización, en virtud de la facultad explicitada en el DS N° 3, que dispone “para los efectos de este reglamento, se entiende por nombre reservado el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante “el o los profesionales”, según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante “Compin”, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante “Seremi”, que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda”.

Atendido a que las licencias médicas fueron rechazadas por el organismo legalmente facultado para ello, no hubo una orden a FONASA para transferir los recursos financieros a la COMPIN o a la CCAF, por lo que no se vislumbra de qué forma esta recurrida habría incurrido en una pretendida “ilegalidad o arbitrariedad”, ya que no tiene injerencia en la aprobación o rechazo de una nombre reservado.

Más bien, en virtud de lo referido en el artículo 50 del DFL N° 1, de 2005, del Minsal, las funciones de FONASA tienen relación con el financiamiento de las prestaciones y la administración de los recursos del fondo. Dentro de ello, se encuentra el transferir mensualmente los montos de los Subsidios por Incapacidad Laboral a la Subsecretaría de Salud Pública, o a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (CCAF).

En definitiva, el FONASA no está facultado legalmente para fiscalizar sobre el uso, el origen, ni la causalidad de las licencias médicas de sus cotizantes, así como tampoco puede fiscalizar el pago de los Subsidios por Incapacidad Laboral (SIL) asociados a éstas, siendo estas atribuciones exclusivas de las COMPIN y de la SUSESO.

Como corolario de lo expuesto, no se advierte de qué forma el FONASA habría conculcado y/o infringido garantías constitucionales del recurrente, lo que hace concluir que, en la especie, no se configura acción u omisión arbitraria o ilegal alguna por parte del Fondo Nacional de Salud.

A folio N°19 evacua informe Secretario Regional Ministerial De Salud, en representación de COMPIN.

El presente recurso de protección fue interpuesto por doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social por el rechazo de licencias médicas N° RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 15839675-09 y RUT reservado, por lo que se informa lo siguiente:

1.- Según lo establecido en el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 3 de 1984, Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones Previsionales, del Ministerio de Salud, se entiende por nombre reservado el derecho que tiene un trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un tiempo determinado en cumplimiento de una indicación profesional certificado por un médico cirujano, dentista o matrona, reconocido por su empleador en su caso y autorizada por una COMPIN o Institución de Salud Previsional (ISAPRE) según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de un subsidio especial con cargo a la entidad de previsión. De esta definición se desprende, que las licencias médicas se otorgan con el fin de recuperar la salud y que es por un tiempo determinado de reposo.

2.- El artículo 16 del Decreto Supremo Nº 3 de 1984, ya mencionado, faculta a la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE, según corresponda, para aprobar o rechazar las licencias médicas; reducir o ampliar el periodo de reposo solicitado o cambiarlo de total o parcial y viceversa.

3.- Para la visación de una nombre reservado, el Médico Contralor de COMPIN se basa en los antecedentes médicos aportados y en las Guías Referencial de Reposo Médico y Reintegro Laboral en Personas con problemas y/o Enfermedad Mental. Lo anterior está incluido en la Ley Nº 20.585, sobre Otorgamiento y nombre reservado.

4.- Que, respecto de las licencias médicas recurridas, se informa lo siguiente:

a)

nombre reservado° MEDI-1 RUT reservado: Emitida a contar del 08.06.2023 por 30 días, con diagnóstico “Osteocondrosis de la columna vertebral del adulto” por neurocirujano, Dr. nombre reservado.

• Rechazada por COMPIN Subcomisión Cautín con fecha 08.06.2023, considerando: “Sin causa médica que justifique el reposo. Reposo prolongado para patología”

• Ingresa Recurso de Reposición con fecha 23.06.2023, con el que se mantiene rechazo con el argumento: “Sin causa médica que justifique el reposo. Reposo prolongado para patología”, con fecha 03.08.2023.

b)

nombre reservado° MEDI-1 RUT reservado: Emitida a contar del 08.07.2023 por 30 días, con diagnóstico “Estenosis espinal” por neurocirujano, Dr. nombre reservado.

• Rechazada por COMPIN Subcomisión Cautín con fecha 17.07.2023, considerando: “Sin causa médica que justifique el reposo. Reposo prolongado para patología”

• Ingresa Recurso de Reposición con fecha 11.08.2023, con el que se mantiene rechazo con el argumento: “Sin causa médica que justifique el reposo. Reposo prolongado para patología”, con fecha 22.09.2023.

c)

nombre reservado° MEDI-1 RUT reservado: Emitida a contar del 07.08.2023 por 30 días, con diagnóstico “Osteocondrosis de la columna vertebral del adulto” por neurocirujano, Dr. nombre reservado.

• Rechazada por COMPIN Subcomisión Cautín con fecha 11.08.2023, considerando: “Sin causa médica que justifique el reposo. Reposo prolongado para patología”

• Ingresa Recurso de Reposición con fecha 11.09.2023, con el que se mantiene rechazo con el argumento: “Sin causa médica que justifique el reposo. Reposo prolongado para patología”, con fecha 22.09.2023.

d)

nombre reservado° MEDI-1 RUT reservado: Emitida a contar del 06.09.2023 por 30 días, con diagnóstico “Osteocondrosis de la columna vertebral del adulto” por neurocirujano, Dr. nombre reservado.

• Rechazada por COMPIN Subcomisión Cautín con fecha 14.09.2023, considerando: “Sin causa médica que justifique el reposo. Reposo prolongado para patología”

• Ingresa Recurso de Reposición con fecha 10.10.2023, con el que se mantiene rechazo con el argumento: “Sin causa médica que justifique el reposo. Reposo prolongado para patología”, con fecha 24.11.2023.

e) nombre reservado° MEDI-1 RUT reservado: Emitida a contar del 06.10.2023 por 30 días, con diagnóstico “Osteocondrosis de la columna vertebral” por neurocirujano, Dr. nombre reservado.

• Rechazada por COMPIN Subcomisión Cautín con fecha 17.10.2023, considerando: “Sin causa médica que justifique el reposo. Reposo prolongado para patología”

• Ingresa Recurso de Reposición con fecha 02.11.2023, con el que se mantiene rechazo con el argumento: “Sin causa médica que justifique el reposo. Reposo prolongado para patología”, con fecha 24.11.2023.

5.- Que, la Contraloría Médica de la COMPIN Subcomisión tuvo en consideración los siguientes antecedentes Para evaluar las licencias médicas:

a)

Listado maestro de licencias médicas FONASA años 2020, 2021 2022, 2023 y 2024.

b)

Informe radiológico del 23.05.2023: Resonancia Magnética Lumbar con contraste.

c)

Informe complementario de médico tratante, por Dr. nombre reservado, fechado 07.06.2023.

d)

Informe complementario de médico tratante, por Dr. nombre reservado, fechado 19.06.2023.

e)

Interconsulta 212745349: Hospital Temuco, a Medicina Física.

f)

Informe complementario de médico tratante, por Dr. nombre reservado, fechado 05.09.2023.

g)

Hoja de interconsulta Dr. nombre reservado, fechada 05.09.2023.

h) Hoja de interconsulta Dr. nombre reservado, fechada 05.09.2023 i) Endoscopía digestiva alta fechada 28.09.2023.

j) Informe complementario de médico tratante, por Dr. nombre reservado, fechado 02.10.2023 k) Certificado, Dra. nombre reservado fechado 05.10.2023 l) Informe complementario de médico tratante, por Dr. nombre reservado, fechado 31.10.2023 m) Certificado, Dr. nombre reservado, fechado 31.10.2023.

6.- Que, en atención a lo anterior, la Contraloría Médica de la COMPIN concluyó lo siguiente:

a) Antecedentes médicos aportados que no justifican reposo. Reposo prolongado para patología:

• La trabajadora mantuvo reposo prácticamente continuo desde 11.02.2021 a la fecha, acumulando un total de 995 días de nombre reservado, de los cuales 705 han sido autorizados, lo que se consideró plazo suficiente para resolución del cuadro, constituyendo mayor reposo una pérdida del carácter de temporalidad con el que debe contar la nombre reservado.

• Informes complementarios de médico tratante, por Dr. nombre reservado, fechado 07.06.2023 y del 19.06.2023, informa discopatía multisegmentaria no compresiva, sin indicación quirúrgica. Derivada a medicina física y rehabilitación. Estima fecha probable de alta en 1-2 meses.

Trabajadora con dolor lumbar, en tratamiento farmacológico, no tiene indicación quirúrgica, por lo que no queda claro si existen medidas terapéuticas pendientes y el potencial de recuperabilidad al grado que permita reintegro laboral. Se consideró que el reposo acumulado es excesivo y que informe no respalda rol terapéutico del reposo.

• Informe complementario de médico tratante, por Dr. nombre reservado, fechado 05.09.2023: aporta antecedente de cirugía por hernia de disco lumbar L5-S1 derecha en octubre 2022. Persistencia sintomática. Alta en 3 meses.

• Hoja de interconsulta Dr. nombre reservado, fechada 05.09.2023: Sospecha de hemorragia digestiva alta, solicita evaluación de urgencias.

• Hoja de interconsulta Dr. nombre reservado, fechada 05.09.2023: del servicio de urgencias derivan a endoscopía por sospecha de hemorragia digestiva alta.

• Endoscopía digestiva alta fechada 28.09.2023, informa: aspecto endoscópico de gastritis crónica atrófica antral, duodenopatia erosiva bulbar, test de ureasa positivo.

Patología digestiva sospechada (hemorragia) no confirmada, hallazgos en endoscopía no ameritan reposo laboral.

• Informe complementario de médico tratante, por Dr. nombre reservado, fechado 02.10.2023: Señala que se encuentra en controles en policlínico del dolor, persistencia sintomática, manejo co celecoxib, pregabalina y parches de morfina. Fecha probable de alta: 3 meses.

No se describe mejora clínica con el manejo analgésico y si bien señala alta en 3 meses (como lo hace en los informes previos) no impresiona potencial de reintegro laboral. Nuevamente informe no acredita que reposo cumpla rol terapéutico.

• Certificado, Dra. nombre reservado fechado 05.10.2023: consiga diagnósticos, manejo del dolor no oncológico con parches de buprenorfina y amitriptilina.

Certificado muy escueto, no describe funcionalidad ni respuesta al tratamiento indicado, no aporta información que permita estimar rol terapéutico del reposo.

• Informe complementario de médico tratante, por Dr. nombre reservado, fechado 31.10.2023: destaca SIN cirugía pendiente, en evaluación procedimiento de infiltración. Fecha probable de alta en 3 meses.

Refuerza la información ya sabida que no hay cirugías pendientes, señala que se evaluará infiltración, en forma incierta y no especifica la respuesta que se espera a dicho procedimiento.

• Certificado, Dr. nombre reservado, fechado 31.10.2023: Hernia discal operada hace 2 años. Resonancia magnética con cambios degenerativos de los discos que origina dolor lumbar irradiado a caderas y muslos. Señala manejo del dolor harán su vida más llevadera pero no tiene recuperación.

En este certificado el médico tratante deja claro que se trata de patología degenerativa, crónica y no susceptible a cambios con el tratamiento analgésico en uso, sumado a que no tiene indicación quirúrgica, se estima que reposo no cumple rol terapéutico.

b)

Patología irrecuperable, no invalidante:

• De acuerdo a la Circular N° 2C/134, de 24 de junio de 1985, del Ministerio de Salud, los trabajadores que sufran una patología irrecuperable, tendrán derecho a que se autoricen sus licencias médicas, mientras dure el primer trámite de calificación de invalidez, es decir, hasta que cuente con un dictamen ejecutoriado. En sistema informático FONASA el Departamento de COMPIN Nacional registra que la trabajadora ha realizado el trámite de calificación de invalidez, al menos en dos oportunidades, con un dictamen ejecutoriado el 19.07.2022 con menoscabo del 34% en capacidad de trabajo y otro dictamen ejecutoriado el 27.01.2024 con un 25% de menoscabo. Lo anterior se puede traducir en que la usuaria posee una enfermedad irrecuperable, sin embargo, posterior al estudio clínico correspondiente, no fue posible comprobar que su condición de salud fuera invalidante, pudiendo reintegrarse a sus actividades laborales.

• Cabe señalar que, son las Comisiones Médicas Regionales de la Superintendencia de Pensiones las llamadas a pronunciarse en cuanto a la recuperabilidad de los trabajadores y determinar la capacidad residual de trabajo, lo que, en este caso, la Comisión Médica Regional Temuco ha pronunciado en dos oportunidades.

c)

Rechazos confirmados por Superintendencia de Seguridad Social:

• La Superintendencia de Seguridad Social ha confirmado los rechazos de las licencias reclamadas, realizados por nuestra COMPIN, mediante la Resolución Exenta N° R-01-UME-24124-2024 del 13.02.2024, de la Superintendencia de Seguridad Social confirma rechazo de nombre reservado.

Por todo lo señalado anteriormente, se estimó que el reposo prescrito por medio de las licencias médicas RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado no se encontraban clínicamente justificado, estimándose que el periodo de reposo carece de temporalidad, basándose en los antecedentes médicos aportados por su tratante, no habiendo ilegalidad, ni arbitrariedad en los actos realizados por esta contraloría médica.

Acompañó los siguientes antecedentes: Histórico de licencias médicas; Resoluciones exentas emitidas por COMPIN Subcomisión Cautín; Informes médicos.

A folio N°22 se trajeron los autos en relación.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección constituye una acción cautelar de origen constitucional, que puede deducir cualquier persona ante los Tribunales Superiores de Justicia, a fin de solicitar que éstos adopten de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho quebrantado, y asegurar así la debida protección a los afectados, cuando por causa de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal, sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución establece, esto sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales ordinarios correspondientes.

SEGUNDO: Que el acto que se estima ilegal y arbitrario es el rechazo por parte de COMPIN y la dictación por parte del Superintendencia de Seguridad Social de la Resolución Exenta N° N° R-01-UME-24124-2024 con fecha 13 de febrero de 2024, en virtud de la cual se confirmó el rechazo de 5licencias médicas extendidas a la actora por un total de 150 días a contar del 08 de junio de 2023.

TERCERO: Que en cuanto a la extemporaneidad del recurso, y no existiendo antecedentes en autos que den cuenta de la época que la recurrente tomó conocimiento de alguna de las resoluciones dictadas por la Superintendencia de Salud se entiende que se encuentra dentro de plazo para interponer el presente recurso de protección. Sin perjuicio de lo anterior, al ser tan escueto el recurso interpuesto y considerando que el rechazo de las licencias médicas implican el no pago del subsidio correspondiente, el que se extiende hasta la fecha, permite sostener que el plazo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República se encuentra vigente por lo que la presente alegación se rechazará.

CUARTO: Que, en lo referente a la solicitud de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social en orden a que se declare la improcedencia de la acción constitucional interpuesta por tratarse de materias de seguridad social, y por ende no encontrarse tal derecho garantizado en el catálogo del artículo 20 de la Constitución Política de la República, cabe señalar que si bien esta Corte coincide con lo expuesto sobre este punto, el hecho denunciado a través de esta acción tiene una implicancia directa, sea por vía de amenaza, perturbación o afectación, respecto de otros derechos constitucionales que si se encuentran garantizados en el referido catálogo, tales como la vida e integridad física y psíquica, lo que en principio habilita a la actora para requerir la protección que se solicita.

QUINTO: Que, ahora bien, en cuanto al fondo, rola en autos que por Resolución Exenta N° R-01-UME-24124-2024 con fecha 13 de febrero de 2023, la Superintendencia confirmó el rechazo de las licencias médicas por no encontrarse justificado el reposo.

SEXTO: Que a efectos de resolver la controversia planteada en autos es preciso tener presente lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en lo pertinente, dispone: "La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia", como asimismo lo señalado en el artículo 21 del mismo cuerpo normativo "Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la nombre reservado que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la nombre reservado”.

SEPTIMO: Que así, según se observa en la Resolución indicada, la decisión adoptada por la Superintendencia no está apoyada por ningún elemento de convicción que avale la confirmación del rechazo, como tampoco hace mención a otros factores objetivos que permitan corroborar la decisión a que arriba, en cuanto a la suficiencia del reposo médico ya otorgado sin que tampoco explicite los motivos por los que el tratamiento resultaría incompatible con la extensión del reposo, carencias que la privan de contenido, no pudiéndose concluir que aquélla se basta a sí misma si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender por qué la recurrente no necesitaba más días de descanso que los ya otorgados.

OCTAVO: Que, en consecuencia, el actuar de la recurrida no se ajustó a la normativa que regula la materia tanto por no explicitar las razones que motivaron su decisión como al no disponer que los órganos administrativos involucrados en la materia realicen un peritaje coetáneo e idóneo al periodo de reposo de las licencias médicas rechazadas.

En razón de lo expuesto tanto la ausencia de justificación como la circunstancia de no haber sometido a la recurrente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica debieron haberse desarrollado con mayor rigurosidad antes de ser resuelto el asunto en materia administrativa, diligencias necesarias a fin de objetivar el diagnóstico y no dejarlo entregado a la simple discreción del Superintendente, con el consecuente no pago de las licencias médicas respectivas.

NOVENO: Que, de esta forma, se advierte que el rechazo de las licencias médicas que se alega por la recurrente, importa de parte de la autoridad el ejercicio de una facultad de forma meramente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica que a los ciudadanos se les debe, al ejercer sus facultades, en especial, si como en esta materia se ven involucradas garantías especialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas, motivo por lo que se acogerá el recurso interpuesto.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se declara:

I. - Que SE RECHAZA la alegación de extemporaneidad e improcedencia deducida por la recurrida.

II.- Que SE ACOGE el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de COMPIN y la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, disponiendo dejar sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-UME-24124-2024 con fecha 21 de agosto de, debiendo la autoridad administrativa disponer la reevaluación del padecimiento que aqueja a la actora a fin de determinar su origen, entidad y pronóstico de recuperación, y cumplido lo anterior, se pronuncie nuevamente respecto de las licencias médicas rechazadas que han sido materia del presente recurso.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Cristian Carvajal De Vicenzi Rol N° Protección-494-2024.(jog)