nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS

C.A. de Temuco Temuco, diecisiete de diciembre de dos mil veinticuatro.

Vistos:

A folio 1, comparece el abogado don BRIAN RODRIGUEZ SANTANDER, quien deduce recurso de protección en favor de doña nombre reservado, chilena, casada, profesora, C.I Nº RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, en contra de MUNICIPALIDAD DE ERCILLA, RUT: RUT reservado, representada legamente por su alcalde don Valentín Vidal Hernández, C.I.Nº RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, y en contra de la Superintendencia de Servicios Sanitarios representada por su Superintendente don Jorge Rivas Chaparro, ingeniero civil industrial, con domicilio en domicilio reservado (Oficina Regional);conforme a los siguientes argumentos:

Comienza señalando que la recurrente vive desde el año 2004, en la vivienda social ubicada en calle nombre reservadoº 136, de la localidad de Pailahueque de la comuna de Ercilla, y que desde el año 2009, vive en la misma vivienda junto a su esposo e hijos lo que conforma un grupo familiar de tres personas.

Agrega que desde la entrega y recepción de las viviendas hasta la fecha, en la época invernal se ha generado una tragedia producto de los constantes rebalses de aguas servidas, los que afloran en la calle nombre reservado, tanto en la parte frontal como posterior de la vivienda, e incluso ingresando a la vivienda inundando baños y cocinas por la hiperpresión del sistema de alcantarillado existente en el lugar cuya administración corresponde a la Municipalidad de Ercilla y Fiscalización a la Superintendencia de Servicios sanitarios.

Explica que se han enviado un cúmulo de mensajes por parte de su representada como por su marido a la Municipalidad para que en forma definitiva se les proporcione una solución definitiva a esta lamentable y catastrófica situación.

Luego, el año 2012 a 2016 se desarrolló una obra sanitaria en el sector por parte de la recurrida para darle solución a la problemática descrita, sin embargo, aquella en ningún caso pudo ni ha podido evitar el colapso del sistema de alcantarillado en tiempos de una alta concentración de lluvias, como ha acontecido en los meses de mayo y junio del presente año.

Señala que a la fecha pese a sus insistentes llamados la recurrida no ha informado si ha efectuado labores relativas a determinar si se han hechos acciones para superar la deficiencia del sistema de alcantarillado respectivo, y a su vez la Superintendencia de Servicios Sanitarios no ha desarrollado actividades de monitoreo o fiscalización especificas en las cámaras involucradas en los colapsos.

Estima que lo más grave, representa el hecho de que encontrándonos en presencia de un indubitable problemática sanitaria, Superintendencia de Servicios Sanitarios no les haya proporcionado información en relación con poner en conocimiento de la Autoridad Sanitaria la situación denunciada, como se señaló, viene aconteciendo hace un lustro de años y de la cual no tenemos conocimiento de la existencia de un sumario sanitario, por el daño actual y emergente a la salud a y la calidad de vida que se generado tanto a su representada como los habitantes del lugar.

Conforme a lo descrito alega una vulneración a las siguientes garantías constitucionales:

Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Artículo 19 Nº 8 de la Constitución Política de la República.

La recurrida ha incurrido en acciones y omisiones que sin perjuicio de ser inconstitucionales desde que el artículo 19 Nº 8 garantiza el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, siendo deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado; son asimismo ilegales, ya que el artículo 1º de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente contiene también el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, agregando la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, resultando indudable que las tóxicas emisiones que por la inacción de las recurridas ocurren, dañan el entorno medio ambiental de la recurrente.

La presencia de malos olores y de los vectores sanitarios y ausencia de acciones de monitoreo y fiscalización han afectado el modo de vida de su representada, al punto de no permitirse el simple hecho de estar al aire libre en su propiedad, afectando de esa manera su integridad psíquica, atendida la definición que la propia Organización Mundial de la Salud incluye en el referido concepto a la conservación de las habilidades motrices, emocionales e intelectuales, de lo que se infiere que cualquier afección a la salud o riesgo de afectarla con sustancias que son contaminantes, deteriora ese estado de bienestar físico y psíquico que constituye la integridad de sus funciones vitales en cuanto persona humana, como ocurre en el caso que a este través se solicita la intervención de S.S. Iltma.

A mayor abundamiento, la ley 19.300 en su artículo 2º letra d) señala que contaminante es todo elemento compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, energía, radiación, vibración, ruido o una combinación de ellos, cuya presencia en el ambiente, en ciertos niveles, concentraciones o períodos de tiempo, pueda constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental. Así, al no haber cumplido la recurrida con estas obligaciones legales, claramente se ha incurrido en acciones y omisiones desde que se ha permitido que se expelan elementos que dañan la salud y afectan el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

A lo anterior se suma lo dispuesto en el artículo 1º del D.S. Nº144/61 del Ministerio de Salud que establece que “... los gases, vapores, humos, polvo, emanaciones o contaminantes de cualquiera naturaleza, producidos en cualquier establecimiento fabril o lugar de trabajo, deberán captarse o eliminarse en forma tal que no causen peligros, daños o molestias al vecindario”, lo que, en atención a los antecedentes que se han señalado en el presente libelo, se encuentra acreditado.

En su concepto, las acciones y omisiones de las recurridas han inferido y sigue infiriendo una grave perturbación privación de los derechos constitucionales tutelados por la acción constitucional de protección deducida, de la forma que se ha explicado.

Conforme todo lo ya dicho, es de claridad absoluta que con sus actos y omisiones las recurridas ha incurrido en una actuación ilegal, toda vez que no ha dado cumplimiento tanto a las obligaciones que impone la Ley 19.300 y su reglamento, como a lo dispuesto en el artículo 1º del D.S. 144/61 del Ministerio de Salud, vulnerando de esta forma la garantía del artículo 19 Nº 8 de la Constitución Política de la República, en perjuicio de los recurrentes, en el sentido de que no se han tomado las medidas necesarias para evitar que en el sector se expelan olores insoportables para la recurrente.

Derecho a la integridad física y psíquica. Artículo 19 Nº 1 de la Constitución Política de la República.

Además, estos hechos configuran una amenaza a las garantías del artículo 19 Nº1; en efecto, de conformidad a lo expuesto, los actos y omisiones de las recurridas han afectado y continúan afectando la integridad física, psíquica y moral de la recurrente y de cada uno de los habitantes de su hogar y sector, debido principalmente al actuar negligente de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, toda vez que no ha sido capaz de fiscalizar adecuadamente a la municipalidad en su calidad de responsable del alcantarillado y, consecuencia de ello, su representada ve perturbado y amenazado gravemente el normal ejercicio de sus garantías, por cuanto, como se dijo, no es posible vivir a plenitud en un sector donde los malos olores producto de la incapacidad de las recurrentes de dotar al sector de un sistema diligente de tratamiento de aguas servidas se hace imposible la vida en condiciones de normalidad.

Acerca de la omisión ilegal y arbitraria de los recurridos a) Respecto de Municipalidad de Ercilla Esta Entidad Publica no ha dado cumplimiento a sus obligaciones específicas en carácter de responsable del alcantarillado, en orden a controlar las aguas servidas en condiciones de normalidad y realizar las demás prestaciones relacionadas con dichas actividades, en la forma y condiciones establecidas en el DFL 382 del Ministerio de Obras Publicas de 1988, Ley General de Servicios Sanitarios, y demás normas que le son aplicables, siendo obligación de la Municipalidad la de proporcionar un servicio de buena calidad.

En este sentido, los hechos descritos contravienen de manera grave la obligación de la municipalidad en su calidad de administradora, respecto a "garantizar la continuidad y la calidad de los servicios" de acuerdo a lo establecido en el inciso primero del artículo 35 de la Ley General de Servicios Sanitarios y el artículo 97 de su Reglamento.

En efecto, el artículo 35° del DFL 382, señalado, indica textualmente: “El prestador deberá garantizar la continuidad y la calidad de los servicios, las que sólo podrán ser afectadas por causa de fuerza mayor”, lo cual en este caso no aplica, ni exime de responsabilidad a la concesionaria, por cuanto el evento infraccional obedeció a una negligencia inexcusable de la municipalidad que pudo haber sido prevista, si se hubieran aplicado y seguido los protocolos y estándares exigidos, los cuales vienen ocasionándose hace años, en consecuencia la recurrida en ningún caso puede asilarse en tal figura exoneratoria de responsabilidad, dado que la fuerza requiere de la advenimiento de una irresistibilidad que haga imposible proveer el servicio de conformidad a la normativa señalada.

b) Respecto a La Superintendencia de Servicios Sanitarios En relación a la ilegalidad y arbitrariedades atribuidas a Superintendencia de Servicios Sanitarios es menester señalar en primer lugar que según la Ley N° 18.902 que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios se vislumbran ciertas disposiciones que derechamente determinan la ilegalidad y arbitrariedad de esta recurrida.

Así, el artículo 2° dispone; “Corresponderá a la Superintendencia de Servicios Sanitarios la fiscalización de los prestadores de servicios sanitarios, del cumplimiento de las normas relativas a servicios sanitarios y el control de los residuos líquidos industriales que se encuentren vinculados a las prestaciones o servicios de las empresas sanitarias, pudiendo al efecto, de oficio o a petición de cualquier interesado, inspeccionar las obras de infraestructura sanitaria que se efectúen por las prestadoras, tomando conocimiento de los estudios que le sirven de base”.

A su vez, el artículo 4° relativo a las facultades del Superintendente se contemplan las siguientes:

“c) Cumplir lo dispuesto en los decretos con fuerza de ley N°s 70 y 382, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, y velar por el cumplimiento por parte de los entes fiscalizados, de las disposiciones legales y reglamentarias, y normas técnicas, instrucciones, órdenes y resoluciones que dicte relativas a la prestación de servicios sanitarios y descargas de residuos líquidos industriales. Esta facultad comprende también la de interpretarlas;

i) Requerir la respuesta de las empresas prestadoras a los reclamos de los usuarios en los casos que corresponda;

j) Emitir informes periódicos sobre la calidad de servicio de las distintas prestadoras y sobre cualquier otra información útil para el usuario de servicios sanitarios”.

Se debe establecer asimismo que el artículo N° 19 señala “La Superintendencia adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad del público y resguardar los derechos de los usuarios de servicios sanitarios, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de sus resoluciones. La prerrogativa de requerir el auxilio de la fuerza pública, como la de adoptar las medidas para garantizar la seguridad de la población, la podrá ejercer también para obtener el íntegro cumplimiento de las órdenes, resoluciones e instrucciones que dicte en el ejercicio de la facultad de control de los residuos líquidos”.

Que de lo anterior se puede extraer que la Superintendencia de Servicios Sanitarios no ha fiscalizado adecuadamente a la recurrida ni menos solicitar medidas de control, monitoreo de las obras ni fiscalizaciones específicas, asimismo no existe certeza de la iniciación de algún sumario o procedimiento sancionatorio conforme al Título III de la ley N° 18.902, lo que a todas luces manifiestan omisiones que por el presente recurso se pretenden enmendar en el plazo más inmediato posible.

Todas las funciones descritas tienen directa relación con las obligaciones internacionales que el Estado de Chile ha asumido en materia de salud pública. En efecto, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señala, en su párrafo 1° indica:

“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”. El sustento jurídico de dichas obligaciones ha sido profundizado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por medio de la Observación general N° 14, relativa al derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, del año 2000. Ella contempla el despliegue de un sistema de protección de la salud de las personas que habitan el territorio nacional, de manera que se asegure en igualdad de oportunidades el nivel más alto posible de salud. De tal manera, el Estado se encuentra obligado a otorgar toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para alcanzar la realización efectiva de este derecho, según lo contempla el párrafo 9° de dicha Observación del Comité. Esto se traduce en la realización de acciones positivas orientadas a poder resguardar y proteger el ejercicio efectivo del derecho a la salud, y sus factores determinantes como el acceso al agua potable limpia, condiciones sanitarias adecuadas, suministro de alimentos sanos, nutrición adecuada, vivienda adecuada, condiciones de sanas en el ambiente de trabajo y de educación, así también como en el medio ambiente en donde la persona se desarrolla, el acceso a la educación e información referida a situaciones de salud de la población, entre otras.

En razón de la normativa referida, la imputación concreta que se le formula a las recurridas es la omisión del cumplimiento de sus obligaciones legales y reglamentarias de control de las actividades contaminantes y riesgosas para la salud humana y del medio ambiente que se desarrollan en la zona.

En función de lo antes indicado, se puede concluir que la actuación de los recurridos se ha apartado tanto de la normativa jurídica que regula sectorialmente las emergencias sanitarias, así como de la que se orienta directamente a la protección del medio ambiente, lesionando con esta conducta el derecho de su representada garantizado por nuestra Carta Fundamental en el artículo 19 N°8, esto es, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y el 19 N°1, es decir, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica.

La Constitución Política del Estado establece en el artículo 19 N° 1 que se asegura a todas las personas “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”. Esta garantía se extiende más allá de la protección de la vida en un sentido estricto, y comprende la totalidad (integridad) de los aspectos que la constituyen. La integridad personal constituye un derecho humano fundamental que tiene su origen en el respeto a la vida y al sano desarrollo de ésta. El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar su integridad física, psíquica y moral. El derecho a la vida e integridad constituye una pieza fundamental de respeto y obligaciones para el Estado, pues es el derecho que permite la titularidad, exigencia y cumplimiento de todos los demás derechos.

El derecho a la vida exige, por una parte, que nadie pueda ser privado de ella arbitrariamente, pues ello constituiría la privación de la existencia misma de la persona y de sus posibilidades de acceder al resto de las condiciones que la hacen plenamente humana, pero además implica que el Estado debe asegurar aquellas condiciones básicas que permitan el surgimiento y desarrollo de la vida.

Es necesario señalar que tanto el derecho a la vida como el derecho a la integridad personal se encuentran protegidos también por los artículos 4 y 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos respectivamente.

La omisión ilegal de los recurridos ha generado una privación, perturbación o amenaza del derecho a la igualdad ante la ley. (Artículo n° 19 n° 2 de la Constitución Política de la República)

La Constitución Política de la República establece en el artículo 19 N° 2, “La igualdad ante la ley”, consiste en que toda persona debe recibir de la autoridad el mismo tratamiento que ha dado a otra u otras que se encuentren en situación de igualdad, lo que significa que la Constitución excluye todo tipo de discriminaciones, prohibiendo diferencias arbitrarias, es decir, que sean estas injustas o carentes de una adecuada motivación, prejuiciadas, excesivas, o desproporcionadas en relación al fin o adoptadas sobre la base del favoritismo.

Atendida la naturaleza de esta garantía constitucional, lo que el constituyente repudia es la idea de “privilegio” y “diferencia arbitraria”, originada en una actuación de la los recurridos, frente a sujetos que se encuentran en una misma situación de hecho o a quienes les son aplicables unas mismas normas jurídicas, imponiendo idénticos derechos y obligaciones. La Constitución permite hacer “diferencias”, incluso a nivel de ley, siempre que éstas sean objetivas y razonables. De lo que se trata, precisamente, es que los iguales sean tratados iguales, y los desiguales, en forma desigual.

Las omisiones ilegales de los recurridos han generado una privación, perturbación o amenaza del derecho a un medio ambiente libre de contaminación.

El derecho de todas las personas a un medio ambiente libre de contaminación La Constitución Política de la República establece en su artículo 19 N° 8 que se asegura a todas las personas “El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente”.

Al respecto, se ha señalado por el profesor Bermúdez que “Por Constitución ambiental debe entenderse aquel conjunto de disposiciones constitucionales que expresa o implícitamente, por la vía del establecimiento de un derecho, de una limitación, o de un deber estatal, tienen por finalidad la protección ambiental. En el caso del Derecho chileno, la protección del medio ambiente, al menos desde la perspectiva constitucional, satisface dichos tres aspectos”

El derecho a un medio ambiente libre de contaminación implica necesariamente entender qué se entiende por dicho objeto jurídico. La Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio ambiente ilustra esta materia, como fuera señalado, en su artículo 2, letra m) al sindicarlo, recordemos, como aquél en el que los contaminantes se encuentran en concentraciones y períodos inferiores a aquéllos susceptibles de constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental. En este sentido, en su dimensión subjetiva, este derecho implica el acceso de las personas a un medio ambiente con estas características, por lo que cualquier repercusión condenable a una actividad humana que genere alguno de estos efectos (riesgo a la salud de las personas, calidad de vida de la población, preservación de la naturaleza o conservación del patrimonio ambiental), implica una afectación para aquellas personas que se ven expuestos a estos factores de detrimento medioambiental.

Por otro lado, es necesario señalar que, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el derecho a un medio ambiente sano se encuentra consagrado en el artículo 11 del Protocolo de San Salvador, el cual señala que “Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”. Al respecto, el derecho a un medio ambiente sano, libre de contaminación, se ha entendido como un derecho con una dimensión individual y otra colectiva. En este sentido, la Corte Interamericana de derechos humanos ha señalado que “El derecho humano a un medio ambiente sano se ha entendido como un derecho con connotaciones tanto individuales como colectivas. En su dimensión colectiva, el derecho a un medio ambiente sano constituye un interés universal, que se debe tanto a las generaciones presentes y futuras. Ahora bien, el derecho al medio ambiente sano también tiene una dimensión individual, en la medida en que su vulneración puede tener repercusiones directas o indirectas sobre las personas debido a su conexidad con otros derechos, tales como el derecho a la salud, la integridad personal o la vida, entre otros. La degradación del medio ambiente puede causar daños irreparables en los seres humanos, por lo cual un medio ambiente sano es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”.

Por último, se debe reiterar la interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos humanos, por lo que las condiciones en que se encuentra el medio ambiente tienen un impacto directo respecto del disfrute del resto de los derechos humanos, en particular, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. En este sentido la contaminación ambiental, se constituye como un factor de riesgo, respecto del cual el Estado tiene obligaciones específicas para evitar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas.

Por lo anterior, es posible vislumbrar nítidamente la afectación al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación mediante las omisiones atribuibles a las autoridades recurridas, en tanto su falta de actuación ante una situación que podía constituir una amenaza al medio ambiente provocó, y seguramente seguirá provocando las emanaciones de gases tóxicos, olores putrefactos, focos infecciosos los cuales deben ser soportados por su representada y su familia.

El deber del Estado: velar por el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y tutelar la naturaleza. En efecto, el art. 19 N° 8 de la CPR no se limita al simple reconocimiento de un derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sino que establece expresamente deberes genéricos de protección ambiental que deben ser materializados a través de las actividades de los poderes del Estado. A mayor abundamiento, se ha señalado que “la obligación del Estado debe ser extendida a todos sus órganos en el área de sus respectivas competencias. Asimismo, el objeto de la protección es variado; de esta forma, que al Estado le corresponda velar que el derecho no sea afectado supone que éste no sea afectado de modo efectivo, “que no se produzca una privación o perturbación del mismo”.

Sin embargo, el deber del Estado, en materia de protección del medio ambiente, no se agota con la prevención de las acciones concretas, sino que también se extiende a las “situaciones omisivas y a las meras situaciones de riesgo y amenaza”. En tal sentido, y tal como lo señala el art. 3° y 5° de la Ley Orgánica Constitucional General de Bases de la Administración del Estado, por medio de la observación del principio de coordinación, propendiendo a la unidad de acción, pero principalmente para servir a la persona humana. De tal manera, ante esta situación de vulneración de garantías fundamentales, es el Estado el encargado de desplegar el abanico de facultades y acciones positivas, que tiendan a solucionar definitivamente la crisis ambiental y de salud señalada en el presente libelo de protección, coordinando los esfuerzos de los distintos servicios competentes en la materia, lo que se ha visto manifiestamente incumplido.

Ciertamente que se deben adoptar las medidas para no incurrir en la repetición de estos hechos El Recurso de Protección es principalmente una acción de naturaleza cautelar dirigida al restablecimiento de los derechos constitucionales vulnerados que se encuentran incluidos en la enumeración del artículo 20 del texto constitucional, a fin de procurar el cese a la privación de los derechos conculcados.

El único límite del juez está en su sujeción a las finalidades de esta acción constitucional que consiste en restablecer el imperio del derecho y asegurar a las personas agraviadas la protección debida. El tribunal puede adoptar todas y cualquier clase de medidas tendientes a estos objetivos, aunque no aparezcan establecidas en ningún código ni hayan sido solicitadas por el recurrente, las cuales serán expresadas y solicitadas en la parte petitoria de esta presentación.

Pide se sirva acoger a tramitación el Recurso de Protección en contra de MUNICIPALIDAD DE ERCILLA, y en contra de la Superintendencia de Servicios Sanitarios por afectar y amenazar afectar los derechos constitucionales a la vida y la integridad física, la igualdad ante la ley, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, establecidos en los artículos 19 N° 1, 19 N° 2, 19 N° 8 y de la Constitución Política del Estado, cautelados por la acción constitucional de protección conforme señala el artículo 20 de la Carta Política, se acoja la presente acción constitucional de protección, se declare la vulneración de los derechos constitucionales consignados en el numeral 1, 2, 8 , del artículo 19 de la Constitución Política y, en particular, se resuelva lo siguiente:

1.-Se declare la ilegalidad de las omisiones de los recurridos, que amenazan el derecho de la recurrente a la vida e integridad física y síquica, igualdad ante la ley, derecho a la salud así como el derecho a un medio ambiente libre de contaminación.

2.-Se declaren infringidos los derechos constitucionales a la vida y la integridad física y síquica, y el derecho a la igualdad ante ley, el derecho a un medio ambiente libre de contaminación y el derecho a la salud, consagrados en los artículos 19.

3.-Que, como consecuencia de lo anterior, se adopten todo tipo de medidas dirigidas a restablecer el imperio del Derecho y asegurar la tutela de todos los derechos fundamentales violados, poniendo fin a los actos ilegales descritos con antelación respecto a la recurrida; y se impartan instrucciones a los recurridos, a fin de que tanto sus protocolos de actuación como sus actuaciones se adecuen a lo establecido en las leyes, en la Constitución Política del Estado y en los tratados internacionales de derechos humanos.

4.- Se ordene a la Municipalidad de Ercilla, que en forma inmediata, instruya a personal profesional y técnico de su dependencia para que se constituya en el lugar afectado y repare en forma adecuada y definitiva las cámaras de alcantarilladas defectuosas y que asimismo repare los daños provocados a los usuarios siniestrados.

5.-Se ordene a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que adopten en el plazo más breve posible, las medidas preventivas, correctivas y de coordinación de los procedimientos para evitar los permanentes riesgos para la salud de la población y los daños al medio ambiente, las que deberán informarse a esta Corte, incluyéndose la instrucción de las investigaciones y/o sumarios internos respectivos que permitan dilucidar las responsabilidades administrativas involucradas y adoptar las medidas necesarias para impedir que se repitan actos como los expuestos en este recurso, asimismo, que derive los antecedentes con los que cuenta a la Autoridad Sanitaria, para que ésta adopte las medidas pertinentes de resguardo a los afectados debiendo la recurrida remitir copia de los resultados de las investigaciones administrativas a esta I. Corte.

6.- Que se condene en costas a los recurridos.

A su recurso acompaña los siguientes documentos:

- Certificado de Matrimonio de su representada nombre reservado.

- Ficha FIBHE levantada por SENAPRED, para el catastro de emergencia en la vivienda de doña nombre reservado.

- Boleta de servicio de consumo básico de agua - Set de fotografías de fecha 24 de junio que acredita el rebalse del alcantarillado.

A folio 5, evacúa informe la abogada doña MARIA ALICIA VON POTTSTOCK MOLINA, por la SUPERINTENDENCIA SERVICIOS SANITARIOS, (SISS), en los siguientes términos:

El inmueble donde se emplaza la vivienda de la recurrente forma parte de un sistema sanitario rural, denominado Comité de Agua Potable Rural de Pailahueque, regulado por la Ley N°20.998 que le otorga facultades fiscalizadoras y reguladoras a esta Superintendencia, y que se encuentran establecidas en el artículo 85 y siguientes de la citada ley y las que se ejercerá respecto de las entidades amparadas por esta nueva legislación con las mismas facultades que le confiere su ley orgánica, Ley N°18.902, que aplica a los servicios urbanos, en cuanto fuera pertinente. Asimismo, esa facultad se complementa con lo dispuesto en el artículo 123° del Reglamento. Lo anterior, es sin perjuicio de las competencias de la autoridad sanitaria.

No obstante, lo anterior, con fecha 14 de diciembre del 2022, con la dictación de la Ley N° 21.520, se modifica la Ley N° 20.998, específicamente el artículo vigésimo transitorio, cuya redacción vigente dispone que la Superintendencia ejercerá sus facultades de fiscalización establecidas en el citado artículo 85° a partir del 20 de noviembre de 2024, respecto de los operadores clasificados en el segmento o categoría mayor, como es el caso del Servicio Sanitario Rural en la especie, (SSR), que presta servicios a 611 usuarios, y que contempla la producción y distribución de agua potable. Sobre el uso y disposición del alcantarillado, debo agregar que, la red de recolección de agua servidas que corresponde al inmueble de la recurrente incluye una planta elevadora y una planta de tratamiento de aguas servidas, infraestructura a cargo de la Municipalidad de Ercilla. Este sistema de recolección y tratamiento de aguas servidas se construyó con fondos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, SUBDERE, mediante un programa de mejoramiento de barrios entre los año 2010 y 2012 y cuyo traspaso al SSR no se ha hecho efectivo a la fecha.

Se debe señalar que esta Superintendencia de Servicios Sanitarios ha tomado conocimientos de los hechos que se denuncian con ocasión del presente recurso de protección, por cuanto a esta fecha no ha recibido reclamos, ni comunicaciones de la recurrente o de otros usuarios u organismos sobre la denuncia que se describe en el recurso, o de otras materias que digan relación con el servicio de alcantarillado de aguas servidas.

A mayor abundamiento, y no obstante la suspensión legal de fiscalización de esta Superintendencia realizará una visita inspectiva al Servicio Sanitario Rural, Comité de Agua Potable Rural de Pailahueque, además de requerir de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, perteneciente al Ministerio de Obras Públicas, y a otras autoridades según corresponda, información respecto del sistema de recolección de agua servidas y su estado de traspaso al citado servicio sanitario rural, información que se acompañará en autos tan pronto se tenga acceso a la misma.

De conformidad con lo establecido en el D.F.L. MOP N° 382/88, Ley General de Servicios Sanitarios y también en la Ley Orgánica de la Superintendencia, Ley N° 18.902, las empresas sanitarias tienen la obligación de prestar el servicio dentro de zonas urbanas y de su territorio operacional. Por su parte, a la Superintendencia le corresponde velar por el cumplimiento por parte de los entes fiscalizados, de las normas legales, reglamentarias, normas técnicas, instrucciones, órdenes y resoluciones que ella dicte en materia sanitaria.

En ejercicio de su función de supervigilancia y control, puede pedir informes, inspeccionar servicios, revisar y auditar su contabilidad, revisar sus proyectos y obras en ejecución, y en general, puede adoptar todas las medidas que sean necesarias, para lograr la seguridad de las personas y resguardar los derechos de los usuarios (artículo 55 de la Ley General de Servicios Sanitarios).

En el caso que nos ocupa, la vivienda afectada, se emplazan fuera del límite urbano, por su condición de ruralidad.

En conclusión, teniendo presente el marco constitucional y legal que rige a esta Superintendencia, no le cabe a ella conocer ni resolver las irregularidades que se produzcan en el ámbito no regulado, por lo que los hechos que da cuenta el presente recurso de protección, no se enmarcan dentro del ámbito fiscalizador y regulatorio que corresponde a la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

El artículo 1° del Acta N°94-2015, sobre tramitación y fallo del recurso de protección, requiere para su admisibilidad, además de su interposición dentro de plazo; la existencia de hechos que constituyan vulneración de garantías fundamentales.

Al respecto la recurrente estima que, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, ha incurrido en una omisión de la obligación de fiscalizar y monitorear la situación de rebases de aguas servidas en vivienda social ubicada en calle nombre reservadoº 136, omisión que priva y perturba las garantías constitucionales de vivir en un ambiente libre de contaminación consagrada en el artículo 19 N°8 de la Constitución Política de la República de Chile, así como atenta con el Derecho a la Vida, consagrado en el numeral 1 del artículo 19, de la Carta Fundamental.

Esta parte, estima que no existe la omisión denunciada que vulnere las señaladas garantías constitucionales, para lo anterior se debe considerar lo ya dicho, que la Superintendencia no tiene facultades legales ni constitucionales fiscalizadoras para intervenir en servicios que no tienen el carácter de públicos y concesionados.

Sin perjuicio de lo anterior, esta Superintendencia de Servicios Sanitarios y su oficina regional dentro de su programación anual 2024, tiene planificada una visita técnica para el tercer trimestre de 2024, a fin de recabar antecedentes del funcionamiento del servicio y de lo denunciado, con la finalidad de informar a la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, si corresponde, realizar una asesoría técnica en materia de alcantarillado, en el marco de sus atribuciones establecidas en el art. 73 letra d) de la Ley 20.998.

De esta manera, no existe omisión arbitraria e ilegal de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y de su Oficina Regional, pues carece de atribuciones legales, como se ha señalado anteriormente.

Pide tener por evacuado el informe ordenado en autos resolviendo rechazar en todas sus partes, con costas, el Recurso interpuesto en contra de esta Superintendencia, por cuanto ha actuado conforme al marco normativo que rige el sector de los servicios sanitarios rurales.

A folio 10, evacúa informe don nombre reservado, por la SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA acompañando los siguientes documentos:

1.- Minuta situación sanitaria de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) Pailahueque de la comuna de Ercilla, de fecha 25.07.2024.

2.- Resolución Exenta N° A20-021161, de fecha 18.10.2013.

3.- Informe de Inspección OIRS 178569.

4.- Actas de Fiscalización Folio N° 126202 y 126203, de fecha 12.07.2022.

5.- Actas de Fiscalización Folio N° 70181, 70182, 70183, 70184, 70185, de fecha 22.07.2022.

6.- Informe de Inspección al Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas de Pailahueque, comuna de Ercilla.

7.- Resolución Exenta N° 23090434, de fecha 17.04.2023, dictada en Sumario Sanitario 229EXP803.

8.- Resolución Exenta N° 2309470830, de fecha 21.11.2023, que Aprueba el proyecto de Sistema Particular de Aguas Servidas para APR, a construirse en Pailahueque, comuna de Ercilla.

9.- Informe de Inspección, comuna de Ercilla, de fecha 16.06.2024.

10.- Resolución Exenta CP N°11731/2024, de fecha 16.06.2024, que declara zona de riesgo sanitario a la comuna de Ercilla, producto de las afectaciones a diversos de sus sectores urbanos y rurales debido a las intensas lluvias caídas en la comuna.

A folio 12, evacúa informe el abogado don IVÁN ANDRÉS GARCÉS CATALÁN, por la MUNICIPALIDAD DE ERCILLA en los siguientes términos:

En primer lugar, manifiesta que la Ilustre Municipalidad de Ercilla no ha incurrido en ningún hecho material, actuación administrativa u omisión en el ejercicio de sus facultades legales en relación con los fundamentos del presente recurso.

Tal como señala la recurrente el rebalse tuvo su origen en calle nombre reservado producto del sistema frontal del mes de junio lo que provocó el colapso de alcantarillas en Ercilla y en otras comunas de la región.

Así las cosas, para dar contexto a los hechos, como verdaderamente ocurrieron, debemos señalar remitirnos al origen. Que SENAPRED, a comienzos de junio hace la notificación a las municipalidades de la región de la Araucanía, incluida Ercilla respecto de la alerta preventiva por frente de mal clima, que se aproximaba a la región en el mes de junio. Luego de realizada la alerta, la Municipalidad, a través, de su encargada de Emergencia y el COGRID comunal, se reúnen para tomar las medidas y resguardos necesarios en la comuna, coordinación que considera el trabajo colaborativo del Cuerpo de Bomberos de Ercilla, Carabineros y Municipalidad, igualmente se hace un trabajo, con organismo privados como lo son Aguas Araucanía y FRONTEL. Con el pasar de los días, la emergencia fue escalando a una etapa, no solo preventiva, sino reactiva, lo que significo, que SENAPRED, emitirá la alerta roja por frente de mal clima en la Región de la Araucanía.

En efecto, con fecha 12 de junio de 2024, se “Declara Emergencia Comunal por Evento meteorológico 12-06-2024”, en las comunas de Angol, Renaico, Lumaco, Collipulli y Ercilla, según análisis técnico de riesgos declara emergencia comunal. Producto de las intensas lluvias se registró el anegamiento de calles en la localidad de Pailahueque, Pidima y Ercilla, lo que provocó igualmente el colapso del sistema de aguas lluvias y saturo las redes de alcantarillado en Pailahueque y Ercilla. Al tratarse de una emergencia mayor, que no se lograba resolver en su totalidad con recursos municipales. Es a través de la Oficina de emergencia municipal, que se solicitan las ayudas a SENAPRED y Delegación Provincial, los cuales se realizan, a través, de los Informes ALFA, en los que la Municipalidad solicito recursos a nivel regional, para responder en cierta medida, la emergencia, que no solo se desarrollaba en la comuna de Ercilla, sino a nivel regional.

Debido a esta anómala situación climática, un hecho público y notorio ocurrido durante el mes de junio del presente año, la Delegación Presidencial de la Araucanía, por medio de su Delegado Presidencial Regional, don nombre reservado, declara emergencia comunal en Ercilla, Collipulli, Lumaco, Angol y Renaico, que son las comunas más afectadas, disponiendo el gobierno incluso de alberges para la comuna de Ercilla.

Por estos motivos con fecha 15 de junio de 2024 se realiza informe ALFA N° 8D emitido por doña nombre reservado, DIDECO de Municipalidad de Ercilla, el cual indica que existen sistemas de alcantarillados público en Ercilla y Pailahueque colapsado por rebalse de aguas servidas e informa, además, que en la localidad Pidima existen viviendas con colapso de fosas sépticas eliminando aguas servidas hacia el exterior, para que la Seremi de Salud, inspección en Ercilla, Pidima y Pailahueque, El mencionado informe ALFA N° 8D, señala que el tipo de evento es inundación y temporal, lo describe de la siguiente manera: “ALERTA POR EVENTO METEREOLOGICO POR PRECIPITACIONES FUERTES EN LA COMUNA DE ERCILLA, QUE COMPRENDE LOS SECTORES RURALES Y URBANOS, CON COMPROMISO DE INUNDACIÓN Y RIESGO PARA LA POBLACIÓN. 9 VIVIENDAS AFECTADAS EN SECTOR PAILAHUEQUE Y PIDIMA, 3 ESCUELAS (CHACAICO, TEMUCUICUI, MILLALEVIA), RUTAS CORTADAS POR ANEGAMIENTO Y POSTA TRICAUCO SIN ACCESO” (SIXALERTA POR EVENTO METEREOLOGICO POR PRECIPITACIONES FUERTES EN LA COMUNA DE ERCILLA, QUE COMPRENDE LOS SECTORES RURALES Y URBANOS, CON COMPROMISO DE INUNDACIÓN Y RIESGO PARA LA POBLACIÓN. 9 VIVIENDAS AFECTADAS EN SECTOR PAILAHUEQUE Y PIDIMA, 3 ESCUELAS (CHACAICO, TEMUCUICUI, MILLALEVIA), RUTAS CORTADAS POR ANEGAMIENTO Y POSTA TRICAUCO SIN ACCESO”. (SIC)

Ante esta situación de emergencia se convoca al COGRID comunal Ercilla el miércoles 12 de julio de 2024 a las 15:15 horas para analizar situación comunal, de lo discutido es importante informar, que en lo que importa, se trató el asunto sometido a su conocimiento, señala el ALFA: “Sistemas de alcantarillados y sanitario colapsado por rebalse de aguas sucias servidas en Ercilla y Pailahueque, inundando las viviendas. • Reporte de 100 viviendas aproximadamente con afectación por filtración de agua, goteras, techumbre desprendida y/o rebalse de aguas sucias, en los 3 sectores urbanos de la comuna (Pidima, Pailahueque y Ercilla) y el rebalse de fosas Sépticas en los Sectores rurales de la comuna. Se hace contacto por parte de usuarios afectados y municipio requerimiento a Aguas Araucanía por colapso de sistema de alcantarillad, sin respuesta efectiva”

Como se puede observar la Municipalidad de Ercilla ante este sistema climático actuó con anticipación oficiando a las autoridades gubernamentales de medios para mitigar los daños que las lluvias iban a provocar.

Así las cosas, la Municipalidad de Ercilla, dispuso por medio del COGRID comunal: equipo municipal trabajando en terreno; camionetas de emergencia municipal; una retroexcavadora y camión tolva para el despeje de camiones, canales y ríos; trabajo en conjunto con bomberos. Además, se desplegaron recursos humanos para apoyar emergencia con funcionarios municipales, brigadistas, directivos y conductores, una motobomba para sacar aguas lluvias de viviendas sociales la que resultó insuficiente para el número de familias abnegadas)

Con todo, se solicitó, por medio del ALFA, para la localidad de Pailahueque:

• Camión limpia fosas para 20 familias en la Localidad de Pailahueque con un total de 40.000 litros por el aumento de aguas lluvias.

• Se solicitó apoyo y trabajo de Aguas Araucanía en la comuna de Ercilla.

• Se solicita minuta de SEREMI de Salud - Se solicita 85 Kits de Aseo Domiciliario Limpieza e higienización para hogares afectados con la inundación.

Por este motivo el Ministerio de Salud, a través, de su Secretaria Regional Ministerial Región de la Araucanía, declara zona de riesgo sanitario a la comuna de Ercilla, a través, de la Resolución Exenta N° 1173 de fecha 16 de junio de 2024. La SEREMI de Salud realiza inspección en Ercilla, Pidima y Pailahueque, por solicitud realizada mediante informe ALFA N° 8D.

Sin embargo, el Municipio en paralelo, mantuvo contacto directo con las familias afectadas y se brindó el apoyo y ayuda necesaria en cada emergencia, igualmente de gestionaron compras de emergencia, correspondientes a Kits de alimentación, Kits sanitarios para limpieza y desinfección, para entregar a las familias afectadas. Pasada la emergencia, el municipio gestiono con bomberos lavado del sistema de alcantarillado de la localidad de Pailahueque.

Posteriormente, la Municipalidad de Ercilla fue fiscalizada por Superintendencia de Servicios Sanitarios Alcantarillado Pailahueque, según da cuenta el Acta de Fiscalización SISS N° 06355, el que señala, en lo que interesa:

“En fiscalización realizada en terreno se verifica la continuidad de recolección de alcantarillado, por reclamos de afloramiento en vía pública, se observa lo siguiente:

1. Prat /Manuel Montt, con escurrimiento a 1/8 tubo aprox., cámara limpia, sin daño estructural.

2. Manuel Montt/ O ́ higgins cámara naciente sin escurrimiento, cámara limpia sin daño estructural.

3. O´higgins/ Manuel Montt con escurrimiento a 1/8 tubo aprox., cámara limpia sin daño estructural.

4. Se verifica funcionamiento de PEAS Pailahueque ubicada en calle Colón, la cual opera con tres bombas 2x1, horometro de bombas BB1: 2505 hrs.; BB2:32460 hrs; BB3: 9549 hrs. de funcionamiento. Al momento de la fiscalización la cámara de rejas se encontraba bajo agua, de igual manera se observa abundante grasa en cámara sentina de bombas. PEAS cuenta con GE marca Cummins de 26 KVA, el cual opera de forma manual en caso de corte eléctrico, éste se encuentra en caseta de hormigón armado.

5. Durante la fiscalización no se perciben olores molestos asociados a aguas servidas ni de evidencias de afloramientos ni discontinuidad de recolección.”

Como se observa, ha desaparecido el hecho denunciado por la recurrente, ya que, se subsano el inconveniente. Con todo, para dar solución a la problemática presentada, el municipio presentó un proyecto de mejoramiento del sistema de alcantarillado de la localidad de Pailahueque, el que consiste en la conservación de la red y sistema de impulsión, además de la instalación de las válvulas unidireccionales conectadas a la unión domiciliaria de los domicilios afectados, dichos trabajos permitirían la descarga de las aguas servidas de los domicilios al colector, pero no el ingreso de desde la red a los domicilios.

Lo anterior da cuenta de que han sido diversas las autoridades que han tomado conocimiento respecto de los episodios descritos por el recurrente quienes han intervenido ordenando medidas vinculadas a ellos, las cuales, en lo que resulta pertinente a nuestra representada, esta se encuentra cumpliendo a cabalidad. De este modo, es posible sostener que las autoridades competentes han reaccionado de manera efectiva, disponiendo y ordenando una serie de medidas pertinentes al caso. Así, la acción entablada ha perdido oportunidad pues la materia objeto del recurso de protección se encuentra sometida al imperio del derecho. Cita jurisprudencia.

Adicionalmente, la intervención de distintas autoridades, así como las múltiples medidas ordenadas adoptar demuestran también Ilma. Corte, que episodios como los descritos no están llamados a ser solucionados por la vía judicial y menos a través de un recurso de protección, destinado a dar tutela de urgencia, pues se trata de asuntos de eminente carácter técnico y, con ello, de lato conocimiento. Ello, por lo demás, también se refleja en el propio petitorio de la recurrente.

En suma, estima que ha quedado suficientemente demostrado que la acción de protección deducida no contiene circunstancias fácticas genéricas ni específicas que permitan atribuir o imputar una acción ilegal o arbitraria a la Municipalidad de Ercilla.

LEY N°19.525 DEL AÑO 1997 QUE REGULA SISTEMAS DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Bajo el esquema de esta ley, se establece que corresponde al Ministerio de Obras Públicas la responsabilidad por el diseño y mantención de la red primaria de aguas lluvias, que básicamente se refiere a obras tales como grandes colectores de aguas lluvias, canalizaciones y otras en general de mayor envergadura, y al mismo tiempo, se estableció que le correspondería al Ministerio de Vivienda y Urbanismo el diseño de la red secundaria y a los servicios de vivienda y urbanismo la mantención y ejecución de obras de esta misma red.

En el caso de las municipalidades, no se extienden a las facultades de diseño, mantención y operación de las redes primarias y secundarias de aguas lluvias, criterio que cabe hacer extensivo al caso de la comuna de Ercilla en los mismos términos, esto es, que el drenaje de aguas lluvias es un asunto de competencia del Ministerio de Vivienda en cuanto al diseño de la red secundaria.

En consecuencia, el diseño de la red secundaria es un asunto de competencia del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, en tanto la mantención es de competencia del Serviu.

El recurso debe ser rechazado respecto de su representada porque no existe afectación de derechos constitucionalmente garantizados de los que sean titulares los recurrentes.

Tal como es sabido, la interposición de una acción constitucional como la que se ha deducido en autos exige la indicación expresa de cuáles son los derechos garantizados por la Constitución respecto de cuyo legítimo ejercicio se ha sufrido privación, perturbación o amenaza, así como el modo específico en que tal privación, perturbación o amenaza se ha producido.

Nada de lo anterior se ha cumplido en el recurso de autos, como se podrá apreciar de la sola lectura del respectivo libelo.

En efecto, en su parte inicial él alude a los derechos consagrados en los numerales 1º, 2° y 8º del artículo 19 de la Constitución sin incluir desarrollo o explicación concreta y vinculada a la situación específica de la recurrente de autos que vaya más allá del mero señalamiento o referencia, o del análisis general del contenido de los señalados derechos.

La situación descrita precedentemente permite apreciar de qué manera la presentación de autos no cumple con una de las condiciones mínimas ineludibles para que una acción constitucional de esa naturaleza pueda ser acogida, esto es, la demostración de que existen derechos garantizados constitucionalmente cuyo legítimo ejercicio se ha visto privado, perturbado o amenazado en el caso concreto y respecto de la recurrente. Es por lo que se ha expuesto que sólo cabe concluir que, también bajo este respecto, el recurso de autos debe ser rechazado respecto de su representada por el ordenamiento institucional vigente para que pueda ser acogido.

Pide tener por evacuado el informe pedido y, en definitiva, rechazar el recurso de protección al que se ha hecho referencia respecto de la I. Municipalidad de Ercilla.

A su informe acompañó los siguientes documentos:

1. ALFA N° 8.B Ercilla 2. ALFA N° 8.D Ercilla 3. Declaración alerta roja provincia Malleco SENAPRED.

4. Declaración emergencia comunal SENAPRED 5. Informe de amenazo meteorológica 15 de junio de 2024 6. Ofc. Seremi Salud recomendaciones sanitarias 7. ORD N°714 Informe situación comunal de emergencia.

8. Resolución N° 11731 de Seremi de Salud.

9. Acta de fiscalización N° 06355 de SISS 10. Correos electrónicos enviados por SENAPRED A folio 14, el abogado don Iván Garcés, por la Municipalidad de Ercilla, agrega a la carpeta digital Proyecto normalización planta de tratamiento de aguas servidas sector Pailahueque y resoluciones respectivas y ORD N°714 Informe situación comunal de emergencia.

Se ordenó traer los antecedentes en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, respecto a la Ilustre Municipalidad de Ercilla, los antecedentes presentados en autos muestran que esta entidad no tiene competencia directa en el diseño, mantención ni operación del sistema de alcantarillado de aguas lluvias que habría generado los rebalses denunciados. Conforme a la Ley N° 19.525, la responsabilidad de las redes primarias recae en el Ministerio de Obras Públicas, mientras que las redes secundarias están bajo la competencia del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Por tanto, no resulta posible imputar responsabilidad a la recurrida por actos u omisiones en materias que no le competen.

TERCERO: Que, en cuanto a las medidas adoptadas por la Municipalidad de Ercilla, se desprende que, ante la emergencia climática que afectó a la región en junio de 2024, se realizaron acciones preventivas y reactivas, incluyendo la solicitud de apoyo a organismos gubernamentales, gestión de recursos de emergencia, trabajo conjunto con el COGRID comunal y asistencia directa a las familias afectadas. Dichas acciones demuestran una actuación diligente dentro de los límites de sus atribuciones.

CUARTO: Que, respecto de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, este tribunal constata que el sistema sanitario de la localidad de Pailahueque corresponde a un sistema rural administrado bajo la normativa de la Ley N° 20.998, cuyo ámbito de fiscalización, conforme a la Ley N° 21.520, comenzará a regir a partir de noviembre de 2024. Además, el sistema denunciado aún no ha sido traspasado formalmente al Servicio Sanitario Rural, lo que limita las atribuciones fiscalizadoras de la recurrida. En este contexto, no resulta posible atribuir responsabilidad por omisión a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, dado que no se le ha conferido competencia legal sobre los hechos denunciados.

QUINTO: Que la legitimación pasiva es un requisito esencial para la procedencia del recurso de protección, debiendo recaer la acción en sujetos que, por sus actos u omisiones, puedan ser considerados responsables directos de la vulneración de derechos fundamentales. En este caso, las recurridas han demostrado no estar legitimadas pasivamente, ya sea por carecer de competencia legal en la materia (Superintendencia de Servicios Sanitarios) o porque los hechos denunciados no recaen en su ámbito de responsabilidad (Municipalidad de Ercilla).

SEXTO: Que, atendido lo anterior, no se configuran los elementos necesarios para acoger la acción deducida, toda vez que no se verifican actos u omisiones ilegales o arbitrarios atribuibles a las recurridas que afecten de manera directa los derechos constitucionales invocados por la recurrente Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se declara que SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto en contra de la Ilustre Municipalidad de Ercilla y la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Roberto Contreras Eddinger.

Rol N° Protección-4863-2024.(jog)