Protección contra profesionales que trabajan en dicho programa

C.A. de Temuco Temuco, tres de diciembre de dos mil veinticuatro.

VISTO:

A folio N°1 comparece nombre reservado, en representación convencional y como mandatario judicial de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, representada legalmente por su Alcalde don Carlos Reinaldo Barra Matamala, interpone recurso de protección a favor de los siguientes funcionarios de la Municipalidad de Pucón, Programa “Tenencia Responsable”: Médico Veterinario: nombre reservado, Apoyo Administrativo: nombre reservado, Médico Veterinario: nombre reservado nombre reservado nombre reservado, Fiscalizador: nombre reservado, Jefatura Departamento Desarrollo Rural: nombre reservado, toda vez que están siendo desprestigiados, amenazados, y funados como funcionarios públicos en las redes sociales.

ANTECEDENTES DE HECHO 1. Indica que el programa de Tenencia Responsable de Mascotas, promueve el cuidado y educación para con las mascotas, postula fondos de gobierno, ya sea para ejecutar esterilizaciones, comparar insumos de operativos de vacunación desparasitación, estando dentro del Departamento de Desarrollo Rural de que depende de la Dirección de Desarrollo Económico Fomento y Turismo.

2. Así las cosas, este programa desde el año 2014 ha funcionado, siendo programa pionero. A nivel nacional que fue una de las primeras comunas que cuenta con presupuesto municipal, para la ejecución del programa denominado “Tenencia Responsable de Mascotas”.

3. En todos estos años, se ha educado a la comunidad, se ha trabajado en establecimientos educacionales, y desde siempre organizaciones animalistas han trabajo en conjunto con la Municipalidad sólo en determinadas ocasiones.

4. Desde siempre en los operativos de esterilización y vacunación tienen prioridad sus casos, sin embargo, para dichas organizaciones no es suficiente y la relación entre organizaciones y el municipio no han sido últimamente, las más cordiales, debido a que la sensación térmica de animalistas estiman que la Municipalidad no cumple con el rol de prevenir la proliferación de mascotas, que se genera por tema de salud, o pueden entender que la Municipalidad de Pucón no es una institución rescatista de animales y por sobre todo de perros; este grupo de animalistas no dan los presupuestos municipales, ni el personal, ni las condiciones con las que la institución cuenta.

5. En propiedad municipal ubicada Los Nevados, destina media hectárea para la mantención de caniles que recogen perros sin dueño que ocasionen problemas a la seguridad pública, como respaldo de denuncia. Perros vagos con reiterados ataques. Estas agrupaciones de animalistas si bien presentaban intenciones de carácter positivo para hacer perfectible el servicio de la Municipalidad, a la vez, ante lo nula disposición de recursos municipales, han tensado las relaciones y existe la sensación de que el programa de tenencia responsable no hace su trabajo de manera adecuada y han ingresado a la propiedad municipal.

6. En algún momento, al parecer el año 2021, se postularon a la Subsecretaria del Desarrollo, Subdere, líneas de financiamiento para que las organizaciones animalistas participaran y se hicieran cargo de animales, sin embargo, ninguna institución, después de adjudicarse los proyecto aceptó el contrato ya que no contaban con boletas de garantía, lo que ha sucedido hasta el día de hoy.

7. El 25 de mayo don nombre reservado, quien se desempeña como cuidador del refugio canil municipal, informa a don nombre reservado, uno de los médicos veterinarios del programa, que la can llamada “Mila” había sido atacada por otro can del mismo refugio. El cuidador del canil, le menciona al veterinario que está solamente con una herida, léase que el día de 25 de mayo era sábado y los veterinarios contratados modalidad honorarios, y otro código del trabajo, solo prestan servicio desde Lunes a viernes, sin dar detalles de gravedad.

8. Informa vía whatsapp que dicho evento lo tenía controlado y que no se preocupara que le había realizado curaciones, y además la dejó descansando en un canil aparte, para que el lunes fuera atendida por los médicos veterinarios.

9. El día domingo 26 de mayo, a las 11:40 horas am, el otro cuidador don nombre reservado, en cambio de turno, de cuidador del canil municipal, informa que la can “Mila” había fallecido por las heridas, de la pelea entre los dos canes a pesar que no era para que la can hubiese fallecido. Esto se dio a conocer a los animalistas los que entraron en ira y furia que han amenazado y expresados funas en redes sociales no tan sólo de la señorita nombre reservado, sino que han realizado fuertes publicaciones en contra de los profesionales que trabajan en dicho programa.

10. El día martes 28 de mayo aproximadamente a las 15:44 de la tarde una de las recurridas, nombre reservado, pidió hablar con doña nombre reservado y con todos los profesionales del programa de tenencia responsables que son 4 funcionarios, más la jefa del Departamento de Desarrollo Rural, pero simplemente, a pesar que la secretaria que la señorita nombre reservado estaba en otra reunión agendada, sin autorización ingresó, violentamente al segundo piso sin permiso de nadie, irrumpió intempestivamente a la oficina de nombre reservado. cerrando la puerta, quedando solas en la oficina, gritándole y amenazándola. Indicándole que en reiteradas ocasiones las funarían, y destruirían, etc. Sumado al hecho que tenían mucho material y cosas por el estilo. La señorita nombre reservado, mantuvo la calma y solo le indicó que, si publicaban sus nombres con funas en redes sociales tomarían acciones legales.

11. Luego de dicho incidente, nombre reservado Glauser, encargada del programa de Desarrollo Rural, al ver esta situación, ingreso y le recordó a nombre reservado que debía salir a reunión, para no atrasarse, y la animalista la increpa y le pide 5 minutos más, donde se escuchaban la amenazas.

12. Como se evidencia en los pantallazos, que se acompañan, la información entregada por parte de nombre reservado, el día sábado, que, si bien el programa no cuenta con un Médico Veterinario de Emergencias, existe la certeza que, si hubiese sido otra la información, con respecto a la gravedad del asunto, el programa se organiza y asiste al lugar.

13. Ese mismo día, por la noche, comienzan a llegar las notificaciones de redes sociales, en donde como programa y personas son juzgados, amenazados, amedrentados, etc. Incluso comienzan a publicar fotos de doña nombre reservado, obviamente con una gran variedad de descalificativos. En los comentarios publican Nombres y Apellidos.

14. Es importante informar que, desde el año pasado, 2023, se tomó la determinación que mientras los caniles no estuviesen en condiciones óptimas, por la seguridad de los canes, no se realizaría ningún ingreso al refugio. Tenían claro que del grupo de canes existía uno potencialmente peligroso, el cual en reiteradas ocasiones atacó a otros perros causándoles la muerte y generando temor a los cuidadores, por lo mismo, y como medida de seguridad, los médicos veterinarios del programa realizaron la eutanasia de este can. Desde ahí, las peleas disminuyeron considerablemente por un buen tiempo.

ANTECEDENTES DE DERECHO Los actos relatados son claros actos arbitrarios e ilegales por parte de las recurridas ya que no encuentran norma o fundamento legal en que se funden, por lo cual directamente atentan contra los preceptos constitucionales del articulo 19 N°1 y N° 4 de nuestra Carta Fundamental, ya que estamos frente a una serie de conductas abusivas conscientes, realizadas de forma repetitiva, que atentan contra la dignidad e integridad psicológica de sus representados y sus familias, lo cual afecta de esta forma también su honra.

Es así que en virtud de lo expuesto, los actos ya descritos por parte de las recurridas han perturbado y amenazado el legítimo ejercicio de derechos constitucionales de los actores en relación al respeto a su integridad física y psíquica, lo cual en la actualidad los tiene profundamente vulnerados y afectados psicológicamente, teniendo de esta misma forma consecuencias en su salud física.

Todas estas acciones han afectado la honra y dignidad como persona de sus representados, lo cual se encuentra positivizado en nuestra carta fundamental en su artículo 19 N°4 .

II.1. GARANTÍAS LESIONADAS DERECHO A LA PROPIA IMAGEN.

1.°- El derecho a la propia imagen ha sido entendido por la Corte Suprema como “Referido a una proyección física de la persona, que le imprime a ésta un sello de singularidad distintiva entre sus congéneres dentro del ámbito de la vida en sociedad y que, por consiguiente, constituye, junto con el nombre, un signo genuino de identificación de todo individuo” (C.S. Rol N° 2506-2009).

2°.- Por su parte, el Tribunal Constitucional ha entendido que éste se encuentra conectado con la figura externa, corporal o física de la persona, la que por regla general no puede ser reproducida o utilizada sin la autorización de ésta (T.C. Rol N° 2454-13).

3°.- El artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República asegura a todas las personas el respeto y protección de la vida privada y la honra de la persona y su familia.

4°.- En lo tocante al resguardo constitucional del derecho a la propia imagen, a que precisamente tiende la acción propuesta en autos, es cierto que el artículo 20 de la Carta Fundamental no lo enumera determinadamente entre las garantías susceptibles de ampararse por ese arbitrio cautelar, pero, tanto la doctrina como la jurisprudencia coinciden en que su protección deviene procedente y encuadra en el artículo 19 n° 4 de la Constitución, por encontrarse implícitamente comprendida en el atributo de privacidad de la persona, que esa norma se encarga de tutelar (C.S., Rol 9970-2015).

5°.- Sobre el punto, se ha señalado que: “La primera y más antigua dimensión de la protección a la propia imagen se vincula estrechamente con el derecho a la vida privada, hecho que estuvo presente en los redactores del artículo que dio comienzo a la moderna discusión del “right to privacy”. El titular del derecho a la propia imagen-privacidad tiene la facultad de control y por tanto el poder de impedir la divulgación, publicación o exhibición de los rasgos que lo singularizan como sujeto individual, su imagen propiamente tal, su voz, y su nombre, protegiendo con esto el ámbito privado de la persona y su entorno familiar, el cual queda sustraído del conocimiento de terceros.

Esta protección reviste especial importancia en la actualidad, dado el creciente desarrollo de tecnologías y procedimientos que posibilitan enormemente la captación y difusión de imágenes de las personas. No obstante que la Constitución de 1980 no incorporó el derecho a la propia imagen como un derecho fundamental, los tribunales superiores de justicia de nuestro país han acogido acciones vinculadas a las tres dimensiones que suelen vincularse de dicho derecho. De este modo la jurisprudencia nacional se ha pronunciado respecto del derecho a la propia imagen vinculado al derecho a la vida privada, al honor y a su valor comercial”. (Anguita Ramírez, Pedro. “La Protección de Datos Personales y el Derecho a la Vida Privada. Régimen Jurídico. Jurisprudencia y Derecho Comparado”, Editorial Jurídica de Chile, año 2007, p. 155 -156).

6°. - De esta manera, no es aceptable en un país regido por el Estado de Derecho, se pretenda hacer verdaderos juicios populares a través de las redes sociales (Funas) que atenten contra la vida privada y la honra de la persona y su familia. Concorde a lo anterior, el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o correspondencia, ni de ataques a su honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. 7º.- Conforme a los antecedentes expuestos precedentemente, este recurrente considera que las conductas desplegadas por los recurridos de manera ilegal y arbitraria, objetiva, evidente y clara, perturban, privan o a lo menos amenazan el legítimo ejercicio de la garantía consagrada en el numeral 4º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es “El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales”.

Si bien existe la libertad de opinión y expresión, esta facultad no puede transformarse en un abuso de ella a fin de dañar, denostar y llamar públicamente a que otros denosten a otras personas, como sucede en este caso. No debe olvidarse que existen diversos canales y conductos regulares para realizar consultas o descargos correspondientes.

DERECHOS CONSTITUCIONALES CONCULCADOS 1) Artículo 19 N° 4.- Derecho a la vida privada a la honra de la persona y su familia. La Constitución asegura a todas las personas “El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”. En este caso derecho completamente dañado y amenazado permanentemente con las continuas publicaciones. Respecto de la Honra, la doctrina ha señalado: “La honra es la consideración o estima social que pertenece a un individuo. Tiene un componente subjetivo que es la estima y respeto de la dignidad propia. Tiene asimismo un componente objetivo como es la buena opinión y fama, adquirida por la virtud y el mérito. La honra subjetiva se radica en el fuero interno del individuo, mientras que la honra objetiva comprende todo aquello que constituye la buena reputación de la persona y que es susceptible de protección por el derecho.” Claramente ambos aspectos se pretenden destruir ilegítimamente por el recurrido.

2) Artículo 19 N° 1: Derecho a la integridad psíquica de las personas.

Esta norma junto al derecho a la vida contiene una protección a la integridad física y psíquica a todas las personas. Así entonces, tenemos derechos constitucionales enumerados y afectados por las recurridas: Integridad psíquica, honra y vida privada y el derecho a la propia imagen, los que han sido afectados por la actuación ilegal y arbitraria denunciada, y que SSI debiera amparar y proteger, restableciendo el imperio del derecho, conforme al artículo 20 de nuestra Carta Política.

Pide acoger el recurso conforme a derecho, ordenando a los recurridos:

- Eliminar toda publicación realizada en contra de las personas de doña nombre reservado, y los nombres de lo quipo técnicos municipales del Programa de Tenencia responsable, resguardando sus derechos constitucionales.

- Ordenar a los recurridos abstenerse de efectuar actuaciones y publicaciones similares.

- Condenar expresamente en costas al recurrido.

Acompañados los siguientes documentos: 1.- Publicaciones en redes sociales realizadas por las recurridas; 2. Mandato judicial donde consta mi personería para actuar en representación, de la Municipalidad de Pucón, y de los funcionarios afectados.

A folio N°10 evacuan informe las recurridas nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado, quienes solicitan el rechazo del recurso.

1) Antecedentes Generales El fundamento legal de esta acción se basa en la protección de los derechos a la honra y la integridad psíquica, establecidos en la Constitución y respaldados por la jurisprudencia nacional e internacional, incluyendo la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Municipalidad de Pucón argumenta que las acciones de los recurridos no tienen base legal y constituyen un abuso de la libertad de expresión, por lo que se requiere la intervención judicial para restablecer el imperio del derecho y proteger a los funcionarios municipales afectados.

En definitiva, lo que motiva el recurso en cuestión, es una publicación en la red social Facebook, efectuada por la Fundación Rescatando Huellas Pucón, asociación ha denunciado constantemente tanto a las autoridades municipales como la comunidad de Pucón episodios sucedidos en el canil municipal de Pucón ubicado a un costado del Vertedero Municipal, en sector Nevados de Pucón, dichos episodios han consistido en: 1) Heridas frecuentes en canes; 2) Muertes frecuentes en 2024; 3) Estado deplorable del canil; 4) Descuido en los cuidados de los animales a cargo del programa de tenencia responsable; 5) Operaciones y esterilizaciones en deplorables condiciones; 6) Alimentación de animales en el suelo; 7) Comida de mala calidad para los canes; 8) Falta de motivación para facilitar la adopción de los canes; 8) Falta de recursos y 9) desorden en general. Antecedentes, que se acompañan en el primer otrosí de esta presentación.

Es tal que, Incluso en el mismo recurso se reconocen hechos de estas características, como señalan los puntos 7,8 y 9. Dónde se relata el descuido que concluye en la muerte de la can “Mila” quién fuera cuidada por esta asociación en las calles de Pucón, y quién ingresó a este programa estando en buen estado de salud y terminó muerta por ser atacada por otro can, pues sus heridas no fueron cuidadas, porque de los 2 veterinarios que trabajan en el programa, no realizan labores de emergencias el fin de semana, pues tan solo trabajan de lunes a viernes como relata la contraria en su recurso.

Sin perjuicio de lo anterior, incluso se relata la eutanasia de un can denominado “Jerry” quien fuera sindicado por el programa como “potencialmente peligroso”, lo anterior, contraviniendo expresamente nuestra legislación vigente, pues, dispone el artículo 7 inciso segundo de la ley 21.020, la prohibición expresa de “Utilización de métodos que admitan el sacrificio de animales”. Incluso, el artículo 6 inciso tercero del citado texto, refiere que, “El responsable de un animal calificado como potencialmente peligroso conforme a lo dispuesto en este artículo deberá adoptar las medidas especiales de seguridad y protección que determine el reglamento respecto del ejemplar, tales como circulación de este con bozal o arnés, esterilización del mismo, restricción de circulación de estos animal en lugares de libre acceso público o bienes nacionales de uso público”

Así, a juicio de nuestra parte, lo que ha expuesto la fundación en redes sociales, no es más que informar a la comunidad del deplorable estado del canil y de la falta de diligencia con el cual desempeñan sus funciones quienes trabajan en el programa de “Tenencia Responsable de la Municipalidad de Pucón”, realidad que, por cierto, es en parte reconocida por los recurrentes en su escrito.

2.- Fundamentos para el rechazo del recurso 2.1) Ausencia total de actos ilegales o arbitrarios En efecto, de poner atención al recurso, en él se involucra a seis personas en calidad de recurridas. Sin embargo, son solo dos recurridas en las capturas de pantalla acompañadas son quienes sólo comentan la referida publicación. En concreto, quienes figuran comentando la publicación subida por la página “Rescatando Huellas Pucón” son:

A) nombre reservado, comentó:

B) nombre reservado, comentó: “Ni el veterinario ni las minas de tenencia responsables” refiriéndose al comentario de doña nombre reservado quien señala “Q lamentable saber que este tipo no tiene vocación de veterinario”.

Luego, el recurso de protección también se ha interpuesto en contra de la doña nombre reservado, quien no figura en ninguna de las diez capturas de pantalla acompañadas, de los que cabe inferir que se le sindica como el perfil titulado “nombre reservado”, sin que se haya rendido probanza alguna tendiente a identificar este nombre o la propiedad de este perfil de la red social Facebook con la de alguna de las recurridas.

Claramente, estos comentarios no sugieren haber sobrepasado ningún límite ni permiten ser calificados de odiosos o que incitan a la violencia o venganza en la opinión pública. En consecuencia, estos no han tenido un carácter abusivo ni lesivo para los derechos a la honra, intimidad y privacidad de los funcionarios recurrentes ni mucho menos ha tenido una difusión masiva en redes sociales en el afán de denostar. Sino que, son resultado del legítimo ejercicio democrático, pues las recurridas dan su opinión personal sobre el trabajo de funcionarios públicos encargados del área de tenencia responsable en el ejercicio de sus funciones, más no, en un ámbito personal.

En concreto, pareciese ser que la afección que gatilla el recurso, es que la citada fundación informa la realidad del canil, resultado del desempeño de las funciones de los recurrentes.

El recurso respecto de nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, ha sido mal dirigido. Pues, en concreto, no estamos cometiendo acto ilegal o arbitrario alguno respecto de dichos recurrentes y por ende no hemos vulnerado garantía fundamental alguna con relación al ámbito que ha sido delimitado en el recurso, no se encuentran sujetas a la controversia, así los recurrentes con relación a esta parte, no gozan de una legitimación activa, al no tener un derecho o interés actual comprometido o lesionado. Y como contrapartida, carecen de una legitimación pasiva, pues no se encuentran comprometidas al respeto de un derecho o garantías que en la especie les resulta ausente a los recurrentes. En definitiva, el recurso como se ha planteado y vinculada a las recurrentes, resulta carente de causa, objeto, fundamentos de hecho y de derecho.

También se ha señalado que, con fecha 28 de mayo, nombre reservado se habría apersonado intempestivamente en la oficina de doña nombre reservado, encargada del programa “Tenencia Responsable”. Pese a lo grave de estas aseveraciones, no se han señalado medios de prueba que permitan respaldar esta situación, y de verificarse como verdadera, dice relación con el petitorio que solo refiere a eliminar las publicaciones de redes sociales En línea de lo anterior, la conducta descrita por las recurrentes, escapa del ámbito de aplicación del recurso de protección, pues, más bien relatan una “supuesta agresión a funcionarios públicos” que, debería ser conocida en último término por la justicia penal en juicio de lato conocimiento, no por una acción de tipo cautelar, como la que se pretende.

2.2) Del contenido de los derechos conculcados 2.2.1) Sobre el derecho a la honra afectado.

La doctrina anglosajona ha dotado de contenido al denominado “right to privacy” indicando que se trata de un derecho general, esto es, de un derecho que torna en efectivo contra la sociedad y cuyo objeto garantiza la inmunidad de la persona y la elaboración de su personalidad, derivando directamente de la dignidad humana. Viéndose aquella reflejada en impedir la exposición no autorizada a la vida privada por la prensa o terceros.

Pero, claramente, no con un carácter absoluto, así el “right to privacy” no prohíbe la publicación de cualquier asunto de interés público o general (matter of public or general interest); el objeto de esta protección es frente a aquellas personas en cuyos asuntos la comunidad no posee interés legítimo de ser sometidas a escrutinio público en contra de su voluntad. La invasión, debe entonces ser injustificada. En este sentido señala BRANDEIS, “Hay otros que, en mayor o menor medida, han renunciado a su derecho a vivir protegidos de la observación del público” (BRANDEIS, Louis y WARREN, Samuel (1980): "The right to privacy", en Harvard Law Review, N° 5, p. 214).

Así, cabe destacar que la única captura de pantalla acompañada en la presente acción, en donde aparece la fotografía de una de las funcionarias municipales, es pública y compartida por la Municipalidad a través de sus medios de comunicación destinados a informar a la ciudadanía. Esa persona es identificada mediante una aureola en su rostro, sin indicar el nombre, cédula de identidad, domicilio u otro dato que permita identificarla fuera del marco de funciones públicas en calidad de jefa del respectivo programa municipal. Sin perjuicio de lo anterior, la imagen compartida de la funcionaria no compromete a simple vista la honra de la misma, ni es tomada en un contexto que pueda vulnerar la vida privada de la recurrente. Así, parece ser que la abogada contraria confunde “El derecho a la honra” con el “Derecho a la vida privada” pues, invoca fundamentos del derecho a la vida privada, en relación con una supuesta afectación al derecho a la honra. No obstante lo anterior, la publicación de la imagen que acompaña y cita la recurrida, no ha sido realizada por ninguna cuenta que nos pertenezca.

En línea de lo anterior, una vez más se trata de un legítimo escrutinio democrático sobre un asunto de interés público que concierne a la comunidad de Pucón como un todo armónico. Únicamente destinado al mejor interés de la comuna así como el eficiente y eficaz uso de los limitados recursos con que cuenta la autoridad.

A mayor abundamiento debemos considerar el contenido del derecho a la libertad de opinión que está protegido constitucionalmente en nuestro texto constitucional en su artículo 19 N° 12 que asegura a todas las personas “La libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder por los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades”.

La libertad de opinión no solo es un derecho fundamental que emana de la dignidad de la persona humana, sino verdadera garantía institucional del funcionamiento del sistema democrático, pues sirve como mecanismo de control de actividades de los órganos del Estado, realizan funciones sociales y son un instrumento eficaz para la construcción de una opinión pública libre (DROGUETT, Carmen (2019): “El interés público de la información en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Análisis de su reconocimiento de naturaleza jurídica y de las circunstancias que determinan que un interés sea público”. Ed. Tirant Le Blanch, pp. 34-35). En opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estas libertades constituyen la piedra angular de una sociedad democrática, entendida esta última como un sistema de autodeterminación colectiva por el cual los individuos toman decisiones que fijan las reglas, principios y directrices públicas que regirán el desenvolvimiento de la sociedad política. En el mismo sentido, nuestra Excelentísima Corte Suprema de Justicia ha relevado la alta trascendencia que reviste para el Estado democrático de Derecho el garantizar eficazmente la libertad de emitir opinión y la de informar.

Ahora bien, las publicaciones se hacen en el marco del derecho consagrado por la libertad de expresión y consisten en una opinión acerca de lo que consideran una deficiente gestión municipal realizada por parte del programa de “Tenencia Responsable”. Además, en el marco de la libertad de informar se reporta la muerte de perros que se encontraban a la guarda del canil municipal lo que resulta veraz, como puede desprenderse del recurso intentado más allá de las posibles justificaciones otorgadas por la recurrente, y de evidente relevancia pública atendido el gasto fiscal y la función pública desarrollada.

El caso de autos presenta una clásica dicotomía constitucional, la que se enmarca en la pugna entre el derecho a la honra y la intimidad y la libertad de expresión. Sobre aquello y a juicio de quien suscribe, las funcionarias públicas en el ejercicio de sus funciones tienen un estándar diferente de protección, así las personas que ejercen una función pública tienden a estar más expuestos al escrutinio público sobre quién no cumple aquellas funciones, pues, en el ejercicio se ve involucrado el interés público, pues es dinero de los contribuyentes, con el cual se mantiene el bullado programa de “Tenencia Responsable”

Respecto a ello, la citada publicación de redes sociales en la cual se informa sobre la seguidilla de muertes de canes en el canil de Pucón y las paupérrimas condiciones donde se mantiene a estos animales, obedece a un fin informativo, y es el ejercicio legítimo del derecho de cualquier ciudadano de informar sobre cosas que repercuten en la decisión pública.

2.2.3) Sobre el derecho a la integridad psíquica Los recurrentes señalan que los actos realizados por sus representadas han afectado su derecho a la integridad psíquica. Lo anterior no es tal, pues doña nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, y don nombre reservado jamás fueron nombrados en comentario alguno por ellos, y en concreto, a juicio de esta parte, no existe una conexión entre el derecho lesionado y la inexistente conducta realizada, pues, en último término, solo 2 de ellas comentaron la publicación refieren y critican al “Departamento de Tenencia Responsable” más no a las citadas personas en particular. Cabe agregar que, tampoco las recurrentes explican en su libelo como se desarrolla tal afección psíquica.

2.3)

Rechazo del recurso por no ser la vía idónea para la resolución del conflicto Considerando que la naturaleza del recurso de protección, obedece a una acción cuyo procedimiento es sumarísimo, concentrado y cuyo objeto es poner pronto remedio a los actos que se tachan de ilegales o arbitrarios que sean contrarios a las garantías constitucionales que este protege.

Es evidente que no aparece dicho recurso, como la vía idónea para resolver el presente conflicto que se ha sometido al conocimiento y resolución de este Tribunal Superior de Justicia, sino que, debe ser resuelto en último término por la justicia ordinaria.

2.4)

Los actos imputados no son ilegales, ni arbitrarios.

Los actos que se imputan, no pueden ser calificados como ilegales o arbitrarios. Pues, un acto ilegal es, por antonomasia, aquel que contraviene la ley, y, opinar en una red social una publicación dónde se expone el deficiente trabajo de este departamento no lo es. Por otra parte, un acto arbitrario es aquel que carece de fundamento, es contrario a la racionalidad, producto de un capricho o de un análisis sin exhaustividad, en el caso de autos, la publicación realizada por la fundación da suficiente contenido probatorio para reprochar y comentar el trabajo de los funcionarios del programa de Tenencia Responsable.

Es por lo expuesto que, los actos que se nos imputan no son de carácter ilegal ni arbitrario, por lo que, en virtud de ello, no producen privación, perturbación o amenaza a los de derechos a la honra y vida privada de los recurrentes, ni a su derecho a la integridad psíquica.

Pide rechazar el recurso de protección interpuesto por las recurrentes en todas sus partes, con condenación en costas.

Acompañó los siguientes documentos: 1. Set fotográfico que da cuenta de las condiciones del canil municipal de Pucón, administrado por los recurrentes (Programa de Tenencia Responsable); 2. Informe Técnico Veterinario de fecha 21 de junio de 2024, elaborado por la médico veterinario nombre reservado, que da cuenta de las condiciones en las que se encuentra el canil municipal de Pucón en inspección visual de fecha 13 de junio de 2024; 3. Set fotográfico que da cuenta del estado de los canes estando bajo cuidado de los recurrentes (Programa de Tenencia Responsable).

A folio N°19 se agregó extraordinariamente a la tabla.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en el- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

SEGUNDO: Que las recurrentes fundan su acción cautelar en que las recurridas han realizado publicaciones en redes sociales mediante las cuales se ha juzgado, amenazado y amedrentado a funcionarios del programa “Tenencia Responsable de Mascotas”, dependiente de la Municipalidad de Pucón, que promueve el cuidado y educación para con los animales y que postula a fondos de gobierno, ya sea para ejecutar esterilizaciones, comprar insumos de operativos de vacunación y desparasitación, estando dentro del Departamento de Desarrollo Rural, que depende de la Dirección de Desarrollo Económico, Fomento y Turismo. Afirman que, luego de enterarse de la muerte de la can “Mila”, los recurridos entraron en ira y furia, comenzando a hacer publicaciones en redes sociales en contra de doña nombre reservado y demás profesionales que trabajan en el referido programa. Señalan que dichas publicaciones consisten en fotos de la referida funcionaria, con gran variedad de descalificativos y en donde constan comentarios que afectan la integridad física y psíquica y la honra de ella y los demás los recurrentes, vulnerándose de esta manera las garantías constitucionales consagrados en el artículo 19 N°1 y N°4 de la Carta Fundamental. Por lo anterior, solicitan que, acogiéndose el recurso, se ordene a los recurridos eliminar dichas publicaciones y que se abstengan de efectuar actuaciones y publicaciones similares.

TERCERO: Que los hechos que motivan el presente arbitrio constitucional han sido expresamente controvertidos por las recurridas en su informe, argumentando que lo que han expuesto en redes sociales lo ha sido con el ánimo de informar a la comunidad respecto del estado y funciones desempeñados en el programa de tenencia responsable de la Municipalidad de Pucón. Afirman que los comentarios realizados no han sobrepasado ningún límite, ni pueden ser calificados de odiosos o que inciten a la violencia o venganza, ni menos tienen un carácter abusivo, ni lesivo para los derechos a la honra, intimidad y privacidad de los funcionarios recurrentes, así como tampoco han tenido el afán de denostar. Por el contrario, sostienen, que son el resultado del legitimo ejercicio del derecho de dar su opinión personal sobre el trabajo de los funcionarios públicos encargados de dicha área en el ejercicio de sus labores, más no en un ámbito personal. Finalmente, señalan que las publicaciones se hacen en el marco del derecho, consagrado constitucionalmente, de la libertad de expresión y consiste en una opinión acerca de lo que consideran una deficiente gestión municipal realizada por parte de los encargados del programa de tenencia responsable.

CUARTO: Que, atento a los antecedentes antes expuestos, esta Corte no advierte en el proceder de las recurridas una actuación que pueda ser calificada de ilegal, en la medida que no existe constancia en estos autos que permita acreditar que hayan efectuado, a sabiendas, imputaciones o afirmaciones contrarias a la verdad con el objeto de menoscabar la integridad psíquica, la honra o reputación de las recurrentes. Tampoco resulta posible tener por configurado un acto arbitrario por parte de ellas, entendido como aquel que se funde en el mero capricho, que carezca de razonabilidad o proporcionalidad, desde que los antecedentes examinados sólo permiten concluir que las comunicaciones y publicaciones en redes sociales, cuestionadas por los actores, se habrían producido en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de las recurridas, consagrado en el artículo 19 N°12 de nuestra Constitución Política, que asegura a todas las personas: “La libertad de emitir opinión e informar sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder por los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades”. Por último, comparte esta Corte lo expuesto por las recurridas, en el sentido de que el referido derecho a emitir opinión e informar, en esos términos, sirve de mecanismo de control de las actividades de los órganos del Estado que realizan funciones sociales y, además, son un instrumento eficaz para la construcción de una opinión publica libre.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, a favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado nombre reservado nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en contra de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del abogado integrante Sr. Fernando Cartes Sepúlveda.

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