nombre reservado con SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA NAHUELBUTA S.A.

C.A. de Temuco Temuco, diecisiete de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, C.I. RUT reservado, abogado, domiciliada en domicilio reservado, en representación convencional según se acreditará de la nombre reservado, persona jurídica del giro de su denominación, nombre reservado número sesenta y cinco millones cuarenta y siete mil setecientos dieciséis guión dos, domiciliada para estos efectos, en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de el FISCO DE CHILE, en representación del MINISTERIO DE OBRA PÚBLICAS, representado para estos efectos por el Consejo de Defensa del Estado, persona jurídica de derecho público, a través de su Procurador Fiscal DIEGO ACUÑA GALVEZ, Abogado Procurador Fiscal de Temuco, ambos con domicilio en domicilio reservado, y en contra de la SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA NAHUELBUTA S.A., RUT RUT reservado, empresa del giro de su denominación, representada legalmente por don nombre reservado. , en su calidad de Gerente General, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana.

Señala que funda el presente recurso, en los siguientes antecedentes de hecho y de derecho que a continuación pasamos a exponer:

I.- ANTECEDENTES PREVIOS 1. La nombre reservado recurrente, es una persona jurídica legalmente constituida y vigente, y que por sus características sociales, económicas, culturales y geográficas se emplaza en tierras indígenas y en un área de desarrollo de tal connotación, donde además existe un área ceremonial mapuche, ya que la zona en la cual se producen las afectaciones por parte de los recurridos corresponde a un “ÁREA ANCESTRAL DEL TÍTULO DE RECONOCIMIENTO ARAUCANÍA NORTE DEL nombre reservado DE 1.657”.

2. De manera, que en la actualidad mi mandante mantiene un derecho de propiedad trastocado de manera arbitraria e ilegal por parte de los entes recurridos, el cual recae sobre un inmueble que si bien les pertenecía a la comunidad por derecho consuetudinario, el Estado Chileno les entregó un título de dominio, en conformidad a las normas contenidas en el Decreto Ley 2.695 el cual se encuentra vigente y rola inscrito a fs. 1.701 Nº 1.398 del Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces de Angol, correspondiente al año 2014.

3. Es más, y a un mayor abundamiento, el referido inmueble además se encuentra dentro del Catastro Nacional de terrenos indígenas a cargo de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Por su parte, las recurridas en sus respectivas calidades de mandante y empresa contratista respectivamente, ejecutan en la actualidad el proyecto “Mejoramiento Ruta Nahuelbuta”, el cual en términos generales implica el supuesto mejoramiento y ampliación de la Actual Ruta 180, entre la ciudad de Los Angeles y la Localidad de Huequén (comuna de Angol)

4. Pues bien, como parte del citado proyecto se realizó una consulta indígena en las comunas de Angol y Renaico en el marco del Convenio 169 de la OIT.

5. Y es en este contexto que se suscribe entre la nombre reservado recurrente y los recurridos un PROTOCOLO DE ACUERDO DE OBSERVACIONES Y COMPENSACIONES, el cual hoy en día no se encuentra siendo respetado por los demandados, en los términos que se expondrán en el presente libelo.

II.- DE LOS ACTOS EJECUTADOS POR LA RECURRIDA QUE TRANSGREDEN LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES DE LA PERSONA JURÍDICA RECURRENTE.- 6. El día 9 de diciembre del año 2024 el inspector Fiscal de Construcción, envía a don nombre reservado, en su calidad de Lonko de la nombre reservado una misiva, mediante la cual exponen que personal de la Inspección Fiscal realizo las consultas correspondientes a la Sociedad Concesionaria Rutas Nahuelbuta, la cual entregó respuesta mediante carta N°4647 de fecha 28.11.24, la que a su vez remitieron para su conocimiento, y que en términos breves y suscintos sostiene que ellos estarían dando estricto cumplimiento a los compromisos adquiridos pretéritamente entre el Ministerio de Obras Públicas y la nombre reservado, lo cual no es efectivo.

7. En efecto, el compromiso arribado, incluía la construcción de una caletera de Roblería a Renaico ( salida hacia el Norte ). Desde la Comunidad,por el lado Oeste ,paralelo a la Carretera que se está construyendo actualmente .

8. Por el contrario, la caletera en actual construcción está por el lado Este de la misma carretera y es por el sector de Parronal.

9. Así las cosas, de acuerdo al convenio 169 de la OIT ,esto se califica como afectación directa a la Comunidad. Ellos están imponiendo una salida alternativa , por una caletera, que implica a la nombre reservado recurrente dar una vuelta de 1,2 Km hacia el Sur de su predio predio, - Lote B- para poder acceder a la carretera ,sumado la vuelta de igual medida para llegar 40 metros al frente del mismo punto de nuestra ubicación del lugar de la Comunidad .

10. En otras palabras, el diseño actual de las obras, trastoca gravemente el derecho de propiedad de mis mandantes pues no permite que a lo menos dos de sus atributos puedan ser ejercidos en propiedad, pues encierra el inmueble sin salida directa a la carretera, con el peligro que incluso ello implica en época estival, por los recurrentes incendios forestales que han afectado la zona, lo cual es un hecho público y notorio.

11. Por su parte, tampoco se ha respetado el derecho y libertad que la propia Carta Fundamental les asegura a los recurrentes para poder manifestar libremente sus creencias mapuches de mis mandantes quienes se reunen periodicamente en el pre citado inmueble para la realización de Ceremonias, siendo su Área Ceremonial.

III.- DE LA LEGITIMIDAD DE LAS RECURRENTES.- 13.- Tratándose de personas jurídicas, como es el caso de la recurrente, y a un cuando resulte de Perogrullo cabe traer a colación que reiteradamente la jurisprudencia y la doctrina nacional han sostenido que la legitimación activa en un recurso de protección ha sido reconocida ampliamente a cualquier persona, natural o jurídica, afectada "en sus derechos", no estando nadie excluido de su ejercicio, en especial si se considera que la nombre reservado es titular exclusiva de un derecho de dominio que recae sobre el inmueble afectado por las conductas arbitrarias e ilegales de la recurrida, según consta en certificado de dominio acompañado a esta presentación.

14- La idea de perturbación indica, o da a entender, un trastorno del orden y concierto de las cosas, o bien un trastorno de su quietud o sosiego, la alteración de una situación pacífica, tranquila y cuyo goce satisface.

15.- En el caso en comento, la alteración de la situación de goce tranquilo y sosiego se traduce en el trastorno que sufre la comunidad recurrente en relación a su derecho de dominio del cual es titular, frente a la instalación de los postes del tendido eléctrico realizada por la recurrida dentro de los límites del inmueble de propiedad de la nombre reservado.

IV.- EN CUANTO A LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 16.- Reiterando la idea anterior, los hechos en que se funda el presente Recurso de protección constituyen actos arbitrarios e ilegales de parte de la recurrida que transgreden gravemente el derecho garantizado en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de La Republica, por las razones latamente expuestas en forma precedente, pues el diseño actual de las obras en ejecución de Mejoramiento de la Ruta 180 trasgreden el derecho de propiedad de mis mandantes, además de perturbar su libertad de conciencia y manifestación de sus creencias mapuches.

17.- A más de lo anterior, no podemos obviar que en el caso concreto el recurrido no ha actuado conforme al imperativo constitucional en comento, pues la Carta Fundamental es categórica en sostener que nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre el que recae, o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio sino en virtud de ley general o especial que autorice expropiación por causa de utilidad pública, hipótesis que no procede en este caso, ya que se trata de un particular que arbitrariamente ha perturbado el goce legítimo sobre el derecho de dominio de mi representada, sobre el inmueble tantas veces referido.

18.- Entonces, a la luz de los antecedentes esgrimidas en la presente acción, queda de manifiesto que la recurrida ha procedido de facto a invadir y segregar el inmueble de propiedad de la recurrente, sin permitirle una salidad directa y expedita, contrariando nuestro ordenamiento institucional que proclama la supremacía del principio de legalidad y la vigencia efectiva de un estado de derecho que exige que tanto la autoridad commo los particulares enmarquen su actuación dentrod e las normas jurídicas en rigor y respeten cabalmente los derechos de los terceros.

19.- Por otra parte, nuestra Excelentísima Corte Suprema ha reconocido en variadas ocasiones que el instituto procesal de la protección de los derechos y garantías constitucionales ha sido formulado por el Constituyente en términos que manifiestamente trasuntan su propósito de resguar a la persona de todo atentado a sus derechos fundamentales, sea que ellos emnen de particulares o de la autoridad pública cuandos aquéllos actuan fuera de la regulación pre establecida, y, por ello facticamente, o incurren en ilegalidad manifiesta y grave en la substanciación, desarrollo y ejecución de una actividad, que en el caso concreto si bien se trata de una actividad lícita que desarrolla la recurrida, la ilicitud de su actuar se traduce en la invasión al derecho de propiedad de mi representada, pues en el trazado de la Linea de Transmisión aludida no se encuentran incluídos el paso o atravieso por el inmueble signado como Lote B de propiedad de la nombre reservado recurrente.

Finalmente pide que de acuerdo a lo expuesto precedentemente, lo previsto en el artículo 20 de la Constitución y demás normas pertinentes del Código Orgánico de Tribunales, y demás normas legales aplicables, tenga por presentado dentro de plazo el presente recurso de protección en contra del MiNISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, representado por su MINISTRO DE ESTADO JAVIER ANDRÉ SANDOVAL GUZMAN, a su vez representados para estos efectos por el Consejo de Defensa del Estado, , a través de su Procurador Fiscal DIEGO ACUÑA GALVEZ, y en contra de la SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA NAHUELBUTA S.A, ya suficientemente individualizados, lo admita a tramitación y SE LES OTORGUE A MIS REPRESENTADOS, LA DEBIDA PROTECCIÓN EN SU CALIDAD DE RECURRENTES, Y EN CONSECUENCIA, QUE SSA. ILUSTRÍSIMA ADOPTE LAS MEDIDAS QUE JUZGUE NECESARIAS PARA EL REESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE DOMINIO VULNERADO EN VIRTUD DE SU AMPLIA POTESTAD DE JURISDICCION, sugiriendo al efecto: I.- Que se ordene la apertura inmediata, a través de la construcción de una Caletera de Roblería a Renaico ( salida hacia el Norte ). Desde la Comunidad,por el lado Oeste ,paralelo a la Carretera que se está construyendo actualmente, dando conectividad al inmueble de la recurrida.

II.- O SE ADOPTEN POR SSA. ILTMA LAS MEDIDAS QUE EN DERECHO CORRESPONDA;

III.- Con expresa condenación en costas del recurso.

Acompaña los documentos que a continuación paso a singularizar:

1. Copia de inscripción de dominio vigente del inmueble de propiedad de mi representada 2. Certificado de dominio vigente del inmueble de propiedad de mi representada. 3.- Copia autorizada con firma digital de mandato judicial y administrativo, otorgado mediante escritura pública signada con el número de repertorio 201 de la Notaría de don nombre reservado de la nombre reservado, en la cual consta mi personería para comparecer en estos autos.

4. Dos fotografías del inmueble de mi representado, que demuestran el nulo acceso a una salida a la carretera directa que tienen en la actualidad.

A folio 11 informa DIEGO FUENTES GONZÁLEZ, abogado, por la parte recurrida SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA NAHUELBUTA S.A., quien expone lo Que, por este acto, vengo en informar al tenor de la acción de protección individualizada, en mérito de las siguientes consideraciones de hecho y de derecho que paso a exponer:

I. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN 1.

En estos autos ha comparecido doña nombre reservado, en representación de la nombre reservado (en adelante e indistintamente “la Comunidad”), interponiendo acción de protección en contra del Ministerio de Obras Públicas (“MOP”) y la Sociedad Concesionaria Ruta Nahuelbuta S.A. (en adelante e indistintamente “la Concesionaria”) por una -supuesta- afectación a las garantías Constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

2. En breve síntesis, los argumentos de la parte Recurrente para sostener su acción cautelar corresponden a los siguientes:

i.

Señala primero la parte Recurrente que es una nombre reservado con personalidad jurídica legalmente constituida y que tiene derecho de dominio sobre el inmueble que actualmente ocupan, regularizado de conformidad al Decreto Ley N° 2.695, inscrito en los registros conservatorios desde el año 2014.

ii.

Sostiene luego que el MOP en su calidad de mandante y la Concesionaria ejecutan el proyecto “Mejoramiento Ruta Nahuelbuta”, consistente en el mejoramiento y ampliación de la actual Ruta 180 que conecta las ciudades de Los Ángeles y Angol.

iii.

Continúa señalando que con ocasión del citado proyecto se desarrolló una consulta indígena en el marco del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En específico, esa Comunidad suscribió un Protocolo de Acuerdo de Observaciones y Compensaciones con el MOP, el cual señala no estaría siendo respetado.

iv.

Arguye la parte recurrente que el MOP y mi representada, con ocasión de la ejecución del proyecto de concesión antes mencionado no habrían respetado el compromiso de construir una caletera (o calle de servicio) en el sector de Roblería de la comuna de Renaico por el lado Oeste de la Ruta, ya que solo se está construyendo una calle de servicio por el lado Oriente (o este). La garantía afectada sería el derecho de propiedad, “sin permitirle una salida directa expedita”.

v.

Agrega que para ir desde el terreno de la Comunidad hacia Renaico (al norte) debe ir 600 metros hacia el sur por una calle de servicio, cruzar la Ruta y volver 600 metros hacia el norte para llegar al mismo punto frente a la ubicación de la Comunidad.

3. Petición concreta: La parte Recurrente por vía de protección solicita:

II. INFORME DE LOS HECHOS 4.

La acción de protección incoada debe ser rechazada en todas sus partes por esta Iltma. Corte, en mérito de las consideraciones de hecho y derecho que paso a exponer.

i.

EXTEMPORANEIDAD DE LA ACCIÓN:

5. Lo primero que debe considerar S.S. Iltma. para el total rechazo de la presente la acción de protección es la absoluta extemporaneidad de esta. En efecto, de la conectividad en la zona que la Recurrente reclama tuvo conocimiento desde, al menos, septiembre de 2020, de forma que se encuentra vencido con creces el plazo previsto en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales.

6. El Auto Acordado señala en su artículo 1º, respecto al plazo de interposición del recurso de protección:

7. En ese sentido, cabe resaltar que la parte recurrente no expone una fecha donde habría ocurrido el acto o la omisión reclamada, no obstante, cabe informar a S.S. Iltma. que ya en septiembre de 2020 la Comunidad tenía conocimiento de la conectividad de la zona.

8. En efecto, según da cuenta el Acta de Reunión de la visita trimestral N° 4 en donde se señala que se le mostraron los planos a la directiva de la Comunidad el 25 de septiembre de 2020.

9. En dicha ocasión se presentaron los nombre reservado en el marco del Convenio N° 169 de la OIT, los que se acompañan a este informe. Esos planos en lo relevante (página 14 del documento) mostraron la conectividad de la zona, donde se contempla que la calle de servicio Roblería va por el lado Oriente (o este) de la Ruta 180, como se ve en la imagen.

10. En este sentido, la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema es conteste en señalar que este plazo de treinta días es de carácter OBJETIVO, por lo que su cómputo no va a depender de la voluntad de las partes.

11. El carácter objetivo del plazo de interposición es reafirmado por la doctrina, la cual destaca la total independencia de ésta con la voluntad de las partes, permitiendo con ello evitar la arbitrariedad en su determinación.

12. Así las cosas, esta parte estima que la acción interpuesta debe ser rechazada por extemporánea.

ii.

AUSENCIA DE UN ACTO ILEGAL O ARBITRARIO POR PARTE DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA.

11. Sin perjuicio de lo anterior y para entrar al fondo del asunto, cabe precisar que con fecha 16 de noviembre de 2016 el Ministerio de Obras Públicas (en adelante e indistintamente “MOP”), persona jurídica de derecho público, representada por su Directora General (S) de Concesiones doña nombre reservado, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, realiza un llamado a licitación para la obra concesionada “Concesión Mejoramiento Ruta Nahuelbuta” obra que permitiría conectividad directa entre las comunas de Negrete, y Los Ángeles de la Región del Biobío, y las Comunas de Angol y Renaico de la Región de La Araucanía, además de sus intermedios.

12. El proyecto contempla la ampliación a doble calzada de la vía existente, en una longitud aproximada de 55 kilómetros, a fin de mejorar considerablemente su estándar, que se encontraba sobrepasada en capacidad y con un alto índice de accidentabilidad, significando además una disminución en los tiempos de viaje y del consumo de combustible.

13. Mediante Decreto Supremo Nº 144 del Ministerio de Obras dictado con fecha 11 de diciembre de 2017, el Grupo Licitante Besalco-Belfi se adjudicó el contrato de concesión para la ejecución, reparación, conservación y explotación de la obra pública fiscal “Mejoramiento Ruta Nahuelbuta”.

14. Adjudicada la concesión se constituyó por el grupo adjudicatario la Sociedad Concesionaria Ruta Nahuelbuta S.A., dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 letra a) de la Ley de Concesiones. La Concesionaria es, por tanto, titular de la concesión sobre la obra pública fiscal “Mejoramiento Ruta Nahuelbuta”.

15. El Contrato de Concesión de dicha obra pública fiscal se rige, principalmente, por las Bases de Licitación de la Concesión Mejoramiento Ruta Nahuelbuta, las “BALI”; sus Circulares Aclaratorias emanadas del Ministerio de Obras Públicas (“MOP”); la Oferta Técnica y Económica del adjudicatario; el Decreto Supremo MOP de Adjudicación del Contrato de Concesión; el DS MOP Nº 900, de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL MOP Nº 164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas; y el DS MOP N° 956, de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas.

16. Ahora bien, el hecho de que una obra pública sea construida por medio del sistema de concesiones, y que su conservación y explotación estén encomendadas por el Estado a una sociedad concesionaria no altera en nada la esencia ni la naturaleza jurídica del bien, que continúa siendo una obra pública y, específicamente, un camino público, al cual accede libremente cualquier persona.

17. En este mismo orden de ideas, la Contraloría General de la República ha señalado3 que:

18. Tanto la Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, en su artículo 24 y en el inciso primero del artículo 41, como el artículo 598 del Código Civil, son claros en señalar que una carretera es un camino público, lo cual confiere el carácter de “bien público” o “bien nacional de uso público”.

19. Este tipo de contratos, por tanto, está sujeto a un régimen especial en cuyo mérito se privilegia el interés general por sobre el interés particular de la entidad contratada, principio que se manifiesta además en la permanente y estricta fiscalización por parte de la autoridad concedente en el cumplimiento de las obligaciones de la concesionaria, así como en la posibilidad de que la Administración ejerza su potestad disciplinaria y sancionatoria en caso de incumplimiento de las obligaciones del contrato de concesión.

20. De esta manera, no se trata de un proyecto “desregulado” y que no cumpla con los compromisos adquiridos por el MOP en el marco de la Consulta Indígena.

21. Atendido todo lo anterior, la parte Recurrente yerra en su acción interpuesta contra nuestra representada, toda vez que ella sólo administra y encarga obras en estricta sujeción a las bases de licitación, considerando además que la ruta en cuestión reviste un carácter de bien nacional de uso público, correspondiendo su administración al Estado, a través de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, de forma que las actividades objeto de impugnación son obligatorias para la sociedad concesionaria y se encuentra fuera de su ámbito de decisión.

22. En otras palabras, las Concesionaria desarrolla la ingeniería del Anteproyecto Referencial entregado por el MOP, para luego pasar a un Proyecto Definitivo que es revisado estrictamente por el MOP teniendo en consideración la normativa relativa al Manual de Carreteras, como otros instrumentos tales como la Consulta Indígena.

23. En este sentido, y según desarrollaremos, la Concesionaria ha dado cumplimiento al Protocolo de Acuerdo de Observaciones y Compensaciones en la parte pertinente. Resulta llamativo e ilustrativo para S.S. Iltma. que la Recurrente no cite siquiera aquella parte del compromiso que alega transgredido. Explicaremos que ello se debe a que el compromiso no señala que la calle de servicio entre Renaico y Roblería se deba ubicar al oriente o al poniente de la Ruta.

24. En lo relevante para estos autos, el Protocolo de Acuerdo de Observaciones y Compensaciones de fecha 4 de agosto de 20144, señala lo siguiente:

25. Como aparece los compromisos consisten en lo siguiente:

1. Variante en el sector de Renaico.

2. Calle de servicio entre Renaico y Roblería.

3. Variante en el sector Roblería.

26. Para desarrollar esto, es necesario definir algunos conceptos:

- Las variantes corresponden a los sectores por donde el trazado del proyecto no sigue la ruta actual, quedando esta última como calle de servicio.

- Las calles de servicio corresponden a un eje vial, distinto de los ejes troncales, con tránsito bidireccional y velocidad de operación menor a las del eje troncal (vía expresa), en atención a las restricciones propias de una vía secundaria.

- El eje trocal o vía expresa, corresponde a la carretera propiamente tal, la cual dispone de dos calzadas unidireccionales, separadas por una mediana. La calzada derecha tiene sentido de tránsito norte sur (desde Renaico a Roblería) y la calzada izquierda con sentido de tránsito sur norte (desde Roblería a Renaico).

- Los ramales, son ejes viales que conectan la carretera al mismo o a distinto nivel.

27. En el proceso de licitación del contrato de Concesión, se entregó a las empresas participantes un Antecedente Referencial, para la elaboración del proyecto de ingeniería definitiva. En este Antecedente Referencial, el MOP incluye lo acordado en el Protocolo de Acuerdo de Observaciones y Compensaciones, en su punto 6, considerando la inclusión de una variante en el sector de Renaico, una calle de servicio entre Renaico y Roblería y una variante en el sector de Roblería. En las siguientes imágenes, se puede observar la inclusión de esta infraestructura vial en el Antecedente Referencial:

- Imagen general del tramo entre Renaico y Roblería:

- En la siguiente imagen, se observa en detalle, la variante Renaico:

- A continuación, se muestra la variante Roblería en detalle:

- De la misma forma, en la siguiente imagen se observa la calle de servicio bidireccional que une Renaico con Roblería, en ambos sentidos de tránsito. Con esta calle de servicio se completan todos los movimientos vehiculares que se necesitan para conectar estas dos localidades sin necesidad de pagar peaje, como se necesitaría al transitar por la vía expresa.

28. Luego, con el Antecedente Referencial entregado por el MOP, el Concesionario debe especificar tal proyecto, desarrollando la denominada Ingeniería de Detalle que es lo que se termina construyendo.

29. En las siguientes imágenes del proyecto vial de Ingeniería de Detalle, vigente, se puede observar la infraestructura vial comprometida por el MOP en el punto 6 del protocolo de acuerdo con la nombre reservado. Donde, además de dar cumplimiento a lo incluido en el Antecedente Referencial, se puede apreciar la inclusión de ramales que, mejoran las conexiones y alternativas de tránsito para otorgar a los usuarios un mejor servicio; así como también una calle de servicio y dos accesos adicionales para la comunidad, directos a la ruta, de acuerdo a requerimiento de la citada comunidad.

- Vista general del tramo Renaico Roblería:

- En la siguiente imagen, se observa la variante Renaico, en detalle:

- A continuación, se muestra la variante Roblería, en detalle, - En la siguiente imagen, se observa la calle de servicio bidireccional, que conecta Renaico con Roblería por el lado oriente de la ruta:

30. A continuación, se muestran obras adicionales incorporadas en el proyecto, en el sector de Roblería, ya sea tanto para mejorar la conectividad, otorgando alternativas adicionales para tránsito vehicular, como para cumplir con solicitudes de la nombre reservado.

- Los ramales de conexión adicionales, a lo incluido en el Antecedente Referencial, desde la calle de servicio bidireccional a la calzada izquierda de la vía expresa, permiten la conexión hacia el norte de los usuarios que se encuentren tanto al sur, como al norte del punto de conexión en el tramo con calle de servicio, pues no disponían de una conexión directa con la vía expresa;

- La calle de servicio para la Comunidad, es una calle solicitada por la citada Comunidad para disposición de futuro comercio.

- Asimismo se incluyeron dos accesos a la Comunidad, directos de la calzada derecha de la vía expresa, los cuales se adicionan al acceso considerado para la Comunidad, el cual se ubica en la ruta 180 actual (ruta que pasará a ser calle de servicio, tal como se indica en las Bases de Licitación del contrato)

31. Hasta el momento queda claro que no solo la Concesionaria ha construido las obras señaladas en el Compromiso N° 6 del Protocolo de Acuerdo de Observaciones y Compensaciones5, sino que además ha construido obras adicionales para facilitar aún más la conectividad de la Comunidad, tales como: (i) ramales de conexión adicionales, (ii) calle de servicio para la comunidad para el desarrollo de un futuro comercio, (iii) dos accesos a la Comunidad.

32. Volviendo al Compromiso en cuestión hay que aclarar la última frase, donde se señala que “se contaran (sic) con calles de servicio nuevas”:

33. El alcance de esta expresión se refiere a que habrá 2 calles de servicio nuevas (i) la que une Renaico y Roblería y (ii) la Variante Roblería, que es la antigua ruta que pasa a ser calle de servicio.

34. Aclarado lo anterior, y para ilustrar acerca de la conectividad de la Comunidad vamos a explicar los circuitos que se pueden desarrollar por la Comunidad, tanto para salir de ella, 5 A saber, (i) Variante en el sector de Renaico, (ii) Calle de servicio entre Renaico y Roblería; y (iii) Variante en el sector Roblería.

como para llegar a ella, desde y hacia el sur, como desde y hacia el norte; como caso específico se muestra las alternativas para conectarse directamente con Renaico:

a)

Si se quiere llegar a la Comunidad desde el sur, se debe salir de la calzada expresa en el ramal de salida, luego se vira hacia el poniente utilizando la estructura del paso superior Roblería, para encontrarse con la actual ruta 180 y virando hacia el norte (derecha) en ella, para avanzar hasta encontrar el único acceso por el lado derecho de la ruta, a 900 m.

b)

Para tránsito desde el norte a la Comunidad, hay dos alternativas:

1. Si viene por la vía expresa, se puede salir por el ramal de salida hacia la ruta 180 existente (nueva calle de servicio poniente) e ingresar por acceso en esa calle (trazado celeste); de lo contrario puede continuar por la vía expresa y conectarse con la calle de servicio de la comunidad, donde se encuentran los dos accesos requeridos (trazado amarillo).

2. Si el usuario se dirige por la calle de servicio oriente, bidireccional, desde el norte y quiere llegar a la Comunidad, entonces debe seguir por la citada calle de servicio, hasta el paso superior Roblería, donde deberá virar hacia la izquierda (poniente), para pasar por debajo de la ruta expresa en dirección a la actual ruta 180 (calle de servicio poniente), donde debe virar nuevamente la derecha y avanzar 900 m para encontrar el acceso a la Comunidad a la derecha de la ruta (en el sentido de tránsito). Esta circuito permite la conexión entre Renaico y Roblería sin la necesidad de pagar peaje.

c)

Si el usuario quiere salir de la Comunidad en dirección al sur, entonces tiene dos alternativas:

1. La primera utilizando el acceso en la calle de servicio poniente y transitando por esta hasta conectarse con la calzada expresa derecha.

2. La segunda opción es utilizar los accesos en la calle de servicio de la comunidad y salir en la dirección obligada al sur, conectándose inmediatamente a la calzada troncal derecha en dirección al sur.

d)

Si el usuario quiere salir de la Comunidad, pero ahora en dirección norte, puede salir por el acceso en la calle de servicio poniente (actual ruta 180) y avanzar hasta el paso superior Roblería, donde se debe virar a la izquierda (pasando por debajo de la calzada expresa) y al llegar a la calle de servicio oriente, virar nuevamente a la izquierda. Desde este punto se presentan dos alternativas:

1. Transitar hasta llegar al ramal de conexión con la calzada expresa izquierda y circular por esta calzada, sin ingresar al tramo de la ciudad de Renaico que se evita con la variante Renaico.

2. Consiste en el mismo circuito anterior, hasta pasar por debajo del paso superior Roblería, pero en esta alternativa se continua por la calle de servicio oriente, sin conectarse al ramal y llegando a Renaico urbano, sin necesidad de pagar peaje. En la eventualidad de tomar esta alternativa y querer seguir más al norte, entonces se continua por la calle de servicio oriente hasta Pichirenaico, donde se puede conectar a la calzada expresa para continuar a destino.

35. Lo que se quiere demostrar con este ejercicio es que la Comunidad tiene a su disposición distintas alternativas de acceso, incluso mayores a las señaladas en el Antecedente Referencial entregado por el MOP y, por cierto, mayores al Compromiso N° 6 del Protocolo de Acuerdo de Observaciones y Compensaciones de fecha 4 de agosto de 2014.

36. La conclusión a la que se puede arribar es que no existe acto ilegal o arbitrario por parte de la Sociedad Concesionaria que afecte a la Comunidad, muy por el contrario, se han efectuado prestaciones mayores a las exigidas por el proyecto encomendado por el MOP con el objeto de mejorar las condiciones de conectividad de la Comunidad.

37. Finalmente, y a diferencia de lo señalado por el Recurrente, el no contar con una salida directa expedita no afecta el derecho de propiedad en lo más mínimo, máxime considerando las variadas alternativas explicadas, en las que no pagan peaje ni recorren una gran distancia para acceder o salir de su propiedad, las que en caso alguno son gravosas.

Pide , se sirva tener por evacuado el informe requerido y, en definitiva, declarar la improcedencia y/o rechazar en todas sus partes el recurso de protección, con costas.

Acompaña los siguientes documentos:

1. Protocolo de Acuerdo de Observaciones y Compensaciones de fecha 4 de agosto de 2014.

2. nombre reservado de la Consulta Indígena de mayo de 2012.

3. Ordinario N° 3343 del Inspector Fiscal de la Concesión Mejoramiento Ruta Nahuelbuta a la Concesionaria, de fecha 20 de noviembre de 2024, que contiene el correo electrónico del señor Sr. nombre reservado de fecha 14 de noviembre de 2024.

4. Carta SCRN IF 4647 de fecha 28 de noviembre de 2024, donde la Concesionaria responde el Ordinario N° 3343.

5. Planos del Anteproyecto Referencial del sector.

6. nombre reservado vigente del sector.

A folio 13 informa PAULINA MUÑOZ FROST, Fiscal Nacional (S) del Ministerio de Obras Públicas, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, actuando por delegación de firma de la Ministra de Obras Públicas, según consta en Resolución Exenta MOP N° 1509 de fecha 07 de agosto de 2019 que se acompaña en un otrosí de esta presentación, en Recurso de Protección interpuesto por la recurrente, doña nombre reservado, seguido bajo el Rol N° 47-2025, quien expone.

Que estando dentro de plazo, vengo en evacuar informe conforme a lo requerido en resolución de fecha 7 de enero de 2025, en los siguientes términos, solicitando desde ya su completo rechazo, con expresa condena en costas.

A.

ANTECEDENTES GENERALES DEL RECURSO Y CONSIDERACIONES 1.- Sobre las alegaciones de la recurrente Con fecha 3 de enero de 2025, doña nombre reservado, en representación de la nombre reservado, dedujo la presente acción de protección en contra de este Ministerio de Obras Públicas y la Sociedad Concesionaria Ruta Nahuelbuta S.A., fundamentando la misma en haber incurrido el Servicio en un acto supuestamente ilegal y arbitrario, al haber incumplido los compromisos por ellas asumidos mediante Protocolo de Acuerdo de Observaciones y Compensaciones suscrito con ocasión del proceso de Consulta Indígena llevado a cabo en las comunas de Angol y Renaico, para la ejecución de la obra pública fiscal denominada “Concesión Mejoramiento Ruta Nahuelbuta”. En concreto denuncia que el referido acuerdo habría contemplado la construcción de una caletera en el lado Oeste de la Ruta 180 (conexión Roblería a Renaico), obra que en la actualidad se estaría ejecutando en el lado Este de la misma (sector Parronal).

Al respecto, señala que con fecha 09 de diciembre de 2024, la inspección fiscal del contrato habría comunicado a don nombre reservado, en su calidad de representante de la recurrente, la Carta N° 4647, de 28 de noviembre de 2024, por la cual la Sociedad Concesionaria Ruta Nahuelbuta S.A. habría manifestado estar dando estricto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en aquel acuerdo, afirmación que es expresamente refutada por la comunidad recurrente a través del presente recurso.

En este sentido, acusa que la conducta transgresora invade y segrega el inmueble de su propiedad, pues el diseño de las obras que actualmente se ejecutan no sólo le impide tener un acceso directo a la carretera, sino que al mismo tiempo, le impone una salida alternativa que conlleva que para desplazarse hacia la comuna de Renaico (al norte) deba dirigirse 1,2 kilómetros hacia el sur desde su predio, para luego volver a tomar la dirección norte, circunstancias que según estima, vulneran gravemente el derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N° 24 de la CPR, y perturba su libertad de conciencia y manifestación de creencias mapuches.

Frente a este panorama, solicita la recurrente a esa Iltma. Corte de Apelaciones ordenar la apertura inmediata a la Ruta, a través de la construcción de una caletera de Roblería a Renaico (salida hacia el Norte), desde la comunidad, por el lado Oeste, paralelo a la carretera, que permita brindar conectividad al inmueble supuestamente afectado.

2.- Consideraciones relativas a los hechos alegados.

2.1.- generalidades Uno de los presupuestos básicos que hacen procedente la interposición de la acción de protección dice relación con la identificación específica de una conducta u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza al ejercicio legítimo de los derechos que la Constitución Política de la República enumera en su Artículo 20.

Para el caso en particular, tal y como se anticipó, el actor acusa que los recurridos habrían incumplido los acuerdos y obligaciones contenidos en el Protocolo de Acuerdo de Observaciones y Compensaciones a que dio lugar el proceso de Consulta Indígena llevado a cabo para la ejecución de las obras comprendidas en el contrato de concesión “Mejoramiento Ruta Nahuelbuta”, ello toda vez que la infraestructura asociada a la calle de servicio destinada a conectar los sectores de Renaico y Roblería se estaría ejecutando en el lado Este de la Ruta 180, aun cuando, a su parecer, el acuerdo habría mandatado a ejecutarla en el lado contrario. Según se desprende de sus declaraciones, ésta última alternativa le habría significado la provisión de una vía directa para desplazarse hacia la localidad de Renaico.

Ahora bien, cabe hacer presente desde ya, que el recurrente no explicita norma jurídica en particular cuyas prescripciones se estén incumpliendo y que por tanto pueda dar lugar a un reproche de ilegalidad, sino que más bien señala en términos genéricos que la situación denunciada constituye, de conformidad con el Convenio 169 OIT, cuyas disposiciones que se encontrarían infringidas no alude, una afectación directa a su comunidad, la que como se apuntó, viene a estar dada por la imposición de una salida alternativa a la Ruta 180 a través de una caletera que implica un desplazamiento de 1,2 kilómetros hacia el sur de su predio, y por el cierre sin salida directa a la carretera desde su propiedad.

En este contexto, desde ya se advierte que ninguna de las alegaciones que motiva la interposición de este recurso de protección resultan ser efectivas, pues según se demostrará en los acápites que siguen a continuación, SSI no sólo podrá constatar que el Ministerio de Obras Públicas ha respetado en todo momento los compromisos suscritos con la comunidad recurrente, sino que, además, se demostrará que las obras ejecutadas en ningún caso comprometen las garantías que se acusan vulneradas.

2.2.- Aspectos generales relativos al contrato de concesión de obra pública.

En primer término, conviene tener presente que los hechos denunciados en este recurso de protección se suscitan en el contexto de la ejecución de la obra pública fiscal denominada “Concesión Mejoramiento Ruta Nahuelbuta”, infraestructura que conforme al sistema establecido en el artículo 87 del DFL MOP N° 850, de 1997, fue adjudicada mediante Decreto Supremo MOP N° 144, de 11 de diciembre de 2017 - publicado en el Diario Oficial N° 42.028, de 10 de abril de 2018-, al grupo licitante denominado “Consorcio BB”, conformado por las empresas “Besalco Concesiones S.A.” y “Empresa Constructora Belfi S.A.”, hoy constituido como “Sociedad Concesionaria Ruta Nahuelbuta S.A.”.

Asimismo, se ha de considerar que con la adjudicación del contrato, esa Sociedad Concesionaria asumió el deber de ejecutar, reparar, conservar y explotar las obras objeto del mismo conforme al marco normativo que lo integra, el cual viene a estar dado por las respectivas Bases de Licitación (BALI) y sus Circulares Aclaratorias; la Ley de Concesiones de Obras Públicas (LCOP) y su Reglamento (RLCOP); la oferta técnica y económica presentada por el adjudicatario, en la forma aprobada por el MOP; y el respectivo Decreto Supremo de adjudicación, instrumentos cuya fiscalización es materia de competencia de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas -como servicio dependiente del MOP-, a través del inspector fiscal respectivo.

En relación a este contrato de concesión, SS ha de tener presente que el proyecto en cuestión tiene como propósito fundamental la ampliación de la Ruta Nahuelbuta (Ruta 180) a una doble calzada, llegando a una longitud aproximada de 55 kilómetros. Además, busca un mejoramiento significativo de su estándar, mediante la implementación de cruces a distinto nivel con la vialidad transversal, y la optimización de las condiciones de seguridad, iluminación y señalización. Así, las obras encomendadas al concesionario pretenden abordar el alto flujo vehicular y reducir la accidentabilidad en la ruta, logrando una mejor y más expedita conectividad entre las comunas de Negrete y Los Ángeles, en la Región del Biobío, y las comunas de Angol y Renaico, en la Región de La Araucanía.

Desde ya, cabe anticipar que para la ejecución de la obra pública en comento, se hizo necesario expropiar dos lotes de propiedad de la nombre reservado, identificados como Lote 23, y Lote 23-1, expropiaciones que constan en el Decreto MOP N° 617, de 23 de agosto de 2021, y el Decreto MOP N° 1312, de 16 de noviembre de 2022, respectivamente.

B.

ARGUMENTOS PARA RECHAZAR EL RECURSO 1.- El recurso es extemporáneo En primer lugar, desde un punto de vista estrictamente formal, la interposición del presente recurso ha de ser rechazado por no satisfacer a cabalidad las condiciones procedimentales que el ordenamiento jurídico exige a los particulares para requerir a las Cortes de Apelaciones del país el auxilio o resguardo de sus garantías fundamentales.

En efecto, conforme lo señala el artículo 1° del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, de 28 de agosto de 2015, el plazo para recurrir en esta sede es de 30 días corridos que se cuentan desde que se verifica la acción u omisión respectiva, o bien desde que se haya tomado conocimiento de los hechos que las constituyen, circunstancias que bajo cualquier evento han de ser fehacientemente acreditadas.

Con todo, es dable advertir que los hechos que motivan al presente recurso de protección han sido conocidos por el recurrente con anterioridad a la notificación del Ord. N° 3377, de 09 de diciembre de 2024 del Inspector Fiscal del contrato, la que se según se desprende, sería la oportunidad de la cual se hace valer para acudir a esta sede. En este sentido, desde los inicios del Proyecto en el año 2019, la Inspección Fiscal del contrato coordinó con el señor nombre reservado a la que representa reuniones y visitas en terreno con el objeto de atender adecuadamente sus requerimientos e informar las especificaciones técnicas y territoriales del mismo.

Al presente se adjunta la Minuta titulada “Registro de reuniones sostenidas con el Sr. nombre reservado, Presidente de la nombre reservado”, elaborada por la Asesoría de la Inspección Fiscal del contrato, en la que se detallan particularmente las instancias de participación sostenidas con el recurrente. Entre ellas, destaca aquella visita de 27 de mayo de 2021, en la que se informó al señor nombre reservado el diseño de la calle de servicio interior de la zona de Roblería, y aquella de 08 de febrero de 2022, en la que a requerimiento de la comunidad, la Inspección Fiscal informó los planos a las modificaciones de la calle de servicio de acceso en el sector de Roblería.

En este contexto, teniendo en cuenta las mencionadas consideraciones, además de las que ya constan en estos autos, no cabe otra cosa más que asumir que el recurrente ha tomado conocimiento efectivo del diseño de las obras del Proyecto con anterior a la oportunidad en que decide accionar de protección, de manera que reclamar arbitrariedades y/o ilegalidades en su ejecución habiendo transcurrido más de 6 años desde aquello, determina la improcedencia para que esta Ilustrísima Corte pueda seguir conociendo del mismo. Así, en estricto rigor, su interposición ha sido ejercida de manera extemporánea, debiendo, este solo hecho, dar lugar al rechazo de esta acción cautelar.

2.- De los hechos que dan cuenta de la inexistencia de ilegalidades o arbitrariedades atribuibles al actuar del Ministerio de Obras Públicas.

2.1.- Sobre La participación de la Comunidad recurrente en el Proceso de Consulta Indígena llevado a cabo por el MOP para la ejecución de esta obra pública fiscal.

En primer lugar, SSI ha de comprender que el desarrollo de este Proyecto concesionado ha cumplido en todo momento con las garantías que el ordenamiento jurídico establece para asegurar la participación de los pueblos indígenas en actividades o medidas susceptibles de afectación. Tales exigencias se encuentran establecidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), promulgado por el Decreto Supremo N° 236, de 2008, del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como en las disposiciones del Decreto Supremo N° 66, de 2014, del Ministerio de Desarrollo Social, que aprobó el Reglamento sobre el procedimiento de consulta indígena que deben seguir los órganos del Estado en la ejecución de las medidas que allí se indican.

De esta manera, el Proceso de Consulta Indígena instado por este Ministerio en el año 2013 derivó en el otorgamiento del “Protocolo de Acuerdo de Observaciones y Compensaciones Consulta Indígena del Proyecto Mejoramiento Ruta Nahuelbuta, en el Marco del Convenio 169 OIT-nombre reservado a las observaciones y solicitudes propuestas por la organización indígena”, de 04 de agosto de 2014, instrumento suscrito por don nombre reservado, en representación de la comunidad recurrente; don nombre reservado, SEREMI de Obras Públicas de la Región de la Araucanía de aquella época; el respectivo Jefe de Proyecto DGC y la Consultora encargada de llevar adelante el proceso participativo.

Desde ya se hace necesario advertir que los puntos y/o acuerdos contenidos en dicho instrumento fueron incluidos en los antecedentes entregados a los licitantes que participaron en la licitación de este contrato concesión. En efecto, según se observa en el artículo 1.4.1 de las BALI, los Protocolos de Acuerdo de Observaciones y Compensaciones consensuados con las comunidades Indígenas en el marco de la Consulta Indígena del Proyecto -signados como Documento N° 9-, pasaron a formar parte de las Bases de Licitación del contrato, de manera que los compromisos adoptados con la nombre reservado resultan plenamente exigibles a la Sociedad Concesionaria Ruta Nahuelbuta S.A. por intermedio de este Ministerio.

2.2.- El cumplimiento a los compromisos establecidos en el Protocolo de Acuerdo suscrito entre la comunidad recurrente y el Ministerio de Obras Públicas.

Tal como fuera indicado, el MOP ha dado íntegro cumplimiento a los compromisos acordados con la comunidad, al caso la recurrente y es así como no puede acusarse arbitrariedad o ilegalidad alguna por esta parte.

Es así que para efectos de que su SSI comprenda el escenario general que involucra a este recurso de protección, se hace necesario retratar gráficamente el sector comprometido, considerando tanto la situación previa como posterior al desarrollo del Proyecto.

En primer lugar, la localidad de Roblería se encuentra en el kilómetro 39,9 de la Ruta 180, a 3,5 kilómetros al sur de la ciudad de Renaico. Estas localidades -antes del desarrollo del Proyecto-, se comunicaban a través de la Ruta 180 en calzada simple bidireccional, trayectoria que es posible vislumbrar en la Figura N°1.

Fi gura N° 1: Conexión localidades Renaico y Roblería previo a la ejecución del Proyecto. Fuente: Inspección Fiscal.

Luego, con el desarrollo del Proyecto, se incorporó a la mencionada Ruta una nueva calzada expresa, transformándola en una carretera doble bidireccional. Asimismo, se le añadieron también importantes obras adicionales, tales como ramales de conexión a nivel y desnivelado, calles de servicio, ciclovías, la restitución de accesos preexistentes, nuevos accesos, iluminación, paraderos, medidas de seguridad vial, pasos prediales, etc. De entre ellas, destaca la proyección de dos variantes, una ubicada en la comuna de Renaico y otra en el sector de Roblería, las cuales aparecen identificadas en color verde en la Figura N° 2 inserta a continuación.

Figura N° 2:

Identificación Variantes Renaico y Roblería.

Fuente: Inspección Fiscal.

Ahora bien, el terreno del recurrente se encuentra ubicado en el sector de Roblería, propiedad que con el desarrollo del Proyecto quedó delimitada al oriente por la Variante Roblería (nuevo trazado de la Ruta 180) y al poniente, por el antiguo trazado de la Ruta, el cual se mantuvo operativo como una caletera (o calle de servicio) de retorno al km 40.350, en adelante, “Caletera Poniente”. Esta última se extiende a lo largo de todo el borde poniente de la mencionada propiedad, tal y como se aprecia en la Figura N°3.

Figura N° 3: nombre reservado, Roblería.

Fuente: Inspección Fiscal.

En dicha figura es posible apreciar, además, el desarrollo de una nueva calle de servicio, ubicada en el lado Oriente de la Variable Roblería, en adelante, “Caletera Oriente”. Actualmente, ambas caleteras están construidas y se conectarán mediante un paso inferior bajo la Ruta.

Analizado lo anterior, conviene tener en cuenta los compromisos asumidos en el referido Protocolo, toda vez que de los 21 puntos que este contiene, es el N° 6 aquel en que el recurrente reporta incumplimientos. En particular, el tenor del mismo reza diciendo: “Se requiere el mejoramiento de las calles de servicio de Renaico- Roblería. R: El proyecto contempla una variante en el sector de Renaico, una calle de servicio entre Renaico y Roblería y una variante en el sector de Roblería, por lo que se contará con calles de servicio nuevas”.

Así, una revisión detallada del mismo revela que las obras acordadas fueron: i) La Variante Renaico; ii) Una calle de servicio entre Renaico y Roblería; y iii) La variante Roblería, estructuras viales cuyo objetivo fue mejorar la conectividad de dichas localidades.

Al respecto, es dable afirmar que las obras ejecutadas cumplen precisamente con los compromisos apuntados, pues tal y como se explicitó en párrafos anteriores, el sector en cuestión cuenta con la presencia de las dos variables comprometidas (Renaico y Roblería), y la existencia de dos calles de servicio, a saber, la ubicada en el lado Poniente del terreno del recurrente (a la que dio lugar la destinación del antiguo trazado de la Ruta 180), y aquella ejecutada recientemente en el lado Oriente de la nueva Ruta 180. Esto último, permite concluir que la carretera en cuestión presenta nuevas calles de servicios en ambos lados.

Ahora bien, sin ir más lejos, SSI estará de acuerdo con este recurrido en advertir que si bien en ninguna parte del citado acuerdo se explicitó de manera clara la ubicación de la nueva caletera de conexión de las mencionadas localidades, no cabe otra cosa más que entender que la solución adoptada debía ser compatible con la vialidad del sector, ello pues como se mencionó en el párrafo anterior, el antiguo trazado de la Ruta 180 adoptó el carácter de calle de servicio en el sector Poniente de la vía, de manera que la proyección de la nueva hizo ineludiblemente necesaria su ejecución en el lado opuesto, alternativa que de todos modos facilita la conexión directa (hacia el norte) con la localidad de Renaico, a la que el recurrente puede acceder.

De este modo, al día de hoy, la infraestructura ejecutada resuelve adecuadamente todos los movimientos que el recurrente necesita efectuar para ingresar y salir de su propiedad, en ambas direcciones. En efecto, la Figura N° 4, inserta a continuación, grafica en color amarillo la trayectoria a seguir (dirección norte – sur) en caso que el actor desee ingresar a su predio desde el norte, para lo cual solo debe tomar la Caletera Poniente e ingresar a su terreno por el acceso directo que presenta aquel sector. Asimismo, para dirigirse hacia el sur desde su propiedad, debe tomar el referido acceso y avanzar por la continuación de la Calle de servicio poniente hasta conectar con la Ruta 180. A su vez, para dirigirse hacia el norte desde su predio, sólo debe cruzar por el paso inferior de la Ruta y tomar la calle de servicio Oriente con dirección a Renaico.

Figura N° 4:

Ingreso propiedad del recurrente desderte.

Fuente: Inspección Fiscal.

De la misma manera, la figura N° 5 ilustra en color amarillo la trayectoria a seguir en caso de que el actor quiera acceder a su propiedad en el sentido contrario (dirección sur – norte), para lo cual deberá desplazarse por la Ruta 180, tomar la Calle de servicio oriente, para luego cruzar el paso bajo nivel de la ruta, y finalmente dirigirse hacia la derecha (norte) hasta la altura del acceso directo a su predio en la caletera Poniente.

Figura N° 5:

Ingreso propiedads recurrentes desder.

Fuente: Inspección Fiscal.

Finalmente, SSI podrá entender que en la especie el recurrente pretende justificar su reclamo esbozando incumplimientos que no tienen sustento real alguno, más que su propia interpretación de las disposiciones de un acuerdo que en la práctica se encuentra totalmente satisfecho, de manera que no cabe otra cosa más que declarar su completo y absoluto rechazo.

3.- Inexistencia de garantías vulneradas.

Según se ha visto al momento de hacer la síntesis de las alegaciones de la recurrente, esta indica, tales hechos constituirían un atentado contra sus derechos fundamentales, en particular el de propiedad, esto en tanto el diseño actual de la Ruta habría conllevado las posteriores obras ejecutadas habrían implicado el cierre del acceso directo que este habría tenido a la ruta, conjetura que esta parte declara no ser efectiva. Es más, según se apuntará, el sector en cuestión presentará tres vías a través de las cuales el actor podrá entrar y salir de su predio.

En primer término, es menester consignar que la propiedad en cuestión ha tenido desde siempre un acceso a la vialidad presente en el sector, acceso que el Proyecto en cuestión no pretende ni ha pretendido intervenir y/o alterar de manera alguna. En efecto, la figura N° 6 inserta a continuación ilustra el estado del acceso que el actor tenía con anterioridad a la ejecución del Proyecto, es decir, al antiguo trazado a la Ruta 180.

Figura N° 6: Acceso directo a la Ruta 180, Archivo Google Earth año 2016.

Fuente: Inspección Fiscal.

Ahora bien, conforme se explicó en el acápite que precede, el aludido trazado se transformó en lo que hoy se identifica como calle de servicio Poniente, caletera, respecto del cual el señor nombre reservado conserva el acceso directo que siempre ha tenido en aquel tramo (en adelante “Acceso/Salida 1”). Tal y como se señaló, el Proyecto desarrollado por el concesionario no contempla cierres que lo afecten, de manera que en la actualidad y en lo sucesivo este se encuentra y se encontrará plenamente operativo.

No obstante lo anterior, este recurrido estima del todo pertinente informar a SSI acerca de las demás obras adicionales contempladas en el Proyecto, las que desde luego, el recurrente conoce. En concreto, mediante Ajuste Técnico de Ingeniería (ATI) N° 471, de 18 de octubre de 2024, y dada la solicitud expresa del señor nombre reservado, la Inspección Fiscal del contrato instruyó a la Sociedad Concesionaria el desarrollo de una nueva calle de servicio de una extensión de 350 metros, a ubicarse particularmente por el costado oriente de su propiedad, ello con el propósito de permitir la actividad comercial que este último pretende explotar a través de un futuro local comercial en el sector.

En lo que interesa, la mencionada calle de servicio contará con pistas de aceleración y desaceleración; una berma para la detención total de los vehículos; y dos accesos directos desde el actual trazado de la Ruta 180 a la propiedad del recurrente, predio que pretende convertirse en una futura área de ventas de la comunidad, en adelante, “Accesos/Salidas 2 y 3”.

Figura N° 7: Futura calle de servicio para la nombre reservado.

Fuente: Inspección Fiscal.

Figura N° 8: Futuros nuevos accesos directos a la Ruta que permitirán el ingreso y salida al predio del actor. Fuente: Inspección Fiscal.

En este sentido, no cabe más que concluir que tanto el “Acceso/Salida 1”, como los futuros “Accesos/Salidas 2 y 3” se apartan considerablemente de la situación de cierre absoluto que el recurrente pretende demostrar ante esta Corte de Apelaciones, de manera que resulta improcedente alegar una afectación a su derecho de propiedad cuando en la práctica el inmueble presentará diversas vías de ingreso y salida. Dicho de otra manera, el acceso que al día de hoy cuenta el recurrente, así como aquellos que el Proyecto mandata al concesionario a ejecutar obstan cualquier alegación atentatoria contra la garantía establecida en el artículo 19 N° 24, ello por cuanto las alternativas de circulación permitirán al actor una conectividad adecuada y expedita a la vialidad circundante del sector.

En suma, como se ha venido dando cuenta a lo largo de este informe, no ha existido arbitrariedad o ilegalidad alguna por parte de esta recurrida, ni se ha actuado en infracción a garantía alguna en los términos denunciados por la recurrente, dando este ministerio un íntegro cumplimiento a los compromisos asumidos con la nombre reservado recurrente, así como también, que durante todo el desarrollo y ejecución del Proyecto “Mejoramiento Ruta Nahuelbuta” se han tenido en cuenta los requerimientos particulares de la comunidad, los que incluso, han dado paso a la incorporación de obras adicionales que le permitirán contar con nuevos accesos particulares y directos a la Ruta.

Lo anterior, no sólo demuestra un actuar ajustado al marco jurídico normativo que habilita la actuación del MOP, sino que además descarta la supuesta afectación y/o vulneración de derechos fundamentales que el recurrente reclama, aspectos que conllevan ineludiblemente a que Su Señoría Ilustrísima determine su total y absoluto rechazo en lo que dice relación con el Ministerio de Obras Públicas, con expresa condena en costas.

Acompaña los siguientes documentos:

1. Decreto Supremo MOP N° 144, de 11 de diciembre de 2017, que adjudicó el contrato de concesión de obra pública fiscal denominado “Concesión Mejoramiento Ruta Nahuelbuta”.

2. Bases de Licitación y Circulares Aclaratorias del contrato de concesión de obra pública fiscal denominado “Concesión Mejoramiento Ruta Nahuelbuta” disponible en: https://concesiones.mop.gob.cl/proyectos/Paginas/detalleHidricas.aspx?item=49 3.

Carta N° 4647, de 28 de noviembre de 2024, de la Sociedad Concesionaria ruta Nahuelbuta S.A.

4. Ord. N° 3377, de 09 de diciembre de 2024, del Inspector Fiscal Concesión Mejoramiento Ruta Nahuelbuta.

5. Decreto MOP N° 617, de 23 de agosto de 2021.

6. Decreto MOP N° 1312, de 16 de noviembre de 2022.

7. Minuta titulada “Registro de reuniones sostenidas con el Sr. nombre reservado, Presidente de la nombre reservado”, elaborada por la Asesoría de la Inspección Fiscal del contrato, 2025.

8. “Protocolo de Acuerdo de Observaciones y Compensaciones Consulta Indígena del Proyecto Mejoramiento Ruta Nahuelbuta, en el Marco del Convenio 169 OIT- nombre reservado a las observaciones y solicitudes propuestas por la organización indígena”, de 04 de agosto de 2014.

9. Ajuste Técnico de Ingeniería (ATI) N° 471, de 18 de octubre de 2024.

10. Resolución Exenta MOP N° 1509 de 07 de agosto de 2019 que delegó la facultad de firmar en materias de recursos de protección.

11. Resolución Exenta RA N° 136/24/2025 de fecha 27 de enero de 2025 que encomienda funciones directivas a Paulina Muñoz Frost.

A folio 14 los autos quedan en estado de relación:

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección que contempla el artículo 20 de la Constitución Política de la República, fue establecido en favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías a que se refiere la mencionada disposición constitucional, pudiendo el afectado recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva a fin de que ésta conforme el mérito de los antecedentes, adopte de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los derechos conculcados.

SEGUNDO: Que en estos antecedentes la recurrente en presenta Acción Constitucional de Protección en contra del FISCO DE CHILE, en representación del MINISTERIO DE OBRA PÚBLICAS, representado para estos efectos por el Consejo de Defensa del Estado, y en contra de la SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA NAHUELBUTA S.A., TERCERO: El recurrente señala que el día 9 de diciembre del año 2024 el inspector Fiscal de Construcción, envía a don nombre reservado, en su calidad de Lonko de la nombre reservado una misiva, mediante la cual exponen que personal de la Inspección Fiscal realizo las consultas correspondientes a la Sociedad Concesionaria Rutas Nahuelbuta, la cual entregó respuesta mediante carta N°4647 de fecha 28.11.24, la que a su vez remitieron para su conocimiento, y que en términos breves y sucintos sostiene que ellos estarían dando estricto cumplimiento a los compromisos adquiridos pretéritamente entre el Ministerio de Obras Públicas y la nombre reservado, lo cual no es efectivo.

Señala el recurrente que el compromiso arribado, incluía la construcción de una caletera de Roblería a Renaico ( salida hacia el Norte ). Desde la Comunidad,por el lado Oeste ,paralelo a la Carretera que se está construyendo actualmente .

Indica que por el contrario, la caletera en actual construcción está por el lado Este de la misma carretera y es por el sector de Parronal.

Refiere que así las cosas, de acuerdo al convenio 169 de la OIT ,esto se califica como afectación directa a la Comunidad. Ellos están imponiendo una salida alternativa , por una caletera, que implica a la nombre reservado recurrente dar una vuelta de 1,2 Km hacia el Sur de su predio predio, - Lote B- para poder acceder a la carretera ,sumado la vuelta de igual medida para llegar 40 metros al frente del mismo punto de nuestra ubicación del lugar de la Comunidad .

Argumenta que en otras palabras, el diseño actual de las obras, trastoca gravemente el derecho de propiedad de mis mandantes pues no permite que a lo menos dos de sus atributos puedan ser ejercidos en propiedad, pues encierra el inmueble sin salida directa a la carretera, con el peligro que incluso ello implica en época estival, por los recurrentes incendios forestales que han afectado la zona, lo cual es un hecho público y notorio.

Señala que por su parte, tampoco se ha respetado el derecho y libertad que la propia Carta Fundamental les asegura a los recurrentes para poder manifestar libremente sus creencias mapuches de mis mandantes quienes se reúnen periódicamente en el pre citado inmueble para la realización de Ceremonias, siendo su Área Ceremonial.

CUARTO: El recurrido Sociedad Concesionaria solicita el rechazo de esta acción constitucional porque ella es extemporanea. En efecto, de la conectividad en la zona que la Recurrente reclama tuvo conocimiento desde, al menos, septiembre de 2020, de forma que se encuentra vencido con creces el plazo previsto en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales.

QUINTO: Que en relación al fondo señala que con fecha 16 de noviembre de 2016 el Ministerio de Obras Públicas (en adelante e indistintamente “MOP”), persona jurídica de derecho público, representada por su Directora General (S) de Concesiones doña nombre reservado, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, realiza un llamado a licitación para la obra concesionada “Concesión Mejoramiento Ruta Nahuelbuta” obra que permitiría conectividad directa entre las comunas de Negrete, y Los Ángeles de la Región del Biobío, y las Comunas de Angol y Renaico de la Región de La Araucanía, además de sus intermedios.

El proyecto contempla la ampliación a doble calzada de la vía existente, en una longitud aproximada de 55 kilómetros, a fin de mejorar considerablemente su estándar, que se encontraba sobrepasada en capacidad y con un alto índice de accidentabilidad, significando además una disminución en los tiempos de viaje y del consumo de combustible.

Mediante Decreto Supremo Nº 144 del Ministerio de Obras dictado con fecha 11 de diciembre de 2017, el Grupo Licitante Besalco-Belfi se adjudicó el contrato de concesión para la ejecución, reparación, conservación y explotación de la obra pública fiscal “Mejoramiento Ruta Nahuelbuta”.

Adjudicada la concesión se constituyó por el grupo adjudicatario la Sociedad Concesionaria Ruta Nahuelbuta S.A., dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 letra a) de la Ley de Concesiones. La Concesionaria es, por tanto, titular de la concesión sobre la obra pública fiscal “Mejoramiento Ruta Nahuelbuta”.

El Contrato de Concesión de dicha obra pública fiscal se rige, principalmente, por las Bases de Licitación de la Concesión Mejoramiento Ruta Nahuelbuta, las “BALI”; sus Circulares Aclaratorias emanadas del Ministerio de Obras Públicas (“MOP”); la Oferta Técnica y Económica del adjudicatario; el Decreto Supremo MOP de Adjudicación del Contrato de Concesión; el DS MOP Nº 900, de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL MOP Nº 164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas; y el DS MOP N° 956, de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas.

Ahora bien, el hecho de que una obra pública sea construida por medio del sistema de concesiones, y que su conservación y explotación estén encomendadas por el Estado a una sociedad concesionaria no altera en nada la esencia ni la naturaleza jurídica del bien, que continúa siendo una obra pública y, específicamente, un camino público, al cual accede libremente cualquier persona.

En este mismo orden de ideas, la Contraloría General de la República ha señalado3 que:

Tanto la Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, en su artículo 24 y en el inciso primero del artículo 41, como el artículo 598 del Código Civil, son claros en señalar que una carretera es un camino público, lo cual confiere el carácter de “bien público” o “bien nacional de uso público”.

Este tipo de contratos, por tanto, está sujeto a un régimen especial en cuyo mérito se privilegia el interés general por sobre el interés particular de la entidad contratada, principio que se manifiesta además en la permanente y estricta fiscalización por parte de la autoridad concedente en el cumplimiento de las obligaciones de la concesionaria, así como en la posibilidad de que la Administración ejerza su potestad disciplinaria y sancionatoria en caso de incumplimiento de las obligaciones del contrato de concesión.

De esta manera, no se trata de un proyecto “desregulado” y que no cumpla con los compromisos adquiridos por el MOP en el marco de la Consulta Indígena.

Atendido todo lo anterior, la parte Recurrente yerra en su acción interpuesta contra nuestra representada, toda vez que ella sólo administra y encarga obras en estricta sujeción a las bases de licitación, considerando además que la ruta en cuestión reviste un carácter de bien nacional de uso público, correspondiendo su administración al Estado, a través de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, de forma que las actividades objeto de impugnación son obligatorias para la sociedad concesionaria y se encuentra fuera de su ámbito de decisión.

En otras palabras, las Concesionaria desarrolla la ingeniería del Anteproyecto Referencial entregado por el MOP, para luego pasar a un Proyecto Definitivo que es revisado estrictamente por el MOP teniendo en consideración la normativa relativa al Manual de Carreteras, como otros instrumentos tales como la Consulta Indígena.

En este sentido, y según desarrollaremos, la Concesionaria ha dado cumplimiento al Protocolo de Acuerdo de Observaciones y Compensaciones en la parte pertinente. Resulta llamativo e ilustrativo para S.S. Iltma. que la Recurrente no cite siquiera aquella parte del compromiso que alega transgredido. Explicaremos que ello se debe a que el compromiso no señala que la calle de servicio entre Renaico y Roblería se deba ubicar al oriente o al poniente de la Ruta.

SEXTO: El recurrido Ministerio de Obras Públicas indica que esta acción debe ser rechazada en primer lugar por ser deducida en forma extemporánea y además porque desde el punto de vista del fondo, debe tenerse presente que el desarrollo de este Proyecto concesionado ha cumplido en todo momento con las garantías que el ordenamiento jurídico establece para asegurar la participación de los pueblos indígenas en actividades o medidas susceptibles de afectación. Tales exigencias se encuentran establecidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), promulgado por el Decreto Supremo N° 236, de 2008, del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como en las disposiciones del Decreto Supremo N° 66, de 2014, del Ministerio de Desarrollo Social, que aprobó el Reglamento sobre el procedimiento de consulta indígena que deben seguir los órganos del Estado en la ejecución de las medidas que allí se indican.

De esta manera, el Proceso de Consulta Indígena instado por este Ministerio en el año 2013 derivó en el otorgamiento del “Protocolo de Acuerdo de Observaciones y Compensaciones Consulta Indígena del Proyecto Mejoramiento Ruta Nahuelbuta, en el Marco del Convenio 169 OIT-nombre reservado a las observaciones y solicitudes propuestas por la organización indígena”, de 04 de agosto de 2014, instrumento suscrito por don nombre reservado, en representación de la comunidad recurrente; don nombre reservado, SEREMI de Obras Públicas de la Región de la Araucanía de aquella época; el respectivo Jefe de Proyecto DGC y la Consultora encargada de llevar adelante el proceso participativo.

Desde ya se hace necesario advertir que los puntos y/o acuerdos contenidos en dicho instrumento fueron incluidos en los antecedentes entregados a los licitantes que participaron en la licitación de este contrato concesión. En efecto, según se observa en el artículo 1.4.1 de las BALI, los Protocolos de Acuerdo de Observaciones y Compensaciones consensuados con las comunidades Indígenas en el marco de la Consulta Indígena del Proyecto -signados como Documento N° 9-, pasaron a formar parte de las Bases de Licitación del contrato, de manera que los compromisos adoptados con la nombre reservado resultan plenamente exigibles a la Sociedad Concesionaria Ruta Nahuelbuta S.A. por intermedio de este Ministerio.

2.2.- El cumplimiento a los compromisos establecidos en el Protocolo de Acuerdo suscrito entre la comunidad recurrente y el Ministerio de Obras Públicas.

Tal como fuera indicado, el MOP ha dado íntegro cumplimiento a los compromisos acordados con la comunidad, al caso la recurrente y es así como no puede acusarse arbitrariedad o ilegalidad alguna por esta parte.

Luego, con el desarrollo del Proyecto, se incorporó a la mencionada Ruta una nueva calzada expresa, transformándola en una carretera doble bidireccional. Asimismo, se le añadieron también importantes obras adicionales, tales como ramales de conexión a nivel y desnivelado, calles de servicio, ciclovías, la restitución de accesos preexistentes, nuevos accesos, iluminación, paraderos, medidas de seguridad vial, pasos prediales, etc. De entre ellas, destaca la proyección de dos variantes, una ubicada en la comuna de Renaico y otra en el sector de Roblería.

Ahora bien, el terreno del recurrente se encuentra ubicado en el sector de Roblería, propiedad que con el desarrollo del Proyecto quedó delimitada al oriente por la Variante Roblería (nuevo trazado de la Ruta 180) y al poniente, por el antiguo trazado de la Ruta, el cual se mantuvo operativo como una caletera (o calle de servicio) de retorno al km 40.350, en adelante, “Caletera Poniente”. Esta última se extiende a lo largo de todo el borde poniente de la mencionada propiedad.

Analizado lo anterior, conviene tener en cuenta los compromisos asumidos en el referido Protocolo, toda vez que de los 21 puntos que este contiene, es el N° 6 aquel en que el recurrente reporta incumplimientos. En particular, el tenor del mismo reza diciendo: “Se requiere el mejoramiento de las calles de servicio de Renaico- Roblería. R: El proyecto contempla una variante en el sector de Renaico, una calle de servicio entre Renaico y Roblería y una variante en el sector de Roblería, por lo que se contará con calles de servicio nuevas”.

Así, una revisión detallada del mismo revela que las obras acordadas fueron: i) La Variante Renaico; ii) Una calle de servicio entre Renaico y Roblería; y iii) La variante Roblería, estructuras viales cuyo objetivo fue mejorar la conectividad de dichas localidades.

Al respecto, es dable afirmar que las obras ejecutadas cumplen precisamente con los compromisos apuntados, pues tal y como se explicitó en párrafos anteriores, el sector en cuestión cuenta con la presencia de las dos variables comprometidas (Renaico y Roblería), y la existencia de dos calles de servicio, a saber, la ubicada en el lado Poniente del terreno del recurrente (a la que dio lugar la destinación del antiguo trazado de la Ruta 180), y aquella ejecutada recientemente en el lado Oriente de la nueva Ruta 180. Esto último, permite concluir que la carretera en cuestión presenta nuevas calles de servicios en ambos lados.

De este modo, al día de hoy, la infraestructura ejecutada resuelve adecuadamente todos los movimientos que el recurrente necesita efectuar para ingresar y salir de su propiedad, en ambas direcciones.

SEPTIMO: Que, tal como se ha afirmado anteriormente los actos u omisiones arbitrarios son aquellos carentes de fundamento o razonamiento, esto es actos que tienen la apariencia de un actuar aparentemente correcto, no obstante ello carecen de una explicación a lo menos razonable y razonada. Por su parte, los actos u omisiones ilegales son aquellos que se realizan fuera del marco legal, contraviniendo las disposiciones legales que los regulan o derechamente se realizan fuera del marco legal previamente establecido.

OCTAVO: Que a fin de que prospere esta vía constitucional se ha reconocido por nuestros Tribunales Superiores de Justicia que se deben reunir copulativamente los siguientes requisitos:

a) Una conducta –por acción u omisión- ilegal o arbitraria;

b) La afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma Constitución y que se indican en el mencionado precepto;

c) Relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional; y d) Posibilidad del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado”.

NOVENO: Que en cuanto la extemporaneidad alegada por ambos recurridos, debe considerarse que conforme el relato de los recurrentes en relación al acto recurrido, este es una acción cuyos efectos en relación a los recurrentes debe ser considerado como un acto que produce consecuencias permanentes, esto es una acción que se prolonga en el tiempo, motivo por el cual ello será rechazado, correspondiendo pronunciarse por el fondo de lo recurrido.

DECIMO: Que tal como se indica anteriormente, se debe establecer si la acción u omisión es ilegal o arbitraria, particularmente si lo actuado por la Concesionaria o por el MOP reviste ese carácter. En este orden de ideas destaca que conforme los antecedentes rolantes en esta causa, lo actuado por la Concesionaria no es ilegal o arbitrario, toda vez que ella sólo administra y encarga obras en estricta sujeción a las bases de licitación, considerando además que la ruta en cuestión reviste un carácter de bien nacional de uso público, correspondiendo su administración al Estado, a través de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, de forma que las actividades objeto de impugnación son obligatorias para la sociedad concesionaria y se encuentra fuera de su ámbito de decisión.

En otras palabras, la Concesionaria desarrolla la ingeniería del Anteproyecto Referencial entregado por el MOP, para luego pasar a un Proyecto Definitivo que es revisado estrictamente por el MOP teniendo en consideración la normativa relativa al Manual de Carreteras, como otros instrumentos tales como la Consulta Indígena.

En este sentido, la Concesionaria dio cumplimiento al Protocolo de Acuerdo de Observaciones y Compensaciones en la parte pertinente.

Luego no es ilegal, ya que lo obrado por ella conforme lo informado se ajusta al contrato de concesión suscrito, sin que se aparte del mismo y sin que ello sea arbitrario o infundado desde el momento en que ella sigue las instrucciones que su mandante le entrega, todo ello conforme las bases de la licitación, lo que claramente descarta toda arbitrariedad de su parte.

UNDECIMO: Que en relación a lo denunciado respecto del Ministerio de Obras Públicas, debe considerarse que conforme el mérito de autos, el proyecto concesionado y ejecutado ha cumplido en todo momento con las garantías que el ordenamiento jurídico establece para asegurar la participación de los pueblos indígenas en actividades o medidas susceptibles de afectación. Tales exigencias se encuentran establecidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), promulgado por el Decreto Supremo N° 236, de 2008, del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como en las disposiciones del Decreto Supremo N° 66, de 2014, del Ministerio de Desarrollo Social, que aprobó el Reglamento sobre el procedimiento de consulta indígena que deben seguir los órganos del Estado en la ejecución de las medidas que allí se indican.

De esta manera, el Proceso de Consulta Indígena instado por el Ministerio de Obras Públicas en el año 2013 derivó en el otorgamiento del “Protocolo de Acuerdo de Observaciones y Compensaciones Consulta Indígena del Proyecto Mejoramiento Ruta Nahuelbuta, en el Marco del Convenio 169 OIT-nombre reservado a las observaciones y solicitudes propuestas por la organización indígena”, de 04 de agosto de 2014, instrumento suscrito por don nombre reservado, en representación de la comunidad recurrente; don nombre reservado, SEREMI de Obras Públicas de la Región de la Araucanía de aquella época; el respectivo Jefe de Proyecto DGC y la Consultora encargada de llevar adelante el proceso participativo.

El resultado de lo anterior fue incluido en los antecedentes entregados a los licitantes que participaron en la licitación de este contrato concesión. En efecto, según se observa en el artículo 1.4.1 de las BALI, los Protocolos de Acuerdo de Observaciones y Compensaciones consensuados con las comunidades Indígenas en el marco de la Consulta Indígena del Proyecto -signados como Documento N° 9-, pasaron a formar parte de las Bases de Licitación del contrato, de manera que los compromisos adoptados con la nombre reservado resultan plenamente exigibles a la Sociedad Concesionaria Ruta Nahuelbuta S.A. por intermedio de este Ministerio.

En este sentido conforme lo informado se puede concluir que el MOP ha dado íntegro cumplimiento a los compromisos acordados con la comunidad, al caso la recurrente y es así como no puede acusarse arbitrariedad o ilegalidad alguna por esta parte.

Luego respecto de la ilegalidad reprochada, esta Corte estima que ello no resulta concordante con lo relatado en el informe, el cual da cuenta de como el Ministerio recurrido se ha ajustado a la normativa vigente para este tipo de obra, cumpliendo toda la normativa que rige este tipo de proyecto, sin omitir las obligaciones que tiene respecto de nuestras primeras naciones. Además tampoco resulta arbitrario, ya que el resultado del proyecto es fundado, DECIMO SEGUNDO: Que conforme lo argumentado anteriormente, es que esta Corte estima que no existe acción u omisión ilegal o arbitraria, por lo que este recurso no puede prosperar tal como se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 N° 3 y 24 de la Constitución Política de la República y lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, SE RECHAZA SIN COSTAS, el recurso de protección, deducido por doña nombre reservado, en representación de la nombre reservado, en contra del FISCO DE CHILE, en representación del MINISTERIO DE OBRA PÚBLICAS, y en contra de la SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA NAHUELBUTA S.A.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el Abogado Integrante Sr. Reinaldo Osorio Ulloa.

Rol N° Protección-47-2025.(jog)