nombre reservado con EJÉRCITO DE CHILE

C.A. de Temuco Temuco, veintisiete de mayo de dos mil veintidós.

VISTOS:

A folio 1, comparece Samuel Tomás Saavedra Avilés, abogado, en representación de doña nombre reservado, funcionaria del Ejército, quien interpone Recurso de Protección, en contra del EJÉRCITO DE CHILE.

Funda su acción en que doña nombre reservado, realizó su servicio militar desde el mes de abril hasta el mes de noviembre de 2011, en el Regimiento Tucapel de Temuco. El día 01 de enero de 2014 ingresó a la escuela de suboficiales, siendo nombrada como “clase” el día 01 de enero de 2016. Su primera destinación fue el Regimiento Chacabuco, de Concepción. Sin embargo, el día 15 de marzo de 2016, fue destinada al Regimiento Tucapel de Temuco. La recurrente tiene una hoja de vida intachable. Actualmente es Cabo 2º del Ejército.

Indica que fue formalmente notificada, que será destinada a la Escuela de Suboficiales, en la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, a partir del 31 de enero de 2022. Este cambio de destinación le causa agravio a la recurrente, pues le priva, perturba y amenaza su derecho a la integridad física y psíquica tanto de ella como del nasciturus que lleva en su vientre; la señora nombre reservado, está actualmente embarazada, y como tal, su estado requiere de cuidados especiales, y atenciones especiales. No puede verse expuesta a los vaivenes de una mudanza, por lo mismo cualquier cambio de destinación debe ser deferido hasta después de terminados los plazos legales de cuidado post natal.

Manifiesta que el Estado de Chile, debe proteger la vida del que está por nacer, y aquí en la especie, el Ejército de Chile, al exponer a la madre embarazada, al desafío de tener que cambiar de domicilio y lugar de trabajo no está cumpliendo con este mandato constitucional y legal. El cambio de destinación, US., Iltma., no es dentro de la misma ciudad, sino que debe trasladarse 700 kilómetros al norte, a una ciudad desconocida; esto nos lleva a lo siguiente.

Refiere que la recurrente no tiene lugar donde vivir en Santiago. Si bien los funcionarios del Ejército tienen derecho a una vivienda fiscal, no las hay suficientes en Santiago para entregarle una en comodato a la recurrente embarazada. La larga lista de espera, para acceder a una vivienda fiscal, torna irrealizable este derecho de la recurrente. Así las cosas, la recurrente, necesita entonces arrendar un inmueble particular en el gran Santiago. Desgraciadamente, cuesta encontrar un inmueble para alquilar en la capital del país, pues hay una sobredemanda de espacios para vivir, y los pocos departamentos y casas disponibles además son inaccesibles para un funcionario con un sueldo mensual como el que percibe la recurrente. Los gastos mensuales que conlleva vivir en Santiago, unido a los elevados gastos de un embarazo, y un parto, constituyen un grave menoscabo patrimonial para la recurrente, que afecta al derecho a la propiedad en sus diversas manifestaciones. Ese menoscabo patrimonial, no ocurriría, si el ejército no cambia la destinación de la recurrente y la mantiene en Temuco.

La recurrente adquirió, mediante un crédito hipotecario y usando su subsidio habitacional, una casa en Temuco. La recurrente tiene su casa en Temuco, y toda esta privación, perturbación y amenaza, a su integridad física y a la del nasciturus, su bebé que lleva en el vientre, no tendrían lugar si pudiese quedarse en Temuco. Tampoco se produciría el grave menoscabo patrimonial, pues como ya hemos señalado, la recurrente está pagando un elevado crédito hipotecario, y además pagará en Santiago un elevado canon de arriendo.

La recurrente nombre reservado, reclamó respecto de esta resolución ante los superiores jerárquicos competentes. A pesar que la recurrente argumentó y acreditó extensamente, antes sus superiores, sobre la privación, perturbación y amenaza a su derecho a la integridad física y psíquica, entre otros derechos, que provoca esta resolución de cambio de destinación, fueron desechadas por los superiores administrativos sus recursos.

De hecho, el 30 de diciembre de 2021, le fue notificada la última resolución que resolvía su recurso para su petición, pues no la contesta expresamente, sino que le da una sugerencia, cuál es que busque un reemplazo para que en su lugar se vaya destinada a la Escuela de Suboficiales. Tácitamente, esto es un reconocimiento de lo ilegal y arbitrario del cambio de destinación, en caso contrario, el ejército no habría dado esta tímida alternativa a la recurrente. Pero, desgraciadamente, la recurrente no cuenta otra persona para enviar en su lugar a la Escuela de Suboficiales.

Agrega que el acto administrativo, cambio de destinación, priva, perturba y amenaza, ilegal y arbitrariamente, las garantías constitucionales alegadas, ya que el cambio de destinación causa menoscabo a la recurrente. La recurrente está presentando problemas en su embarazo a razón de este cambio de destinación. Ella adquirió su casa en la ciudad de Temuco, la que está pagando. En Santiago no tiene un lugar donde vivir, si bien la recurrente tiene derecho a una vivienda fiscal, en la práctica no hay vivienda fiscal disponible para entregarle a la funcionaria recurrente, por lo que arrendará un inmueble en Santiago.

La Jurisprudencia ha establecido que constituye menoscabo todo hecho o circunstancia que determine una disminución del nivel socio-económico del trabajador, tales como mayores gastos, una mayor relación de subordinación o dependencia, condiciones ambientales adversas, disminución de ingreso, etc. Finalmente estableció que el nuevo sitio o recinto debe forzosamente quedar ubicado dentro de la ciudad donde primitivamente se prestaban los servicios o dentro del mismo predio, campamento o localidad, en caso de faenas que se desarrollan fuera del límite.

Toda esta situación además le causa un pesar psíquico, la recurrente además está actualmente embarazada, y estos agravios le afectan tanto a ella como al nasciturus. Las autoridades superiores del ejército en conocimiento de esta situación, a pesar de eso, han persistido en la decisión de trasladar a la recurrente a la Escuela de Suboficiales en Santiago.

Así las cosas, puestos en una balanza, por un lado, los beneficios de este cambio de destinación, y por otro lado, los perjuicios que este cambio de destinación traen aparejados, resultan mayores los perjuicios que trae aparejados este acto administrativo.

Afirma que todo acto administrativo debe ser fundado para no devenir en arbitrario. El dictamen N° 017111N06 de la Contraloría General de la República, pronunciado el 13 de abril de 2006, dispuso retrotraer un acuerdo de la Junta Extraordinaria de oficiales de la Policía de Investigaciones al estado previo a su dictación, por cuanto, dicho acto no expresó sus fundamentos. El citado dictamen dispuso lo siguiente: “no se ajusta a derecho el acuerdo de la junta extraordinaria de oficiales de la policía de investigaciones al disponer el retiro inmediato de un funcionario, cuando no se han enunciado las razones consideradas para adoptar tal medida, toda vez que aun cuando el cuerpo colegiado tiene facultades para ponderar los factores de fondo, se encuentra obligado a adoptar sus acuerdos con fundamento, sin Arbitrariedades. Además, con la finalidad de que el funcionario esté en condiciones de asumir adecuadamente su defensa por la vía de interponer, en este caso, el recurso de reconsideración, establecido en inc/fin del art/65 dfl 1/80 investigaciones, para impugnar el acuerdo adoptado por la junta extraordinaria y no quedar, en caso contrario, en la indefensión. En consecuencia, conforme al principio de juridicidad, en cuya virtud la administración se encuentra en el imperativo de invalidar los actos ilegales con el propósito de restablecer el orden jurídico, el correspondiente procedimiento debe retrotraerse al estado en que la junta extraordinaria emita un acuerdo debidamente fundado".

Indica que el acto que impugna en este recurso - cambio de destinación- no han estado acompañado de fundamento alguno. La propia resolución dice que es respuesta a los descargos planteados por esta parte durante el proceso de destinación, pero en realidad nada responde, ni siquiera de hace cargo de la particular situación del recurrente, situación que es conocida por el empleador del recurrente. Esta abierta falta de fundamentación de los actos de la Administración da cuenta de un proceder arbitrario en el ejercicio de sus facultades, tal como lo expresó la Contraloría General de la República en el dictamen N° 017111N06.

Expone que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, o Acción Constitucional de Protección, protege el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, asimismo protege el derecho a la propiedad en sus diversas manifestaciones, de conformidad a los artículos 19 y 20 de la Constitución, y al Auto Acordado de la Corte Suprema que regula la tramitación y fallo del Recurso de Protección.

En cuanto al Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica (Artículo 19 N° 1 de la C.P.R). Es pertinente la importancia de este derecho atendido a que la vida es la fuente de todo otro derecho y supone tanto la facultad de conservar y como de proteger la vida humana. Tanto la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, contemplan este derecho. En el seno de la Comisión de Estudio existió desde un principio el más amplio consenso en orden a dar consagración al derecho a la vida, como “un derecho humano básico y el más primordial de todos los derechos” (sesión Nº 87, página 4).

El derecho a la integridad física y psíquica alude a la preservación sin detrimento del cuerpo y la mente, por lo que su consagración constitucional excluye todos aquellos actos que impliquen un desconocimiento de este derecho. En la especie, el haber comprometido a través de la presión que conlleva el cambio de destinación, la salud de la recurrente y del hijo que lleva en su vientre debe ser reparado solamente dejándose sin efectos el cambio de destinación.

La ley protege la vida del que está por nacer. El texto actualmente vigente, reproduce literalmente esta norma contenida en el artículo 75 del Código Civil Como se observa el órgano recurrido no consideró:

1º Que la recurrente está embarazada, y constituye un privación, perturbación y amenaza, a su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, tanto de ella misma como del hijo que leva en su seno, sacarla de su lugar de trabajo y trasladarla a 700 kilómetros de distancia, sin proveerle ninguna facilidad.

2º Que la recurrente tiene su propia casa en la ciudad de Temuco.

La falta de consideración hacia estas circunstancias, además de la inexistencia de fundamentos que sostengan los actos recurridos, hacen que estos devengan en arbitrarios y vulneran la garantía de igualdad ante la ley, derecho a la propiedad en sus diversas formas, y a la vida y a la integridad física y psíquica, ya que, sólo una discriminación injustificada hacia su persona explica tales determinaciones.

Derechos a La Igualdad ante la Ley (Art. 19 N° 2 de la C.P.R.).

La consecuencia inmediata de esta garantía es que nadie puede ser discriminado, es decir, no pude arribarse a soluciones diversas cuando dos personas están en condiciones equivalentes.

En la especie, la normativa reseñada en los apartados previos establece hipótesis, que al recurrente le ubican en una situación tal que hace improcedente su cambio de destinación, y deviene en arbitraria, pues no explican de manera objetiva y fundada porque se arriba a tal determinación.

Afirma que las actuaciones del Ejército de Chile tienen un efecto claro en el patrimonio del recurrente. En sus dimensiones corporales e incorporales.

En su dimensión corporal, existe una amenaza cierta a su futuro patrimonial. El corolario de este traslado a Santiago encarece los gastos congruos y aún los necesarios, por tanto, todas las prestaciones económicas a las que he podido acceder en su destacada carrera funcionaría no bastan para que pueda continuar ayudando económicamente a su familia, que estando enfermo el padre dependen económicamente del recurrente.

Que es uno solamente el acto administrativo impugnado en este recurso. El cambio de destinación del recurrente. Dicho acto fue notificado al recurrente, según da cuenta instrumento acompañado en otrosí, el día 30 de diciembre de 2021. Así las cosas, conforme al art. 1º del Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, esta acción se encuentra dentro de plazo.

Las actuaciones impugnadas han tenido su origen y fundamento en los hechos producidos y actos emanados en la actual unidad de destinación es decir el Regimiento de Montaña Nº 8 “Tucapel”, ubicado en domicilio reservado, de la ciudad y comuna de Temuco. Es en ese lugar donde además se le han comunicado las decisiones descritas en este recurso.

En consecuencia, y en virtud de lo expuesto anteriormente, procede declarar que la actuación del Ejercito de Chile, en orden a resolver su cambio de destinación, corresponden a decisiones arbitrarias y, por ende, deben quedar sin efecto, puesto que vulnera una serie de garantías constitucionales que la Constitución le reconoce y garantiza.

Pide declarar que la decisión contenida en el acto singularizado en este recurso es arbitraria, y ordene dejar sin efecto el cambio de destinación, con expresa condenación en costas.

Acompañó los siguientes documentos: certificado emitido por el BioNet, el día 13 de noviembre de 2021, respecto de doña nombre reservado, gonadotrofina corionica sub unidad beta (BHCG), al pie consta firma ilegible de la Tecnólogo Médico nombre reservado; carné de control perinatal, de doña nombre reservado, emitido por Clínica Red Salud Mayor Temuco; Set de 4 ecografías, hechas en Clínica Mayor, al vientre de la recurrente, y dan cuenta de su estado de embarazo; liquidación de remuneraciones de la recurrente, de fecha diciembre de 2021, líquido a percibir $688.447; acompañó Carta oferta de inmobiliaria MartaBid, identificación del comprador nombre reservado, al pie consta firma ilegible de ejecutiva de la inmobiliaria; comprobante de postulación, reserva de vivienda y cupo de subsidio programa habitacional para proyectos de integración social y territorial, del ministerio de vivienda y urbanismo, donde se individualiza a la recurrente nombre reservado; contrato de condiciones generales de reserva de inmueble, celebrado en Temuco, el día 23 de agosto de 2021, entre constructora MartaBid y la recurrente nombre reservado; oficio del comandante de la división de personal, al comandante en jefe de la III División de montaña, fechado en Santiago a 30 de diciembre de 2021; Recurso administrativo presentado por la recurrente al comandante de la división de personal, pidiendo permanecer en el DESMÑA Nº 8 “Tucapel”.

A folio 13, evacua informe la recurrida, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

Extemporaneidad de la acción de protección y falta de causa.

a. Preliminarmente, se viene en alegar la declaración de extemporaneidad de toda alegación sobre hechos o actos ocurridos con anterioridad a los 30 días establecidos en el auto acordado. En concreto, la recurrente intenta hacer renacer un plazo vencido, al indicar que, con fecha 30DIC2021 le fue comunicado el último pronunciamiento de la autoridad a su petición administrativa, dirigida a dejar sin efecto el cambio de destinación que le afectaría, por cuanto, en los hechos, la resolución DIVPER IÍ/2/b/l (R) N° 1345/3641/13944, de 04NOV2021, que dispuso su destinación, por ende la actuación base que estima arbitraria u ilegal, le fue notificada con fecha 15NOV2021, constando firma en acta de notificación personal.

En este sentido, es importante destacar que, el acto administrativo utilizado por la actora para revivir el plazo de interposición de la acción de protección, es el oficio DIVPER TI/2/b/2 (R) N° 1345/4636 de 30DIC2021, siendo este un acto de mero trámite y comunicación entre la DIVPER y el Comandante en Jefe de la III División de Montaña, no creando o modificando una situación jurídica, sino que solo ratifica lo ya resuelto, no creando nuevos efectos jurídicos a los dispuestos con fecha 04NOV2021. En concreto, el oficio de 30DIC2021, viene en constatar, precisamente la destinación de la recurrente salvo que existiere personal de reemplazo (el que no existe), destinación que es uno de los efectos jurídicos directos de la resolución DIVPER II/2/b/l (R) N° 1345/3641/13944, de 04NOV2021, notificada con fecha 15NOV2021, constando firma en acta de notificación personal, por lo que, la pretensión de la recurrente deviene en extemporánea, no debiendo prosperar.

Indica que el Auto Acordado sobre tramitación y fallo de recursos de protección que prescribe que "el recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos ".

En consecuencia, al día 19ENE2022, fecha en que se presentó el recurso de protección, ha transcurrido con creces el plazo de treinta días previsto por la disposición citada para interponer la acción cautelar sobre hechos o actos conocidos con anterioridad a los 30 días, por lo que solicita que la presente acción cautelar sea rechazada por extemporánea.

Antecedentes preliminares de la acción de protección.

En cuanto a la naturaleza cautelar del recurso de protección, éste ha sido instruido por el constituyente como una acción de urgencia destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de las acciones u omisiones arbitrarias o ilegales que produzcan, privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

Indica que el acto basal, en contra del cual la recurrente pretende hacer efectiva la acción constitucional, dejándole sin efecto, es la resolución DIVPER H/2/b/l (R) N.° 1345/3641/13944, de 04NOV2021, que dispuso su destinación estando embarazada y que le fue notificada con fecha 15NOV2021, constando firma en acta de notificación personal y no el acto trámite de fecha 30DIC2021 que señala y que se traduce en una mera comunicación y ratificación de lo obrado.

Habida consideración del tenor del recurso interpuesto y de las pretensiones en ella formuladas, procede exponer ciertos puntos previos a referirnos a la acción de protección, toda vez que ello permitirá ilustrar de mejor forma el proceder del recurrido, conforme a la relación que a continuación se expresa:

1) En este aspecto, debe indicarse que, respecto a la carrera funcionaría del CB2 nombre reservado, es posible señalar, que se ha desempeñado en la institución, ingresando a la Escuela de Suboficiales el 01ENE2014, posee la especialidad de armas, título técnico nivel superior mención en comunicación, siendo destinada al Regimiento Reforzado N°7 "Chacabuco" (01ENE2016), y luego en el Regimiento de Infantería N°8 "Tucapel" (15ENE2016).

2) Mediante Resolución DIVPER II/2/b/l (R) N.° 1345/3641/13944, de 04NOV2021, se dispuso el Plan Institucional Anual de Destinaciones, lo que implica el normal movimiento del personal del Ejército, acorde a las necesidades del servicio, con indicación de las respectivas fechas de presentación del personal.

3) Como antecedente adicional, cabe señalar, que al ostentar la especialidad de "Armas", en este caso, de Telecomunicaciones, la CB2 nombre reservado, se encuentra habilitada para desempeñarse como Instructor en cualquier Plantel educativo de la Institución, tal como la Escuela de Suboficiales del Ejército, a fin de instruir a los nuevos alumnos que ingresan a la Institución, debiendo tenerse en especial consideración que la destinación a la Escuela de Suboficiales es un reconocimiento a su carrera en el Ejército.

4) Por otra parte, si bien las funciones que desempeña en el Destacamento de Montaña N°8 "Tucapel" se avenía a su planificación personal, puesto que en la ciudad de Temuco ella adquirió un inmueble, y a que solicitó por primera vez con fecha 08AGO2021, reserva de hora para manifestación y ceremonia civil a realizarse el día 15OCT2021 ambas, y posteriormente, solicitó por segunda vez, con fecha 11OCT2021, reserva de hora para manifestación y ceremonia civil a realizarse el día 31ENE2022 y 04FEB2022 respectivamente, la recurrente ha debido tener presente que la carrera militar, obedece especialmente a las necesidades institucionales, en donde siempre primará el interés general -en este caso la necesidad institucional- por sobre su propio interés, debiendo tenerse presente que ya con fecha 08SEP2021, a la recurrente ya se le había notificado, según consta en acta respectiva, del documento de difusión del "Plan de Destinaciones año 2022" para el personal de Suboficiales del cual forma parte, pudiendo en dicho plan verificar su destinación como se detallará.

5) En dicho contexto, considerando que ya con fecha 08SEP2021 la recurrente había tomado conocimiento de su destinación, en presentación realizada por ella de fecha 14SEP2021 y en presentación posterior de 21SEP2021 nada se informó a esta institución sobre su embarazo, por lo que esta institución no tenía conocimiento alguno del mismo, lo que permite descartar que en el ejercicio de una función legal propia, se haya buscado afectarle como ella trata de hacer ver a SS. lltma. Por lo demás, su condición en ningún caso entorpece el cumplimiento de una destinación dispuesta por la autoridad, según se detallará.

6) No obstante a aquello, una vez notificada con fecha 15NOV2021 según acta de notificación, de la resolución DIVPER II/2/b/l (R) N° 1345/3641/13944, de 04NOV2021, la CB2 nombre reservado haciendo uso del derecho d petición, remitió documentación ante la Unidad, la que fue posteriormente elevada a esta DIVPER, antecedentes en que se desprende, que: con fecha 04FEB2022 existe una reserva para matrimonio civil y, asimismo, con fecha 12NOV2021 consta documento donde se señala estado de embarazo de entre 2 a 4 semanas, con resultado de gonadotrofina corionica sub unidad beta (BHCG) 1848.9 mUl/mL. Se adjuntan ambos documentos para un mejor conocimiento de SS. Iltma.

7) Ante ello, por medio de Oficio DIVPER II/2/b/2 (R) N.° 1345/4636 de 30DIC2021, el Comandante de la División de Personal al Comandante en Jefe de la III División de Montaña informa que, "las destinaciones obedecen a una estricta necesidad institucional derivada de! "Plan Rebolledo ", y por tal motivo, los análisis que se hicieron para destinar a dicho personal, se realizaron oportunamente y difundidos en la publicación PROBID 2022 con fecha 03SEP2021 a través'delportalSIAP".

Agrega dicho documento que, "Consecuente con lo anterior, y entendiendo la problemática familiar que afecta al personal bajo su mando, se necesita en calidad de urgente, informar los respectivos reemplazos de los suboficiales señalados precedentemente, con la finalidad de estudiar los antecedentes, y proceder si no existen inconvenientes, a modificar las destinaciones, haciéndole presente que de no haber personal propuesto para cubrir los reemplazos solicitados, se deberá materializar la destinación de los 03 (tres) suboficiales a la ESCSOP\ De lo transcrito claro es que no es efectivo que por lo indicado exista un reconocimiento de alguna conducta ilegal o arbitraria por parte de esta institución, sino que por el contrario, el acto que dispone la destinación se encuentra conforme a la normativa de manera tal que, en caso de que no existiese reemplazo, se indica que el acto debe producir los efectos que naturalmente están propuestos, en el sentido de dar curso a las destinaciones de los suboficiales objetos de destinación.

Cabe indicarse el precedente de la CB1 AHUMANA CARO ARACELI, destinada desde la Unidad de Origen, CDO III DIVMÑA- BTD N° 4 "Membrillar", a la Escuela de Suboficiales, quien en estado de gravidez, se presentó en la misma con fecha 28ENE2022, cumpliendo con su destinación, encontrándose en la actualidad con teletrabajo producto de las medidas sanitarias dispuestas por el Ejército.

8) Consecuentemente se debe tener presente lo siguiente:

a.

En cuanto a sus beneficios derivados de su estado de gravidez, son otros distintos a la inamovilidad como sugiere la recurrente. En concreto, la recurrente detenta beneficios de salud, previsionales, pre natal, post natal, no realizar trabajos que impliquen fuerza o afectación a su embarazo, todo conforme a las normas del Código del Trabajo que son aplicadas a las Fuerzas Armadas, no obstante que lo indicado no comprende un derecho a permanecer en un lugar determinado, más aun considerando las características propias de la función militar, teniendo presente que ella ya ha sido destinada y que, dándose cumplimiento a la Orden de No Innovar, por medio de la comunicación breve DIVPER ASJUR/r (R) N° 1000/4835 de 04FEB2022 y por medio del oficio DIVPER II/2/a (R) N° 1340/1975 de 11FEB2022, tras los cuales se le indicó al DESMÑA N° 8 "Tucapel" que la CB2 nombre reservado "no deberá ser despachada de su unidad de origen, hasta que el citado órgano jurisdiccional así lo informe", no dándose lugar a ningún acto tendiente a dar curso al a destinación de la misma.

b.

Ahora bien, respecto a la recurrente alega haber obtenido de un crédito hipotecario para la vivienda propia en Temuco y a que se le habría negado el derecho a una casa fiscal, debe indicarse que ambas alegaciones no tienen asidero. Así, respecto al hecho de que la recurrente tenga un crédito hipotecario debe indicarse que, de concluirse lo indicado por ella, todo servidor del Estado que pretenda incrementar su patrimonio por medio de un bien raíz, en donde vivir con su familia, estaría impedido de ser destinado, lo que generaría que en el desempeño de la función pública primara el interés individual por sobre el general, lo que resulta contrario a los principios rectores de la administración del Estado.

c.

A su vez, respecto a la casa fiscal, no es efectivo que se le haya negado dicho beneficio por cuanto no existe en la División de Bienestar, documento alguno en que la recurrente haya solicitado vivienda fiscal, considerando que dicho beneficio debe ser solicitado por ella, por cuanto es su decisión donde vivir.

Lo anterior, no obstante que, para que la recurrente pueda acceder a alguna vivienda fiscal, debe reunir los requisitos del "Reglamento de Administración y Ocupación de Vivienda Fiscal" año 2018, los que, junto a otros requisitos, conforme al artículo 22, debe existir una solicitud de postulación voluntaria para el uso de una vivienda fiscal lo que a la fecha no sucede puesto que no consta registro de solicitud alguna. Lo indicado sumado al hecho que para el otorgamiento de vivienda fiscal se debe cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, los que serán detallados en el presente informe.

En un misma línea argumentativa de la recurrente, esta señala en presentación de 21SEP2021 que la destinación le produce una afectación económica en demasía "por no poder optar al 15% que corresponde a la Zona de la guarnición de Temuco y el 30% que corresponde a la gratificación de montaña, lo cual proporciona la unidad que actualmente ella se encuentra", no obstante a ello, la necesidad institucional es preponderante, puesto que de estimar lo contrario, esta institución se vería en la obligación de ponderar en razón de criterios económicos particulares las destinaciones.

d. Se debe hacer presente que quien representa a la recurrente, ha presentado similares protecciones adicionales ante esta misma ICA, por situaciones similares, como es el caso de un Clase que reclamó de su destinación por cuanto se encontraría estudiando derecho y el ser destinada le provocaría perjuicio. Lo anterior se analizó ante SS. Iltma., en causa rol N° 9768-2021, resolviéndose rechazar el recurso en contra del Ejército de Chile e indicando el fallo lo siguiente respecto de la esencia de las destinaciones en la carrera militar: "TERCERO: Que, los tres primeros incisos del artículo 145 del Decreto con Fuerza de Ley 1/07 de Defensa que establece estatuto del personal de las fuerzas armadas dispone que la destinación n es la ó designación del personal para servir en una unidad o repartición, en calidad de planta o agregado, sin especificar el cargo o puesto que en ella le corresponda. La destinación de planta es aquella designación para integrar la dotación permanente de una unidad o repartición. El personal de las Fuerzas Armadas podrá igualmente ser destinado para desempeñar, en cualquier calidad, cargos en la administración del estado, tanto en el país como en el extranjero.

CUARTO: Que, de la lectura de las disposición transcrita, se puede constatar que la misma otorga una competencia a favor del jefe superior de los servicios de cada rama de las Fuerzas Armadas, para ordenar traslados o nuevas destinaciones o reasignaciones, estatuyéndose una potestad de carácter discrecional que, como toda facultad debe ser ejercida en forma racional, no pudiéndose apreciar de los antecedes existentes en autos que nos encontremos ante una ejercicio arbitrario de la misma, que se enmarca dentro del el plan anual de destinaciones, realizadas de acuerdo con los requerimientos de las unidades, evento en el que se dispuso la destinación de 656 funcionarios para prestar servicios en diversas unidades a lo largo del país.

QUINTO :Que, en consecuencia, y conforme a lo razonado, se concluye que la presente no es una materia que corresponda ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar de urgencia, al no constituir una instancia de declaración de derechos sino que de ó protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en situación de ser amparados, presupuesto que en la especie o no concurre, por lo que el presente recurso de protección no está en condiciones de prosperar. " e. Es más, en dictamen N° 17188 de 1993, la Contraloría General de la República respecto de la destinación de una funcionaría con fuero maternal, determinó que, si bien "...se ajusta a derecho destinación de funcionaria del instituto de desarrollo agropecuario desde Santiago a Coyhaique. Ello, porque la jefatura superior de un servicio está facultada para destinar a su personal conforme ley 18834 art/67, con la sola limitación de que las funciones que deba cumplir el empleado sean las propias del cargo para el cual ha sido nombrado. Conforme esa norma, dicha autoridad puede decidir discrecionalmente como distribuir y ubicar a los funcionarios según lo requieran las necesidades de la repartición que dirige. Por su parte, ley 18834 art/55(actual 61 letra e) establece las obligaciones de los servidores públicos, entre las que se cuenta la de cumplir las destinaciones y comisiones de servicios que disponga la autoridad competente. Según los principios generales informantes de la gestión de los servicios públicos, corresponde a esa autoridad apreciar las circunstancias que justifican o no la destinación de un funcionario, sin que el goce de licencias médicas obste a la adopción de esa medida, puesto que dicho goce solo permite al afectado ausentarse del servicio para restablecer su salud, sin que suspenda su calidad de funcionario público ni se modifiquen los efectos derivados de esa condición jurídica, por su parte, las licencias maternales únicamente inciden en el derecho a la estabilidad en el empleo, pues la dependiente, en tal situación, está protegida por fuero maternal, pero no configuran un impedimento para que sea destinada", criterio de sólida aplicación y que se ha visto refrendado en el tiempo según consta en Dictámenes Nos 69.909, de 2010, 54.118, de 2014, 19.897, de 2009, 22.442 y 52.511, ambos de 2013, 80916, de 2014, entre otros, los que si bien se refieren a casuísticas y obligaciones principalmente asociadas a la administración civil del Estado, contemplan principios generales, los resultan aplicables a las FFAA, por disposición del artículo 138 del DFL Nro. 1 de 1997 "Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, que dispone en lo pertinente "...Igualmente, el personal estará sujeto a las obligaciones y prohibiciones establecidas para los empleados de la Administración Civil del Estado en la Ley N.° 18.834, Estatuto Administrativo, en cuanto fuere procedente. ". De manera que resulta evidente que el cumplimiento de las destinaciones constituye un deber funcionario no amparado por fuero maternal u otra causa, así lo señala el artículo 61 letra e) de la ley 18.834, "Estatuto Administrativo General" que dispone: Serán obligaciones de cada funcionario:...e) Cumplir las destinaciones y las comisiones de servicio que disponga la autoridad competente;... " 9) Por otra parte, debe destacarse que la necesidad institucional sobre la cual además recae la potestad discrecional del DIVPER radica en un razonamiento técnico, en concreto que, a nivel institucional, existe el denominado "Plan Rebolledo", año 2022, que explica la necesidad institucional de contar con un mayor número de instructores que presten servicios en la Escuela de Suboficiales del Ejército para el año 2022, ello principalmente debido a que hasta el año pasado, los alumnos que ingresaban debían cursar durante 2 años, a diferencia de lo que acontecerá a partir del año 2022, donde deberán permanecer cursando durante un período de 3 años. Lo anterior demuestra que el ejercicio de la potestad fue motivada por un criterio objetivo cual es el aumento de los años en la Escuela de Suboficiales y el consecuente aumento de necesidad de instructores. En este sentido, salvaguardando los derechos maternales que indudablemente tendrá la recurrente, ella podrá satisfacer la necesidad institucional de la misma manera que la CB1 AHUMADA CARO, quien se encuentra en la actualidad desempeñando funciones con teletrabajo conforme a las medidas sanitarias dispuestas por la institución, como auxiliar del Departamento de Admisión Alumnos en la Escuela de Suboficiales.

10) Por último, se ha de mencionar que en ambas oportunidades en que la recurrente fue notificada de su destinación, primero, al momento de difundirse las políticas de destinaciones con fecha 03SEP2021, notificadas con fecha 08SEP2021 a la recurrente, ésta solicitó con fecha 14SEP2021, al Comandante del Destacamento de Montaña N° 8 "Tucapel", reevaluar su destinación. Posteriormente, la recurrente solicita con fecha 21SEP2021 al Comandante de la División de Personal, dejar sin efecto la misma, por cuanto se ha comprometido "« entregar lo mejor de sus capacidades en el DESMÑA N° "TUCAPEL", como lo ha hecho hasta el día de hoy". Luego, notificada con fecha 15NOV2021, de la resolución de 04NOV2021, que dispuso las destinaciones, estando ella en el número 476 de la misma, la recurrente presentó antecedentes actualizados e informó por primera vez su estado de embarazo, adjuntando el resultado del Laboratorio BioNet, junto con el comprobante de reserva de hora para manifestación y ceremonia civil.

11) En este sentido, la recurrente como señala en su recurso ha tomado conocimiento de los fundamentos por los cuales se dispone su destinación, por lo anterior, y por las razones institucionales acerca de la destinación de la recurrente que se exponen, se descarta desde ya alguna ilegalidad y/o arbitrariedad en la dictación de la resolución que se impugna mediante esta acción de protección, puesto que, el accionar de esta institución, por un lado, es conteste tanto la normativa vigente como los diversos dictámenes del Órgano de Control sobre las normas de protección a la maternidad y las destinaciones, y por el otro, es conteste con la esencia de la carrera militar y es más, con el sistema de destinación de los funcionarios de la Administración del Estado, conforme a lo cual no existe impedimento alguno para que una destinación constituyente de un deber funcionario, surta efecto ante un embarazo de primer trimestre.

Fundamentación de la destinación a. Fundamentos Institucionales respecto a la Destinación del Recurrente 1)

Que mediante la resolución que produce los efectos que la recurrente estima ilegales y arbitrarios -DIVPER II/2/b/l (R) N° 1345/3641/13944, de 04NOV2021- que dispuso el "Plan Anual de Destinaciones", se ha destinado a gran parte del personal, así también existen destinaciones de Oficiales, las que son realizadas año a año de acuerdo a los requerimientos de las Unidades, conforme a un estudio de acuerdo a las necesidades, tablas de TD, TOE (cupos para cada Unidad), especialidades de cada funcionario, perfil necesario, etc., no existiendo por parte de esta Institución ánimo o intención alguna en perjudicar a la recurrente.

2) Es del casó indicar que, en dicha resolución, se dispuso la destinación de 656 funcionarios para prestar servicios en diversas unidades a lo largo de todo el país, y específicamente 49 de estos fueron destinados como instructores a la Escuela de Suboficiales.

3) Por otra parte, en la Unidad donde se desempeñaba la recurrente, Destacamento de Montaña N° 8 "Tucapel", existe una sobredotación conforme lo dispuesto institucionalmente en la TD y TOE, existiendo un número considerable de funcionarios que exceden estas.

4) Como antecedente adicional, a nivel institucional, existe el denominado "Plan Rebolledo", año 2022, que explica la necesidad institucional de contar con un mayor número de Instructores que presten servicios en la Escuela de Suboficiales del Ejército para el año 2022, ello principalmente debido a que hasta el año pasado, los alumnos que ingresaban debían cursar durante 2 años, a diferencia de lo que acontecerá a partir del año 2022, donde deberán permanecer cursando durante un período de 3 años.

5) En el caso de la recurrente, la destinación desde el Destacamento de Montaña N° 8 "Tucapel", ubicado en la ciudad de Temuco, hacía la Escuela de Suboficiales, obedeció a las necesidades con fines de Instrucción que hoy presenta dicho plantel educacional, como así mismo todas las destinaciones efectuadas, las que son determinadas por la organización y distribución de las fuerzas en el ámbito de las especialidades, verificándose en el aludido obrar ejercicio de potestades legales conferidas por el ordenamiento vigente mediante una designación que fue dispuesta y comunicada en conformidad a los procedimientos vigentes para esta clase de materias.

6) Cabe hacer presente que, la destinación a la Escuela de Suboficiales, es, en la carrera militar, un reconocimiento a la trayectoria, por cuanto, quienes se desempeñan en ella, cumplen con la importante misión de formar académica y técnica-profesionalmente a los Suboficiales del Ejército que se incorporan a la institución, mediante un proyecto educativo con énfasis en la doctrina valórica y el liderazgo, que le permita a los alumnos desempeñarse con éxito en el cumplimiento de sus funciones específicas durante la carrera militar.

En dicho contexto, argumentar en el sentido de la recurrente, implica desconocer no solo la importancia de ser destinada a la Escuela de Suboficiales del Ejército, sino que también implica desconocer las políticas de funcionamiento y organización de la Institución, las potestades que a las autoridades competentes le ha conferido el ordenamiento vigente y, especialmente, la primacía de las necesidades del servicio a las cuales sirve la distribución del personal, siendo, precisamente, la adecuada y conveniente satisfacción de las misiones institucionales, el elemento determinante en que se funda la administración del personal en el Ejército, lo que se traduce en el cumplimiento del imperativo que obliga a priorizar el interés público por sobre las consideraciones individuales, valoraciones y preferencias personales y más considerando que el cumplimiento de las destinaciones dispuestas constituye un deber funcionario, que de no ser observado generará las responsabilidades correspondientes.

Así las cosas, la reclamante desconoce la confianza depositada por esta institución al destinarla a la Escuela de Suboficiales donde los miembros del Ejército cumplen una misión fundamental para este ente castrense cual es la misión de formación de quienes ingresan a esta institución, como también desconoce la obligación, la que libre y voluntariamente conoció y aceptó al ingresar a la institución el año 2014, la que impone un predominio del bien particular por el bien común y el cumplimiento de los deberes funcionarios, no siendo posible estimar ilegal y arbitraria la decisión Institucional de destinarla a la Escuela de Suboficiales del Ejército, porque quisiese afectarse su estado de embarazo y su situación financiera, última situación, esto es la patrimonial, a la cual hace especial énfasis la recurrente en su presentaciones de 14SEP2021 y de 21SEP2021, en donde no hace referencia alguna a su embarazo.

7) En razón de lo expuesto en los apartados que anteceden y teniendo en especial consideración el real sentido y alcance del recurso en informe, resulta infundado alegar ilegalidad, arbitrariedad y/o falta de motivación respecto de la resolución a la que alude la recurrente, DIVPER II/2/b/l (R) N° 1345/3641/13944, de 04NOV2021, documento que tuvo por único objeto comunicar al CB2 nombre reservado de su destinación, la que fue producto de los criterios técnicos, ponderaciones y fundamentos que, en su oportunidad, fueron analizados por las autoridades competentes conforme a las atribuciones que les ha conferido el ordenamiento vigente y cuyo ejercicio representa una manifestación de la discrecionalidad técnica de la administración, que evalúa condiciones de aptitud o idoneidad profesional, en el marco de los procedimientos internos que se han dado, para satisfacer sus necesidades.

8) Lo anterior es confirmado por el Dictamen N° 80.916 de 2014, de la Contraloría General de la República en el cual señala que la destinación de funcionaría que indica en lo pertinente"... A nade que solicitó la reconsideración de la citada resolución exenta, por considerar que dicha medida pone en riesgo el "fuero maternal ...Como cuestión previa y concordando con lo señalado en su informe por la entidad requerida, cabe precisar que en el caso de análisis no está comprometido el fuero maternal de la funcionarla, ya que, en armonía con lo manifestado por este Órgano de Control en sus dictámenes Nos 69.909, de 2010 y 54.118, de 2014, el aludido beneficio sólo otorga protección en lo relativo al cese, según lo prescrito en el artículo 174 del Código del Trabajo... En relación con esto la jurisprudencia de este Organismo de Control contenida, entre otros, en los dictámenes Nos 19.897, de 2009 y 22.442 y 52.511, ambos de 2013, ha manifestado que la destinación es una facultad privativa de la respectiva superioridad, quien puede decidir discrecionalmente cómo distribuir y ubicar a los funcionarios según lo requieran las necesidades de la repartición que dirige...".

Es más, según dictamen N° 54.118, de 2014, "...la jurisprudencia administrativa de este Órgano de Control, contenida en el dictamen N° 69.909, dé 2010, ha precisado que el aludido beneficio sólo otorga protección en lo relativo al cese, según lo prescrito en el artículo 174 del Código del Trabajo, pero no confiere inviolabilidad a su nivel remuneratorio, por lo que se desestima la reclamación de que se trata...".

En otras palabras, el fuero maternal otorga protección, únicamente, en cuanto al cese de funciones y no así, respecto de la destinación de la recurrente y sus efectos.

9) En consecuencia, la destinación de la recurrente, como todas las demás de la especie que operan año a año a nivel institucional, fueron dispuestas por las autoridades competentes previa ponderación de criterios técnicos derivados del cumplimiento de las misiones y requerimientos del servicio en el Ejército, lo que finalmente se plasma en una resolución que dispone las destinaciones, como es el acto que se recurre en esta oportunidad, el que en caso alguno ha vulnerado derechos de protección a la maternidad, lo que ha sido corroborado por la SS. Itma., en causa rol N° 9768-2021, en el considerando CUARTO del fallo que señala que, "se puede constatar que la misma otorga una competencia a favor del jefe superior de los servicios de cada rama de las Fuerzas Armadas, para ordenar traslados o nuevas destinaciones o reasignaciones, estatuyéndose una potestad de carácter discrecional que, como toda facultad debe ser ejercida en forma racional, no pudiéndose apreciar de los antecedes existentes en autos que nos encontremos ante una ejercicio arbitrario de la misma, que se enmarca dentro del el plan anual de destinaciones, realizadas de acuerdo con los requerimientos de las unidades, evento en el que se dispuso ¡a destinación de 656 funcionarios para prestar servicios en diversas unidades a lo largo del país".

b. Fundamentación Jurídica de la Destinación 1) Es importante señalar que el personal de las Fuerzas Armadas está constituido, tal como lo establece el artículo 4o de la Ley N° 18.948, "Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas", por el personal de planta, el personal a contrata y el personal de reserva llamado al servicio activo.

Agrega que el personal de planta está constituido por Oficiales, Cuadro Permanente y Gente de Mar, Tropa Profesional y Empleados Civiles.

2) Los artículos 2o letra a) y 3o letra a) del DFL N° 1 (G), de 1997, "Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas", determinan y definen los tipos de personal que realizan funciones en el Ejército. Así, la segunda de estas disposiciones señala al efecto que "Personal de planta: Es aquel que desempeña cargos permanentes y ocupa algún de las plazas contempladas en las plantas y dotaciones del Ejército (...). ".

3) El Párrafo 2o del Capítulo V, artículos 145 y ss. del DFL N° 1, de 1997, regula las destinaciones. Así, su primer precepto, la define como "la designación del persona! para servir en una unidad o repartición, en calidad de planta o agregado, sin especificar el cargo o puesto que en ella le corresponda. " Agrega la misma disposición, en lo relativo al personal de planta, lo siguiente: "(l)a destinación de planta es aquella designación para integrar la dotación permanente de una unidad o repartición. El personal de las Fuerzas Armadas podrá igualmente ser destinado para desempeñar, en cualquier calidad, cargos en la administración del estado, tanto en el país como en el extranjero. " 4)

Dicha potestad, conforme a lo establecido en los artículos 8 y 47 de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, es una facultad del Comandante en Jefe Institucional para efectuar la disposición, organización y distribución de las fuerzas, de acuerdo a criterios técnicos derivados del cumplimiento de sus fines.

5) Es más, los tres primeros incisos del artículo 145 del Decreto con Fuerza de Ley 1/1997 de Defensa que establece estatuto del personal de las fuerzas armadas dispone que la destinación es la designación del personal para servir en una unidad o repartición, en calidad de planta o agregado, sin especificar el cargo o puesto que en ella le corresponda.

La destinación de planta es aquella designación para integrar la dotación permanente de una unidad o repartición. El personal de las Fuerzas Armadas podrá igualmente ser destinado para desempeñar, en cualquier calidad, cargos en la administración del estado, tanto en el país como en el extranjero. Así, dicho artículo, otorga una competencia a favor del jefe superior de los servicios de cada rama de las Fuerzas Armadas, para ordenar traslados o nuevas destinaciones o reasignaciones, estatuyéndose una potestad de carácter discrecional que, como toda facultad debe ser ejercida en forma racional, no pudiéndose apreciar de los antecedes existentes en autos que nos encontremos ante una ejercicio arbitrario de la misma, que se enmarca dentro del el plan anual de destinaciones, realizadas de acuerdo con los requerimientos de las unidades, evento en el que se dispuso la destinación de 656 funcionarios para prestar servicios en diversas unidades a lo largo del país.

6) Continúa el artículo 148 del aludido Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, señalando: "El personal destinado, en cualquier calidad, debe ser despachado por su jefe directo conforme a las modalidades y en el plazo que establezcan las respectivas Instituciones. " 7)

Por su parte, el artículo 147, inciso I del DFL N° 1, de 1997, dispone: "Las destinaciones de los oficiales, que no constituyan nombramientos que deban efectuarse por decreto supremo, serán resueltas por el Comandante en Jefe institucional, a proposición de los Directores del Personal o Comandante del Comando de Personal o de acuerdo con las atribuciones de dicho Comandante en Jefe les otorgue. ", todo ello de acuerdo a criterios técnicos derivados del cumplimiento de fines y objetivos institucionales que resultan determinantes para la organización y distribución de las fuerzas.

8) Es del caso hacer presente que la decisión de destinación constituye la culminación de un procedimiento administrativo que obedece a un exhaustivo análisis, compulsando, en carácter prioritario con las necesidades institucionales, la disponibilidad del capital humano, y los perfiles adecuados en las múltiples funciones a cubrir, instancia que implica racionalización del mismo, dada la limitada capacidad cuantitativa del recurso.

9) Pese a que la recurrente conoce perfectamente el procedimiento institucional de destinación llevado a cabo anualmente por la Institución, manifiesta mediante esta "acción cautelar", su disconformidad con esta, y su pretensión de revertir dicha decisión aduciendo una serie de hechos que en a realidad el día de hoy no existen, pues podrían o no suceder en el evento que se concrete su traslado a la ciudad de Santiago, todo lo cual con ligereza y antojadizamente señala como actos vulneratorios por parte del Ejército.

Con la actuación del recurrente se evidencia abiertamente una contravención de su parte en dar cumplimiento a la normativa institucional vigente y de la cual no puede alegar desconocimiento -en su calidad de personal de planta-, como en este caso es su obligación de cumplir en un futuro su destinación, tal como lo establecen las letras e) y g) del artículo 61 de la Ley N° 18.834.

10) Ahora bien, en relación a la función para lo cual el Ejército decidió designar al CB2 nombre reservado, como es el de instructora para la Escuela de Suboficiales del Ejército, debe tenerse en consideración lo expresado por la Quinta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo de fecha 28ENE2013, en la causa Rol N° 36.665-2012, en el que el órgano jurisdiccional concluye que:

"5o) Que todo proceso de selección, en esencia, es el resultado del ejercicio de una facultad discrecional de la autoridad o jefatura respectiva, ya que se elige a una o más personas para detentar un puesto o cargo, en perjuicio de otras que no lo son (...) " ( lo destacado es nuestro,).

7°) Que, en estos casos la falta de fundamentación no convierte el acto en arbitrario, porque el Ejército, en cuanto institución castrense jerarquizada y obediente, no requiere en todo y cualquier caso emitir una fundamentación de sus decisiones, en la medida que cumpla con la normativa establecida al efecto. Máxime respecto de sus propias necesidades internas (...)" (lo destacado es nuestro).

11) Asimismo, en causa de Protección Rol N° 34, seguida ante la ICA de Santiago, respecto a una acción interpuesta por un Oficial de Justicia, la ICA reconoce la figura de la destinación para los funcionarios de las FF.AA señalando lo siguiente:

Considerando N°7: "Que, en todo caso, y solo a mayor abundamiento, cabe señalar que los incisos primero y tercero del art culo 145 del DFL 1 de 1997 del Ministerio de Defensa señalan que la destinación es la designación del personal para servir en una unidad o repartición en calidad de planta o agregado, sin especificar el cargo o puesto que en ella le corresponda. El personal de las Fuerzas Armadas podrá igualmente ser destinado para desempeñar, en cualquier calidad, cargos en la administración del estado, tanto en el país como en el extranjero.

Por su parte, el inciso primero del artículo 147 del mismo cuerpo ilegal refiere que "Las destinaciones de los oficiales, que no constituyan nombramientos que deban efectuarse por decreto supremo, deben ser resueltas á por el Comandante en Jefe institucional, a proposición de los Directores del Personal o Comandante del Comando de Personal o de acuerdo con las atribuciones que dicho Comandante en Jefe les otorgue, agregando su artículo 148 que: "El personal destinado, en cualquier calidad, debe ser despachado por su jefe directo conforme a las modalidades y en el plazo que establezcan las respectivas Instituciones... ".

12) Ahora bien, debe destacarse que, producto de la situación de pandemia, esta institución ha adoptado medidas de cuidado sanitarias por lo que la recurrente realizará al igual que la CB1 AHUMADA CARO, también en estado de gravidez y destinada del CDO III DVMÑA- BTD N° 4 "Membrillar" a la Escuela de Suboficiales donde se presentó luego de su debido despacho, labores de administrativas de teletrabajo.

c. Improcedencia de una eventual afectación a su embarazo como a su patrimonio, conforme indica la recurrente:

Respecto a la afirmación de la recurrente de que esta institución quisiera afectar su embarazo, debe indicarse enfáticamente que aquello no es efectivo.

En este sentido, la destinación le fue comunicada antes de que esta institución adquiriera conocimiento sobre su embarazo como también de sus planes de matrimonio y aun estando la recurrente embarazada debe tenerse presente que, el fuero maternal, conforme al ordenamiento jurídico, otorga protección, únicamente, en cuanto al cese de funciones y no así, respecto de la destinación de la recurrente.

Añade que si bien, al momento de la destinación la recurrente no había informado sobre su estado de embarazo a la institución como asimismo sobre su estado civil, en concreto, como se indicó, con fecha 03SEP2021 se difundió en la página SIAP de la institución, el plan de destinaciones (PROBID) apareciendo la recurrente en el número 357 su cambio. Dicha publicación le fue notificada con fecha 08SEP2021 según consta en acta de notificación y, no obstante aquello, en petición presentada con fecha 21SEP2021, nada indicó respecto de su embarazo por lo que malamente puede inferirse que esta institución ha tratado de afectar al mismo con la destinación.

Es más, en el recurso la recurrente indica que "dentro de la planificación de vida y el ámbito personal, con fecha 08.AGO.202l, la suscrita junto a su futuro esposo (...) acuden al registro civil de la Comuna de Cuneo IX Región de la Araucanía, donde realizan al reserva de hora para contraer matrimonio en el mes de Octubre del presente año", no obstante, hasta la fecha, esto es, año 2022, no figura como casada o que hubiere contraído algún régimen familiar que conforme a los planes de no disgregación familiar que adopta esta institución se pudieran haber adoptado. Por tanto, no es posible afirmar que esta institución hubiere actuado arbitraria o ilegalmente, queriendo afectar personalmente a la recurrente, toda vez que al momento de difundirse las políticas de destinaciones con fecha 03SEP2021, y de su notificación con fecha 08SEP2021, la recurrente no informó un cambio en su estado civil como tampoco su estado de embarazo, circunstancias que en cualquier caso no resultan determinantes al momento de disponer las destinaciones del personal institucional, dentro de un plan organizado.

Debe enfatizarse que, posteriormente, con fecha 15NOV2021 se notificó a la recurrente de la resolución que dispone las destinaciones, estando ella en el número 476 de la misma, por lo que no es efectivo que la recurrente recién con fecha 30DIC2021 adquiriera conocimiento del plan de destinaciones de esta institución. En consecuencia, a pesar de que la recurrente tomó conocimiento de su destinación con fecha 08SEP2021, lo que se ve corroborado por presentación de 14SEP2021 al Comandante del Destacamento de Montaña N° 8 "Tucapel" que "Informa situación personal" y por presentación de 21SEP2021 al Comandante de la División de Personal, en que "Solicita dejar sin efecto destinación de una clase", aquella trata de hacer creer que desconocía su destinación no obstante a sus mismas presentaciones a las que hace alusión.

Por tanto, la recurrente omite en su presentación que la destinación corresponde a un acto que dispone y autoriza la propia normativa sectorial de las Fuerzas Armadas, el que tiene su origen en el natural progreso de la carrera militar en donde las destinaciones son de la esencia de la misma, siendo un reconocimiento a su trayectoria el poder desempeñar funciones en la Escuelas de Suboficiales, destinaciones que son parte de un proceso administrativo que produce plenos efectos acorde a lo dispuesto en el artículo 3 de la ley 19.880.

Cabe agregar que, el Párrafo 2o del Capítulo V, artículos 145 y ss. del DFL N° 1, de 1997, regula las destinaciones. Así, su primer precepto, la define como "la designación del personal para servir en una unidad o repartición, en calidad de planta o agregado, sin especificar el cargo o puesto que en ella le corresponda." Agrega la misma disposición, en lo relativo al personal de planta, lo siguiente: "(l)a destinación de planta es aquella designación para integrar la dotación permanente de una unidad o repartición. El personal de las Fuerzas Armadas podrá igualmente ser destinado para desempeñar, en cualquier calidad, cargos en la administración del estado, tanto en el país como en el extranjero." Dicha potestad, conforme a lo establecido al artículo 47 letra a) de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, es una facultad del Comandante en Jefe Institucional para efectuar la disposición, organización y distribución de las fuerzas, de acuerdo a criterios técnicos derivados del cumplimiento de sus fines.

Por su parte, el artículo 147, inciso I del DFL N° 1, de 1997, dispone: "Las destinaciones de los oficiales, que no constituyan nombramientos que deban efectuarse por decreto supremo, serán resueltas por el Comandante en Jefe institucional, a proposición de los Directores del Personal o Comandante del Comando de Personal o de acuerdo con las atribuciones de dicho Comandante en Jefe les otorgue", todo ello de acuerdo a criterios técnicos derivados del cumplimiento de fines y objetivos institucionales que resultan determinantes para la organización y distribución de las fuerzas Continúa el artículo 148 del aludido Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, señalando: "El personal destinado, en cualquier calidad, debe ser despachado por su jefe directo conforme a las modalidades y en el plazo que establezcan las respectivas Instituciones." Es del caso hacer presente, que la decisión de destinación constituye la culminación de un procedimiento administrativo que obedece a un exhaustivo análisis, compulsando, en carácter prioritario con las necesidades institucionales, la disponibilidad del capital humano, y los perfiles adecuados en las múltiples funciones a cubrir, instancia que implica racionalización del mismo, dada la limitada capacidad cuantitativa del recurso. En este sentido, la necesidad institucional debiera primar por sobre el argumento de la recurrente de recurso 21SEP2021 de que la destinación le produce una afectación económica en demasía "por no poder optar al 15% que corresponde a la. Zona de la guarnición de Temuco y el 30% que corresponde a la gratificación de montaña, lo cual proporciona la unidad que actualmente ella se encuentra". En otras palabras, la institución si tuviere en consideración aquello estaría discriminando entre la recurrente y los otros 48 funcionarios destinados como instructores a la Escuela de Suboficiales del Ejército, lo que en la especie no sucedió, siendo destinados 47 miembros además que la recurrente para dar cumplimiento a la necesidad institucional requerida. En el caso concreto cuya causa principal de reclamación sería el fuero maternal, debe tenerse especialmente presente a este respecto lo dispuesto en Dictamen CGR 55666, de 2014 que señala "...Con todo, y en cuanto a la protección a que alude la afectada, derivada de su fuero maternal, es dable indicar que de acuerdo a la jurisprudencia administrativa contenida en el dictamen N.° 10.856, de 2014, entre otros, aquel solo le confiere amparo en lo relativo al cese de funciones, pero no inviolabilidad en el sistema remuneratorio.... ". Razón por la cual, debe desestimarse la alegación de la recurrente.

Es más, no es efectivo que esta institución quisiera perjudicarla con el acceso a una vivienda fiscal, por cuanto, la recurrente de cumplir los requisitos podrá acceder a una. En este sentido, es importante tener presente que, conforme al "Reglamento de Administración y Ocupación de Vivienda Fiscal" año 2018, en al artículo 22, se solicita postular voluntariamente para el uso de una vivienda fiscal lo que a la fecha no sucede puesto que no consta registro de solicitud de la misma, como así también requiere estar casado (a) o conviviente con acuerdo de unión civil, bajo amparo de la Ley N° 20.830, lo cual debe ser comprobado con la documentación legal que corresponda o soltero (a), separado de hecho o divorciado (a) con el cuidado personal permanente de hijos que constituyan cargas familiares, legalmente reconocidas y que estos residan permanentemente en la vivienda fiscal que se solicita. De lo anterior, se desprende que la recurrente todavía no se encuentra en alguna de las hipótesis indicadas en el reglamento para acceder a postular a una vivienda fiscal y que en caso alguno es la institución impediría aquello, sino que se trata de una normativa vigente que dispone requisitos que regulan la materia.

Así, pese a que la recurrente conoce perfectamente el procedimiento institucional de destinación llevado a cabo anualmente por la institución, manifiesta mediante esta "acción cautelar", su disconformidad con esta, y su pretensión de revertir dicha decisión aduciendo dentro de sus argumentos, por un lado, hechos futuros e inciertos como es su posible matrimonio y por el otro, hechos que no obstan a la destinación, parte esencial de la carrera militar, como es el caso de una afectación a su patrimonio y como así también el hecho de encontrarse embarazada, no obstante a que la recurrente tendrá los mismos derechos de toda madre, y a todos los derechos garantizados a la mujer en estado de embarazo, puesto que únicamente se le está destinando, conforme a la normativa legal vigente y a las necesidades indicadas.

La actuación de la recurrente se evidencia abiertamente reluctante en dar cumplimiento a la normativa institucional vigente y de la cual no puede alegar desconocimiento -en su calidad de personal de planta-, como en este caso es su obligación de cumplir en un futuro su destinación, tal como lo establecen las letras e) y g) del artículo 61 de la Ley N° 18.834, respectivamente "e) Cumplir las destinaciones y las comisiones de servicio que disponga la autoridad competente; (...) g) Observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta funcionaría moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado", no pudiendo ella pretender que las necesidades de la institución coincidan con su "planificación de vida y el ámbito persona?* puesto que la esencia de la carrera militar es la destinación.

De lo analizado, no se observa la ilegalidad ni la arbitrariedad que se alega, como tampoco es posible apreciar la afectación a los principios de "Derecho a la vida e integridad física y Psíquica", "Igualdad ante la ley", y menos aún "Derecho de Propiedad", especialmente si se tiene presente que el recurrente fue solo uno más de los otros 48 funcionarios destinados como instructor a la Escuela de Suboficiales del Ejército, respecto de los cuales, previa ponderación de los criterios y necesidades institucionales antes referidos, se dispuso una nueva destinación conforme a los estudios, capacitación, perfil, especialidad que en este caso ostenta el recurrente y que hicieron que el mando lo considerara en este nuevo cargo que conlleva una no solo mayores responsabilidades sino que tener funcionarios intachables, que presenten buena conducta, incentivo en perfeccionarse y superarse como es el caso a fin de motivar y transmitir dichos valores a los jóvenes que ingresan a la Institución mediante las Escuelas matrices, como es del caso la Escuela de Suboficiales del Ejército. Es así como a dicha Escuela no sólo se destinan año a año personal del cuadro permanente a fin de desempeñarse como instructor, también oficiales de todos los grados y armas, casados y solteros, con todas las consecuencias personales que ello implica, las que, no obstante, ceden frente al cumplimiento de las misiones y necesidades institucionales. Adicionalmente como ya se indicó, existe personal que también estando en estado de gravidez, dio cumplimiento a su destinación, presentándose en la Escuela de Suboficiales en la fecha ordenada y que en la actualidad se encuentra desempeñando funciones administrativas en apoyo a las necesidades, conforme a las medidas sanitarias dispuesta por este ente castrense.

En consecuencia, carece de fundamento lo señalado por el recurrente puesto que su destinación obedece a que preste servicios en la Escuela de Suboficiales por existir la necesidad de cubrir otros puestos conforme a las especialidades y perfil que en este caso reúne la CB2 nombre reservado. En este sentido, mal se puede hablar de buscar perjudicarla cuando la recurrente se ha desempeñado por más de 06 años en la misma unidad. Ahora bien, cabe hacer presente, que es de público conocimiento que, como funcionario de planta, perteneciente a las Fuerzas Armadas, a lo largo de su carrera se encuentran siempre sujetos a ser destinados conforme a las necesidades y requerimientos institucionales.

Es importante destacar que la recurrente es una servidora pública, lo que se traduce en que su función o cargo debe desempeñarlo con preeminencia del interés general sobre el particular, lo que debiera significar por su parte el cumplimiento a lo resuelto por parte de la institución, pues como ya se indicó, las destinaciones cursadas obedecieron al cumplimiento de políticas derivadas de la necesidad institucional, no existiendo ilegalidad alguna en el acto que dispuso las destinaciones anuales del personal, como es el acto que se recurre.

Es del caso representar que las destinaciones formalizadas, obedecen a un exhaustivo análisis orientado a la correcta distribución del personal, a fin de dar cumplimiento a las misiones institucionales, analizando para ello una serie de factores como la disponibilidad del capital humano, los perfiles adecuados para las múltiples funciones a cubrir, especialidades, estudios, cupos asignados, entre otras. En consecuencia, cumplir con este deber, para el personal que sirve en el Ejército, se traduce en el cumplimiento del imperativo que obliga a priorizar el interés público por sobre las consideraciones individuales, valoraciones y preferencias personales.

7. Improcedencia del recurso.

a.

En la especie, no se cumplen las condiciones y requisitos exigidos por el artículo 20 de nuestra Constitución Política de la República para la interposición de la acción constitucional, por cuanto no es la vía idónea para impugnar el acto invocado como arbitrario o ilegal por el recurrente y, por otra parte, porque dicho acto no adolece de tales vicios, por cuanto es evidente que por medio de la presente acción se pretende crear una vía especial de impugnación desvirtuando completamente el propósito de la acción de protección.

b.

El Recurso de Protección se ha definido como "un derecho fundamental de las personas y una acción constitucional destinada a poner en ejercicio las facultades jurisdiccionales de los tribunales de justicia, a través de un procedimiento efectivo, concentrado y breve, ante actos ilegales o arbitrarios de terceros que amenacen, perturben o priven del legítimo ejercicio de los derechos expresamente mencionados en el artículo 20 de la Constitución, con el objeto de restablecer el pleno imperio del derecho y los derechos de las personas de un modo directo e inmediato" (Nogueira, Humberto. El Recurso de Protección en el Contexto del Amparo de los Derechos Fundamentales Latinoamericano e Interamericano. Revista lus et Praxis, 13(1): 75- 134,2007).

c.

Es de precisar que el recurso de protección es un instituto procesal de carácter extraordinario, establecido para restaurar el imperio del derecho cuando se han afectado derechos fundamentales garantizados por nuestra Constitución Política, por intermedio de un acto arbitrario o ilegal, resultando útil indicar que, como es unánimemente aceptado, la referida acción requiere para su procedencia, la concurrencia simultánea de un conjunto de requisitos, a saber, la existencia de un acto o una omisión ilegal y arbitraria, que el mismo acto u omisión viole, perturbe o amenace garantías que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas; y finalmente, que la recurrente se encuentre ejerciendo un derecho indubitado y que la acción constitucional se dirija en contra de quien ha causado la conculcación de un derecho garantizado por nuestra Carta Fundamental, dentro del plazo señalado por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

d.

Tanto ello es así, que, de la lectura de la acción interpuesta, se desprende claramente que el tema planteado es ajeno a la naturaleza cautelar de la acción de protección. En efecto, esta naturaleza importa reconocer un mecanismo breve, de emergencia, expedito, rápido e informal, que solucione de manera pronta y eficaz situaciones de hecho o de derecho que requieren de un urgente restablecimiento. Lo contrario, implicaría desnaturalizar este tipo de vía proteccionista en su esencia, transformándola en un sustituto de los procedimientos ordinarios y extraordinarios que la ley contempla para tal objeto y de los cuales conocen los tribunales que la ley establece en el ejercicio de su potestad jurisdiccional (aplica criterio contenido en sentencia de 16ABR2009, de la Excma. Corte Suprema en causa Rol N° 1.108-2009).

e.

Cabe entonces considerar que esta acción se erige como el mecanismo de defensa de derechos por antonomasia, entregando una protección efectiva y eficaz a los derechos fundamentales reconocidos en el texto constitucional enumerados en el referido artículo 20. En ese sentido, el profesor Eduardo Soto Kloss señala que es "un remedio pronto y eficaz para prestar inmediato amparo al afectado, cada vez que una garantía de libertad o un derecho fundamental esté o pueda ser amenazado, restringido o coartado por actos u omisiones ilegales o arbitrarios de una autoridad o de particulares, sean entes con o sin personalidad jurídica " (Soto Kloss, Eduardo. El Recurso de Protección: Aspectos Fundamentales. Revista Chilena de Derecho. Volumen ll.Pág. 14. 1984).

f.

La Excma. Corte Suprema, en los autos Rol N° 29.818-2020, establece como requisitos de procedencia de la acción de protección, los siguientes:

a)

que se compruebe la existencia de la acción reprochada;

b)

que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción;

c)

que de la misma se siga un directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas, protegidas por esta vía; y d)

que esta Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección perdida.

Si se observa con detención, ninguno de estos requisitos se da en la especie.

g.

De lo analizado, debe destacarse la inexistencia de un derecho preexistente de la recurrente, pues pretende la inamovibilidad en el ejercicio del cargo, lo que no ocurre en concreto, por cuanto no hay norma jurídica que le otorgue aquel derecho, ni tampoco aparecen antecedentes de hecho que la justifiquen. En concreto, el adoptar institucionalmente una decisión diferente, irroga vulnerar la igualdad entre los servidores que fueron destinados y es más, de los servidores que en similares situaciones, estado de gravidez, cumplieron con su destinación y que por motivos de alerta sanitaria se encuentran desempeñando funcione en teletrabajo.

A mayor abundamiento, no se observa la ilegalidad ni la arbitrariedad que se alega, como tampoco es posible apreciar la afectación a los principios de "Derecho a la vida e integridad física y Psíquica", "Igualdad ante la ley", y menos aún "Derecho de Propiedad", especialmente si se tiene presente que la recurrente fue solo uno más de los otros 48 funcionarios destinados como instructor a la Escuela de Suboficiales del Ejército, de los cuales, previa ponderación de los criterios y necesidades institucionales antes referidos, se dispuso una nueva destinación conforme a los estudios, capacitación, perfil, especialidad que en este caso ostenta el recurrente y que hicieron que el mando lo considerara en este nuevo cargo que conlleva una no solo mayores responsabilidades sino que tener funcionarios intachables, que presenten buena conducta, incentivo en perfeccionarse y superarse como es el caso a fin de motivar y transmitir dichos valores a los jóvenes que ingresan a la Institución mediante las escuelas matrices, como es del caso la Escuela de Suboficiales del Ejército. Es así como a dicha Escuela no sólo se destinan año a año personal del cuadro permanente a fin de desempeñarse como instructor, también oficiales de todos los grados y armas, casados y solteros, con todas las consecuencias personales que ello implica, las que, no obstante, ceden frente al cumplimiento de las misiones y necesidades institucionales.

h. Por tanto, carece de fundamento lo señalado por el recurrente, en el sentido de aducir que su destinación es vulneratorio de derechos, tanto de ella y de su hijo no nacido, por cuanto junto con seguirse un criterio propio de la Contraloría General de la República y suscitarse la destinación como a cualquier funcionario de planta perteneciente a las Fuerzas Armadas, obedeciendo al cumplimiento de políticas derivadas de la necesidad institucional, se puede afirmar que no existe ilegalidad alguna en el acto que dispuso las destinaciones anuales del personal.

i. Es del caso representar que las destinaciones formalizadas, obedecen a un exhaustivo análisis orientado a la correcta distribución del personal, a fin de dar cumplimiento a las misiones institucionales, analizando para ello una serie de factores como la disponibilidad del capital humano, los perfiles adecuados para las múltiples funciones a cubrir, especialidades, estudios, cupos asignados, entre otras.

j. En consecuencia, cumplir con este deber, para el personal que sirve en el Ejército, se traduce en el cumplimiento del imperativo que obliga a priorizar el interés público por sobre las consideraciones individuales, valoraciones y preferencias personales, lo que además ha sido corroborado por la Corte Suprema de este País, en fallos en que el máximo tribunal ha ratificado la figura de las destinaciones, como un acto que no es ni arbitrario ni ilegal, cuando es emitido por la autoridad competente, en el marco de sus atribuciones, fundado en las necesidades del servicio, como ocurre justamente en el presente caso.

Todo lo anterior es corroborado en fallo de la Excma. Corte Suprema, Causa Rol N° 5519-2022, que confirmó el de la ICA de Puerto Montt, Causa Rol N° 1477-2021, rechazando el recurso interpuesto por las siguiente consideraciones, entre las que destaca: "QUINTO: Que, aparece entonces que el traslado del recurrente ha sido decidido en debido y oportuno uso de las facultades legales de las que es titular la Dirección Nacional de Personal de Carabineros de Chile, en mérito de la norma precedentemente transcrita, como asimismo de la Orden General N°2.707 que aprueba el nuevo Manual de Traslados para el Personal de Carabineros de Chile, y del artículo 10 del Decreto 625, que aprobó el reglamento de Feriados, Permisos, Licencias y otros beneficios.

SEXTO: Que, de la normativa aplicable al, caso, la relación de hechos del recurso, informe de la recurrida, documentos acompañados al recurso y lo oído en estrados, no se desprende la existencia de un acto ilegal o arbitrario que pueda ser subsanado a través de esta, vía recursiva de urgencia, que haga necesaria la adopción de medidas correctivas por esta Corte, pues la decisión fue adoptada por la autoridad competente en el marco de sus atribuciones, siendo una de aquellas previstas en la reglamentación respectiva, y fundada en las necesidades propias de la institución recurrida.

SÉPTIMO: Que la circunstancia de que eventualmente el recurrente deba separarse de su grupo familiar, con ocasión del traslado, o el hecho que su hijo mayor deba cambiarse de colegio y de profesionales para atender el trastorno del espectro autista que lo aqueja, no es causa suficiente para impedirlo, por cuanto éste obedece a necesidades propias de Carabineros de Chile, en mérito de la normativa aplicable, considerando, además, que todo miembro de la institución, de cualquier grado o escalafón, por el solo hecho de ingresar a la misma, se compromete a prestar servicios en cualquier cargo y zona del país, para desempeñar las tareas encomendadas, atendiendo a las necesidades del servicio, relacionado ello con el sistema jerárquico y disciplinario de la Institución. De igual modo, no se divisa arbitrariedad alguna en la determinación, si no se ha alegado ni acreditado por el actor, que su hijo mayor no pueda seguir recibiendo igual calidad de atención en la región metropolitana, máxime si allí se encuentra la Central del Centro de Rehabilitación CRICAR, donde asiste el niño como parte de su tratamiento integral.

OCTAVO: Que, al no vislumbrarse acción u omisión arbitraria o ilegal que amenace, prive o perturbe el legítimo ejercicio de los derechos del recurrente, la presente acción no puede prosperar y debe ser rechazada en todas sus partes".

Por último, en Causa Rol N° 84397-2021, la Excma. Corte Suprema, revocó la sentencia de la ICA de Valdivia rol N° 2210-2021, señalando el máximo Tribunal lo siguiente: "Cuarto: Que, claramente, sobre la base de la normativa ya mencionada, los miembros de Carabineros de Chile por su sólo ingreso, se han comprometido a acatar las destinaciones y desempeñar las tareas y funciones que se les encomienden según las necesidades del servicio. Se indica en el informe que esto se deriva de la estructura jerárquica y sistema disciplinado de la institución. La decisión de traslado del actor está fundada y motivada y no es ¡legal, toda vez que se afinca en las facultades de la autoridad, se han considerado las circunstancias de buen servicio, dentro del Plan Anual de Traslado, además, carece de inamovilidad geográfica en el cargo, y las particulares circunstancias familiares invocadas, particularmente hijos y adultos mayores a su cargo, no son situaciones especiales que constituyan un obstáculo para disponer su traslado, de conformidad a la Orden General N° 2707 de 13 de noviembre de 2019 (Manual de Traslados para el Personal de Carabineros), sumado a que no mantiene el perfil para desempeñarse en la unidad de origen por hechos no atribuibles a él. A mayor abundar, el Sargento nombre reservado, está entre aquellos funcionarios que el traslado se verifica con "los derechos reglamentarios ", esto es, que sea asumido financieramente por el Fisco, por lo que el argumento de la disgregación familiar tampoco es tal, por lo que las garantías invocadas en caso alguno se ven conculcadas por la decisión impugnada.

Quinto: Que, en consecuencia, lo relevante es que la Orden N°21J emanada de la Dirección Nacional de Personal de Carabineros, se sustenta no sólo en las facultades de la autoridad, dentro del Plan Anual de Traslados, que en todo caso no ha sido objeto de controversia en el caso de marras, sino que además en el requerimiento de la Prefectura de Valdivia, cuyo sustento fáctico incluso dio lugar a un procedimiento penal, involucrando la dotación en la que se desempeñaba el actor, de lo que deviene indudablemente el perfil de riesgo institucional que amerita proceder a su traslado con todos los derechos reglamentarios por lo que tampoco se afectarían sus circunstancias familiares, sin existir situaciones especiales que hayan ameritado su reconsideración. Por estas consideraciones y de conformidad al artículo 20 de la Constitución Política y al Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se revoca la sentencia apelada de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno dictada por la Corte de Apelaciones de Valdivia, y en su lugar se declara que se rechaza el recurso de protección deducido por don nombre reservado y por doña nombre reservado, en contra de la Dirección Nacional de Personal de Carabineros".

8. Garantías presuntamente conculcadas.

En relación con los derechos presuntamente conculcados, se alegan como amagados los derechos contemplados en los N.°s 1 (Derecho a la Vida y a la Integridad Física y Psíquica), 2 (Derecho de Igualdad ante la Ley) y 24 (Derecho de Propiedad), todos del artículo 19 de la Carta Fundamental.

a. En relación a la vulneración del artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, sobre Derecho a la Vida y a la Integridad Física y Psíquica.

En relación a esta garantía, que aduce el recurrente haber sido vulnerada por la institución, cabe señalar que no se vislumbra cómo, un acto normal que siempre ha existido en todas las ramas de las Fuerzas Armadas, como es "la destinación", decisión administrativa cuya existencia es de público conocimiento tanto para el entorno castrense como para el civil, pueda afectar la vida de la funcionaría que hoy recurre, tornándose en un acto ilegal y arbitrario como ella señala. Más aún, menos se entiende que la destinación puede tener dichas características, si se considera que el CB2 nombre reservado, se ha desempeñado en la institución desde el año 2014 hasta la fecha, desempeñándose 06 años en la misma Unidad, por lo que conoce el funcionamiento institucional y que su personal es susceptible de ser destinado conforme al plan de destinaciones, a lo largo de todo Chile, para satisfacer las necesidades institucionales que surjan, lo que instaura a la destinación, como parte esencial de la carrera militar y que su destinación a una escuela matriz, constituye una valoración a la carrera militar desarrollada.

Asimismo, carece de todo sustento legal, culpar al Ejército de atentar contra esta garantía, en el sentido de aducir que se le ha afectado su integridad física y psíquica, a sus planes tanto de vida como personales, en concreto, que se haya buscado perjudicar su embarazo, por cuanto, al momento de notificarse la resolución DIVPER II/2/b/l (R) N° 1345/3641/13944, de 04NOV2021, que dispuso su destinación, con fecha 15NOV2021, esta institución no tenía conocimiento del embarazo de ella. Lo anterior se comprueba con el hecho de que en las dos presentaciones anteriores a que se dispusiera la destinación por resolución, esto es, la presentación de 14SEP2021 y la presentación de fecha 21SEP2021, nada se indica respecto de su embarazo, pese a que la recurrente tomó conocimiento de su destinación a lo menos con fecha 08SEP2021 en que fue publicada la nómica de destinaciones y ella figuraba en el número 357, por lo que mal puede indicarse que la destinación fue con ánimo de perjudicarla y no con el fin de satisfacer una necesidad institucional.

Es más, con posterioridad a la notificación de fecha 15NOV2021, de la resolución que dispuso su destinación, la recurrente ampliando sus presentaciones de septiembre, informó nueva reserva de fecha para matrimonio civil a celebrarse el 04FEB2022 según comprobante de reserva hora para manifestación y ceremonia civil y estado de embarazo de entre 2 a 4 semanas, según se aprecia en examen del laboratorio clínico BioNet, argumentos por ella entregados que en caso alguno permiten impedir la misma, puesto a que, inclusive, debido a' la situación de pandemia esta institución ha adoptado medidas de cuidado sanitarias, por lo que la recurrente realizará temporalmente, al igual que la CB1 AHUMADA CARO, también en estado de gravidez y destinada del CDO III DVMÑA- BTD N° 4 "Membrillar" a la Escuela de Suboficiales donde se presentó luego de su debido despacho, labores de administrativas de teletrabajo.

Sin perjuicio de lo anterior, el estado de embarazo de 2 a 4 semanas y la posibilidad de contraer matrimonio civil, no tornan su destinación en un acto ilegal y arbitrario que afecte la presente garantía por cuanto, según ha señalado la Contraloría General de la República en dictamen N° 80.916 de 2014, "g/i el caso de análisis no está comprometido el fuero maternal de la funcionaría, ya que, en armonía con lo manifestado por este Órgano de Control en sus dictámenes Nos 69.909, de 2010 y 54.118, de 2014, el aludido beneficio sólo otorga protección en lo relativo al cese, según lo prescrito en el artículo 174 del Código del Trabajo"- De lo anterior claro es que no comprendiendo el fuero a las destinaciones, como asimismo no encontrándose la recurrente en situación de pre o posnatal, no ha existo vulneración alguna a las normas sobre maternidad que impone el ordenamiento jurídico, lo que ha quedado demostrado en el razonar del Ente de Control de las actuaciones de la Administración del Estado.

Es más, el hecho de que la recurrente se encuentre en una relación por más de tres años con un miembro de esta institución tampoco torna la destinación de la misma como un acto ilegal y arbitrario por cuanto, por un lado la destinación no considera obligatoriamente el estado civil del destinado, que por cierto la recurrente no ostenta. Junto con ello, aún ostentando un estado civil de unión, la destinación siempre estará supeditada a las necesidades institucionales, según da cuenta el artículo 146 del DFL Nro. 1 de 1997.

En concreto, a la fecha, todavía no ha operado el cambio de estado civil que indicó sucedería en el año 2021, como tampoco se ha verificado la ceremonia civil indicada para el FEB2022, por lo que difícilmente puede afirmarse que esta institución quisiera afectar a la recurrente en su ámbito personal. Así al no figurar que hubiere contraído algún régimen familiar que conforme a los planes de no disgregación familiar que adopta esta institución, este ente castrense no ha podido adoptar medida alguna de las que podrían ser adoptadas una vez informado el cambio en el estado civil. Así se puede afirmar que esta institución no actuó de manera arbitraria o ilegal afectando el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, de la recurrente en su estado de gravidez. Aquello queda confirmado con el hecho de que personal en su misma situación ha cumplido con la destinación encontrándose con labores administrativas producto de la pandemia que hoy aqueja, condiciones que nunca se le ha negado a la recurrente.

En consecuencia, a pesar de que la recurrente tomó conocimiento de su destinación con fecha 08SEP2021, lo que se ve corroborado por presentación de 14SEP2021 "Informa situación personal" al Comandante del Destacamento de Montaña N° 8 "Tucapel" y por presentación de 21SEP2021 en que "Solicita dejar sin efecto destinación de una clase'''' al Comandante de la División de Personal, y no obstante aquello trata de hacer creer que desconocía su destinación a pesar de que en su misma presentación hace alusión a la destinación que niega haber conocido, esta medida como se ha explicado ha sido dictada conforme a derecho, aplicándose tanto a oficiales como a personal del cuadro permanente, siendo la recurrente solo uno más de los otros 48 funcionarios destinados como instructores a la Escuela de Suboficiales del Ejército, respecto de los cuales, previa ponderación de los criterios y necesidades institucionales antes referidos, se dispuso una nueva destinación conforme a los estudios, capacitación, perfil, especialidad que en este caso ostenta el recurrente y que hicieron que el mando lo considerara en este nuevo cargo que conlleva una no solo mayores responsabilidades sino que tener funcionarios intachables, que presenten buena conducta, incentivo en perfeccionarse y superarse como es el caso a fin de motivar y transmitir dichos valores a los jóvenes que ingresan a la Institución mediante las Escuelas matrices, como es del caso la Escuela de Suboficiales del Ejército.

Lo anterior tiene su fundamento técnico en que en la Unidad donde se desempeña actualmente el recurrente, Destacamento de Montaña N° 8 "Tucapel", hoy en día existe una sobredotación conforme lo dispuesto institucionalmente en la TD y TOE, existiendo un número considerable de funcionarios que exceden estas y que como se ha indicado, a nivel institucional, existe el denominado "Plan Rebolledo", año 2022, que explica la necesidad institucional de contar con un mayor número de Instructores que presten servicios en la Escuela de Suboficiales del Ejército para el año 2022, ello principalmente debido a que hasta el presente año, los alumnos que ingresaban debían cursar durante 2 años, a diferencia de lo que acontecerá a partir del año 2022, donde deberán permanecer cursando durante un período de 3 años. Se debe hacer énfasis que el "Plan Rebolledo" es un elemento objetivo que respalda el raciocinio de esta institución al momento de determinar las destinaciones.

En el caso de la recurrente, la destinación desde el Destacamento de Montaña N° 8 "Tucapel", ubicado en la ciudad de Temuco, hacía la Escuela de Suboficiales, obedeció a las necesidades con fines de instrucción que hoy presenta dicho plantel educacional, como así mismo todas las destinaciones efectuadas, las que son determinadas por la organización y distribución de las fuerzas en el ámbito de las especialidades, verificándose en el aludido obrar el ejercicio de potestades legales conferidas por el ordenamiento vigente mediante una designación que fue dispuesta y comunicada en conformidad a los procedimientos vigentes para esta clase de materias.

Es más, ella tendrá los mismos derechos de toda madre, al poder optar a licencia médica, sala cuna, y los derechos garantizados a la mujer en estado de embarazo, pre y post natal, únicamente se le está destinando conforme a la normativa legal vigente y a las necesidades indicadas, en consideración que el fuero maternal impide el cese de funciones por parte de la Administración, pero no así las destinaciones.

Ahora bien, respecto al menoscabo económico ha de indicarse que la recurrente siempre ha sabido que las destinaciones responden a necesidades institucionales que responden a un bien común y general y no a su bien privado y particular como pretende hacer prevalecer. En este sentido, no es efectivo que esta institución quisiera perjudicarla con el acceso a una vivienda fiscal, por cuanto, la recurrente de cumplir los requisitos podrá acceder a una. En este sentido, es importante tener presente que, conforme al "Reglamento de Administración y Ocupación de Vivienda Fiscal" año 2018, en al artículo 22, se solicita postular voluntariamente para el uso de una vivienda fiscal lo que a la fecha no sucede puesto que no consta registro de solicitud de la misma, como así también requiere estar casado (a) o conviviente con acuerdo de unión civil, bajo amparo de la Ley N° 20830, lo cual debe ser comprobado con la documentación legal que corresponda o soltero (a), separado de hecho o divorciado (a) con el cuidado personal permanente de hijos que constituyan cargas familiares, legalmente reconocidas y que estos residan permanentemente en la vivienda fiscal que se solicita. De lo anterior, se desprende que la recurrente todavía no se encuentra en alguna de las hipótesis indicadas en el reglamento para acceder a postular a una vivienda fiscal y que en caso alguno es la institución impediría aquello, sino que se trata de una normativa vigente que dispone requisitos que regulan la materia, la que es aplicada a todo el personal sin distinción y cuya aplicación no puede verse entendida como una vulneración a la garantía alegada.

Así, respecto de la supuesta infracción al derecho consagrado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, esta debe ser desestimada, toda vez que no se ha dado en la especie un acto que vulnere el derecho la vida y a la integridad ni de ella ni del bebé que está por nacer, puesto que no se han aplicado criterios arbitrarios por parte de la Institución, pues es sabido por todos los funcionarios del Ejército que son susceptibles de ser destinados y la recurrente fue destinada junto a 48 miembros más, a la Escuela de Suboficiales, en atención a que la destinación es de la esencia de la carrera militar y deriva de las atribuciones entregadas por ley a la Institución y que han sido corroboradas por la Contraloría General de la República y los diversos Tribunales del país.

Lo contrario sería estimar, S.S. lima., que no se puede destinar a funcionarios año a año, a diversas unidades a lo largo del país, de todos los grados y especialidades conforme a los requerimientos institucionales, puesto que se atentaría contra la garantía constitucional del derecho a la vida e integridad física y psíquica de cada funcionario, o de sus hijos o cónyuge, lo que en caso alguno es efectivo. Lo anterior, puesto que si bien, en algunas circunstancias graves, se ha podido analizar y reevaluar la destinación de algún funcionario de manera muy excepcional, ello no puede darse en la generalidad de los casos. Aunado a lo señalado, es de considerar que, cada vez que ingresa una persona a la Institución, de antemano se les da a conocer que a lo largo de su carrera serán destinados, encuadrados y re encuadrados en cualquiera unidad, en la región o ciudad donde sean necesarios sus servicios, compromiso al cual cada funcionario se entiende conoce y acepta al ingresar a la Institución, con los costos familiares y personales que ello implique. Dicho criterio es esclarecedor, cuando existe personal en las mimas condiciones que la recurrente que se ha presentado y ha cumplido con su destinación, no viéndose afectado su embarazo. Por lo anterior, no se aprecia cómo la Institución ha afectado esta garantía, por lo que se solicita a SS. Iltma, desestimarla.

b. En relación a la vulneración del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, sobre igualdad ante la ley.

Para fines de economía procesal, además de lo ya señalado en los acápites precedentes, que descartan la vulneración a esta garantía fundamental, cabe mencionar el fallo del Tribunal Constitucional, Rol N° 1448-2010, en cuyo considerando 36° resaltó: "Que, en relación a esta materia, debe tenerse presente que, conforme a la jurisprudencia reiterada de esta Magistratura, la igualdad ante la ley consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y, consecuencialmente, diversas para aquellas que se encuentren en situaciones diferentes. No se trata, por consiguiente, de una igualdad absoluta sino que ha de aplicarse la ley en cada caso conforme a las diferencias constitutivas del mismo. La igualdad supone, por lo tanto, la distinción razonable entre quienes no se encuentren en la misma condición. " En efecto, la autoridad institucional ha obrado en el contexto de las potestades y competencias establecidas por el ordenamiento vigente, limitándose a dar estricto cumplimiento a la normativa de rango constitucional y legal cuyo objeto es satisfacer las necesidades institucionales, en orden al cumplimiento de las misiones que corresponden al Ejército.

Como se ha señalado, el Ejército de manera anual efectúa el normal de proceso de destinación de su personal, a propósito del cual el año 2022 se dispuso la destinación de 49 funcionarios del cuadro permanente (grados de CB2, CB1, SG2). Asimismo, fueron destinados Oficiales subalternos de grado de Teniente, y otros de mayor grado para prestar servicios en la Escuela de Suboficiales. A mayor abundamiento, también fue destinada otra CB1 de la III DIVMÑA "Membrillar" a la ESCSOF, que también se encuentra en estado de gravidez, quien cumplió con la destinación, por lo que debe descartarse algún actuar discriminatorio.

A su vez, de la misma resolución que mediante esta acción cautelar recurre la CB2 nombre reservado, se desprende que para el plan de destinación año 2022 se destinó a 656 funcionarios del cuadro permanente a diversas unidades del país, por lo que de estimarse la "destinación" como un acto ilegal y arbitrario que atenta contra la igualdad, la recurrente debería demostrar ante S.S. lima., que ha existido un trato desigual hacia su persona, lo que claramente no es efectivo.

En consecuencia, no ha existido vulneración alguna a esta garantía constitucional por parte de esta entidad castrense, por lo que necesariamente la presente acción cautelar deberá ser rechazada.

c. En relación a la vulneración del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, sobre Derecho de propiedad.

Respecto del acto que se recurre, el cual dispone la destinación del recurrente, se insiste en que se trata de una disposición que forma parte del funcionamiento normal institucional, derivado de las necesidades institucionales que van presentándose año a año. Como ya se indicó todos los años se destina a un número considerable de funcionarios, solteros, casados, con o sin hijos, embarazadas o no, teniéndose presente su avance en el embarazo (situación de pre y pos natal), de diversos grados y especialidades para que presenten servicios en cualquier Unidad a lo largo del país.

La recurrente, más allá de culpar a la Institución aduciendo que al destinarla a la ciudad de Santiago, el Ejército le está coartando su planificación personal y familiar, -lo cual no es efectivo ya que esta institución al momento notificarla del acto recurrido desconocía sus planificación- esta no identifica algún acto u omisión arbitraria o ilegal de esta autoridad en torno al acto recurrido ni explica cómo se configura la vulneración de esta garantía constitucional, pues como se indicó el actuar de esta institución se ha guiado por la normativa aplicable en la materia, la que rige para cualquier funcionaría en estado de gravidez y que, importante es destacar, que incluso, la CGR no ha extendido las normas sobre la maternidad, a más allá de la protección al cese de funciones, quedando excluido incluso la inviolabilidad a su nivel remuneratorio.

La CB2 nombre reservado sólo menciona una afectación por ir a vivir a Santiago, a una ciudad nueva, donde no habría casa fiscal -lo cual tampoco es efectivo, toda vez que podría eventualmente gestionar una casa fiscal de realizar el matrimonio civil que ha indicado en sus presentaciones- y que con ello se afecta su derecho de propiedad. Cabe hacer presente que es la normativa legal la que establece los requisitos para acceder a la vivienda fiscal, como asimismo, la recurrente siempre ha tenido conocimiento de que las destinaciones son de la esencia de la carrera militar, carrera a la cual ingresó libre y voluntariamente, por lo que ella no puede pretender mantenerse toda su carrera en una misma destinación y más aún, estimar como vulnerada esta garantía por dicho hecho. En toda su argumentación no considera de manera alguna, que su destinación se produce con el propósito de satisfacer determinadas necesidades institucionales.

Es más, no es efectivo que esta institución quisiera perjudicarla con el acceso a una vivienda fiscal, por cuanto, la recurrente de cumplir los requisitos podrá acceder a una. En este sentido, es importante tener presente que, conforme al "Reglamento de Administración y Ocupación de Vivienda Fiscal" año 2018, en al artículo 22, se solicita postular voluntariamente para el uso de una vivienda fiscal lo que a la fecha no sucede puesto que no consta registro de solicitud de la misma, como así también requiere estar casado (a) o conviviente con acuerdo de unión civil, bajo amparo de la Ley N° 20830, lo cual debe ser comprobado con la documentación legal que corresponda o soltero (a), separado de hecho o divorciado (a) con el cuidado personal permanente de hijos que constituyan cargas familiares, legalmente reconocidas y que estos residan permanentemente en la vivienda fiscal que se solicita. De lo anterior, se desprende que la recurrente todavía no se encuentra en alguna de las hipótesis indicadas en el reglamento para acceder a postular a una vivienda fiscal y que en caso alguno es la institución impediría aquello, sino que se trata de una normativa vigente que dispone requisitos que regulan la materia, pudiendo postular a aquello cuando corresponda.

Por otra parte, es importante señalar que el recurrente continúa prestando servicios en la Institución como funcionaría activa, percibiendo mes a mes la remuneración mensual que le corresponden como asimismo todos los beneficios institucionales previsionales que le corresponden, así las cosas, no se configura vulneración alguna a este respecto y en lo relativo a su reclamación asociada al régimen remuneratorio, como ya se expresó en el cuerpo de este escrito, éste no se encuentra tampoco amparado por su estado de gravidez.

No está demás señalar, que se ha fallado que el "derecho a la función pública no puede ser objeto de propiedad, como lo pretende el recurrente, toda vez que no se trata de una cosa corporal o incorporal, según los términos que se desprenden de los artículos 565, 566 y 567 del Código Civil. En consecuencia, no queda protegido por la garantía del artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental. "(Sentencia dictada en Recurso de Protección Rol N° 386-2013, por la Iltma. Corte de Apelaciones de Valdivia y confirmada por la Excma. Corte Suprema, en autos Rol N° 4126-2013).

9. Atendido lo expuesto, se solicita a S.S. Iltma. se declare que no ha existido vulneración de derechos y garantías constitucionales del recurrente por parte de esta autoridad, atendido a que los hechos alegados como arbitrarios e ilegales se han enmarcado plenamente dentro del ejercicio de atribuciones válidamente conferidas a la autoridad institucional. En concreto, la recurrente fue notificada en diversas oportunidades de su destinación y conoció, incluso por medio de la comunicación entre autoridades, acto del que recurre, de los argumentos que sustentan aquella decisión, por lo que la destinación de la CB2 nombre reservado obedece al ejercicio de una potestad discrecional de la autoridad competente, por motivo de una necesidad institucional que responde a un elemento objetivo, cual es lo dispuesto en el "Plan Rebolledo", que requiere mayor cantidad personal para abarcar el año extra que se ha impuesto para cursar la Escuela de Suboficiales. Dichas destinaciones no se encuentran impedidas por el fuero maternal puesto que, junto con que las destinaciones son propias de la carrera militar, en donde debe primar el interés general por sobre el particular, las normas sobre maternidad no las impiden al no verse con ello vulnerado derecho alguno. Por último, la recurrente seguirá percibiendo sus remuneraciones y pudiendo acceder a todos los beneficios y derechos que el ordenamiento jurídico le confiere, los que en caso alguno han sido vulnerados por este Ente Castrense, lo que se verifica con el hecho de que personal en similares condiciones, esto es, estado de gravidez, han cumplido con su destinación y a la fecha se encuentran apoyando en la Unidad de destino con teletrabajo producto de las condiciones sanitarias actuales.

10. Por tanto, solicito muy respetuosamente a S.S. Iltma., que la acción de protección deducida sea rechazada en su totalidad, desestimando por ende la condena en costas que plantea la recurrente.

Acompañó copia de los siguientes antecedentes: a. Ficha Personal obtenida desde el sistema SIAP, en que figura resumen de las destinaciones del recurrente; b. Presentación Institucional explicativa sobre el Plan Rebolledo, 10JUN2021; c.

Acta de notificación de fecha 08SEP2021 y acta de notificación de fecha 15NOV2021; d. Presentación de la recurrente de fecha 21SEP2021 al Comandante de la División de Personal; e.

Oficio DIVPER II/2/b/2 (R) N° 1345/4636 de 30DIC2021; f.Presentación de la recurrente de fecha 14SEP2021 al Comandante del Destacamento de Montaña N° 8 "Tucapel"; g.Examen de laboratorio BioNet de 12NOV2021; h. Reserva para matrimonio civil con fecha 08AGO2021; i. Reserva para matrimonio civil con fecha 11OCT2021.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, se ha denunciado como una actuación ilegal y arbitraria la decisión adoptada por el Ejército de Chile de disponer la destinación de la recurrente, no obstante, su estado de gravidez, desde la ciudad de Temuco hacia Santiago, para realizar labores de docencia en la Escuela de Suboficiales.

TERCERO: Que, en lo relativo a la excepción de extemporaneidad de la acción, cabe señalar que ésta será desestimada por cuanto como se aprecia de la comunicación de fecha 30 de diciembre de 2021, entre el Comandante de la División de Personal y el Comandante en jefe de la III División de Montaña, se estudiaron nuevamente los antecedentes y solicitudes efectuadas por la recurrente en orden a dejar sin efecto su destinación. Así, en virtud de dicha comunicación se ha adoptado una decisión final sobre la destinación de la actora, por lo que la presente acción ha sido interpuesta oportunamente.

CUARTO: Que, en cuanto al fondo, es menester señalar que los tres primeros incisos del artículo 145 del Decreto con Fuerza de Ley 1/07 de Defensa, que establece Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas dispone que la destinación es la designación del personal para servir en una unidad o repartición, en calidad de planta o agregado, sin especificar el cargo o puesto que en ella le corresponda. La destinación de planta es aquella designación para integrar la dotación permanente de una unidad o repartición. El personal de las Fuerzas Armadas podrá igualmente ser destinado para desempeñar, en cualquier calidad, cargos en la administración del estado, tanto en el país como en el extranjero. Lo anterior incluso ha sido vivenciado la propia recurrente que, en su recurso, señala haber sido objeto de dos destinaciones previas: su primera destinación fue el Regimiento Chacabuco, de Concepción y luego el día 15 de marzo de 2016, fue destinada al Regimiento Tucapel de Temuco.

QUINTO: Que, en ese orden de ideas, y como ya ha asentado anteriormente por esta Corte, entre otros, en los autos ROL 9768-2021 y ROL 10.155-2021, de dicha disposición normativa se puede constatar que la misma otorga una competencia a favor del jefe superior de los servicios de cada rama de las Fuerzas Armadas, para ordenar traslados o nuevas destinaciones o reasignaciones, estatuyéndose una potestad de carácter discrecional que, como toda facultad debe ser ejercida en forma racional, no pudiéndose apreciar de los antecedentes existentes en autos que nos encontremos ante una ejercicio arbitrario de la misma, por cuanto si bien la recurrente se encuentra embarazada, las normas de protección de la maternidad no impiden el ejercicio de esta prerrogativa por parte de su jefatura, por cuanto éste obedece a necesidades propias del Ejército de Chile en mérito de la ya citada normativa aplicable, por lo que no cabe sino el rechazo de la presente acción.

Lo anterior, además, junto con ejercer facultades legales al disponer la destinación, no configura ninguna arbitrariedad, lo que se ve corroborado por cuanto la recurrente es una de un total mayor de funcionarios cuya destinación también ha sido dispuesta en este proceso, conforme a las directrices y necesidades institucionales.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don Samuel Tomás Saavedra Avilés, abogado, en representación de doña nombre reservado en contra del Ejército de Chile, todos ya individualizados.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Protección Rol N° 469-2022. (sac)