nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, seis de julio de dos mil veintitrés.

Al escrito folio N° 14: A todo: Téngase presente.

VISTOS Comparece don nombre reservado, abogado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, deduciendo en la representación de don nombre reservado, chileno, empresario, cédula nacional de identidad N.º RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, acción de protección en contra de Doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N.ºRUT reservado, ignoro profesión u oficio, y en contra de don nombre reservado cédula nacional de identidad N.º RUT reservado, ignoro profesión u oficio ambos con domicilio en domicilio reservado. LOS HECHOS. 1. Con fecha 02 de mayo del año 2023, su representado recibe un mensaje de texto a través de la aplicación móvil WhatsApp por parte de un contacto amigo, con una impresión de pantalla, (o captura de pantalla o pantallazo), sobre una supuesta “estafa” cometida por su representado. 2. Desde el 04 de mayo del 2023, día en que tomó conocimiento de la primera “FUNA”, mi representado y ahora su familia ha sido víctima de una serie de actos de acosos, funas y amenazas a través de diversos mensajes enviados vía mensajería a través de la aplicación “Whatsapp”, por parte de los recurridos, quienes constantemente han procedido a denostar la imagen del recurrente, toda vez que don nombre reservado se dedica a la comercialización a través de la importación y venta de herramientas y equipos para el servicio automotriz, imputándole delitos y conductas moralmente reprochables, que le han causado grave perjuicio y menoscabo a su vida y a la de su familia. 3. El origen de las falsas acusaciones contra su representado, tiene su origen en una adquisición que los recurrentes hicieron a la empresa de su representado, de un producto que debido a su absoluta ignorancia, falta de experiencia, y desconocimiento de dicho equipo, no lo hicieron funcionar correctamente, lo anterior esta parte lo conocer, toda vez que los recurridos, interpusieron querella y demanda por supuesta infracción a LDPC, causa seguida ante el 1º Juzgado de Policía Local de Temuco, ROL n.º 281.969-QC, causa que tiene fijado comparendo de estilo para el día 26 de julio 2023. Este proceso se encuentra actualmente en la etapa de audiencia de contestación, conciliación y prueba, por lo tanto, aun sin sentencia absolutoria o condenatoria firme. 4. Desde el día 4 de mayo de 2023, día en que la recurrente toma conocimiento del primer mensaje enviado por mensajería whatsapp a uno de sus contactos, estos se han vuelto más constantes, enviándole incluso mensaje a la madre de su representado, como se acreditará, apreciara V.S.I. que el hostigamiento hacia su representado y su familia, como consecuencia de la funas con contenido difamatorio que han llevado los recurridos, ha sido permanente, afectando ámbitos de su vida privada, laboral y familiar. 5. En las siguientes figuras que luego se acompañan en un otrosí de esta presentación, se aprecia el contenido difamatorio con carácter de permanente que han realizado los recurridos, actos que han aún se encuentran en publicaciones vigentes relacionadas a aspectos de su vida privada, en el ámbito laboral, familiar e incluso religioso. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS EN VIRTUD DE LA EXPOSICIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS, EL CONTENIDO DIFAMATORIO DE LA PUBLICACION Y LA UTILIZACION DE SU IMAGEN SIN SU CONSENTIMIENTO. 1. La del articulo 19 Nº1 de la Constitución Política de la República, relativa al “Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”. Es menester señalar que esta garantía constitucional ha sido amagada por las publicaciones de los recurridos al promover un enjuiciamiento público a través de las redes sociales, específicamente (hasta ahora al menos) a través de la aplicación “Whatsapp” sobre hechos donde no hay sentencia condenatoria firme, emanada del tribunal de justicia correspondiente, que establezca la responsabilidad penal de su representada. Así las cosas, S.S Ilustrísima, en razón a que los recurridos han difamado el nombre de mi representada, de su empresa y la de su familia, como también su integridad física y sobre todo psíquica se ha visto perjudicada, al realizar acusaciones falsas, infundadas y difamatorias que han provocado que, amigos, compañeros de trabajo, proveedores, clientes, conocidos y cualquier persona que no le conozca tenga acceso a su imagen asociada bajo los términos planteados por los recurridos. En este sentido y de acuerdo a las publicaciones que se acompañan en un otrosí de esta presentación, la recurrente ha sido tratado como una DELINCUENTE – ESTAFADOR, entre otros epítetos que merman a su persona. En razón de la grave acusación de orden criminal que han hecho los recurridos a la persona de su representado, acompañaré en estos autos un certificado de antecedentes, que declaran absolutamente lo contrario, debiendo los recurridos respetar uno de los principios rectores de nuestro ordenamiento jurídico; la presunción de inocencia, en virtud del mandato del artículo 5° inciso 2° de la Constitución, derecho que se incluyó en el artículo 4° del Código Procesal Penal, el cual dispone: "Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme". Este principio forma parte del derecho al debido proceso, tal como lo establece el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, determinando que una persona es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad, derecho que forma parte del bloque constitucional de derechos consagrados. 2. La del artículo 19 Nº4 de la Constitución Política de la República, relativa a “El respeto y la protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia” Lo realizado por los recurridos a través de sus diversas publicaciones es un acto ilegal y arbitrario que ha impedido que desde el 04 de mayo del 2023 a la fecha su representado, pueda desarrollar su vida normal. Las publicaciones han afectado su honra desde el punto de vista objetivo y subjetivo, siguiendo la distinción realizada por nuestra Excelentísima Corte Suprema. Desde un punto de vista subjetivo porque, en definitiva, las diversas publicaciones afectan su autoestima al verse expuesto a funas permanentes que tienen como único objeto destruir el valor intrínseco de su persona con la sociedad, afectando su imagen y la apreciación de su persona y su empresa, que pueda tener la sociedad, asimismo, dichas publicaciones afectan su vida privada en cuanto se utiliza una imagen de su persona sin su consentimiento, vinculándola a ella y su familia a hechos sobre los cuales no existe pronunciamiento de un tribunal de justicia. Es muy importante destacar el hecho de que su representado, trabaja, mantiene su sustento como comerciante de equipos y herramientas del rubro automotriz, ocupación que requiere una conducta implacable y de profundo respeto y confianza hacia terceras personas, y sobre todo clientes. “Esto ha sido un proceso de mucha dedicación y esfuerzo y con todo estas funas, de pronto, todo este trabajo y sueño de hacer crecer su empresa, tener un lugar en el comercio de dichos artículos, se ve afectado por acusaciones sin fundamentos, ya que al ser dueño y representante de dicha empresa (también enunciada en las funas), cualquier publicación donde aparezca se ve truncada por comentarios y acusaciones de grueso calibre contra su persona. A mayor abundamiento, cabe señalar, que mi representado y toda su familia son personas muy apegadas a la fe, además el recurrente es padre de hijos menores de edad, en pleno proceso de formación de criterio, y producto de las diversas “FUNAS” publicadas por los recurridos, que señalan a su padre como “estafado”, se ha producido un enorme daño a la integridad psíquica de su familia. Desde el punto de vista objetivo, lo ha hecho afectando definitivamente la apreciación que terceros pueden hacerse de la persona de mi representada, tanto como persona natural, como de representante y dueño de sus empresas. Es importante destacar, además, que todas las publicaciones compartidas en post e historias en la red social WhatsApp, a un sin número de destinatarios, resultando evidente que esto ha tenido evidentemente un claro incremento en la opinión pública o como coloquialmente se dice, se está produciendo un EFECTO DE BOLA DE NIEVE que solo traerá consecuencias negativas y perjudiciales a su honra, a su vida privada y a su familia, tanto que ha llegado a momentos tan desagradables como amenazas afuera de su domicilio, hostigamiento en la vía pública por parte de terceras personas e incluso insultos a viva voz. Según la doctrina, la intención de los constituyentes es que en los conceptos de “vida privada” incluyen tres distintos e independientes (aunque relacionados) derechos: a. El derecho al respeto y protección a la vida privada b. El derecho al respeto y protección a la vida pública c. El derecho al respeto y protección a la honra. La perturbación o amenaza a esta garantía está dada concretamente en este caso por el actuar arbitrario e ilegal de los recurridos al momento de “FUNAR” a su representado y a su empresa, incluso a una de sus trabajadoras. “En nuestra opinión, la Constitución establece un propio derecho a la vida pública, pero entendido, no como el respeto a la vida de los personajes públicos, sino como el derecho de toda persona a que la imagen y apariencia que ella exhibe ante el público, así como los aspectos visibles definitorios de su personalidad, no sean utilizados o distorsionados por terceros. En suma, pensamos que el derecho a la vida pública reúne los derechos que en otros ámbitos toman el nombre de derecho a la imagen y el derecho a la identidad”. Así las cosas se puede desprender que su representado ha sufrido perturbación, privación y amenaza a los derechos consagrados en el Nº4 del artículo 19 y por lo tanto se cumple a cabalidad el presupuesto de hecho para impetrar este recurso de protección. La del artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, relativa a “El derecho de propiedad es sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales”. EL DERECHO. El artículo 19 Nº1 de la Constitución Política de la Republica asegura a todas las personas, “El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”, y por su parte se asegura a todas las personas, en su numeral 4ª, “El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”. Asimismo el artículo 20 de la Constitución Política de la República señala que “el que por actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra la privación, perturbación o amenazas en el legítimo ejercicio de sus derechos y garantías establecidas en el artículo 19 y el numerando que se señala, podrá recurrir ante la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptara de inmediato la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondiente. Acto ilegal o arbitrario: Hemos precisado que las publicaciones ya identificadas en el desarrollo del recurso además de la acreditación de las mismas a través de los documentos que se acompañan, permite demostrar la existencia del acto. Su ilegalidad y arbitrariedad se encuentra fundada en que se vulneran, como se señalará específicamente en el punto siguiente, los derechos consagrados en el artículo 19 número 1, 4 y 24 de la Constitución Política de la Republica. Privación, perturbación o amenaza en el legítimo derecho y garantías establecidas en el artículo 19: a. En el caso de la situación del articulo 19 N.º 1 de la constitución Se ha perturbado: en lo relativo a su integridad psíquica, dicha vulneración ha sido acreditada en términos a la afectación específica a la dignidad que tiene como persona y la aflicción que eso le produce, siendo expuesto a un prejuzgamiento público y masivo, esto le ha generado graves consecuencias a nivel familiar, social, laboral, económico y no le deja vivir con tranquilidad, y de manera normal, a pesar de desconocer las diferencias con la recurrida, se ha visto en la situación de soportar el prejuzgamiento sin motivos, constante y violento por parte de terceros. b. Respecto del articulo 19 número 4 de la Constitución Política de la Republica: Se ha perturbado su derecho a la honra al habérsele denunciado públicamente haciendo alusión a descalificativos de ENORME CALIBRE y tratándole derechamente como una DELINCUENTE – ESTAFADOR, de esta manera se ha destruido la imagen pública que existe de su persona al acusarla de estafador, teniendo especial consideración en el ámbito en que mi representado se desenvuelve laboralmente. c. Se ha perturbado su derecho a la vida privada en atención a que además de haberse publicado difamaciones graves en su contra, se le envío de forma directa a la madre de mi representado, una de las funas, se tomaron fotos personales de mi representado desde su perfil de Facebook, asimismo se ha infringido lo dispuesto en el artículo 19 N.º 24 de la Constitución en atención a que se le ha privado del derecho inmaterial que tiene sobre su imagen al publicarse antecedentes de su persona sin que haya consentido en ello. RECEPCION CONSTITUCIONAL DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES: La primera recepción internacional del derecho a la vida privada fue a partir de la ratificación por parte de Chile del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos, que fue publicado el año 1989, el cual en su artículo 17 consagra lo siguiente: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias y esos ataques.” Posteriormente Chile ratifico La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San nombre reservado Rica), esta tiene una declaración general del siguiente tenor: 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques. En relación a esto último, hay que añadir que las diversas publicaciones en las redes sociales, además de perturbar su vida y la de su familia, han menoscabado su integridad como ser humano, ya que se publica su nombre, como “estafador” en los WhatsApp de los contactos de quienes conocen a su representado, lo cual en efecto es parte de su vida privada, y se presta para que cualquier persona pueda hacer uso de dicha información.

Por ello pide, tener por interpuesto recurso de protección en contra de doña nombre reservado y don nombre reservado, ambos ya individualizados, precedentemente, acogerlo a tramitación ordenando que la recurrida evacue informe en el plazo que S.S. Ilustrísima considere pertinente, y en definitiva disponer el cese de la actividad ilegal y arbitraria, ordenando la eliminación de la publicaciones y comentarios que mantengan en contra de mi representada en la red social WhatsApp, por parte de los recurridos en un plazo prudente señalado por S.S Ilustrísima, y abstenerse en lo sucesivo de realizar publicaciones del tenor de la que motivó el presente recurso de protección, en la en cualquier RED SOCIAL, además de disponer de todas las medidas que en concepto de su Ilustrísimo Tribunal considere conducentes al restablecimiento del Derecho, con expresa condenación en costas. Acompaña: 1. Copia de 5 capturas de pantalla de red social WhatsApp, en que distintos destinatarios le informan a mi representado de la funa realizada por los recurridos.

En su oportunidad, informan los recurridos, nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, chilena, casada, egresada de Derecho, y don nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, chileno, casado, trabajador independiente, ambos domiciliados en domicilio reservado, recurridos en autos sobre Recurso de Protección, señalando informando: 1. En primer lugar, el recurso se interpone a raíz de supuestos acosos, funas y amenazas vía Mensajería de aplicación Whatsapp, en virtud de los cuales, el recurrente asevera que nosotros realizamos dichas acciones, sin embargo, como método de probanza adjunta set de pantallazos (capturas de pantalla), el cual cito literalmente de su presentación: “Copia de 5 capturas de pantalla de red social WhatsApp, en que distintos destinatarios le informan a mi representado de la funa realizada por los recurridos”. Sin embargo, no incorpora como prueba documentos que acrediten que efectivamente dichos mensajes fueron remitidos desde los números de teléfonos de nuestra propiedad, ni aún acompaña demostración de que dichas imágenes fueron de nuestra autoría, en definitiva no existen pruebas que nos vinculen directamente con el hecho que se nos imputa. 2. En segundo lugar, funda su aseveración en supuestos, puesto que, asimila que nosotros realizamos dichas “funas” en virtud de querella y demanda de Indemnización de perjuicios interpuesta en 1° Juzgado de Policía Local de Temuco, ROL N° 281.969-QC, lo cual, resulta del todo una afirmación calumniosa, pues esta parte está en pleno conocimiento del acto ilegal que resulta realizar “funas”, por ello, interpusimos las acciones judiciales correspondientes, ya que entendemos que estas “funas a través de redes sociales”, constituyen un mecanismo de autotela que no está consagrado en nuestra Carta Magna. 3. Que, por último, interponer la presente acción basándose en conjeturas propias, es sumamente lesivo, puesto que nos culpa de hechos no realizados por esta parte, y aún más, hace uso de la presente acción sin fundamentos plausibles. B. ANTECEDENTES DE DERECHO Que, el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República consagra el Derecho a la vida, y a la Integridad Física y Psíquica, en virtud del cual el acto ilegal y arbitrario de la recurrente infringen la Garantía de la “Integridad Psíquica”, esto, al habernos culpado de realizar actos contrarios a derecho sin pruebas, sólo basándose en conjeturas propias. Por ello pide tener por evacuado el informe requerido, y rechazar la presente acción de protección por no tener fundamentos plausibles, con expresa condena en costas.

CONSIDERANDO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. Por su parte, el acto u omisión será́ ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEGUNDO: Que, a su vez, se debe tener en consideración que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados, respecto de los cuales conste la existencia de una afectación o vulneración a su respecto, como asimismo, la persona del autor de éstos últimos.

TERCERO: Que en ese orden de ideas, conforme el mérito del informe evacuado por los recurridos doña nombre reservado y don nombre reservado, los mismos han negado categórica y reiteradamente su participación en todos los hechos en los cuales se funda la presente acción de protección.

En consecuencia, conforme a lo señalado precedentemente, corresponde dilucidar si es que en la especie se encuentra acreditada la existencia de los actos vulneratorios denunciados, como además, la participación de la recurrida en los mismos.

CUARTO: Que para efectos probatorios, el recurrente solamente acompañó un archivo en formato PDF que contiene capturas de pantalla de las publicaciones efectuadas, mediante soporte digital de “Whatspp”, sin que conste fehacientemente que dichos mensajes que aparecen simplemente “reenviados”, provengan necesariamente de un teléfono celular de alguno de los recurridos.

QUINTO: Que una vez analizados y revisados en detalle los antecedentes probatorios acompañados, esta Corte ha arribado a la conclusión que si bien éstos resultan suficientes e idóneos para acreditar los actos vulneratorios de derechos fundamentales que se han denunciado, no sucede lo mismo para los efectos de determinar la identidad del autor o autores de dichos actos.

SEXTO: Que así las cosas, teniendo en cuenta que los antecedentes acompañados no son capaces de demostrar la participación de los recurridos, en la comisión de los hechos vulneratorios de derechos fundamentales denunciados en el presente libelo cautelar, y además, careciéndose de otros medios probatorios en este sentido, esta Corte ha arribado a la conclusión que la presente acción de protección debe ser desestimada.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de nombre reservado y don nombre reservado.

Regístrese y archívese.

Protección-4492-2023.(fcv)