nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Temuco.

Temuco, cinco de mayo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, actuando por sí y a favor de doña nombre reservado, empleada, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región De La Araucanía, quien interpone Acción de Protección de garantías constitucionales en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., representado por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana de Santiago, por el Acto Ilegal y Arbitrario de fecha 03 de diciembre de 2025, que Rechaza Solicitud de Retiro de Fondos para Extranjero, con la intención de solicitar a su Señoría Ilustrísima adoptar las medidas que estime necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Refiere que doña nombre reservado, solicitó con fecha 14 de noviembre de 2025 ante la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo, mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, indicando que posteriormente la recurrente es notificada mediante correo electrónico con fecha 03 de diciembre de 2025, rechazando la solicitud de retiro de fondos de pensión, señalando lo siguiente: “[…]Estimado(a) nombre reservado De acuerdo a lo instruido por la Superintendencia de Pensiones, te informamos que después de haber analizado en forma exhaustiva los antecedentes adjuntos en la Solicitud de Devolución de Fondos Previsionales Ley No 18.156, nuestra Fiscalía resolvió rechazar dicha solicitud. El motivo del rechazo es: 1.- La Constancia Electrónica de Cotizaciones 2 RAD/JM emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no cumple con los requisitos de la normativa vigente, ya que, no es un certificado de afiliación, no señala las prestaciones por las cuales usted se encuentra cubierto y, además, no está firmado por quien lo emite ni se encuentra apostillado o legalizado, según corresponda. En este sentido, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: "b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte. A este respecto, la Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio N°3141 de 20 de febrero de 2024, ha señalado: "el trabajador debe aportar un documento que acredite en forma específica que en su caso ha contado durante la prestación de sus servicios en Chile, con la protección para todos los riesgos indicados en dicho precepto legal, esto es, vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad. Cabe hacer presente que, al referirse a la cobertura de salud, se ha exigido, además, que se especifique si ella comprende prestaciones pecuniarias y médicas. Adicionalmente, para acreditar la cobertura en el país de origen no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, sino que se debe consignar en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos antes indicados, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile." Por lo anterior y, para efectos de dar cumplimiento con lo señalado en el artículo 1° y 7° de la Ley N° 18.156, se solicita acompañar constancia de afiliación o un certificado de afiliación emitido por la Institución de Seguridad Social que le otorgue un régimen de previsión o seguridad social en el extranjero, debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado, según corresponda, que acredite que se contó con cobertura durante toda la relación laboral, y a todo evento, a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. […]”

Sostiene que se debe tener en consideración lo establecido por la ley 18.156, en sus artículos N°1 en relación con el artículo N°7 de la misma norma que establece: “Artículo N°1: Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: - - Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y; Que el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. Artículo N°7: En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley.”

Destaca que doña nombre reservado realiza su solicitud de retiro de fondos previsionales, debido a que el recurrente al ser profesional extranjero cumple con los requisitos señalados, por lo que se evidencia que el recurrente ha dado cumplimiento íntegro de los requisitos establecidos en la ley 18.156, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP, sin embargo, se encuentra con una obstaculización en su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato, sus anexos y el certificado de afiliación al seguro social del país de origen.

Indica que la recurrida en su rechazo señala en lo atingente a la constancia que “la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no cumple con los requisitos de la normativa vigente, ya que, no es un certificado de afiliación, no señala las prestaciones por las cuales usted se encuentra cubierto, sino que señala de forma genérica las prestaciones que cubre el sistema y, además, no está firmado por quien lo emite ni se encuentra apostilla o legalizado, según corresponda.”, lo que admite implícitamente que la recurrente se encuentra afiliada, más aún, de la simple lectura indica la fecha de afiliación a la seguridad social, por lo que desde ya, se observa que el rechazo de la recurrida es arbitraria e ilegal.

Expone que la recurrida incorpora requisitos que no están expresamente establecidos en la ley, lo que desde ya, deviene en un actuar arbitrario e ilegal, afirmando que el certificado de afiliación ser verificado y validado en el link que indica, siendo que de una simple búsqueda, empleando las palabras validar ivss, arrojará la web indicada, añadiendo que la constancia electrónica emitida por la seguridad social del recurrente puede ser verificada a través del link indicado y, en su defecto, de una simple búsqueda que se realice en el motor de Google, lo anterior porque las constancias emanadas de la seguridad social de Venezuela incluyen un código alfanumérico el cual puede ser verificable en la web señalada, indicando que el código de verificación se encuentra en la parte inferior de la constancia, que señala textualmente “La validez de este certificado electrónico de cotizaciones, puede comprobarse a través del portal web del I.V.S.S.(www.ivss.gob.ve), con el código de verificación N° f99997103-20251009.”

Manifiesta que la constancia electrónica es verificable, no obstante, la conducta omisiva de verificar la mentada afiliación deviene en un actuar arbitrario e ilegal de la recurrida, en lo atingente a que argumenta que la constancia electrónica no es un documento válido, no obstante, emana de un organismo público y verificable en la web oficial de esa institución, por lo que es forzoso concluir que el recurrente efectivamente se encuentra afiliado a la seguridad social de su país de origen, añadiendo que la señalada constancia es expedida por la autoridad venezolana competente, en cumplimiento de sus facultades legales y en el evento improbable que no fuere suficiente, se realizó declaración jurada ante notario público con firma electrónica avanzada para su constatación.

Agrega que pese a lo desarrollado la recurrida insiste en señalar que las constancias electrónicas no es un documento válido, sin siquiera especificar el motivo de esa afirmación, más aún, el fundamento jurídico que lo sustente, según se desprende de la comunicación electrónica que rechaza la solicitud, añadiendo que la seguridad social de Venezuela dispone de otro medio de similares características para verificar la autenticidad de la constancia electrónica que se expide, esto se realiza ingresando al dominio web http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/, donde la búsqueda se realiza esta vez, con el número de cédula de identidad venezolana, que en el caso del recurrente es RUT reservado, según se desprende de la siguiente foto captura que adjunta, señalando que al momento de ingresar los datos del recurrente en la dirección señalada arroja el mismo documento “Constancia Electrónica de Cotizaciones” con una vigencia por el mes que es expedido y con un nuevo código de verificación.

Argumenta que como se observa de las foto capturas, la recurrida tiene distintos medios a su disposición para verificar la autenticidad de la constancia, no obstante, adoptó una decisión a todas luces contraria a derecho, puesto que de forma arbitraria e ilegal rechaza la solicitud del recurrente sin que la respuesta estuviera lo suficientemente motivada, sin siquiera, cotejar lo acompañado por el recurrente, lo que deviene en un actuar que afecta el derecho de propiedad ampliamente protegido y tutelado por la Constitución Política de la República, aclarando que la página web de la seguridad social al momento de emitir una constancia de afiliación, indica el plazo de vigencia, el cual puede ser descargada sucesivamente, señalando que las constancias emitidas según consta en las foto capturas, son certificadas por la autoridad competente, por lo que es plenamente válida, además que, se cumple el requisito exigido en la ley en lo que dice relación de estar afiliado a la seguridad social de su país de origen.

Considera que la recurrida desconoce lo señalado en la normativa especial, puesto que rechaza la solicitud de retiro de fondos de pensiones cuando, en la especie se puede verificar la afiliación a la seguridad social del país de origen, lo que torna en arbitraria e ilegal la respuesta de la recurrida al afirmar que el certificado de afiliación electrónico no es válido, sin siquiera verificar el mismo, más aún, sin esgrimir los razonamientos de hecho y fundamentos de derecho para descartarlo, agregando además un requisito que la ley no estipula, señalando que la conducta ilegal y arbitraria por parte de las recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política Nacional, por requisitos no establecidos, realizando interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado, en el entendido que la solicitud cumple con los extremos exigidos en el artículo 1 de la ley 18.156, actuando de forma caprichosa al rechazar el retiro de fondos de pensión, citando fallo pronunciado por la Corte Suprema en causa Rol 28.881-2022.

Refiere que las garantías y derechos constitucionales que resultan afectados lo son por la acción arbitraria e ilegal por parte de la recurrida, deducida en la Notificación de fecha 09 de diciembre de 2025, que rechaza la solicitud de devolución de fondos de AFP Modelo, siendo que la solicitud cumple con lo señalado en la ley N°18.156 y modificada ley N°18.726, dando íntegro cumplimiento con los requisitos establecidos e informado por la Superintendencia de Administraciones de Fondos de Pensiones, situación que la deja en completa vulnerabilidad e incertidumbre, ante un hecho completamente ilegal y arbitrario, señalando que, de la simple lectura del rechazo de parte de la administradora de fondos de pensiones argumentando genéricamente que el certificado de afiliación que se acompaña no es válido, no obstante, la normativa especial no realiza distinciones, siendo que solamente se limita en señalar que el técnico profesional extranjero se encuentre afiliado, sea a lo menos técnico y, que manifieste la voluntad de mantenerse afiliado a la seguridad social de su país de origen en el contrato de trabajo o en sus anexos, requisitos que en la especie se cumplen en su totalidad, afirmando que el sentido de la ley es claro al señalar que el técnico solo tiene que estar afiliado a la seguridad social de su país de origen, por lo que la recurrida desatiende su sentido literal, aunado al hecho de incorporar requisitos que no están expresamente señalados, lo que se traduce en un actuar arbitrario e ilegal y en el evento improbable que se considere que se requiere que el documento se encuentre legalizado o apostillado, invoca el artículo 18 del Código Civil que señala: “En los casos en que las leyes chilenas exigieren instrumentos públicos para pruebas que han de rendirse y producir efecto en Chile, no valdrán las escrituras privadas, cualquiera que sea la fuerza de éstas en el país en que hubieren sido otorgadas”, lo que refuerza su teoría del caso, puesto que la ley no exige formalidades adicionales, por lo que la recurrida yerra al rechazar el retiro de fondos cuando en la especie, se cumplen los extremos exigidos en el artículo 1 de la Ley 18.156.

Afirma que las prestaciones sociales que cubre la seguridad social del recurrente son aquellas que están enumeradas en el artículo 1 de la Ley 18.156, esto es, vejez, muerte, enfermedad e invalidez, por lo que la decisión que se recurre no encuentra sustento normativo para rechazar la mentada solicitud, añadiendo que es un hecho de público conocimiento que actualmente no existe representación diplomática venezolana en nuestro país, por lo tanto, incorporar un requisito que a todas luces es imposible de cumplir contradice lo estatuido en el artículo 45 del Código Civil, en lo atingente al caso fortuito o fuerza mayor, precisando que, a lo imposible nadie está obligado, no obstante, el recurrente acompañó el certificado electrónico de afiliación de la seguridad social de su país de origen lo que desde ya, implica el pleno cumplimiento de la normativa señalada, por lo tanto, se infiere forzosamente que la negativa es injustificada, arbitraria e ilegal, afectando el derecho de propiedad del recurrente.

Sostiene que la falta de apostilla o de legalización es un hecho que no se encuentra dentro de la esfera del recurrente, sino únicamente de las relaciones diplomáticas de los Estados de Chile y de Venezuela, siendo que no existen relaciones diplomáticas, más aún, teniendo la recurrida pleno conocimiento por ser un hecho público la dificultad de los nacionales venezolanos de obtener ciertos documentos, como lo es, el certificado de afiliación apostillado, reiterando que la normativa no exige que la afiliación se encuentre apostillada o legalizada, sino que, simplemente que se encuentre afiliado y, que se pueda acreditar por cualquier medio, como en el caso del recurrente, con la simple búsqueda ingresando el código de verificación que arroja la constancia, citando fallo pronunciado por la Corte Suprema en causa Rol 7254-2025.

Manifiesta que también se vulnera la igualdad ante la ley previsto en el artículo 19 numeral 2 de la Constitución Política, según el cual no hay persona ni grupo privilegiado, ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias, de manera que, no se pueden establecer diferencias entre las personas frente a la ley, y no se deben dar tratos preferentes o en este caso excluyentes, pues todos tienen los mismos derechos y deberes, siendo el caso que, la recurrida ha infringido esta garantía constitucional, dándole al recurrente un trato desigual con respecto a otros solicitantes, que encontrándose en iguales circunstancias, cumpliendo con lo solicitado por el servicio recurrido a otorgado respuesta favorables, lo cual no ha ocurrido en el caso que nos ocupa, a quien se le ha requerido una formalidad adicional que no se encuentra contemplado de acuerdo con la ley N°18.156 y modificada ley N°18.726, ni en su portal oficial, interrumpiendo el proceso para el retiro de fondos previsionales, aun cuando dio cumplimiento íntegro con lo establecido en Circular N°553 de la ley 18.156 bajo la que se otorga la facultad de solicitar la devolución de los fondos previsionales a los extranjeros, citando fallo pronunciado por la Corte Suprema en causa Rol 96.380-2021, indicando que del referido criterio jurisprudencial se evidencia que la finalidad del legislador en lo referente a la exención de las cotizaciones previsionales de los técnicos profesionales extranjeros es con el objeto de atraer personal calificado para aportar al desarrollo en el país, por lo que el legislador tuvo la intención de evitar imponer obstáculos a los técnicos profesionales extranjeros, en caso contrario, no tendría sentido que éstos coticen en dos sistemas previsionales distintos pero, con prestaciones idénticas.

Argumenta que si el legislador hubiere pretendido incorporar mayores limitaciones o excepciones para el retiro de los fondos de pensión, el mismo se hubiere establecido expresamente en la norma, por lo tanto, el actuar de la recurrida es arbitraria e ilegal, puesto que resuelve de forma antojadiza la solicitud y, además, no tiene sustento jurídico que lo ampare. Asimismo, la recurrida vulnera el derecho a la propiedad privada, establecido en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, citando fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en sentencia Rol N° 247.104-2023 de fecha 27 de julio del 2023 y fallo pronunciado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso en sentencia Rol N° 325 – 2024, de fecha 03 de abril del 2024, entre otros, señalando que los criterios jurisprudenciales indicados evidencian que, las administradoras de pensiones no pueden realizar una interpretación excesivamente literal, puesto que ésta conducta deviene en la imposibilidad de que los profesionales extranjeros obtengan la devolución de los fondos, contradiciendo el propósito de la ley in comento.

Finalmente, solicita que se tenga por interpuesto Recurso de Protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo, por el Acto Ilegal y Arbitrario, que Rechaza la Solicitud de Retiro de Fondos para Extranjero lo que impide la devolución de fondos previsionales, rechazando de forma ilegal y arbitraria su solicitud de Devolución de Fondos Previsionales, obrando en contra de lo establecido en la Constitución Política de la República y lo establecido en la ley N°18.156, que faculta la devolución de los fondos a los extranjeros, ordenando que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente o el que esta Corte estime conforme al mérito de autos; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

A folio 5, comparece el abogado Rodrigo Montero Atria, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo Sociedad Anónima, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien evacúa el informe requerido en autos, señalando en lo pertinente que con fecha 01 de diciembre de 2025, la recurrente ingresó la solicitud 25129 para retirar las cotizaciones del período cotizado comprendido entre febrero de 2021 y diciembre de 2025, indicando que con el objeto de acreditar el cumplimiento de cada uno de los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156, la recurrente acompañó los siguientes documentos: Título Profesional del recurrente. Constancia electrónica de cotizaciones de la recurrente. Declaración jurada realizada por la recurrente ante notario público chileno. Contrato de Trabajo y anexo suscrito con el empleador SOC AGRICOLA HUIFQUENCO Y CIA LTDA, RUT RUT reservado, señalando que en virtud de los antecedentes aportados por la recurrente, su representada realizó el análisis de todos los documentos presentados con el objeto de determinar si se daba cumplimiento a la Ley N°18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa dictada por la Superintendencia de Pensiones, ente regulador de mi representada.

Sostiene que, tras el análisis de los antecedentes, su representada dio respuesta a la solicitud de la recurrente: 4.1. Solicitud 25129 se rechazó por los siguientes motivos: 1.- La Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no cumple con los requisitos de la normativa vigente, ya que, no es un certificado de afiliación, no señala las prestaciones por las cuales usted se encuentra cubierto y, además, no está firmado por quien lo emite ni se encuentra apostillado o legalizado, según corresponda. En este sentido, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: “b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.” A este respecto, la Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio N°3141 de 20 de febrero de 2024, ha señalado: "el trabajador debe aportar un documento que acredite en forma específica que en su caso ha contado durante la prestación de sus servicios en Chile, con la protección para todos los riesgos indicados en dicho precepto legal, esto es, vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad. Cabe hacer presente que, al referirse a la cobertura de salud, se ha exigido, además, que se especifique si ella comprende prestaciones pecuniarias y médicas. Adicionalmente, para acreditar la cobertura en el país de origen no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, sino que se debe consignar en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos antes indicados, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile." Por lo anterior y, para efectos de dar cumplimiento con lo señalado en el artículo 1° y 7° de la Ley N° 18.156, se solicita acompañar constancia de afiliación o un certificado de afiliación emitido por la Institución de Seguridad Social que le otorgue un régimen de previsión o seguridad social en el extranjero, debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado, según corresponda, que acredite que se contó con cobertura durante toda la relación laboral, y a todo evento, a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. 2.- La actualización de contrato de Trabajo de fecha 01 de octubre de 2025 suscrito con el empleador SOC AGRICOLA HUIFQUENCO Y CIA LTDA, RUT RUT reservado, señala lo siguiente: “SEXTO: De las remuneraciones del trabajador podrá deducirse toda deuda, anticipo o préstamo que se haya otorgado a este, así como las demás deducciones que autoriza la Ley, dentro de los límites fijados por esta, efectuando igual deducción en el acto del Finiquito en cuyo caso no tendrá límite alguno. DECIMO TERCERO: CLAUSULA DE REGIMEN PREVISIONAL: El trabajador declara: a) ser técnico profesional extranjero conforme a lo establecido en el articulo 1º de la Ley 18.156 y numeral primero de la Circular Nº553 DE 1988 DE LA Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones; b) encontrarse afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, el que le otorga prestaciones, a lo menos, en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y c)su voluntad de mantener su afiliación al referido sistema de seguridad social o previsión en el extranjero.".” A este respecto, la Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio N°12088 de 03 de julio de 2024, ha señalado: "(...) Como puede advertirse, el requisito establecido en la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156, es de carácter esencial y sólo se entiende cumplido cuando en los contratos de trabajo celebrados por extranjeros en Chile se incorpora una cláusula en que se expresa inequívocamente la voluntad del trabajador extranjero de mantener su afiliación en algún régimen de previsión o seguridad social en su país de origen, al cual el trabajador debe mantener su afiliación durante el período que cotiza en Chile, y el cual le debe otorgar prestaciones a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. ...es decir, esos documentos contienen dos manifestaciones de voluntad que son contradictorias entre sí, de tal manera que debe primar la primera puesto que obedece a la regla general, cuál es la obligación del trabajador de tener que enterar cotizaciones previsionales en el lugar donde presta servicios. Al respecto, cabe precisar que conforme lo resuelto por el mencionado Oficio N°27.587 de fecha 23 de noviembre de 2015, reiterado por el Oficio N°3213, de fecha 5 de febrero de 2019, en el caso que un trabajador en su contrato de trabajo, o anexo al mismo, haya estipulado que mantendrá su afiliación en su país de origen y al mismo tiempo consigne su voluntad de autorizar al empleador de descontar sus cotizaciones previsionales para ser enteradas en Chile, no procede la devolución de fondos previsionales (...)" Además, dicha actualización de contrato no cumple con las formalidades requeridas por la ley, toda vez que el documento acompañado no se encuentra debidamente firmado por ambas partes, por lo que se solicita acompañar el documento referido firmado por ambas partes de manera que se cumpla con los requisitos necesarios para que tenga validez. Sumado a ello, se solicita acompañar el contrato de trabajo suscrito con fecha 05 de febrero de 2021 suscrito con el empleador SOC AGRICOLA HUIFQUENCO Y CIA LTDA, RUT RUT reservadoPor lo anterior, y en virtud de los antecedentes tenidos a la vista se pudo constatar que no cumple con los requisitos exigidos por la Ley 18.156 y el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones y su jurisprudencia administrativa, al no haber manifestado de forma clara e inequívoca su voluntad de mantener afiliación a un régimen previsional fuera de Chile.”

Conforme a lo expuesto, refiere que la AFP Modelo rechazó la solicitud de devolución de fondos por técnico extranjero debido a que el recurrente no acompañó una constancia de afiliación o un certificado de afiliación emitido por la Institución de Seguridad Social que le otorgue un régimen de previsión o seguridad social en el extranjero, debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado, según corresponda, que acredite que se contó con cobertura durante toda la relación laboral, y a todo evento, a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, indicando que además, la recurrente no manifestó de forma clara e inequívoca la voluntad de mantener su afiliación a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile.

Hace presente que la recurrida no ha obstaculizado en forma alguna el proceso ni realizado una interpretación arbitraria de la norma, muy por el contrario, su representada ha seguido rigurosamente lo instruido por la Superintendencia de Pensiones y el espíritu de la norma que para que proceda la devolución de fondos, es menester que se reúnan todos los requisitos, por lo que su representada no ha actuado de forma arbitraria ni ilegal, al contrario, ha dado estricto cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y su jurisprudencia administrativa.

En cuanto al Derecho, señala que la Ley N° 18.156, establece la exención de la obligación de cotizar para las y los técnicos extranjeros contratados por una empresa, siempre que se reúnan ciertas condiciones, reproduciendo el artículo 7° y 1° de la referida normativa, añadiendo que el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: “b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte”, no obstante lo anterior, la Superintendencia de Pensiones ha señalado que excepcionalmente se puede cumplir este requisito, con un certificado emitido por la embajada o consulado respectivo, que, actuando en la representación legal de la institución de seguridad social, señale que cuenta con las coberturas, haciendo presente que la Ley N° 18.156 es un régimen de excepción que establece los requisitos copulativos que tiene que cumplir todo trabajador extranjero que pretenda la exención del pago de las cotizaciones previsionales, citando fallo pronunciado por la Corte Suprema en causa Rol 28.299-2025.

Expone que las Administradoras de Fondos de Pensiones son sociedades anónimas cuyo objeto único y exclusivo es la administración de fondos de pensiones, además de otorgar los beneficios y prestaciones establecidos en el D.L. 3.500 de 1980, añadiendo que la supervigilancia, control y fiscalización de estas sociedades corresponde a la Superintendencia de Pensiones, en adelante la Superintendencia, según lo establece el artículo 52 del Reglamento del D.L. 3.500 de 1980, señalando que conforme a lo dispuesto por el artículo 94 del D.L. 3.500, a la Superintendencia de Pensiones, como órgano contralor del sistema de pensiones chileno, le corresponde, además de las atribuciones y obligaciones que establece la ley, las siguientes funciones generales: “2. Fiscalizar el funcionamiento de las Administradoras y el otorgamiento de las prestaciones que éstas otorguen a sus afiliados, y el funcionamiento de las sociedades administradoras de cartera de recursos previsionales. 3. Fijar la interpretación de la legislación y reglamentación del Sistema, con carácter obligatorio para las Administradoras, las sociedades filiales a que se refiere el inciso duodécimo del artículo 23 y las sociedades administradoras de cartera de recursos previsionales, y dictar normas generales para su aplicación.”

Argumenta que en el uso de sus facultades, la Superintendencia de Pensiones ha instruido mediante el Oficio N°21.480 de 20 de septiembre de 2017, señala: “…se deberá acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado, según sea el caso, que acredite que usted cuenta a todo evento, con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile, con la protección de todas las coberturas exigidas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156…”, agregando que la Superintendencia de Pensiones mediante Oficio N°12954 de fecha 17 de julio de 2025 ha señalado: “Por otra parte, y ante las consultas específicas efectuadas por las mencionadas Administradoras relativas a otros medios probatorios alternativos, y a la luz de los antecedentes tenidos a la vista por esta Superintendencia, es necesario aclarar que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentran firmadas por quien emite el documento ni se encuentren apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba para la acreditación de la exigencia en cuestión. A este respecto se reitera que la validez de los documentos expedidos en el extranjero debe cumplir con lo dispuesto en los citados artículos 345, 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla. En cuanto al mérito de las declaraciones juradas que han sido presentadas por los afiliados venezolanos, aun cuando aquellas hayan sido certificadas ante un notario público chileno y cuenten con su respectiva apostilla, tampoco resultan útiles para estos efectos, por cuanto no constituyen medios idóneos. Ello, puesto que como se ha explicado latamente, las certificaciones que sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero deben emanar de la autoridad previsional competente del país en el cual el trabajador extranjero ha tenido la cobertura por todos los riesgos previstos en la letra a) de la citada ley N°18.156. Lo anterior, toda vez que dicha exigencia recae en una materia propia de la seguridad social, respecto de la cual no tiene valor probatorio la declaración del propio afiliado. Esto, por cuanto la autoridad previsional es la única que posee facultades legales para dar fe sobre dicha circunstancia, por ser propia del ámbito de su competencia.”

Considera que lo anterior va en consonancia con lo prescrito en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, que prescribe que “[l]os instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente legalizados”, en relación con el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, que señala que los “instrumentos públicos otorgados en un Estado Parte de la Convención de La Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, no deberán ser sometidos al procedimiento de legalización, si respecto de éstos se ha otorgado apostillas por la autoridad designada por el Estado de que dimana dicho instrumento”. A su vez, el artículo 345 bis del mismo cuerpo legal dispone: “Los instrumentos públicos otorgados en un Estado Parte de la Convención de La Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, no deberán ser sometidos al procedimiento de legalización, si respecto de éstos se ha otorgado apostillas por la autoridad designada por el Estado de que dimana dicho instrumento. Las certificaciones oficiales que hayan sido asentadas sobre documentos privados, tales como menciones de registro, comprobaciones para la certeza de una fecha y autenticaciones de firmas, podrán presentarse legalizadas o con apostillas otorgadas, con arreglo al artículo precedente y a éste, respectivamente. Pero en estos casos la legalización o apostilla sólo acreditará la autenticidad de la certificación, sin otorgar al instrumento el carácter de público. Según lo dispuesto por la Convención a que se refiere el inciso primero, no podrán otorgarse apostillas respecto de los documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares y los documentos administrativos que se refieren directamente a una operación mercantil o aduanera”, siendo lo anterior de suma importancia para proteger la fe pública, entendida como aquella institución jurídica cuyo fundamento es la seguridad del tráfico jurídico, citando fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago en causa Rol Protección 22.142.2024, fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en causa Rol Protección 2023-2025 y fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Concepción en causa Rol Protección 1763-2025.

Sostiene que respecto de la manifestación de voluntad de mantener la afiliación a un régimen de Previsión Social Extranjero, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, en el Libro II Cotizaciones Previsionales, Título XI Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten. Devolución de fondos previsionales, letra c) dispone: “c) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”. A su vez la Superintendencia de Pensiones mediante Oficio N°12088 de 03 de julio de 2024, ha señalado: "(...) Como puede advertirse, el requisito establecido en la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156, es de carácter esencial y sólo se entiende cumplido cuando en los contratos de trabajo celebrados por extranjeros en Chile se incorpora una cláusula en que se expresa inequívocamente la voluntad del trabajador extranjero de mantener su afiliación en algún régimen de previsión o seguridad social en su país de origen, al cual el trabajador debe mantener su afiliación durante el período que cotiza en Chile, y el cual le debe otorgar prestaciones a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. ...es decir, esos documentos contienen dos manifestaciones de voluntad que son contradictorias entre sí, de tal manera que debe primar la primera puesto que obedece a la regla general, cuál es la obligación del trabajador de tener que enterar cotizaciones previsionales en el lugar donde presta servicios. Al respecto, cabe precisar que conforme lo resuelto por el mencionado Oficio N°27.587 de fecha 23 de noviembre de 2015, reiterado por el Oficio N°3213, de fecha 5 de febrero de 2019, en el caso que un trabajador en su contrato de trabajo, o anexo al mismo, haya estipulado que mantendrá su afiliación en su país de origen y al mismo tiempo consigne su voluntad de autorizar al empleador de descontar sus cotizaciones previsionales para ser enteradas en Chile, no procede la devolución de fondos previsionales (...)" Añade que asimismo, la Superintendencia de Pensiones mediante oficio N° 19835 de 22 de octubre de 2025 ha señalado: “En efecto, si el contrato de trabajo señala que se encuentra afiliado al Sistema Previsional del D.L. N° 3.500, sujetándose en consecuencia al régimen previsional chileno, y el anexo agrega que mantendrá aquella al sistema previsional extranjero, la manifestación de voluntad contenida en este último documento es equívoca y, por tanto, no daría cumplimiento al requisito establecido en la letra b) de la ley 18.156, pues no habría manifestado de manera indubitable que su voluntad era mantener solamente su afiliación en algún régimen de previsión o seguridad social en su país de origen, al cual debe mantener su afiliación durante todo el periodo que cotizó en Chile, y el que debe otorgar prestaciones, a lo menos, en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Lo mismo ocurre cuando en un documento el trabajador afirma, por una parte, su intención de mantener su afiliación al régimen previsional extranjero, y por otra, que continuará enterando cotizaciones en el Sistema de Pensiones del D.L. N° 3.500.” , citando fallo pronunciado por la Corte Suprema en causa Rol 28.528-2025.

De lo anterior afirma que todo trabajador técnico extranjero que pretenda acogerse a la exención establecida en dicha ley o que quiera retirar los fondos ya enterados, deberá necesariamente dar cabal cumplimiento a los requisitos exigidos, en este caso, y en virtud de los antecedentes tenidos a la vista se pudo constatar que la recurrente no cumplía con los requisitos exigidos por la Ley Nº 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones, ni tampoco la jurisprudencia de la Superintendencia de Pensiones, señalando que es necesario tener presente lo señalado en el artículo 46 de la Ley 19.882 se establece: “Créase la Superintendencia de Pensiones, organismo público descentralizado, y por tanto con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se regirá por esta ley y su estatuto orgánico y se relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a través de la Subsecretaría de Previsión Social”. La Superintendencia estará regida por el Sistema de Alta Dirección Pública, establecido en la ley N° 19.882., “La Superintendencia estará sometida a la fiscalización de la Contraloría General de la República exclusivamente en lo que concierne al examen de las cuentas de entradas y gastos” adicionalmente, el artículo 47, establece entre sus funciones y atribuciones, las siguientes: “7. Interpretar administrativamente en materias de su competencia las leyes, reglamentos y demás normas que rigen a las personas o entidades fiscalizadas. 8. Velar para que las instituciones fiscalizadas cumplan con las leyes y reglamentos que las rigen y con las instrucciones que la Superintendencia emita, sin perjuicio de las facultades que pudieran corresponder a otros organismos fiscalizadores y a la Contraloría General de la República”.

Manifiesta que la Superintendencia de Pensiones, es el organismo regulador y fiscalizador de todas y cada una de las Administradoras de Fondos de Pensiones del país. Su función principal, es velar por la aplicación correcta de las leyes y reglamentos que rigen a las Administradoras, y dictar instrucciones pertinentes para su adecuado funcionamiento y en razón de la facultad fiscalizadora de la Superintendencia de Pensiones, es que AFP Modelo, debe dar cumplimiento estricto a lo dispuesto en el D.L. N° 3.500, Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Normas especiales, y Oficios Ordinarios emitidos por la Superintendencia de Pensiones, puesto que, en caso de incumplimiento de dicha normativa, arriesga amonestaciones y/o sanciones pecuniarias.

Agrega que el recurso de protección de garantías constitucionales es una acción que busca restablecer el imperio del derecho, cuando por actos u omisiones arbitrarias o ilegales se ha ocasionado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, señalando que para que proceda un recurso de protección, es necesario que haya existido perturbación o privación ilegítima en el ejercicio de un derecho, sin embargo, en este caso y, AFP Modelo ha actuado según lo instruye la normativa vigente y la Superintendencia de Pensiones, en este caso su representada no ha incurrido en ningún acto u omisión arbitrario o ilegal que amenace, prive, perturbe o vulnere los derechos fundamentales que la constitución le reconoce al recurrente, solicitando finalmente que se tenga por evacuado informe para el presente recurso de protección y rechazarlo con expresa condena en costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el art culo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

TERCERO: Que el acto recurrido consiste en la decisión de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. de rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por la recurrente al amparo de la Ley N° 18.156, por estimar que no se dio cumplimiento a los requisitos exigidos por dicha normativa.

CUARTO: Que de los antecedentes acompañados aparece que la recurrente acompañó, entre otros documentos, una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, declaración jurada y contrato de trabajo, con el objeto de acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.

QUINTO: Que, sin embargo, conforme a lo informado por la recurrida, y de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, órgano competente para interpretar administrativamente la normativa del sistema, la documentación aportada no resultó idónea para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley N° 18.156, por cuanto no constituye un certificado formal de afiliación, no se encuentra debidamente legalizada o apostillada, ni acredita en forma específica la cobertura de las contingencias exigidas por la ley.

Asimismo, de los antecedentes se advierten inconsistencias en la manifestación de voluntad de la recurrente respecto de mantener su afiliación a un sistema previsional extranjero, requisito esencial del régimen excepcional invocado, lo que a en concepto de la recurrida refuerza la conclusión de incumplimiento de los presupuestos legales.

SEXTO: Que, sobre el particular, se debe señalar que la Ley N° 18.156 establece un régimen excepcional que permite a trabajadores técnicos extranjeros eximirse del sistema previsional chileno, y solicitar la devolución de fondos, siempre que acrediten el cumplimiento copulativo de los requisitos contemplados en su artículo 1°, los que deben ser interpretados de manera estricta por tratarse de una norma de excepción.

De esta forma el artículo 1 de la Ley N°18.156 dispone que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Por su parte, el artículo 7 del cuerpo normativo referido, estatuye que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

SÉPTIMO: Que, conforme a las normas transcritas, se desprende que la recurrida no ha incurrido en ilegalidad alguna, por cuanto, se ha limitado a exigir del actor el cumplimiento de los requisitos que los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 ya transcritos, requieren para el retiro solicitado, sin que el afiliado hubiere satisfecho tales presupuestos necesarios para el éxito de la devolución de fondos, en cuanto al certificado de afiliación y firmas de las autoridades respectivas.

Asimismo, tampoco puede reprocharse arbitrariedad en la decisión, toda vez que ésta resulta debidamente fundada, precisamente en el incumplimiento de los requisitos legales que el actor debía cumplir al efecto, según se ha reseñado. En el mismo sentido ha sido fallado por la Excma. Corte Suprema de justicia en reciente fallo, en causa Rol N°33946-2025, donde ha reconocido precisamente las facultades legales de la recurrida para negar - en similar situación - la reclamación de la recurrente.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, cabe señalar que la Superintendencia de Pensiones, en ejercicio de sus facultades legales, ha impartido instrucciones de carácter general y obligatorio para las Administradoras de Fondos de Pensiones, en las cuales ha precisado el alcance de los requisitos establecidos en la Ley N°18.156, exigiendo que la acreditación de la cobertura previsional extranjera sea expresa, completa y respaldada mediante documentación debidamente legalizada o apostillada, por lo que dichas instrucciones, emanadas del organismo técnico competente, resultan vinculantes para la recurrida, la cual no puede apartarse de ellas sin incurrir en infracción a la normativa que regula su actuar, por lo que la exigencia de documentación apostillada o legalizada no constituye una creación arbitraria, sino la aplicación de criterios administrativos obligatorios.

NOVENO: Que, por otra parte, la alegación del recurrente relativa a la imposibilidad de obtener documentación apostillada, fundada en la situación de su país de origen, no constituye un fundamento suficiente para eximirlo del cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a un beneficio de carácter excepcional, desde que la fuerza mayor o caso fortuito no resulta aplicable para justificar el incumplimiento de condiciones legales habilitantes.

DÉCIMO: Que, en estas condiciones, no resulta posible calificar la actuación de la recurrida como ilegal o arbitraria, desde que se ha limitado a aplicar la normativa vigente y las instrucciones de la autoridad fiscalizadora competente, dentro del ámbito de sus atribuciones legales, de manera que no se configura en la especie una vulneración de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, en particular las consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, toda vez que la decisión impugnada se funda en razones legales y reglamentarias suficientes.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se resuelve: Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en representación de doña nombre reservado, en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Carlos Gutiérrez Zavala.

Rol N° Protección-4512-2025 (maf).