Protección contra Servicio de Impuestos Internos Novena Región de La Araucanía

C.A. de Temuco Temuco, dieciséis de enero de dos mil veinte.

VISTOS:

A folio 1, con fecha 10 de julio del año 2019, comparece don Rodrigo Ismael Gajardo Toro, abogado, en representación de la sociedad Transportes Santa nombre reservado SpA, representada por doña nombre reservado, quien interpone acción de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos Novena Región de La Araucanía.

Funda la acción constitucional señalando que su representada es una empresa dedicada al rubro de transporte por carretera, siendo contribuyente del Servicio de Impuestos Internos de Temuco y quien fuera citada a través de su representante legal para el día 16 de mayo de 2019, con la finalidad de realizar rectificatoria de IVA formulario 29, desde enero de 2018 a la fecha, toda vez que éstos deben coincidir con registro de compra venta, según citación.

Indica que llegado el día 16 de mayo de 2019, su representada concurrió ante el recurrido para realizar la rectificación de solicitada, pero en dicha oportunidad le cuestionaron prestaciones de servicios, puesto que según ellos no tenían los contratos de respaldo por los diversos trabajos prestados.

Explica que el representante de la empresa señaló que los servicios se acordaron de palabra, contratos consensuales, lo que es de común ocurrencia en este tipo de rubro, y que los servicios se prestaron según lo acordado y por ello el Servicio de Impuestos Internos les impuso la obligación de realizar una declaración jurada, ante lo cual su representado accedió pues se ajustaba a lo que había ocurrido.

Sostiene que en esa misma ocasión y hasta el día de la presentación de la presente acción de protección, su representado se encuentra bloqueado ante dicho servicio público, lo que le impide generar facturas y por lo mismo lo tiene sin posibilidad de poder seguir trabajando, lo que le acarrea un grave perjuicio económico, puesto que debe seguir pagando personal, choferes, créditos, etc y este servicio público con esta acción arbitraria e ilegal, no le permite trabajar en la forma debida, puesto que todo trabajo debe estar respaldado por la correspondiente factura o guía de despacho según sea el caso.

Asevera que la acción del Servicio de Impuestos Internos es arbitraria y contraria derecho desde el momento que bloquea a su representada y no le permite emitir facturas, guías de despacho ni ningún otro documento tributario, puesto que esta no es una sanción que este contemplada en la ley.

Postula que lo que corresponde es que el Servicio recurrido gire las multas de acuerdo a lo que dispone el artículo 97 y demás del Código Tributario y remita los antecedentes al servicio de tesorerías para proceder al cobro, como en derecho corresponde, pero no puede jamás bloquear a un contribuyente como si esta fuera una sanción que estuviera tipificada en la ley tributaria.

Seguidamente señala que hasta el momento dela interposición del recurso, el Servicio de Impuestos Internos se niega a desbloquear a su representada para poder facturar, o que incluso lo ha hecho perder trabajos por no poder contar con este instrumento tributario.

Reclama que los hechos descritos constituyen una infracción a la libertad de trabajo y su protección según el artículo 19 Nº 16 de la Constitución Política de la República, por cuanto la acción reclamada se torna en arbitraria e ilegal, cuando la recurrida decide bloquear a su representada y no le permite generar ni emitir facturas, u otro instrumento tributario, no siendo una sanción que este tipificada en la ley tributaria, ya que su representada habría declaró que los servicios los prestó según la costumbre del rubro, sin contrato escrito, solo contrato consensual, pero que los servicios se prestaron en la forma convenida con el tercero y debido a ello se emitieron las facturas cuestionadas por el servicio, agregando que no se le puede impedir que la recurrente continúe trabajando, lo que ocurre cuando la bloquea y no le permite generar facturas para poder seguir trabajando en su giro y rubro, lo que conlleva a que la acción del servicio sea injusta, ilegal y arbitraria y que vulnere esta garantía constitucional Asimismo, reclama vulneración al derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, garantizado en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, argumentando que el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, precisando que este derecho se ve amagado con el actuar del recurrido cuando no permite a la recurrente la emisión de facturas, no siendo esta una sanción señalada en la legislación tributaria, lo que le impide poder trabajar y obtener los réditos que esta actividad le produce, que en la especie es un tipo de propiedad sobre los mismos de los cuales se le está privando con la acción ilegal, arbitraria del servicio de impuestos internos.

En tercer lugar considera vulnerado el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, el que se encuentra contemplado en el artículo 19 Nº 21 de la Constitución Política de la República.

Explica que con la acción arbitraria e ilegal del recurrido se coarta esta garantía constitucional a su representado, puesto que la actividad económica que realiza es legal, se trata del transporte de carga, giro reconocido por el mismo servicio recurrido, pero al no dejarlo generar facturas, no a puede realizar de ninguna forma.

Termina solicitando las siguientes medidas para que se reestablezca el imperio del derecho: a) Que, se ordene poner fin a los actos y hechos descritos como arbitrarios, ilegales y que infringen las garantías constitucionales señaladas; b) Ordenar a la recurrida, que debe desbloquear del sistema a su representada y le debe permitir la emisión de facturas, guías de despacho y todo otro instrumento tributario y mercantil que dependa de dicho servicio; c) Que, toda esta situación deberá llevarse a cabo dentro de tercero día desde que cause ejecutoria el fallo del presente recurso o dentro del plazo que se determine; d) Que, se deberán tomar todas las providencias para el restablecimiento del imperio del derecho en los actos del recurrido con la finalidad de que vuelva ocurrir tales situaciones descritas en este recurso; y, e ) Que se condena en costas del recurso a la recurrida.

A folio 8, por resolución de 07 de agosto de 2019 se prescindió del informe de la recurrida.

A folio 14, con fecha 13 de diciembre de 2019, se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO Primero: Que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones arbitrarias o ilegales que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido. Lo anterior supone estar en presencia de un derecho indubitado de que sea titular el afectado y que la amenaza o privación sea actual, por manera que, en caso de acogerse la acción, esta Corte pueda adoptar las medidas adecuadas para reparar el agravio.

Segundo: Que don Rodrigo Ismael Gajardo Toro, en representación de doña nombre reservado ha interpuesto Recurso de Protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, Novena Región de La Araucanía, señalando como acto ilegal y arbitrario el hecho de haberla bloqueado tributariamente, lo que le impide generar facturas, guías de despacho ni ningún otro documento tributario y, por lo mismo, le priva de la posibilidad de seguir trabajando, lo que constituye una sanción que no está contemplada en la ley.

Para fundar su acción, sostiene el recurrente que la razón dada por el Servicio, consiste en cuestionamiento de prestaciones de servicios que no estarían debidamente respaldados.

Tercero: Que el artículo 6 inciso 1° del Código Tributario, señala que: “Corresponde al Servicio de Impuestos Internos el ejercicio de las atribuciones que le confiere su Estatuto Orgánico, el presente Código y las leyes y, en especial, la aplicación y fiscalización administrativa de las disposiciones tributarias”.

Cuarto: Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 53 del Decreto Ley N° 825 sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, los contribuyentes afectos a este impuesto están obligados a emitir facturas y boletas en los casos señalados en el artículo 57 del mismo cuerpo legal. Luego, los artículos 54, 55 y 57 del Decreto Ley aludido, previenen que tales documentos deben ser timbrados y contener las especificaciones que señala el reglamento.

Quinto: Que el artículo 6 de la Constitución Política de la República señala:

“Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella.

Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo.

La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley”.

Por su parte el artículo 7 de la Carta Fundamental indica:

“Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.

Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.

Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale”.

Sexto: Que, en cuanto a la primera cuestión, aparece que la normativa vigente le reconoce al Servicio de Impuestos Internos y le permite legalmente intervenir, actuar, y fiscalizar de conformidad a lo establecido en los incisos primero y segundo del artículo 8º ter del Código Tributario, que dispone: “Los contribuyentes tendrán derecho a que se les autorice en forma inmediata la emisión de los documentos tributarios electrónicos que sean necesarios para el desarrollo de su giro o actividad. Para ejercer esta opción deberá darse aviso al Servicio en la forma que éste determine.” “En el caso de los contribuyentes que por primera vez deben emitir dichos documentos, la autorización procederá previa entrega de una declaración jurada simple sobre la existencia de su domicilio y la efectividad de las instalaciones que permiten la actividad o giro declarado, en la forma en que disponga el Servicio de Impuestos Internos”.

Sexto: Que lo dispuesto en la Circular Nº19 de 17 de Mayo de 1995, sobre timbraje de documentos, en ningún caso, y por aplicación del principio de jerarquía normativa puede alterar o modificar el contenido de las leyes.

Séptimo: Que lo anterior no es óbice para el ejercicio de las facultades fiscalizadoras del Servicio recurrido, sin que pueda a través de una Circular, restringir el timbraje de facturas si no existe una ley que expresamente lo autorice.

Octavo: Que los antecedentes expuestos denotan que el Servicio de Impuestos Internos, al adoptar la medida impugnada, ha actuado fuera del ámbito de su competencia y sin ajustar su actuar a la normativa tributaria vigente, incurriendo en un acto arbitrario e ilegal que vulnera la garantía constitucional del artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la Republica, por lo que el recurso deberá ser acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, Garantías Constitucionales se declara:

Que SE ACOGE, sin costas, la acción constitucional interpuesta por el abogado don Rodrigo Ismael Gajardo Toro, en representación de la sociedad Transportes Santa nombre reservado SpA, en contra del Servicio de Impuestos Internos Novena Región de La Araucanía, debiendo la recurrida desbloquear tributariamente, con el objeto de que pueda emitir las facturas y demás documentos tributarios necesarios para que el recurrente ejerza debidamente su actividad económica.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante don José Martínez Ríos.

Rol N° Protección-4789-2019 (pvb).