nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN Y ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Temuco Temuco, veinticinco de noviembre de dos mil veinticuatro.

Vistos:

A folio 1, comparece el abogado JORGE LENA SALGADO, quien deduce recurso de protección en favor de don nombre reservado, chileno, soltero, empleado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, de su mismo domicilio y en contra de, CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES, persona jurídica, rol único tributario N°81.826.800-9, representada legalmente por, don nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, desconozco profesión u oficio, domiciliados en domicilio reservado, a fin de que esta Corte adopte las medidas tendientes a cautelar el legítimo ejercicio de los derechos constitucional establecidos en el artículo 19 numeral 3 y 24 de la Constitución Política de la República, de cuyo legítimo ejercicio se amenaza, priva y perturba a su parte a consecuencia del proceder arbitrario e ilegal de la recurrida, por los antecedentes de hecho y de derecho que expone:

Comienza señalando que su representado tiene una relación convencional con la recurrida cuyo origen es por el otorgamiento de una suma de dinero por la recurrida en favor de la recurrente, lo cual se materializó mediante la suscripción de un pagare N°017CON101306948, que fue suscrito con fecha 29 de junio del año 2018 por la suma de $6.321.485.-, por concepto de capital, más los intereses respectivos señalados en dicho documento.

Atendido a diferencias en los pagos del crédito singularizado precedentemente, la recurrida, CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES, inició un juicio ejecutivo por obligación de dar, en contra de su representado, seguido ante el Juzgado de Letras de Mariquina, en la causa ROL C-149-2019, cuya demanda no fue notificada al ejecutado, durante el lapso de casi dos años.

Así las cosas, su representado, con fecha 31 de mayo de 2021, se notificó y requirió de pago expresamente en la demanda ejecutiva, y opuso la excepción contenida en el numeral 17° del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, es decir, La prescripción de la deuda o sólo de la acción ejecutiva, lo cual fue confirmado por el tribunal, mediante sentencia firme y ejecutoriada de fecha 17 de diciembre del año 2019, por la que acogió la excepción de prescripción opuesta por el ejecutado y recurrente. La sentencia quedó firme y ejecutoriada con fecha 15 de noviembre de 2022.

El recurrente ejerce labores ante su empleador, CORPORACION EDUCACIONAL CRSH DE LOS RIOS, rol único tributario N°65.114.929-0, y recibió por el mes trabajado de MAYO 2024, su liquidación de remuneración, en la cual se detecta un descuento denominado “Prestamo CCAF”, por la suma de $318.210.

Así las cosas, la recurrida tomó la determinación de sustraer del ámbito extrajudicial el cobro de del crédito otorgado a su representado, a pesar de haber interpuesto demanda ejecutiva, cuya sentencia, por fue favorable para el ejecutado.

De lo anteriormente señalado, se puede señalar que el actuar de la recurrida es un acto arbitrario, tanto en su realización como en el monto que ordenó retener al empleador del recurrente, revistiendo un abuso de los preceptos legales que regulan el funcionamiento de estas entidades respecto al cobro oportuno de los créditos sociales (Ley n.° 18.833) descontando una proporción estructural de remuneración líquida, de manera intempestiva, sin entregar alguna información previa a su representado ni a su empleador. Este cobro que la recurrida efectúa de la liquidación de remuneración mediante el cual pretende cobrarse el crédito que hemos señalado es absolutamente ilegal y arbitrario, toda vez que:

Existe sentencia firme, en la cual se ha declarado de manera expresa que la acción ejecutiva ha prescrito, y, por lo tanto, no es legalmente viable proceder con el cobro de forma unilateral, no obstante, de que la recurrente sigue efectuando descuentos de su remuneración afectando su derecho de propiedad por estos descuentos arbitrarios e ilegales, sin respetar la legítima expectativa del trabajador de percibir su remuneración de forma íntegra. Todas estas acciones son arbitrarias y contrarias a los principios de justicia y equidad que deben regir cualquier procedimiento de cobro.

Además de estar declarada mediante sentencia firme la prescripción de la acción ejecutiva, la acción ordinaria también ha prescrito. Caja Los Andes presentó la demanda ejecutiva de cobro de pagaré el día 05 de marzo del año 2019, y, a la fecha, han transcurrido más de cinco años, el período necesario para que la acción ordinaria prescriba. Esto implica que la Caja no puede transformar su facultad de descuento en algo perpetuo.

Por otro lado, incluso si consideran que el cálculo del plazo no debe iniciarse desde la cláusula de aceleración, el pagaré establece 60 cuotas con el primer vencimiento el 31 de agosto del año 2018. A la fecha, también han pasado cinco años desde entonces.

En resumen, tanto la acción ejecutiva, que ha prescrito explícitamente, como la acción ordinaria, están prescritas.

III. ACTO ILEGAL Y ARBITRARIO DE LA RECURRIDA Y DERECHO CONSTITUCIONAL VULNERADO El actuar de la recurrida vulnera lo dispuesto por el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el derecho de propiedad.

Por su parte, la Ley N° 18.833 en su artículo 21 establece que: “(…) Las Cajas de Compensación podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero y que estará regida por un reglamento especial.”

Luego, en su artículo 22 se señala: “(…) Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

El acto de autotutela efectuado por Caja de Compensación Los Andes, se trata de un descuento ilegal y arbitrario en el sueldo de su representado, ya que no es oportuno. Además, la recurrida, por medio de la interposición de demanda ejecutiva, manifestó su voluntad expresa e inequívoca de ejercer la cláusula de aceleración, produciendo el vencimiento anticipado de todas las cuotas pendientes, cobrando de esta manera la totalidad de la deuda como de plazo vencido en sede civil. Por lo anterior, resulta arbitrario que habiendo ejercido la cláusula de aceleración, la recurrida ordene la retención de montos a su conveniencia y mediante un mecanismo paralelo a la vía judicial que ella misma ejerció y promovió mediante cobros ejecutivos, cuya situación es agravada por el hecho de no dar noticias o informaciones previas a la determinación del descuento o explicar el por qué, ni el cómo se llegó al monto ordenado a descontar, lo que corresponde a una vulneración a la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 24 de nuestra Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, toda vez que, se le ha privado y ha perturbado de su Derecho de propiedad sobre un monto de $318.210.- de la última liquidación de sueldo del recurrente, que perfectamente podría repetirse para los pagos de los próximos meses de remuneración, mediante un mecanismo paralelo a la vía judicial que la misma recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes ejerció y promovió mediante el cobro ejecutivo del pagaré referido en esta presentación.

En este sentido, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, ha decretado la arbitrariedad en sucesivas ocasiones, respecto del cobro ejecutado por Caja de Compensación Los Andes, así como otras Cajas de Compensación, declarando la instrumentalización del estatuto contenido en el artículo 22 de la Ley n.° 18.833, en donde la recurrida, de manera sistemática, ha efectuado un uso desmedido de este derecho, que tiene por objeto el cobro oportuno de un crédito. Cita jurisprudencia.

Ergo resulta evidente la presencia de un acto ilegal y arbitrario, que vulnera las garantías constitucionales, pues se ha realizado un descuento por planilla del sueldo que recibe su representado, por medio de un mecanismo paralelo a la vía judicial que la recurrida CCAF Los Andes ejerció y promovió mediante el cobro ejecutivo del pagaré referido inicialmente en esta presentación, sin que se haya dado noticias e información de manera previa, motivada y racional, existiendo un actuar improvisado, realizando un ejercicio abusivo del artículo 22 de la Ley n.° 18.833, siendo además una forma de autotutela que conculca su derecho de propiedad, e igualdad ante la ley, respectivamente garantizados en el artículo 19 N° 24 y 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Pide tener por presentado recurso de Protección en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES, ya individualizada en esta presentación y, en definitiva, acoger la presente acción, en el sentido de:

1. Que la recurrida cese todo tipo de retención o descuento en remuneración de su representado;

2. Que la recurrida restituya los descuentos efectuados, así como también los que puedan llevar a efectuarse durante la tramitación de la presente acción;

3. Condenar en costas a la recurrida.

A su recurso acompaña, Liquidación de Remuneración de mayo de 2024 del recurrente, Contrato de trabajo del recurrente y Ebook Causa C-149-2019 seguida ante el Juzgado de Letras de Mariquina A folio 8, evacúa informe la abogada doña INES RIQUELME ARAO, por la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES, en los siguientes términos:

I.- DEL CRÉDITO SOCIAL OTORGADO POR SU REPRESENTADA.

1. Esta Caja de Compensación con fecha 29 de junio 2018 otorgó al señor nombre reservado la operación de crédito código N° 017CON101306948, por un capital inicial de $6.321.485, a una tasa de Interés mensual de 1.78%, pagadero en un plazo de 60 meses, con una cuota mensual de $181.834., cuyo primer vencimiento correspondió a fecha 31 de agosto 2018.

2. La cuota del mes de julio 2018, fue pagada con fecha 10 de junio 2024.

3. A la fecha, la presente operación de crédito se encuentra en cobranza judicial, manteniendo en estado moroso las cuotas de los meses de septiembre 2018 a julio 2023.

II.- NO EXISTE ACTUACIÓN ILEGAL O ARBITRARIA.

Es menester hacer presente que, los descuentos para el pago de cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 que establece que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

Por otro lado, su representada se encuentra efectuado el cobro de una deuda cuya acción de cobro no ha sido declarada prescrita. La prescripción de las acciones está tratada por los artículos 2492 y ss. del Código Civil, de cuya lectura se desprende -con toda claridad-, que la prescripción debe ser alegada, declarada judicialmente, y que no opera de pleno derecho. Así, la única forma para que opere la prescripción extintiva de derechos y obligaciones, es que esta sea alegada por quien quiere aprovecharse de ella, de tal manera que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del Tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por la actora existe y es plenamente exigible. A lo anterior debemos agregar el hecho de que, procesalmente, la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos.

Por ende, mal puede la recurrente pretender evadir el pago las obligaciones que mantiene para con su representada a través del ejercicio de una acción constitucional en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad, el cual, en todo caso, debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento.

De este modo, se rechaza haber efectuado actuación ilegal o arbitraria alguna que hubiese infringido, perturbado o amenazado alguna garantía constitucional del recurrente.

1. En base a todo lo anterior queda claro, entonces, que el mecanismo del ‘descuento por planilla’ tiene varias particularidades que no se debe perder de vista al momento de decidir sobre este asunto:

a. Se trata de un ‘mecanismo especial de pago’, inherente al régimen de ‘crédito social’ otorgado por las cajas de compensación, lo que tiende a disminuir el riesgo de éstas y, con ello, permite que el costo del crédito sea menor porque el pago del mismo se descuenta directamente de la remuneración del trabajador;

b. Se trata de un mecanismo que no depende de la voluntad o decisión de las cajas de compensación, porque las reglas del caso lo establecen de forma perentoria u obligatoria. Tiene exactamente el mismo grado de obligatoriedad que el pago de las cotizaciones previsionales;

c. Explica que la obligatoriedad del ‘descuento por planilla’ recae sobre el empleador y precisamente por eso es que el sistema legal establece que se entiende que el trabajador paga el crédito al momento de aplicársele el descuento, según se sigue del art. 22 inc. 2º de la Ley Nº 18.833:

Practicada la deducción al trabajador, se entenderá extinguida a su respecto y de sus codeudores la parte correspondiente de la deuda, desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar, aunque no haya sido remesada por el empleador a la Caja, debiendo dirigirse exclusivamente contra éste las acciones destinadas al cobro de las sumas no enteradas.

Lo mismo se sigue del Punto 3.1.17.1.1 párrafos 3º y 4º del Compendio.

Por ello, respecto del trabajador el pago de lo debido por concepto de crédito social se produce cuando la entidad empleadora le paga la remuneración mensual, que es el momento en que por disposición legal corresponde que le efectúe el descuento, oportunidad a partir de la cual se entiende extinguida total o parcialmente su obligación, según sea el caso, de acuerdo a lo señalado por el N°1 del artículo 1.567 del Código Civil, esto es, por la solución o pago efectivo de ella.

La circunstancia que la entidad empleadora no dé cumplimiento a la obligación de remesar a la C.C.A.F. las sumas descontadas a sus trabajadores por crédito social, no habilita a la C.C.A.F. para accionar en contra del trabajador, ya que, respecto de él la obligación se extinguió. Lo que procede en tal caso es cobrar a la entidad empleadora las sumas adeudadas por dicho concepto, conforme a las normas de cobro de las cotizaciones previsionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan contra la empresa.

d. Es también preciso que quede establecido que el trabajador no puede oponerse ni negarse al ‘descuento por planilla’, porque la obligatoriedad mismo es un mecanismo normativo y propio del específico tipo de crédito otorgado. Si un trabajador no quisiera quedar sometido al ‘descuento por planilla’, entonces tendrá que obtener el crédito del sistema financiero bancario o de casas comerciales, el que (de seguro) será más caro debido al riesgo del repago; y Finalmente, es técnica y fácticamente imposible que pueda sostenerse que el funcionamiento del ‘descuento por planilla’ constituya una gestión de cobro por parte de la CAJA LOS ANDES, puesto que dicho mecanismo aplica y funciona aun en el evento que su representada no haga nada o no lo desee, porque, como ya se dijo, no obedece ni depende de la voluntad del acreedor, sino que se trata de una obligación legal y reglamentaria para este especial tipo de ‘créditos sociales’.

III.- CESE DE LOS DESCUENTOS Y RESTITUCIÓN DE LAS SUMAS DESCONTADAS.

No obstante, lo informado precedentemente, y sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente en el presente recurso de protección, Caja Los Andes ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado a la recurrente. Asimismo, dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros. Desde marzo 2023.

Cabe señalar que las planillas de descuentos son generadas los días 25 del mes anterior a aquel en que se hacen efectivos los descuentos. No obstante, su representada dispondrá la devolución de toda suma que sea recibida en el intertanto.

Que, en estas circunstancias, esta parte solicita el rechazo de la acción de protección incoada por cuanto ha perdido oportunidad toda vez que su representada ha accedido voluntariamente al cese de los descuentos y restitución solicitados.

Cita jurisprudencia.

Pide tener por evacuado el informe solicitado, y en mérito de los argumentos planteados, rechazar por falta de oportunidad la acción de protección incoada en marras.

Se ordenó traer los antecedentes en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, lo denunciado por la recurrente consiste en el cobro extrajudicial de la deuda contraída entre las partes, por intermedio del descuento directo en la remuneración mensual del actor, lo que califica de ilegal y arbitrario.

TERCERO: Que, conforme los antecedentes que obran en autos, cabe señalar que la recurrente contrajo la deuda por la suma de $6.321.485 con fecha 29 de junio 2018, pagadera en un plazo de 60 meses y cuyo primer vencimiento correspondió a fecha 31 de agosto 2018.

También consta en la carpeta judicial que dicha deuda fue perseguida por vía judicial, a través de un procedimiento ejecutivo seguido ante el Juzgado de Letras de Mariquina, en la causa ROL C-149-2019, donde por sentencia de fecha 17 de diciembre del año 2019, se acogió la excepción de prescripción opuesta por la ejecutada, recurrente de la presente causa.

Luego, en el mes de mayo de este año, se efectúa un descuento en la remuneración del actor, para efectos del pago de la primera cuota de la deuda indicada.

CUARTO: Que, de esta manera, puede concluirse que la acreedora Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Andes, inició un procedimiento judicial de cobro de pagaré en contra del deudor don nombre reservado, en el cual este último dedujo la excepción de prescripción que finalmente fue acogida, por lo que al continuar incluyendo dentro de la nómina para descuentos al actor, aun habiendo iniciado acciones legales en su contra, ha pretendido perseguir por dos vías coetáneas, el pago de una misma obligación.

QUINTO: Que, en efecto, ha quedado acreditado que la Caja de Compensación recurrida, optó por judicializar el cobro de la obligación, sustrayendo éste del ámbito extrajudicial que ahora pretende, retomando los descuentos de dicho crédito- obtenido en el año 2018- el presente año, 2024.

Aquello conduce necesariamente a calificar de arbitraria dicha actuación, al pretender revivir un cobro/descuento basado en un beneficio que se concede por la ley ante cobros oportunos, calidad que no es posible predicar en el caso de autos, de modo que tratándose de una facultad excepcional la que le concede la ley, su ejecución ha de ser restrictiva, en especial considerando que se interpuso una acción ejecutiva para perseguir el pago de la obligación respectiva, la que fue rechazada, por estar prescrita la acción ejecutiva.

SEXTO: Que, la conducta indicada lesiona el derecho fundamental de propiedad del recurrente. En efecto, el derecho fundamental de propiedad tiene como objeto protegido la propiedad, es decir, la conservación de los bienes, corporales e incorporales, muebles e inmuebles, que forman parte del patrimonio de una persona precisamente en dicho patrimonio. La mencionada instrucción de la recurrida, de retener parte de la remuneración de la recurrente, priva a esta última de los ingresos que ya se habían incorporado a su patrimonio. Y amenaza el derecho de propiedad de esta última sobre los ingresos respecto de los cuales tiene una cierta y legítima expectativa de incorporarlos al mismo.

SÉPTIMO: Que, lo anterior es sin perjuicio de lo manifestado por la recurrida, en cuanto a que cesó el descuento en la remuneración del recurrente, por cuanto dicho cese ha sido en virtud de la orden de no innovar decretada a propósito de la presentación de este recurso de protección, de forma tal que habiéndose constatado el actuar arbitrario en los términos que se ha razonado, ello conduce a acoger el recurso de la forma en la que se dirá a continuación.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, en contra de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES, ordenándose el cese inmediato de los descuentos efectuados sobre la remuneración del actor y la restitución de los dineros ya retenidos, dentro de décimo día, a contar desde que esta sentencia se encuentre ejecutoriada.

Redacción a cargo de la Ministra Suplente Cecilia Subiabre Tapia.

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