nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURDAD SOCIAL
- Fecha
- 21 de agosto de 2024
- Sala
- Segunda
- Resultado
- Acogida
- Cita
- Corte de Apelaciones de Temuco, Rol N° 4496-2024, sentencia de 21 de agosto de 2024
Resumen
Se acoge la protección, se anulan los rechazos de licencias médicas y se ordena su pago íntegro, por actuar ilegal y vulnerar la propiedad, al ser la única vía posible por el diagnóstico.
Texto íntegro
C.A. de Temuco Temuco, veintiuno de agosto de dos mil veinticuatro.
Vistos:
Comparece ANDRES ARANEDA CRUZ, chileno, abogado, cedula de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo acción de protección en favor de doña nombre reservado, chilena, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, en adelante SUSESO, representada legalmente por doña nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, a causa de los actos ilegales y arbitrarios en que ha incurrido la recurrida, los que se mantienen a la fecha de interposición de la presente acción, consistente en la dictación de resoluciones exentas, por las que se rechaza una serie nombre reservado que se individualizarán. Lo anterior, toda vez que dichos actos constituyen un actuar ilegal y arbitrario que priva, perturba y/o amenaza los derechos fundamentales garantizados en la Constitución Política de la República, particularmente, en el artículo 19 Nº1, esto es, “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”; 19N°2, esto es “la igualdad ante la ley”; y 19 N°24, esto es “el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”, solicitando desde ya que el presente recurso sea acogido, con expresa condena en costas. Lo anterior, conforme a los antecedentes de hecho y de derecho que paso a exponer:
I. CUESTIONES PREVIAS:
1. Actos Recurridos:
A.- Con fecha 30 de abril de 2024, la recurrente es notificado por medio de correo electrónico de la Resolución Exenta R-01-UME-69990-2024, de fecha 30 de abril de 2024, por la que la SUSESO, rechazando el recurso de apelación, confirma el dictamen que a su turno confirmó el rechazó las nombre reservado°RUT reservado y N°RUT reservado, extendidas por un total de 120 días a contar del 12 de septiembre de 2023, por estimar el reposo no justificado. La referida resolución señala en su parte pertinente: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las nombre reservado°s RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa, en que las alteraciones que presenta son de curso crónico y no susceptibles de modificar con el reposo, debiendo ser evaluada por la Comisión Médica correspondiente al sistema previsional al que se encuentre afiliada y por consiguiente no corresponde acoger más nombre reservado por dicha patología.”
2. Garantías fundamentales conculcadas -Derecho a la vida y a la Integridad física y psíquica.
-Igualdad ante la ley.
-Derecho de propiedad.
3. Legitimación activa.
Que, tal como se relatará y probará, el recurrente individualizado ha sido sujeto pasivo de los actos ilegales y arbitrarios que por este acto se recurren.
4. Plazo:
El Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo de los Recursos de Protección, dispone en su numeral 1°: "El recurso o acción de protección se interpondrá... dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.
Como se indico previamente, los actos administrativos recurridos se dictaron con fecha 30 de abril de 2024, el cual se puso en conocimiento del recurrente con misma fecha mediante notificación por medio de correo electrónico, estando vigente el plazo establecido para la interposición de la acción.
II. ANTECEDENTES DE HECHO.
En el año 2019 la recurrente fue diagnosticada con Linfoma de Hodgkin clásico estadio II A (formación de células malignas, cancerosas, en el sistema linfático). Luego de recibir tratamientos respectivos con quimioterapia y radioterapia, y para continuar con su tratamiento, en el mes de abril de 2022 ingresó a estudio en el centro de investigación del Cáncer James Lind de la ciudad de Temuco, en donde comenzó tratamiento de inmunoterapia mediante el suministro periódico de 2 medicamentos, Pembrolizumab y SAR444245, por un total de 35 ciclos cada 21 días.
Según se acredita con certificados emitidos por médico oncólogo tratante, actualmente ha completado 30 de 35 de ciclos, presentando actualmente una buena respuesta a lo largo del tratamiento, disminución en lesiones y con una condición estable de la enfermedad.
El tratamiento, en concreto el suministro de los medicamentos, ocasiona efectos adversos transitorios que son esperados según los ensayos clínicos, que en el caso de la recurrente requirieron durante el segundo semestre del año 2023 de hospitalizaciones recurrentes transitorias como consecuencia de la intensidad de los síntomas adversos, a saber, compromiso de estado general, vómitos, diarrea, fiebre hasta 39-40°C, hipotensión y dolor generalizado, que requieren necesariamente hospitalización para su estabilización, atendida su condición.
En concreto, y en relación con el periodo de licencias objetadas, y en atención a la intensidad de los síntomas adversos posteriores al suministro de los medicamentos que forman parte del tratamiento, estuvo hospitalizada en unidad de tratamientos intermedios en los meses agosto, octubre y diciembre de 2023, conforme al siguiente detalle.
-26 de agosto al 4 de septiembre de 2023 -4 al 9 de octubre de 2023 -1 al 10 de noviembre de 2023 -13 al 17 de diciembre de 2023 Cabe resaltar que luego del alta, continuaba con su recuperación en su domicilio, a la espera de estabilizar su condición a efectos de proceder con los nuevos ciclos de suministro de medicamento.
Todas las hospitalizaciones transitorias estuvieron relacionadas y ocurrieron con posterioridad al suministro de las drogas que formaban parte del tratamiento.
Conforme se acredita con certificado medico y documentos de respaldo, la hospitalización del mes de diciembre de 2023 se relacionó directamente con el suministro de uno de los medicamentos, específicamente la droga SAR444245, por lo que los médicos tratantes decidieron, a partir del mes de enero de 2023, realizar ajustes al tratamiento y discontinuar la droga, manteniendo los ciclos del tratamiento únicamente con Pembrolizumab.
A partir del cese en el suministro de la droga SAR444245, solo se han presentado síntomas leves posteriores al tratamiento, como cansancio y cefalea, recuperándose con reposo en un plazo de 1 o 2 días, sin requerir de hospitalizaciones y manteniendo buenas condiciones generales.
Como consecuencia de lo anterior, derechamente a partir del mes de marzo de 2024 no ha sido necesaria la prescripción de nuevas nombre reservado, retomando sus actividades laborales con relativa normalidad.
En ese sentido es que queda de manifiesto que las licencia medicas fueron otorgadas por un médico tratante, especialista oncólogo, en el contexto de un tratamiento medico cuya finalidad es la recuperabilidad o mejoría del cáncer que afecta a la recurrente. Licencias que se encuentran justificadas concretamente en fuertes síntomas adversos transitorios propios del tratamiento en curso y no con el cáncer propiamente tal, lo que luego de los ajustes, cesaron, junto con la incapacidad temporal que ocasionaban.
Los antecedentes que dan cuenta de las patologías, condición de salud, evolución, tratamientos pendientes, recuperabilidad y condición de salud actual de la recurrente fueron debidamente acompañados al COMPIN y a la SUSESO al momento de apelar a las resoluciones que no autorizaron el pago de las nombre reservado respectivas. En particular se acompañaron en distintas oportunidades sendos informes médicos y epicrisis de atenciones hospitalarias que fueron concordantes en dar cuenta de la naturaleza de los síntomas, su origen, el carácter transitorio y la recuperabilidad de estos.
Al efecto se acompañaron, entre otros, los siguientes informes:
-Informe de fecha 26 de febrero de 2024, suscrito por medico Oncólogo nombre reservado.
-Informe TC Tórax, abdomen y Pelvis de fecha 31 de enero de 2024.
-Informe medico complementario de fecha 27 de noviembre de 2023, suscrito por medico Oncólogo nombre reservado.
-Informe TC Tórax, abdomen y Pelvis de fecha 21 de noviembre de 2023.
-Epicrisis de hospitalización de urgencia de fecha 04 de septiembre de 2023.
-Epicrisis de hospitalización de urgencia de fecha 16 de diciembre de 2023.
-Informe de fecha 30 de octubre de 2023, suscrito por medico Oncólogo nombre reservado.
-Epicrisis de hospitalización de urgencia de fecha 10 de noviembre de 2023.
-Epicrisis de hospitalización de urgencia de fecha 09 de octubre de 2023.
-Formulario de atención de urgencia Hospital de Villarrica de fecha 26 de agosto, 03 de octubre y 11 de octubre de 2023.
De esta forma, es existen antecedentes médicos suficientes que permiten tener por acreditadas las patologías padecidas por la recurrente, la evolución, el término de los síntomas generados por el tratamiento y especialmente el carácter transitorio de la incapacidad.
En ese sentido es que la incapacidad temporal fue ocasionada como consecuencia de graves complicaciones adversas propias del tratamiento, y no por el cáncer propiamente tal, por lo que no resulta procedente desde el punto de viste medico calificar dichas patologías como de carácter crónico, máxime si de conformidad a los antecedentes médicos aquellos se encuentran completamente superados, manteniendo a la fecha, y luego de los ajustes del tratamiento, sus actividades laborales con normalidad.
Así, y contrariamente a la calificación arbitraria y discriminatorio de la recurrida, en ningún caso los síntomas que originaron la incapacidad temporal corresponden a una patología de carácter crónico, por lo que, con el mérito de los antecedentes médicos complementarios, corresponde que las licencias sean aprobadas y pagadas.
III. DE LA ACCIÓN U OMISIÓN ILEGAL O ARBITRARIA La Resolución Exenta R-01-UME-69990-2024, de fecha 30 de abril de 2024 por la que se rechazan las nombre reservado°RUT reservado y N°RUT reservado, extendidas or un total de 120 días a contar del 12 de septiembre de 2023, otorgadas por médicos oncólogos del equipo tratante, por estimar la recurrida que el reposo no se encuentra justificado, fundado en que las alteraciones que presenta son de curso crónico y no susceptibles de modificar con el reposo, además de haberse dictado contrariando los antecedentes de hecho y de carácter técnico ratificados por profesionales médicos, y que se acompañaron debidamente a los expedientes no están debidamente fundadas. Toda vez que no entregan argumentos técnicos suficientes ni señalan cuales fueron los antecedentes concretos que se tuvieron a la vista para resolver en aquel sentido. Con todo, se pronuncia sin tomar en consideración antecedentes expresos que las licencias se otorgaron en el contexto de complicaciones y efectos adversos propios de un tratamiento en curso, cuya finalidad es obtener la recuperación de mi estado de salud. Y que luego de los ajustes necesarios, ha continuado sin mayores inconvenientes ni necesidad de nuevas licencias, dejando en evidencia el carácter transitorio de los síntomas que provocaron la incapacidad temporal, que se contraponen con el supuesto carácter crónico de las afecciones.
En ese orden es que la acción de la recurrida además de resultar en abiertamente arbitraria, al no contener el acto administrativo la motivación suficiente que justifique de manera suficiente la decisión adoptada y al pronunciarse en contradicción evidente a los antecedentes médicos acompañados, constituye una discriminación que afecta la garantía de igualdad ante la ley, al privarme del derecho a percibir los subsidios por incapacidad, presumiendo una condición crónica que no es tal solo por su condición de paciente diagnosticada y con tratamiento de cáncer.
Que, en cuanto a la actuación del órgano recurrido, nuestra constitución en su artículo 6° consagra el principio de juridicidad por cuanto “Los órganos del estado deben someter su actuar a la constitución y a las normas dictadas conforme a ella…”. Lo anterior se complementa en su artículo 7° por cuanto establece que los “órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley”.
En ese sentido es que la Ley N°19.880, en su artículo 11 inciso segundo dispone que “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos.”. Cuestión que se ratifica en el inciso cuarto del artículo 41 del mismo cuerpo legal que estipula que “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada.”
Luego, la Ley N°16.395 que fija el texto refundido de la Ley de organización y atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social dispone que en su artículo segundo letra c) que: “Son funciones de la Superintendencia las siguientes: c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de la seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia”.
A su turno, el “Reglamento de Autorización de nombre reservado por la Compín e Instituciones de Salud Previsional” dispone en su artículo 21 que “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compín, la Unidad de nombre reservado o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la nombre reservado que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la nombre reservado”.
Que, de acuerdo a las normas precedentemente referidas, es posible sostener que la recurrida, con miras a cumplir el mandato legal consistente en resolver las apelaciones presentadas por los afiliados al sistema de salud, puede disponer que las instituciones que se encuentran bajo su supervigilancia, cuyo es el caso de la Compín, recabe los antecedentes que posibiliten adoptar una decisión fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema.
De esta forma es que además de ser los actos recurridos arbitrarios, por no contar con fundamentos suficientes que justifiquen la decisión y discriminatorios, son contrarios a la ley, al dictarse al margen de la normativa que rige la actuación de los órganos administrativos, y en especial del órgano recurrido.
Que, de esta forma, en casos de análoga naturaleza, se han pronunciado nuestros tribunales superiores de justicia, y en específico este tribunal.
Así, en causa Rol Ingreso Corte N°13114-2020, la Corte de Apelaciones de Rancagua, por sentencia de fecha 30 de noviembre de 2020 acogió el recurso de protección interpuesto en contra de la SUSESO señalando que:
“7° Que, del análisis del expediente administrativo acompañado por la recurrida, si bien se constata un análisis emitido por médicos siquiatras de la institución recurrida que indican que el reposo no se encuentra justificado, dicha conclusión es arribada solo con un estudio documental de los antecedentes que la recurrente acompañó en el proceso, refiriéndose a él de forma descriptiva y escueta. En este sentido, se observa que la decisión adoptada por la Superintendencia no se apoya en la conclusión de algún informe médico emitido luego de realizar un análisis clínico de la recurrente, por lo que aquella carencia la priva de contenido, conforme lo exige el artículo 11 de la Ley 19.880 y la normativa sectorial antes señalada, sin que sea dable discernir que aquélla se baste a sí misma si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender la razón por la cual la recurrente no necesitaba más días de recuperación que los ya otorgados.
8° Que, por lo demás, como ya se dijo, la Compín directamente o a instancia de la Superintendencia, con miras a acatar el mandato legal consistente en resolver las apelaciones promovidas por los afiliados contra los decretos del régimen de salud, puede recabar los antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, lo que fue omitido injustificadamente en el actual litigio.
9° Que, no obstante, en cuanto a la arbitrariedad, entendida ésta como la falta de justificación y razonabilidad en la decisión adoptada, debe señalarse que el propio artículo 16 de la Ley N° 16.395, contempla la necesidad de justificar la decisión que se adopte, al disponer que deberá dejarse constancia de los fundamentos que se han tenido en consideración para adoptar alguna de las medidas que la norma contempla. A su vez, el artículo 21 del Decreto Supremo N° 3, que aprueba el Reglamento de Autorización de nombre reservado por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en lo pertinente, preceptúa: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de nombre reservado o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la nombre reservado que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador;
e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la nombre reservado.”
10° Que, en consecuencia, la conducta del organismo recurrido se torna arbitraria al desestimar un permiso médico concedido por facultativos sin ningún antecedente adicional, simplemente sobre la base de la ponderación de los ya tenidos a la vista, esto es, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar, frente a la paciente, cualquier duda, en relación a la procedencia del reposo, lo que en el presente caso resulta esencial, puesto que se le pretende privar del subsidio por incapacidad laboral por una supuesta afectación en su salud mental, lo que sólo podía ser esclarecido con un informe acabado sobre el estado de salud y la causa de las dolencias de la recurrente, lo que, como se dijo, no se cumplió en autos.”
Mismo criterio de ha adoptado por la Corte de Apelaciones de Santiago, quien a efectos de acoger un recurso de protección en contra de SUSESO, en causa Rol Ingreso Corte N°4729-2021, por sentencia de fecha 9 de junio del 2021 señalo que:
“7 .- Que el artículo 1° de la Ley N°20.585, sobre otorgamiento y nombre reservado, dispone: "La presente ley tiene por objeto establecer regulaciones que permitan asegurar el otorgamiento, uso correcto de la nombre reservado y una adecuada protección al cotizante y beneficiarios de las Instituciones de Salud Previsional y del Fondo Nacional de Salud, mediante la aplicación de medidas de control y fiscalización, y de sanciones respecto de las conductas fraudulentas, ilegales o abusivas relacionadas con dicho instrumento". A su vez los art culos 3 y 4 del mismo cuerpo legal, mandan: "En caso que la Institución de Salud Previsional determine la reducción o rechazo de una nombre reservado, deber remitir los antecedentes que fundamentan la decisión a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, quien podrá ratificar o denegar la modificación de la nombre reservado" y, agrega: "Un reglamento dictado a través del Ministerio de Salud, y é suscrito además por el Ministro del Trabajo y Previsión Social, establecerá respecto de determinadas patologías, guías clínicas referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de nombre reservado". A su vez, el "Reglamento de Autorización de nombre reservado por la Compín e Instituciones de Salud Previsional", contenido en el Decreto Supremo N° 3 de 1984, reitera en su art culo 16 la indicada facultad respecto de la Institución de Salud, la Compín y la Unidad de nombre reservado, en su caso, y su artículo 21 dispone que "Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compín, la Unidad de nombre reservado o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d)Solicitar al profesional que haya expedido la nombre reservado que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la nombre reservado". La Superintendencia de Seguridad Social, conforme a la ley N°16395, constituye una institución fiscalizadora pública estatal a quien corresponde la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, como asimismo de las instituciones que los administren. Sus decisiones, en tanto órgano de la administración, deben ser fundadas según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 11 de la ley N°19880, que prescribe: "... Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos...".
8 .- Que según se desprende del expediente administrativo de la recurrente (folios 4, 8), ésta no ha sido sometido a un peritaje y, por otra parte, ha acompañado un informe de su médico tratante, cuyo contenido es refutado por la defensa de la Superintendencia de Seguridad Social en su informe con argumentos que no invocó al tiempo de pronunciarse en sede administrativa acerca de tal nombre reservado (folio 8); de manera que la necesidad de una clara y precisa fundamentación de la Superintendencia y no genérica como se lee en su decisión recurrida, era necesaria atendida su facultad de ratificar o denegar la modificación de la nombre reservado, más aún si se trataba de la opinión contrapuesta de médicos especialistas acerca de la necesidad o no de un mayor reposo para el recurrente con motivo de sus dolencias. As las cosas, la recurrida sólo en forma aparente ha podido fundar su decisión final de rechazo de la nombre reservado de autos, sustentada en las motivaciones que invocó y ya transcritas. En efecto, el deber de una adecuada fundamentación de la decisión de rechazo de tales nombre reservado, era especialmente aplicable al recurrente, quien padecía una dolencia traumatológica para la que se prescribía reposo laboral total.”
Mismo criterio plasmado en el voto disidente pronunciado en sentencia de fecha 13 de octubre del año 2016, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en causa Rol Ingreso Corte N°4583-2016, que en su parte pertinente señala que:
“3° Que, en cuanto al fondo, la controversia planteada por el recurrente se genera a partir del rechazo de nombre reservado por parte del COMPIN y posterior confirmación del rechazo por la Superintendencia, sin expresar fundamentos suficientes para ello. En este sentido, a juicio de este disidente, el COMPIN y la Superintendencia pueden legítimamente rechazar en un caso determinado una nombre reservado otorgada por un profesional médico, pero ello sólo es admisible por medio de una resolución fundada en consideraciones científicas o técnicas que controviertan el juicio experto del profesional médico que otorgue la licencia y no la invocación de argumentos formales como la extensión temporal, la reiteración o su lacónica fundamentación.
4° Que, en efecto, según lo dispone el artículo 7° del Decreto Supremo N° 3 de 1984, del Ministerio de Salud, “corresponderá al profesional (médico) certificar, firmando el formulario respectivo, el diagnóstico de la afección del trabajador; establecer el pronóstico, fijar el período necesario para su recuperación; el lugar de tratamiento o reposo con su dirección, y teléfono; el tipo de éste; si constituye o no prórroga de uno anterior; la fecha de concepción y la del nacimiento del hijo; la fecha y hora del accidente si es del caso y el tipo de licencia”. Esto implica que el ordenamiento jurídico ha atribuido principalmente al profesional médico establecer el diagnóstico clínico de la enfermedad y el periodo de recuperación, pudiendo esto el COMPIN controvertirlo sólo por estrictas razones científicas o técnicas, y no la mera extensión temporal de las mismas o su reiteración, lo que exige elementos de prueba suficiente que permitan a la autoridad administrativa arribar a una conclusión diferente de la que llevó al facultativo a extender la licencia (artículo 16 del mismo Decreto Supremo N° 3 de 1984).
5° Que, en este sentido, el mismo Decreto Supremo ya citado dispone la posibilidad de que el COMPIN pueda, en caso de duda sobre la procedencia de una nombre reservado, dictar medidas para fundar un rechazo o una reducción de la nombre reservado, contando entre ellas, la práctica de nuevos exámenes, el informe de antecedentes clínicos complementarios del profesional médico que otorgó la licencia o la disposición de otras medidas informativas que permitan una mejor resolución de la nombre reservado (artículo 21 Decreto Supremo N° 3 de 1984). Pues bien, en la especie el COMPIN no adoptó ninguna de ellas, lo que le llevó a dictar una resolución administrativa rechazando la nombre reservado presentada sin los fundamentos científicos necesarios para ello.
6° Que, así las cosas, al no tener la decisión del COMPIN y de la Superintendencia de Seguridad Social fundamentos científicos suficientes para rechazar la licencia, ésta debió tramitarse y acogerse de acuerdo a la ley, lo que al no hacerlo implicó un acto ilegal y arbitrario que vulneró el derecho constitucional a la igualdad ante la ley establecido en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.”
Por su parte, y ahora ordenando derechamente la aprobación y pago de nombre reservado, esta Corte de Apelaciones de Temuco, acogiendo un recurso de protección en contra de SUSESO, en causa Rol Ingreso Corte N°6434-2018, por sentencia de fecha 8 de abril de 2019señalo que: SEXTO: Que, el artículo 16 del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de nombre reservado por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en lo pertinente, dispone que: "En caso de rechazo de una licencia, o de reducción o ampliación del plazo de reposo, la resolución o pronunciamiento respectivo se estampará en el mismo formulario de licencia y se dejará constancia de los fundamentos tenidos en vista para adoptar la medida". SEPTIMO: Que, según consta de la Resolución IBS 18332 de 27 de junio de 2018, que se recurre, la decisión del rechazo de la reconsideración, no se encuentra apoyada por suficientes antecedentes clínicos y médicos que le sirvan de fundamento y que pueda desvirtuar las licencias impugnadas y quien diagnosticó las patologías que sufre la recurrente. En efecto, no basta con afirmar que se tuvo presente los antecedentes tenidos a la vista y el análisis del registro histórico de nombre reservado, junto a los informes médicos de su médico tratante y el peritaje aportado, lo que no permitiría establecer una incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, fundamentos de suyo, ambiguos insuficientes y carente de un razonamiento fundado para justificar el rechazo.- OCTAVO: Que, como se desprende de lo anteriormente consignado, la Superintendencia de Seguridad Social al actuar de esa manera, no se ajustó a la legalidad vigente, desde que no justificó ni desvirtuó debidamente, debiendo haberlo hecho, la incapacidad laboral temporal diagnosticada por el médico tratante, médico psiquiatra Dr. nombre reservado, quien le diagnosticó un cuadro de depresión severa, duelo anticipado , de manera que los fundamentos plasmados en la ya citada resolución, que resuelve la reconsideración confirmando la negativa de pago de las nombre reservado, resultan insuficientes para argumentar resolver el rechazo y no otorgar el subsidio solicitado.NOVENO: Que, por lo tanto, de acuerdo con lo antes relacionado, el proceder de la recurrida resulta además arbitrario, por cuanto la resolución que confirma el rechazo de las nombre reservado no señala pormenorizadamente los antecedentes médicos y legales que se tomaron en consideración para resolver como se hizo, como tampoco se encuentra motivada de manera alguna. DECIMO: Que en consecuencia, el actuar de las recurridas constituye una vulneración al derecho cuya protección garantiza el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, desde que el rechazo de la licencia importan la privación a un derecho a retribución monetaria contemplado expresamente por la ley en los casos de imposibilidad de trabajar por enfermedad, quebrantamiento que, adicionado a la ilegalidad señalada en el motivo anterior, llevan concluir que la acción constitucional deducida debe ser acogida.
En ese sentido es que los actos administrativos ya referidos constituyen a todas luces actos ilegales y arbitrarios que privan, perturban y/o amenazan de manera permanente los derechos fundamentales del recurrente, lo que hace necesario una tutela de urgencia en orden a restablecer el imperio del derecho y asegurar el debido resguardo de los derechos fundamentales vulnerados del recurrente.
IV. GARANTÍAS Y DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS.
Las acciones ilegales y arbitrarias descritas constituyen una privación, perturbación y/o amenaza de las siguientes garantías y derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 de la Carta Fundamental.
En primer lugar, se vulnera el Derecho a la integridad física y psíquica, consagrado en el número 1 del artículo señalado. Al respecto constituye un hecho conocido que el pago del subsidio asociado a una nombre reservado tiene por finalidad suplir la remuneración del trabajador que se encuentra afectado por una incapacidad laboral temporal. De esta forma, el rechazo y consecuente imposibilidad de acceder al referido subsidio supone en la práctica que el trabajador que por motivos de salud se encuentra impedido de desarrollar su actividad de subsistencia se ve privado de los medios económicos para hacer frente a sus necesidades diarias, así como las asociadas a su tratamiento médico. Encontrándose en la disyuntiva y presión constante de optar por el restablecimiento de su salud o bien procurar los medios de subsistencia. La compleja situación en que se encuentra la recurrente ocasiona una vulneración en su integridad psíquica, debido a la extrema y constante presión a la que se ve sometido de no contar con ingresos para su subsistencia económica junto a la imposibilidad de efectuar sus actividades laborales sin desmedro de su recuperación y del debido cuidado de su salud.
La decisión del órgano recurrido infringe además la garantía constitucional de igualdad ante la Ley y prohibición de establecer diferencias arbitrarias contenida en el número 2 del artículo 19 la Constitución Política de la República, atendido que esta la decisión en cuestión constituye una diferenciación arbitraria respecto del resto de la población que en idénticas condiciones puede acceder a las prestaciones económicas que da lugar el subsidio por incapacidad temporal y especialmente por cuanto se asume sin más, a pesar de existir antecedentes médicos que explican el origen y carácter de los síntomas que provocaron la incapacidad, que estos son de carácter crónico por el solo hecho de ser la recurrente una paciente en tratamiento de cáncer.
Finalmente se vulnera el Derecho de Propiedad, consagrado en el número 24 del citado artículo 19, toda vez el rechazo de las licencias importan la privación de percibir el subsidio por incapacidad temporal respectivo, derivado de un reposo medico prescrito por un profesional autorizado, a causa de una patología de salud efectiva de carácter temporal, que le ha impedido desarrollar actividades lucrativas con absoluta normalidad por la menos 4 meses, lo que le ha generado necesariamente un perjuicio patrimonial evidente, que vulnera el derecho invocado.
POR TANTO, Que en mérito de lo expuesto y lo preceptuado por el art. 20, 19 Nos. 1, 2 y 24 todos de la Constitución Política de la República, A S. S. ILTMA. RUEGO, tener por interpuesto en tiempo y forma, recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), ya Individualizada, desde luego, se acoja a tramitación y con su mérito y los antecedentes que allegaré al expediente, resuelva en definitiva dar protección a los derechos fundamentales de recurrente, y en definitiva disponer:
1.- Que se declara ilegal y/o arbitraria la resolución exenta Resolución Exenta N° R-01- UME-69990-2024, de fecha 30 de abril de 2024, ya individualizada, dejarla sin efecto, y declarando en su lugar que las nombre reservado individualizadas son aceptadas, declarándose como justificado el reposo, debiendo la recurrida dar curso a las mismas y pagar por intermedio de quien corresponde, los subsidios por incapacidad respectivos, debidamente reajustados, conforme lo señala la Ley. 2.- En subsidio, que se declara ilegal y/o arbitraria las resolución exenta Resolución Exenta N° R-01-UME-69990-2024, de fecha 30 de abril de 2024, ya individualizada, dejándola sin efecto, ordenando en su lugar a la Superintendencia de Seguridad Social disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez respectiva, convoque a una junta médica, encargue un nuevo informe médico acerca de la dolencia que da cuenta el recurso, y tome todas las medidas pertinentes a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que disponen las nombre reservado materia de autos, y cumplido ello, se pronuncie nuevamente respecto de éstas. 3.- Que se adopten las demás medidas que este ilustrísimo Tribunal estime necesarias a efectos de restablecer el imperio de derecho y la plena vigencia de los Derechos Fundamentales de mi representada. 4.- Que la recurrida sea condenada al pago de las costas del recurso, en caso de oposición.
Se acompañan los siguientes documentos:
1.- nombre reservado°RUT reservado y RUT reservado, 2.- Resolución Exenta R-01-UME-69990-2024, de fecha 30 de abril de 2024.
3.- Antecedentes médicos de la recurrente presentados en expediente de reclamación respectivo.
4.- Informe de fecha 06 de mayo de 2024, suscrito por medico Oncólogo tratante nombre reservado.
También comparece don DIEGO MONTERO QUEZADA, abogado en representación del Fondo Nacional de Salud, FONASA, informando lo siguiente:
I. En cuanto a la actuación del FONASA respecto al acto u omisión que se alega arbitrario o ilegal en la especie.
Antes que todo, es del caso aclarar que, en conformidad a nuestro Ordenamiento Jurídico, corresponde a las COMPIN o a las Isapres, en su caso, la aprobación o rechazo de las nombre reservado y no al FONASA.
Según lo dispuesto en los artículos 16 y 29 del Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, es la COMPIN quien debe aprobar o rechazar las nombre reservado, en cuanto a los afiliados del FONASA.
Señala el artículo 16 que “La Compin, la Unidad de nombre reservado o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las nombre reservado; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.
Por su parte, el artículo 29, en su inciso primero, refiere que “las nombre reservado serán autorizadas por la Compin y por la Unidad de nombre reservado”.
Ni la Ley N° 20.585 sobre otorgamiento y uso de nombre reservado, ni el D.S. N° 3, de 1984, de Salud, que aprueba el reglamento de autorización de nombre reservado por las COMPIN y las instituciones de salud previsional, menciona a FONASA como organismo tramitador ni autorizador de nombre reservado.
En cuanto al pago de los subsidios, compete a las propias COMPIN (función que hoy se encuentra centralizada en la Tesorería de la Subsecretaría de Salud Pública del Minsal, cual es el superior jerárquico de las COMPIN) o a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (CCAF), según sea que el trabajador esté o no afiliado a estas últimas.
La función de FONASA en la materia, se limita solamente a la entrega de los recursos financieros para el pago de nombre reservado Común de sus cotizantes, sea a la Subsecretaría de Seguridad Pública del Minsal o a las CCAF, según sea el caso.
Como se señaló anteriormente, a FONASA no le compete ni la tramitación ni la autorización de las nombre reservado; sino que su función se relaciona expresamente con el disponer de los recursos financieros a la COMPIN o a la CCAF, en su caso, cuando la licencia ha sido aprobada por la COMPIN.
En efecto, la COMPIN, es el órgano competente para la tramitación o autorización, en virtud de la facultad explicitada en el DS N° 3, que dispone “para los efectos de este reglamento, se entiende por nombre reservado el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante “el o los profesionales”, según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante “Compin”, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante “Seremi”, que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda”.
Atendido a que las nombre reservado fueron rechazadas por el organismo legalmente facultado para ello, no hubo una orden a FONASA para transferir los recursos financieros a la COMPIN o a la CCAF, por lo que no se vislumbra de qué forma esta recurrida habría incurrido en una pretendida “ilegalidad o arbitrariedad”, ya que no tiene injerencia en la aprobación o rechazo de una nombre reservado.
Más bien, en virtud de lo referido en el artículo 50 del DFL N° 1, de 2005, del Minsal, las funciones de FONASA tienen relación con el financiamiento de las prestaciones y la administración de los recursos del fondo. Dentro de ello, se encuentra el transferir mensualmente los montos de los Subsidios por Incapacidad Laboral a la Subsecretaría de Salud Pública, o a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (CCAF).
En definitiva, el FONASA no está facultado legalmente para fiscalizar sobre el uso, el origen, ni la causalidad de las nombre reservado de sus cotizantes, así como tampoco puede fiscalizar el pago de los Subsidios por Incapacidad Laboral (SIL) asociados a éstas, siendo estas atribuciones exclusivas de las COMPIN y de la SUSESO.
Solicita tener por evacuado el informe solicitado.
Además, comparece TOMÁS GARRÓ GÓMEZ, Abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, informando lo siguiente:
Solicita en primer lugar, se declare la improcedencia de la presente Acción de Protección, por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.
En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una nombre reservado que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de nombre reservado; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.
De tal forma, la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.
En esta parte, cabe reiterar a SS. Ilustrísima que la Acción de Protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República.
Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a “actos u omisiones arbitrarios o ilegales “.
Tratándose en consecuencia de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible accionar de protección ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto como ya se dijo, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental.
POR TANTO; En mérito de lo anteriormente expuesto, y en forma previa a entrar al análisis del fondo de la acción interpuesta;
SOLICITO A VS. ILUSTRÍSIMA se declare la improcedencia de ésta, en atención a que el asunto debatido se encuentra relacionado con una garantía constitucional (artículo 19, Nº 18, derecho a la seguridad social), que no se encuentra protegida por la acción interpuesta por la parte recurrente, con costas.
EN SUBSIDIO DE LA ALEGACIÓN ANTERIOR, INFORMA EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO QUE MOTIVA LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AUTOS.
1.- En relación con la Acción de Protección interpuesta por la Sra. nombre reservado, es del caso hacer presente a US. Iltma. que, conforme consta en el expediente administrativo PAE código R-30414-2024, la interesada recurrió a mi representada el día 29 de febrero de 2024, reclamando por cuanto la SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, confirmó el rechazo de las nombre reservado°s RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 120 días a contar del 12 de septiembre de 2023, por reposo no justificado.
Por lo anterior, mediante la Resolución Exenta Nº R-01-UME-69990-2024, de 30 de abril de 2024, previa solicitud de informe, y del estudio de los antecedentes del caso, mi representada concluyó que: “…el reposo prescrito por las nombre reservado°s RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa, en que las alteraciones que presenta son de curso crónico y no susceptibles de modificar con el reposo, debiendo ser evaluada por la Comisión Médica correspondiente al sistema previsional al que se encuentre afiliada y por consiguiente no corresponde acoger más nombre reservado por dicha patología”.
Concluye dicha Resolución que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las nombre reservado°s RUT reservado, RUT reservado, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.
2.- Ahora bien, respecto de la acción de autos, resulta necesario esclarecer cual es el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente Acción de Protección.
a)
El derecho a nombre reservado. Marco legal regulador.
En nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad.
Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, ella puede ser permanente o transitoria.
Para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS).
Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado nombre reservado, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.
En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer nombre reservado, esto es, reposo, el que unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.
El derecho a nombre reservado está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.
El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan nombre reservado por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.
En virtud del artículo 156 del mencionado D.F.L., el beneficio de nombre reservado también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.
La nombre reservado está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de nombre reservado, en los siguientes términos: “ Para los efectos de este reglamento, se entiende por nombre reservado el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez –Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud –Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”.
Como se ha expuesto y de acuerdo con las normas ya referidas, la nombre reservado es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.
En relación a la presente Acción de Protección, cabe indicar a US. Iltma. que el día 28 de abril de 2024, la profesional de mi representada, Dra. nombre reservado, informó acerca de la situación de la Sra. nombre reservado lo siguiente:
“FOLIO FUI: 901357 FOLIO EXPEDIENTE: R-30414-2024 “Sección A (Antecedentes Generales) “Tipo de Reclamo:
“(X) nombre reservado “Run interesado: RUT reservado
“Fecha de nacimiento del interesado: 17-09-1984 “Número de empleadores: 1 “Aseguradora: FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA)
“Entidad pagadora: CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES “Ocupación: , Profesional, en la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA “Sección B (Datos de las Licencias Reclamadas)
“Inicio de la licencia más antigua: 12-09-2023 “Cantidad total de días reclamados: 120 “Días autorizados por la(s) patología(s): 720 “Modalidad de emisión de las licencias reclamadas:
“(X) Particular/Libre Elección “( ) Institucional “( ) Ambas “Licencias:
“Datos Licencia 1 “nombre reservado: RUT reservado
“Diagnóstico: C81.9 - Enfermedad de hodgkin, no especificada “Nombre del médico: nombre reservado “Especialidad: Medico Cirujano “Alto emisor: ( ) SI (X) NO “Datos Licencia 2 “nombre reservado: RUT reservado
“Diagnóstico: C81.9 - Enfermedad de hodgkin, no especificada “Nombre del médico: nombre reservado “Especialidad: Medico Cirujano “Alto emisor: ( ) SI (X) NO “Sección C (Antecedentes Médicos) “IMC con fecha: (X) SI ( ) NO “Detalle: Aporta IMs 28-07-2023 y 02-08-2023: IM Hematooncologia y EU Coordinadora Centro de Investigación Lind: Paciente Portadora de Linfoma de Hodkings, diagnosticado en noviembre 2019, refractario 2 líneas de Quimioterapia y Radioterapia.27-11-23 FPA MARZO20 25.26-2-24 CENTRO ONCOLOGICO JAMES LIND:ONCOLOGO: Actualmente en Ensayo Clínico Inmunoterapia en Centro de Investigación del Cáncer James Lind, en tratamiento Pembrolizumab y SAR 444245, paciente ha completado 27 de 35 ciclos. Se mantiene estable, con síntomas leves posterior a tto..Se autoriza reintegro laboral.. Epicrisis Complejo asistencial Padre de las Casas: FI26-8-23 FE 4-9-23.Sepsis de origen urinario. INTERESADA: LInfoma Hodgkin (CA), médicamento de la inmunoterapia la desconpensaba y debía hospitalizarse ( adjnta antecedentes de ello. Epicrisis Complejo asistencial Padre de las Casas: FI26-8-23 FE 4-9-23.
“Peritaje con fecha: ( ) SI (X ) NO “Detalle:
“Exámenes con fecha: ( ) SI (X ) NO “Detalle:
“TPI: (X) SI ( ) NO “Detalle: 31-01-24 TACTORAX-ABD-PELVIS: Se identifican algunos linfonodos calcificados, adenopatía mediastínica sup preaortica de 22x10mm(antes 21x11mm).Sin adenopatías retroperitoneales. Resto sin lesiones significativas. “Lista de espera quirúrgica: ( ) SI (X ) NO ( ) N/A “Detalle:
“Acredita Atención GES: ( ) SI (X ) NO ( ) N/A “Detalle:
“Otros Antecedentes Médicos: ( ) SI (X ) NO “Detalle:
“Otros Antecedentes Relevantes: ( ) SI (X ) NO “Detalle:
“Sección D (Fundamentos de la resolución)
“Fundamentos resolución:
38 años, Profesional, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA, 720 DIAS AUT, Enfermedad de hodgkin, SOL.
120 DIAS DD. 12/09/2023,Aporta IMs 28-07-2023 y 02-08-2023: IM Hematooncologia y EU Coordinadora Centro de Investigación Lind: Paciente Portadora de Linfoma de Hodkings, diagnosticado en noviembre 2019, refractario 2 líneas de Quimioterapia y Radioterapia.27-11-23 FPA MARZO2025.26-2-24 CENTRO ONCOLOGICO JAMES LIND: ONCOLOGO: Actualmente en Ensayo Clínico Inmunoterapia en Centro de Investigación del Cáncer James Lind, en tratamiento Pembrolizumab y SAR 444245, paciente ha completado 27 de 35 ciclos. Se mantiene estable, con síntomas leves posterior a tto..Se autoriza reintegro laboral..Epicrisis Complejo asistencial Padre de las Casas: FI26-8-23 FE 4-9-23.Sepsis de origen urinario. INTERESADA: LInfoma Hodgkin (CA), médicamento de la inmunoterapia la desconpensaba y debía hospitalizarse ( adjnta antecedentes de ello. Epicrisis Complejo asistencial Padre de las Casas: FI26-8-23 FE 4-9-23.31-01-24 TACTORAX-ABD-PELVIS: Se identifican algunos linfonodos calcificados, adenopatía mediastínica sup preaortica de 22x10mm(antes 21x11mm).Sin adenopatías retroperitoneales. Resto sin lesiones significativas. SUSESO ACOGIO ULTIMAS Y SOLICITO TPI.6-3-24 SPENSIONES:SIN PRESENTACIONES.EN CONCORDANCIA CON RE PREVIA,SE RECHAZA Y SOLICITA TPI”.
Ahora bien, es del caso indicar a US. Iltma. que la pretensión de la recurrente de permanecer con nombre reservado no cumple con el espíritu y sentido de la definición de la nombre reservado contenida en el artículo 1° del D.S N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, ya que sólo es posible concluir que la esencia del derecho a nombre reservado, es su carácter transitorio y temporal, por cuanto, no es un derecho de carácter indefinido y supone siempre, la posibilidad cierta, de reincorporación laboral del trabajador.
En armonía con lo anterior, el Capítulo IV de la Circular N° 1.535, de 1 de octubre de 2008, de la Superintendencia de Pensiones, dispone (Página 52): "..si se encuentra acogido a nombre reservado, ésta no podrá ser suspendida mientras dure el proceso de calificación de invalidez, es decir, hasta que quede ejecutoriado el primer dictamen. Lo anterior, siempre que se trate de la primera solicitud de pensión de invalidez". En este punto cabe reiterar a US. Iltma. que la Sra. nombre reservado, hasta la fecha, no ha dado inició a ningún trámite para la calificación de su invalidez.
De esta forma, de los antecedentes médicos y administrativos citados, claramente es posible establecer que el reposo temporal otorgado por la nombre reservado reclamada, no se encuentra médicamente justificado, por lo que es procedente su rechazo.
b)
Facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia.
Como se desprende de la relación de hechos que se ha realizado previamente en este escrito, lo cual solicito se tenga por reproducido en esta parte, la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.
En efecto, como SS. ILTMA., muy bien conoce, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.
Ahora bien, el legislador ha establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificado recientemente por la Ley Nº 20.691, de 2013, cuáles son las funciones esenciales de la Superintendencia de Seguridad Social.
A su vez, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que:
“La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”.
El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”
A su vez, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”.
Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la señalada Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone que a mi representada le corresponderá:
“Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes.”
En seguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley Nº 20.691, dispone que corresponde a mi defendida: “Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”.
Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, mi representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la nombre reservado y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA).
c)
Ausencia de ilegalidad y arbitrariedad.
Cabe hacer presente a SS. ILTMA. que, en lo que respecta al derecho a nombre reservado, a la Superintendencia de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 16.395, le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario. En tal sentido, a la referida entidad de salud le sucedieron los Servicios de Salud y con ocasión de la reforma a la Autoridad Sanitaria, las funciones que no derivan del Código Sanitario fueron traspasadas a las SECRETARÍAS REGIONALES MINISTERIALES DE SALUD (SEREMIS DE SALUD), las que tienen a su cargo las COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN), entidades que como ha quedado claramente establecido participan en la administración del derecho a nombre reservado, ya sea actuando como primera instancia, respecto de los trabajadores cotizantes del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA) o bien como instancia de apelación en el caso de las nombre reservado otorgadas a afiliados a Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES).
En efecto, las resoluciones de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), relativas a la autorización, rechazo o modificación de nombre reservado son apelables en el plazo de 15 días hábiles ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), instituciones de previsión que en la actualidad dependen de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI). Además, estas instituciones deben resolver acerca de la autorización, rechazo o modificación de las nombre reservado extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).
En consecuencia, los pronunciamientos que en materia de nombre reservado emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de “supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la de calificar la legalidad de los ingresos, así como la oportunidad y finalidad de los egresos e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se otorguen a los imponentes”.
Cabe hacer presente, además, que el procedimiento para la autorización de las nombre reservado está previsto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud. En este cuerpo reglamentario se contemplan expresamente causales de rechazo de nombre reservado.
De acuerdo con este procedimiento, el trabajador cotizante de FONASA (sistema público de salud), afectado por el rechazo de una nombre reservado dispuesto por una COMPIN, puede solicitar la reconsideración de tal resolución.
En caso que la COMPIN, analizados los nuevos antecedentes, si es que los hay, y reestudiado el caso, confirme su anterior resolución, el trabajador puede reclamar ante esta Superintendencia, la que revisa, de acuerdo con el marco legal señalado, lo actuado por la COMPIN, en cuando a la procedencia o no de autorizar la nombre reservado cuestionada. Ciertamente, en caso que se confirme por esta institución de control, lo resuelto por la COMPIN, el trabajador afectado puede solicitar reconsideración de acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L N° 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Además, la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”.
En el caso de la Sra. nombre reservado, claramente su “derecho a nombre reservado” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de la nombre reservado reclamada.
Lo anteriormente expuesto, debe llevar a ese ILTMO. Tribunal a desestimar la ilegalidad y arbitrariedad en la actuación de mi defendida. En esta parte, SS. ILTMA., muy bien sabe que para que un acto sea arbitrario, este debe responder al capricho, a la mera voluntad sin fundamento o raciocinio alguno por parte del que lo emite. Es del caso, que, respecto de las licencias reclamadas, el dictamen impugnado de arbitrariedad contiene los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo, en cuyo mérito resolvió esta Superintendencia previo estudio de los antecedentes médicos del caso.
Así, lo ha reconocido la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago que en causa Rol Nº 19213-2014, por el recurso interpuesto por la Sra. nombre reservado, resolvió en cuanto a la fundamentación contenida en los oficios de mi representada lo siguiente: “Que la Superintendencia recurrida afirma que se pronunció sobre el rechazo de las nombre reservado° 39674860; 39674862; 39765061; 39765070; 39913805; 39913828; 40228202 y 39765091 luego de haber revisado los antecedentes clínicos de la niña Rania nombre reservado, incluido el informe de la médico tratante y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por ella no se encontraba justificado al no acreditarse la gravedad de la enfermedad durante el lapso que las mismas cubren”.
“Que la aseveración efectuada en el motivo precedente por la recurrida encuentra correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente N° 01736-2014-P1, tenido a la vista, en los que no sólo se encuentran las resoluciones impugnadas, sino el examen realizado a la hija de la recurrente en el Centro Radiológico Fleming el día 8 de enero de 2013”.
“Que a la luz de los antecedentes referidos en los motivos sexto y séptimo se aprecia que no aparece desprovisto de fundamento el acto recurrido, desde que no se encuentra acreditada la existencia de la enfermedad por la cual se otorgaron las licencias reclamadas. En consecuencia, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad alguna en la decisión de la recurrida de rechazar el reclamo del afiliado respecto de las nombre reservado, razón por la que el presente recurso debe ser rechazado”.
Asimismo, la Excma. Corte Suprema, en la causa Rol N° 33.059-2020, en sentencia de 30 de abril de 2020, que revoca la sentencia recurrida, señala: “Cuarto: Que el tribunal de instancia resolvió acoger el recurso de proteccioń intentado, dejando sin efecto la resolución recurrida, ordenando que se proceda al pago de las nombre reservado. Apela la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando a esta Corte que revoque la sentencia, rechazando en todas sus partes la acción de protección, precisando como fundamento del recurso, que los antecedentes del caso no daban cuenta de la existencia de incapacidad laboral temporal. Muy por el contrario, señala que la decisioń se fundó en los antecedentes médicos, y en un informe pericial realizados a la recurrente en forma proxima en el tiempo al inicio de la primera nombre reservado objeto del presente recurso, a propósito de nombre reservado presentadas sin solución de continuidad por la recurrente respecto a la misma patología, en que concluye que la recurrente ya, al 15 de mayo de 2019, estaba en condiciones de reintegrarse a su trabajo. “Quinto: Que, así las cosas, no sólo habiéndose considerado los antecedentes clínicos de la recurrente, sino que adicionalmente todos los documentos por ella aportada, así como los protocolos para la recuperacioń y pago de nombre reservado, y especialmente la existencia del peritaje mencionado, que da cuenta de que la recurrente estaba en condiciones de reintegrarse a sus labores, tras una incapacidad temporal ya prolongada, es que el actuar de la Superintendencia del ramo se encuentra debidamente fundada, no pudiendo calificarse como un acto arbitrario, ni ilegal, por adecuarse a lo previsto en la Ley N° 20.585 sobre otorgamiento y uso de nombre reservado; en el Reglamento de autorizacióń de nombre reservado por las Compin e Instituciones de Salud Previsional; y la Circular IF/265 del 03/06/2016 de la Superintendencia de Salud”.
Por todo lo anterior, se aprecia que, la conclusión del dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social, impugnado por la recurrente, referido a las nombre reservado reclamadas, encuentra correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente administrativo que se acompaña, los que no sólo se encuentran en el dictamen impugnado, sino en una serie de antecedentes médicos, que respaldan la conclusión del mismo.
En este mismo sentido, es posible hacer mención a lo resuelto por la Excma. Corte Suprema, Rol 59.628-2020, del 28 de mayo de 2020, que revocó la sentencia de primera instancia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción, que previamente había acogido el recurso de protección interpuesto por la Sra. nombre reservado estimó que:
“Cuarto: Que los antecedentes referidos en el considerando previo, los que fueron debidamente analizados y, en especial, el informe médico pericial, son más que suficientes para arribar a la decisión que se adoptó por el órgano contralor, por lo que mal podría estimarse que la resolución impugnada, en cuanto fundadamente desestimó el reclamo formulado por la actora, sea arbitrario por carecer de motivación.
“Por estas consideraciones y de conformidad, igualmente, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se revoca la sentencia apelada y en su lugar se declara que se rechaza el recurso de protección de autos”.
d)
Ausencia de derechos vulnerados.
Por último, cabe hacer presente a US. Ilustrísima que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, mi representada se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un hipotético derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.
En cuanto a la eventual vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica y salud, garantizado a todas las personas en los numerales 1° y 9º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, simplemente cabe preguntarse cómo podría mi representada haber atentado contra dichas garantías, como la vida, integridad física o psíquica y la protección de la salud, por cuanto, en su actuar, la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido. En efecto, mi representada, de modo alguno, ha causado las afecciones que supuestamente padece el recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, es incuestionable que la Sra. nombre reservado siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante y que pudo realizar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido, de manera alguna el acceso de la recurrente a la salud. La única intervención del Servicio indicado en el caso del recurrente responde al mandato legal de pronunciarse respecto de las reclamaciones que presentó impugnando las resoluciones de la referida COMPIN, que rechazó las nombre reservado en comento.
En cuanto al derecho de propiedad, cabe hacer presente a US. ILTMA., que el otorgamiento de una nombre reservado por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos:
1.- Una nombre reservado autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN)
2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente.
En consecuencia, no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una nombre reservado autorizada, cuestión que como ya se ha indicado no media en la especie. En este punto, en el caso de la recurrente, no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen nombre reservado autorizadas, sino que rechazadas sin generar, por lo tanto, el derecho que esgrime la recurrente de autos.
Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la nombre reservado por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador. Esta conclusión es a todas luces inaceptable.
En efecto, lo anterior fue rescatado por el citado fallo de la Iltma. Corte de Valparaíso, de fecha 7 abril de 2015, en causa rol 557-2015, que señaló lo siguiente: “…Que en relación a lo expuesto en el apartado que antecede, no cabe alegar por parte del recurrente un derecho de propiedad de que gozaría por haber “una privación a mi legítimo derecho a retribución monetaria consagrada en nuestra legislación en los casos de imposibilidad de trabajar por enfermedad”, dado que la emisión de una nombre reservado no puede significar que la misma, por sí misma, otorgue al trabajador un derecho a recibir una retribución monetaria con su sola emisión, la que entraría de inmediato a su patrimonio, desde que ella puede ser rechazada o modificada en su extensión, como se dijera, por el organismo competente para ello.
“Décimo: Que siendo el presente arbitrio uno extraordinario, para poner pronto remedio a la vulneración de un derecho del que es detentador su titular, el mismo no puede ser utilizado para discutir la existencia de una enfermedad común y si la misma puede ser objeto de una incapacidad laboral transitoria o definitiva, con el resultado que en cada una de esas opciones se produzca, situación que en la especie requeriría la concurrencia de otra sede procesal que no es la que nos convoca en el presente recurso.
“Undécimo: Que en consecuencia, de lo expuesto fluye sin lugar a dudas, que la actuación en contra de la cual se ha interpuesto esta acción ha sido adoptada por las autoridades competentes, en un procedimiento legalmente tramitado, de manera que no es arbitrario, y que las decisiones fueron adoptadas por las respectivas comisiones médicas con los antecedentes idóneos para ello, no resultando por lo tanto ilegales, como se pretende por el recurrente, por lo que atendido lo expuesto, se rechazará la acción de protección deducida en cuanto persigue sostener lo contrario”.
Finalmente, cabe indicar que la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta, respecto de la Acción de Protección Rol Nº 2526-2020, en su Sentencia de 15 de julio de 2020, ratificada por la Excma. Corte Suprema el 2 de septiembre de 2020, señala:
“SÉPTIMO: Que en lo que respecta al fondo del asunto, de la narración fáctica de la acción y de los documentos acompañados por las partes, se desprende que por su intermedio se persigue que se deje sin efecto la resolución de la SUSESO y por tanto de la COMPIN, ordenado el pago de las nombre reservado a la recurrente. No obstante, como señaló en supra, el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados. En el presente caso, se cuestionó la negativa de pago de nombre reservado y la decisión denegatoria de las recurridas, en materias propias de la seguridad social, que por su naturaleza técnica-médica desbordan la esfera de protección inmediata y cautelar del recurso de protección, razón suficiente para rechazar la acción constitucional.
“OCTAVO: Que asimismo debe tenerse presente que el otorgamiento de nombre reservado, está regulado por el Decreto Fuerza de Ley N° 3 de 1981, del Ministerio de Salud, que “fija Normas para el Otorgamiento de Prestaciones y Beneficios de Salud, por Instituciones de Salud Previsional”; por el Decreto Supremo N° 3, del mismo ministerio que “aprueba Reglamento de Autorización de nombre reservado por las Compin e Instituciones de Salud”. En este último, se define se nombre reservado como: “el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médicocirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda.”.
“Asimismo, en su artículo 11 y siguientes, se regula su tramitación, y el artículo 21, permite “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de nombre reservado o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas”. Describiendo nuevos exámenes para corroborar la necesidad del reposo como la recuperabilidad de la capacidad de trabajo, ambos presupuestos para acceder al pago del subsidio temporal.
“NOVENO: Que conforme a la normativa aplicable al presente recurso, las recurridas tienen dentro de sus facultades, para velar por el adecuado uso del derecho a subsidio laboral por incapacidad temporal ante la presentación de licencias continuas, practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas, y de aprobación, reducción o rechazo de la nombre reservado presentadas, por lo que su ejercicio no puede calificarse como ilegal o arbitrario.
“DÉCIMO: Que debe descartarse todo vicio de arbitrariedad, pues basta con realizar una lectura de la resolución recurrida cuestionada para advertir que no está basado en el mero capricho del emisor, sino debidamente fundada y en armonía con los antecedentes que obran, junto con los proporcionados por la Comisión contra la cual reclamó en su oportunidad. Así, especialmente resulta relevante para el análisis en torno a la arbitrariedad de la decisión, el hecho que cuando la recurrida analizó los antecedentes de las licencias, habiendo aprobado previamente 342 días continuos de reposo, decide luego rechazar el recurso interpuesto por el recurrente.
“UNDÉCIMO: Que en consecuencia, el caso ha sido revisado por la Comisión, la Superintendencia y por peritos de la Isapre, llegando a la conclusión que la recurrente presenta compromiso leve de su capacidad funcional, por lo que se encuentra en condiciones de reinsertarse a su trabajo. Lo anterior, en concordancia con lo resuelto en las resoluciones impugnadas, que señalan que la decisión se basa en que los informes médicos aportados no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya cursado, el cual alcanza a 342 días de reposo, tiempo que se estima adecuado y suficiente para la resolución del cuadro clínico, lo que permite inferir, tal como lo hicieron las recurridas, que el reposo extendido resulta excesivo y sin antecedentes concretos que lo justifiquen, lo que conlleva necesariamente a la inexistencia del comportamiento antijurídico invocado para dar fundamento al recurso y por lo mismo corresponde desestimarlo”.
POR TANTO; en mérito de lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 19 N° 18 y 20, ambos de la Constitución Política de la República, en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales; lo preceptuado en la Ley N° 16.395, orgánica y de funciones de la Superintendencia de Seguridad Social; en el D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, lo dispuesto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud y demás disposiciones pertinentes;
DE SS. ILUSTRÍSIMA solicita, en subsidio de las anteriores peticiones y para el improbable evento que algunas de ellas no sean acogidas, tener por evacuado el informe solicitado respecto de la acción de protección interpuesta por doña nombre reservado, y con su mérito rechazarlo en todas sus partes, con costas.
Acompaña los siguientes documentos: Copias de los antecedentes que obran en los expedientes administrativos, relativos al caso de doña nombre reservado.
Finalmente comparece don nombre reservado. Secretario Regional Ministerial de Salud. Región de La Salud de La Araucania informa lo siguiente:
1.- Según lo establecido en el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 3 de 1984, Reglamento de Autorización de nombre reservado por las COMPIN e Instituciones Previsionales, del Ministerio de Salud, se entiende por nombre reservado el derecho que tiene un trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un tiempo determinado en cumplimiento de una indicación profesional certificado por un médico cirujano, dentista o matrona, reconocido por su empleador en su caso y autorizada por una COMPIN o Institución de Salud Previsional (ISAPRE) según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de un subsidio especial con cargo a la entidad de previsión. De esta definición se desprende, que las nombre reservado se otorgan con el fin de recuperar la salud y que es por un tiempo determinado de reposo.
2.- El artículo 16 del Decreto Supremo Nº 3 de 1984, ya mencionado, faculta a la COMPIN, la Unidad de nombre reservado o la ISAPRE, según corresponda, para aprobar o rechazar las nombre reservado; reducir o ampliar el periodo de reposo solicitado o cambiarlo de total o parcial y viceversa.
3.- Para la visación de una nombre reservado, el Médico Contralor de COMPIN se basa en los antecedentes médicos aportados y en las Guías Referencial de Reposo Médico y Reintegro Laboral en Personas con problemas y/o Enfermedad Mental. Lo anterior está incluido en la Ley Nº 20.585, sobre Otorgamiento y nombre reservado.
4.- Que, respecto de las nombre reservado rechazadas y por las que se recurre, se indica lo siguiente:
a)
nombre reservado° MEDI-2 RUT reservado: Emitida a contar del 12.09.2023 por 60 días, con diagnóstico “Enfermedad de Hodgkin, no especificada” por médico general, nombre reservado.
● Rechazada por COMPIN Subcomisión Cautín con fecha 25.09.2023 considerando: “Sin causa médica que justifique el reposo. Reposo prolongado para la patología”
● Ingresa Recurso de Reposición con fecha 01.12.2023, con el que se mantiene rechazo con el argumento: “Sin causa médica que justifique el reposo. Reposo prolongado para patología”, con fecha 28.12.2023.
b)
nombre reservado° MEDI-2 RUT reservado: Emitida a contar del 11.11.2023 por 60 días, con diagnóstico “Enfermedad de Hodgkin, no especificada” por médico general, Dr. nombre reservado.
● Rechazada por COMPIN Subcomisión Cautín con fecha 21.11.2023 considerando: “Sin causa médica que justifique el reposo. Reposo prolongado para la patología”
● Ingresa Recurso de Reposición con fecha 21.01.2024, con el que se mantiene rechazo con el argumento: “Sin causa médica que justifique el reposo. Reposo prolongado para patología”, con fecha 20.01.2024.
5.- Que, la Contraloría Médica de la COMPIN Subcomisión tuvo en consideración los siguientes antecedentes Para evaluar las nombre reservado:
a)
Listado maestro de nombre reservado años 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.
b)
Informe de epicrisis Complejo Asistencial Padre Las Casas, fecha de egreso 04.09.2023, por Dr. nombre reservado.
c)
Informe tratamiento, por Dr. nombre reservado, oncólogo médico, fechado 30.10.2023.
d)
Informe coordinadora, por enfermera nombre reservado, fechado 30.10.2023.
e)
Informe de epicrisis Complejo Asistencial Padre Las Casas, fecha de egreso 10.11.2023, por Dr. nombre reservado.
f)
Informe complementario de médico tratante, Dr. nombre reservado, oncólogo-hematólogo, fechado 21.11.2023.
6.- Que, en atención a lo anterior, la Contraloría Médica de la COMPIN concluyó lo siguiente:
a)
Antecedentes médicos aportados que no justifican reposo. Reposo prolongado para patología:
● La trabajadora comenzó reposo por patología oncológica 02.10.2019, acumulando al 09.03.2024, un total de 1.441 días de nombre reservado, de los cuales, los primeros 1.261 fueron autorizados.
● De los antecedentes médicos aportados, se desprende que la trabajadora fue diagnosticada con un Linfoma de Hodgkin en 2019, refractaria a 2 líneas de quimioterapia y radioterapia, al momento de las licencias reclamadas se mantiene en inmunoterapia. Ha sido hospitalizadas en al menos dos oportunidades por complicaciones, septicemia y shock anafiláctico. En informe de médico tratante del 27.11.2023, se aporta poca información en cuanto a la respuesta al tratamiento a esa fecha, no se refiere a cambios en la enfermedad, solo hace referencia a las complicaciones asociadas al tratamiento y proyecta como fecha de reintegro laboral en marzo del año 2025.
● Pérdida De Temporalidad Del Reposo: La definición de nombre reservado contenida en el artículo 1° del D.S. N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, establece que es el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un tiempo determinado, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador (en su caso) y autorizada por una Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez o Institución de Salud Previsional, según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de un subsidio por incapacidad laboral si cumple los requisitos legales establecidos para tales efectos o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda. De lo anterior se entiende que la finalidad de la nombre reservado es que sea temporal y que tienda a la recuperación para retornar a la actividad laboral. En este caso, el médico tratante no dejó clara la intención curativa del tratamiento en curso, informando la respuesta al mismo, por otra parte, estima fecha de reintegro laboral en un plazo mayor a un año desde la fecha del informe.
b)
La Superintendencia de Seguridad Social ha confirmado el rechazo de las licencias reclamadas, realizado por nuestra COMPIN, mediante Resolución Exenta N° R-01-UME-69990 del 30.04.2024, por no encontrarse justificado el reposo.
Por todo lo señalado anteriormente, se estimó que el reposo prescrito por medio de las nombre reservado° RUT reservado y RUT reservado no se encontraban clínicamente justificado dada la pérdida de la temporalidad del reposo, basándose en los antecedentes médicos aportados por su tratante y las normas técnicas vigentes, no habiendo ilegalidad ni arbitrariedad en los actos realizados por esta contraloría médica.
7.- Se acompañan siguientes antecedentes:
a)
Histórico de nombre reservado.
b)
Resoluciones exentas emitidas por COMPIN Subcomisión Cautín y SUSESO.
c)
Informes médicos.
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.
SEGUNDO: Que, en primer lugar, corresponde pronunciarse sobre la alegación de la SUSESO, en cuanto, la improcedencia del recurso en materias relacionadas con el derecho de seguridad social. Al efecto, y sin perjuicio que sobre tal tópico existen opiniones disímiles entre los constitucionalistas que abogan por la aplicación estricta del recurso a los derechos señalados en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado y los que hablan del bloque de constitucionalidad que obligaría a considerar los tratados internacionales y entre ellos los que abarcan un abanico mayor de derechos que deben ser objeto de protección, debe tenerse presente que el recurso intentado tiene como sustento las alegaciones relativas a vicios que afectarían a la Resolución Exenta N° R-01-UME-157008-2023 Santiago, 27/11/2023, lo que configura una vulneración del principio de juridicidad que los organismos del Estado, de modo tal, que la alegación subsidiaria planteada debe ser desestimada.
TERCERO: Que, por el recurso de autos se recurre contra la Resolución Exenta R-01-UME-69990-2024, de fecha 30 de abril de 2024, por la que la SUSESO, desestima el recurso de apelación, presentado contra la determinación de la COMPIN de rechazar las nombre reservado°RUT reservado y N°RUT reservado, extendidas por un total de 120 días a contar del 12 de septiembre de 2023, por estimar el reposo no justificado. La referida resolución señala en su parte pertinente: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las nombre reservado°s RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa, en que las alteraciones que presenta son de curso crónico y no susceptibles de modificar con el reposo, debiendo ser evaluada por la Comisión Médica correspondiente al sistema previsional al que se encuentre afiliada y por consiguiente no corresponde acoger más nombre reservado por dicha patología.”
CUARTO: Que, en cuanto al fondo del recurso, debe considerarse que el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 que aprueba el Reglamento de Autorización de nombre reservado por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en lo pertinente, dispone que: "En caso de rechazo de una licencia, o de reducción o ampliación del plazo de reposo, la resolución o pronunciamiento respectivo se estampará en el mismo formulario de licencia y se dejará constancia de los fundamentos tenidos en vista para adoptar la medida".
QUINTO: Que, conforme al informe médico del Oncólogo nombre reservado se pude establecer que:
1.- El año 2019 la recurrente fue diagnosticada con Linfoma de Hodgkin clásico estadio II A (formación de células malignas, cancerosas, en el sistema linfático).
Que en el mes de abril de 2022 ingresó a estudio en el centro de investigación del Cáncer James Lind de la ciudad de Temuco, en donde comenzó tratamiento de inmunoterapia mediante el suministro periódico de 2 medicamentos, Pembrolizumab y SAR444245, por un total de 35 ciclos cada 21 días.
2.- Que durante el segundo semestre del año 2023 la recurrente requirió de hospitalizaciones recurrentes transitorias como consecuencia de la intensidad de los síntomas adversos, a saber, compromiso de estado general, vómitos, diarrea, fiebre hasta 39-40°C, hipotensión y dolor generalizado, que requieren necesariamente hospitalización para su estabilización, atendida su condición.
3.- Que, la hospitalización del mes de diciembre de 2023 se relacionó directamente con el suministro de uno de los medicamentos, específicamente la droga SAR444245, por lo que los médicos tratantes decidieron, a partir del mes de enero de 2023, realizar ajustes al tratamiento y discontinuar la droga, manteniendo los ciclos del tratamiento únicamente con Pembrolizumab.
4.- Que a partir del cese en el suministro de la droga SAR444245, solo se han presentado síntomas leves posteriores al tratamiento, como cansancio y cefalea, recuperándose con reposo en un plazo de 1 o 2 días, sin requerir de hospitalizaciones y manteniendo buenas condiciones generales.
5.- Que desde el mes de marzo de 2024 no ha sido necesaria la prescripción de nuevas nombre reservado, retomando sus actividades laborales con relativa normalidad.
A lo anterior se debe agregar que según consta a folio 15 por Resolución Exenta N° R-01-UME-97759-2024, de fecha 23 de junio de 2024, la SUSESO acoger el reclamo de fecha 10 de mayo de 2024 presentado por doña nombre reservado, RUN RUT reservado, contra la SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, que había rechazado la nombre reservado° RUT reservado, extendida por un total de 60 días a contar del 10 de enero de 2024, por reposo no justificado, estimando que del estudió de los antecedentes y con su mérito el reposo prescrito por la nombre reservado° RUT reservado, se encontraba justificado. Esta conclusión se basa, en que el informe médico aportado permite establecer la existencia de incapacidad laboral temporal durante la nombre reservado reclamada, con la cual completa un reposo suficiente para la resolución del cuadro clínico. En este contexto la Superintendencia instruye autorizar la nombre reservado° RUT reservado.
SEXTO: Que, de lo señalado precedentemente, aparece que la Superintendencia de Seguridad Social al actuar de la manera dicha no se ajustó a la legalidad vigente, desde que no justificó ni desvirtuó debidamente - debiendo haberlo hecho- teniendo en consideración que la paciente acompañó precisamente informes de éstos, que justificaban el reposo, de manera que los fundamentos plasmados en el rechazo , que resuelve la apelación de la resolución de la nombre reservado, resulta insuficiente para resolver el rechazo y no otorgar el pago de la misma a quien se encuentra en estado de no poder trabajar, lo que conlleva que la decisión adoptada sea no solo ilegal sino que también arbitraria.
SEPTIMO: Que, la relación de la grave patología que ha afectado a la recurrente tratada por médicos especialistas y los efectos propios del cáncer que padece avalan plenamente la procedencia de las nombre reservado objetadas. A ello se debe agregar que la propia SUSESO con posterioridad al rechazo aprobó una nueva licencia y ordeno su pago. A ello se debe agregar, que en el presente caso no nos encontramos ante patologías de dudoso diagnóstico, ni ante licencias artificialmente prolongadas en el tiempo, todo lo contrario, son licencias avaladas por médicos especialistas que buscan la rehabilitación de una paciente que, padecía de una enfermedad extremadamente grave, como ser un Linfoma de Hodgkin clásico estadio II A.
OCTAVO: Que, si bien en principio en el ámbito de la discrecionalidad técnica no cabe, en el evento de estimarse ilegal el proceder de la administración, sustituir la voluntad de la misma dictando un acto de reemplazo, ello admite excepción cuando existe una sola vía de actuación posible, y es del caso que los antecedentes allegados en autos han formado convicción en los suscritos, que dada la patología que afectaba a la paciente, respecto de lo cual hay consenso, solo corresponde aprobar las nombre reservado que han sido impugnadas, siendo innecesario disponer una nuevo peritaje, que solo sería reiterativo de lo los hechos que por sí solo demuestran un único curso de acción posible, a saber aprobar la referidas licencias.
NOVENO: Que, de esta manera, el actuar de la recurrida constituye una vulneración al derecho cuya protección garantiza el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, desde que la disminución y el rechazo de la licencia importan la privación a un derecho a retribución monetaria contemplada expresamente por la ley en los casos de imposibilidad de trabajar por enfermedad, quebrantamiento que, adicionado a la ilegalidad señalada en el motivo anterior, llevan a concluir que la acción constitucional deducida debe ser acogida.
Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE DECLARA QUE SE ACOGE, el recurso de protección interpuesto por el abogado don ANDRES ARANEDA CRUZ, en favor de doña nombre reservado y en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, dejando sin efecto la Resolución Exenta R-01-UME-69990-2024, de fecha 30 de abril de 2024, por la que la SUSESO, desestima el recurso de apelación, presentado contra la determinación de la COMPIN de rechazar las nombre reservado°RUT reservado y N°RUT reservado, las que se tienen por aprobadas debiéndose disponer el pago íntegro de las mismas.
Regístrese y archívese en su oportunidad.
Redacción del Abogado Integrante Sr. Roberto Contreras.
Rol N° Protección-4496-2024.(jog)