Protección contra SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Temuco Temuco, tres de octubre de dos mil veinticuatro.

Vistos:

A folio 1, con fecha 23 de junio de 2024, compare OLAYA ESCOBAR HERNÁNDEZ, abogada, domiciliada en domicilio reservado, en representación de doña nombre reservado, Matrona, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone Recurso de Protección, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), servicio público de dependencia jerárquica del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, representada legalmente por doña nombre reservado, ingeniero comercial, ambas con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, en razón del acto arbitrario e ilegal por parte de la SUSESO, consistente en el rechazo del reclamo que interpuso por la calificación de origen de la enfermedad que afecta a su representada, materializado en la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-ISESAT-81695-2024 de fecha 24 de mayo del 2024, pronunciada por la recurrida, notificada con la misma fecha, la que vulnera las garantías constitucionales de: Derecho a la vida e integridad física y psíquica, Derecho de igualdad ante la ley, Derecho de Propiedad y Derecho a la Seguridad Social, por los siguientes fundamentos:

I.- LOS HECHOS:

Señala que su representada nombre reservado, Matrona, es funcionaria de la I. Municipalidad de Collipulli, en su Departamento de Salud Municipal desde Octubre de 1998, con un desempeño sin mácula, calificada siempre en Lista 1, por más de 24 años.

Ha ascendido por mérito de sus servicios al cargo de Directora del Departamento de Salud Municipal, el cual debió asumir por razones de buen servicio el año 2006, ya que el director de esa época fue formalizado en causa penal por apropiación indebida, debiendo hacer frente a la crítica y desprestigio del departamento de aquel entonces.

Lo expuesto, complicaba el ámbito desde el cual ha debido dirigir -por una parte- la necesaria ampliación de los servicios prestados a la comunidad y -por otra-, el difícil trance de la movilización de recursos emprendida para afrontar el período -aún no superado- de pandemia COVID 19.

Se impone como ha sido siempre su calidad profesional y personal, su empeño en buscar el bienestar en salud, para todas las personas, sin discriminación alguna y el uso de los recursos al máximo posible dirigido en pro de la comunidad. Ha demostrado sostener con hechos una filosofía de liderazgo fundada en la vocación por el bien común y el ejemplo personal de permanente esfuerzo.

Sin embargo, por el hecho de ser mujer ha sido abiertamente menoscabada y minusvalorada, víctima de acoso laboral, sufre un cuadro de discriminación y ha sido amenazada con cesarle en su trabajo.

Es del caso que con ocasión y como consecuencia de su trabajo, como de diversas hostilidades que recibió de su jefatura, el Alcalde de la comuna Manuel Macaya Ramírez, empezó a ver como paulatinamente se fue deteriorando su estado de salud, por lo que luego de esperar para poder agendar una hora, logró ser atendida el 04 de Mayo de 2023, con la médico psiquiatra nombre reservado, quien diagnóstica TRASTORNO ADAPTATIVO MIXTO, asociado a stress laboral, con quien debe permanecer en tratamiento hasta la fecha.

Con fecha 03.05.2023 la MUTUAL de Seguridad, determinó que la enfermedad era de origen común, en calificación emitida y en contra de dicha errada calificación por parte de la mutual, la recurrente se alzó ante la Superintendencia de Salud (SUSESO), mediante apelación de fecha 30 de Agosto de 2023. La SUSESO, conociendo de la apelación confirmó la decisión de la mutualidad, mediante resolución N° R-152795-2023, de fecha 02.02.2024. En contra de esta decisión dedujo el correspondiente recurso de reposición, con fecha 08.02.2024 Precisa que como la SUSESO no emitía pronunciamiento sobre dicha reposición, pese a las consultas telefónicas que de manera reiterada realizaba la recurrente, se vio en el imperativo de reclamar ante Contraloría General por la flagrante tardanza de la entidad recurrida en resolver el recurso, ya que los plazos establecidos por la Ley N° 19.880, para resolver el recurso que había deducido se encontraban vencidos.

De esta manera y solo a 37 días de haber reclamado a la entidad de Control la recurrida emitió dictamen mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-ISESAT-81695-2024 de fecha 24 de mayo del 2024 el cual desechó la calificación de la enfermedad profesional que es lo que se le solicitaba, siendo el rechazo del reclamo, contenida en la resolución precedente, el acto arbitrario e ilegal que mediante esta acción de protección se reclama, dado que, existiendo falta grave y negligencia inexcusable del Prestador MUTUAL o al menos una situación anómala por los antecedentes de contexto, la SUSESO, ratifica la decisión de la Mutual realizando así un acto ilegal y arbitrario con lo cual se han conculcado sus garantías fundamentales, reconocidas por el Artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Destaca, además, que habiéndose pronunciado la recurrida en otros contenciosos, también en reclamos de funcionarias Municipales resuelve aquí de manera dispar. Y falta así al deber de motivación, que en la decisión impugnada la recurrida no ha cumplido, por cuanto es lo que resulta determinante para conocer la razón de la disparidad de criterios. A la funcionaria Municipal de Collipulli, doña Lorna Sanhueza Gutiérrez, (al que refiere como caso centinela) a ella, con fecha 18.10.2023, la SUSESO le calificó su enfermedad de profesional.

La SUSESO conoció asimismo los antecedentes de la funcionaria de la Municipalidad de Collipulli, nombre reservado, respecto de quien, con fecha 29.05.2024, decidió abstenerse de pronunciarse. Finalmente en este caso, decide rechazar la calificación de su malestar como enfermedad profesional.

Explica que las 3 funcionarias se desempeñan en el edificio consistorial de la Municipalidad de Collipulli, inician procedimientos en la mutualidad, e interponen denuncia de tutela laboral contra el Alcalde por sentirse hostigadas por el edil; no obstante lo expuesto, en un caso la SUSESO acoge la declaración de enfermedad profesional, en el otro rechaza la calificación y en el otro se abstiene de pronunciarse, siendo evidente su origen, reconocido por fallos del Juzgado del Trabajo de Collipulli. Aquí, la opacidad de las resoluciones que dicta la SUSESO -la falta de motivación- es la que genera de esta parte desconocimiento del porqué la disparidad de criterios.

II.- ANTECEDENTES DE CONTEXTO DEL HOSTIL AMBIENTE LABORAL QUE DAN ORIGEN A LA ENFERMEDAD PROFESIONAL ERRÓNEAMENTE CALIFICADA.

Expone que resulta sumamente decidor conocer la situación en la que se encuentran las “funcionarias” que cumplen sus servicios en el Municipio de Collipulli, quienes se encuentran expuestas a toda clase de violencia por parte de la superioridad, hecho que ya ha sido constatado por la magistratura laboral de la comuna. Lo anterior, ya que lo que se discute en la SUSESO es que las funcionarias enfrentan cada día un ambiente laboral hostil de parte de la superioridad del Municipio, el alcalde, razón por la cual, se enferman, debiendo la SUSESO, sobre la base de los antecedentes aportados y razonando debidamente sobre ellos, emitir su decisión.

Estos antecedentes que debieron haber sido debidamente ponderados por la mutualidad y la SUSESO, ya que dan cuenta del ambiente laboral hostil y de violencia de género que enfrentan las funcionarias del municipio de Collipulli.

Señala que expone dichos antecedentes de contexto de manera descendente según la gravedad o entidad de ellos:

1) Agresión sexual a una funcionaria Municipal: en el mes de abril de 2023 una prestadora de servicios a honorarios del Municipio fue agredida sexualmente por el jefe de gabinete del Alcalde, conforme se explaya.

2) Un funcionario mano derecha del edil, es imputado de agresiones sexuales y el alcalde no logra ponderar la gravedad de los hechos y no solo ello, le sube el sueldo.

3) Caso de doña Lorna Sanhueza Gutiérrez, diagnosticada en categoría de enfermedad profesional, quien se encuentra además, con una medida de protección otorgada por el Tribunal Laboral de Collipulli.

4) En el año 2022, la aludida funcionaria deduce, al igual que la recurrente, una denuncia por vulneración de garantías ante el juzgado laboral de Collipulli (RIT-T-11-2022). La denuncia contiene hechos que para la ella eran constitutivos de hostigamiento. Como continúan los hostigamientos dedujo una segunda denuncia por vulneración de garantías (RIT-T-2-2023), contexto en el cual la judicatura laboral le concedió una medida de protección.

5) Existen además, tres sentencias dictadas en sede laboral por actos de sistemático acoso laboral, hostigamiento y vulneración de garantías fundamentales en contra de funcionarias:

6) En la causa Rol T-4-2023, del juzgado de garantía de Collipulli, se acogió una denuncia por vulneración de garantías en contra del Alcalde de la comuna, denuncia que dedujo la contadora auditora del Municipio, nombre reservado. Hoy se encuentra para conocimiento de esta Iltma. Corte de Apelaciones vía recurso de nulidad (Laboral 191-2024).

7) Una segunda sentencia, corresponde a su representada, quien con fecha 25 de mayo de 2023 ingresó denuncia contra su empleador por actos de hostigamiento. Con fecha 6 de mayo de 2024, se acoge la denuncia por vulneración a sus garantías constitucionales reconocidas por el artículo 19 N°s 1 y 16 de nuestra Constitución. Hoy se encuentra en conocimiento de esta I. Corte de Apelaciones (Laboral 248-2024).

8) En la causa rol T-14-2024, la Directora de Administración y Finanzas del Municipio, denunció actos de hostigamientos en contra del alcalde. Con fecha 21 de junio del presente 2024 se dictó sentencia, la que acogió la denuncia de tutela laboral por vulneración de las garantías reconocidas en los numerales 1,2, 4 y 16 de nuestro código político.

9) En todos los hechos que se denuncian son funcionarias las que se han visto afectadas, sin considerar la “cifra negra” de funcionarias victimizadas que -por miedo a perder su trabajo-, no se atreven a denunciar.

III.- ILEGALIDAD O ARBITRARIEDAD DE LOS ACTOS DE LA RECURRIDA:

ACTO ARBITRARIO E ILEGAL. El acto arbitrario e ilegal que infringe los derechos amparados por la Constitución Policita de la República, que causa una privación al legítimo ejercicio de derechos o garantías constitucionales de los establecidos en el artículo 19 de nuestra carta fundamental.

Siendo arbitrario el acto, por cuanto ha vulnerado el uso razonable con que los elementos discrecionales de un poder jurídico han de ser ejercidos o actualizados, vulneración que origina un acto arbitrario e ilegal; por cuanto resulta de una violación de los elementos reglados de las potestades jurídicas conferidas a un sujeto o reconocidas.

Ahora bien, tal como se señaló, la recurrida, con fecha 24 de mayo de 2024, dictó la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-ISESAT-81695-2024, que determinó: Recházase el recurso de reposición por calificación de origen de enfermedad. No procede otorgar la cobertura del Seguro Social de Ley N° 16.744, por tratarse de una patología de origen común.

Señala que todo lo antes señalado produce una infracción grave a las garantías constitucionales de su representada, y de materializarse la sanción produce una PRIVACIÓN, en el legítimo derecho o garantía constitucional como así también PERTURBA sus derechos humanos.

Así las cosas, la Resolución Exenta ya mentada, es totalmente arbitraria en cuanto no ha sido adoptada con criterio que pueda estimarse racional y concordante con los hechos, lo que provoca que el acto sea arbitrario, ilegal e infundado.

Que, en consecuencia, la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la preceptiva que gobierna la cuestión, al no tomar otras medidas como realizar un examen clínico por existir un caso centinela o bien -como exigencia mínima- decretar nuevos exámenes o disponer una reevaluación médica con el propósito de esclarecer y ratificar la condición de salud de mi representada.

En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación o debida ponderación de las pruebas, como la circunstancia de rechazar el reclamo de la resolución, son componentes que debieron detallarse y explicarse con mayor rigurosidad antes de resolver tan livianamente el asunto en sede administrativa, porque se trata de diligencias que para el caso eran imprescindibles para darle objetividad y seriedad al diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad del ente recurrido, con la subsecuente falta de atención correspondiente a la dolencia que ha debido ser calificada como enfermedad profesional, y no un mero malestar común.

Es así como -por la evidente falta de motivación- se torna del todo arbitrario rechazar el reclamo y con ello en definitiva establecer que se trata de una nombre reservado concedido por un facultativo sin ningún motivo adicional suministrado por las entidades criticadas, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar, frente a la paciente y terceros interesados, cualquier duda, en especial, sometiéndola a evaluaciones médicas accesorias.

Que, en semejantes coyunturas, ante conclusiones tan definitivas para las personas, cabe exigir un mínimo de diligencia a la autoridad y estándar de razonabilidad, ya que nos encontramos frente a un acto administrativo de contenido desfavorable, sobre quien pesa su actuar de oficio y respeto por los axiomas de no discriminación, objetividad y exhaustividad en su proceder.

De esta manera, se advierte que al rechazar el reclamo de la resolución que realiza la calificación de la enfermedad laboral como común, implica de parte de la autoridad el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene derecho, al ejercitar sus prerrogativas, en concreto, si en la decisión solicitada se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas.

En resumen y en virtud de lo razonado, la decisión del órgano recurrido deviene en arbitraria e infundada, pues su argumento es equívoco y perjudicial para esta parte, y, -además-, infringe la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que representa una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder a una adecuada atención y al seguro correspondiente.

En efecto, esta resolución tiene como consecuencia privar de las atenciones médicas requeridas por la paciente doña nombre reservado por considerar en definitiva que la enfermedad es de origen común, de lo que se discrepa completamente, por ello, requiere esgrimir razones, no solo por las consecuencias prácticas que acarrea tanto para el trabajador como para terceros, sino también, porque existe la necesidad de que exista constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, pues sin tales fundamentos no se puede advertir como la autoridad arriba a su pronunciamiento.

Si quien tiene que emitir el pronunciamiento (o resolver un recurso, apelación o reclamación) es un órgano de la Administración del Estado, debe, además, ceñirse a lo que disponen los artículos 11 inciso 2º y 41 incisos 4º y final, de la Ley N° 19.880, de 2003. Estas reglas consagran lo que el Derecho Administrativo ha denominado como motivación o fundamentación del acto administrativo.

La motivación del acto administrativo es indispensable para la concreción efectiva del principio de plena justicia de los actos de la Administración y su control de juridicidad, especialmente en sede judicial, no bastando su mera existencia, sino exigiéndose su suficiencia, y que al caso no existe, pues la resolución de la SUSESO solo hace remisión a otra, como quien copia y pega una resolución, sin cumplir con los principios señalados, que además nacen en la falta de diligencias.

IV.- GARANTÍAS CONCULCADAS. Los derechos fundamentales conculcados por el acto administrativo reclamado, respecto de los cuales la recurrente se explaya en su recurso son:

1.- ARTICULO 19 Nº 1 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA, QUE LA CUAL CONSAGRA “EL DERECHO A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSÍQUICA DE LA PERSONA”.- 2.- EL DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY.

3.- DERECHO DE PROTECCIÓN A LA SALUD CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 19 N° 9 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA.

4.- DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL CONSAGRADO EN EL ART. 19 N° 18 DE LA CONSTITUCIÓN PLÍTICA DE LA REPÚBLICA.

Pide se acoja el presente recurso, adoptándose las siguientes medidas para reestablecer el imperio del derecho:

1) Que se declara que se acoge el recurso, dejando sin efecto la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-ISESAT-81695-2024 de fecha 24 de mayo del 2024, pronunciada por la recurrida. - 2) Que declare que la enfermedad sufrida por la recurrente doña nombre reservado es de origen laboral. - 3) Que se atienda debida y oportunamente su patología de acuerdo a las normas de la ley N° 16.744 o lo que esta Corte considere pertinente, de acuerdo a todo lo expuesto y dispuesto en la normativa señalada como también la jurisprudencia expuesta.

4) En subsidio, se declare que se deja sin efecto la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-ISESAT-81695-2024 de fecha 24 de mayo del 2024, pronunciada por la Mutual, debiendo la recurrida disponer la realización de examen clínico o la práctica de una pericia médica acorde con la patología que padece la actora y todos los exámenes necesarios para verificar su aparición, contenido, fecha probable de aparición si procediere, como su evolución, a fin de determinar carácter común o laboral de la patología, a realizarse por un organismo distinto de la Mutual.

5) Con expresa condenación en costas, atendida la disparidad de criterios que se denuncia en este recurso, lo que descarta el motivo plausible para litigar como justa causa de exención en dicha carga.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Copia de escritura de Mandato Judicial; 2.- Copia de RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-ISESAT-81695-2024 de fecha 24 de mayo del 2024, pronunciada por la recurrida; 3.- Copia de resolución N° 4801183 de fecha 1 de junio del 2022, numero de siniestro 8557436, dictada por la MUTUAL; 4.- Copia de Apelación deducida por su parte ante la recurrida; 5.- Antecedentes acompañados por su parte para apelación ante SUSESO (consistente en Informe Fundamentos calificación de 7.10.2022, resolución del 11.10.2022, Informe Fundamentos calificación 2 del 11. 2022, 2 Resoluciones del 2 del 11 de 2022, certificado de alta de 02 del 11 de 2022, Resolución de calificación de origen de los accidentes y enfermedades de 02 del 11 de 2023 N°4965555, todos de la Mutual de seguridad; Informe médico complementario del denunciante emitido por psiquiatra de 9 de noviembre de 2022).; 6.- Sentencia de fecha 12 de Abril de 2024, dictada en causa de tutela laboral SANDOVAL CON I. MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI, RIT T- 4- 2023; 7.- Sentencia de fecha 06 de Mayo de 2024, dictada en causa de tutela laboral nombre reservado CON MACAYA, RIT T- 6- 2023; 8.- Sentencia dictada por el Juzgado Laboral de Collipulli, con fecha 21 de junio de 2024, en causa de tutela laboral LLANOS CON I. MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI, RIT T-14-2022; 9.- Resolución que concede medida de protección a directora de control interno, Rol T-2-2022, del Juzgado Laboral de Collipulli.

A folio 15 la recurrente acompaña: 1.- Copia de sentencia dictada en causa de tutela laboral SANDOVAL CON I. MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI, RIT T- 4- 2023 del Juzgado del Trabajo de Collipulli; 2.- Copia de sentencia dictada en causa de tutela laboral nombre reservado CON MACAYA, RIT T- 6- 2023 del Juzgado del Trabajo de Collipulli; 3.- Copia de sentencia dictada en causa de tutela laboral LLANOS CON I. MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI, RIT T-14-2022del Juzgado del Trabajo de Collipulli.

A folio 19 la recurrente acompaña: 1.- Copia de resolución exenta N° R-01- UME-137963-2023, de fecha 18 / 10 / 2023, emitida por la SUSESO, que declara enfermedad profesional de origen mental de la Directora de Control Interno del Municipio de Collipulli, la abogada Lorna Sanhueza Gutiérrez; 2.- Copia de resolución de fecha 16 de marzo de 2023, dictada por el Juzgado Laboral de Collipulli, en causa RIT T-2-2023, que le concede medida de protección (teletrabajo) a la directora de Control Interno del Municipio de Collipulli, la abogada Lorna Sanhueza Gutiérrez; 3.- Copia de resolución exenta N° R-01-S-85187-2024, de fecha 29 / 05 / 2024, emitida por la SUSESO, en virtud del cual ésta se abstiene de emitir pronunciamiento respecto de la calificación del origen de la patología de la profesional, contadora auditora del Municipio nombre reservado; 4.- Sentencia dictada en CAUSA RIT: T-14-2022, RUC: 22-4- RUT reservado, nombre reservado, en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI; 5.- Sentencia dictada en CAUSA RIT: T-6-2023, RUC: 23-4- RUT reservado, nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Collipulli; 6.- Sentencia dictada en CAUSA RIT: T-4-2023, RUC: 23-4- RUT reservado, nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Collipulli; 7.- Sentencia dictada en CAUSA RIT T-15-2022 RUC 22- 4- RUT reservado, nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Collipulli.

A folio 22 recurrente acompaña: 1.- Copia de RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-ISESAT-81695-2024 de fecha 24 de mayo del 2024, A folio 41 la recurrente acompaña: 1.- Informe Médico Psiquiátrico de la psiquiatra nombre reservado, correspondiente a los meses de Julio y Septiembre de 2024, que certifican que la causa de su malestar es enfermedad profesional; 2.-Tratamiento del Traumatólogo, nombre reservado, que indica lertus 75 mgs, celecoxib de 200 mgs., parcetamol de 500 mgs., ciclobenzaprina 10 mgs, y kinesioterapia; 3.-Ecotomografia de codo derecho, que indica tendinosis, informada por la doctora nombre reservado, de fecha 27 de agosto 2024; 4.-Ecotomografia Hombro Izquierdo, que indica tendinosis supraespinoso, bursitis subacromiosubedelitoidea, informada por la doctora nombre reservado, de fecha 27 de agosto de 2024.

A folio 9 informa TOMÁS GARRO GÓMEZ, abogado, en representación de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, quien señala que se ha solicitado informar la Acción de Protección interpuesta por doña nombre reservado en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, por haber confirmado mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-ISESAT-81695-2024, de 24 de mayo de 2024, el origen común de la afección de salud mental, ratificando lo ya resuelto mediante la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-S-19869-2024, de 2 de febrero de 2024, la que se pronunció respecto de la reclamación interpuesta por la ahora recurrente con fecha 30 de agosto del año 2023 en contra de la MUTUAL DE SEGURIDAD DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN, mutualidad de empleadores, organismo administrador del seguro social obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la Ley N° 16.744, que calificó como de origen común la afección mental que presentaba la ahora recurrente y por la que se le otorgó atención de salud desde el 6 de abril de 2023 Alega en primer lugar la extemporaneidad de la acción, toda vez que fue interpuesta una vez vencido el plazo fatal y objetivo de 30 días corridos que se contempla para el ejercicio de la misma, en tanto la recurrente reclamó ante la Superintendencia de Seguridad Social con fecha 30 de agosto de 2023, de lo resuelto por MUTUAL DE SEGURIDAD DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN, en adelante e indistintamente MUSEG en cuanto a su calificación de su afección de salud mental.

Conforme a lo expuesto, consta que a la data señalada (30 de agosto de 2023) la recurrente tenía conocimiento cierto del acto que reclama, es decir la calificación como común de su patología de salud mental, optando a esa data por reclamar de dicho acto por la vía administrativa interponiendo el reclamo conforme al procedimiento previsto en el artículo 77 bis de la Ley N° 16.744 (rechazo de licencia médica por el origen de la afección), dejando transcurrir, por lo tanto, el plazo fatal y objetivo de 30 días que se contempla para ejercicio de la acción de protección, al haberse interpuesto recién con fecha 23 de junio de 2024, en forma subsidiaria de las reclamaciones y recursos administrativos ante su defendida y toda vez que el resultado no fue favorable.

En efecto, cabe hacer presente que con fecha 8 de febrero de 2024, ya en conocimiento del primer pronunciamiento de su defendida, optó nuevamente por interponer ante la Superintendencia de Seguridad Social, recurso de reposición en contra de la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-S-19869-2024, de 2 de febrero de 2024, lo que reafirma la tesis de la falta de oportunidad en el ejercicio de esta acción constitucional a través de la cual se quiere revertir una situación fáctica de orden médico que aconteció aproximadamente un año atrás.

Agrega que lo anteriormente expuesto, en cuanto a la falta de oportunidad en el ejercicio de la acción de autos, además, está en armonía con el carácter objetivo del plazo de interposición de la acción de protección y que, por lo demás, arranca de su evidente naturaleza cautelar, de tal forma que no puede otorgarse a la misma el carácter de acción subsidiaria de otras reclamaciones o recursos que nuestro ordenamiento jurídico pueda contemplar (V.gr., el recurso de reconsideración o el que – como ocurre en este caso - se puede interponer ante superior jerárquico, ambos contemplados en el artículo 10 del D.F.L. N° 1/19.653, del año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia), lo que está expresamente descartado por el constituyente, de acuerdo con el tenor literal del artículo 20 de nuestra Carta Fundamental. En efecto, para ejercer la acción de protección, atendida su evidente naturaleza cautelar, no es necesario agotar las otras instancias de reclamación o derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, por disponerlo así el artículo 20 de nuestra Carta fundamental ya citado.

EN SUBSIDIO, INFORMA EN RELACIÓN AL FONDO DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN. AUSENCIA DE ACTUACIÓN U OMISIÓN ILEGAL U ARBITRARIA.

I) ANTECEDENTES DEL CASO a) Actuación de la Superintendencia de Seguridad Social en el caso de doña nombre reservado

Como consta en el expediente administrativo que se acompaña en un otrosí la actora, con fecha 30 de agosto del año 2023, recurrió ante la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, reclamando en contra de la MUTUAL DE SEGURIDAD DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN quién mediante RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN EL ORIGEN DE LOS ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LEY 16744, de 27 de julio de 2023, calificó como de origen común la patología de salud mental que presentó y por la que ingresó a la citada Mutualidad de Empleadores con fecha 6 de abril del año 2023, mediante Denuncia Individual de Enfermedad Profesional (DIEP OA), para estudio de posible enfermedad profesional. Lo anterior, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 77 bis de la Ley N° 16.744.

La Superintendencia de Seguridad Social, con la finalidad de resolver adecuadamente la antedicha reclamación, solicitó informe a la MUSEG, respecto de lo obrado en el caso del recurrente.

LA MUSEG, dando cumplimiento a lo ordenado, mediante Carta GAL/5716, de 6 de septiembre de 2023, remitió el informe y los antecedentes médicos del caso solicitado, entre los que se cuenta la ficha clínica del trabajador, el informe de evaluación psicológica y el estudio de puesto de trabajo, haciendo presente que:

“…doña nombre reservado, de 51 años, ingresa a Mutual 06.04.2023, refiriendo que, el alcalde y algunas colegas se reunirían para sacarla de su cargo actual. Indica que, durante el año 2006, el alcalde de ese entonces la dejaría como Directora Subrogante del Departamento de Salud por 8 años, realizando por algunos años doble función también como matrona. Posteriormente, se abre el llamado a concurso y postula quedando como Directora oficial. Luego, ingresaría otro alcalde, quien no demostraría agrado con su cargo, no obstante, no generaría cambios dado a que después comenzaría pandemia, manteniéndose en sus funciones como Directora. En el año 2021, habría reelección y el alcalde nuevamente sería electo, demostrándose mayormente disconforme con comentarios de que cambiaría a los funcionarios y traería a su equipo. Además, no les respondería a las cartas con fecha, timbre y copia a jurídicos, la ignoraba. Menciona que, los funcionarios que serían cercanos al alcalde, tendrían conductas problemáticas, generando un ambiente muy negativo en el trabajo. Sentiría que, buscarían cualquier detalle o algún error para tratar de perjudicarla. Indica que, en el último periodo, se generarían comentarios con cartas en su contra para hacer un sumario, 4 cartas presentarían funcionarias odontólogas para que sea desvinculada. Director comenzó a generar comentarios de que no le servía, retándola muy fuerte, suspendiéndola de sus funciones el 5 de abril 2023.

Al respecto, adjunto podrá encontrar los exámenes y estudios pertinentes que realizamos a la trabajadora, para así establecer si la patología que presenta -Trastorno de Adaptación- tiene carácter laboral, atendido lo establecido en el Libro III, Título III del Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Ley N° 16.744 de esa Superintendencia.

Dentro de dicho proceso, se realizó la Evaluación Psicológica, mediante la cual fue posible establecer que, la personalidad de la trabajadora incide de alguna manera en el inicio de la sintomatología debido a sus rasgos de la personalidad, principalmente obsesivos, en el funcionamiento estructurado, con preocupación por el orden y control, normativo. En este contexto, se concluye la presencia de una personalidad neurótica, con rasgos de personalidad obsesivos, reflejados en un funcionamiento profesional, estructurado, normativa, preocupada por detalles, orden y control.

Como parte de dicho proceso, se realizó el Estudio de Puesto de Trabajo concluyó la ausencia del factor de riesgo “Apoyo social”, según criterio de observación “Conflictos interpersonales recurrentes” y ausencia del factor de riesgo “Liderazgo disfuncional”, en su criterio de observación “Hostilidad de la Jefatura”, respectivamente, en el puesto de trabajo de Directora del Departamento de Salud. En efecto, en las entrevistas realizadas, la totalidad de informantes discrepan de la existencia de una intensidad de exposición al criterio de observación, de esta manera señalan desconocer o no evidenciar conflictos dirigidos a la trabajadora, a su vez, se menciona que distintos dependientes realizarían denuncia en contra de la trabajadora por acoso, malos tratos y hostigamiento laboral.

Por otra parte, la totalidad de informantes señalan desconocer o no evidenciar conductas hostiles dirigida a la trabajadora, así mismo, se desconocer la existencia de menoscabos o relaciones conflictivas con la trabajadora.

ECT informa, respecto de investigaciones y/o sumarios se menciona decretos de sumario administrativo e informe de sumario. Respecto las relaciones interpersonales con sus jefaturas se menciona no se ha presentado ningún antecedente objetivo al respecto, teniendo una relación laboral acorde al cargo que ostentan. Asimismo, no se evidencia problemas con sus pares. Por otro lado, respecto las relaciones interpersonales con sus dependientes existiría evidencia empírica de problemas con sus dependientes, por lo que se inició un sumario administrativo con el fin de dar solución a denuncia de funcionarios a su cargo. En relación a antecedentes sobre los motivos por la cual la trabajadora acudiría a mutual se comenta desconocer los motivos por los cuales la funcionaria acudiría a Mutual, ya que ella se encuentra separada de sus funciones a solicitud de fiscal que lleva sumario administrativo, por denuncia de funcionarios del departamento de salud municipal en contra de la funcionaria, a contar del día 05 de abril del año 2023.

Por lo anterior, el Comité de Calificación de Enfermedad Profesional consideró la aludida patología como común, atendido que, no fue posible establecer una relación de causalidad directa entre la patología diagnosticada y el ejercicio del trabajo de la afectada, derivándola a continuar su tratamiento en su sistema previsional de salud común. En efecto, en el Estudio de Puesto de Trabajo, la totalidad de informantes discrepan de la existencia del criterio de observación de acuerdo con el puesto de trabajo directora del departamento de Salud, exponiendo que la jefatura mantendría una relación cordial y profesional con la trabajadora, señalando desconocer o no evidenciar un mal trato u quejas de la trabajadora a este respecto. Asimismo, exponen que la trabajadora no evidenciaría conflictos con pares o subordinados, sino más bien, se evidenciarían antecedentes empíricos de denuncias de subordinados dirigidos a la trabajadora, acusando de un posible acoso laboral ejercida de parte de la trabajadora hacia sus subordinados…”

Junto a su informe, remitió copia del Informe de Comité Calificación de Enfermedad Profesional, Ficha Médica Calificación de Salud Mental Enfermedades Profesionales, Ficha Evaluación Psicológica Calificación de Enfermedades Profesionales, Evaluación o Estudio de puesto de trabajo (E.P.T.), resolución de calificación (RECA), Solicitud de Evaluaciones de Condiciones Generales del Trabajo, Ficha clínica y DIEP.

Pues bien, la Superintendencia de Seguridad Social, previo estudio de los antecedentes médicos laborales del caso, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-S-19869-2024, de 2 de febrero de 2024, resolvió rechazar el reclamo presentado por doña nombre reservado, por cuanto el diagnóstico evidenciado no tiene relación con el trabajo desempeñado, tratándose de una enfermedad de origen común. Consecuentemente, se declaró que en este caso no procede otorgar la cobertura del Seguro Social de Ley N° 16.744, sino que la del sistema de salud común del trabajador.

En efecto, por el señalado dictamen se hizo presente que: “...este Organismo analizó los antecedentes disponibles, concluyendo que la afección que presentó la persona trabajadora antes individualizada es de origen común, toda vez que no es posible establecer una relación de causa directa, como lo exige el artículo 7° de la Ley N°16.744, entre el trabajo desempeñado y la sintomatología que motivó la atención de salud en dicha Mutualidad. En efecto, no hay elementos suficientes que permitan concluir que los síntomas que la trabajadora asocia a una situación de tensión psíquica encuentren su fundamento en su ocupación, sin que el Estudio de Puesto de Trabajo aludido y otros elementos clínicos hayan identificado un factor de riesgo que explique la sintomatología que ésta presenta...”

Asimismo, se hizo presente al trabajador que, en contra de la resolución ya citada, los interesados podían interponer con nuevos antecedentes Recurso de Reposición ante la Superintendencia de Seguridad Social, dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos, contados desde la fecha de notificación de la presente Resolución, según lo indica en el artículo 59 y 25 de la Ley N° 19.880.

En seguida, doña nombre reservado, con fecha 8 de febrero de 2024, recurrió nuevamente ante la Superintendencia de Seguridad Social, interponiendo Recurso de reposición en contra de la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-S-19869-2024, de 2 de febrero de 2024, la que había ratificado lo obrado por MUTUAL DE SEGURIDAD CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN, declarando como de origen común la patología que presentó y por la que se sometió a estudio a contar del 6 de abril del mismo año.

En esta ocasión, revisado los antecedentes médicos laborales del caso por la DRA. nombre reservado, perteneciente a la Unidad Médica del Dpto. Contencioso Administrativo, dejó constancia del siguiente parecer médico: “…Fundamentos de la resolución: Trabajadora de 51 años, matrona, quien se desempeña como directora de salud. Consultó en MUTUAL por presentar sintomatología que relaciona con conductas de hostilización de la jefatura. Se efectuó estudio clínico y laboral que no corrobora lo denunciado. Se encuentra bajo sumario por posible maltrato hacia trabajadores subalternos. Caso judicializado. Se declaró como nombre reservado confirmado por este organismo. Solicita reposición RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-S-19869-2024 Santiago, 02 / 02 / 2024 Aporta certificado médico y los informes de la denuncia que son favorables a la trabajadora, a pesar de lo cual considero que no hay claridad suficiente para modificar la resolución dada la información del EPT E Común…” (Nota EPT es estudio de puesto de trabajo).

De tal forma, la Superintendencia de Seguridad Social, previo el nuevo estudio de los antecedentes médicos laborales del caso, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-ISESAT-81695-2024, de 24 de mayo de 2024, rechazó el recurso de reconsideración manteniendo a firme su anterior pronunciamiento y la calificación como común de la afección de salud mental que padeció. Lo anterior, por cuanto como se indica en el dictamen en comento: “…los antecedentes disponibles, entre ellos los informes médicos, el estudio de puesto de trabajo, realizados en su oportunidad por la Mutualidad, la propia presentación de la trabajadora y la nueva documentación aportada, fueron todos exhaustivamente evaluados por profesionales médicos de esta Superintendencia, y de este examen no se verifica que existiera una exposición a factores de riesgo de tensión psíquica en el ejercicio del trabajo derivados de un liderazgo disfuncional y/o de mal diseño organizacional que puedan explicar la emergencia de la sintomatología, lo que confirma la Resolución de esta Superintendencia y no permite modificar lo ya resuelto…”

II) Marco normativo que regula la materia de autos.

En relación a la acción constitucional de autos, y para despejar toda duda acerca de la legalidad y evidente motivación del acto impugnado y, por lo tanto, de la falta de fundamentos de la acción de autos, indica que corresponde señalar someramente, respecto de su representada, cuál es su competencia y qué funciones cumple, en particular, respecto del Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidente y Enfermedades Profesionales creado por la Ley N° 16.744.

1.- Competencia de la Superintendencia de Seguridad Social.

La Superintendencia de Seguridad Social debe cumplir con el mandato constitucional en orden a supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

La Ley N° 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, establece la organización y funciones de la Superintendencia de Seguridad Social, estableciendo en su artículo primero que es un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por intermedio de la Subsecretaría de Previsión Social.

En seguida, el artículo 2° establece las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social, entre las cuales se cuentan las siguientes:

“a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.

“c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”

Por su parte, el artículo 3° del ya citado cuerpo legal dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro de su competencia.”

Para cumplir con esta finalidad, el cuerpo legal en comento establece que en su artículo 3° que la Superintendencia de Seguridad Social se organiza funcionalmente en una Fiscalía y las Intendencias de Beneficios Sociales y de Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo ésta última el control y fiscalización del cumplimiento de las normas que regulan el Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

En efecto, a su defendida le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Nº16.395, la fiscalización de las instituciones que administran el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales que se rige por la Ley N° 16.744 y sus reglamentos.

Ahora bien, la materia sobre la que versa la presenta acción, esto es, la calificación de una enfermedad como profesional o común, según se cumplan o no los presupuestos contemplados en la definición del siniestro denominado “enfermedad profesional” contemplada en el artículo 7° de la Ley N° 16.744, las eventuales secuelas que puede dejar en un trabajador y las prestaciones económicas que de ello se deriven, se inserta dentro del sistema de protección creado por el referido cuerpo legal.

2.- En cuanto al Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales La Ley Nº 16.744, publicada en el Diario Oficial el 1º de febrero de 1968, creó el SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO CONTRA RIESGOS DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES.

Las contingencias cubiertas por este Seguro Social son los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, en los términos que están definidos por el legislador en los artículos 5º y 7º, respectivamente de la Ley Nº 16.744. Las personas protegidas por este seguro social están señaladas, principalmente, en los artículos 2º y 3º de dicho cuerpo legal, contemplando, entre otros, a todos los trabajadores por cuenta ajena o dependientes.

La administración de este seguro social corresponde, entre otros, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley Nº 16.744 al Instituto de Seguridad Laboral, como sucesor del Instituto de Normalización Previsional y éste del ex Servicio de Seguro Social, y a las Mutualidades de Empleadores, respecto de los trabajadores dependientes de las entidades empleadoras adheridas a éstas.

Por su parte, el inciso quinto del artículo 12 de la Ley N° 16.744, dispone que: “Las Mutualidades estarán sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social, la que ejercerá estas funciones en conformidad con sus leyes y reglamentos orgánicos.”

En seguida, la materia sobre la que versa la presenta acción, esto es, la calificación de una enfermedad y la determinación del sistema que otorgar las prestaciones médicas y económicas que correspondan, es materia regulada en el artículo 7° de la ley N° 16.744, que creó el Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y sus disposiciones reglamentarias.

Como se explica en el dictamen que resolvió “la reclamación del Sr. nombre reservado” (sic), la determinación de la etiología u origen de una afección, esto es, si tiene origen laboral o común, dependerá si en el caso concreto se cumplen o no los presupuestos contemplados en la definición del siniestro denominado “Enfermedad Profesional”, establecida en el ya citado artículo 7° del también ya citado cuerpo legal. Por esta razón, resulta conveniente hacer una breve referencia al mismo.

3.- Concepto de Enfermedad Profesional El artículo 7º inciso primero de la Ley Nº 16.744 define a la enfermedad profesional como aquella “...causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte.”

De acuerdo con esta definición para que una afección que padezca un trabajador pueda ser considerada como profesional, tiene que estar causada de manera directa por el ejercicio de una labor o profesión determinada (relación de causalidad directa).

Por su parte, el artículo 16 del DS. Nº 109, de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, complementando la antedicha norma legal dispone que: “Para que una enfermedad se considere profesional es indispensable que haya tenido su origen en los trabajos que entrañan el riesgo respectivo, aun cuando éstos no se estén desempeñando a la época del diagnóstico.”

Atendida las normas expuestas, para que una determinada patología pueda ser calificada como laboral es condición “sine qua non” que tenga relación directa con la actividad que el trabajador realice y el riesgo que la misma lleve implícita, lo que en el caso del recurrente se haya podido verificar tal situación.

En consecuencia, no existe ilegalidad o arbitrariedad alguna en el dictamen mediante el cual esta Superintendencia atendió el reclamo del ahora recurrente, más allá de un resultado desfavorable para sus pretensiones, en cuanto no resultó legalmente procedente otorgar la cobertura del seguro social de la Ley N° 16.744, respecto de la enfermedad osteomuscular ya señalada.

5.- Ausencia de derechos vulnerados La parte recurrente señala que esta Superintendencia habría vulnerado las garantías relacionadas con la igualdad ante la ley o el de propiedad reconocidas a todas las personas en los números 2° y 24, respectivamente, del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Respecto de esta última la relaciona con su eventual o hipotético derecho a recibir las prestaciones médicas y económicas que contempla la cobertura del seguro social regulado por la Ley N° 16.744.

En relación con estas imputaciones, hace presente que la confirmación de la calificación como común de “las afección auditiva del paciente” (sic), tiene como consecuencia la determinación del sistema previsional que debe otórgale las prestaciones médicas y económicas que correspondan (pensión de invalidez), pero ciertamente no se han violentado los derechos que el recurrente indica como supuestamente amagados, por cuanto en este caso, la Superintendencia de Seguridad Social, en pos del mandato que tiene en cuanto a supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, debe determinar a cuál sistema previsional (En este caso entre el Seguro Social de la Ley N° 16.744 o el Sistema de Salud Púbico (FONASA) o privado (ISAPRE), debe en definitiva cubrir un estado de necesidad causado por una contingencia como puede ser la enfermedad de salud mental que afectó al trabajador.

En este caso, la Superintendencia de Seguridad Social, previo estudio de los antecedentes médicos laborales del mismo, concluyó que era procedente confirmar el origen común de la afección de salud mental de la recurrente correspondiendo que las prestaciones médicas y económicas sean cubiertas por su sistema de salud común ya sea público o privado. De no haberlo hecho, su defendida habría incurrido en una flagrante ilegalidad, pues no existe antecedente médico – laboral suficiente que avale la tesis sostenida por la parte recurrente como para modificar la calificación que fue realizada por la MUSEG, tras la evaluación y estudio del origen de la enfermedad con diagnóstico de trastorno de adaptación, en los que se incluyó la evaluación psicológica y el estudio de puesto de trabajo para salud mental, de acuerdo con las directrices impartidas por esa institución fiscalizadora.

Tampoco se ha vulnerado el derecho de propiedad del recurrente, respecto de un hipotético derecho a las prestaciones de la Ley N° 16.744, toda vez que para que nazca este derecho e ingrese al patrimonio de una persona, es necesario, qué duda cabe, que se cumplan con los requisitos legales, en este caso, que exista una contingencia cubierta por el seguro social obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, cuestión que por las razones indicadas no media en el caso del “Sr. nombre reservado” (sic) .

Por último, señala que la pretensión de la parte recurrente, en orden a que se modifique la calificación del infortunio de salud que sufrió, fuera de no tener fundamento fáctico de orden médico - laboral, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, y es improcedente en cuanto se trata de discutir los antecedentes fácticos de orden médico – laborales que determinan o no la procedencia a un caso determinado de la cobertura del seguro de riesgos profesionales de Ley N° 16.744, como una manifestación concreta del derecho a la seguridad social, garantía que no está amparada por la acción cautelar que motiva estos autos. Cita jurisprudencia del año 2011.

Acompaña copia de los antecedentes que obran en los expedientes administrativos correspondiente al caso de la Sra. nombre reservado.

A folio 13 informa ROBERTO TORRES REBOLLEDO, abogado, en representación, de MUTUAL DE SEGURIDAD DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN, en los siguientes términos:

Expone que la recurrente, doña nombre reservado, ingresó a Mutual el 06 de abril de 2023, para estudio de enfermedad profesional, refiriendo una situación de hostigamiento en su trabajo consistente en acciones que ejercía el Alcalde como consecuencia de su disconformidad del cargo de Directora del Departamento de Salud Municipal. A partir de aquello, y en virtud a lo dispuesto en el Libro III, Título III del Compendio de normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Ley N° 16.744, de la Superintendencia de Seguridad Social, se efectuaron los exámenes y evaluaciones pertinentes.

En cuanto a la evaluación psicológica de la trabajadora, se logró establecer que la personalidad de la trabajadora tuvo injerencia en la sintomatología que presentaba. Por su parte, el Estudio de Puesto de Trabajo concluyó la ausencia del factor de riesgo “Apoyo Social” y de “Liderazgo Disfuncional”.

Finalmente, el Estudio de Condiciones de Trabajo, había detectado evidencia de investigaciones y/o sumarios iniciados por denuncias de funcionarios a cargo de la recurrente, estando la trabajadora separada de sus funciones por instrucción del fiscal del sumario administrativo, a contar del día 5 de abril de 2023, es decir un día antes de acudir a Mutual.

En virtud de dichos antecedentes y que se acompañan en el presente recurso, el Comité de Calificación de Enfermedad Profesional concluyó que no existe evidencia de una enfermedad profesional, toda vez que no fue posible establecer una relación de causalidad directa entre la enfermedad y el ejercicio del trabajo que realizaba la trabajadora, calificando el origen de dicha patología como común.

Esta conclusión fue confirmada por la Superintendencia de Seguridad Social que mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-S-19869-2024 de fecha 02 de febrero de 2024 que concluyó que no habría elementos suficientes que permitan concluir que los síntomas que la trabajadora asocia a una situación de tensión psíquica encuentren su fundamento en su ocupación, sin que el Estudio de Puesto de Trabajo aludido y otros elementos clínicos hayan identificado un factor de riesgo que explique la sintomatología que ésta presentaba, no procediendo otorgar la cobertura del Seguro Social de la Ley N° 16.744.

Finalmente, señala que el artículo 7° de la Ley N° 16.744 establece que la enfermedad profesional es la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o del trabajo que realiza una persona y que le produzca incapacidad o muerte. Es decir, debe existir entre la enfermedad y el trabajo una relación de causalidad directa, lo que en la especie y en virtud de la evaluación y estudios practicados a la recurrente, fue imposible de concluir.

GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESUNTAMENTE VULNERADAS.

De lo anteriormente expuesto, y sin perjuicio que el recurso no se dirige directamente en contra de su representada, queda de manifiesto que ésta no ha vulnerado garantía constitucional alguna de la recurrente, ya que toda la actuación que efectúan los Organismos Administradores se encuentra regulada y fiscalizada por la Superintendencia de Seguridad Social, institución que debe calificar en última instancia respecto de la procedencia de estas prestaciones, lo que en la especie ha ocurrido.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Denuncia Individual de Enfermedad Profesional tanto de la trabajadora como de su empleador; 2.- Historia Clínica; 3.- Estudio Puesto de Trabajo; 4.- Estudio Condiciones de Trabajo; 5.- Informe sobre los Fundamentos de Calificación; 6.- Resolución de Calificación; 7.- Derivación 77bis; 8.- Resolución Exenta N° R-01-S-19869-2024; 9.- Resolución Exenta N° R-01-ISESAT-81695-2024.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil- o arbitrario -o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, se recurre de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), en razón de la dictación de la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-ISESAT-81695-2024 de fecha 24 de mayo del 2024, mediante la cual se rechazó la reposición deducida por la actora en contra de la resolución N° R-152795-2023, de fecha 02.02.2024, que confirmó la decisión de la Mutual de Seguridad en relación a la calificación de la enfermedad que la afecta como nombre reservado, estimándose por la actora, que el mentado acto es arbitrario e ilegal por la ausencia de justificación o debida ponderación de las pruebas, al resolver sin un motivo adicional al suministrado por la Mutual de Seguridad, sosteniendo que por tratarse de un órgano de la Administración del Estado, debe, además, ceñirse a lo que disponen los artículos 11 inciso 2º y 41 incisos 4º y final, de la Ley N° 19.880, de 2003, que consagran lo que el Derecho Administrativo ha denominado como motivación o fundamentación del acto administrativo, señalándose como vulneradas las garantías constitucionales contempladas en los numerales 1, 2, 9 y 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que, se rechazará la alegación de ser extemporánea la acción deducida que esgrimió la recurrida, toda vez que el acto en contra del cual se interpone el presente recurso de protección fue dictado con fecha 24 de mayo de 2024, de manera tal que se ha accionado dentro del plazo de 30 días que establece el Auto acordado sobre la materia.

Del mismo modo se rechazará la alegación de improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social, toda vez que se ha denunciado, además, la vulneración de los derechos contemplados en el artículo 19 N°s 1 y 2 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, el acto que ha motivado la interposición del presente recurso de protección es la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-ISESAT-81695-2024 de fecha 25 de mayo de 2024, que en su parte considerativa y resolutiva consigna lo siguiente:

“CONSIDERANDO:

Que, con fecha 08 de febrero de 2024 ha recurrido a esta Superintendencia doña nombre reservado, RUN RUT reservado, interponiendo recurso de reposición por la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-S-19869-2024 del 02 / 02 / 2024 de esta Superintendencia, mediante la cual se confirmó el origen común de la afección de salud mental por la que había sido ya calificada previamente de la misma manera por MUTUAL DE SEGURIDAD DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN, de lo que discrepa.

Que, se ha tenido a la vista los antecedentes aportados por la afectada y por MUTUAL DE SEGURIDAD DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN.

Que, de los antecedentes disponibles, entre ellos los informes médicos, el estudio de puesto de trabajo, realizados en su oportunidad por la Mutualidad, la propia presentación de la trabajadora y la nueva documentación aportada, fueron todos exhaustivamente evaluados por profesionales médicos de esta Superintendencia, y de este examen no se verifica que existiera una exposición a factores de riesgo de tensión psíquica en el ejercicio del trabajo derivados de un liderazgo disfuncional y/o de mal diseño organizacional que puedan explicar la emergencia de la sintomatología, lo que confirma la Resolución de esta Superintendencia y no permite modificar lo ya resuelto.

RESUELVO:

Recházase el recurso de reposición por calificación de origen de enfermedad. No procede otorgar la cobertura del Seguro Social de Ley N° 16.744, por tratarse de una patología de origen común.”

QUINTO: Que, consta, del expediente administrativo acompañado por la recurrida, que el antecedente previo a la dictación de la resolución impugnada, lo constituye un documento denominado “Ficha Médica Seguro Laboral”, PROFESIONAL: nombre reservado, fecha última modificación 22-05-2024 que contiene el siguiente acápite:

“Fundamentos de la resolución: Trabajadora de 51 años, matrona, quien se desempeña como directora de salud. Consultó en MUTUAL por presentar sintomatología que relaciona con conductas de hostilización de la jefatura. Se efectuó estudio clínico y laboral que no corrobora lo denunciado. Se encuentra bajo sumario por posible maltrato hacia trabajadores subalternos. Caso judicializado Se declaró nombre reservado confirmado por este organismo Solicita reposición RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-S-19869-2024 Santiago, 02 / 02 / 2024.

Aporta certificado médico y los informes de la denuncia que son favorables a la trabajadora, a pesar de lo cual considero que no hay claridad suficiente para modificar la resolución dada la información del EPTE”.

SEXTO: Que, de esta manera, aparece que la actora acompañó ante la recurrida, antecedentes favorables a sus pretensiones, esto es, certificados médicos expedidos por psiquiatra y psicólogo, que dan cuenta de que su padecimiento sería de origen laboral, acreditando, además, la existencia de denuncias en contra de su empleador, y de sentencias dictadas en sede de justicia laboral, antecedentes aquéllos, que sin embargo, no fueron debidamente ponderados por la recurrida, quien ha adoptado la decisión de rechazar el recurso de reposición deducido por la recurrente, considerando únicamente los antecedentes aportados por la Mutual de Seguridad, toda vez que frente a antecedentes médicos y de otra índole que avalan la pretensión de la actora, se hacía necesario que la recurrida dispusiere la realización de otros exámenes, que pudieran otorgar la claridad necesaria para resolver, tal como se desprende del documento denominado ““Ficha Médica Seguro Laboral”, elaborado por un profesional médico de la Superintendencia de Salud, lo que torna en arbitrario el actuar de la recurrida.

El acto además, deviene en ilegal, en tanto la resolución que se impugna, contraviene la obligación que pesa sobre los órganos de la administración del Estado, de exponer los fundamentos de hecho y de derecho de sus decisiones, al tenor de lo prevenido por los artículos 11 inciso 2º y 41, de la Ley N° 19.880, afectando de esta manera la garantía constitucional del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, en tanto la recurrida no se hace cargo pormenorizadamente de los antecedentes que la actora acompañó para fundar la reposición deducida, por lo que ha de acogerse el recurso de protección, en la forma que se dirá a continuación.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

I. Que SE RECHAZA la alegación de extemporaneidad y de improcedencia de la acción de protección alegada por la recurrida.

II.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, por la dictación de la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-ISESAT-81695-2024 de fecha 25 de mayo de 2024, la que se deja sin efecto, ordenándose que la Superintendencia de Seguridad Social disponga, en el plazo máximo de 30 días, una evaluación médica de la actora por un médico psiquiatra, la que deberá ser practicada en forma presencial, así como todos los exámenes necesarios a fin de determinar el carácter común o laboral de la patología mental que la afecta.

III.- Que, con el mérito de lo anterior y de los demás antecedentes acompañados por la actora, la recurrida deberá dictar un acto administrativo que se pronuncie fundadamente sobre la reposición presentada, debiendo informar a esta Corte.

Regístrese y archívese.

Redactada por la Ministra Suplente Cecilia Subiabre Tapia.

N°Protección-4831-2024 (pvb).