ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FREIRE con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, veintiuno de agosto de dos mil veinticuatro.

Vistos:

A folio 1, comparece el abogado don José Martínez Ríos, abogado, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en favor de la Municipalidad de Freire, persona jurídica de derecho público, Rut RUT reservado, representada por su alcalde don Luis Armando Arias López, ambos domiciliados en domicilio reservado, y en contra de doña nombre reservado, Jueza Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, domiciliado en domicilio reservado, en razón de las siguientes consideraciones de hecho y de derecho que se señalan a continuación.

Comienza señalando que con fecha 8 de junio de 2024, la A.F.P. PLANVITAL S.A. interpuso demanda ejecutiva laboral en contra de MUNICIPALIDAD DE FREIRE por la suma $17.641.366. “más los reajustes, intereses, recargos y costas que se determinen al momento del pago efectivo” como se indicó en su parte petitoria, invocando como título ejecutivo la Resolución N° 1526750 de fecha 22 de mayo de 2023, la que se tramitó bajo el Rit P-1768-2023.

Refiere que como consta de la respectiva resolución de cobranza, en dicha causa se requirió el pago de las cotizaciones previsionales de don nombre reservado correspondiente al período comprendido entre el 20 de marzo de 2012 al 31 de diciembre de 2021, ambas fechas inclusive.

Explica que dicho funcionario prestó servicios a honorarios para la Municipalidad de Freire durante ese período, sin embargo, por sentencia definitiva de primera instancia de fecha 08 de agosto de 2022 dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo en causa laboral O-195-2022, se determinó que existía relación laboral, por lo que se condenó al municipio de Freire al pago de una serie de prestaciones laborales, y en su parte resolutiva estableció la obligación de enterar las cotizaciones previsionales y también determinó la forma en que debía hacerse el cálculo de los intereses y reajustes, En efecto, dentro de las prestaciones a las que se condenó a la Municipalidad de Freire en la parte resolutiva, se estableció en el número I.4 lo siguiente: “El pago de cotizaciones de previsión social del actor por el período trabajado y en base a la remuneración que mensualmente percibió”.

Por su parte, en el número III de lo resolutivo de la sentencia se dispuso lo siguiente: “Que las sumas indicadas deberán ser pagadas más los intereses y reajustes contemplados en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo, según corresponda”.

Destaca que en la determinación del monto total del capital contenido en la resolución ascendente a $17.641.366, no se observan errores, puesto que se calculó por cada mes sobre la base de una remuneración de $1.192.721 conforme a los parámetros establecidos en la sentencia.

Es del caso que dentro de la ejecución, se realizó la liquidación de crédito con fecha 17 de abril de 2024, la que fue puesta en conocimiento de las partes el día 25 de abril de 2024, la que arrojó un total de $219.904.079, esto es, en más de doce veces el monto del capital adeudado, ocasionando con ello un significativo perjuicio patrimonial a mi representada la Municipalidad de Carahue.

En razón de lo anterior, el 29 de abril de 2024, esta parte objetó la liquidación fundándose, en síntesis, en los siguientes argumentos:

a) Error en cuanto a la forma de cálculo de los intereses y reajustes. - Ello en atención a que la sentencia citada precedentemente que ordenó el cobro de las cotizaciones previsionales determinó -como se ha señalado precedentemente- la forma en que debían ser calculados los intereses y reajustes, indicándose expresamente que debía hacerse de la manera contemplada “en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo, según corresponda”

Al efecto, el artículo 63 del Código del Trabajo, aplicable en la especie por las razones previamente indicadas, señala en su inciso primero en relación a los reajustes que “Las sumas que los empleadores adeudaren a los trabajadores por concepto de remuneraciones, indemnizaciones o cualquier otro, devengadas con motivo de la prestación de servicios, se pagarán reajustadas en el mismo porcentaje en que haya variado el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el mes anterior a aquel en que debió efectuarse el pago y el precedente a aquel en que efectivamente se realice”.

A su turno, el inciso tercero de dicho artículo en cuanto a los intereses señala lo siguiente: “Las sumas a que se refiere el inciso primero de este artículo, reajustadas en la forma allí indicada, devengarán el máximo interés permitido para operaciones reajustables a partir de la fecha en que se hizo exigible la obligación.”

De modo tal que para los efectos del cálculo de cada uno de los períodos de cotizaciones previsionales se debió hacer de la misma manera que para cualquier prestación de orden laboral, como por ejemplo las remuneraciones adeudadas.

A modo ilustrativo, invocó el certificado N° 03/2012 de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, de fecha 12 de marzo de 2013, publicado en el Diario Oficial de fecha 14 de marzo del mismo año en relación al interés máximo convencional señala lo siguiente: “3.a. Operaciones reajustables en moneda nacional de menos de 1 año: 5,08% anual. Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interés máxima convencional para operaciones reajustables.” Se indica este mes debido a que la cotización adeudada más antigua es de marzo de 2012 por lo que se regía por la tasa publicada en el Diario Oficial citada precedentemente.

Sin embargo, en la liquidación que se objeta, aplica una tasa de interés de 1956,18% total, la que aproximadamente equivale a un 163,02% anual, interés que no tiene justificación alguna y que se aleja de cualquiera de las tasas de interés para operaciones reajustables determinadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para el mes de marzo de 2012.

b) Improcedencia de aplicar recargos.

Se argumentó que la liquidación impugnada sobre el capital reajustado y después de habérsele aplicado unos excesivos intereses, contempla un porcentaje de recargos que, a modo ejemplar, para el mes de marzo de 2012 ascendente a un 978,09%, en circunstancias que la aplicación de dicho recargo resultaba improcedente puesto que, como se ha dicho precedentemente, la sentencia referida determinó que las cotizaciones previsionales adeudadas se le debían aplicar reajustes intereses en la forma ya señalada, pero no condenó a la Municipalidad de Freire a que, además, debía pagar recargos.

c) Jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema que señala la improcedencia de aplicar multas e intereses penales.

Adicionalmente, se expuso que la Excma. Corte Suprema ha señalado que los reajustes deben ser aplicados conforme a la variación de I.P.C. (conforme al inciso décimo del artículo 19 del Decreto Ley N°3.500 y el inciso tercero del artículo 22 de la Ley N°17.322), y los intereses que deben ser aplicados corresponden a la forma determinada por el artículo 63 del Código del Trabajo a partir desde que la sentencia que declara el carácter laboral del vínculo quede ejecutoriada, y que no corresponde la aplicación de recargos, citando al efecto sentencia de fecha 22 de noviembre de 2023 dictada en recurso de unificación de jurisprudencia (Rol N° 13.351-2022, considerando séptimo), en la que se asentó la siguiente doctrina:

“Sin embargo, como a propósito de la aplicación a este tipo de casos de la institución consagrada en el inciso 5° del artículo 162 del Código del Trabajo se ha reconocido que los órganos de la Administración del Estado no podían, de acuerdo a la normativa y las reglas presupuestarias que los rigen, pagar libremente las cotizaciones de sus prestadores de servicios a honorarios durante la vigencia del vínculo, requiriendo para convalidar el despido, una vez calificada tal relación como laboral, de un pronunciamiento judicial condenatorio, estando, en definitiva, de buena fe y amparados por la antes mencionada presunción de legalidad, debe concluirse que no puede tenérseles como deudor en mora o incumplidor para estos efectos, pues resultaría contradictorio no sancionarlos con la declaración de nulidad del despido, para luego imponerles multas e intereses penales.

Lo anterior, conduce a que las cotizaciones a que resulte condenado este tipo de empleador, amparado por la referida presunción, deberán ser incrementadas con reajustes, calculados desde la oportunidad que indican el inciso décimo del artículo 19 del Decreto Ley N°3.500 y el inciso tercero del artículo 22 de la Ley N°17.322, y con intereses, los que sólo se devengarán desde la época en que el fallo que declaró el carácter laboral del vínculo quede ejecutoriado y sobre una base diversa a la establecida en el Decreto Ley N°3.500 y en la Ley 17.322, pues considerando lo dicho se descarta la aplicación de intereses penales, de manera que deberán ser determinados en conformidad a lo previsto en el inciso tercero del artículo 63 del Código del Trabajo.

Además, a fin de mantener la debida concordancia con los razonamientos antes expuestos acerca del origen del contrato celebrado entre las partes, el cobro de dichas cotizaciones deberá excluir las multas a que aluden los artículos 19 inciso séptimo del Decreto Ley N°3.500 y 22 a) de la Ley 17.322.”

Se señaló que dicho criterio también ha sido manifestado en la sentencia de fecha 19 de octubre de 2023 dictada en recurso de unificación de jurisprudencia, causa Rol N° 53.045-2022, considerando quinto y en la sentencia de fecha 23 de diciembre de 2023 dictada en recurso de unificación de jurisprudencia, causa Rol N° 147.569-2022, considerando séptimo.

D0) Perjuicio al patrimonio municipal.

Si indicó que los errores precedentes ocasionan un importante menoscabo al patrimonio municipal, debiendo ocuparse importantes recursos para satisfacer una deuda muy por sobre lo que jurídicamente corresponde, los que están originalmente destinados para satisfacer las necesidades propias de la comuna y de atención a las personas que viven en ella.

Por resolución de fecha 10 de mayo de 2024 dictada por la jueza recurrida doña nombre reservado se rechazó la objeción sobre la base de los siguientes argumentos: “Teniendo presente el Informe de liquidación de fecha 07 de mayo de 2024, evidenciando que la liquidación practicada en autos incorpora correctamente los periodos impagos de cotizaciones e índices de reajustabilidad y de intereses, de conformidad a los preceptos legales correspondientes, los cuales son automatizados a través de un sistema aplicado para el cálculo de liquidaciones establecido por la Corporación administrativa del Poder Judicial, cuyos datos referentes a tasas de interés y reajustes, se actualizan automáticamente de acuerdo a lo que proporciona el Instituto Nacional de Estadísticas, como bien señala el informe, haciendo presente además, que los interés y reajustes alegados por la parte ejecutante referentes a los señalados en el artículos 63 y 173 del Código del Trabajo, se aplican a las prestaciones e indemnizaciones otorgadas en sentencia declarativa laboral causa RIT O-195-2022, no así a la deuda por cotizaciones previsionales ordenada pagar en la misma, las cuales se encuentran reguladas en los artículos 19, incisos 11, 12 y 13 del D.L. 3.500 y 22 y siguientes de la Ley N° 17.322”.

En contra de esta resolución, por la parte de la Municipalidad de Freire se dedujo el día 14 de mayo último un recurso de reposición y un recurso de apelación.

En dichos recursos se argumentó básicamente lo siguiente:

a) La resolución que rechaza la objeción modifica lo resuelto por la sentencia ejecutoriada de fecha 08 de agosto de 2022 dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo en causa laboral O-195-2022.

En la causa de cobranza en que se requirió el pago de las cotizaciones previsionales de don nombre reservado correspondiente al período comprendido entre el 20 de marzo de 2012 al 31 de diciembre de 2021, ambas fechas inclusive, conforme a lo ordenado por sentencia ejecutoriada de fecha 08 de agosto de 2022 dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo en causa laboral O-195-2022, en la cual, junto con determinar que existía relación laboral, condenó a la Municipalidad de Freire al pago de una serie de prestaciones laborales, dentro de la cuales se contemplaba el pago de cotizaciones previsionales, señalándose expresamente que “Que las sumas indicadas deberán ser pagadas más los intereses y reajustes contemplados en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo, según corresponda”, por lo que correspondía aplicar el fallo aludido, el cual es claro y no admite interpretación, independientemente de que el Tribunal coincida o no con los criterios contenidos en la sentencia de fecha 08 de agosto de 2022 dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo en causa laboral O-195-2022, de manera que al no respetarse esa fórmula de cálculo, necesariamente se modifica una sentencia ejecutoriada, lo cual se encuentra vedado.

Asimismo, se argumentó que la objeción, no sólo es contrario a lo establecido en la sentencia ejecutoriada a la que se ha hecho referencia, sino que también al actual criterio jurisprudencial de la Excma. Corte Suprema, el que, entre otras cosas, excluye el cobro de las las multas a que aluden los artículos 19 inciso séptimo del Decreto Ley N°3.500 y 22 a) de la Ley 17.322.

Se permite el cobro de cuantiosas prestaciones a las que la Municipalidad de Freire no fue condenada, que alcanza a la cantidad de $66.970.226.

Se explicó que la Municipalidad de Freire fue condenada al pago de cotizaciones previsionales correspondientes al período comprendido entre el 20 de marzo de 2012 al 31 de diciembre de 2021, “más intereses y reajustes” y no se le condenó al pago de “Recargo Afiliado” contemplado en la liquidación, resultando que en la liquidación objetada, se contiene una columna denominada “Recargo Afiliado” que no tiene sustento alguno en la sentencia, la que alcanza la cantidad de $66.970.226 (sesenta y seis millones novecientos setenta mil doscientos veintiséis pesos), la cual no tiene ningún fundamento y que, por lo mismo, debía ser necesariamente rebajada.

En cuanto a las peticiones concretas de ambos recursos (apelación y reposición), se solicitó que se acogiese la objeción a la liquidación en los términos formulados o, en subsidio, se acogiere la objeción únicamente en el sentido de que se ordenase eliminar los montos de recargo contemplados en ella.

Por resolución de fecha 16 de mayo pasado dictada por doña nombre reservado, Jueza del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco no dio a lugar a la tramitación del recurso de apelación en atención a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 17.322.

Por su parte, en relación al recurso de reposición la misma jueza Sra. Mónica Soto Silva decidió rechazarlo a través de resolución de 16 de mayo de 2024 por los siguientes argumentos: “Que en el mismo sentido la demandada ejecutiva de cobranza previsional interpuesta, señala que de acuerdo con la Ley 17.322 las resoluciones señaladas tienen mérito ejecutivo y a su monto debe agregarse el reajuste, el interés penal y el recargo que ordena el Art. 19, Inc. 10°, 11°, 12° y 13° del Decreto Ley 3.500. y en su petitoria solicita: Tener por interpuesta demanda ejecutiva en contra de I MUNICIPALIDAD DE FREIRE, representado por nombre reservado, ya individualizado, acogerla en todas sus partes y ordenar despachar en su contra mandamiento de ejecución y embargo por la suma $17.641.366.- (monto nominal de las cotizaciones) más los reajustes, intereses, recargos y costas que se determinen al momento del pago efectivo, disponiendo seguir adelante la ejecución hasta el integro pago de lo adeudado, todo con costas.

Que así las cosas, en caso alguno el fundamento y título de esta ejecución lo constituye la causa declarativa a que el incidentista hace referencia RIT O 195-2022 en la cual si bien como lo refiere el recurrente se declara existencia de relación laboral a favor del trabajador cuyas cotizaciones se cobran en autos, y en la misma se declara la procedencia de cotizaciones previsionales del actor por el período trabajado y en base a la remuneración que mensualmente percibía. Tal declaración y en particular el cobro de dichas cotizaciones no se somete al procedimiento de cumplimiento de la sentencia declarativa, sino por el contrario tal como se verifica en autos mediante una acción ejecutiva de cobranza previsional en que la titularidad de la acción no corresponde al trabajador sino a las instituciones previsionales. A lo que se suma que si bien la referida sentencia señala en su resolutiva: “III.- Que las sumas indicadas deberán ser pagadas más los intereses y reajustes contemplados en los artículos 63 o 173 del Código del Trabajo, según corresponda”. Tal declaración en caso alguno resulta aplicable a la cobranza previsional por no corresponder las cotizaciones a ninguna de las prestaciones que dichas normas señalan y porque además no hay suma alguna determinada por cotizaciones que debe ser pagada en el procedimiento de cumplimiento laboral el cual se sigue conforme consta de la citada causa Rit O 195-2022 en los autos de cumplimento RIT C 73-2023.

Que si bien efectivamente la liquidación practicada en autos y aplicando los reajuste, interés penal y recargo que ordena el Art. 19, Inc. 10°, 11°, 12° y 13° del Decreto Ley 3.500 que mandata el titulo ejecutiva y pide la demanda ejecutiva, resulta ser muy superior al monto nominal de las cotizaciones cobradas, la alegación pertinente contra el titulo ejecutivo debía ser efectuada en la forma y oportunidad prevista en el artículo 5° de la Ley 17322, interponiendo las excepciones respectivas, lo que no hizo, estando certificado en autos que no se opusieron excepciones, y por lo cual la resolución recurrida de fecha diez de mayo de dos mil veinticuatro, que rechaza la objeción de liquidación en los términos planteados, se estima conforme a Derecho y al título ejecutivo que sirve de fundamento a la ejecución, y por lo cual conforme los fundamentos y normas legales citadas SE RECHAZA, la reposición interpuesta”.

Pues bien, la resolución que rechaza la reposición de fecha 16 de mayo de 2024, conjuntamente con la resolución de fecha 10 de mayo de 2024, ambas dictadas por la Jueza del Trabajo de Temuco Sra. Mónica Soto Silva, resultan ser ilegales y arbitrarias, puesto que, en definitiva, obligan a la Municipalidad de Freire a pagar sumas muy superiores a las que fueron ordenadas en las sentencia declarativa que determinó la existencia de la relación laboral y ordenó pagar las cotizaciones previsionales demandadas (situación ésta que es reconocida por la propia resolución de fecha 16 de mayo de 2024), lo que genera manifiesta vulneración al patrimonio municipal que se traduce en una amenaza cierta en provisión de servicios municipales, específicamente, los servicios educacionales, en atención al alto monto involucrado y al embargo que recae por la suma de $219.904.079 por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Educación que se ha decretado.

Además de las razones expuestas precedentemente, la resolución de fecha 16 de mayo de 2024 es ilegal y arbitraria al sostener que el título ejecutivo de cobranza puede alterar los parámetros para calcular los intereses y reajustes, además de permitir el cobro de reajustes, prevaleciendo sobre la sentencia declarativa que nítidamente estableció cómo debía hacerse el cálculo de aquellos, bajo el argumento que “dichas cotizaciones no se somete al procedimiento de cumplimiento de la sentencia declarativa, sino por el contrario tal como se verifica en autos mediante una acción ejecutiva de cobranza previsional en que la titularidad de la acción no corresponde al trabajador sino a las instituciones previsionales”, desestimando expresamente lo establecido en la sentencia dictada en la causa Rit O-195-2022 al señalar “A lo que se suma que si bien la referida sentencia señala en su resolutiva: “III.- Que las sumas indicadas deberán ser pagadas más los intereses y reajustes contemplados en los artículos 63 o 173 del Código del Trabajo, según corresponda”. Tal declaración en caso alguno resulta aplicable a la cobranza previsional por no corresponder las cotizaciones a ninguna de las prestaciones que dichas normas señalan y porque además no hay suma alguna determinada por cotizaciones que debe ser pagada en el procedimiento de cumplimiento laboral el cual se sigue conforme consta de la citada causa Rit O-195-2022 en los autos de cumplimento RIT C 73-2023”.

14.- Pues bien, ese criterio manifestado en dicha resolución judicial no sólo hace impracticable lo resuelto en una sentencia judicial ejecutoriada, sino que de seguir esa doctrina también resultaría impracticable la doctrina uniforme de la Excma, Corte Suprema que señala que en caso de existir sentencias declarativas respecto de instituciones públicas que establezcan un vínculo de naturaleza laboral, las cotizaciones previsionales “… deberán ser incrementadas con reajustes, calculados desde la oportunidad que indican el inciso décimo del artículo 19 del Decreto Ley N°3.500 y el inciso tercero del artículo 22 de la Ley N°17.322, y con intereses, los que sólo se devengarán desde la época en que el fallo que declaró el carácter laboral del vínculo quede ejecutoriado y sobre una base diversa a la establecida en el Decreto Ley N°3.500 y en la Ley 17.322, pues considerando lo dicho se descarta la aplicación de intereses penales, de manera que deberán ser determinados en conformidad a lo previsto en el inciso tercero del artículo 63 del Código del Trabajo.”

15.- Dicha doctrina se ha manifestado en invariablemente, entre otras, en las siguientes sentencias dictadas por la Excma. Corte Suprema en recursos de unificación de jurisprudencia:

a) Sentencia de fecha 19 de octubre de 2023 dictada en causa Rol N° 53.045-2022 (considerando quinto);

b) Sentencia de fecha 22 de noviembre de 2023 dictada en causa Rol N° 13.351-2022 (considerando séptimo);

c) Sentencia de fecha 23 de diciembre de 2023 dictada en causa Rol N° 147.569-2022, (considerando séptimo);

d) Sentencia de fecha 04 de abril de 2024 dictada en causa Rol N° 147.102-2023 (considerando séptimo);

e) Sentencia de fecha 08 de abril de 2024 dictada en causa Rol N° 5.516-2023 (considerando noveno).

16.- Por otra parte, la resolución de fecha 16 de mayo de 2024, también resulta ilegal al reconocer que el monto que arrojó la liquidación impugnada ($219.904.079), es muy superior al monto nominal de las cotizaciones previsionales contempladas en el título ($17.641.366), señala que “la alegación pertinente contra el titulo ejecutivo debía ser efectuada en la forma y oportunidad prevista en el artículo 5° de la Ley 17322, interponiendo las excepciones respectivas, lo que no hizo, estando certificado en autos que no se opusieron excepciones”.

Pues bien, resulta obvio y evidente que el problema no radica en el título de cobranza -el que no contiene errores aritméticos ni error de hecho en el cálculo de las cotizaciones adeudadas- sino que en la liquidación efectuada por el Tribunal.

Es por ello que resulta ilógico e improcedente que se exija interponer excepciones no en relación al título, sino que frente a un eventual error en una futura liquidación.

Por lo demás, en relación al fondo del problema planteado tampoco era admisible oponer alguna excepción a la ejecución puesto que como claramente la estables el artículo 5º de la Ley 17.332, sólo pueden oponerse las siguientes excepciones: 1° Inexistencia de la prestación de servicios; 2° No ser imponibles, total o parcialmente, los estipendios pagados, o existir error de hecho en el cálculo de las cotizaciones adeudadas; 3° Errada calificación de las funciones desempeñadas por el trabajador; 4° Compensación en conformidad al artículo 30 del decreto con fuerza de ley Nº 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y 5° Las de los números 1 (incompetencia del tribunal), 3 (litis pendencia), 9 (pago de la deuda), 11 (concesión de esperas o prórroga del plazo), 17 (prescripción) y 18 (cosa juzgada) del artículo 464° del Código de Procedimiento Civil.

Como bien puede observarse, ninguna de esas excepciones es aplicable al caso sub iudice.

Si bien la acción de protección se hace procedente respecto de los actos u omisiones tanto arbitrarias como ilegales, de una u otra, en la especie, la resolución impugnada contiene ambos vicios, puesto que es ilegal y además es arbitraria.

En efecto, la Sra. nombre reservado, actuando como Jueza del Juzgado del Trabajo de Temuco en la dictación de las resoluciones de 10 de mayo de 2024 y 16 de mayo de 2024, las que, respectivamente, rechazaron la objeción a la liquidación y el recurso de reposición interpuesto en contra de esta última, imponiendo el pago de una la suma total de $219.904.079, sobre monto nominal de las cotizaciones previsionales contempladas en el título de $17.641.366, sin dar cumplimiento a la sentencia ejecutoriada que junto con establecer la obligación de pagar las cotizaciones previsionales definió la forma en que debían ser calculados los reajustes e intereses, permitiendo la aplicación de una formula distinta, además de permitir el cobro de multas, las cuales no estaban establecidas en la referida sentencia, ha incurrido en una acción ilegal y arbitraria, la que priva, perturba y amenaza a la Municipalidad de Freire la garantía constitucional contemplada en los artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de La República, esto es, el derecho de propiedad.

COMPETENCIA DE LA CORTE. - De conformidad con lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, esta Iltma. Corte es competente para conocer de esta acción constitucional en contra de sendas resoluciones judiciales, considerando especialmente que no existen recursos procesales ordinarios o extraordinarios que permitiesen elevar el conocimiento de este asunto a un Tribunal Superior a través del empleo de los mismos.

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS El actuar arbitrario e ilegal de la recurrida Sra. nombre reservado, actuando como Jueza del Juzgado del Trabajo de Temuco en la dictación de las resoluciones de 10 de mayo de 2024 y 16 de mayo de 2024, vulnera y le priva a la Municipalidad de Freire de la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad, al verse obligado a sufragar cantidades desmesuradas y carentes de toda proporción, pasando por encima de cosa juzgada puesto que la sentencia definitiva de primera instancia dictada en la causa Rit O 195-2022, la que junto con establecer la obligación de pagar las cotizaciones previsionales definió la forma en que debían ser calculados los reajustes e intereses.

PETICIONES CONCRETAS. - Por lo anteriormente expuesto, estando dentro del plazo, interpongo en favor de la Municipalidad de Freire la presente acción de protección de los derechos constitucionales que se le han vulnerado, para que V.S.I. proceda a restablecer el imperio del derecho y ordenar que:

I.- Se dejen sin efecto las resoluciones de 10 de mayo de 2024 y 16 de mayo de 2024 dictadas en la causa RIT P-1768-2023 del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, conjuntamente con la liquidación de 17 de abril de 2024 dictada en esa causa, ordenando que se practique una nueva liquidación en la que se dé estricta aplicación a lo dispuesto en la sentencia definitiva ejecutoriada de primera instancia dictada el 8 de agosto de 2022 en la causa Rit O 195-2022, la que junto con establecer la obligación de pagar las cotizaciones previsionales definió la forma en que debían ser calculados los reajustes e intereses.

II.- En subsidio, se dejen sin efecto las resoluciones de 10 de mayo de 2024 y 16 de mayo de 2024 dictada en la causa RIT P-1768-2023 del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, conjuntamente con la liquidación de 17 de abril de 2024 dictada en esa causa, ordenando que se practique una nueva liquidación en la que se ordene eliminar los montos de recargo contemplados en ella.

Pide tener por interpuesto recurso de protección en contra de doña nombre reservado, ya individualizada, ordenarle que emita informe dentro del plazo perentorio que VS. I. se sirva fijar y, en definitiva, restableciendo el imperio del derecho, ordenar dejar sin efecto las resoluciones de 10 de mayo de 2024 y 16 de mayo de 2024 dictadas en la causa RIT P-1768-2023 del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, conjuntamente con la liquidación de 17 de abril de 2024 dictada en esa causa, ordenando que se practique una nueva liquidación en la que se dé estricta aplicación a lo dispuesto en la sentencia definitiva ejecutoriada de primera instancia dictada el 8 de agosto de 2022 en la causa Rit O 195-2022, la que junto con establecer la obligación de pagar las cotizaciones previsionales definió la forma en que debían ser calculados los reajustes e intereses. En subsidio, solicito a V.S.I se sirva dejar sin efecto las resoluciones de 10 de mayo de 2024 y 16 de mayo de 2024 dictada en la causa RIT P-1768-2023 del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, conjuntamente con la liquidación de 17 de abril de 2024 dictada en esa causa, ordenando que se practique una nueva liquidación en la que se ordene eliminar los montos de recargo contemplados en ella, con costas del Recurso.

A su recurso acompaña los siguientes documentos:

1.- Sentencia definitiva de primera instancia de fecha 08 de agosto de 2022 dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo en causa laboral O-195-2022.

2.- Copia de la Resolución de Cobranza de AFP Planvital S.A. Nº 1526750 respecto del trabajador nombre reservado siendo deudora la Municipalidad de Freire, la que arroja un monto total liquidado de $17.641.366.

3.- Copia de demanda ejecutiva de cobranza previsional presentada por AFP Planvital S.A. en contra de la Municipalidad de Freire en causa RIT P-1768-2023 del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco.

4.- Liquidación de 17 de abril de 2024 en causa RIT P-1768-2023 del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco.

5.- Escrito de objeción de liquidación presentado con fecha 29 de abril de 2024 en causa RIT P-17 Liquidación de 17 de abril de 2024 68-2023 del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco.

6.- Resolución de 10 de mayo de 2024 dictada en la causa RIT P-1768-2023 del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco.

7.- Escrito de apelación presentado con fecha 14 de mayo de 2024 en causa RIT P-1768-2023 del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco 8.- Escrito de reposición presentado con fecha 14 de mayo de 2024 en causa RIT P-1768-2023 del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco 9.- Resolución de 16 de mayo de 2024 dictada en la causa RIT P-1768-2023 del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco que no dio lugar a tramitación del recurso de apelación.

10.- Resolución de 16 de mayo de 2024 dictada en la causa RIT P-1768-2023 del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco que rechazó recurso de reposición.

11.- Resolución de 17 de mayo de 2024 dictada en la causa RIT P-1768-2023 del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco que decreta embargo de Subvención Escolar por la cantidad de $219.904.079.

12.- Sentencia de unificación de jurisprudencia de fecha 22 de noviembre de 2023 dictada en causa Rol N° 13.351-2022.

13.- Sentencia de unificación de jurisprudencia de fecha 19 de octubre de 2023 dictada en causa Rol N° 53.045-2022.

14.- Sentencia de unificación de jurisprudencia de fecha 23 de diciembre de 2023 dictada en causa Rol N° 147.569-2022.

15.- Sentencia de unificación de jurisprudencia de fecha 04 de abril de 2024 dictada en causa Rol N° 147.102-2023.

16.- Sentencia de unificación de jurisprudencia de fecha 08 de abril de 2024 dictada en causa Rol N° 5516-2023.

A folio 10, se hizo parte nombre reservado, por la Administradora de Fondos Previsionales Planvital S.A., quien ostenta la calidad de ejecutante en el juicio rol P-1768-2023, del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco y en el que incide la presente causa.

A folio 14, evacúa informe nombre reservado, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo y Cobranza de Temuco, en los siguientes términos:

Que la referida causa de cobranza RIT P 1768-2023, del ingreso de este Tribunal tiene su origen o génesis como refiere el recurrente en causa declarativa RIT O 195-2022 caratulada “nombre reservado con Ilustre Municipalidad de Freire” ingresada en este Tribunal con fecha 04 de marzo de 2022 en que la parte demandante funcionario a honorarios pretendía la declaración de existencia de relación laboral con la Municipalidad demandada, el ser objeto de un despido injustificado y nulo, declarar a su favor las prestaciones laborales que demandaba. Pretensiones respeto de las cuales la demandada Municipalidad de Freire, no evacuo el trámite de contestación en tiempo y forma. Causa en la que se dicta sentencia con fecha 08 de agosto de 2022 por parte del Sr. Juez destinado Carlos Jeria Montoya, en que se acoge la acción interpuesta en los siguientes términos:

“I.- Que SE ACOGE la demanda incoada por don nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Freire, ambas ya individualizadas, sólo en cuanto se declara que entre las partes existió una relación de naturaleza laboral y que siendo injustificado el despido y existiendo deudas previsionales, se condena a la demandada al pago de las siguientes prestaciones, por los montos que en cada caso se indican:

1.- La suma de $ $1.192.721.- pesos, por concepto de indemnización sustitutiva del aviso previo.

2.- La suma de $11.927.210.- pesos, por concepto de indemnización por años de servicios, más el incremento del 50% acorde lo dispuesto en el artículo 168 letra b) del código del trabajo, por $5.963.605.- pesos.

3.- La suma de $718.813.- por concepto de feriado proporcional.

4.- El pago de cotizaciones de previsión social del actor por el período trabajado y en base a la remuneración que mensualmente percibió.

III.- Que las sumas indicadas deberán ser pagadas más los intereses y reajustes contemplados en los artículos 63 ó 173 del Código del Trabajo, según corresponda.

IV.- Que en lo demás se rechaza la demanda.

V.- Que cada parte soportará sus costas.

Ofíciese oportunamente a los organismos de previsión y salud a los que se encuentre afiliado la demandante, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 461 del Código del Trabajo.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad”

Sentencia que en lo que respecta a cotizaciones previsionales demandadas y nulidad del despido, son resueltas en la consideración 17° de la referida sentencia en los siguientes términos:

“DÉCIMO SÉPTIMO: “De la nulidad del despido y el pago de cotizaciones”. En relación a la nulidad del despido no se acogerá la demanda, toda vez que -a criterio de este sentenciador- se trata ésta de una sanción establecida expresamente para el empleador que reteniendo los dineros de las cotizaciones no las entera en las entidades correspondientes, pues así aparece de historia fidedigna del establecimiento de la norma. Esta situación en caso alguno ha ocurrido en esta causa, por cuanto la institución pública demandada jamás descontó cotizaciones previsionales.

Además, no puede tener aplicación la presunción del artículo tercero de la ley 17.322, por cuanto ella se restringe únicamente a los efectos de dicha ley y, en este caso resulta prístino que jamás se retuvieron cotizaciones previsionales por cuanto las partes entendieron que el contrato era a honorarios.

Si bien la sentencia tiene efectos declarativos, esto no se puede extender a sanciones para cuya configuración se requieren presupuestos que en el caso de autos no se cumplen y la pretendida sanción de nulidad despido es derechamente un exceso, máxime cuando la municipalidad no está autorizada legalmente a descontar remuneraciones para pagos de cotizaciones dentro el contexto de un contrato de honorarios.

Sin perjuicio lo anterior, la demandada deberá efectuar el pago de las cotizaciones de previsión social devengadas durante todo el tiempo trabajado, esto es, desde el 20 de marzo de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2021, ambas fechas inclusive, en base a la remuneración que mensualmente percibió durante la relación laboral, ello por cuanto la presente sentencia sólo reconoce una situación preexistente entre las partes, cual es la existencia de la relación laboral y, por consiguiente con ello, la obligación del empleador de cumplir con los presupuestos del artículo 58 del Código del Ramo –en cuanto al pago de las cotizaciones de seguridad social- desde que comenzaron a pagarse las remuneraciones del actor. Ello en cumplimento además de lo establecido en el artículo 17 del Decreto Ley N°3500, por medio de las cuales se constriñe al empleador a declarar y pagar las cotizaciones legales del trabajador sujeto a relación laboral.

Que a mayor abundamiento, en este aspecto específico si tiene lugar la presunción del artículo tercero de la ley 17.322, el que establece la efectividad de haberse efectuado los descuentos por conceptos de cotizaciones legales por el solo hecho de haber pagado el empleador las remuneraciones de sus trabajadores, e incluso haciéndolo responsable para el evento de omitir –por cualquier causa- el pago de las cotizaciones de seguridad social”

Sentencia que fuera objeto de recurso de nulidad por parte de la demandada Municipalidad de Freire, pretendiendo se invalide la sentencia dictada, invocando la causal prevista en el artículo 477 del Código del Trabajo haber incurrido el fallo en infracción de ley que índice en lo dispositivo del fallo. Recurso de nulidad que fuera desestimado por sentencia dictada en autos Rol Corte Laboral Cobranza 393-2022 de fecha 13 de enero de 2023 y decretándose el Cúmplase de esta sentencia con fecha 07 de febrero de 2023.

Que en mérito de lo resuelto en dicha sentencia declarativa, con fecha 08 de junio de 2023 AFP Planvital S.A. ingresa demandada ejecutiva de cobranza previsional tramitada en los referidos autos RIT P 1768-2023, contra la Municipalidad de Freire, demanda ejecutiva que se sustenta el Art. 19 del Decreto Ley 3.500 de 1980, en relación con el Art. 2° de la Ley 17.322, sosteniendo que la referida Municipalidad adeudada por cotizaciones morosos el monto nominal de $17.641.366.- cobro que se funda en Resolución 1526750 por los periodos desde 03/2012 al 12/2021, con indicación del monto nominal por cada uno de ellos, sosteniendo que de acuerdo con la Ley 17.322 las resoluciones señaladas tienen mérito ejecutivo y a su monto debe agregarse el reajuste, el interés penal y el recargo que ordena el Art. 19, Inc. 10°, 11°, 12° y 13° del Decreto Ley 3.500. Peticionando tener por interpuesta demanda ejecutiva en contra de I MUNICIPALIDAD DE FREIRE, representado por quien indica, acogerla en todas sus partes y ordenar despachar en su contra mandamiento de ejecución y embargo por la suma $17.641.366.- más los reajustes, intereses, recargos y costas que se determinen al momento del pago efectivo, disponiendo seguir adelante la ejecución hasta el integro pago de lo adeudado, todo con costas.

Que el titulo ejecutivo que sirve de base a esta ejecución es la referida Resolución 1526750 y que se emite por parte de la institución previsional conforme lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 17.322 sobre cobranza previsional, que señala:

ARTICULO 2° El Jefe de Servicio, el Director Nacional o Gerente General de la respectiva institución de seguridad social, mediante resolución fundada y según corresponda, deberá:

1° Determinar el monto de las cotizaciones adeudadas por los empleadores y que no hubieren sido enteradas oportunamente, incluyendo las que descontaron o debieron descontar de las remuneraciones de los trabajadores;

2° Determinar el monto de los aportes legales que esas personas o cualquiera otra deban efectuar, y que hayan de descontarse de las remuneraciones de sus trabajadores, y Aplicar las multas en que incurran esos empleadores por infracciones de las leyes sobre previsión social.

El Jefe de Servicio, el Director Nacional o Gerente General en su caso, podrán delegar estas atribuciones en funcionarios de la Institución de la respectiva región o provincia. Mediando tal delegación, podrá ejercer también dichas facultades, sin necesidad de nuevo mandato, el funcionario que subrogue o reemplace al delegatario por impedimento, ausencia u otra causa.

Las resoluciones a que se refiere este artículo,tendrán mérito ejecutivo.

Los juicios a que ellas den origen se sustanciarán de acuerdo al procedimiento fijado en las normas especiales de esta ley, y en el Título I del Libro III del Código de Procedimiento Civil, en cuanto fueren compatibles con ellas.

Las referidas resoluciones de cobranzas de deudas previsionales podrán ser firmadas en forma mecanizada o electrónica avanzada, por los procedimientos que se autoricen en el reglamento que se dictará al efecto, en los casos y con las formalidades que en él se establezcan. Para todos los efectos legales, la firma estampada mecánicamente se entenderá suscrita por la persona cuya rúbrica haya sido reproducida. En el caso de la firma electrónica se estará a lo dispuesto en los artículos 3º, 4º y 5º de la ley Nº 19.799.

Acción ejecutiva a la que se da curso ordenándose el correspondiente despáchese y mandamiento de ejecución y embargo, con fecha 09 de junio de 2023 y que fueran notificado a la parte ejecutada Municipalidad de Freire con fecha 27 de marzo de 2024, misma fecha en que además fuera requerido de pago en forma personal el representante de la ejecutada, sin que ésta opusiera excepciones a la ejecución ni cuestionara el titulo ejecutivo que sirve de base y fundamento a la acción ejecutiva. Certificándose en la causa con fecha 15 de abril de 2024, que “Revisados con esta fecha los cuadernos principal y de apremio del sistema Informático SITCO en la causa referida y encontrándose vencido el plazo para oponer excepciones, no consta en aquellos que se haya deducido reclamación alguna dentro del plazo legal. A la fecha, tampoco consta en autos que el requerido de pago haya consignado las sumas descontadas o que debió descontar de la remuneración de sus trabajadores y sus reajustes e intereses penales, dentro del término de quince días contados desde la fecha de requerimiento de pago. (Art. 12, Ley 17.322)”. Produciéndose los efectos previstos en el artículo 472 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie atento lo dispuesto en el artículo 2 inciso 4° de la Ley 17.322, esto es, que no habiéndose opuesto excepciones, se omitirá la sentencia y bastara el mandamiento para que el acreedor puede perseguir el pago del crédito.

Que en este contexto y a petición de la parte ejecutante, con fecha 18 de abril de 2024, se práctica liquidación del crédito conforme lo señalado en el titulo ejecutivo, que arroja un monto total de la liquidación de $ 219.904.079.- Liquidación que es objetada con fecha 29 de abril de 2024, sosteniendo que los intereses, reajustes y recargos aplicados, se encontrarían mal calculados a su entender, incurriéndose en errores que afectan sustancialmente el resultado de lo adeudado en perjuicio de su patrimonio y en que las cotizaciones previsionales cobradas corresponden a aquellas que debió percibir el trabajador nombre reservado, durante el período que prestó servicios para la demandada, entre el 20 de marzo de 2012 al 31 de diciembre de 2021, y que la obligación de pagar estas cotizaciones emana de sentencia laboral dictada en causa RIT O-195-2022, del ingreso de éste Tribunal, que ordenó pagar dichas cotizaciones en base a la remuneración mensual que percibía el trabajador, ordenando además que las sumas a que fue condenada la municipalidad demandada debían ser pagadas con los intereses y reajustes contemplados en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo, sosteniendo que debían aplicarse estos intereses y no otros, como asimismo la improcedencia de recargos, en base a lo mismo, esto es, que la sentencia laboral referida únicamente ordenó aplicar los intereses de los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo. Peticionando se ordene practicar una nueva liquidación del crédito en que se le apliquen los reajustes e intereses en la forma establecida en el artículo 63 del Código de Trabajo y sobre las sumas así determinadas, no se aplique recargo alguno por no haber sido así ordenado en la sentencia que estableció la obligación de pagar las cotizaciones previsionales.

Que la objeción de liquidación de crédito, fue desestimada por Resolución de fecha 10 de mayo de 2024 por esta Juez, en los siguientes términos:

“Téngase por evacuado el traslado conferido sin contestación oportuna de la ejecutante.

Se resuelve objeción de liquidación planteada con fecha 29 de abril de 2024.

Teniendo presente el Informe de liquidación de fecha 07 de mayo de 2024, evidenciando que la liquidación practicada en autos incorpora correctamente los periodos impagos de cotizaciones e índices de reajustabilidad y de intereses, de conformidad a los preceptos legales correspondientes, los cuales son automatizados a través de un sistema aplicado para el cálculo de liquidaciones establecido por la Corporación administrativa del Poder Judicial, cuyos datos referentes a tasas de interés y reajustes, se actualizan automáticamente de acuerdo a lo que proporciona el Instituto Nacional de Estadísticas, como bien señala el informe, haciendo presente además, que los interés y reajustes alegados por la parte ejecutante referentes a los señalados en el artículos 63 y 173 del Código del Trabajo, se aplican a las prestaciones e indemnizaciones otorgadas en sentencia declarativa laboral causa RIT O-195-2022, no así a la deuda por cotizaciones previsionales ordenada pagar en la misma, las cuales se encuentran reguladas en los artículos 19, incisos 11, 12 y 13 del D.L. 3.500 y 22 y siguientes de la Ley N° 17.322, es por esto que SE RECHAZA la objeción a la liquidación planteada por la parte ejecutante.”

Resolución que fuera objeto de reposición reiterando los argumentos sostenidos en la objeción y que fuera desestimada por resolución de fecha 16 de mayo de 2024 en los siguientes términos por parte de esta Juez:

“A LO PRINCIPAL:

Que en cuanto a la reposición interpuesta: Vistos y teniendo presente que el titulo ejecutivo que sirva de base a esta ejecución, lo es la Resolución N° 1526750 de fecha 22 de Mayo de 2023D emitida por AFP Planvital conforme lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 17322 que regula la Cobranza Judicial de Cotizaciones Previsionales. Resolución y título ejecutivo que dispone: En adelante "El Empleador", no ha pagado a la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital las cotizaciones previsionales de los trabajadores individualizados detallados en esta resolución, calculadas sobre la base de las remuneraciones que en cada caso se indica y por los periodos Abril 2015, Diciembre 2016, Marzo 2021, Agosto 2021, Octubre 2012, Octubre 2016, Julio 2016, Agosto 2019, Septiembre 2012, Abril 2014, Mayo 2015, Julio 2021, Diciembre 2019, Septiembre 2018, Octubre 2015, Enero 2014, Julio 2020, Marzo 2017, Marzo 2019, Octubre 2014, Agosto 2 17, Abril 2012, Marzo 2012, Agosto 2015, Noviembre 2019, Julio 2013, Mayo 2016, Diciembre 2012, Junio 2013, Marzo 2020, Abril 2013, Abril 2016, Diciembre 2015, Febrero 2018, Marzo 2014, Mayo 2017, Mayo 2020, Febrero 2021, Abril 2017, Julio 2017, Septiembre 2015, Agosto 2020, Noviembre 2018, Septiembre 2013, Septiembre 2014, Febrero 2017, Marzo 2015, Mayo 2019, Diciembre 2021, Noviembre 2021, Enero 2016, Septiembre 2021, Septiembre 2017, Julio 2012, Julio 2019, Noviembre 2016, Noviembre 2017, Diciembre 2013, Septiembre 2016, Diciembre 2020, Agosto 2014, Octubre 2019, Abril 2018, Diciembre 2014, Agosto 2016, Enero 2021, Junio 2014, Julio 2018, Septiembre 2020, Marzo 2013, Junio 2018, Febrero 2019, Abril 2020, Septiembre 2019, Abril 2019, Agosto 2018, Junio 2012, Junio 2017, Junio 2019, Mayo 2021, Noviembre 2014, Febrero 2016, Junio 2016, Diciembre 2018, Marzo 2016, Marzo 2018, Octubre 2021, Enero 2015, Noviembre 2013, Diciembre 2017, Febrero 2020, Noviembre 2020, Junio 2021, Octubre 2013, Enero 2018, Julio 2014, Junio 2020, Noviembre 2012, Julio 2015, Agosto 2013, Enero 2019, Octubre 2017, Febrero 2013, Abril 2021, Enero 2017, Febrero 2014, Febrero 2015, Octubre 2020, Enero 2020, Mayo 2013, Mayo 2018, Junio 2015, Enero 2013, Octubre 2018, Mayo 2012, Mayo 2014, Agosto 2012, Noviembre 2015, ni los intereses y reajustes legales, se resuelve: Que "El Empleador" debe pagar a la Administradora de Fondos de Pensiones Plan vital la suma de $17.641.366 cuya distribución se consigna por trabajador, por cotizaciones previsionales adeudadas a esta Administradora, más los intereses penales y reajustes contemplados en el artículo 19 del D.L. 3.500 de 1980 y sus modificaciones, los que se determinarán al momento de la resolución o pago efectivo de las cotizaciones impagas a que se refiere esta resolución. Y agrega que señala Resolución que de acuerdo con la Ley 17.322 tienen mérito ejecutivo y a su monto debe agregarse el reajuste, el interés penal y el recargo que ordena el Art. 19, Inc. 10°, 11°, 12° y 13° del Decreto Ley 3.500. Y continua dicha resolución señalando el detalle de trabajadores con el periodo rut nombre afiliado renta impon. mto. demandado correspondiendo todos las cotizaciones cobradas al trabajador nombre reservado Rut RUT reservadoQue en el mismo sentido la demandada ejecutiva de cobranza previsional interpuesta, señala que de acuerdo con la Ley 17.322 las resoluciones señaladas tienen mérito ejecutivo y a su monto debe agregarse el reajuste, el interés penal y el recargo que ordena el Art. 19, Inc. 10°, 11°, 12° y 13° del Decreto Ley 3.500. y en su petitoria solicita: Tener por interpuesta demanda ejecutiva en contra de I MUNICIPALIDAD DE FREIRE, representado por nombre reservado, ya individualizado, acogerla en todas sus partes y ordenar despachar en su contra mandamiento de ejecución y embargo por la suma $17.641.366.- (monto nominal de las cotizaciones) más los reajustes, intereses, recargos y costas que se determinen al momento del pago efectivo, disponiendo seguir adelante la ejecución hasta el integro pago de lo adeudado, todo con costas.

Que así las cosas, en caso alguno el fundamento y título de esta ejecución lo constituye la causa declarativa a que el incidentista hace referencia RIT O 195-2022 en la cual si bien como lo refiere el recurrente se declara existencia de relación laboral a favor del trabajador cuyas cotizaciones se cobran en autos, y en la misma se declara la procedencia de cotizaciones previsionales del actor por el período trabajado y en base a la remuneración que mensualmente percibía. Tal declaración y en particular el cobro de dichas cotizaciones no se someten al procedimiento de cumplimiento de la sentencia declarativa, sino por el contrario tal como se verifica en autos mediante una acción ejecutiva de cobranza previsional en que la titularidad de la acción no corresponde al trabajador sino a las instituciones previsionales. A lo que se suma que si bien la referida sentencia señala en su resolutiva: “III.- Que las sumas indicadas deberán ser pagadas más los intereses y reajustes contemplados en los artículos 63 o 173 del Código del Trabajo, según corresponda”. Tal declaración en caso alguno resulta aplicable a la cobranza previsional por no corresponder las cotizaciones a ninguna de las prestaciones que dichas normas señalan y porque además no hay suma alguna determinada por cotizaciones que debe ser pagada en el procedimiento de cumplimiento laboral el cual se sigue conforme consta de la citada causa Rit O 195-2022 en los autos de cumplimento RIT C 73-2 23.

Que si bien efectivamente la liquidación practicada en autos y aplicando los reajuste, interés penal y recargo que ordena el Art. 19, Inc. 10°, 11°, 12° y 13° del Decreto Ley 3.500 que mandata el titulo ejecutiva y pide la demanda ejecutiva, resulta ser muy superior al monto nominal de las cotizaciones cobradas, la alegación pertinente contra el titulo ejecutivo debía ser efectuada en la forma y oportunidad prevista en el artículo 5° de la Ley 17322, interponiendo las excepciones respectivas, lo que no hizo, estando certificado en autos que no se opusieron excepciones, y por lo cual la resolución recurrida de fecha diez de mayo de dos mil veinticuatro, que rechaza la objeción de liquidación en los términos planteados, se estima conforme a Derecho y al título ejecutivo que sirve de fundamento a la ejecución, y por lo cual conforme los fundamentos y normas legales citadas SE RECHAZA, la reposición interpuesta”.

Resoluciones reprochadas por la recurrente, que estima la informante salvo mejor parecer de US Ilustrísima, lejos de ser ilegales y arbitrarias, por el contrario, se han dictado y resuelto con estricto apego a la normativa legal que rige la cobranza previsional y cuyas fundamentos esta Juez reitera, en que como fuera referido y reiterado en las resoluciones reprochadas, el titulo ejecutivo que sirve de fundamento a la ejecución es la Referida Resolución N° 1526750 de fecha 22 de Mayo de 2023 emitida por AFP Planvital y NO la sentencia dictada en los autos RIT O 195-2022 del ingreso de este Tribunal. Titulo ejecutivo que dispone expresamente además de los periodos previsionales adeudados que “de acuerdo con la Ley 17.322 las resoluciones señaladas tienen mérito ejecutivo y a su monto debe agregarse el interés penal y el recargo que ordena el art. 19, inc. 10°, 11°, 12° y 13° del Decreto Ley 3.500”.

Determinación de reajustes, intereses penales y recargos conforme las normas legales del D.L. 3500 que cita, que forma parte integral del título ejecutivo, el que no fue como se dijo cuestionado, atacado, reprochado en forma alguna mediante la oposición de excepciones en los términos previstos en el artículo 5° de la Ley 17.322, y en particular la prevista en el N° 2 No ser imponibles, total o parcialmente los estipendios pagados, o existir error de hecho en el cálculos de las cotizaciones adeudadas, en cuya última parte se entiende los reajustes, intereses y recargos asociados a estas cotizaciones; alegación que no fue formulada, por lo que mal podría este Tribunal, dejar de aplicar menciones expresas del título ejecutivo que rigen la ejecución. Evidenciando que la objeción presentada por la ejecutada viene a ser derechamente una defensa sobre el fondo de la materia, que escapa a los términos que rigen el titulo y que determinan el crédito, en que la fórmula para el cálculo de los intereses y reajustes de las cotizaciones previsionales se encuentra fijada por la ley, en los artículos 19, incisos 11, 12 y 13 del D.L. 3.500 y 22 y siguientes de la Ley N° 17.322, por lo que incluso en el caso de que la sentencia que ordenare el pago de cotizaciones no los refiera, los mismos deben aplicarse por el solo ministerio de la ley sin necesidad de un pronunciamiento expreso al respecto al ser normas imperativas, en que además como fue referida en las resoluciones recurridas, se estima no resultan procedentes intereses de los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo, que refiere la sentencia declarativa RIT O 195-2022, por corresponder estas conforme las claras menciones de dichas normas a las prestaciones laborales e indemnizaciones por término de contrato declaradas, no así las cotizaciones previsionales regidas por normativa especial como lo es el D.L. 3500 y cuyo cobro también se encuentra sometido por mandato legal a las disposiciones de la Ley 17.322 , que en su artículo 1° señala “ Las normas establecidas en esta ley se aplicarán a la cobranza de las cotizaciones de seguridad social adeudas por los empleadores a las instituciones de ese carácter, sea que el cobro judicial lo inicien estas o el propio trabajador.”

Que se suma a lo anterior que los reajustes, intereses y recargos a ser aplicados a este tipo de acreencias previsionales, se encuentra además expresa e imperativamente establecidos en el artículo 22 de la Ley 17.322 que replica para su determinación lo dispuesto en el artículo 19 del D.L 3500 a los que son aplicables las Circulares que mensualmente publica la Superintendencia de Seguridad Social al efecto y cuyos factores o porcentajes por muy elevados que parezcan al recurrente, tienen un origen o validez legal de lo cual este tribunal, no puede abstraerse, o dejar de aplicar a su arbitrio, máxime si en los autos ejecutivos RIT P 1768-2023 ni en la causa declarativa RIT O 195-2022, ha mediado orden o pronunciamiento, ni muchos alegación tendiente a modificar dicho mandato legal ni mucho menos los términos en que fue expedida la Resolución de cobranza que sirve de título ejecutivo y fundamento de la ejecución, en que la liquidación de crédito practicada en los autos ejecutivos y reprochada, es la consecuencia y manifestación de lo mandatado en el titulo ejecutivo para el cobro del crédito.

Que por último, si bien el recurrente cita, transcribe y acompaña a su presentación pronunciamientos judiciales de la Excma. Corte Suprema que limitan la determinación de reajustes, intereses y recargos de la cobranza previsional en el caso de declararse existencia de relación laboral con alguna institución del Estado o dependiente de este, necesario es tener presente el efecto relativo de dichos pronunciamientos judiciales y que este Tribunal y está Jueza informante no puede hacer extensivos al caso de autos, contrariando los términos del titulo ejecutivo que rigen el cobro del crédito, máxime si el mismo no fue impugnado y no ha sido objeto de discusión en los autos ejecutivos ni en la causa declarativa la limitación pretendida.

Que así las cosas, estimando que tanto la cobranza judicial de cotizaciones seguida en los autos RIT P 1768-2023, como las resoluciones reprochadas, que rechazan la objeción de liquidación de crédito y la reposición en contra de esta última, se encuentran ajustadas a Derecho y por lo tanto no son ilegales ni arbitrarias, la presente acción constitucional debe ser rechazada, salvo mejor parecer de US. Ilustrísima y para el caso de acoger total o parcialmente la pretensión del recurrente, eximir a esta parte del pago de costas por haber actuado conforme a Derecho y en el ámbito de las competencias de esta Jueza.

Se ordenó traer los antecedentes en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el propósito de evitar posibles consecuencias dañosas o lesivas de actos u omisiones arbitrarios o ilegales que causen en los afectados privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías o derechos que se protegen con este instrumento jurisdiccional con el fin de que se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección de los perjudicados.

SEGUNDO: Que, en la presente causa se recurre en contra de resoluciones dictadas en la causa rol P 1768-2023, por doña nombre reservado, como Jueza del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, quien rechazó la objeción a la liquidación y la reposición a dicha resolución, efectuadas por el recurrente y demandado en aquella causa.

TERCERO: Que, dichas resoluciones han sido dictadas por la recurrida doña nombre reservado, en su calidad de Jueza Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, en el marco de sus atribuciones y dentro de la esfera de su competencia, por lo que mal se puede sostener que haya incurrido en un accionar ilegal o arbitrario, toda vez que simplemente estaba ejerciendo la actividad jurisdiccional que le es propia y con estricto apego a la ley.

CUARTO: Que, los procedimientos judiciales están detalladamente reglamentados por el derecho, por lo que entablar respecto de uno de ellos una acción creada para someter al imperio de la justicia actos u omisiones ocurridas al margen de dicho imperio significa desnaturalizar dicho recurso, pues los derechos de los litigantes están suficientemente resguardados con las diversas medidas, plazos y recursos ordinarios y extraordinarios que la ley franquea y en este sentido la admisión de la acción de protección respecto de una resolución dictada en un procedimiento judicial, importa introducir en él un elemento que distorsiona o altera la ritualidad que se rige por normas de derecho público y constitucional, lo que torna a dicho recurso, por regla general, como improcedente frente a resoluciones judiciales QUINTO Que, si bien es cierto en forma excepcional se ha admitido la procedencia del presente recurso contra resoluciones judiciales ello ha sido cuando, los derechos de un tercero que no ha sido emplazado en el proceso han sido gravemente perjudicados o cuando la resolución judicial, adolece de una irregularidad procesal de tal magnitud que permita atribuirle el carácter de acto ilegal o arbitrario, no teniendo el afectado la opción de impugnarla por la vía de recursos ordinarios.

SEXTO: Que, no obstante, lo gravoso o desproporcionado que pueda parecer el resultado de la liquidación practicada en autos, lo cierto que es la resolución que la aprueba, no parece como ilegal o arbitraria en termino que configure una excepcionalidad a la regla general de improcedencia de la acción de protección contra resoluciones judiciales, máxime cuando la misma se ajusta a los términos de una cobranza ejecutiva laboral en que la recurrente, estando debidamente emplazada, no opuso excepciones y en que no tiene la calidad de tercero.

SEPTIMO: Que, en estas circunstancias el recurso no podrá prosperar y deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE RECHAZA el deducido a folio 1, por el abogado don José Martínez Ríos, por la Municipalidad de Freire y en contra de doña nombre reservado, Jueza Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco.

Redacción del fallo por el abogado integrante Sr. Roberto Contreras Eddinger.

Regístrese y archívese.

N°Protección-4782-2024. (cwm)