SOCIEDAD DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS LIMITADA con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, veintiséis de marzo de dos mil veinticinco.

VISTOS A folio 1 comparece don Jorge Andrés Abarzúa Henríquez, abogado, en representación, de Sociedad de Manejo Integral de Residuos Limitada, representada legalmente por don nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de doña nombre reservado, y don nombre reservado, todos previamente individualizados.

LOS HECHOS:

Que la Sociedad de Manejo Integral de Residuos Limitada o Ecoescombros Ltda., es una empresa regional, que se dedica a la administración y operación de Centros de Residuos No Peligrosos derivados de la Construcción, que se denominan vulgarmente como “Escombreras”, para lo cual arrienda por un determinado tiempo (no más de 3 a 5 años) retazos de terreno rurales agronómicamente degradados y sin uso agrícola alguno, normalmente antiguos pozos de lastre en desuso, los cuales no presentan utilidad alguna para su propietario ni para la comunidad, generando por el contrario efectos negativos como la aparición de vertederos ilegales, para posteriormente solicitar y obtener todas las autorizaciones sectoriales de funcionamiento de rigor, y una vez ocurrido aquello, proceder a recibir y tratar en dichos centros los residuos en cuestión, los cuales se definen en general como escombros, que son residuos sólidos provenientes de cualquier faena de la construcción o de demoliciones, que tienen la característica de inertes y que no presentan riesgos para la salud de la población ni generan efectos sobre el medio ambiente, por lo que se tratan en general de residuos inactivos, ineficaces e incapaces de reacción, no susceptibles de sufrir ninguna transformación química durante las etapas de recolección, transporte y disposición final, tales como: arcillas, limos, arenas, gravillas, gravas, bolones y sus mezclas, hormigón, mortero, yeso, cal, bloques, ladrillos, tejas, baldosas, cerámicas, losa, vidrios y cristales, y aquellos orgánicos como plásticos, poliestinero expandido, tozos de asfalto, etc.; los mismos son tratados de acuerdo a los requerimientos técnicos que exige el Servicio de Salud, y una vez producido el llenado completo de la capacidad de los pozos, se cubren los mismos con abundante tierra, lográndose así la recuperación agronómica de los terrenos, quedando estos aptos ahora para el desarrollo de labores agrícolas de todo tipo, logrando con ello reintroducir a la comunidad terrenos en óptimas condiciones, los cuales de no mediar aquello se habrían mantenido como terrenos inertes, sin ninguna utilidad para sus propietarios y la comunidad toda, generando por el contrario solo externalidades negativas.

En dicho contexto, mediante escritura pública de fecha 13 de Septiembre de 2011, celebrada ante el Notario Público de Temuco don nombre reservado, se celebró entre don nombre reservado, en calidad de arrendador; y Sociedad de Manejo Integral de Residuos Limitada, o Ecoescombros Ltda., (nombre de fantasía), en calidad de arrendataria, contrato de arrendamiento respecto de un terreno de 200 mts. de largo, por 150 mts. de ancho aproximadamente, descrito como ex pozo lastre o pozo de extracción de áridos en desuso, que forman parte del inmueble denominado Huallizada, ubicado en el lugar Llancahue, Km. 13, camino Pitrufquén – Toltén, de la comuna de Pitrufquén, cuyo rol de avalúo fiscal es el 314-132 de la comuna de Pitrufquén, y el cual figuraba inscrito a fojas 847 vta., N° 1.098, del Registro de Propiedad del año 1995 del Conservador de Bienes Raíces de Pitrufquén, dicho arriendo comprendía, según lo pactado en el contrato, el poder transitar libremente por la parte norte del pozo, que corresponde al ingreso al predio referido para los fines que se pactó el contrato de arriendo.

En el contrato ya referido, se dejó constancia que el contrato se celebraba por la necesidad por parte de Ecoescombros Ltda., de implementar un Sistema de Disposición Final de escombros enfocado en el manejo integral de residuos de la construcción, apegándose al Código Sanitario y Ordinario A 24 N° 350 de 21 de Febrero de 2012.- Asimismo en la cláusula segunda de dicho contrato, se estableció que Ecoescombros Ltda., utilizaría la propiedad arrendada, al desarrollo de su actividad comercial, dedicada específicamente al manejo de residuos de la construcción, disposición de escombros y manejo de vertedero industrial.

En virtud de lo expuesto, mediante Resolución Exenta N° A-20000865 de fecha 16 de enero de 2013, la Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región de La Araucanía, aprobó y autorizó el funcionamiento del Centro de Disposición Final de Residuos No Peligrosos, denominada “Escombrera Huallizada, administrada por Ecoescombros Limitada, ubicado en Km. 13, camino Pitrufquén a Toltén, de la comuna de Pitrufquén, que corresponde al terreno arrendado, antes señalado.

En la cláusula Décima del contrato en cuestión, las partes acordaron lo siguiente: “DECIMO: Las labores de cierre y limpieza de matorrales perimetrales al pozo serán de exclusiva responsabilidad Ecoescombros Ltda. (Colocando estacas cada dos coma cinco metros. Y una malla cincuenta catorce de uno coma veinte metros de alto para los frentes, y los deslindes y alambre de púas. - Y además se compromete la parte arrendataria a construir dos portones metálicos de dos hojas cada uno, donde cada hoja tendrá dos coma cinco metros de largo y serán adaptados para evitar el pazo de animales menores”.

En cumplimiento de lo acordado la actora, previo al comienzo de sus faenas realizo el cercado perimetral del retazo de terreno arrendado, quedando por tanto perfectamente delimitado la porción de terreno en cuestión; cierre que no ha variado en todos estos años de duración del contrato.

Asimismo, la renta de arrendamiento fue pactada de manera mensual, según consta en clausula quinta del contrato, la cual ha sido pagada en los plazos y condiciones acordados en el contrato por parte su parte, cumpliendo tanto con todas las obligaciones contractuales, de mantención de caminos, propiedad arrendada y cumplimiento de las obligaciones sanitarias y ambientales respectivas, siendo por tanto, a su entender, a la fecha un contratante diligente; incluso, habiéndose ya terminado el uso comercial de la Escombrera, hace ya 4 años aproximadamente, al haberse completado la capacidad completa del pozo, se sigue pagando el arriendo, debido a que aún no es posible finiquitar el protocolo de cierre y abandono de la Escombrera, debido al actuar ilegal y/o arbitrario de los recurridos.

Según consta de certificado de defunción, con fecha 05 de Octubre de 2013 el arrendador, don nombre reservado, fallece; pasando por tanto, la propiedad en la cual se encuentra el retazo de terreno arrendado a sus herederos y continuadores legales, en este caso sus hijos, ya que este era viudo.- Justamente la recurrida doña nombre reservado, es hija del arrendador, y por tanto, ahora propietaria del retazo de terreno objeto del contrato, y quien por expresa disposición de la ley, se encuentra obligada a respetar este, tanto además, porque el contrato consta por escritura pública, y porque ella formo parte del mismo, ya que en su cláusula Decimo Primera se estipuló lo siguiente: “DÉCIMO PRIMERO: Mandato, por el presente instrumento el arrendador faculta a doña nombre reservado, publicista, cédula de identidad número nueve millones ochocientos veintidós mil trescientos cincuenta guión nueve, y a don nombre reservado, agricultor, cédula de identidad número ocho millones ochocientos setenta y dos mil trescientos veintiuno guión K, ambos casados y domiciliados en domicilio reservado, Parque Alcántara de la comuna de Temuco, para que en su nombre y representación cobre y perciba el canon de arriendo pactado en el presente contrato, otorgando el respectivo recibo de dinero..- Además faculta para que negocie las demás cláusulas del presente contrato y futuras relaciones contractuales relevantes al terreno objeto del presente contrato”.

Es decir, la recurrida en comento estaba plenamente en conocimiento del contrato, ya que era quien recibía, en nombre del arrendador, el monto de arriendo pactado; por ello, esto es por aplicación de lo dispuesto en el artículo 1.962 del Código Civil, y por haber sido ella también participe del contrato de arrendamiento, a dicha recurrida le sigue afectando y obligando lo pactado en el contrato de arrendamiento celebrado.

Pese a todo ello, esto es a existir un contrato de arrendamiento celebrado por escritura pública plenamente vigente, y haber el recurrente cumplido con todas y cada una de sus obligaciones contractuales, y pese a que el contrato establece expresamente el derecho del arrendatario para transitar libremente por el camino de acceso al pozo, los recurridos, decidieron en su momento, en un acto claramente ilegal y arbitrario, impedir el uso de dicho camino de acceso al pozo, colocando cadenas con candados en el portón de acceso al camino en cuestión, lo que impidió usar el pozo justamente para los fines para los que fue contratado el arriendo, esto es, el depósito de desechos, ya que los camiones no podían entrar, así como tampoco ninguna persona de la empresa, dicha situación de cierre unilateral, ilegal y arbitrario, motivo la interposición por parte de la actora, de un Recurso de Protección por dichos hechos, el cual quedo bajo el Rol de Ingreso de esta Corte 4927-2016, el cual fue fallado favorablemente para su parte, dando por acreditados dichos hechos y ordenando a los recurridos que debían permitir a la parte recurrente, el acceso libre de todo obstáculo al predio arrendado.

Que si bien, la interposición del recurso de protección antes referido y el fallo del mismo por parte de este Tribunal, provoco en parte el cese de las hostilidades por los recurridos, al menos en orden a impedir u obstaculizar el ingreso al predio arrendado, estos han mantenido a la fecha una actitud beligerante y agresiva, haciendo uso y abuso de falsas denuncias ante la autoridad medioambiental y sanitaria, ninguna de las cuales ha podido dar por acreditado nada de lo denunciado, pero ha obligado a su representada a tener que invertir tiempo y recursos en defenderse de estas falsas acusaciones.

Lo anterior habría encontrado su corolario, en los últimos hechos acaecidos, consistentes en que los recurridos están impidiendo por la fuerza, con vías de hecho y agresiones verbales, el acceso al terreno aun objeto del arriendo, de los camiones que llevan la tierra necesaria para terminar las labores de cierre de la escombrera, al haber alcanzado esta ya su totalidad de capacidad, impidiendo así dar cumplimiento a lo que la autoridad sanitaria establece en estas materias.

Dice que con fecha 29 de mayo de 2019, se le envió un correo electrónico a los recurridos, adjuntándoseles una carta de aviso de inicio del plan de cierre y abandono del Centro de Disposición Final de Residuos No Peligrosos, ubicada en domicilio reservado, dado que se había agotado la capacidad autorizada de ingresos al mismo, de acuerdo a lo prevenido en la Resolución Sanitaria que autorizó su funcionamiento, debiéndose dar así inicio al protocolo de cierre, establecido en el Código Sanitario, Decreto Supremo N° 189 del MINSAL, y el numeral 3.5 de la Resolución Sanitaria N° A20000865: “3.5 Una vez agotada la capacidad de acopio del sitio de disposición, se procederá a ejecutar plan de cierre, el cual consistirá en: - Retiro de la totalidad de las maquinarias e infraestructuras. - Reparación de la superficie vegetal. - Plantación de especies arbóreas en la superficie vegetal y entorno. - Reforzamiento del cierre perimetral. - Seguimiento por un año de los monitoreos de aguas subterráneas, de la cobertura vegetal y del lugar de disposición de los residuos”.

El cumplimiento del protocolo de cierre, sobre todo en los puntos 2 al 4, requiere inexorablemente, después de la última capa de escombros, rellenar con una capa de estabilizado, y posteriormente capas de tierra, como cobertura final, para recién poder plantar especies arbóreas, para ello su representada ha tenido dificultades, desde la cantidad de material que necesita, casi 5.000 m3 de relleno, la poca disponibilidad del mismo, las restricciones de la pandemia, para sumar a ello, el constante hostigamiento de los recurridos, sin perjuicio de lo cual, su representada logro conseguir con una empresa que desarrolla labores de mejoramiento en la Ruta 5 Sur, Constructora Vas Infraestructura S.A., la cantidad de 3.000 m3 de tierra para relleno, como consta en la Solicitud de Relleno a Predio Particular, enviada a la empresa con fecha 30/01/2024, por la hasta ese entonces, trabajadora a honorarios de la empresa, que prestaba servicios externos de asesoría en dicho proceso de cierre, doña nombre reservado; asimismo, constan los correos electrónicos de respuesta enviados desde la empresa, confirmando dicha situación.

Posteriormente a esta situación, la trabajadora a honorarios doña nombre reservado, informa a la empra Ecoescombros, que las hostilidades y obstáculo continúan.

Como se podrá apreciar las actitudes de los recurridos tendientes impedir y entorpecer las labores de relleno y cierre de la Escombrera ubicada en el sector Huallizada de la comuna de Pitrufquén, no tan solo atentan contra el derecho de propiedad de su representado, en cuanto el contrato de arrendamiento sigue aún vigente y pagándose mensualmente la respectiva renta, sino que también, le impiden el poder dar cumplimiento a sus obligaciones legales y reglamentarias con el Servicio de Salud Araucanía Sur, puesto que a la fecha, debido a este actuar ilegal y/o arbitrario, no ha podido dar cumplimiento al protocolo de cierre y abandono de la escombrera, siendo los mismos recurridos quienes, por una parte, impiden y obstaculizan dar cumplimiento al protocolo de cierre y abandono, y por otra, denuncian ante la entidad fiscalizadora (Servicio de Salud Araucanía Sur), el supuesto incumplimiento por parte de la recurrente a dicho protocolo de cierre y abandono de la escombrera.

Por último también debe tenerse presente que los recurridos, al ser vecinos colindantes del terreno arrendado por la actora, como este se encuentra con su plena capacidad de llenado, según lo ya expuesto, y teniendo presente que son los mismos recurridos quienes impiden el ingreso de camiones a la escombrera para el relleno final de esta de acuerdo al protocolo de cierre, se han aprovechado de tal situación, para destruir parte de los cercos que delimitan la escombrera, lo que provoca que sus propios animales ingresen a dicho sitio, para después, acusar a su parte, ante la autoridad sanitaria de incumplimientos y perjuicios causados, lo cual no sería posible, ya que el tipo de malla con la cual se delimitó el perímetro del pozo arrendado, es un tipo tal que solo por la fuerza aplicada directa e intencionadamente por alguna persona se puede destruir, siendo imposible que animales vacunos puedan por si solos derribarla..

EL DERECHO:

Artículo 1962 del Código Civil: “Estarán obligados a respetar el arriendo: 1° Todo aquel a quien se transfiere el derecho del arrendador por un título lucrativo; 2° Todo aquel a quien se transfiere el derecho del arrendador, a título oneroso, si el arrendamiento ha sido contraído por escritura pública; exceptuándose los acreedores hipotecarios; 3° Los acreedores hipotecarios, si el arrendamiento ha sido otorgado por escritura pública inscrita en el Registro del Conservador antes de la inscripción hipotecaria”. A este respecto cabe destacar que el N° 1 de este artículo se refiere a que el contrato de arriendo debe ser respetado y por tanto obliga a todos aquellos que recibieron su derecho del arrendador sin mediar una contraprestación de su parte. En estos casos, el derecho sólo significó una utilidad en su patrimonio. Es decir, la obligatoriedad para doña nombre reservado, del contrato de arriendo aún vigente y por tanto de respetar el mismo, nace justamente de esta norma, en el caso del recurrido don nombre reservado, más aun nace del simple hecho de que debe respetar un contrato del cual, en cuanto al fondo es un tercero, sin derecho alguno en la propiedad por lo que malamente puede disponer de ella, o realizar actos de invasión o fuerza como el que motiva el presente recurso.

Que respecto de la obligatoriedad de respetar un contrato de arriendo por parte de los herederos del arrendador, como en este caso lo es doña nombre reservado, cabe señalar que la muerte del arrendador no está establecida como causal de término de contrato de arriendo ni en las normas del Código Civil al respecto, ni en las disposiciones del Decreto Ley N° 993 sobre arrendamiento de predios rústicos, ni tampoco el contrato en comento la contempla; por lo tanto, a la muerte del arrendador, como en este caso, los herederos del arrendador estarán obligados a respetar el contrato de arriendo, de conformidad al artículo 1962, N°1 del Código Civil.

Artículo 1924 del Código Civil: “El arrendador es obligado: 1° A entregar al arrendatario la cosa arrendada; 2° A mantenerla en estado de servir para el fin a que ha sido arrendada; 3° A librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa arrendada”.- Así las cosas de acuerdo a lo expuesto, existe una clara transgresión a la norma del numeral 3° de esta disposición legal, toda vez que en este caso claramente se le está turbando al arrendatario del goce de parte de la cosa arrendada, pues el contrato sigue vigente, sin perjuicio que la actora ya no puede usar la Escombrera como tal, pues esta llego a su plena capacidad, pero aún no puede dar cumplimiento al protocolo de cierre y abandono, por el actuar ilegal y/o arbitrario de los recurridos, por lo tanto, sigue pagando mes a mes a los mismos recurridos el monto correspondiente al arriendo, de esta forma, podría concluirse que el actuar de los recurridos tiene como único fin y propósito prolongar la vigencia de este contrato, y así seguir obteniendo el monto de arriendo mensual, así el actuar de los recurridos importa, por tanto, perturbación y embarazo al arrendatario en el uso y goce de la especie arrendada, cuya protección se impone al arrendador, y por tanto a sus herederos y continuadores legales en caso de fallecimiento del arrendador, encontrándose aún el contrato vigente como en este caso, según lo prevenido por el numeral 3° de la norma ya citada.

Artículo 1.545 del Código Civil: “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales” y Artículo 1.546 del Código Civil: “Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella”.

En el contexto descrito, al existir un contrato de arriendo, la conducta en especial de la recurrida doña nombre reservado, en su calidad de heredera y continuadora legal del arrendador, y por tanto obligada a respetar el contrato, se encuentra subordinada a los principios de la ley del contrato del 1.545 y de la buena fe del 1.546, a través de los cuales se articulan diversos intereses de los contratantes, entre ellos, el de lealtad y justicia conmutativa, entendido el primero de ellos como la legitima exigencia al contratante de consideraciones a los intereses del otro y que supone, por cierto, la oportuna, correcta y clara información del contenido de las prestaciones y sus modificaciones, el segundo, como la búsqueda de cierta equivalencia entre aquello que se da y lo que se recibe.

Entonces, la actitud de los recurridos, en orden a impedir, obstaculizar y entorpecer la labores de cierre y abandono de la Escombrera de Huallizada, y dar cumplimiento así a las obligaciones legales y reglamentarias que rigen en la materia, afectan los principios de la ley del contrato y de la buena fe, pues solo se limita a realizar una conducta de hecho que restringe en forma caprichosa y antojadiza, el ejercicio del derecho de goce que la recurrente tiene sobre el predio arrendado, ello lo es en ausencia de todo elemento que la justifique de toda racionalidad y buena fe, aprovechándose de una situación de prerrogativa; por lo que tal conducta no puede sino ser calificada de arbitraria e ilegal, justamente por el incumplimiento de toda la normativa legal hasta aquí referida.

Artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República: “La Constitución asegura a todas las personas: N° 24 El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”. El derecho de propiedad por definición está compuesto por 3 atributos bases, uso, goce y disposición, todos los cuales en conjunto o separadamente, de acuerdo con la definición amplia dada por la referida norma, se encuentran amparados con protección constitucional.

Por su parte el artículo 1915 del Código Civil define al arrendamiento como: “… contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado”; de esta manera tratándose, como en el caso en comento, de un contrato de arrendamiento de bien raíz rural, lo que el arrendador entrega al arrendatario es el goce de su propiedad, y de todos los derechos que en el contrato se especifiquen, y elemento básico de todo contrato de arriendo es la entrega al arrendatario para el goce de una determinada porción de terreno, de esta manera, resultaría claro que la actora poseería, mientras el contrato siga vigente, mientras un Tribunal de Justicia no declare lo contrario, el goce de todo el retazo de terreno en cuestión y que se encuentra ya debidamente cercado y delimitado; o si se puede mirar desde otro punto de vista, poseen un derecho de propiedad temporal (limitado al tiempo del contrato) sobre este derecho de goce entregado a ellos, legitimo goce y legítimo derecho de propiedad sobre este goce, que ha sido perturbado, mediante el actuar ilegal y arbitrario de los recurridos.

Artículo 20 de la Constitución Política de la República: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

El actuar de los recurridos, al impedir, obstaculizar y entorpecer las labores de cierre y abandono de la Escombrera de Huallizada por parte de la recurrente, y dar cumplimiento así a las obligaciones legales y reglamentarias que rigen en la materia y la obligan, constituiría un actuar ilegal y arbitrario; ilegal puesto que pese a existir un contrato actualmente vigente de arrendamiento, celebrado por escritura pública, por el cual ya se ha pagado y se está pagando en tiempo y forma la renta o canon de arrendamiento y se ha dado integro cumplimiento por parte de la arrendataria a todas sus obligaciones contractuales y legales del caso, ellos procurándose justicia “por propia mano”, y a título que esta parte aún ignora, impiden el legítimo goce de la propiedad arrendada por parte de su representada, actuando claramente al margen de la ley, ello en contravención a toda la reglamentación civil ya referida anteriormente; y arbitrario, por cuanto resulta un actuar caprichoso, sin motivo.

Por ello pide, tener por entablada acción de protección constitucional en contra de doña nombre reservado, y don nombre reservado, acogerlo a tramitación, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurarle a su parte, la debida protección en el ejercicio de sus derechos constitucionales, y en definitiva, declarar como ilegal y/o arbitrario las conductas de los recurridos tendientes a impedir, obstaculizar y entorpecer la labores de cierre y abandono de la Escombrera de Huallizada, en especial el ingreso y salida de camiones de dicho terreno objeto del arriendo con material de relleno, y dar cumplimiento así a las obligaciones legales y reglamentarias que rigen en la materia, ordenando a los recurridos cesar en dicho actuar ilegal y arbitrario, obteniéndose en el futuro de realizar cualquier acción similar, o de cualquier índole o naturaleza, que perturbe, embarace o amenace su goce sobre todo el terreno arrendado; todo ello con expresa condenación en costas.

Acompaña: copia correo electrónico enviado por don nombre reservado de la empresa Constructora Vas Infraestructura S.A., desde la casilla correo reservado a doña nombre reservado a la casilla correo reservado, con fecha 08 de febrero de 2024. Copia correo electrónico enviado por doña nombre reservado, desde la casilla correo reservado, a la recurrente, a la casilla correo reservado, con fecha 27 de febrero de 2024. Carta de solicitud de relleno a predio particular, enviada por doña nombre reservado, en representación de la recurrente a la empresa Constructora Vas Infraestructura S.A., solicitando la cantidad de 3.000 m3 de materia de relleno para el proceso de cierre y abandono de la Escombrera de Huallizada. Copia correo electrónico enviado por doña nombre reservado, encargada, en su minuto, de administración de la empresa recurrente, desde la casilla correo reservado, a los recurridos a la casilla correo reservado, con fecha 29 de mayo de 2019, informando oficialmente del comienzo el proceso de cierre y abandono de la Escombrera de Huallizada. Carta enviada a los recurridos con fecha 28 de mayo de 2019, informando sobre el inicio del proceso de cierre y abandono de la Escombrera. Copia autorizada de contrato de arrendamiento celebrado con fecha 13 de septiembre de 2011 ante el Notario Público de Temuco don nombre reservado, el cual figura bajo el Repertorio N° 6496 de dicha Notaria. Certificado de defunción de don nombre reservado. Certificado de nacimiento de doña nombre reservado. Certificado de matrimonio de doña nombre reservado y don nombre reservado. Copia escrita de contestación de Acta de Fiscalización N° 140899 del 04 de enero de 2024, enviado por la empresa recurrente al Servicio de Salud Araucanía Sur, por sumario iniciado ante denuncia de uno de los recurridos. Resolución Exenta N° A20000865 de fecha 16 enero de 2015, de la Secretaría Regional Ministerial de Salid de la Región de La Araucanía, mediante la cual se autoriza el funcionamiento del Sitio de Disposición Final de Residuos de la empresa recurrente, ubicado en el sector Huallizada de la comuna de Pitrufquén, y que en los puntos 3.5, 3.6 y 3.7, establece el protocolo y obligaciones a cumplir en el proceso de cierre y abandono de la Escombrera, una vez que se haya utilizado la capacidad total de relleno de esta.

A folio 11 comparece don Hector Campos Maldonado, abogado, en representación de doña nombre reservado y de don nombre reservado, informando lo siguiente:

Estima que el presente recurso de protección está siendo usado equivocadamente por parte de la Sociedad de Manejo Industrial de Residuos Limitada, para un objeto que no fue establecido en nuestro ordenamiento constitucional, desvirtuándolo jurídicamente en forma completa, con un total desconocimiento del origen y objeto del mismo, motivo en virtud del cual, debe ser declarado improcedente.

En efecto, en el recurso se hace una mezcla de actos, omisiones, ocurridos en diversas etapas y ocasiones, que resulta difícil entender que es lo reclamado de protección, en definitiva y que impide una adecuada defensa. Se indica así, una serie de fechas y actuaciones sin ninguna relación con un contrato de arrendamiento, no suscrito por sus representados, como si este existiera jurídicamente y que hubiere un incumplimiento comprobado judicialmente.

En primer lugar, después de señalar la existencia de un Recurso de Protección fallado a su favor, expresa el actor: “Que si bien, la interposición del recurso antes referido y el fallo del mismo por parte de este Ilustrísimo Tribunal, provocó en parte el cese de las hostilidades por parte de los recurrido, al menos en orden a impedir u obstaculizar el ingreso al predio arrendado, estos han mantenido a la fecha una actitud beligerante y agresiva, haciendo uso y abuso de falsas denuncias ante la autoridad ambiental y sanitaria, ninguna de las cuales ha podido dar por acreditado nada de lo denunciado, pero ha obligado a su representada a tener que invertir tiempo y recursos en defenderse de estas falsas acusaciones. Lo cual ha encontrado su corolario en los últimos hechos acaecidos, consistentes en que los recurridos estén impidiendo por la fuerza, con vías de hecho y agresiones verbales el acceso al terreno aun objeto del arriendo, de los camiones que llevan la tierra necesaria para terminar las labores de cierre de la escombrera, al haber alcanzado esta ya su totalidad de capacidad, impidiendo así dar cumplimiento a lo que la autoridad sanitaria establece en estas materias”.

Sobre este punto, las siguientes consideraciones:

Si existe en realidad un fallo judicial, y éste no está siendo cumplido por las partes, el presente recurso constitucional, no es la vía legal para solicitar su ejecución y/o cumplimiento, siendo por ende improcedente.

El haber efectuado denuncias ante la autoridad ambiental y sanitario, es un derecho de su parte y de ninguna forma puede ser considerado como una actuación arbitraria y menos ilegal, el ejercicio de tales actuaciones, siendo a su respecto improcedente.

Resulta contradictorio, lo expresado por el recurrente en orden a señalar que se impide la entrada de camiones a la “escombrera”, en circunstancia que la misma parte reconoce que ella está en la totalidad de capacidad. Entonces, si esta con su capacidad total, no es necesario que entren camiones para llevar más escombros, así ha quedado fijada su posición jurídica, no pudiendo violar luego el principio de los actos propios.

En relación con los plazos para deducir este presente recurso de protección, los recurrentes, no señalan ninguna fecha u época en que ellos hubiesen ocurrido, por lo que el presente recurso resulta absolutamente extemporáneo.

En segundo lugar, en los números se hace alusión a diversos correos de fechas 29 de mayo de 2019, 08 de febrero de 2024, los cuales evidentemente no son actos agraviantes y en todo caso, suponen un conocimiento cierto de los hechos por parte de los recurrentes, lo que trae como consecuencia, que el presente recurso es absolutamente extemporáneo.

En tercer término, en se dice por el actor: “…que los recurridos al ser vecinos colindantes del terreno arrendado por mi representado, como este se encuentra con su plena capacidad de llenado, según lo ya expuesto, y teniendo presente que son los mismos recurridos quienes impiden el ingreso de camiones la escombrera para el relleno final de esta de acuerdo al protocolo de cierre, se han aprovechado esta situación para ellos mismos destruir parte de los cerco que delimitan la escombrera, lo que provoca que sus propios animales ingresen a este sitio, para después acusar a su representada ante la autoridad sanitaria…”. Expone que sus representados, niegan los hechos señalados, en orden a que rompan sus propios cercos para permitir el ingreso de sus animales. Además, ellos no son los únicos colindantes del predio, que dice tener arrendado el recurrente. Se reitera, lo señalado en orden a que el predio está a su máxima capacidad, por lo que no se observa la necesidad de seguir ingresando camiones.

Por último, el recurrente no señala cuando habría ocurridos estos supuestos hechos, de tal forma que el recurso resulta extemporáneo.

Por otra parte, señala que su parte, desde ya desconoce la existencia de la vigencia del referido contrato de arrendamiento, el cual habría terminado por el fallecimiento del arrendador conforme al artículo 1950 N°3 del Código Civil. Lo anterior, también quedó claro en la sentencia de fecha 29 de agosto de 2016 en causa Rol N°4927-2016, que señala: “Quinto: Que necesario es señalar, en forma previa, que tienen razón ambas partes cuando sostienen en sus presentaciones, que cualquier decisión en relación a la vigencia del contrato de arrendamiento, ha de ser materia de un juicio de lato conocimiento, por cuanto la acción de protección no es un juicio declarativo”. Se agrega a lo anterior, la circunstancia que los recurrentes señalan como únicos dueños a sus representados, en circunstancia que no se menciona nada sobre la posesión efectiva de don nombre reservado, desconociéndose así, en forma jurídica, quienes serían sus continuadores legales y supuestamente arrendadores y por ende, legitimarios pasivos de este recurso.

Refiere que habría una circunstancia no sujeta a discusión, como es el hecho, que don nombre reservado, no es heredero o cesionario de don nombre reservado, por lo tanto, no tiene tampoco, la calidad de legitimado pasivo de este recurso. Por su parte, respecto de doña nombre reservado, se reitera la circunstancia que no tiene la calidad de arrendadora, y tampoco de propietaria exclusiva del predio sujeta del supuesto contrato de arrendamiento. A lo anterior, se debe agregar el hecho, que el supuesto terreno arrendando posee diversos deslindes, no exclusivamente, con sus representados, de tal forma que los eventuales cortes a los cercos no necesariamente pueden deberse a acciones de sus defendidos, señalando desde ya que los cercos rotos, corresponden a un sector que deslinda con otro propietario.

En el artículo 20 de la Constitución Política de la República se expresa que está legitimado para interponer el recurso: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”, en tanto el N° 2 del Auto Acordado de esta Corte dispone que: “El recurso se interpondrá por el afectado o por cualquier otra persona en su nombre…”. Todo lo anterior, no hace sino confirmar que mis representados, carecen de legitimación pasiva en la presenta acción constitucional.

En cuanto al derecho reclamado. Los recurrentes, fundan su recurso en diversas disposiciones legales, tales como el artículo 1962 del Código Civil, confundiendo los conceptos de “transferencia” con “transmisión”, para tratar de concretar un derecho indubitado como arrendatario. Basta la negación de la existencia del contrato de arrendamiento, para que este derecho indubitado no exista. Señala además que los herederos del arrendador deben respetar el supuesto contrato, sin señalar quienes son y donde consta dicha calidad. Lo anterior, refuerza además la falta de legitimación pasiva.

Desde ya no resulta aplicable a la especie los artículos 1924 y 1545 del Código de Bello, ya que ello supone un contrato y su incumplimiento, lo cual se niega por su parte. En todo caso, toda la discusión sobre el cumplimiento o incumplimiento de un contrato no es materia de un recurso de protección. Sin perjuicio de no señalar en forma específica, cual es el acto u omisión que eventualmente afecta sus eventuales derechos, señala que éstos supuestos derechos afectados, no existen. Como puede apreciarse los recurrentes no tendrían un derecho indubitado respecto de aquella parte del terreno que ocupan, por cuanto su título es cuestionado en esta causa. No teniendo un derecho indubitado, no procede que se acoja el presente recurso de protección en la forma planteada.

Por otra parte, indica acorde a lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, el recurso de protección tiene por objeto que la Magistratura adopte de inmediata las providencia que juzgue necesario para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. En forma reiterada, se ha sostenido que este arbitrio no tiene por objeto el reconocimiento de derechos, la declaración de cumplimiento o incumplimiento de contratos.

En el presente caso, se pretende respecto de su representada, que el Tribunal declare materia relativa a dar cumplimiento al contrato de arrendamiento invocado por la actora, lo que debe ser conocido en un procedimiento distinto, completamente ajeno al presente recurso de protección.

Así las cosas, el recurso intentado no es la vía idónea para resolver la controversia surgida entre el actor de protección y sus representados, toda vez, que la litis trasciende los fines de la acción de protección de garantías constitucionales y no se condice con el carácter extraordinario y de tramitación breve y urgente que tiene este arbitrio, determinan que no sea procedente este arbitrio para sustituir acciones o procedimientos ordinarios o especiales en los que deban ventilarse y decidirse cuestiones relativas a turbación del dominio o amenazas, siendo que la situación de la especie se refiere a una materia propia de un juicio de lato conocimiento, de modo que no es ésta la vía para decidir sobre temas que deben acreditarse sobre la base de escueta información que proporciona el recurrente.

Solicita negar lugar al recurso, con costas.

Acompaña: Copia de la inscripción de fojas 847 vuelta N°1098 del año 1995 del CBR de Pitrufquén a nombre de don nombre reservado. Fotografía con indicación de la ubicación del pozo, la casa, y de los vecinos. Denuncia sobre rotura de cercos por parte de los vecinos.

A folio 34 comparece doña nombre reservado, Superintendenta del Medio Ambiente (S), informando lo que sigue: que en la causa de protección rol N°648-2021, se efectuaron una serie de actividades de fiscalización para evaluar una eventual elusión del proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (“SEIA”). De conformidad con lo anteriormente señalado, personal de fiscalización de la SMA visitaron el lugar los días 03 de marzo y 26 de mayo de 2022. Además, se realizaron requerimientos de información al titular y la remisión de los antecedentes a la Seremi de Salud de la Araucanía, para que procediera conforme a sus competencias. De los resultados de dichas actividades de inspección ambiental y de la revisión documental efectuada, se pudo concluir que el proyecto “Escombrera Ecoescombros”, de la empresa Sociedad de Manejo Integral de Residuos Ltda, no requiere ingresar a evaluación ambiental, por no configurarse alguna de las tipologías de ingreso, asociadas al artículo 3° del D.S. N°40/2012 del Ministerio de Medio Ambiente (MMA), Reglamento del SEIA, en específico, la dispuesta en el subliteral o.8) de tal artículo. Precisamente, el subliteral o.8) del artículo 3° del Reglamento del SEIA, exige la evaluación ambiental obligatoria de los sistemas de tratamiento, disposición y/o eliminación de residuos industriales sólidos con una capacidad igual o mayor a treinta toneladas día de tratamiento o igual o superior a cincuenta toneladas de disposición. No obstante, en la especie, se concluyó que los residuos recibidos no tienen el carácter de industriales, según lo establecido en el D.S. N°549/1999 del MINSAL, no concurriendo uno de los supuestos basales de la causal enunciada. En dicho sentido, también se pronunció el Servicio de Evaluación Ambiental (“SEA”) a propósito de una consulta de pertinencia, en Resolución Exenta N°198/2016, de fecha 16 de septiembre de 2016, resolviendo que “el proyecto no está obligado a ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, dado que no cumple con alguno de los literales establecidos en la legislación ambiental”.

El análisis y conclusiones derivadas de las actividades de fiscalización quedaron consignados en Informe Técnico de Fiscalización Ambiental DFZ-2022-1776-IX-SRCA, adjunto para su consulta y disponible en Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental, a través del siguiente enlace: https://snifa.sma.gob.cl/Fiscalizacion/Ficha/1055513.

Finalmente, se cumple con informar que, a la fecha, el servicio no tiene información respecto de nuevas denuncias asociadas a los hechos consultados.

A folio 37 informa don nombre reservado, SEREMI de salud, señalando lo siguiente:

Mediante Resolución Exenta N° A20-000865, de fecha 16.01.2013, se aprobó y autorizó el funcionamiento del “Sitio de Disposición Final de Residuos”, ubicado en Km.13 camino Pitrufquén Toltén, comuna de Pitrufquén, de, bajo la responsabilidad de Ecoescombros Ltda., RUT N° RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, Cédula de Identidad N° RUT reservado.

Que, de acuerdo con el numeral 3.5 de la resolución individualizada precedentemente, se informa que una vez agotada la capacidad de acopio del sitio de disposición, se procederá a ejecutar plan de cierra, según se indica.

Que, a la fecha, el sitio de disposición se encuentra cerrado (no recibiendo escombros), debiendo ejecutar su plan de cierre, ya que cumplió con el volumen autorizado, en el mes de marzo del año 2017.

Que, se han realizado diversas inspecciones al sitio de disposición, verificándose que no se ha dado cumplimiento al plan de cierre, por lo que se han iniciado sumarios sanitarios al respecto, tal como se acredita en acta y resoluciones referidas en numeral siguiente.

A folio 32 Carabineros de Chile informa que concurrió al lugar de los hechos el día 11 de enero de 2025, levantando material fotográfico que da cuenta de la existencia de un portón metálico cerrado con candado.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

Primero: Que, se ha interpuesto la presente acción constitucional en nombre de la Sociedad de Manejo Integral de Residuos Ltda., en contra de nombre reservado y nombre reservado, por estimarse conculcada la garantía constitucional consagrada en el número 24 del artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Se alega por la actora una serie de eventos, algunos de los cuales habrían motivado previamente otro recurso de protección, acogido por esta Corte y señalando que a su entender, existe un contrato de arrendamiento vigente, que los recurridos deberían espetar, puesto que se afirma que la sociedad recurrente es precisamente la arrendataria de un terreno que se individualiza, al cual, actualmente no puede acceder, por cuanto los recurridos, de manera ilegal y arbitraria, han impedido aquello, en circunstancias que el contrato celebrado comprendía el poder transitar libremente por la parte norte del predio, lo que ha impedido a la sociedad en cuyo favor se recurre, usar el predio arrendado, sosteniéndose, además, al final de su acción, que no obstante que el fondo de la controversia dice relación precisa con la vigencia del contrato que se alega, igualmente reclama las vías de hecho, consistentes no sólo en alterar el estatus quo al desplegar conductas hostiles contra los conductores de camiones que intentan ingresan a dicho lugar.

Añaden que este pozo ya se encuentra en su máxima capacidad, por lo que corresponde aplicar el protocolo de cierre, para lo cual debe colocarse una capa vegetal sobre los escombros, labores que, por los actos denunciados, no se han podido llevar a cabo.

Segundo: Que, al evacuar el informe, los recurridos, desconocieron la existencia del contrato, y aseguraron que la presente no es la vía para exigir el cumplimiento del supuesto arriendo invocado por el actor; añaden que, además, no hay claridad en cuanto a los hechos denunciados referente a cuándo se habrían verificado, ni que sean los recurridos quienes han ejecutado los actos reclamados en el libelo pretensor, por lo que piden se rechace la acción cautelar.

Tercero: Que, la acción consagrada en el artículo 20 de la Constitución, supone, de la verificación de actos u omisiones arbitrarias e ilegales que provoquen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías a que dicha norma se refiere.

Cuarto: Que según se ha resuelto por la Excma. Corte Suprema de Justicia, la denominada acción o recurso de protección requiere para su configuración, la concurrencia copulativa de los siguientes presupuestos: a) Una conducta, por acción u omisión, ilegal o arbitraria; b) La afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma Constitución y que se indican en el mencionado precepto; c) Relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional; y d) Posibilidad del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea, de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

Quinto: Que, necesario es señalar, que efectivamente, cualquier decisión en relación con la existencia, vigencia y obligatoriedad del contrato de arrendamiento que suscribió la actora con un tercero ajeno a la causa, ha de ser materia de un juicio de lato conocimiento, por cuanto la acción de protección no es un juicio declarativo de derechos, sin perjuicio de lo cual, ello no es óbice para la interposición de la acción constitucional de protección, desde el momento que la petición de la parte recurrente dice relación final con retrotraer las cosas al mismo estado en que se encontraban, antes de que se verificase una cierta actuación que califica de arbitraria e ilegal, lo cual se condice plenamente con la naturaleza de la acción impetrada que es meramente cautelar y de emergencia, conforme se desprende de lo preceptuado por el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sexto: Que, dada la dinámica de contexto que refiere el recurrente, éste en concreto refiere que se alza por la presente vía cautelar puesto que: “los recurridos están impidiendo por la fuerza, con vías de hecho y agresiones verbales, el acceso al terreno aun objeto del arriendo, de los camiones que llevan la tierra necesaria para terminar las labores de cierre de la escombrera, al haber alcanzado esta ya su totalidad de capacidad, impidiendo así dar cumplimiento a lo que la autoridad sanitaria establece en estas materias”.

Conforme puede desprenderse de los documentos acompañados por la parte recurrente, la misma necesita con urgencia dar término a la faena de residuos o escombrera, ubicada en el inmueble objeto de la litis, presentando problemas para acceder a dicha propiedad, lo que fue puesto en conocimiento los recurridos hace ya larga data.

En síntesis, y pese a que la problemática jurídica, tal como se refirió en motivación previa, vinculada a la existencia o no de un contrato que ligue a las partes, necesariamente debe ser atendida en otro procedimiento, no es un hecho controvertido el que con el tiempo, la actora ha continuado con su actividad vinculada al sitio de que se trata, ya no empleándolo como relleno de escombros, sino derechamente para culminar el cierre del mismo, mediante vacío de material en cantidad abundante, ello según las exigencias que la autoridad del ramo impone a actividades como las que desarrolla el actor.

Siendo así, la misma documental allegada en el recurso, da cuenta que el 8 de febrero de 2024, nombre reservado, empleado de la Constructora Vas Infraestructura S.A., comunicó a la recurrente, al correo de una colaboradora, “Problemas acceso Escombrera Ruta S-70”, señalando que, desde el 1° de febrero pasado, ha presentado problemas con un vecino que ha increpado a los conductores de camiones, no dejándoles acceder al predio indicado, para el cierre de escombrera a nombre de Ecoescombros, por lo que el tercero que escribe, a fin de evitar problemas futuros con sus operadores y el vecino, por motivos de seguridad, comunicó la suspensión del envío de camiones.

Igualmente, en la documental aparece que el colaboradora de la actora que recibió la comunicación anterior, informó a aquella al correo correo reservado, el incidente con el Señor nombre reservado en Pozo Huallizada, narrando que el día 5 de febrero (año 2024), mientras esperaba el ingreso de camiones con tierra proveniente de VAC, durante la mañana ingresaron dos vehículos, mientras el señor nombre reservado no se encontraba presente, concurriendo un tercer camión durante la tarde, siendo entonces cuando el señor nombre reservado comenzó a hablarle a los choferes diciendo que había un conflicto con Ecoescombros y que ellos no debían llevar tierra, porque eso estaba en litigios judiciales, por lo que podían tener problemas como empresa si prestaban ese servicio. Dijo la funcionaria en el correo que se señala, que eso no lo vio y que al serle comunicado y regresar al lugar, el camión ya se había ido y que el señor nombre reservado negó lo ocurrido.

La colaboradora también informó mediante correo electrónico que el día siguiente se presentó en la mañana en Huallizada a esperar los camiones, los que no llegaron hasta la tarde, cuando ya no se encontraba y que en uno de los ingresos de los camiones al pozo, el conductor de aquél olvido la llave y se quedó en la entrada, momento en que llegó el señor nombre reservado con personal de la municipalidad, increpando al conductor por no llevar la llave y lo hizo retroceder, no dejándolo ingresar, luego de ello, llegaron más camiones, y cuando quisieron abrir el portón, el mismo señor nombre reservado se acercó, esta vez con su familia a increpar a los choferes diciendo que todo eso era ilegal, que ellos iban a demandar a la empresa, porque estaban botando tierra y eso estaba en juicio y que tenían que pagarle. Finalmente, la funcionaria dijo haber hablado con el señor nombre reservado, quien refirió no haber hecho nada, sino solo pedir a los choferes que esperen en la calle, porque él estaba ingresando con gente de la Municipalidad y se obstaculizaba el tránsito. Estampó también la colaboradora en su correo que se comunicó con la informante una hermana del señor nombre reservado, señalándole que ella estaba a cargo y procediendo a disculpándose.

Séptimo: Que, la sola constatación de lo anterior, con prescindencia de otros hechos genéricos alegados por la actora, que no pueden ser necesariamente atribuidos a la recurrida, como lo relativo a rotura de cerco perimetral de la obra, implican que el actuar de aquella parte, constituye una alteración unilateral de una situación jurídica preexistente y que se mantenía vigente en los hechos, mediante vías de facto, que implican el evitar la descarga de camiones con material que se ha señalado, sería útil a fin de terminar la faena de que se trata, sin haberse impetrado las acciones judiciales que el sistema otorga a las personas, para obtener, si así lo estimaban, la restitución de un predio, la paralización de obras o pagos que se considere le son adeudados.

Por lo anterior, ha de calificarse aquellos actos de los que se da cuenta en documental allegada al recurso, como arbitrarios, como quiera que resultan ser contrarios a la justicia, la razón o a las leyes, dictados sólo por la voluntad y el capricho, constituyéndose en una acción de autotutela, que contraviene la Constitución Política de la República, que en su artículo 73, entrega a los Tribunales de Justicia la facultad de conocer las causas civiles, de resolverlas y hacer ejecutar lo resuelto, tal como se sostuvo por esta misma Corte en causa Rol 4927-2016.

Octavo: Que, el actuar de la parte recurrida en la forma antes dicha, ha implicado una conculcación de la garantía constitucional del derecho de propiedad, que se encuentra consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, que debe ser cautelada a través de la presente acción, misma que se extiende a toda clase de bienes corporales e incorporales, incluso las pretendidas posiciones contractuales que permiten un determinado actuar, que en el hecho se ha mantenido constante en el tiempo, en la medida que aquellas posiciones no fueren desestimadas en el correspondiente procedimiento de lato conocimiento.

Noveno: Que así las cosas, en cuanto a la pretensión de extemporaneidad y falta de legitimación pasiva deducida por el recurrido, la no advertencia de encontrarse la situación preexistente sancionada o extinta por la autoridad administrativa competente y siendo en consecuencia la labor que el actor despliega atingente a cumplir los presupuestos técnicos de cierre de la faena, siendo por tanto una necesidad actual el evitar interferencias arbitrarias que impidan el fin de aquellas, en la medida de no ser ellas ordenadas por un tribunal, es que la afectación alegada se entiende como actual, por lo que el reclamo deducido no es extemporáneo.

De la misma manera, la circunstancia de existir indicios de haber acaecido al menos parte de los hechos que se han denunciado, de los que se ha dado cuenta previamente, y que aquellos pueden ser imputables al vecino, referido como señor nombre reservado y su familia, es que no se aprecia falta de legitimidad pasiva a los efectos de desestimar la acción deducida, pues esos supuestos de hecho calzan precisamente con aquellos que dan sustento al recurso deducido y la calidad de los recurridos.

Por estas consideraciones y teniendo presente, además, lo establecido por el artículo 19 N° 24 y 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara:

Que SE ACOGE el recurso de protección deducido en lo principal de folio 1 por el abogado Jorge Andrés Abarzúa Henríquez, en nombre de la Sociedad de Manejo Integral de Residuos Limitada, legalmente representada, en contra de nombre reservado y nombre reservado, disponiéndose que los recurridos deben permitir a la parte recurrente, el acceso libre de todo obstáculo de hecho al predio materia de autos.

Redacción a cargo del Ministro Sr. José Héctor Marinello Federici.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-4824-2024. (cwm)