SOC. CONSTRUC. Y ENSAYES MAT. LTDA. con SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA

C.A. de Temuco Temuco, diez de enero de dos mil diecinueve.

VISTO:

A folio N°37487-2018 comparece NATALIA IVONNE DE LOURDES GANDULFO LEFENDA, abogada, en representación de SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y ENSAYES DE MATERIALES LIMITADA, quien interpone acción constitucional de protección conjunta o subsidiaria, en contra de SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA, y AGRÍCOLA Y GANADERA NORITA LIMITADA, toda vez que su representado se ha visto amenazado y perturbado en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 número 4 y 24 de la Carta Fundamental en virtud del actuar arbitrario e ilegal de ambas recurridas, por publicar en boletín de informaciones comerciales supuesta deuda de la recurrente emanada de una factura, deuda que en la especie no existe.

Fundo su acción en que con fecha 17 de noviembre del año 2017, su representado, se adjudicó por resolución N°57/2017 del SERVIU de la Región de la Araucanía, el proyecto “Construcción Parque Costanera de Puerto Saavedra”.

Dentro de la ejecución del trabajo, la empresa encomendó el desarrollo del paisajismo, que consideraba un porcentaje de toda la obra civil ejecutada por la empresa recurrente, a la “Sociedad Agrícola y Ganadera Norita Limitada”, bajo la modalidad de suma alzada, por el valor único y total de $148.582.460.- IVA incluído.

Afirma que dicha suma de dinero, se pagó en su totalidad, según respaldan correspondientes estados de pago y registros contables de la recurrente.

Señala que con fecha 10 de julio de 2018, Agrícola y Ganadera Norita Limitada, ejecutada la obra de paisajismo y debidamente pagado lo acordado por ello, emitió a Sociedad Constructora y Ensayes De Materiales Limitada, factura electrónica N°11, por la suma total de $189.912.576.- representativa de la supuesta venta de 24.936 metros cúbicos de tierra vegetal, insumo que su representado jamás solicitó, no emitió orden de compra, ni mucho menos recibió la mercancía supuestamente comprada.

Agrega que en virtud de lo anterior, doña nombre reservado, a nombre de Agrícola y Ganadera Norita Limitada, al día siguiente de emitida la factura N°11, es decir, el día 11 de julio del presente año, la notifica vía correo electrónico a SOCEM Ltda.

En respuesta a esta notificación y en menos de 60 minutos, el gerente técnico de la empresa SOCEM Ltda., Sr., Rodrigo Colomera, responde por la misma vía de la obligación de la emisora de anular dicha factura, reclamando así de su contenido y de la falta total de la entrega de las mercaderías, ya que en la especie nunca existieron, siendo medio fehaciente para ello, la exigencia de anular la mencionada factura, ya que no corresponde por concepto alguno y la cantidad de MT3 cobrada no guarda relación alguna con los trabajos pactados, ejecutados y debidamente pagados con anterioridad. Todo según documentación contable que así lo respalda y según contempla el artículo 3 de la ley N°19.983. Situación que se origina el día 1 de recepcionada la factura, factura que en la especie es falsa. Jamás su representado dio orden de compra de dichos productos, ni mucho menos recibió la mercancía supuestamente comprada.

Refiere que por error involuntario, administrativo del departamento de contabilidad de su representado, y en paralelo a obtener instrucción de su jefatura de que esa factura debe ser aulada, la recepciona conforme aceptando con ello el contenido de la misma en el Servicio de Impuestos Internos (11 de julio de 2018).

Indica que con ese antecedente y siendo el día uno de notificada la factura, nombre reservado, a nombre de Agrícola y Ganadera Norita Limitada, solicita a Equifax, de manera caprichosa y haciendo caso omiso a los requerimientos de su representada, subir la deuda morosa en sus registros, sin bastarle más que la misma factura y el certificado de aceptación (de manera errónea) emitido por el Servicio de Impuestos Internos, provocando un grave perjuicio a la recurrente, ya que por la naturaleza de los servicios que presta, el daño a la imagen y económico es invaluable.

Hace presente que se trata de documentos que no están comprendidos en los enumerados del artículo 17 de la Ley N°19.628.

Asevera que con fecha 10 de agosto del año 2018, realizó presentación ante el recurrido Servicios Equifax Chile Limitada, solicitando eliminar de sus registros el estado de mora de la factura N°11 y proceder a la revisión oportuna y eficaz de los títulos informados en su banco de datos.

Con fecha 21 de agosto, Equifax le informó mediante correo electrónico que “suspendió” en el Boletín Electrónico DICOM la factura en cuestión, ya que la emisora, Agrícola y Ganadera Norita, no había hecho llegar en el plazo estipulado la documentación de respaldo solicitada por EQUIFAX.

Agrega que con fecha 23 de agosto, Equifax le envía nuevo correo electrónico, manifestando que la información había sido “reincorporada” en virtud del certificado de aceptación emitido por el Servicio de Impuestos Internos, documento que ya había tenido a la vista el día de solicitud de publicación de información, pero que aun así había suspendido la información. Situación que manifiesta un actuar errático, arbitrario e ilegal en directo perjuicio de mi representado.

Indica que procedió a interponer formulario N° 2117 ante el Servicio de Impuestos Internos, con fecha 31 de agosto de 2018, manifestando la situación ocurrida y solicitando la anulación de la factura N°11 al tratarse de una operación no fidedigna, la que fue admitida con esa fecha y se encuentra en proceso de revisión. En paralelo se solicitó la derivación de denuncia ante la autoridad correspondiente por tratarse de una operación no fidedigna.

Junto a lo anterior la recurrente en su calidad de contribuyente, de manera libre y voluntaria informa de dicha situación a la autoridad que indica, expresando además que dicha factura no ha sido considerada como compras propias del giro ni en el costo, ni en el crédito fiscal IVA, ya que de acuerdo a todo lo expuesto, corresponde a una operación no fidedigna, impulsada por la emisora de manera arbitraria e ilegal.

Sostiene que necesariamente debe concluirse que la publicación de una supuesta deuda, la cual no existe, es un acto producto del mero capricho de Agrícola y Ganadera Norita Limitada. Del mismo modo, al proceder Equifax a tal publicación, sin siquiera haber intentado comprobar la veracidad de la información entregada por la emisora, o confirmar que la supuesta deuda contenga un sustento real como una guía de despacho o recepción de bienes en dependencias de su representado, incurre también en un acto meramente caprichoso. Más aún si el fundamento de su respuesta al “reincorporar” la información, fue bastarse de la misma documentación que tuvo a la vista el día 11 de julio, es decir, la recepción del SII, como consecuencia del error involuntario en el que incurrió la funcionaria de la recurrente como suficiente argumento.

Afirma que no adeuda la factura objeto de la presente acción ni tiene deudas actualmente exigibles con la aportante de los datos comerciales.

Indica que en el caso de las facturas, ellas tienen fundamentalmente una razón y sentido tributario; y que incluso ni siquiera su emisión es prueba de que la compraventa se ha realizado, o ejecutado el servicio, ni de que se ha cumplido con la entrega del bien adquirido oportunamente y en la forma debida.

Agrega que es por ello que puede existir, como en la especie, discusión sobre la existencia misma de la obligación, el íntegro y oportuno cumplimiento de la ejecución del servicio contratado, y, por lo mismo, la factura no sería prueba de una obligación con ese carácter.

Si en tal situación, y antes de una resolución judicial, Equifax adopta una posición consistente en estimar que con la sola factura, y su “aceptación”, el destinatario de la misma es el incumplidor, se produce un efecto similar al de la autotutela, a través de un tercero, que sistemáticamente ha sido rechazado por las Cortes de Apelaciones.

Indica que sorprende el hecho que la recurrida Equifax, haya aceptado el ingreso a su registro de una factura, en atención a que el artículo 17 de la Ley N° 19.628, que indica cuáles son los instrumentos de crédito susceptibles de ser incorporados en los registros o bases de datos, no contempla las facturas, ni menos incorporar y publicar en dicho registro deudas inexistentes.

En la especie, la garantía constitucional amagada por los recurridos es la contenida en el numeral 24° del artículo 19° de nuestra Carta Fundamental, esto es, el derecho de propiedad que tiene el recurrente sobre su honor, crédito, prestigio y seriedad comercial; lo que le afecta a mi representado en su derecho de propiedad sobre tales bienes jurídicos.

Refiere que es un hecho indubitado que Equifax publicó en su servicio, el “Detalle de Protestos y Morosidades Impagas, Incluyendo Boletín Laboral”, la existencia de una deuda del recurrente, que se originaría en el supuesto no pago de una factura, factura que no adeuda; por lo que refleja no tan solo una arbitraria inclusión de su representado en tal base de datos, sino que también ilegal, por lo que será necesario reestablecer el imperio del derecho y acoger el arbitrio que nos convoca.

Agrega que en el referido “detalle de protestos y morosidades impagas, incluyendo boletín laboral” y con lo que se puede apreciar en “Informe Platinum” de fecha 10 de septiembre del presente año, el único antecedente registrado es la factura, ocasionando el gravísimo perjuicio que al día de hoy sufre, siendo catalogado en el mismo instrumento, en su escala indicador con la letra G, clasificación de riesgo más gravosa y perjudicial para la imagen empresarial que pueda pretender y de manera totalmente injusta, arbitraria e ilegal.

Señala que, aún sin la existencia de norma legal alguna, es de toda evidencia que de acuerdo a la lógica y la prudencia, las informaciones comerciales sobre protestos y morosidades, tanto de personas naturales o jurídicas, solo pueden incluir el protesto, o la falta de pago de títulos de crédito o de obligaciones de pagar una suma de dinero indubitadas y actualmente exigibles por la sola naturaleza del instrumento en que constan, y de ninguna manera el supuesto incumplimiento de obligaciones que emanan de contratos en general, cuya exigibilidad requiere el pronunciamiento previo, declarativo, del ente jurisdiccional competente.

Afirma que la empresa recurrida, arbitrariamente se arrogó la facultad de determinar si un presunto contrato entre partes se encuentra cumplido o no, facultad que está reservada a los Tribunales de Justicia de acuerdo a las normas del debido proceso, como lo determina la garantía constitucional prevista en el N°3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, garantía que también ha sido infringida.

Refiere que conforme al D.S. N°950 y D.S. N°998, que modifica el anterior, no existe norma jurídica alguna que faculte a los recurridos para publicar en el boletín de informaciones comerciales EQUIFAX la deuda debatida en este recurso de protección.

Además, afecta seria y gravemente los derechos garantizados en el artículo 19 N°s 2, 4 y 24 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley, el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y en el derecho de propiedad.

Pide ordenar a Servicios Equifax Chile Limitada eliminar y cancelar de sus registros la información proporcionada por la otra recurrida, abstenerse de comunicarla a terceros y publicar en el mismo boletín una aclaración en la que informe de su error al publicar una información falsa y errada, condenando en costas a ambos recurridos.

Acompañó los siguientes documentos: 1- Factura N° 11 por $189.912.576., emitida por Agrícola y Ganadera Norita Limitada; 2- Presentación ante Servicios Equifax Chile Limitada; 3- Correo envío presentación ante EQUIFAX, de fecha 10 de agosto de 2018; 4- Correo EQUIFAX informa “suspensión” de la información, de fecha 21 de agosto; 5- Correo EQUIFAX informa “reincorporación” de la información, de fecha 23 de agosto; 6- Presentación ante el Servicio de Impuestos Internos, mediante Formulario 2117, de fecha 31 de agosto; 7-Informe Platinum de Servicios Equifax Chile Limitada, de fecha 10 de septiembre; y 8- Correo de reclamo.

A folio N°42449-2018 evacua informe la recurrida Servicios Equifax Chile Limitada, quien solicita el rechazo del recuso, con costas. Indica que el recurso debe ser rechazado, por cuanto fue entablado extemporáneamente.

Señala que de los antecedentes acompañados en autos se desprende que -en el ámbito de la relación comercial existente entre ambas sociedades- la recurrente tuvo conocimiento sobre la publicación en los registros de Equifax de la factura N°11 al menos el 10 de agosto de 2018, fecha en la que efectuó una solicitud ante el Servicio de Titulares de Datos de Equifax y el recurso de protección fue entablado el 11 de septiembre del presente año, es decir, transcurrido el plazo de 30 días corridos previsto por el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales.

Sostiene que el recurso de protección deberá ser rechazado, por cuanto no existe un derecho indubitado que haga procedente acoger la acción de protección de garantías constitucionales. La factura publicada se encuentra irrevocablemente aceptada.

Sostiene que la recurrente incurre en un evidente error conceptual, desconociendo completamente la existencia, sentido y alcance de las disposiciones de la ley N°19.983.

Los argumentos por los que la recurrente pretende discurrir sobre la supuesta falsedad de la factura resultan abiertamente contrarios a las disposiciones de la ley N°19.983.

Agrega que la recurrente reconoce derechamente la existencia de una relación comercial con la sociedad emisora de la factura Agrícola y Ganadera Norita Limitada, pero no acredita el íntegro pago de la obligación que emana de la factura N° 11, siendo así un hecho indiscutido que dicha factura fue válidamente emitida y que no fue rechazada ni objetada por Sociedad Constructora y Ensayes Materiales Limitada.

Indica que la recurrente reconoce expresamente que acusó recibo de las mercaderías y servicios el mismo 11 de julio de 2018.

Sostiene que dando cumplimiento a sus obligaciones legales y contractuales, procedió a requerir la información de respaldo de la publicación de factura morosa a Agrícola y Ganadera Norita Limitada, ocurriendo que dicha empresa en principio no envió dentro de plazo dichos respaldos por lo que la publicación fue suspendida, para luego ser reincorporada, por cuanto fueron entregados antecedentes que respaldan la procedencia de la publicación de factura.

En relación con la Factura Electrónica N° 11 emitida el 11 de julio de 2018 se tuvo a la vista:

a)

Copia cedible Factura N° 11 por monto neto $159.590.400, IVA $30.322.176 y monto total $189.912.576;

b)

Registro del SII de aceptación o reclamos de un DTE, relativo a la Factura Electrónica N°11 donde se señala que: “Este DTE no fue reclamado por el receptor dentro del plazo de 8 días contado desde su recepción, y que de acuerdo a lo señalado por la Ley 19.983, en estos momentos se entiende que ha sido irrevocablemente aceptado, y se presume que las mercaderías han sido entregadas o los servicios han sido prestados”

Afirma que de dicho registro se desprende que el 11 de julio de 2018 el receptor de la factura efectuó expresamente el acuse de recibo de las mercaderías.

Sobre el particular, cabe citar lo dispuesto por el artículo 160 inciso segundo del Código de Comercio, que dispone: “no reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada”.

A su vez, el artículo 3° de la Ley N° 19.983, que dispone: “Para los efectos de esta ley, se tendrá por irrevocablemente aceptada la factura si no se reclamara en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio, mediante alguno de los siguientes procedimientos:

1. Devolviendo la factura y la guía o guías de despacho, en su caso, al momento de la entrega, o 2.

Reclamando en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio, dentro de los ocho días corridos siguientes a su recepción. En este caso, el reclamo deberá ser puesto en conocimiento del emisor de la factura por carta certificada, o por cualquier otro modo fehaciente, conjuntamente con la devolución de la factura y la guía o guías de despacho, o bien junto con la solicitud de emisión de la nota de crédito correspondiente. El reclamo se entenderá practicado en la fecha de envío de la comunicación.

La factura también se tendrá por irrevocablemente aceptada cuando el deudor, dentro del plazo de ocho días señalado anteriormente, declare expresamente aceptarla, no pudiendo con posterioridad reclamar en contra de su contenido o de la falta total o parcial de entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio.

Serán inoponibles a los cesionarios de una factura irrevocablemente aceptada, las excepciones personales que hubieren podido oponerse a los cedentes de la misma, así como aquellas fundadas en la falta total o parcial de entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan contra el emisor”.

Por su parte, el artículo 54 de la Ley N° 20.727 que introduce modificaciones a la legislación tributaria en materia de factura electrónica y dispone otras medidas que indica, establece que: “Las facturas, facturas de compra, liquidaciones facturas y notas de débito y crédito que deban emitir los contribuyentes, consistirán exclusivamente en documentos electrónicos emitidos en conformidad a la ley, sin perjuicio de las excepciones legales pertinentes. Las guías de despacho y las boletas de ventas y servicios se podrán emitir, a elección del contribuyente, en formato electrónico o en papel. Con todo, los comprobantes o recibos generados en transacciones pagadas a través de medios electrónicos tendrán el valor de boleta de ventas y servicios, tratándose de contribuyentes que hayan optado por emitir dichas boletas en formato papel, en la forma y condiciones que determine el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución. Tratándose de contribuyentes que hayan optado por emitir boletas electrónicas de ventas y servicios en que el pago de la respectiva transacción se efectúe por medios electrónicos, ambos sistemas tecnológicos deberán estar integrados en la forma que establezca el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución, de forma tal que el uso del medio de pago electrónico importe necesariamente la generación de la boleta electrónica de ventas y servicios por el contribuyente respectivo”.

A su turno, la Circular N° 4 del SII, de 11 de enero de 2017, que establece requisitos para efectos de hacer uso del crédito fiscal contenido en la factura electrónica por modificaciones establecidas a la ley de mérito ejecutivo; y cuyo objeto es impartir instrucciones sobre las modificaciones introducidas por la Ley N° 20.956, publicada el 26 de octubre de 2016 en el Diario Oficial, señala que se entiende han sido entregadas las mercaderías o prestados los servicios y ha sido “irrevocablemente aceptada” una “factura electrónica” –y por lo mismo, con mérito ejecutivo para su cobro– cuando ésta no sea rechazada dentro del plazo de 8 días establecido en la Ley N° 20.956, el cual corre a partir de la “recepción” de la factura por parte del SII, habilitándose una plataforma en el SII para poder aceptar o rechazar las facturas electrónicas. La Circular mencionada señala textualmente que “conforme al modelo de operación de factura electrónica, establecido en la Resolución Exenta SII N° 45 de 2003, y sus modificaciones posteriores, todo documento tributario electrónico debe ser enviado tanto al Servicio de Impuestos Internos, así como al receptor de la factura”; que “en el caso que el comprador o beneficiario del servicio acepte el contenido o reclame en contra de una factura electrónica dentro del plazo señalado de ocho días, deberá informarse del hecho a través de la plataforma dispuesta por el Servicio de Impuestos Internos en su sitio web, con el objeto de cautelar el correcto uso del crédito fiscal”; y que “dicha plataforma permitirá al comprador o beneficiario del servicio, asociado a una factura electrónica, aceptar su contenido, otorgar el recibo de mercaderías entregadas o servicios prestados, reclamar en contra de su contenido o reclamar por la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o servicios prestados” (énfasis agregado). Luego, con la Circular N° 35 del SII, de 23 de junio de 2017, el uso de esta plataforma pasó a ser obligatorio.

De esta forma, la factura en cuestión debe entenderse como irrevocablemente aceptada, para todos los efectos legales, conforme a los antecedentes que a esta parte le han sido presentados. Lo anterior habida cuenta de que, dentro del plazo de 8 días que establece la ley, no fue reclamada en la forma que la Ley N°19.983 contempla para las facturas electrónicas y a mayor abundamiento, la recurrente efectuó el acuse de recibo expreso de las mercaderías y servicios, no pudiendo de forma posterior reclamar en contra de su contenido o de la falta total o parcial de entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio tal y como lo dispone el artículo 3 de la ley N°19.983. Cita jurisprudencia al efecto.

Asevera que el recurso debe rechazarse el recurso, por cuanto las disposiciones de la Ley N° 19.628 no resultan aplicables a la sociedad recurrente en su calidad de persona jurídica.

Otro argumento esgrimido por la recurrente para efectos de fundar su acción constitucional radica en una infracción a lo dispuesto en los artículos 4 y 17 de la Ley N° 19.628, motivo por el que la publicación de factura efectuada por la recurrida sería ilegal, ya que no cuenta con la autorización expresa del titular y las facturas no serían documentos cuya publicación estaría autorizada por la ley.

Dicha conclusión resulta errónea, por cuanto al no ser aplicable las disposiciones de la ley N°19.628 a las personas jurídicas, para efectos de publicar morosidades provenientes de facturas respecto de éstas, no se necesita su autorización.

La señalada inaplicabilidad de la ley N°19.628 a las personas jurídicas se concluye:

a) Del tenor literal de la misma ley 19.628.

La Ley N°19.628 para efectos de aplicar sus disposiciones define legalmente en su artículo 2° letra f) como Datos de carácter personal o datos personales, “los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables” y en su letra ñ) como Titular de los datos, a “la persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal”.

En virtud de las definiciones legales transcritas y atendido el tenor literal de la norma, creemos existe plena claridad que la misma resulta aplicable únicamente para la protección de datos concernientes a personas naturales, por cuanto se entiende como tales a los titulares de los datos.

De allí que, es necesario dar aplicación al artículo 20 del Código Civil que dispone: “Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias se les dará en éstas su significado legal”.

Lo afirmado anteriormente, en cuanto a que las disposiciones de la ley en comento resultan aplicables únicamente a personas naturales, se condice plenamente con el resto de su articulado, siendo sus normas completamente armónicas en este sentido.

Resulta, entonces, indiscutible que el articulado de la Ley N°19.628 dice relación con las personas naturales.

b) De la historia de la tramitación de la Ley N°19.628.

En la historia de la tramitación de la Ley N°19.628 se determina que dicho cuerpo normativo se concibe en relación con personas naturales y no jurídicas, pudiendo citar entre otros:

- “En principio, el concepto de dato personal -- y más aún el de intimidad -- no es aplicable a las personas jurídicas y, por tanto, sus datos podrán ser siempre conocidos, pues prima el derecho a la información. Otra cosa será lo que se regule respecto al secreto comercial o industrial, por ejemplo” (Primer Informe Comisión de Constitución Cámara de Diputados. Fecha 20 de mayo, 1996. Cuenta en Sesión 3, Legislatura 333).

- “El artículo 2° define lo que debe entenderse por datos personales. Son tales, los relativos a la individualización de una persona, los que denoten alguna característica física o de su personalidad, los que se refieran a hechos o circunstancias de su vida privada y los relativos a su intimidad. Originalmente, este artículo contenía un inciso segundo, por el cual se prohibían los bancos de datos creados con la finalidad exclusiva de almacenar información relativa a la ideología, religión, creencias, origen racial, condición de salud o vida sexual de las personas.

Se hizo presente que la afiliación a los partidos políticos era secreta, por lo que resulta lógico que la ideología política de las personas quede en el ámbito de la privacidad. Lo mismo cabe decir de la vida sexual, religión o creencias, ya que su conocimiento podría prestarse para alguna forma de discriminación subjetiva. Se insinuó también la posibilidad de definir otros casos de datos que deberían ser excluidos de estos bancos, como los relativos a la filiación y a la genética. Se aclaró que este artículo estaba referido a los datos personales de las personas naturales y se aplicaba en el ámbito de la intimidad. Por lo tanto, no es aplicable a las personas jurídicas” (Primer Informe Comisión de Constitución Cámara de Diputados. Fecha 20 de mayo, 1996. Cuenta en Sesión 3, Legislatura 333).

En virtud de los párrafos transcritos, extraídos de la historia fidedigna del establecimiento de la Ley N°19.628, puede colegirse indefectiblemente que el espíritu de su aplicación dice relación más bien a las personas naturales, por cuanto el concepto de intimidad que pretende salvaguardar la ley resulta únicamente aplicable a éstas.

c) La inaplicabilidad de la Ley N°19.628 a las personas jurídicas ha sido extensamente confirmada por la jurisprudencia, citándola al efecto.

d) La doctrina también ha sostenido la inaplicabilidad de la Ley N°19.628 a las personas jurídicas.

Así, el profesor nombre reservado explica que la Ley N°19.628 ha otorgado determinados derechos subjetivos a los titulares de datos personales y que de acuerdo con las definiciones contenidas en el artículo 2° de la ley, es titular de datos personales “la persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal”.

El profesor nombre reservado afirma que un aspecto central de esta ley es el que se refiere a que los datos personales guardan relación con las personas naturales. De modo que, según comenta, se estaría excluyendo la protección de los datos relativos a las personas jurídicas.2 En el informe en derecho sobre el alcance de los artículos 4 y 17 de la Ley N°19.628, que se acompaña, los abogados y profesores nombre reservado y nombre reservado, concluyen que: “La ley 19.628 rige únicamente el tratamiento de datos personales de personas naturales, según lo señala expresamente al letra ñ) de su artículo segundo, y respecto de lo cual existe unanimidad en la doctrina, lo cual encuentra respaldo en la jurisprudencia, mayoritaria de nuestros tribunales de justicia”

e) La modificación a la Ley N° 19.983 que regula la transferencia y otorga merito ejecutivo a copia de la factura, por parte de la Ley N° 20.956 que Establece Medidas Para Impulsar la Productividad, refuerza la importancia de la factura en el tráfico comercial, lo que, desde un punto de vista sistemático de nuestro ordenamiento jurídico, confirma la inaplicabilidad de la Ley N° 19.628 a las personas jurídicas.

Las modificaciones a la Ley N°19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura, que fueron introducidas por la Ley N°20.956 de 26 de octubre de 2016, tuvieron como objetivo facilitar la cesión y ejecución de las facturas, reduciendo el costo del capital de trabajo de las empresas vía factoring. Para ello, se establece un plazo máximo para reclamar en contra de la factura, luego del cual se presumirá de pleno derecho el recibo de ésta, agilizando el mérito ejecutivo de la misma, acelerando su cesión y ejecución. Con ello se propicia una mayor certeza en los plazos de acuse de recibo, tanto para la factura en papel como para su modalidad electrónica, permitiendo así mayor liquidez y menores costos financieros vía factoring para las empresas.

De esta forma, nuestro legislador ha entendido la enorme importancia de la factura en el tráfico comercial, siendo fundamental agilizar el mérito ejecutivo de la misma, para facilitar su cesión y ejecución.

En síntesis, la Ley N°20.956 estableció un plazo límite dentro del cual se puede aceptar una factura, el que una vez transcurrido la transforma en irrevocablemente aceptada, lo que, por un lado, colabora a su transformación en un título ejecutivo y, por otro, mejora las posibilidades de financiamiento particularmente de las pymes.

f) La inaplicabilidad de la ley 19.628 a las personas jurídicas se confirma en el texto del proyecto de ley en actual tramitación, que busca modificar dicho cuerpo legal e introducir mejoras en la legislación sobre protección de datos (Boletines Nº 11.092-07 y 11.144 -07, refundidos)

Si de lo señalado latamente en los acápites anteriores no queda lo suficientemente argumentada la inaplicabilidad de la Ley N° 19.628 a las personas jurídicas, a mayor abundamiento señalamos también que en el congreso se encuentra en actual tramitación el proyecto de ley que busca modificar dicho cuerpo legal e introducir mejoras en la legislación sobre protección de datos personales.

Sostiene que el recurso de protección deberá ser rechazado, pues EQUIFAX ha obrado en todo momento de buena fe, de forma diligente, y con estricto apego a sus obligaciones legales y contractuales.

Afirma que no existe una prohibición legal para que registros o bases de datos como lo es EQUIFAX, puedan operar un sistema de intercambio de información sobre el comportamiento de los agentes económicos, industriales o comerciales en el cumplimiento de obligaciones, de manera que no puede ser alegada arbitrariedad alguna.

Por otra parte, la Constitución Política asegura a todas las personas en el inciso 1° del N° 21 del artículo 19 la libre iniciativa y prosecución indefinida de cualquiera actividad económica, sea extractiva, productiva, comercial, de intercambio, financiera o de servicios, por ejemplo, y ello tanto dentro del país como en el ámbito internacional. La amplitud de la garantía rige empero, con la triple excepción que la actividad económica no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional y, además, que la actividad se realice respetando las normas legales que la regulen.

Respecto de las actividades legítimas, condición en la que se desenvuelven los servicios prestados por la recurrida, la Constitución asegura a todas las personas el derecho a desarrollarlas, habilitando al legislador sólo para reglar su libre y ordenado ejercicio, sin abolirlo, suspenderlo ni impedirlo, sea de modo directo o a través de medios subrepticios.

El espíritu de la legislación actual en esta materia es proporcionar la mayor cantidad de información al mercado y en general, a cualquier contratante para que éste pueda estar en condiciones de resolver con una adecuada información, sobre la conveniencia o inconveniencia en la celebración de una determinada transacción o negocio. Asimismo, la tendencia predominante es que sean de carácter público los registros administrativos e informaciones sobre infracciones.

EQUIFAX al amparo del N° 21 del Art. 19 de la Constitución Política de la República actúa en su giro propio, y en caso alguno sería un acto Ilegal –constitutivo de auto tutela– ni menos arbitrario, que una empresa de su giro procese y transmita antecedentes comerciales aportados por terceros.

Sobre el particular, cabe no perder de vista que Equifax, conforme a su giro, presta servicios de información comercial a entidades del sector público y privado, y a un número importante de personas. Es así como los asociados a los distintos sistemas de información o bases de datos de Equifax, acceden a ella vía terminales conectados a su computador central o telefónicamente. De esta forma, a modo de ejemplo, entre otros sistemas de información se encuentra el denominado BOLCOM (Boletín de Protestos e Impagos) con antecedentes de protestos y aclaraciones publicadas en el Boletín de Informaciones Comerciales de la Cámara de Comercio de Santiago A.G.; sobre constitución y modificación de sociedades, de quiebras y prendas sin desplazamiento, según extractos publicados en el Diario Oficial.

Igualmente, dentro de su giro, se procesa información aportada por comerciantes, industriales o profesionales asociados a la base de datos BED. Es decir, esta base de datos se confecciona con antecedentes proporcionados por los propios asociados al sistema, como ocurre en el caso sub-lite, quienes se obligan contractualmente a lo siguiente:

• Entregar mensualmente o con la periodicidad que se convenga, en nómina escrita o medio magnético, los nombres de morosos y/o aclaraciones por pago, con indicación de los nombres y apellidos del deudor moroso, domicilio, monto adeudado, etc.

• Informar por escrito y oportunamente a Equifax las dudas que puedan plantearse respecto de los antecedentes entregados.

• Aclarar a requerimiento de Equifax, en un plazo que se determina contractualmente, cualquier consulta o reclamo relacionado con los registros ingresados, acompañando y/o remitiendo la documentación respaldatoria de la información proporcionada.

• El asociado es el único responsable de la exactitud de la información proporcionada.

Agrega que el BED tiene como fundamento la transparencia y buena fe en las relaciones comerciales, permitiendo que comerciantes y usuarios en general transen bienes y servicios con mayor tranquilidad y en resguardo de sus respectivos intereses. Los aportantes deben informar a Equifax, en el instante que ello ocurra, los pagos, y/o regularizaciones de los registros, utilizando el portal BED. Para tales efectos, el aportante dispone de una clave de acceso o password secreta, de su exclusivo conocimiento y administración.

Todo lo anterior, consta en un contrato que Equifax suscribe con los aportantes de la información, el que detalla y establece contractualmente las obligaciones que asume cada una de las partes contratantes.

De esta manera, el suscriptor o aportante de información asume la obligación de no ingresar al BED morosidades respecto de las cuales exista concesión de esperas, prórroga de plazo; contienda, recursos o acciones anteriores o posteriores a la entrega de la información; que consten en documentos reclamados o con más de 5 años contados desde la fecha de su exigibilidad. A mayor abundamiento, se estableció que el suscriptor o aportante de la información debe comunicar inmediatamente a Equifax las aclaraciones de las deudas morosas.

Asevera que el ingreso de información es de entera responsabilidad del aportante, quien libera a Equifax de toda responsabilidad derivada del ingreso de datos inexactos, inexistentes, incompletos, erróneos o caducos. Así, contrario a lo sostenido por la recurrente, Equifax no está obligada a realizar, previo al análisis de los antecedentes comerciales que publica, un examen de razonabilidad de la deuda, pues esta obligación no recae en quien la publica sino en quien la informa para que sea publicada.

Refiere que el recurso de protección deberá ser rechazado, por cuanto no se ha vulnerado garantía constitucional alguna.

En relación con el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en ningún caso se ha afectado la garantía de igualdad ante la ley, toda vez que Equifax ha actuado en cumplimiento de la normativa vigente.

El numeral 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República consagra el denominado “derecho a la privacidad”, a saber: “Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas: 4°.- El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”. De la simple lectura puede colegirse que el precepto transcrito resulta aplicable únicamente a las personas naturales.

En cuanto al derecho de propiedad, sin perjuicio de que rechaza que los hechos expuestos en el presente recurso produzcan una vulneración a las mentadas garantías, la recurrente en caso alguno ha puntualizado el o los bienes respecto de los cuales se le ha privado de la libertad para adquirir, así como tampoco se ha singularizado los bienes sobre los que su derecho de propiedad se habría visto afectado.

Concluye que no existe un actuar ilegal ni arbitrario alguno atribuible a nuestra representada, por lo que las garantías constitucionales mencionadas no se han visto vulneradas.

Solicita rechazar el recurso con costas.

Acompañó los siguientes documentos: a)

Copia de factura y del documento emitido por el SII, titulado: “Registro de aceptación o reclamos de un DTE” correspondientes a la factura electrónica N° 11, donde consta que no fue reclamada por el receptor y que se acusó recibo de las mercaderías por lo que se entiende ha sido irrevocablemente aceptada; b)

Copia del informe en derecho acerca del alcance de los artículos 4 y 17 de la ley 19.628 de 1999, cuyos autores son los abogados y profesores nombre reservado y nombre reservado; c)

Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado recaído en el proyecto de reforma constitucional que consagra el derecho a la protección de los datos personales (Boletín N° 9.384-07); d)

Segundo Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados recaído en el proyecto de reforma constitucional que consagra el derecho a la protección de los datos personales (Boletín N° 9.384-07-02 (S)); e)Páginas pertinentes del Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales (Boletines Nos. 11.092-07 y 11.144-07, refundidos); f) Estándares de Protección de Datos Personales de la Red Iberoamericana de Protección de Datos; g)

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo Y Del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos); h) Oficio N° 34-2017 de la Excma. Corte Suprema, Informe proyecto de ley N° 3-2017, Antecedente: Boletín N° 11.092-07; i) Oficio N° 63-2017 de la Excma. Corte Suprema, Informe proyecto de ley N° 5-2017, Antecedente: Boletín N° 11.144-07; j) Sentencia C. Santiago, Rol 80.090-2016 (confirmada Corte Suprema 68.883-2016); k) Sentencia C. Santiago, Rol 34.756-2016 (confirmada Corte Suprema Rol 52.889-2016); l) Sentencia C. Temuco, Rol 5989-2016 (confirmada Corte Suprema Rol 6045-2017); m) Sentencia C. Santiago, Rol 63.750-2017 (confirmada Corte Suprema Rol 43.021-2017); n) Sentencia C. Santiago, Rol 65.392-2017 (confirmada Corte Suprema Rol 453-2018); o) Sentencia C. Santiago, Rol 81.407-2017 (confirmada Corte Suprema Rol 2204-2018); y p) Sentencia C. Talca, Rol 2724-2017 (confirmada Corte Suprema Rol 1209-2018).

A folio 46366-2018 evacua informe la recurrida Agrícola y Ganadera Norita Limitada, quien solicita el rechazo del recuso, con costas. Indica que emitió electrónicamente una factura con fecha 10 de julio de 2018, siendo su destinataria la recurrente. Dicha factura tiene su origen en la venta de 24.936 metros cúbicos de tierra vegetal, que la recurrente extrajo - con sus maquinarias - del predio ubicado en Fundo San Pablo, ubicado en Km. 1 camino Nehuentúe a Puerto Saavedra, entre los meses de febrero de 2017 hasta el mes de junio de 2018. Cabe hacer presente que esta factura corresponde solo a una parte de la totalidad de tierra vegetal retirada por esta empresa, toda vez que el volumen supera con creces los 24.936 m3 de tierra vegetal que se ha cobrado en la factura.

Agrega que este material fue utilizado por la recurrente en el relleno y posterior construcción de un parque en la obra denominada “Construcción Parque Costanera de Puerto Saavedra”, obra licitada por el Serviu IX Región, y adjudicada a la recurrente mediante resolución N° 57 de fecha 17 de noviembre de 2016.

Cabe consignar que para dicha obra, se le contrató para desarrollar servicios de paisajismo, como asimismo y ya con el parque construido se contrató la mantención del parque, por los meses de abril a junio de 2018. La empresa constructora, si bien a esta fecha, ya ejecutó la totalidad de los trabajos y se extrajo la totalidad de la tierra adquirida, a la fecha nunca escrituró los contratos que dieron origen a esta relación comercial, existiendo únicamente un proyecto de contrato que dice relación a la contratación de las labores de paisajismo, siendo de su cargo la redacción de estos contratos porque con respecto a esta relación comercial, claramente la parte profesional, que posee asesoría jurídica comercial, es claramente la recurrente y no a recurrida. A mayor abundamiento, la confianza que existía en aquélla época entre la representante legal de mi representada y los funcionarios a cargo de las obras, todos dependientes de la recurrente, no tornó necesario, repito, en aquélla época, la escrituración.

Agrega que en los primeros días de julio de 2018, se terminaron los trabajos en la obra del parque, siendo necesario liquidar los temas pendientes, frente a lo cual Agrícola y Ganadera Norita Limitada emitió las facturas correspondientes, para luego, registrarlas en la Base de Datos BED, logrando el pago por parte de la recurrente de sólo dos de las tres facturas.

Indica que cualquier alegación de la recurrente Sociedad Constructora y Ensayes de Materiales Limitada, en orden a desconocer la existencia de la obligación, o la falta de entrega de mercaderías, sería una evidente vulneración a la teoría de los actos propios, toda vez que existe una manifestación de voluntad de la recurrente (deudora) que se materializa en la aceptación de la factura y su posterior silencio, en virtud del cual teniendo un plazo de ocho días para objetarla, nada dice en contra de ella, siendo evidente que ese es el momento que la ley ha establecido para objetar el documento y no reaccionar tardíamente frente a la molestia que le ha generado encontrarse incorporado en esta base de datos administrada por Equifax.

Con respecto a la factura N° 11, que da cuenta de la compraventa antes señalada, tal como ya indiqué fue emitida electrónicamente con fecha 10 de julio de 2018, y el 11 de julio de 2018 a las 16.39 horas la receptora otorgó el respectivo acuse de recibo de mercaderías.

Posteriormente, trascurrido los 8 días desde su recepción, la deudora tampoco reclamó a la recurrida sobre su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías, por lo que dicha factura, de acuerdo a lo que señala el artículo 3 de la Ley N°19.983, se encuentra irrevocablemente aceptada, no pudiendo con posterioridad reclamar en contra de su contenido o sobre la falta de entrega de las mercaderías.

En conclusión, existe una obligación, que la recurrente (deudora de la factura) - a la fecha - no ha cumplido y frente a ello, existe legítimo derecho de la recurrente de mantener este documento en la base de datos BED (Boletín Electrónico Dicom) mientras subsista el incumplimiento en el pago de la factura antes singularizada. En otras palabras, no cabe eliminar de Dicom una factura que se encuentra irrevocablemente aceptada.

Sostiene que el recurso de protección debe ser rechazado por extemporáneo, ya que ha sido interpuesto por la recurrente con posterioridad a los 30 días de efectuados los supuestos actos arbitrarios e ilegales invocados por la parte recurrente.

Sin perjuicio que la información publicada no es falsa ni errada – pues de partida corresponde a una factura irrevocablemente aceptada - lo cierto es que esta fue publicada el 1° de agosto de 2018 y que de ella la recurrente al menos el día 10 de agosto de 2018, tomó conocimiento de dicha publicación, e incluso se puede presumir que tomó conocimiento antes, si entendemos que el mandato otorgado a doña nombre reservado, es del 9 de agosto, y utilizando éste representó a la recurrente en el reclamo interpuesto a Dicom para pedir la eliminación del registro.

Desde esta perspectiva, lo que la recurrente considera arbitrario es la información que fue subida por Agrícola y Ganadera Norita Limitada al sistema BED, y si al menos contabilizamos los plazos desde la fecha que tomó conocimiento a la fecha que fue presentado este recurso (11/09/18), claramente se excede el plazo de 30 días corridos que la recurrente tenía para deducir el recurso de protección.

Indica que el recurso de protección debe ser rechazado por cuanto no existe vulneraciónrantías constitucionales.

Señala que cualquier alegación de la contraria en orden a desconocer la existencia de la obligación, o la falta de entrega de mercaderías, sería una evidente vulneración a la teoría de los actos propios, toda vez que existe una manifestación de voluntad de la deudora que se materializa en la aceptación de la factura y su posterior silencio, en virtud del cual teniendo un plazo de ocho días para objetarla, nada dice en contra de ella, siendo evidente que ese es el momento que la ley ha establecido para objetar el documento y no reaccionar tardíamente frente a la molestia que le ha generado encontrarse incorporado en la base de datos.

Ahora bien, de acuerdo al artículo 5 de la Ley N°19.983 ya citada, claramente esta factura además tiene mérito ejecutivo para su cobro, por lo que la alternativa que frente a estos hechos se haya actuado arbitrariamente es a todas luces una imputación errónea. Lo anterior, se ratifica con una circunstancia esencial que toda la argumentación en orden a señalar que no existe una obligación de su parte, es una carga procesal de la recurrente, frente a la existencia de una factura con mérito ejecutivo que es el fundamento de la incorporación en el Boletín BED de dicha obligación. El mismo razonamiento efectuó Servicios Equifax Chile Limitada, frente al reclamo efectuado por la recurrente y al revisar la información proporcionada por las partes decidió mantener la publicación en la base de datos BED.

En conclusión, existe una obligación, contenida en una factura irrevocablemente aceptada, que la recurrente - a la fecha - no ha cumplido y frente a ello existe legítimo derecho de mí representada de mantener este documento en la base de datos BED (Boletín Electrónico Dicom) mientras subsista el incumplimiento en el pago de la factura ya singularizada. En otras palabras, no cabe eliminar de Dicom una factura que se encuentra irrevocablemente aceptada.

Asevera que el supuesto derecho invocado por la recurrente como fundamento del presente recurso de protección no es indubitado, por el contrario, es absolutamente controvertido.

Sostiene que el artículo 17 de la ley N°19.628 invocado por la recurrente no es aplicable a las personas jurídicas. Cita jurisprudencia al efecto.

A folio N°160484-2018 se trajeron los autos en relación.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que así, en el caso de autos se ha alegado por el recurrente que ambos recurridos han actuado de manera ilegal y arbitraria, toda vez que nombre reservado, a nombre de Agrícola y Ganadera Norita Limitada, solicita a Equifax, de manera caprichosa y haciendo caso omiso a los requerimientos de su representada, subir la deuda supuestamente morosa en sus registros, sin bastarle más que la misma factura y el certificado de aceptación (de manera errónea) emitido por el Servicio de Impuestos Internos, provocando un grave perjuicio a la recurrente, ya que por la naturaleza de los servicios que presta, el daño a la imagen y económico es invaluable. Asevera que con fecha 10 de agosto del año 2018, realizó presentación ante el recurrido Servicios Equifax Chile Limitada, solicitando eliminar de sus registros el estado de mora de la factura N°11 y proceder a la revisión oportuna y eficaz de los títulos informados en su banco de datos.

CUARTO: Que habiéndose alegado la extemporaneidad del presente recurso por parte del recurrida SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA, argumentando que de la sola lectura del recurso se puede desprender que el recurrente señala que se habría tomado conocimiento de los hechos a lo menos el 10 de agosto de 2018 y el recurso fue interpuesto el 11 de septiembre de 2018, habiendo transcurrido 31 días desde la supuesta acción ilegal o arbitraria alegada, lo que excede el plazo concedido por el auto acordado de la Exma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, donde se establece un plazo fatal de 30 días corridos a contar del acto u omisión arbitrario o ilegal o desde que se tuvo conocimiento de los mismos.

QUINTO: Que de esta forma, quedando de manifiesto que la acción constitucional ha sido deducida fuera del plazo fatal de 30 días corridos, a contar del acto u omisión arbitrario o ilegal o desde que se tuvo conocimiento de los mismos, se debe rechazar el recurso interpuesto, por extemporáneo, siendo improcedente referirse al fondo de lo discutido.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA sin costas el recurso de protección deducido por NATALIA IVONNE DE LOURDES GANDULFO LEFENDA, abogada, en representación de SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y ENSAYES DE MATERIALES LIMITADA, en contra de SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA, y AGRÍCOLA Y GANADERA NORITA LIMITADA, nombre reservado.

Redacción por abogado integrante Sr. Marcelo Neculmán Muñoz.

Regístrese, y archívese, en su oportunidad.

Rol Proteccion N° 4931-2018 Se deja constancia que no firma Ministro Sr. Julio César Grandón Castro, no obstante concurrir a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse siendo uso de su feriado legal.