nombre reservado con TESORERÍA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA

C.A. de Temuco Temuco, veinticinco de mayo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, con fecha 24 de diciembre de 2025, comparece don nombre reservado, abogado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien deduce acción constitucional de protección, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado contenido en el Acta N° 94-2015 de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, en contra de la Tesorería General de la República, de La Araucanía, oficina descentralizada del Servicio de Tesorerías, representada legalmente, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley N° 19.506, por doña nombre reservado, Directora Regional Tesorera del Servicio de Tesorerías, cédula de identidad N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado.

Funda su acción en los actos arbitrarios e ilegales en que habría incurrido la recurrida al rechazar la devolución por cobrar, bajo el medio de pago por caja, correspondiente al documento N° 1734672, de fecha de emisión 12 de mayo de 2022, por concepto de Renta Masiva, ascendente a la suma de $585.729, emitido a su favor. Sostiene que dicha denegación resulta totalmente injustificada y constituye una privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales contempladas en los numerales 3° y 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental.

En cuanto a los antecedentes de hecho, el recurrente expone que, en el mes de noviembre, efectuó requerimiento ante la Tesorería General de la República, bajo el N° 1497625, indicando que con fecha 12 de mayo de 2022 el Servicio recurrido emitió el pago singularizado por la suma de $585.729, con el objeto de realizar la devolución correspondiente, en su calidad de beneficiario de los impuestos del año tributario 2021. Agrega que solicitó el reemplazo del pago por caja de banco (pago cash) o vales caducados, conforme a la solicitud N° 1734672, ingresada en el servicio de tesorerías el 5 de abril del año en curso. Sin embargo, la Tesorería Regional Metropolitana rechazó dicha petición, por considerar que tal acreencia habría prescrito, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2521 del Código Civil, según refiere el recurrente en el oficio ordinario N° 228, suscrito por el jefe de operaciones de aquel órgano impositivo, de fecha 20 de mayo del año en curso, comunicación que indica haber recibido recién el día 4 de junio último.

En cuanto al derecho, sostiene el actor que el artículo 20 de la Constitución Política establece que quien sea privado, perturbado o amenazado a causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, en el legítimo ejercicio de sus derechos y garantías consagrados en algunos de los numerales del artículo 19, podrá recurrir ante la Iltma. Corte de Apelaciones respectiva, a fin de que ésta adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del Derecho y asegurar la debida protección al afectado. Cita en apoyo de su tesis lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Chillán, con fecha 15 de diciembre de 2014, en causa ingreso N° 395-2014, en cuanto a que el recurso de protección tiene por finalidad restablecer la vigencia del derecho, reaccionando frente a una situación anormal que pudiera atentar contra alguna de las garantías que establece la Carta Fundamental.

Respecto a la ilegalidad y arbitrariedad del acto reprochado, el recurrente sostiene que la decisión de la recurrida se adopta sin el respaldo jurisdiccional que requiere la prescripción, conforme a lo dispuesto en el artículo 2493 del Código Civil, toda vez que el Servicio de Tesorerías no ha promovido -ni como acción, ni como excepción- la declaración de aquel modo de extinguir las obligaciones. En este sentido, indica que la jurisprudencia ha recalcado que la prescripción extintiva debe ser declarada judicialmente para que puedan alegarse sus efectos, citando al respecto el fallo de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, de 14 de abril de 2016, causa ingreso N° Civil 13-2016, que establece que la prescripción reconocida en nuestra legislación como modo de adquirir la cosa ajena o de extinguir las acciones y derechos ajenos, y plenamente aplicable en materia tributaria, conforme al artículo 2493 del Código Civil, debe ser alegada por quien quiera aprovecharse de ella, quedándole vedado al juez declararla de oficio, no pudiendo operar de pleno derecho, sino que requiriendo declaración judicial mediante alegación formal por vía de acción o de excepción.

Agrega que, sin aquel antecedente jurisdiccional necesario, la decisión de la recurrida es ilegal y arbitraria, pues la alegación informal de la prescripción no cumple con su sustrato normativo. Invoca en apoyo de su tesis lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Concepción, en fallo de 10 de agosto de 2021, causa ingreso N° Protección 8716-2021, que estableció que la prescripción, para que opere en un caso concreto, debe ser alegada y declarada judicialmente, no correspondiendo a la Corte emitir un pronunciamiento en la materia en sede de protección, y que al no existir declaración alguna de prescripción emanada de tribunal competente que extinga la acción de cobro del recurrente, el argumento de Tesorería General de la República para negarle el pago se torna ilegal y arbitrario, en atención a que tal decisión no tiene sustento en la ley, ni existe razón que justifique tal negativa, ya que la sola circunstancia de estar caducados los cheques oportunamente girados no significa que haya operado la prescripción extintiva respecto de su cobro.

Continúa el recurrente señalando que la decisión de la recurrida fue adoptada sin una base fáctica efectiva, configurándose como acto arbitrario aquel carente de razonabilidad, de motivación suficiente, de asidero lógico, citando al respecto el fallo de la Excma. Corte Suprema, de 26 de octubre de 2016, causa ingreso N° 62072-2016. Refiere que, a tenor de lo prevenido en el artículo 11 de la Ley N° 19.880, los elementos normativos de la hipótesis en conocimiento de un órgano administrativo también deben integrar la motivación de los actos que emanen de éste, complementando dicha norma con las exigencias de fundamentación contempladas en el artículo 41 del referido cuerpo legal y el artículo 8° de la Constitución Política de la República, conforme a lo establecido por la Excma. Corte Suprema en sentencia de 14 de noviembre de 2022, causa ingreso N° 25149-2022. Sostiene que la corrección de los elementos normativos del acto administrativo es un extremo necesario para la validez de aquella decisión, en conformidad con el principio de juridicidad establecido en el artículo 6° de la Carta Fundamental.

En cuanto a las garantías constitucionales conculcadas, expone el recurrente que la decisión de la contraria implica una perturbación ilegítima a las garantías establecidas en los numerales 3° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. En el orden patrimonial, la conducta de la contraria comporta la privación del ejercicio de una acreencia que ha sido reconocida a su causahabiente, sin una base fehaciente. Cita en apoyo de su tesis el fallo de la Excma. Corte Suprema de 10 de octubre de 2023, causa ingreso N° 226336-2023, en cuanto a que el acto cuya arbitrariedad ha sido constatada vulnera el derecho de propiedad de la parte recurrente sobre sus remuneraciones, privándole de beneficios económicos amparados por la garantía del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Agrega que, en un segundo estadio, la decisión adoptada por la recurrida implica la autoatribución de prerrogativas propias de la judicatura, esto es, la declaración de la prescripción extintiva. En otras palabras, la recurrida habría pretendido evadir el respaldo judicial que debe gozar la prescripción, con el objeto de ampararse de todos modos de sus efectos, transgrediendo así la garantía reconocida en el numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, consistente en la igualdad en la protección de los derechos. Invoca al respecto la doctrina del profesor Eduardo Soto Kloss, en su trabajo Acción de protección, un recuento de fallos recientes, publicado en la Revista de Derecho de la Universidad Finis Terrae, año 2014, volumen 2, número 1, página 187, en cuanto a que la ilegalidad o arbitrariedad muy frecuentemente se origina en la pretendida autotutela del recurrido, que pretende hacerse justicia por sí mismo.

En definitiva, sostiene que resulta evidente que la recurrida ha incurrido en un actuar ilegal y arbitrario, al denegar el reemplazo o devolución por caja N° 1734672 de fecha 12 de mayo de 2022, correspondiente a la devolución de la Renta Año Tributario 2022, por estar extemporánea de acuerdo al artículo 126 del Código Tributario y artículo 2521 del Código Civil, a pesar de que tal modo de extinción de las obligaciones no ha sido declarado judicialmente, lo que conculcaría sus garantías fundamentales en su calidad de titular de aquel título de crédito.

Solicita, en virtud de lo expuesto, se tenga por interpuesto recurso de protección en contra de la Tesorería Regional de La Araucanía, representada legalmente por doña nombre reservado, por los actos ilegales y arbitrarios consistentes en haber denegado el reemplazo del pago por caja N° 1734672, solicitado bajo el requerimiento N° 1497625, acogerlo a tramitación y, en definitiva, declarar: 1. Que la decisión de la recurrida resulta ilegal y arbitraria; 2. Que se deja sin efecto la decisión de denegar el reemplazo pago por caja banco (pago cash) N° 1734672, consignada en el oficio oficina virtual TGR, que tiene como antecedente el requerimiento N° 1497625, suscrito por el Sr. nombre reservado Tesorería General de la República, notificado por correo electrónico de fecha 24 de noviembre de 2025; 3. Que se ordena a la recurrida a reemplazar aquel título de crédito y proceder al pago del documento que se emita al efecto; 4. Todo ello, con expresa condena en costas.

A folio 10, con fecha 23 de enero de 2026, el abogado don Boris Jara Smith, por la parte recurrida Tesorería General de la República, evacuó el informe ordenado, solicitando su rechazo en virtud de los antecedentes que pasa a exponer.

En cuanto a los antecedentes del recurso, la recurrida sintetiza que el recurrente ha interpuesto la presente acción constitucional por una supuesta vulneración de su derecho de propiedad contemplado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, y del numeral 3° del mismo precepto, consistente en la igualdad en la protección de los derechos. Que la vulneración alegada radicaría en que el recurrente habría efectuado requerimiento bajo el N° 1497625, y que con fecha 12 de mayo de 2022 se emitió el pago por la suma de $585.729, correspondiente a la devolución de impuestos del año tributario 2021. Que en virtud de lo anterior solicitó el reemplazo del pago por caja de banco o vales caducados, conforme a la solicitud N° 1734672, ingresada el 5 de abril del año 2025, la cual fue rechazada por la Tesorería Regional Metropolitana, por considerar que la acreencia habría prescrito en virtud del artículo 2521 del Código Civil, según oficio ordinario N° 228, de 20 de mayo de 2025, comunicación que habría sido recibida por el recurrente el 4 de junio último.

La recurrida funda su petición de rechazo en dos capítulos principales. En primer término, alega la extemporaneidad del recurso de protección. Sostiene que, conforme al N° 1 del Acta 94-2015 de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, esta acción debe interponerse dentro del plazo fatal de 30 días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos. Afirma que el recurso de autos se interpuso fuera del plazo indicado, toda vez que la presente acción cautelar se dirige en contra de la solicitud N° 1734672, ingresada en el servicio de Tesorerías el 5 de abril del año 2025, la cual fue rechazada en virtud del oficio ordinario N° 228, suscrito por el jefe de operaciones de la Tesorería Regional Metropolitana, con fecha 20 de mayo de 2025, comunicación que según los propios dichos del recurrente le habría sido informada el día 4 de junio de 2025. Agrega que el correo de fecha 24 de noviembre que acompaña el recurrente ni siquiera emana de la recurrida, por lo que no puede marcar la época de cómputo del plazo para recurrir de protección. Concluye la recurrida que, a la fecha de interposición del presente recurso -que identifica como 24 de noviembre de 2025- habría transcurrido con creces el plazo fatal de 30 días corridos contados desde el rechazo del requerimiento, acaecido en el mes de mayo de 2025.

En segundo término, alega la ausencia de acto ilegal o arbitrario por parte de la recurrida, distinguiendo entre los conceptos de caducidad y prescripción. Sostiene que la caducidad significa que algo -generalmente una facultad o un derecho potestativo tendiente a modificar una situación jurídica- nace con un plazo de vida y que, pasado éste, se extingue, tratándose de que la facultad o el derecho que sea es de duración limitada. Así ocurre con los cheques, que tienen un plazo de caducidad de 60 días, y con los Vales Vista, que tienen un plazo de caducidad de 90 días. Por otro lado, la prescripción no significa que algo nazca con un plazo de vida, sino que, si durante determinado tiempo está inactivo, no se puede luego imponer, siendo de duración ilimitada en cuanto sigue siendo exigible si no se le deja en desuso. Agrega que la caducidad sujeta los derechos a un limitado plazo de vigencia, mientras que la prescripción los somete a uno indefinido; el plazo de la prescripción no es fatal o inexorable, sino que, al admitir causas de interrupción y suspensión, será siempre variable, mientras que en la caducidad la duración de los derechos está rígida y taxativamente señalada por la ley.

Define la caducidad, citando a Alessandri, como la extinción ipso jure de la facultad de ejercer un derecho o celebrar un acto, por no haberse ejercido o realizado dentro de un plazo de carácter fatal que la ley establece, e invoca una sentencia de la Excma. Corte Suprema que sostiene que la caducidad es la pérdida de la facultad de hacer valer un derecho como consecuencia de la expiración de un plazo fatal. Cita asimismo un fallo de la Corte Suprema conforme al cual lo que caracteriza a la caducidad es que en ella se ha puesto al derecho un límite y la extinción de él se produce por la propia naturaleza del derecho; en cambio, en la prescripción extintiva el prolongado no ejercicio de un derecho conduce a su extinción, resultando fundamental para distinguir ambos institutos la existencia de un plazo fatal que limite en el tiempo el derecho de que se trata o no, respectivamente.

Continúa la recurrida indicando que la caducidad es una institución legal que tiene por objeto proteger la seguridad jurídica y la estabilidad de las relaciones jurídicas, evitando que se mantengan indefinidamente situaciones inciertas o inestables, operando de manera automática y extinguiendo el derecho o la acción de forma inmediata, sin necesidad de declaración judicial alguna. En cambio, la prescripción extintiva implica la pérdida del derecho de acción debido al transcurso del tiempo, pero requiere la intervención de los tribunales para ser declarada, siendo una forma de defensa que se puede alegar en juicio.

En cuanto a la normativa aplicable al caso de marras, la recurrida señala que, respecto a este tipo de devoluciones, la situación se aborda específicamente en la Circular N° 72 del año 2001 del Director del Servicio de Impuestos Internos, sobre instrucciones del pago indebido o erróneo de los impuestos y sus efectos en el tiempo, y a propósito de la Devolución de Pagos Provisionales Mensuales, conforme a la cual, por no contemplar la legislación el plazo dentro del cual puede impetrarse este derecho, debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 2521 del Código Civil, que establece que las acciones en contra del Fisco, provenientes de toda clase de impuestos, prescriben en 3 años, agregándose que cualquier devolución, transcurrido el plazo de 3 años, deberá desecharse por extemporánea. Aplicando esta misma disquisición de la autoridad encargada de interpretar administrativamente las disposiciones tributarias, conforme al N° 1 de la letra A del artículo 6° del Código Tributario, el Servicio no puede proceder a la devolución de dineros provenientes de impuestos, sin antes verificar que se haya impetrado la revalidación del cheque, dentro del plazo establecido en el mencionado artículo 2521 del Código Civil.

En consecuencia, sostiene la recurrida que el Servicio de Tesorerías, al rechazar la solicitud de devolución o revalidación de una obligación que consta en un instrumento o efecto de comercio, no está declarando la prescripción, sino que únicamente constatando si la solicitud es o no extemporánea y, de ser así, declarando que han transcurrido los plazos establecidos por el artículo 2521 del Código Civil, siendo precisamente lo que acontece en el caso de autos. Afirma que la aplicación del artículo 2521 del Código Civil en relación al plazo de devolución de las acciones provenientes de toda clase de impuestos es esencial para garantizar la protección de los derechos de los contribuyentes, al establecer un plazo de prescripción claro y preciso, y que contribuye a la estabilidad de las relaciones jurídicas entre los contribuyentes y el Estado, evitando situaciones de incertidumbre e inestabilidad.

Concluye la recurrida señalando que para la procedencia del Recurso de Protección se requiere efectivamente que se hayan realizado actos u ocurrido omisiones, con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, garantizado y amparado en el texto constitucional, situación que en caso alguno concurre respecto de la Tesorería General de la República, toda vez que ésta sólo se limitó a actuar dentro de sus competencias legales. Solicita, en definitiva, se tenga por evacuado el informe ordenado y se rechace el recurso, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye, jurídicamente, una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, como cuestión previa, corresponde hacerse cargo de la alegación de extemporaneidad formulada por la recurrida en su informe de folio 10, en cuanto sostiene que el recurso habría sido deducido una vez vencido el plazo fatal de treinta días corridos previsto en el numeral 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales. La recurrida funda dicha alegación en que, según los propios dichos del actor, el rechazo de su requerimiento le habría sido comunicado el 4 de junio de 2025, agregando que el correo de 24 de noviembre de 2025 acompañado al recurso no emanaría de dicho Servicio y no podría servir de hito para el cómputo del plazo.

TERCERO: Que la alegación será desestimada. En efecto, del mérito de los antecedentes acompañados al recurso aparece que la decisión impugnada se vincula con el requerimiento N° 1497625, respecto del cual se acompañó una respuesta de la nombre reservado de la Tesorería General de la República, en que se informó al recurrente que “no procede” la devolución del pago por caja caducado N° 1734672, de fecha 12 de mayo de 2022, por la suma de $585.729, por estimarse extemporánea conforme al artículo 126 del Código Tributario y al artículo 2521 del Código Civil. Dicha respuesta fue acompañada conjuntamente con el correo electrónico de 24 de noviembre de 2025, antecedente que da cuenta de la comunicación al actor de la negativa administrativa cuya ilegalidad y arbitrariedad se denuncia en autos.

CUARTO: Que, además, la actuación impugnada no se agota en una mera comunicación histórica, sino que mantiene actualmente sus efectos, desde que la negativa del Servicio de Tesorerías impide al recurrente obtener el reemplazo o revalidación del medio de pago emitido a su favor y, por consiguiente, acceder a la suma cuya devolución fue previamente reconocida por la Administración. En tales condiciones, atendida la naturaleza cautelar de la acción y la permanencia de la afectación denunciada, no resulta procedente declarar extemporáneo el recurso, razón por la cual la alegación de la recurrida será rechazada.

QUINTO: Que, desestimada la excepción de extemporaneidad, corresponde determinar si ha habido una acción u omisión ilegal o arbitraria de parte de la recurrida y, establecido aquello, si tal actuación u omisión ha producido en el recurrente una perturbación, privación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguna de las garantías constitucionales protegidas por medio del recurso de protección, particularmente aquellas que el propio recurrente indica como vulneradas en su libelo, esto es, las consagradas en los numerales 3° y 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental.

SEXTO: Que el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad reprocha la parte recurrente consiste en haberse denegado el reemplazo o revalidación del pago por caja N° 1734672, de fecha de emisión 12 de mayo de 2022, por la suma de $585.729, correspondiente a la devolución de impuestos del año tributario 2021, fundándose la recurrida en que la acreencia se encontraría caduca o prescrita conforme al artículo 2521 del Código Civil y extemporánea de acuerdo al artículo 126 del Código Tributario. Sin embargo, como es sabido, para que opere la prescripción en un caso específico ésta debe ser alegada y declarada judicialmente, lo que en la situación de autos no consta que haya ocurrido, ya que no se acreditó la existencia de una resolución judicial emanada de tribunal competente en ese sentido, no correspondiendo a esta Corte emitir un pronunciamiento sobre la materia en esta sede de protección.

SÉPTIMO: Que, así las cosas, al no existir en la especie declaración alguna de prescripción emanada de tribunal competente que extinga la acción de cobro del recurrente, el argumento de la Tesorería General de la República para negarle el pago que pretende se torna ilegal y, además, arbitrario, en atención a que tal decisión no tiene sustento que justifique tal negativa, ya que la sola circunstancia de estar caducado el documento oportunamente girado al actor no significa que haya operado la prescripción extintiva respecto de su cobro, con lo cual la negativa aparece desprovista de justificación suficiente, criterio que ha sido sostenido reiteradamente por nuestros tribunales superiores de justicia en causas análogas.

OCTAVO: Que no obsta a lo concluido la argumentación de la recurrida en orden a distinguir entre las instituciones de la caducidad y la prescripción, sosteniendo que sólo se habría limitado a constatar la extemporaneidad de la solicitud y no a declarar la prescripción de la obligación, pues lo cierto es que, cualquiera sea la denominación que se atribuya a la decisión adoptada, lo efectivamente acontecido es que el Servicio resolvió por sí y ante sí que la acreencia del recurrente se encontraba extinguida por el transcurso del tiempo, negándose a pagarla, sin contar con una declaración judicial previa que así lo estableciera, lo que excede el ámbito de sus competencias legales.

Ello, pues la caducidad del medio de pago no equivale, por sí sola, a la extinción de la acreencia que le sirve de causa.

NOVENO: Que, de acuerdo a lo que se viene argumentando, resulta evidente que la omisión en que ha incurrido el Servicio de Tesorerías implica atribuirse una consecuencia extintiva que no aparece precedida de una declaración jurisdiccional, al resolver por sí y ante sí que la obligación antedicha se encuentra prescrita, e importa desconocer el derecho de propiedad del actor sobre los dineros que el Fisco debe entregarle por concepto de devolución de impuestos, lo que constituye una vulneración a las garantías que la Constitución Política de la República asegura en su artículo 19 N° 3 inciso quinto y N° 24, respectivamente, siendo de este modo procedente acoger el recurso de protección intentado, en la forma como se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se RESUELVE:

Que se ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido a folio 1 por don nombre reservado en contra de la Tesorería General de la República, Región de La Araucanía, debiendo la recurrida, dentro del plazo de 15 días de ejecutoriado este fallo, reemplazar o revalidar el documento de pago por caja N° 1734672 y girar en favor del actor el documento correspondiente, por concepto de devolución de impuesto a la renta del año tributario 2022, por el monto de $585.729, con los reajustes que legalmente procedan, si correspondiere.

Lo anterior es sin perjuicio de que la recurrida verifique los requisitos meramente formales necesarios para materializar el pago, sin que pueda fundar un nuevo rechazo en la caducidad del documento primitivo ni en la prescripción o extemporaneidad ya descartada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del fiscal judicial señor nombre reservado.

Rol N° Protección-4476-2025.(jog)