nombre reservado con A.F.P. UNO S.A.

C.A. de Temuco Temuco, seis de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, quien interpone recurso de protección en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A. (AFP Uno), representada legalmente por don nombre reservado, por el acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en la resolución de 17 de diciembre de 2025, mediante la cual la recurrida rechazó la solicitud de retiro de fondos previsionales para técnicos extranjeros bajo el amparo de la Ley N° 18.156.

Expone que su representada solicitó ante la AFP Uno la devolución de sus fondos previsionales, fundando su pretensión en la exención de cotizaciones que la Ley N° 18.156 otorga a los técnicos extranjeros que cumplan copulativamente con estar afiliados a un régimen de seguridad social fuera de Chile que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que hayan manifestado expresamente en su contrato de trabajo la voluntad de mantener dicha afiliación.

Sostiene que no obstante lo anterior, mediante comunicación electrónica, la administradora rechazó la solicitud número 1847100, argumentando de forma genérica que los documentos presentados no cumplían con los criterios de aceptación, específicamente respecto del Certificado de la Institución de Seguridad Social. Al respecto, sostiene que tal decisión carece de la debida motivación, pues no especifica cuáles serían los criterios incumplidos, limitándose a obstaculizar el proceso mediante una interpretación formalista de la norma.

Aclara la recurrente que el documento en cuestión corresponde a una Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), la cual es plenamente válida y verificable. Detalla que dicho certificado cuenta con un código de verificación alfanumérico (d[cuenta reservada]) y puede ser contrastado directamente en el portal web oficial del organismo extranjero o mediante una búsqueda en motores de datos, arrojando la información de afiliación de la protegida desde el año 1982.

Fundamenta la ilegalidad y arbitrariedad del acto en que la AFP exige requisitos no contemplados en la Ley N° 18.156, tales como la legalización o apostilla de los documentos. Sostiene que, ante la inexistencia actual de representación diplomática venezolana en Chile, imponer dicha carga constituye un hecho de imposible cumplimiento que contraviene el principio de fuerza mayor o caso fortuito.

Asimismo, invoca jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones del país, las cuales han establecido que una interpretación restrictiva y excesivamente literal de la norma desatiende la finalidad del legislador, que es permitir a los técnicos extranjeros disponer de sus ahorros cuando ya cuentan con protección previsional en su país de origen. Se argumenta que la verificación electrónica de los certificados es un medio idóneo y suficiente para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.

Denuncia que el actuar de la recurrida vulnera las siguientes garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, a saber; la Igualdad ante la ley, al brindar un trato desigual y excluyente frente a otros solicitantes en situaciones idénticas, estableciendo diferencias arbitrarias mediante exigencias formales no previstas en la ley, el Derecho de propiedad, toda vez que se priva arbitrariamente a la recurrente de la disposición de fondos que son de su exclusiva propiedad, afectando los atributos esenciales del dominio sobre sus ahorros previsionales y el debido proceso, por la falta de fundamentación y especificidad en el rechazo administrativo, lo que deviene en una conducta caprichosa.

En virtud de lo expuesto, se acoja el recurso de protección en todas sus partes, se declare como ilegal y arbitrario el acto de rechazo de fecha 17 de diciembre de 2025 y se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y disponer que la AFP Uno efectúe la devolución de los fondos de pensión solicitados dentro de un plazo razonable y se adopte cualquier otra medida necesaria para restablecer el imperio del derecho y proteger las garantías conculcadas.

A folio 5, comparece doña Romina Dalbosco Cornejo, abogada, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., evacuando el informe ordenado. Solicita el rechazo íntegro de la acción de protección, argumentando que no ha existido un acto arbitrario o ilegal, ni se ha acreditado la titularidad de un derecho indubitado por parte de la recurrente.

Sostiene que el recurso de protección es una vía excepcional para derechos preexistentes y no discutidos, lo cual no concurre en la especie, ya que la devolución de fondos para técnicos extranjeros está sujeta al cumplimiento estricto de requisitos legales y administrativos que no han sido satisfechos.

Expone que, con fecha 15 de diciembre de 2025, doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, inició el trámite de devolución de fondos previsionales bajo la Ley N°18.156 en relación con sus servicios prestados a los empleadores "Estudio Jurídico Peñaloza SpA" y "Estudio Jurídico Peñaloza Limitada". En dicha instancia, la afiliada acompañó diversos documentos, entre los que se cuentan contratos de trabajo, títulos profesionales apostillados y una "Constancia Electrónica de Cotizaciones".

Agrega que el 17 de diciembre de 2025, la administradora notificó a la interesada el rechazo de su solicitud número 1847100. El fundamento de la negativa residió específicamente en el Certificado de la Institución de Seguridad Social, el cual no cumplía con los criterios de aceptación normativos, informándosele a la afiliada que podía reingresar el trámite asegurándose de contar con la documentación requerida por ley.

Esgrime el principio de territorialidad de la legislación laboral y previsional chilena, del cual la Ley N°18.156 constituye una excepción taxativa para técnicos extranjeros. Según lo dispuesto en los artículos 1° y 7° de dicho cuerpo legal, y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, la exención de cotizar o la devolución de fondos requiere copulativamente: la Calidad de técnico, acreditada mediante documentos de estudios especializados debidamente legalizados, la Afiliación en el extranjero, el trabajador debe estar afiliado a un sistema que otorgue prestaciones por enfermedad, invalidez, vejez y muerte, condición que debe acreditarse mediante certificación de la institución respectiva, debidamente legalizada y la Manifestación de voluntad contractual: Declaración expresa en el contrato de trabajo de mantener la afiliación en su país de origen.

Enfatiza que, según el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deben presentarse legalizados para ser válidos. En este sentido, cita el Oficio Reservado N°2966 de 2023 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que detalla la cadena de legalización o apostilla como requisito de seguridad y autenticidad.

Frente a la acusación de realizar una "interpretación formalista", sostiene que su actuar se ajusta estrictamente a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones (Oficio Ordinario N°12954 de 17 de julio de 2025). Dicha autoridad ha aclarado que las certificaciones electrónicas venezolanas que carezcan de firma, apostilla o legalización no sirven como medio de prueba para acreditar el requisito de cobertura previsional.

Respecto de la crisis diplomática con Venezuela, aclara que la ausencia de representación consular no habilita a la administradora para prescindir de una exigencia legal expresa. Afirma que no posee facultades para interpretar o inaplicar la ley, y que la seguridad jurídica del sistema impide aceptar documentos que no cumplen con los estándares de autenticación chilenos. Asimismo, puntualiza que la existencia de un enlace web para verificar datos no sustituye la formalidad del documento legalizado exigido por el ordenamiento nacional.

Invoca diversos fallos que respaldan el criterio de la administradora, así; Corte de Valparaíso (Rol 1431-2025 y 1992-2025), confirmados por la Corte Suprema; Corte de San Miguel (Rol 1461-2025)

Concluye que no se cumplen los requisitos del artículo 20 de la Constitución, pues su conducta ha sido el cumplimiento de una obligación legal y no un capricho discrecional. Por lo anterior, solicita el rechazo de la acción con costas, para evitar otorgar un trato diferenciado e injustificado que vulneraría el principio de igualdad ante la ley respecto de los demás afiliados.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario- producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Tercero: Que, en relación con la afirmación del recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

En este sentido, mediante el Oficio Ord. N°20294, de 8 de octubre de 2020, se señala: “(…) según la sostenida jurisprudencia de este organismo fiscalizador, se ha exigido para acreditar el requisito de cobertura previsional de la letra a) del artículo 1° de la ley Nº18.156, que el trabajador extranjero acredite que ha contado con un seguro por todos los riesgos exigidos en ese mismo precepto y durante toda la extensión del tiempo en que prestó servicios en Chile. En cuanto a la cobertura de salud, cabe aclarar que se ha exigido que aquella sea integral, es decir, que comprenda el otorgamiento de prestaciones médicas y pecuniarias, en caso de enfermedad de origen común. (…) resulta pertinente clarificar que se ha resuelto que para acreditar la cobertura en el país de origen exigida en la letra a) del artículo 1° de la ley Nº18.156, no sirve un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, sino que se ha requerido que para acreditar dicha exigencia, se consigne en forma específica por la autoridad previsional competente el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos riesgos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la ley”.

Cuarto: Que, en este caso, la cuestión en debate es si el recurrente en su solicitud acompaño todos los documentos que cumplan con las exigencias de la ley 18.156, necesarios para acreditar efectivamente su afiliación al régimen previsional de su país de origen.

Según se desprende de lo informado por la recurrida, a la solicitud de restitución se acompañó por el extranjero una “constancia electrónica de cotizaciones” en la que señala encontrarse afiliado al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), documento que no cumple con las exigencias contenidas en la Ley 18.156 ni el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Quinto: Que, conforme lo que se viene razonando, no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario, puesto que la negativa acoger a trámite la solicitud de retiro de fondos responde a la aplicación de la legislación vigente, específicamente en cuanto a la presentación de documentos que no cumplen con las exigencias legales, específicamente, para demostrar que el interesado se ha encontrado cubierto durante toda su estadía en Chile por un sistema de seguridad social extranjero, y cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por el recurrente.

Sexto: Que, en consecuencia, la acción constitucional intentada no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A., sin perjuicio de poder solicitar nuevamente la petición con la documentación que corresponda.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Carlos Gutiérrez Zavala.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-4519-2025.(csd)