RECURSO DE PROTECCION COMERCIAL nombre reservado nombre reservado E.I.R.L. con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, veintiséis de enero de dos mil dieciocho.

VISTOS:

1.- Que, en estos autos comparece don RODRIGO ANDRÉS MORETTI OYARZÚN, Abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de Comercial nombre reservado nombre reservado E.I.R.L., de su mismo domicilio e interpone recurso de protección en contra de nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, miembro de la comunidad hereditaria quedada al fallecimiento de don nombre reservado, y socio de INMOBILIARIA SAN nombre reservado LIMITADA.

2.- Funda su recurso en la existencia de contrato vigente de arriendo de un local con destino comercial, celebrado entre SOCIEDAD INMOBILIARIA SAN nombre reservado LIMITADA y su parte COMERCIAL nombre reservado nombre reservado E.I.R.L, con fecha 01 de diciembre de 2015. El objeto material del contrato de arriendo es el inmueble ubicado en domicilio reservado, extendiéndose a todo el local, incluido frontis del mismo, estacionamientos y bodega de almacenaje de mercaderías. Indica que esta es la regla contractual desde la celebración del vínculo, manteniéndose de la misma forma hasta mediados del mes de agosto, fecha en que los causahabientes de don nombre reservado (Q.E.P.D) toman parte en el contrato que incide en el recurso.

3.- Agregan que a pesar de la muerte de nombre reservado ocurrida en el mes de marzo del año pasado no se afectó la vigencia del contrato, ello principalmente por las estipulaciones contenidas en la sociedad arrendadora y la aplicación del artículo 1097 del código civil que establece el principio de continuidad del causante en los herederos.

4.- Refiere que la sociedad arrendadora se constituyó por escritura de fecha 03 de noviembre de 2015, otorgada ante el Notario Público Humberto Toro, inscrita a fojas 1820 número 1194 del Registro de Comercio del año 2015, modificándose el pacto social, en el sentido de vender, ceder y transferir un porcentaje de sus derechos sociales a cada uno de los socios, quedando con un 17%: nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y un 18% a nombre reservado, reservándose don nombre reservado un 9% de las utilidades y participación societaria. Se modifica además la sociedad, en el sentido que, antes si fallecía nombre reservado, la administración debía ser ejercida por todos los socios conjuntamente.

5.- Precisa que a pesar de la muerte de nombre reservado los socios no han tramitado la posesión efectiva de la herencia ni practicado las inscripciones que estas da ha lugar, como las del artículo 688 del Código Civil y 7 del Reglamento del Código de Comercio, por lo que el contacto entre las parte ha sido informal con la sucesión, principalmente entre los meses de junio a agosto pasado El contacto de la sucesión con la recurrente solamente se verifica para los efectos del pago de la renta pactada; instando a pagarla en una cuenta corriente distinta a la estipulada en el contrato.

6.- Señala que la recurrida por las rentas correspondientes a los meses de Julio, Agosto y Septiembre no ha emitido las facturas correspondientes, lo que impide la declaración como gasto por parte de su representado, y trasunta en una perdida tributaria cuya estimación preliminar alcanza los $7.174.363.

7.- Arguye que sin mediar explicación alguna, los espacios de la propiedad arrendada están siendo destinados por el recurrido como estacionamientos a terceras personas; además de los causahabientes del señor nombre reservado, quienes sitúan una gran cantidad de vehículos en los espacios en que su parte estaciona los suyos, lo que ha obstaculizado incluso el acceso al local. Habiendo consultado don nombre reservado a los ocupantes de los estacionamientos, estos le han señalado que son arrendatarios de dichos espacios, cuestión que merma el derecho de goce de la recurrente. Lo anterior redunda en una infracción tributaria por parte de inmobiliaria SAN nombre reservado LIMITADA pues según la información obtenida en el Servicio de impuestos internos, la actividad principal de la inmobiliaria sub-judice es la COMPRA, VENTA Y ALQUILER (EXCEPTO AMOBLADOS) DE INMUEBLES PROPIOS (código 701009), gravada con IVA y no ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS Y PARQUÍMETROS AFECTO (código 630320), sujeta a otro régimen tributario. Agrega que el recurrido descerrajó las puertas interiores que se ubican dentro del estacionamiento, a fin de que terceros de locales aledaños puedan ingresar al sector sin mediar comunicación al representante de la recurrente, ocupando incluso el acceso a la bodega con vehículos, dificultando el acopio de mercadería y los despachos.

8.- Señala que la acción de protección es idónea, pues ni en el derecho común ni ley especiales existen remedios contractuales o procedimentales para hacer frente a la situación de marras y tutela de los derechos de mi mandante. Precisa que la querella de amparo por despojo violento, que protege también al mero tenedor, y contenida en el artículo 921 del Código Civil, tiene como presupuesto el despojo violento del denunciante a través de vías de hecho, cuestión que no se da en la especie, pues estamos en presencia de actos que, si bien no de poca monta, no inciden en actos de violencia y despojo total del bien de marras. Tampoco puede ejercer acciones o remedios específicos que emanen del contrato de arriendo y contempladas en el derecho común (Código civil) pues los remedios específicos contemplados por dicho cuerpo normativo tienen como consecuencia la terminación del contrato –por hipótesis de incumplimiento- más la indemnización de perjuicios y para el recurrente no tiene interés ni contractual ni procesal el desistir del contrato habido y legalmente existente, sino por el contrario pretende perseverar en él, pues es un proyecto personal y comercial de su parte, que ha significado sendos esfuerzos y desembolsos, y cuya ejecución y realización durante los años previstos en la regla contractual existente no tiene planes alternativos. En suma, sólo se busca a través de esta acción el restablecimiento del derecho y el normal desenvolvimiento de las relaciones jurídicas diseñadas en la regla contractual y la ley.

9.- Indica conculcada la garantía establecida en el N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en relación al artículo 1924 del Código Civil dispone “el arrendador es obligado: 3º a librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa arrendada” y su parte es dueña del derecho que emana del contrato y de la ley a no ser turbado en su goce por el arrendador o por cualquier persona (artículo 1929 Cod. Civil). Así lo reafirma el artículo 583 del Código civil, luego de definir dominio o propiedad, señala que “sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad”. Estima que la protección de la propiedad conferida por la Constitución es amplia y se extiende a sus diversas especies. Los actos desplegados por el recurrido y sus comuneros, facilitando el uso y goce de terceros del inmueble arrendado por la recurrente para el estacionamiento de vehículos de terceros y propios, y que se acreditan de documentos acompañados al presente arbitrio constitucional, trasuntan en una turbación del derecho a goce de la cosa arrendada, cuya facultad es conferido, por contrato y ley.

10.- Aclara que dichos actos arbitrarios el ilegales propiciados por el recurrido y personas vinculadas a él, son actos positivos que disminuyen el ejercicio del derecho del cual su parte es titular; de esta forma lo merman en su extensión y ejercicio en términos objetivos: presencia de vehículos y extraños que imposibilitan accesos, lesionan intimidad y seguridad del trabajo en el local de la cual mi parte es dueño; llegando al límite de bloquear el acceso de la bodega del local, entorpeciendo con ello el ingreso del furgón de la empresa recurrente, y comitentemente causan con ello el retardo del despacho de mercadería; además de el almacenaje y acopio de insumos a la espera de requerimientos de stock en tienda. Por otro lado, la extensión del derecho de mi mandante que emana de su contrato, que como se dijo atañe a su uso y goce, también se lesiona en la especie desde una perspectiva subjetiva, y que se identifica con la tranquilidad en el disfrute del bien de marras; en efecto, los conflictos son diarios y el ambiente tenso y hostil, tanto con el recurrido y socios y terceros que ingresan sus autos como si este fuese un estacionamiento, desmejorando el clima de trabajo en el local y la estabilidad anímica del titular de la empresa recurrente en cuanto a persona natural, por lo que previas citas legales pide que el recurso de protección en contra nombre reservado, en su calidad de comunero de la sucesión quedada al fallecimiento de don nombre reservado y socio de inmobiliaria San nombre reservado Limitada, sea acogido, restableciendo el imperio del derecho, ordenando el cese de los actos que conculcan los derechos de su parte, con costas.

11.- Que, don CARLOS TENORIO FUENTES, abogado, en representación del recurrido nombre reservado, informa el recurso, solicitando desde ya su más absoluto rechazo, con expresa condena en costas. Fundamenta el rechazo en las siguientes consideraciones.

12.- EN CUANTO A LA IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE PROTECCIÓN ATENDIDA LA INEXISTENCIA DE DERECHOS INDUBITADOS. Indica que previo a analizar el presente acápite, es menester señalar que los supuestos actos arbitrarios e ilegales atribuidos por la recurrente a la recurrida SON ABSOLUTAMENTE FALSOS, contrarios tanto a los hechos efectivamente verificados, como al mérito del contrato y al derecho vigente.

13.- Además, es menester recordar que el recurso de protección procede siempre frente actos u omisiones arbitrarias y/o ilegales, referidas a diversas situaciones vinculadas a bienes jurídicos tan importantes como la vida, igualdad, privacidad, libertad y propiedad, siempre y cuando se trate de derechos indubitados. Agrega que por ello que la jurisprudencia de nuestros tribunales ha sido homogénea y persistente en cuanto a señalar que esta acción puede ser acogida exclusivamente cuando, -acreditada la existencia de un acto u omisión ilegal y/o arbitrario- se ha producido con ello de manera real, efectiva y cierta la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos que constitucionalmente se halla asegurado por este recurso. En consecuencia, encontrándose DUBITADO el derecho que se reclama, como ocurre en este caso, no procede recurrir a través de esta vía excepcional y especialísima.

14.- En el caso de marras nos encontramos precisamente en dicha hipótesis, desde que todas las argumentaciones fácticas descritas por la contraria, cuya veracidad son rechazadas y desestimadas absolutamente por mi representada, resultan ser por ello DUBITADAS, por cuya razón el recurso deducido es inadmisible e improcedente.

15.- EN CUANTO A LA IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE PROTECCIÓN POR NO SER LA VÍA IDÓNEA PARA LA RESOLUCIÓN DEL PLEITO DE MARRAS. Indica que la Excma. Corte Suprema ha sostenido, en reiterados fallos, que el recurso de protección no es la vía idónea para plantear conflictos de relevancia jurídica que tienen vías pertinentes para conocer de los mismos, pues la vía constitucional, debe ser reservada para situaciones graves y urgentes en que no se haya consagrado otra vía de reclamo que permita restablecer el imperio del derecho frente a acciones u omisiones arbitrarias e ilegales que conculquen garantías fundamentales.

16.- Así se ha dicho que la presente acción cautelar no es la vía idónea susceptible de sustituir un procedimiento donde se discutan y prueben cuestiones de fondo, máxime si se considera que la finalidad del recurso es restablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones, con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho evidente y no disputado que se encuentre garantizado y amparado en el texto constitucional.

17.- Estima que en la especie, las alegaciones del recurrente se subsumen dentro de las obligaciones del arrendador, especialmente de librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa arrendada. Luego, de ser efectivo lo expuesto por la recurrente, debiese impetrar las acciones civiles que al efecto le corresponden.

18.- Recalca que la propia recurrente ha formulado una extensa perorata relativa a las normas aplicables al caso de marras, las cuales deben ser discutidas y aplicadas en un procedimiento controversial, distinto de este escenario procesal.

19.- EN CUANTO A LA FALTA DE PERSONERÍA Y DE LEGITIMACIÓN PASIVA. Tal como se ha dicho, la acción cautelar de marras se ha deducido en contra de la Sociedad Inmobiliaria San nombre reservado Limitada. No obstante, lo anterior, la recurrente únicamente impetra su acción cautelar en contra de su representado, don nombre reservado, en su calidad de “miembro de la comunidad hereditaria quedada al fallecimiento de don nombre reservado, y socio de Inmobiliaria San nombre reservado Limitada”. En consecuencia, don nombre reservado carece de personería para representar por sí a la Sociedad Inmobiliaria San nombre reservado Limitada. Esta circunstancia es reconocida por la propia actora, cuando señala que “Se modifica además la sociedad, en el sentido que, antes si fallecía nombre reservado, la administración debía ser ejercida por todos los socios conjuntamente”, por lo que don nombre reservado no es representante de la la Sociedad Inmobiliaria San nombre reservado Limitada. Por la misma razón precedente, solicitó ampliación de plazo para informar en su oportunidad, por cuanto los coherederos quedados tras el fallecimiento de don nombre reservado, además del recurrido representado, son: doña nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, todos quienes representan a la persona del causante, conjuntamente en la referida sociedad. Por lo anterior su representado, don nombre reservado, tampoco ostenta legitimación pasiva en este proceso.

20.- Por ello estima que la legitimación pasiva únicamente le corresponde a la Sociedad Inmobiliaria San nombre reservado Limitada, la cual no sólo no es representada por don nombre reservado, sino que además no ostenta la calidad formal de recurrida en autos.

21.- EN CUANTO A LA ABSOLUTA FALSEDAD DE LAS PREMISAS FÁCTICAS EN LAS CUALES SE SUSTENTA LA ACCIÓN DE MARRAS. En este sentido, estima que la acción constitucional deducida se sostiene sobre premisas fácticas absolutamente falsas. Sólo por vía ejemplar mencionaré algunas de las falsedades esgrimidas:

a)

No es efectivo que a la recurrente se le haya arrendado “toda la propiedad que se detalla en el negocio jurídico...", el cual, en su opinión “...comprende el frontis del local comercial estacionamientos y bodega de almacenaje de mercaderías”. Se le arrendó únicamente un local comercial existente al interior del inmueble previamente descrito. CONTRATO Cláusula primera.

b)

El actor refiere a “estacionamientos”, cuando habla de la propiedad arrendada. Lo anterior es absolutamente falso. Dentro del arriendo, y por mera liberalidad, se le concedió al arrendatario la posibilidad de utilizar un lugar para estacionamiento, habido interior del inmueble, sin precisar espacio determinado, principalmente con la finalidad de facilitar las faenas de instalación de su establecimiento de comercio.

c)

No es efectivo que la arrendadora no hubiere emitido las boletas correspondientes a los meses aludidos por la recurrente. Las mismas se encuentran debida y oportunamente extendidas, encontrándose a disposición de la recurrente. Por el contrario, ha sido el actor quien no las ha retirado.

d)

No es efectivo que se haya compelido al “DEMANDANTE” a la suscripción de un documento mediante el cual se modifica la cuenta corriente en la que se debe pagar el canon de arrendamiento. Dicha modificación fue sugerida, aprobada y suscrita por todos los arrendatarios de los locales comerciales habidos en el inmueble en cuestión, quienes comprendieron que dado el sensible fallecimiento de don nombre reservado a sus herederos les resultaba complejo girar fondos desde una cuenta respecto de la cual no ostentan mandato o poder suficiente.

e)

Tampoco son efectivas las supuestas infracciones tributarias, descerrajamientos, así como las restantes imputaciones que formula la recurrente.

22.- Pide previas citas legales tener por evacuado el informe requerido en autos, rechazando íntegramente el recurso de protección impetrado en autos por Comercial nombre reservado nombre reservado, con expresa condena en costas.

23.- Que, con fecha doce de enero de dos mil dieciocho, se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente COMERCIAL nombre reservado nombre reservado E.I.R.L, funda su recurso en la existencia de contrato vigente de arriendo de un local con destino comercial, celebrado con la SOCIEDAD INMOBILIARIA SAN nombre reservado LIMITADA , por el cual se le arrendó el inmueble ubicado en domicilio reservado, arriendo que se extiende a todo el local, incluido frontis del mismo, estacionamientos y bodega de almacenaje de mercaderías, y el cual no habría sido respetado por los actuales titulares de la Sociedad arrendadora, herederos de titular original don nombre reservado, los que sin mediar explicación alguna, y en forma ilegal y arbitraria, estarían destinando los espacios de la propiedad arrendada como estacionamientos a terceras personas; además de ser ocupados por los causahabientes del señor nombre reservado, quienes sitúan una gran cantidad de vehículos en los espacios en que su parte estaciona los suyos, lo que ha obstaculizado incluso el acceso al local.

SEGUNDO: Que, a dicha pretensión se ha opuesto la recurrida alegando la improcedencia en cuanto no existen derechos indubitados y ser lo controvertido materia de un juicio de lato conocimiento. Al efecto señala que los supuestos actos arbitrarios e ilegales atribuidos por la recurrente a la recurrida son absolutamente falsos, contrarios tanto a los hechos efectivamente verificados, como al mérito del contrato y al derecho vigente. Estima que las alegaciones del recurrente se subsumen dentro de las obligaciones del arrendador, especialmente de librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa arrendada. Luego, de ser efectivo lo expuesto por la recurrente, debiese impetrar las acciones civiles que al efecto le corresponden.

TERCERO: Que como lo ha señalado la doctrina y jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, el recurso de protección constituye un mecanismo que tiene por finalidad el restablecimiento de un derecho, frente a situaciones materiales que amenazan o violan gravemente garantías constitucionales. Se trata de asuntos en que existe un derecho indubitado, y no disputado, garantizado constitucionalmente, que se encuentra en peligro o lesionado, por lo que se persigue su amparo o restablecimiento.

CUARTO: Ahora bien, como se puede advertir, la reclamación del recurrente no busca amparar el ejercicio legítimo de un derecho indubitado y no disputado, sino que pretende que por esta vía, y como así se aprecia de los términos de su recurso, se reconozca un derecho personal que emana de su supuesta condición de arrendatario, lo que además ha sido controvertido por la recurrida, lo que constituye una cuestión ajena a la naturaleza cautelar de la acción de autos.

QUINTO:

Que, desde otro punto de vista, es oportuno advertir que el recurrente pretende plantear una controversia sobre la base de determinadas argumentaciones que se sustentan en relación con el respeto al contrato de arriendo en que basa su pretensión, en particular en relación al objeto de lo arrendado, que ha sido cuestionado por la recurrida, más allá incluso de restablecer una situación de hecho quebrantada, la cual además no pudo ser establecida en autos, asunto que, por su propia naturaleza, es de lato conocimiento y absolutamente ajeno a la finalidad propia del recurso de protección.

SEXTO: Que, acoger el recurso conllevaría que esta Corte emitiese un pronunciamiento de carácter declarativo, como lo ha hecho presente el recurrido en estrado, lo cual es completamente ajeno a la naturaleza y finalidad del recurso de protección, cual es, una vía urgente, eficaz y extraordinaria, destinada a reparar situaciones de hecho ilegales o arbitrarias que afecten un derecho constitucional no discutido, como ya se ha dejado consignado.

SEPTIMO: Que, de conformidad a lo señalado en los considerandos anteriores, es necesario concluir que en el presente caso no se dan los requisitos que la ley exige para que la acción de protección prospere, por lo cual será rechazada, ya que para que una acción cautelar progrese es requisito que el derecho cuyo resguardo se invoca sea un derecho ya declarado y no discutido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que SE RECHAZA el recurso de protección deducido por don RODRIGO ANDRÉS MORETTI OYARZÚN, en representación de COMERCIAL nombre reservado nombre reservado E.I.R.L., en contra de nombre reservado, en su calidad de miembro de la comunidad hereditaria quedada al fallecimiento de don nombre reservado, y socio de INMOBILIARIA SAN nombre reservado LIMITADA, sin costas a la recurrente por estimarse que ha tenido motivo plausible para litigar.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Roberto Contreras Eddinger.

Rol N° Protección-Ant-4893-2017 (pvb).

Se deja constancia que la Ministra Sra. Cecilia Aravena López no firma la sentencia que antecede, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse ausente.