nombre reservado con UBER CHILE SPA

C.A. de Temuco Temuco, siete de junio de dos mil diecisiete.

VISTOS:

Comparece FREDDY CARRASCO MATUS, abogado, quien interpone recurso de protección a favor del GREMIO DE TAXISTAS, DUEÑOS Y CHOFERES DE TAXI, DE LA nombre reservado, y en contra de UBER CHILE SPA, representada por don nombre reservado.

Funda su recurso en que el 2 de enero de 2017, la recurrida a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, habilitó una página web (www.sociostemuco.com) con el único objetivo de reclutar “socios conductores” que desarrollen la actividad de transporte público de pasajeros en nuestra ciudad, fijando como requisitos contar con un auto de cuatro puertas, del año 2007 en adelante, que tenga aire acondicionado y air bags y patente blanca., en tanto que los conductores interesados en manejar Uber requieren licencia de conducir chilena, certificado de antecedentes sin anotaciones y permiso circulación al día.

Posteriormente, a través de las cuentas oficiales de Twitter y Facebook la recurrida con fecha 12 de enero del presente año, anunció que su servicio de transporte de pasajeros ya se encontraba disponible para la comunidad en esta ciudad, pudiendo cualquier persona a través de la página WEB oficial o aplicación (APP UBER) instalada en su celular requerir de un vehículo para su traslado.

Explica la recurrente que Uber tiene como objeto la prestación de servicios de transportes a través de dispositivos móviles e internet, para lo cual administra una aplicación móvil (APP) denominada “UBER” para ser instalada libremente en cualquier celular del tipo “Smartphone”, medio por el que ofrece el servicio de conectar a quien lo requiera con un chofer, socio conductor, quien lo transportará en su vehículo particular al destino que se desee por un precio que debe ser pagado directamente al chofer a través de dinero en efectivo o transacción bancaria ya sea débito o crédito según se desee. Según sea el tipo de contrato que suscriba el socio conductor con UBER, el primero tendrá derecho entre el 25% y 28% del costo total de la carrera, mientras que el remanente es para la recurrida. De esta forma UBER obtiene un beneficio económico a partir de una actividad ilícita que ella misma se encarga de impulsar.

Argumenta el compareciente que el transporte público de pasajeros es una actividad económica estrictamente regulada en normas especiales, en este caso en la Ley N°18.290 y enlos D.S. 212 del año 1992 y 80 del año 2004, ambos del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, estableciéndose en dichas normativas una serie de derechos y obligaciones para quieres deseen desarrollar esta actividad económica, cuya observancia y cumplimiento está a cargo de Carabineros de Chile y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, a través del Programa de Fiscalización, habiendo constantemente sancionado a los conductores de UBER por infringir lanormativa legal.

Expone que tratándose de taxis la ley impone diversas obligaciones en materias de seguridad, a las que no están sometidos los vehículos particulares adscritos a UBER que transportan pasajeros, como son revisiones técnicas cada seis meses en el caso de los taxis, mientras que los vehículos utilizados por los choferes de “UBER”, por ser particulares son revisados solamente una vez al año; a los choferes de taxis se les exige licencia de conducir profesional mientras que a los choferes de “UBER” que transportan pasajeros lo hacen sin esa clase de licencia; los taxis deben contar con un seguro especial mientras que los vehículos usado por UBER sólo cuentan con el seguro obligatorio para automóviles particulares; los taxistas deben tributar, en tanto que los choferes de UBER no cumplen con tal obligación; las características técnicas y accesorios son más exigentes para los vehículos que trabajan como taxis en relación a los vehículos que no realizan tal función; los taxis están inscritos en un registro especial que lleva el ministerio, lo que no ocurre con los vehículos particulares como los que utiliza UBER.

Indica que la ley N° 18.290 en el artículo 196 D sanciona penalmente a las personas que conduzcan un vehículo destinado al transporte de pasajeros sin la licencia debida. Asimismo el artículo 88 de la misma ley establece que “Ningún vehículo podrá destinarse a ni mantenerse en la prestación de servicio público de transporte de pasajeros sin haber dado cumplimiento a las normas específicas que se determinen para los mismos”. Estas normas específicas son las que se encuentran en la Ley del Tránsito y los D.S. N° 212 del año 92 y 80 del año 2004, ambas del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Indica que como toda actividad lucrativa el transporte de pasajeros se encuentra sujeto al pago de impuestos y así lo determina la Ley sobre Impuesto a la Renta. De esta forma, todas aquellas personas que trabajan en el rubro de transporte público, deben pagar sus respectivos PPM.La recurrida al fomentar a sus choferes a realizar una actividad ilícita sin pagar impuestos, constituye un incentivo malicioso que busca que las personas que trabajen en el rubro de transporte de pasajero lo hagan de forma informal o ilegal con la finalidad de soslayar las respectivas obligaciones tributarias y ellos beneficiarse económicamente mediante la comisión que cobran a sus conductores por cada ilícito cometido (traslado de pasajero). Lo anterior infringe los artículos 34 bis y 42 de la Ley de Impuesto a la Renta. :

Señala que el artículo 2 de la Ley 18.290 define al taxi como el “Automóvil destinado públicamente al transporte de personas”, que es el mismo servicio oneroso que brinda UBER, solo que el transporte de personas se realiza en automóviles particulares conducido por un chofer que no tiene licencia profesional.El acto antes detallado es una clara infracción a lo dispuesto en el 88 inciso primero de la Ley del Tránsito que establece “Ningún vehículo podrá destinarse ni mantenerse en la prestación de servicio público de transporte de pasajeros sin haber dado cumplimiento a las normas específica que se determinen para los mismos”.

Estima que el servicio prestado por UBER configura un mercado ilegal, ilícito y prohibido por la Constitución Política en el numeral 21 del artículo 19.

Asevera que además se ha amenazado y conculcado la garantía constitucional del 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, de igualdad ante la ley, ya que la recurrida a través del uso de su aplicación “UBER” logra crear un grupo privilegiado de conductores que, desobedeciendo la ley, logran desarrollar esta actividad económica perturbando los derechos que tiene el nombre reservado.

El acto ilegal de la recurrida consiste en administrar y suministrar una aplicación (“UBER”) que permite a sus choferes transportar pasajeros sin cumplir con las exigencias establecidas en la ley y sin pagar los respectivos tributos. Todo ello mientras los miembros del gremio recurrente desarrollan sus actividades económicas de transporte de pasajeros acatando la ley de forma estricta, de lo contrario ellos no gozarían de autorización del ente administrativo para realizar dicha actividad económica.

En cuanto a la vulneración a la garantía del artículo 19 Nº 21 de la Constitución Política de la República, señala que los recurrentes deben sujetarse a las exigencias legales para realizar su actividad económica, la cual para que para que sea lucrativa debe de existir un control por parte del Estado, legal y administrativo, el que garantiza que todas las personas tengan el derecho a participar en igualdad de condiciones.

Sostiene, en relación a la legitimación activa para interponer la presente acción que actúan, de conformidad al artículo 20 de la Carta Fundamental, a nombre del gremio de los taxistas. Agrega que existe un interés colectivo, perteneciente al gremio de los taxistas del territorio jurisdiccional de esta Corte que de acuerdo al inciso tercero del artículo primero de la ConstituciónPolítica del Estado se encuentra amparado constitucionalmente.

Indica que no solamente concurre una afectación o perturbación de los derechos constitucionales que puedatener cada taxista (como por ejemplo el de propiedad del 19 N° 24) –quienes podrán hacerse parte del recurso de protección – sino que unaafectación al interés colectivo que tienen todos ellos en su conjunto, sinperjuicio de sus intereses individuales.

Concluye el recurrente solicitando que se declare ilegal la actividad realizada por la recurrida; por quebrantar la actividad desarrollada que se reprocha los numerales 2, 20 y 21 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado; se ordene a la recurrida desactivar la aplicación (“UBER”) en la nombre reservado y se abstenga de realizar cualquier acto u omisión ya sea personalmente o por terceras personas, dirigidas a reiterar o continuar con los actos arbitrarios e ilegales descritos en este recurso, sin perjuicio del derecho que le asiste de ocurrir a lajusticia ordinaria para solicitar lo que convenga a sus derechos. En subsidio, decretar la resolución que en derechoy en justicia corresponda, condenando en costas a la recurrida.

Evacuando la recurrida el informe de rigor, solicitó el rechazo del recurso, con costas, por no haberse infringido garantía constitucional a través de acto ilegal o arbitrario alguno en relación con los hechos relatados en el recurso, desde que no realiza la actividad de transporte de pasajeros ni menos “induce” a actividad ilícita alguna, sin perjuicio de la falta de arbitrariedad o ilegalidad de los actos alegados por el recurso y la no concurrencia de los requisitos formales para la presentación de la acción de protección de autos.

Alega falta de legitimación activa del recurrente, la que funda es que el recurso ha sido interpuesto por don Freddy Carrasco Matus, abogado, actuando “a nombre del Gremio de Taxistas, Dueños y Choferes de Taxi, de la nombre reservado”, señalando que lo hace en favor de un “interés colectivo”, en tanto comunidad de taxistas, y agregando que aquellos consistirían en “aquellas personas que en cumplimiento de las leyes pertinentes desarrollan su actividad económica consistente en el transporte de pasajeros en la nombre reservado”, sin mayor precisión ni definición al respecto.

Sostiene que el recurrente pretende comparecer en representación de una colectividad de personas taxistas de la nombre reservado , que no se encuentra suficientemente definidas ni menos asociadas bajo personalidad jurídica alguna, cuestión que resulta improcedente en este tipo de acción, la cual jamás podrá tener carácter de “acción popular” ni servir de instrumento para extender la protección que la Constitución le ha dado únicamente a quienes hubieren sufrido efectiva privación, perturbación o amenaza en sus derechos, como lo han resuelto diversas Cortes de Apelaciones, criterio jurídico confirmado por la Excelentísima Corte Suprema en recientes fallos, declarando la inadmisibilidad de losrecursos en casos idénticos al de marras.

Agrega que UBER CHILE SPA no es legitimado pasivo de la acción intentada en autos, pues no realiza la actividad de transporte de pasajeros ni participa en actividad Ilícita alguna, porque sus funciones son diversas a las indicadas en el recurso. Indica que UBER es una aplicación tecnológica para teléfonos inteligentes y dispositivos móviles que permite conectar a personas que desean transportarse de un lugar a otro (los “Usuarios”) con personas que están dispuestas a prestar dicho servicio directamente a los Usuarios (los “Socios Conductores” contra el pago de una retribución determinada (la “Aplicación”).

Explica que el propietario de la aplicación es Uber B.V. y el negocio de esta empresa no consiste en prestar servicios de transporte públicos ni privados, porque no tiene derecho alguno sobre los vehículos con los cuales los Socios Conductores prestan sus servicios, ni los Socios Conductores vínculo alguno de subordinación y dependencia con Uber B.V, ni con la recurrida, tal como ha sido reconocido por los tribunales.

Agrega que UBER CHILE SPA no es propietaria, operadora, licenciataria o responsable de la Aplicación UBER ni desarrolla actividades de transporte de pasajeros, sino que presta servicios de apoyo logístico y difusión a la aplicación en Chile, los que son válidos y legítimos, recibiendo por la prestación de dichos servicios una contraprestación monetaria por parte de Uber B.V. y por el cual paga tributos en Chile.En efecto, Uber Chile SpA, contrario a lo que alega la recurrente, paga además patente municipal en la Municipalidadde Las Condes.

Se ha interpuesto la presente acción de protección en contra de Uber Chile SpA en cuanto supuesta “empresa que tiene por objeto la prestación de servicios de transporte” y no en contra de UBER B.V., real operadora y licenciataria de la Aplicación UBER ya comentada, respecto de la cual UBER CHILE no es representante, y quien en todo caso ejerce el negocio de conectar a conductores y pasajeros que requieren trasladarse por la ciudad, pero que de ninguna manera ejerce la actividad de proveer el transporte de pasajeros. Así lo confirma el texto de los Términos y Condiciones que se encuentran en el link de internet: https://www.uber.com/es/legal/terms/cl/, por medio de la cual se da cuenta al usuario de las condiciones de uso de la Aplicación en el país, aclarándose que aquella es operada y “puesta a disposición” exclusivamente por Uber B.V., sociedad diversa a la recurrida.

En cuanto al fondo de la acción deducida sostiene que debe ser rechazada por no existir actos u omisiones ilegales o arbitrarios que priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de los derechos invocados.

Indica que el negocio desarrollado por Uber B.V., mediante la aplicación carece de regulación expresa en Chile. Los decretos que regulan el transporte público y privado de pasajeros no sirven para regular los vehículos con que se prestan los servicios por parte de los Socios Conductores, ni menos el funcionamiento de la Aplicación.

La Ley 18.696 dispone que:“[el] transporte de pasajero remunerado, público, público o privado, individual o colectivo, por calles o caminos, se efectuará libremente, sin perjuicio que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones establezca las condiciones y dicte la normativa dentro de las que funcionarán dichos servicios, en cuanto al cumplimiento obligatorio de normas técnicas y de emisión de operación de los servicios de transporte remunerado de pasajeros y de utilización de las vías”.

Sostiene que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones no ha regulado la prestación de los servicios por los Socios que utilizan la Aplicación Uber. El Decreto Supremo 212 regula los servicios nacionalesde transporte público de pasajeros, definidos en el artículo 1° como:“servicios de transporte nacional de pasajeros, colectivo o individual,público y remunerado, que se efectúa con vehículos motorizados”. Asevera que se hace evidente la necesidad de definir si los Socios Conductores que utilizan la Aplicación Uber efectúan o no transporte público de pasajeros, dado que no todo el transporte de pasajeros remunerado es público.

Agrega que la Aplicación Uber pone en contacto a un requirente del servicio de transporte (Usuario) con múltiples eventuales interesados en servirlo (Socios Conductores). Los Socios Conductores pueden o no estar conectados a la Aplicación Uber, aceptar o no la solicitud de viaje por medio de la Aplicación, y sin que puedan ser solicitados sus servicios en la vía pública por cualquier transeúnte, tal y como sería el caso de los taxis tradicionales regulados por el D.S. 212.

Una vez aceptado el viaje por Socio Conductor, se perfecciona un contrato civil de prestación de servicios, en que ambas partes se obligan recíprocamente, una a prestar un servicio determinado, y la otra a pagar por ese servicio, de lo que debe entenderse que se trata de un contrato de arriendo en los términos del artículo 1.915 del Código Civil, y no de uno de los regulados en el Decreto Supremo N°212, toda vez que éste carece de la naturaleza pública a que hace necesaria referencia dicha norma y, por lo demás, fue dictado en una época en que ciertamente la Aplicación no existía.

A su turno, el Decreto N°80 que reglamenta el transporte privado y modifica el N°212, tampoco es aplicable para los Socios Conductores, dado que define el transporte privado de pasajeros como: “una actividad por la cual una persona contrata a otra persona, con el objeto de que ésta última transporte exclusivamente a uno o más pasajeros, individualizados en forma predeterminada desde un origen hasta un destino preestablecidos”, lo que diferencia el transporte privado de pasajeros regulado en el Decreto N° 80 con la forma en que los Socios Conductores operan, atendido que en éste último caso no existe un tercero que encarga el transporte sino solo usuarios y Socios Conductores.

Señala que el Congreso Nacional, ante el impacto que ha tenido la aplicación en Chile, se encuentra analizando y definiendo distintas alternativas de regulación para la aplicación.Tal como se acredita con el oficio N° 94/TT/2016, de fecha 25 de mayo de 2016 de la Secretaría de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, Uber Chile SpA fue invitada a colaborar en el proceso legislativo que la referida comisión ha abierto para discutir la forma de regular el mercado en el que la Aplicación se desenvuelve, y en las cuales nuestra representada ha participado activamente junto con representantes del transporte público y privado.

Asevera que el negocio que viene desarrollando UBER en Chile permite a sus usuarios disfrutar de una revolución tecnológica de amplísima aceptacióncomo es de público conocimiento y a los socios conductores a obtener ingresos legítimos que, en muchas ocasiones, les permiten hacer frente a seriasdificultades económicas, tales como la pérdida de un trabajo o una enfermedadde un familiar o ser querido.

Reitera que Uber Chile SpA “no presta ni provee el uso de transporte de pasajeros mediante una aplicación cibernética y página web” ni tampoco tiene como actividad “incentivar”, “fomentar” o “inducir” al quebrantamiento de la ley, sino que sólo presta servicios de apoyo logístico a Uber B.V. Así se demuestra del documento consistente en “Carpeta Tributaria para Acreditar Renta” que adjunta al informe, el cual refleja con precisión las actividades iniciadas ante el Servicio de Impuestos Internos y efectivamente realizadas por la recurrida. En el caso que Uber Chile SpA desarrollara la actividad descrita por el recurrente a través de su Aplicación, lo que no es efectivo, las actividades denunciadas como ilegales y arbitrarias son lícitas, atendido que no son contrarias a la moral, al orden público, a la seguridad nacional, ni seencuentran prohibidas por la ley, conforme al artículo 19 N° 21 de la Constitución ya que la aplicación que se entrega a través de dispositivos móviles a Usuarios y Socios Conductores se sitúan en el ámbito del derecho privado en el que se puede realizar todo aquello que no está prohibido por la ley expresamente.

Señala que los argumentos de los recurrentes resultan contradictorios. Por una parte, declaran y reconocen que no es la recurrida sino otras personas, las propietarias de los vehículos, que desarrollan el transporte de pasajeros: “[e]l transporte de pasajeros se realiza en el auto particular del socio conductor”, y por otra lado, sostienen que los “vehículos y choferes Uber” no cumplen con la normativa vigente. La contradicción es evidente y se funda en la falta de comprensión de las funciones de la Aplicación, que llevan a la recurrente a imputar a Uber Chile SpA acciones que ésta no realiza.

Asevera que la actividad de Uber no priva, perturba o amenaza el legítimo ejercicio del derecho contemplado en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la Republica. Los recurrentes no explican cómo los supuestos actos u omisiones arbitrarias o ilegales le hacen sufrir una privación, perturbación o amenaza en el ejercicio de la garantía constitucional. Sostiene que no existe privación porque los recurrentes efectivamente ejercen la actividad y no existe perturbación que constituya un trastorno o dificultad que les impida llevarla a cabo porque ejercen el transporte público de pasajeros, es decir siguen ejerciendo dicha actividad económica.

Tampoco existe una amenaza porque no existen hechos que en forma inequívoca e inminente afecten el ejercicio de su derecho a desarrollar la actividad de transporte público de pasajeros.

Sin perjuicio de lo anterior, el recurrente ha puesto especial énfasis en la “competencia” que implica la Aplicación para el gremio de taxistas y cómo es que dicha competencia resultaría ser “abusiva” e ilegal. Se advierte entonces, que si lo que el recurrente pretende postular es que la privación, perturbación o amenaza que dicen sufrir los taxistas es producto de una consecuencia patrimonial derivada de la “competencia” que significa la Aplicación en el rubro, entonces hace presente que dicha consecuencia no es objeto de protección constitucional, por cuanto si fuese efectiva la merma indicada, esta es propia de la competencia del mercado.

Refiere que la actividad de Uber no contraviene la garantía consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la Republica. El recurrente se contradice al invocar la garantía en comento. El Tribunal Constitucional ha fijado la interpretación de esta disposición señalando: “Que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias, y consecuencialmente, diversas para aquellas que se encuentren en circunstancias diferentes”. Lo anterior, por cuanto la actividad realizada por Uber B.V., en tanto conectar pasajeros y conductores a través de una aplicación móvil y página web, dista con creces a ser “igual” o similar a la actividad del gremio de taxistas de la nombre reservado, quienes se dedican indudablemente al transporte público de pasajeros, actividad normada y reglamentada en las leyes citadas por el recurso, cuestión que no ocurre en su caso, pues no realiza la actividad de transporte de pasajeros.

No es dable comparar la actividad regulada de los recurrentes con aquella libre y autónoma realizada por Uber a través de la Aplicación para efectos de sancionar cualquier desigualdad que se observe entre ellas, simplemente porque no concurre el supuesto indispensable para invocar la protección alegada: la igualdad de circunstancias.Probablemente a sabiendas de la anterior dificultad, el recurrente ha pretendido asimilar la actividad de Uber con el transporte público de pasajeros, citando para esos efectos al artículo 2 de la ley 18.290, que define el concepto de “taxi” y una serie de normas que lo regulan. Lo anterior parece inaceptable, pues se pretende invocar una garantía basada en actividades que no son propias de Uber ni son llevadas a efecto directamente por dicha empresa, pero por sobre todo porque dicha calificación no ha sido efectuada por autoridad jurisdiccional alguna respecto de Uber.

Niega la existencia de un grupo privilegiado, desde que ni Uber Chile SpA ni aquellos que utilizan la aplicación pueden ubicarse en situación asimilable a los taxistas recurrentes, por lo que ningún “privilegio” puede derivarse de situaciones legal y fácticamente diferentes. Si algún grupo privilegiado existiese en materia de transporte de pasajeros, aquel sería precisamente el gremio de taxistas, quienes, cuentan con importantes beneficios tributarios como también de privilegios de exclusividad en el ejercicio de su actividad económica, tales como las “áreas de concesión” y las “vías exclusivas de tránsito” especialmente reservadas para dicho grupo económico.

La recurrida acompañó los siguientes documentos: Copia simple de entencia de 14 de julio de 2015, dictada por el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en autos RIT 0-1388-2015; Copia simple de sentencia del 24 de noviembre de 2016, dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en autos de protección 109.929-2016; Copia simple de sentencia de apelación de la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta, de fecha 15 de febrero de 2012;

Copia simple de Carpeta Tributaria Electrónica Para Acreditar Renta, emitida por el Servicio de Impuestos Internos, de fecha 3 de marzo de 2016, correspondiente a Uber Chile SpA; Copia simple de comprobante de pago de patente municipal N° de Folio 9776735, correspondiente a Uber Chile SpA; Copia simple de Oficio N° 94/TT/2016, de fecha 25 de Mayo de 2016, remitido por la Secretaría de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado al gerente general de Uber Chile SpA; Copia simple de Informe evacuado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en causa Rol N° 39936-2016, ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, “Sindicato de Trabajadores Independientes de Taxis Básicos, Ejecutivos y Turismo con Uber Chile SpA”; Copia de sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Iquique en causa Rol N° 51-2017, “nombre reservado de los Taxistas de la Región de Tarapacá con Uber Chile SpA” de fecha 17 de marzo de 2017; Copia de sentencia de la Iltma Corte de Apelaciones de Santiago Rol N° 27914-2016, “nombre reservado con Fisco de Chile” de fecha 11 de abril de 2016.

A folio N°7317-2017 se hizo parte Radio Taxi 240 A folio N°61848-2017 se trajeron los autos en relación.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que la recurrida UBER CHILE SPA ha cuestionado la legitimación activa del recurrente, por estimar que don Freddy Carrasco Matus actúa en representación de una colectividad de personas taxistas de la nombre reservado que no se encontrarían suficientemente definidas ni asociadas bajo personalidad jurídica alguna.

No obstante, tal alegación deberá ser desestimada, por cuanto Freddy Carrasco Matus y nombre reservado, quien se hizo parte en el recurso de protección interpuesto han señalado actuar a favor del GREMIO DE TAXISTAS. DUEÑOS Y CHOFERES DE TAXIS DE LA nombre reservado y de RADIO TAXIS 240, respectivamente y la expresión “El que…” con que comienza el enunciado del artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile comprende tanto personas naturales como colectivas, en la medida que se trata de individuos que comparten una actividad u oficio común, en este caso, el transporte remunerado de personas, situación que se aleja de la llamada acción popular, en que se acciona en beneficio de la comunidad o de la sociedad, en que el interés aparece difuso y se desconoce siquiera el segmento o sesgo societario de las personas en cuyo favor se acciona.

Asimismo, no existe extemporaneidad respecto de la comparecencia de nombre reservado, por RADIO TAXIS 240, ya que no interpone un recurso de protección, sino que se hace parte en el recurso, siendo aplicable a su respecto lo que dispone el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil respecto de los terceros coadyuvantes.

SEGUNDO: Que igualmente la recurrida ha objetado la legitimidad pasiva de UBER CHILE SPA, argumentando que no realiza la actividad de transporte de pasajeros ni participa en actividad ilícita alguna, atendido a que solo es una operadora de una aplicación tecnológica, cuya propietaria es UBER B.V. constituida y domiciliada en los Países Bajos (Holanda).

Este raciocinio será desestimado, ya que justamente son las vinculaciones con el transporte de pasajeros lo que los recurrentes reprochan a UBER SPA, sea que las operaciones las realice por sí o como una filial de UBER B.V. u otra empresa o bajo otra modalidad.

TERCERO: Que ya analizando el fondo de la acción debe tenerse presente que ésta fue incorporada a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de determinados derechos constitucionales, en términos tales de asegurar a quien se dice afectado por tales actos u omisiones, medidas urgentes de conservación y resguardo.

CUARTO: Que resulta indispensable para el sustento de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es -contrario a la ley-, o arbitrario, -producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque la afectación o perturbación de una o más de las garantías constitucionales protegidas.

QUINTO: Que para que se configure la ilegalidad que suponen los recurrentes, la actividad desarrollada por UBER CHILE SPA debe ser contraria a la ley o estar prohibida por ésta Y ocurre que esta empresa opera o gestiona una plataforma digital que pone en contacto a pasajeros o viajeros con conductores particulares de vehículos a través de una aplicación móvil, lo que implica una actividad comercial realizada mediante una intermediación electrónica.

En este orden de cosas, no es posible concluir que UBER CHILE SPA realice un servicio remunerado de pasajeros en los términos que regulan la ley Nº 18.290 y la reglamentación afín a esta actividad y que por lo mismo esté actualmente visada o fiscalizada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Más la empresa cuestionada realiza actos comerciales atípicos e innominados, que se inscribe en lo que se ha denominado “el principio de libre prestación de servicios”, actividad propia del derecho privado y que en nuestro país no se encuentra actualmente regulada, siendo de conocimiento público que se ha presentado un proyecto de ley para su reglamentación.

Tratándose en consecuencia de un acto atípico y no previsto por la ley, no puede configurarse ilegalidad en los términos que postulan los recurrentes.

SEXTO: Que tampoco se advierte arbitrariedad en la actuación cuestionada a UBER CHILE SPA, ya que no hay antecedentes que permitan suponer que la intermediación electrónica que realiza dicha empresa entre los pasajeros y conductores de automóviles obedezca a un mero capricho o a un acto inductivo o engañoso tendiente a perturbar, amenazar y conculcar respecto de los recurrentes, la igualdad ante la ley y el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la ley, al orden público o a la seguridad nacional del artículo 19 Nº 2 y 21 respectivamente de nuestra Carta Fundamental.

Así, como ya se señaló precedentemente, la actividad económica desarrollada por UBER CHILE SPA, al no estar prevista ni regulada por la ley, ha de entenderse regida por las normas del derecho privado, y consecuencialmente resultarán lícitas en la medida que no infrinjan la moral, las buenas costumbres y el orden público, pudiendo ser desarrolladas por cualquier chileno que cumpla los requisitos que los propios recurrentes aludieron en su libelo, referidos a avisos publicados por UBER CHILE SPA en la prensa local y nacional.

SÉPTIMO: Que en consecuencia la acción de protección promovida deberá ser desestimada en su totalidad, al no acreditarse actuación ilegal o arbitraria por parte de la recurrida que afecte los derechos constitucionales invocados y que amerite la adopción de las medidas solicitadas por los recurrentes.

Y VISTOS ADEMÁS, Lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA, el recurso de protección promovido por FREDDY CARRASCO MATUS en representación del GREMIO DE TAXISTAS, DUEÑOS Y CHOFERES DE TAXIS DE LA nombre reservado, en contra de UBER CHILE SPA.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Sr. Ministro (S) Federico Eugenio Gutiérrez Salazar Protección-459-2017.