nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno.

VISTOS Comparece Sergio Oliva Fuentealba, abogado, a favor de don nombre reservado, empresario, quien interpone acción de protección de Garantías Constitucionales en contra de Don nombre reservado, Subsecretario del Ministerio de Bienes Nacionales, y de doña nombre reservado, en su calidad de Secretaria Regional Ministerial Bienes Nacionales, por los actos que estima ilegales y arbitrarios consistente en la dictación de la Resolución Exenta N° E- 28495 de fecha de 06 de agosto de 2019, de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, Región de La Araucanía, dictada en Expediente Administrativo N° 93353, que resuelve denegar la regularización presentada por el actor respecto del predio denominado “prolongación hijuela Helvetia o solo Helvetia”, de una superficie de 38,00 hectáreas, ubicado en el lugar Peu- Peu, KM. 1, camino Lautaro a Vilcún; como la Resolución Exenta N° 708, de fecha 14 de septiembre de 2020, de la Subsecretaría del Ministerio de Bienes Nacionales, notificada con fecha 27 de abril de 2021, que rechaza el recurso de reposición y jerárquico, lo cual vulneraría las garantías de los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que el rechazo de su solicitud de regularización de bien raíz, ha sido fundado en razonamiento que se apartan del mandato legal, y que encuentran contenidas en la Resolución Exenta N° E-28495, mismas que fueron ratificadas por la Subsecretaría de Bienes Nacionales al rechazarse el recurso jerárquico.

Explica al efecto que se le reprocha no haber dado cumplimiento a lo expresado en el artículo 6 del Decreto Ley N° 2.695/79 respecto a la acreditación del cumplimiento del requisito de ‘no existir juicio pendiente’ respecto del predio; por cuanto no se ha acompañado el certificado respectivo”. Sin embargo, refiere que ello no sería efectivo, por cuanto su parte acompañó en autos un Certificado otorgado por la Notario y Conservador de Bienes Raíces de Lautaro de fecha 21 de enero de 2019, que da cuenta que el inmueble no se encuentra inscrito, siendo todo lo que como particular puede obtenerse de parte de la Conservadora, dado que como es de conocimiento del Ministerio de Bienes Nacionales la reciente modificación del D.L. N°2.695/79, en particular la del artículo 6° al establecer que: “El cumplimiento del requisito de no existir juicio pendiente se acreditara mediante el correspondiente certificado expedido por el Conservador de Bienes Raíces respectivo y, además, con una declaración jurada…”, Agrega que si la exigencia fuera absoluta sobre el Certificado de Litigios Pendientes, el problema de tal presunción es que de ser efectiva, tácitamente la norma estaría dejando fuera de dicho procedimiento a todos los inmuebles no inscritos, lo que es contrario al objetivo declarado en el Decreto que no es otro que “regularizar la situación del poseedor material que carece de títulos o que los tiene imperfecto” (considerando 2° D.L. N°2695/79), lo que implicaría, en la práctica, que a partir del 25 de septiembre de 2018, sólo se podría sanear la propiedad inscrita, lo que está lejos de la intención del legislador al realizar las modificaciones a este cuerpo legal. De esta forma la recurrida de forma arbitraria e ilegal, sin fundamento jurídico plausible, al recurrente se le estaría negando el derecho de propiedad sobre un inmueble en el cual ejerce la posesión material por más de 15 años en forma continua y exclusiva, sin violencia ni clandestinaje, y sin que durante dicho tiempo nadie le halla disputado el dominio o posesión del predio judicialmente, lo que sería acto arbitrario la autoridad, pues se le estaría exigiendo más requisitos que a otros que estando en la misma situación jurídica se le otorgó el saneamiento de su predio, lo que es contrario al principio constitucional de la igualdad ante la Ley, circunstancia que la autoridad debiera tener presente al ponderar este caso.

Agrega que otra razón para el rechazo sería una especie de cosa juzgada administrativa, pues por la circunstancia que en la postulación realizada el año 2015 en expediente N° 42795 fue rechazada porque “no fue posible acreditar la posesión continua y exclusiva y sin violencia en los términos del art. 2 del D.L. N°2.695/79” en relación con el art. 3 inciso 2° del D.L. N°2695/79, según se señala, y se complementa con considerando 3 letra “d” que concluye que: “…ha resultado rechazada en diversas oportunidades, situación que se ha discutido latamente en sede administrativa y judicial; por lo que no corresponde a este Servicio entrar a analizarla nuevamente”.

Al respecto alega que en nuestro ordenamiento jurídico administrativo no existe algo como “La cosa Juzgada Administrativa”, y toda postulación debe ser analizada en el mérito que esta tiene y no en atención al desmerito que pudiera tener otra postulación anterior, es más, es de normal ocurrencia que en materia de saneamiento un inmueble que fue rechazado en una oportunidad termine siendo acogido cuando se subsanan las objeciones que motivaron su rechazo (plazo, cerco, actos posesorios, etc.), entonces al rechazar a priori la postulación porque está ya fue rechazada en una postulación anterior, sin realizar el análisis ponderado de los antecedentes puesto a disposición del servicio, se actúa con prejuicio y contra ley, vulnerando los derechos constitucionales del actor y el principio de igualdad ante la ley. Adiciona que en lo ocurrido con el expediente N° 42795/2015 se omite mencionar que dicha postulación originalmente fue acogida a tramitación por Bienes Nacionales. Sin embrago al concurrirse a medir el predio por la empresa contratista, un vecino colindante se opuso a que concluyeran su labor, siendo posteriormente rechazada la solicitud por oposición en terreno. Resolución que fue recurrida y que la autoridad acogió por Resolución Exenta Nº E-11741 de fecha 13 de septiembre de 2016, al concluir efectivamente que el rechazo no estaba justificado legalmente, ya que, el tercero no cumplía con los requisitos del tipo legal al carecer de igual o mejor derecho de posesión sobre el predio y ordenando que funcionarios del servicio concurrieran nuevamente a medir; procedimiento que finalmente termina por la Res. Ex. N°222 del 16 de febrero de 2018, que cierra toda posibilidad sosteniendo en forma genérica el incumplimiento del art. 2 del D.L. N°2695/79 por esta parte sin dar fundamentos específicos.

Aduce que se le reprocha asimismo no haber acreditado la posesión material con arreglo a lo exigido en el art. 2 y 3 inc. 2 del D.L. N°2695/79, sin embargo, estima haber probado documentalmente que está en posesión del inmueble por sí y agregando la posesión de sus antecesores durante más de 15 años de forma continua y exclusiva, sin violencia ni clandestinaje, y sin que nadie hasta la fecha le halla disputado judicialmente la posesión materia o el dominio sobre el inmueble, solo a modo de ejemplo, se ha acompañado copia de la escritura de cesión de acciones y derechos del año 2004, por el cual se entró en posesión del inmueble, instrumento jurídico que el propio artículo 3 inc. 2 del D.L.N°2695/79 lo declara como “Titulo aparente de posesión” otorgándole un grado superior para acreditar la posesión, y a mayor abundamiento se han acompañado las sucesivas escrituras que han traspasado la posesión del inmueble de unos a otros desde el año 2004 a la fecha.

Asimismo, entiende que se ha acreditado en la forma establecida en el artículo 925 del Código Civil la posesión del suelo a través de hechos positivos, circunstancias que dice cumplir y que se acreditó mediante fotografías acompañadas al expediente donde se acredita las obras ejecutadas en el inmueble, obras de cercado, plantación de árboles, construcción de camarines, limpieza, Tranque, etc., mejoras que son posibles contrastar con la situación original a través de la copia del ORD N°3505 de fecha 30 de noviembre de 2005 del SAG que se acompañó en su oportunidad que da cuenta del Informe de suelo, donde consta el estado en que se encontraba el predio al entrar en posesión del mismo y todos los adelantos y mejoras existentes que son obra de esta parte y que el servicio pudo y puede constatar físicamente en la evaluación técnica en terreno. Todo ello constituye hechos positivos de posesión existentes en terreno; se ha acompañado también los Derechos de Agua inscrito sobre el estero Peu-Peu, la pertinencia Minera inscrita que recae sobre dicha superficie de las cuales también es titular mi representado, y el respectivo pago de impuestos sobre la misma (art. 4 inc. 2° D.L. N°2695/79).

Agrega que en sentencia dictada en causa Rol Protección 1949-2005 la Corte de Apelaciones de Temuco tuvo por acreditado que su representado era el propietario del predio, lo cual fue confirmado por la Corte Suprema.

Afirma haber acompañado en el Expediente Administrativo, reportaje en del diario Austral donde se expone el proyecto pensado para el predio, lejos de ser una ocupación clandestina es pública, con publicidad, como asimismo una Escritura de Transacción suscrita entre esta parte y el ex Alcalde de Lautaro Renato Hauri del 3 de agosto del 2006, por el cual dicha autoridad edilicia reconoce como poseedor de los terrenos cuyo saneamiento solicitó y fijando los deslinde existentes entre el parque Municipal Isabel Riquelme y los predios que ocupa su representado. Por lo demás, Nadie ha impugnado jurídicamente la posesión o han alegado ante los tribunales de justicia tener mejor derecho sobre el predio respecto del cual solicitó saneamiento de título. Hay que recordar que el art. 2 N° 2 del D.L. N°2695/79 lo que exige es que no exista juicio pendiente en contra en que se discuta el dominio o posesión del inmueble, iniciado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.

Señala que como tercera razón del rechazo que el inmueble que se posee sería fiscal, en atención a que “el solicitante no ha logrado acreditar la existencia de inscripción conservativa del predio objeto de regularización”, por lo que le es aplicable el artículo 590 del Código Civil.

Sobre ello, argumenta que al postular el saneamiento declaró que el inmueble carece de inscripción, es más específicamente el origen de la posesión se encuentra en una cesión de acciones y derechos que nombre reservado, quien era propietario del predio Helvetia según inscripción de Fojas 482 vta. Nº730 del año 1991, le hace al Sr. nombre reservado sobre la “Prolongación de la Hijuela Helvetia”. La referida Cesión de Acciones y Derechos, se realiza mediante escritura pública, celebrada ante Notario de Lautaro, doña María Antonieta Suarez Castro, y en una de sus cláusulas da cuenta clara que el predio en cuestión no cuenta con inscripción en el Registro de Propiedad, por lo que es posible regularizar por el procedimiento de Regularización del D.L. N°2695/79, como “Primera Inscripción” por simple posesión material. - Sostiene que a partir de 1977 y 1979 la presunción general de que los inmuebles que carezcan de otro dueño se reputaran propiedad del Estado establecida en el artículo 590 del Código Civil, sufre una limitación, que es que el Estado debe inscribir dicho inmueble a favor del Fisco dotándolo, para tal efecto, de un mecanismo simplificado para hacerlo. Así, de no ser inscrito por el Fisco y ser ocupado por un particular, este podrá solicitar el saneamiento del inmueble, ya que queda excluido del saneamiento de título sólo los inmuebles que tengan inscripción a favor del Fisco de Chile, y no todos los inmuebles que pudieran ser del Estado con arreglo al artículo 590 del Código Civil, lo que se ve refrendado: en el artículo 2° inc 2° del D.L. N°2695/79 Indica que el Derecho Administrativo es de orden estricto, y necesario reiterar que el artículo 8 del D.L. N°2695/79 al establecer las excepciones a la norma, esto es los casos en que las disposiciones sobre saneamiento no serán aplicables, expresamente señala: “Tampoco serán aplicables a las propiedades fiscales, entendiéndose por tales las que se encuentren inscritas a nombre del Fisco…”, y es del caso que el inmueble cuyo saneamiento solicitó no posee inscripción conservativa alguna a favor del Fisco, ergo “NO ES PROPIEDAD FISCAL”.

Invoca como vulneradas las siguientes garantías constitucionales:

1) Artículo 19 N° 2, de la Constitución Política de la República, puesto que la conducta de la institución recurrida, al haber omitido el cumplimiento de la ley, actuó en abierta infracción del principio y mandato constitucional de la igualdad ante la ley. Esta discriminación se manifiesta en el hecho no haber acogido la solicitud de regularización de la pequeña propiedad raíz, Expediente Administrativo N° 93353 en conformidad al ordenamiento jurídico vigente, al hacer exigencias improcedentes para dar curso al saneamiento, como exigir la forma de acreditación de la inexistencia de juicios pendientes respecto de un predio carente de inscripción conservatoria; sin dejar de considerar la errada e ilegal aplicación de las normas para acreditar la posesión de del predio a cuyo respecto se acompañó al expediente respectivo extensa documentación que acredita la posesión por más de 15 años; sin dejar de mencionar la errada referencia a una eventual preclusión del derecho a su representado a impetrar el decreto Ley 2.695 para obtener la regularización del inmueble.- 2)

Artículo 19 N° 24, de la Constitución Política de la República, toda vez que el rechazo de la solicitud de regularización afecta directamente el derecho de propiedad, pero de manera tal que dicha afectación implica la negación de la posesión material continua, pacífica y sin interrupción por más de 15 años que don nombre reservado, detenta sobre el inmueble.

Indica que fundar el rechazo entre otras razones en una eventual calidad de tierra fiscal del inmueble denominado “Prolongación Hijuela Helvetia” o “Helvetia”, es una errada aplicación de las normas que regulan la posesión y el dominio; afectándose directamente el derecho constitucional a la propiedad.

Pide que se acoja su recurso de protección y en definitiva declarar que la actuación de las recurridas al dictar la Resolución Exenta N° E – 28495, de fecha 06 de agosto de 2019, y ratificada por Resolución Exenta N° 708, de fecha 14 de septiembre de 2020, de la Subsecretaría del Ministerio de Bienes Nacionales, ya antes referidas; y que denegó la solicitud de regularización de la pequeña propiedad raíz al tenor del Decreto Ley 2.695 de 1979, presentada por don nombre reservado, han actuado en forma ilegal y arbitraria; ordenando dejarlas sin efecto, para que en su lugar dicte por la instancia correspondiente, la resolución que en derecho corresponde aceptando la solicitud de regularización de la pequeña propiedad raíz; sin perjuicios de los derechos que terceros pudieren hacer valer en el procedimiento de rigor, con expresa condenación en costas.- Acompaña los siguientes documentos: Resolución Exenta N° E- 28.495, de fecha 06 de agosto de 2019; Resolución Ex. N| 708 de 14 de septiembre de 2020; Plano del inmueble; Plano de emplazamiento del predio Helvetia; Informe topográfico del predio; Antecedentes del origen del predio en anteriores dueños; Escritura de compraventa del predio Hevetia del Sr. nombre reservado; Certificado Avalúo; Informe del SAG sobre características del predio; Publicación Diario Austral de proyecto a realizarse en el predio; Publicación Diario Austral de atentado incendiario en inmueble; Constancia de notificación de Resolución N° 708, de 14 de septiembre de 2021 de Subsecretaría de Bienes Nacionales.

A folio 15 evacúa informe la recurrida SEREMI de Bienes Nacionales de la Araucanía, solicitando su rechazo, con costas.

1° Alega en primer término que el recurso debe ser rechazado por no existir un derecho indubitado, por cuanto es un hecho que el recurrente no es titular del dominio sobre el inmueble en cuestión, por lo que no concurre privación, perturbación o amenaza al derecho de propiedad que se reclama vulnerado, ya que precisamente la supuesta privación de las garantías constitucionales que el recurrente estima vulneradas se habrían producido en un procedimiento administrativo en que el que se pretende la constitución de un derecho de dominio.

2° Agrega que el recurrente pretendió regularizar el mismo predio denominado "Helvetia" a través del procedimiento establecido por el D.L. N° 2695, el que fue rechazado por la Resolución Ex. 962, de 15 de diciembre 2016, de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, y confirmado por Resolución N°305, de 20 de abril de 2017, que rechazó el recurso de reposición. En contra de dichas resoluciones, el recurrente interpuso ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco, recurso de protección rol de ingreso Corte N°2429-2017, que fue rechazado en primera instancia y la Excma. Corte Suprema, en los autos rol de ingreso 40.186, confirmó la sentencia de primer grado, por sentencia de fecha 23.01.2018.

3° Agrega que El Fisco de Chile interpuso demanda de restitución de inmueble fiscal en contra de los señores nombre reservado y nombre reservado, tramitada ante el Tercer Juzgado de Letras en lo Civil de Temuco, rol de ingreso Nro 1094-2016, a fin de que se declarara que los demandados tienen la calidad de ocupantes ilegales del inmueble fiscal denominado "Pozo Lastre", de una superficie de 73.350 metros cuadrados, ubicado en el domicilio reservado, y que se les condene a restituir el predio fiscal y a indemnizar al Fisco de Chile por los perjuicios ocasionados, en especial por los daños de la construcción de una laguna artificial. Al contestar la demanda, el ahora recurrente, expone que el terreno fiscal se ubica en el predio que se denominaba Alsacia, y que los demandados "ocupan el predio denominado Elvetia o Helvetia de una superficie de 38 hectáreas".

Por sentencia judicial de fecha 30 de junio de 2016, se acoge la demanda, y se ordena restituir el predio fiscal denominado "Pozo Lastre". La Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco, en los autos rol N° 1022-2016, rechaza el recurso de casación en la forma, y confirma la sentencia de primera instancia, con declaración que se acoge, también la demanda respecto a condenar a los demandados a indemnizar al Fisco de Chile por los perjuicios.

Por su parte, la Excma. Corte Suprema, por sentencia de fecha 14.12.2017, rol de ingreso N° 35.835-2017, declara inadmisible el recurso de casación en la forma y rechaza el recurso de casación en el fondo, rechazando por resolución de fecha 26.12.2017 el recurso de reposición interpuesto por los recurrentes, y dictándose el cúmplase con fecha 15.01.2018.

De lo expuesto, concluye que por sentencia judicial ejecutoriada quedó asentado que parte del predio que el recurrente pretende regularizar, y que denomina Helvetia es de propiedad fiscal y su ocupación ilegal.

4° Expone que no hay una omisión o actos arbitrarios o ilegales de la SEREMI de Bienes Nacionales, refiriendo los antecedentes del procedimiento administrativo señalando que el recurrente, con fecha 25.03.2019, presentó ante el Ministerio de Bienes Nacionales solicitud para acceder al trámite de regularización de la posesión de la propiedad ubicada en el Predio denominado "Prolongación Hijuela Helvetia" o solo "Helvetia" de una superficie de 38.00 Has. ubicado en el lugar Peu-Peu, Km. 1 camino Lautaro a Vilcún, comuna de Lautaro, provincia Cautín, Región De La Araucanía. Resaltando dos aspectos:

a)

El solicitante, hoy recurrente, indica, en su declaración jurada, como hechos que justifican su posesión, la construcción de la laguna artificial, que, como se indicó previamente, ha quedado establecido por sentencia judicial, ejecutoriada con fecha 15.01.2018, que es de dominio fiscal.

b)

No aportó ningún antecedente que dilucidara el problema de los terrenos aluvionales, como fue expresamente indicado por Resolución N°1284, de 22.06.2017, el Sr. Subsecretario de Bienes Nacionales, en la denegación previa de regularización del mismo predio, ya que la prolongación, según memoria explicativa, corresponde al cauce del río, por lo que estaríamos en presencia de un bien nacional de uso público respecto del que no cabe aplicar el procedimiento de regularización establecido por el DL 2695.

Agrega que por Resolución Ex. N° E-28.495, de fecha 06.08.2019, recurrida en estos autos, se deniega la solicitud de regularización, teniendo en consideración los rechazos previos respecto de la regularización sobre el mismo inmueble. Se fundamenta la resolución denegatoria en el sentido de que, del análisis efectuado a los antecedentes acompañados se ha podido estimar que el solicitante no cumplió con los requisitos exigidos en el Decreto Ley N° 2.695/79, toda vez que:

a.- Que, la postulación en cuestión no ha dado cumplimiento a lo expresado en el artículo 6 del Decreto Ley N° 2.695/79 respecto a la acreditación del cumplimiento del requisito de "no existir juicio pendiente"; por cuanto no se ha acompañado el certificado respectivo.

b.- Además, respecto del inmueble objeto de la presente solicitud, se ha resuelto con anterioridad el rechazo de la tramitación en diversas oportunidades. Al efecto, mediante la Resolución Exenta N° 1.226 de fecha 12 de octubre de 2018 se declaró inadmisible el Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por el solicitante nombre reservado contra las Resoluciones Exentas N° 1.284 de 22 de junio de 2017 y N° 222 de fecha 16 de febrero de 2018, ambas de la Subsecretaría de Bienes Nacionales, que en su momento resolvieron el Recurso Jerárquico interpuesto.

Lo anterior, dice relación con lo dictaminado por la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Araucanía en las Resoluciones Exentas N° 962 de 15 de diciembre de 2016 y N° 305 de 20 de abril de 2017, en cuanto al rechazo de la postulación sobre el Predio denominado "Prolongación Hijuela Helvetia" o solo "Helvetia" de una superficie de 38.00 Has. ubicado en el lugar Peu-Peu, Km. 1 camino Lautaro a Vílcún, comuna de Lautaro. El mencionado rechazo se fundamentó en que no fue posible acreditar la posesión continua y exclusiva y sin violencia en los términos del artículo 2 del D.L. N° 2.695/79; situación que no logró ser desvirtuada en el recurso administrativo presentado con posterioridad. Asimismo, se indicó que de los antecedentes presentados por el recurrente permitieron colegir que no tendría acciones o derechos para fundar su posesión en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 inciso segundo del ya mencionado D.L. N° 2.695.

c- Asimismo, se debe indicar que tanto en la presente postulación como en las anteriores el solicitante no ha logrado acreditar la existencia de inscripción conservatoria del predio objeto de regularización. En este sentido, el artículo 590 del Código Civil señala que "son bienes del Estado todas las tierras que, estando situadas dentro de los límites territoriales, carecen de otro dueño", situación aplicable a la presente postulación y que, a su vez, debe relacionarse con la facultad de nuestro Servicio de aplicar el procedimiento establecido en el inciso final del artículo 5 y el artículo 11, ambos del D.L. N° 1.939/77, en cuanto a que "estos bienes (en referencia al artículo 590 del C.C.) serán inscritos en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 58 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces". Por tanto, en virtud de lo indicado el inmueble en cuestión presenta la calidad de de ser presuntamente fiscal.

d.- Que, según se ha expresado, la presente postulación recaída en el Predio denominado "Prolongación Hijuela Helvetia" o solo "Helvetia" ha resultado rechazada en diversas oportunidades, situación que se ha discutido latamente en sede administrativa y judicial.

Con fecha 22 de agosto de 2019, el solicitante deduce recurso de reposición y, en subsidio, recurso jerárquico, en contra de la Resolución Ex. N°28.495, de 06.08.2019, solicitando que se deje sin efecto y en su reemplazo se ordene la continuación del proceso de regularización con los trámites establecidos por el DL N° 2695.

Mediante resolución Exenta N° 55, de fecha 27 de enero de 2020, esta Secretaría Regional Ministerial rechazó el recurso de reposición, fundado, entre otros, que, en el mes de enero del año 2018, previo a la solicitud del Sr. nombre reservado, el Fisco de Chile ha comenzado los trámites para la inscripción a favor del Fisco del predio de una superficie de 24,31 hectáreas, ubicado en el lugar Peu Peu, por lo que no se acoge el recurso de reposición.

Cabe precisar el recurso jerárquico interpuesto en contra de la resolución que denegó la tramitación de la regulación, fue resuelto por Resolución Ex. N° 708, de fecha 14.09.2020, por el Sr. nombre reservado del Ministerio de Bienes Nacionales, que rechazó el referido recurso, no advirtiendo vicio de procedimiento que permitan invalidarlo.

De lo expuesto concluye que no ha existido ni puede existir una "acción u omisión ilegal o arbitraria" que determine la procedencia del recurso de protección interpuesto, toda vez que la decisión de denegar la solicitud de regularización se adoptó ajustándose plenamente a los principios consagrados en los artículos 6o y 7o de la Carta Fundamental, a cuya observancia irrestricta se encuentran obligados los Órganos de la Administración del Estado, toda vez que establecen principios fundamentales, de amplia aplicación en un Estado de Derecho, y por ende, vinculantes para la Administración.

Concluye asimismo que no existe vulneración alguna al ejercicio de los derechos que el recurrente pretende, este recurso de protección debe ser íntegramente rechazado.

A folio 19 evacúa informe el Subsecretario de Bienes Nacionales, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

En primer término, señala que la materia objeto de estos autos ya fue discutida previamente en sede administrativa y judicial. Expone al efecto los antecedentes del Expediente N° 42795 del año 2015 y en recurso de protección interpuesto frente a ese primer rechazo, siendo desestimado en autos Rol 2429-2017 de esta Corte y confirmado por la Excma. Corte en autos Rol 40.186-2017.

De igual forma como lo expuso la recurrida SEREMI de Bienes Nacionales, indica lo resuelto en Demanda de restitución de inmueble fiscal en juicio ordinario de hacienda, rol N°C-1097-2016, del 3° Juzgado Civil de Temuco, caratulada “Fisco de Chile con nombre reservado”, el que concluyó que el Fisco de Chile era propietario del inmueble cuya restitución solicitó y, que los Demandados eran efectivamente ocupantes ilegales de dicha propiedad.

Alega la improcedencia del recurso de protección fundado en que no es posible acceder a la regularización pretendida por el Recurrente, debido a que la situación particular del inmueble se aparta de las exigencias del D.L. N°2695/79 para acceder al saneamiento, por las siguientes razones:

(i) No haber dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 6° del Decreto Ley, respecto a la acreditación del requisito de no existir juicio pendiente.

(ii) No haber presentado nuevos antecedentes que dieran cuenta de una posesión tranquila y pacífica, en los términos establecidos por el artículo 2° del Decreto Ley, de manera que la situación fáctica en la que se encuentra el Recurrente en este procedimiento de regularización es la misma que la existente al momento de rechazar su primera postulación.

(iii) En tercer lugar, debido a que la falta de inscripción conservatoria del inmueble hace aplicable el artículo 590° del Código Civil (i) una parte del inmueble se superpone con una propiedad de dominio fiscal, cuyo dominio se encuentra inscrito a nombre del Fisco13, tal como se acreditó en el juicio civil al que hicimos referencia en la letra c) del apartado II precedente, respecto de la cual el Recurrente ejerce ocupación ilegal. Dicha superposición abarca una superficie aproximada de 7,535 has., y se encuentra individualizada en el plano N°09108-8931-C.R. del Ministerio de Bienes Nacionales.

(ii), otra parte del terreno se superpone con una superficie aproximada de 24,31 has. individualizada en el plano N°09108-17.687, la cual se encuentra en vías de inscripción por parte del Fisco de Chile, en aplicación del artículo 590° del Código Civil.

(iii) otra parte del terreno se superpone con una superficie aproximada de 0,76 hectáreas, cuya naturaleza es la de bien nacional de uso público, por formar parte del cauce del río Peu-Peu.

(iv) Y, finalmente se verifican las siguientes dos superposiciones con propiedades presumiblemente de dominio particular:

a. La primera, corresponde a una porción de terreno de 2,85 has. de la Comunidad Indígena nombre reservado; y, b. La segunda, corresponde a una porción de terreno de 2,83 has., la cual forma parte de un predio de mayor extensión, enrolado en el Servicio de Impuestos Internos bajo el N°291-129, de la comuna de Lautaro.

Aduce que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver el presente asunto, por cuanto el recurrente intenta mediante el ejercicio de la presente acción discutir aspectos de fondo del procedimiento de regularización, tendientes a acreditar que sí cumple con los requisitos establecidos en el D.L. N°2695/79, determinación que no es posible de cautelar por esta vía, toda vez que el recurso de protección no constituye una instancia de declaración de derechos sino de protección de derechos.

Niega que haya existido acto ilegal o arbitrario atribuible al Ministro de Bienes Nacionales, sino que los actos impugnados se dictaron por las Recurridas en uso de las facultades que el ordenamiento jurídico les confiere en materia de saneamiento de la pequeña propiedad raíz, ajustándose plenamente a los principios de legalidad y juridicidad consagrados en los artículos 6° y 7° de la CPR.

Niega que se haya vulnerado la garantía del artículo 19 N° 24 de la Constitución, por cuanto no tiene derecho de propiedad alguno sobre el inmueble que pretende regularizar, ni menos sobre los eventuales efectos jurídicos de una posesión que, según se constató en el procedimiento administrativo respectivo, no fue posible de acreditar, en los términos exigidos por el D.L. N°2695/79.

Niega asimismo que se haya vulnerado la garantía del artículo 19 N° 2 de la Constitución, estimando que los argumentos sostenidos por el Recurrentes para fundar la vulneración al derecho de igualdad ante la ley carecen de todo sustento, pues la situación que motiva el presente recurso se enmarca en la normativa vigente, en aplicación de un procedimiento administrativo válido y cabalmente ajustado a derecho.

Acompaña a su informe:

1. Sentencia de la Excma. Corte Suprema de fecha 23 de enero de 2018, dictada en autos de protección caratulados “nombre reservado con nombre reservado”, rol de ingreso N°40.186-2017.

2. Sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco, de fecha 12 de septiembre de 2017, dictada en autos de protección caratulados “nombre reservado con nombre reservado”, rol de ingreso N°2429-2017.

3. Sentencia del 3° Juzgado Civil de Temuco de fecha 30 de junio de 2016, dictada en juicio ordinario de hacienda de restitución de inmueble fiscal, caratulado “Fisco de Chile con nombre reservado”, Rol N°C-1097-2016.

4. Sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco de fecha primero de junio de 2017, dictada en sede de apelación del juicio civil individualizado en el N°3 precedente, rol de ingreso N°1022-2016.

5. Sentencia de la Excma. Corte Suprema de fecha 14 de diciembre de 2017, dictada en sede de casación en la forma y en el fondo de la causa individualizada en el N°3 precedente, rol de ingreso N°35.835-2017.

6. Copia simple de la Resolución Exenta N°E-9744 de 18 de agosto de 2016, de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Araucanía.

7. Copia simple de la RE N°E-11741 de 13 de septiembre de 2016, emitida por la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Araucanía.

8. Informe Técnico de fecha 20 de octubre de 2016, elaborado por los Inspectores Técnicos don nombre reservado y don nombre reservado.

9. Informe Jurídico de fecha 4 de noviembre de 2016, elaborado por el asesor jurídico don nombre reservado.

10. Copia simple de la RE N°962 de 15 de diciembre de 2016, de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Araucanía.

11. Copia simple de la RE N°305 de 20 de abril de 2017, de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Araucanía.

12. Copia simple de la RE N°1284 de 22 de junio de 2017, de la Subsecretaría de Bienes Nacionales.

13. Copia del plano ministerial N°09108-17.687-C.R. que grafica el terreno en proceso de inscripción fiscal, de una superficie de 24,31 has.

14. Copia del plano ministerial N°09108-8.931 C.R, que grafica el inmueble de propiedad fiscal, de una superficie de 7,535 has.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para tales efectos, preciso es que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Segundo: Que, el recurrente estima ilegal y arbitraria la Resolución Exenta número E-28495 de fecha 6 de agosto de 2020, que deniega solicitud de Regularización, por cuanto alega que se le efectúan exigencias que son imposibles de cumplir como es certificado de título inscrito, por lo que presentó recurso jerárquico de reposición el que fue rechazado por resolución exenta N° 708 del 14 de septiembre de 2020.

Tercero: Que de conformidad al DL 2.695 el que fijó las normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella en su artículo 2 indica los requisitos que se requieren para ejercitar este derecho que son los siguientes:

1.- Estar en posesión del inmueble, por sí o por otra persona en su nombre, en forma continua y exclusiva, sin violencia ni clandestinidad, durante cinco años, a lo menos, y 2.- Acreditar que no existe juicio pendiente en su contra en que se discuta el dominio o posesión del inmueble, iniciado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud. No será obstáculo para el ejercicio de este derecho la circunstancia de que existan inscripciones de dominio anteriores sobre el mismo inmueble.

En sus artículos 10 y 11 dispone que una vez ingresada la solicitud será admitida a tramitación previo informe jurídico si es muy oneroso o difícil la regularización por los procedimientos de otras leyes, y pedirá antecedentes del ultimo propietario para notificar, luego de esto se dispondrá que se compruebe en terreno la concurrencia de los requisitos del artículo 2 y reunirá los datos necesarios para individualizar el inmueble. Solo una vez efectuado estos trámites y previo informe jurídico el Servicio, deberá pronunciarse denegando o aceptando la solicitud presentada.

Cuarto: Que en este caso el recurrente presentó su solicitud y no se le dio lugar atenido a que no tenía inscripción conservatoria del predio objeto de la presente solicitud. El recurrente presentó recurso jerárquico de reposición en contra de la resolución exenta E 28495, que rechazo su solicitud de regularización por no cumplir con los artículos 2, 6 y siguientes del DL 2.695/79 y lo dispuesto en el artículo 590 del Código Civil, pues el solicitante no logró acreditar la existencia de inscripción conservatoria del predio, que al presentar el recurso en contra de la resolución informa que el inmueble no contaría con la inscripción conservatoria por lo que se le solicita expresamente primera inscripción sobre el predio, no acompañando documento alguno que permita revertir lo resuelto, por lo que el recurso es rechazado por resolución exenta 708 del 14 de septiembre de 2020.

Quinto: Que según el artículo 590 del Código Civil son bienes del Estado todas las tierras, que estando situadas dentro de los límites territoriales que carecen de otro dueño. A lo que se une lo dispuesto en el DL 1939/77, que regula las normas sobre adquisición administración y disposición de bienes del Estado, Artículos 5 y 11, la Dirección deberá tomar posesión en representación del Fisco, de todos los bienes que deban ingresar al patrimonio del Estado de acuerdo con los artículos 590 y 995 del Código Civil; de los que sean rescatados en conformidad a denuncias, o de los que el Fisco adquiera o recupere en cumplimiento de sentencias ejecutoriadas y los bienes raíces que pertenezcan al Estado conforme a lo dispuesto en el artículo 590 del Código Civil, podrán ser administrados y transferidos en conformidad a la ley. Estos bienes serán inscritos en el respectivo registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 58 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces.

Sexto: Que, en estas condiciones, es posible advertir que el conflicto que presenta el recurso no corresponde a una materia que deba ser dilucidada mediante esta acción cautelar de urgencia, puesto que la discusión de fondo que plantea se centra, a fin de cuentas, en si la solicitud de regularización de pequeña propiedad raíz presentada por el recurrente cumple o no con los requisitos que exige el Decreto Ley N°2695 y si, en consecuencia, tiene o no el peticionario derecho a regularizar el inmueble objeto de ella, determinación que no es posible de cautelar por esta vía en atención al hecho que no constituye una instancia de declaración de derechos, sino de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en situación de ser amparados, presupuesto que, conforme a lo dicho en la especie, no concurre, teniendo especialmente presente que a la solicitud presentada ante el Organismo pertinente se le dio la tramitación debida, conociendo y resolviendo los recursos presentados, todo a través de resoluciones debidamente fundadas.

Séptimo: Que en igual sentido ya ha fallado esta Corte en causa Rol 8638-2020, la cual fue confirmada por la Corte Suprema rol 11.534-2021 el 21 de enero de 2021, pues en dicho caso el solicitante de regularización no era poseedor sino cuidador del predio.

Y también puede citarse el rol 2429-2017 de esta Corte, confirmada por la Corte suprema Rol 40.186-2017, sobre recurso de protección entre las mismas partes, en relación al mismo predio “Helvetia”, por haber sido rechazada la solicitud de regularización.

A mayor abundamiento está el hecho de haber existido la causa Rol 1094-2016, en la cual por sentencia de fecha 30 de junio de 2016, donde se acogió la demanda, y se ordenó restituir el predio fiscal denominado "Pozo Lastre", confirmada por la Corte de Temuco, en causa rol N° 1022-2016, rechazando el recurso de casación en la forma, y confirmando la sentencia de primera instancia, con declaración que se acoge, también la demanda respecto a condenar a los demandados a indemnizar al Fisco de Chile por los perjuicios.

Octavo: Que atendido lo razonado en los motivos que preceden, el presente recurso de protección no se encuentra en condiciones de prosperar, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder al recurrente.

Por estas consideraciones, normas constitucionales y reglamentarias citadas, y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Sergio Oliva Fuentealba, abogado, a favor de don nombre reservado, en contra de Don nombre reservado, Subsecretario del Ministerio de Bienes Nacionales, y de doña nombre reservado, en su calidad de Secretaria Regional Ministerial Bienes Nacionales.

Regístrese.

Redacción de la Ministra (S) Viviana Ibarra Mendoza.

Rol N° Protección-4730-2021 (pvb).