nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco.

Temuco, veintidós de mayo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, con fecha 24 de diciembre de 2025, comparece don Oliver Cristóbal Ortiz Devia, abogado, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, en representación convencional de doña nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, chilena, soltera, cuidadora de adulto mayor, del mismo domicilio, e interpone recurso de protección en contra de doña nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, chilena, empleada, soltera; don nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, chileno, agricultor, soltero, y doña nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, chilena, labores de casa, soltera, todos domiciliados en Reducción nombre reservado, comuna de Victoria, georreferenciación 38°18'35.3"S 72°19'41.0"W, por la ejecución de actos que califica de arbitrarios e ilegales, los que en su concepto constituyen una privación, perturbación y amenaza actual al legítimo ejercicio de los derechos y garantías de su representada, consagrados en el artículo 19 N° 1, sobre integridad física y psíquica, y N° 24, sobre derecho de propiedad, ambos de la Constitución Política de la República.

En cuanto a los hechos, expone que su representada en el año 2010 adquirió una vivienda en la ciudad de Victoria con el propósito de vivir cerca de sus padres y asistirlos, iniciándose desde entonces un conflicto intrafamiliar grave con los recurridos, quienes, según el relato de la recurrente, han desarrollado en su contra un patrón sostenido y coordinado de hostigamientos, amenazas y agresiones, generando un estado permanente de amedrentamiento. Refiere que tal hostigamiento ha incluido insultos y persecución en espacios públicos en la comuna de Victoria, amenazas directas y actos de violencia, afectando gravemente la estabilidad emocional y la seguridad de la recurrente y de su hija.

Agrega que en una oportunidad la recurrida nombre reservado ejecutó un acto de extrema gravedad contra la hija de su representada, al lanzarle una piedra que por escasos centímetros no impactó su rostro, exponiéndola a un riesgo serio de lesiones graves. Refiere además un contexto de violencia intrafamiliar y episodios de agresiones dentro del núcleo familiar, lo cual permite comprender el nivel de escalamiento y peligrosidad del conflicto, así como la tolerancia o anuencia de los otros recurridos frente a dichas conductas. Sostiene que durante el año 2019 los recurridos intensificaron las agresiones y amenazas, existiendo episodios de amenaza de muerte, agresiones con elementos contundentes y la exhibición o uso intimidatorio de un cuchillo, además de daños materiales, entre ellos la rotura del vidrio de un vehículo, hechos que fueron denunciados oportunamente.

Indica que, sin perjuicio de lo anterior, lo central y actual de esta acción constitucional es que la recurrente mantiene derechos vinculados a un predio o campo ubicado en el sector Reducción nombre reservado, comuna de Victoria, y que cada vez que intenta concurrir al lugar o ejercer su derecho de acceso, los recurridos la interceptan, amenazan y amedrentan, impidiéndole ingresar por vías de hecho, insultos, intimidaciones y agresiones, configurándose un despojo fáctico y una perturbación permanente del ejercicio de sus derechos. Tales actos, sostiene, no son aislados ni meramente pretéritos, sino de carácter permanente y sucesivo, manteniéndose hasta la fecha, toda vez que la recurrente continúa impedida de acceder con normalidad y seguridad al predio, quedando expuesta cada vez que intenta ejercer sus derechos, bajo un clima continuo de amenaza y violencia.

Califica de especialmente grave el hecho ocurrido el lunes 6 de octubre de 2025, ocasión en que su representada habría encontrado a la recurrida nombre reservado talando árboles del predio, oportunidad en la cual le profirió la amenaza directa "si seguí gueviando te voy a matar", lo que constituiría una amenaza seria y verosímil contra la vida e integridad de la recurrente, además de un acto material que afecta directamente su propiedad.

Refiere que, por causa directa de este cuadro de violencia, amenazas e impedimento de acceso, su representada ha debido incurrir en gastos y medidas de resguardo, presentando además afectación psicológica relevante, con necesidad de atención profesional y tratamiento, todo ello al mantenerse un estado permanente de miedo, inseguridad y vulneración de derechos, porque la última amenaza física y psicológica fue recibida hace menos de un mes, esto es, el 1 de diciembre de 2025, de parte de los tres recurridos, seguida de una ronda de insultos cuyo tono el escrito omite reproducir.

En el capítulo II del libelo, relativo a los hechos y actuaciones ilegales y arbitrarias ejecutadas por los recurridos, sostiene que los hechos descritos constituyen una privación, perturbación y amenaza a las garantías constitucionales de su representada, por las siguientes razones: porque los recurridos ejercen autotutela y vías de hecho para expulsar, amedrentar y restringir el acceso de la recurrente a su predio, impidiéndole ejercer los atributos esenciales del dominio o de los derechos que detenta, afectando el uso y goce, en vulneración del artículo 19 N° 24 de la Constitución; porque las amenazas de muerte, hostigamientos y agresiones constituyen una afectación directa y grave del derecho a la integridad física y psíquica de la recurrente, garantía consagrada en el artículo 19 N° 1, existiendo un riesgo real y actual, reforzado por la explicitud de las amenazas proferidas el 6 de octubre de 2025 y el 1 de diciembre de 2025, y por la reiteración del patrón de amedrentamiento; y porque se trata de conductas arbitrarias, carentes de racionalidad y fundamento jurídico, orientadas a resolver por la fuerza un conflicto que, en un Estado de Derecho, debe someterse a las vías jurisdiccionales correspondientes. Añade que todos estos hechos se acreditan con las respectivas fotografías y documentos que se acompañan en un otrosí.

En el capítulo III, sobre la situación fáctica actual en cuanto a la propiedad de los terrenos mencionados, expone que con fecha 5 de marzo de 2019 falleció la madre de su representada, doña nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, y el 27 de mayo del mismo año falleció su padre, don nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, quedando al fallecimiento de ambos las acciones y derechos sobre los siguientes inmuebles, respecto de los cuales son comuneros tanto la recurrente como los recurridos: a) la hijuela de terreno N° 47 A de la Reducción nombre reservado, comuna de Victoria, de 2,86 hectáreas, con los deslindes que detalla, inscrita a fojas 128 vuelta N° 146 del Registro de Propiedad del año 2020 del Conservador de Bienes Raíces de Victoria; b) la hijuela N° 47 de la Reducción Indígena nombre reservado, comuna de Victoria, de 5,77 hectáreas, con los deslindes que indica, inscrita a fojas 129 vuelta N° 147 del mismo Registro y año; y c) la hijuela N° 54 de la ex Reducción Indígena nombre reservado, comuna de Victoria, de 2,30 hectáreas, con los deslindes que precisa, inscrita a fojas 126 vuelta N° 144 del referido Registro. Las posesiones efectivas constan en las Resoluciones Exentas N° 432 y N° 433, ambas de fecha 10 de enero de 2020, dictadas por el Director Regional del Servicio de Registro Civil e Identificación de la Región de La Araucanía, acreditándose todo ello con los certificados que se acompañan en un otrosí.

En el capítulo IV, dedicado al derecho, invoca el artículo 20 de la Constitución Política de la República, sosteniendo que la acción de protección procede cuando, por actos u omisiones arbitrarios o ilegales, se prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Afirma que en la especie los actos descritos vulneran especialmente: a) el artículo 19 N° 1, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, al existir amenazas de muerte, hostigamiento y violencia reiterada, con un riesgo actual y concreto; y b) el artículo 19 N° 24, esto es, el derecho de propiedad en sus diversas especies, por cuanto se impide por vías de hecho el acceso y el ejercicio del derecho, además de ejecutarse actos materiales de afectación del predio, esto es, tala de árboles, todo lo cual supone una perturbación grave y permanente. Concluye que se hace indispensable la intervención cautelar, rápida y eficaz, de esta Corte, para restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a su representada.

Finalmente, en el capítulo V, relativo a la oportunidad del recurso bajo la calificación de acto permanente y de tracto sucesivo, sostiene que la afectación denunciada no corresponde a un hecho aislado ya extinguido, sino a un conjunto de conductas que producen una vulneración actual, permanente y renovada en el tiempo, toda vez que la recurrente se ve expuesta a amenazas, amedrentamientos y vías de hecho cada vez que intenta ejercer su derecho de acceso al predio, siendo por ello una perturbación que se reproduce y se mantiene hasta la fecha. Agrega que en este tipo de situaciones la jurisprudencia ha reconocido que el recurso resulta procedente cuando la vulneración se configura como acto permanente o de tracto sucesivo, en tanto la amenaza o perturbación se renueva y subsiste, debiendo computarse la oportunidad desde que la afectación se manifiesta en forma actual o desde su última manifestación relevante, como ocurre en la especie, esto es, el 1 de diciembre de 2025, fecha en que se habrían producido insultos y amenazas físicas y psicológicas de parte de los 3 recurridos.

En su petitorio, solicita tener por interpuesto el recurso, acogerlo a tramitación, oficiar el informe a los recurridos y, en definitiva, acoger la acción en todas sus partes, ordenando las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y la debida protección de la recurrente, disponiendo especialmente: a) que los recurridos se abstengan de realizar actos de amenaza, hostigamiento, intimidación, vigilancia, seguimiento o agresión en contra de la recurrente y de su hija, por sí o por interpuesta persona; b) que se abstengan de todo tipo de contacto con ella y su hija, directo o indirecto, por cualquier medio, incluyendo llamadas, mensajes, WhatsApp, redes sociales, correos electrónicos y a través de terceros; c) que cesen toda vía de hecho destinada a impedir el ingreso y libre tránsito de la recurrente hacia y dentro del predio ubicado en el sector Reducción nombre reservado; d) que se abstengan de ejecutar actos materiales sobre el predio o sus bienes, incluyendo tala, corte, destrucción, sustracción o daño de árboles, cercos, portones y candados, sin autorización expresa de la recurrente o resolución judicial competente; e) que se ordene la abstención de concurrir al predio cuando la recurrente se encuentre en el lugar, bajo apercibimiento; f) que se disponga el auxilio de la fuerza pública para asegurar el cumplimiento de lo resuelto, incluyendo fiscalización y acompañamiento cuando la recurrente requiera ingresar al predio; y g) que se remitan los antecedentes al Ministerio Público para los fines que estime pertinentes.

A folio 2, con fecha 26 de diciembre de 2025, esta Corte declaró admisible el recurso, ordenó informar a los recurridos dentro del plazo de 8 días y dio lugar a la orden de no innovar solicitada solo en cuanto se ordenó a los recurridos abstenerse de realizar actos de hostigamiento en contra de la recurrente e impedir el acceso de la recurrente por el camino que se alude en el recurso.

A folio 10, con fecha 23 de enero de 2026, comparece don Gerardo Dagoberto Neira Parra, abogado, cédula de identidad N° RUT reservado, en representación de la recurrida doña nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, evacuando el informe ordenado y solicitando el rechazo íntegro del recurso, con expresa condena en costas.

En sus antecedentes de hecho, sostiene que los hechos que motivan el recurso no se ajustan a la realidad, por cuanto su representada ha actuado en todo momento respetando la normativa legal y niega expresamente haber efectuado episodio alguno que constituya acto arbitrario o ilegal, así como la existencia de privación, perturbación o amenaza actual de las garantías constitucionales invocadas. Afirma que la recurrente carece de un derecho indubitado, toda vez que no existe claridad ni certeza de las vulneraciones alegadas, ni de la época en que ocurrirían los acontecimientos, sosteniendo solamente que los hechos habrían acontecido hasta la fecha de la presentación del recurso bajo la calificación de actos de tracto sucesivo, situación que niega categóricamente. Señala que las acciones de la recurrente responden al mero capricho y a un conflicto de larga data sobre el uso y goce de la propiedad común, lo que debería dirimirse en un juicio civil ordinario y no mediante una acción cautelar de urgencia. Niega categóricamente la ocurrencia de las amenazas de muerte, hostigamientos y agresiones descritas, calificándolas de absolutamente falsas.

Expone que la recurrente es hermana de su representada, existiendo un vínculo de parentesco evidente, mas no relación afectiva alguna desde hace a lo menos 30 años a la fecha, habiendo existido sólo encuentros ocasionales. Sostiene que no han existido desde el año 2010 patrones sostenidos y coordinados de hostigamientos, amenazas y agresiones de parte de su representada y sus hermanos. Las pocas ocasiones en que ha habido reunión o encuentro directo con la recurrente fueron por un tema puntual, con ocasión del fallecimiento de sus padres durante el año 2019, oportunidad en que se trataron temas relacionados con los bienes que quedarían para la comunidad hereditaria. Salvo esa situación específica, nunca más ha habido relación presencial, telefónica ni por WhatsApp. Añade que la recurrente no tiene residencia fija en la ciudad de Victoria, como mañosamente señala en su recurso, ya que residiría actualmente en la Región Metropolitana, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, por lo cual es improbable que ocurran amenazas y hostigamientos presenciales como ella indica.

Sostiene que cuando fallecieron los padres, la recurrente comenzó a manifestar ambición por la herencia, lo cual expresó directamente en la reunión sostenida en el año 2019. Respecto del párrafo del recurso que se refiere a episodios del año 2019 con amenazas de muerte, agresiones con elementos contundentes, uso intimidatorio de cuchillo y rotura de vidrio de vehículo, afirma que aquello es absolutamente falso, ya que no existe contacto directo con la recurrente salvo la reunión sostenida con ocasión del fallecimiento de los progenitores en 2019. Añade que ni siquiera las causas que se acompañan a modo de documental dan cuenta de la situación descrita.

En cuanto al supuesto impedimento de acceso al predio ubicado en el sector Reducción nombre reservado, sostiene que aquello es totalmente falso, agregando que la recurrente, residiendo en la Región Metropolitana, no concurre ni siquiera a la casa de los padres, la cual permanece sola, lo que se aprecia con la diligencia de notificación efectuada por Carabineros de Chile, donde no se encontró persona alguna en el lugar. Indica que la recurrente, siendo miembro de la comunidad hereditaria habida al fallecimiento de los padres, puede ir cuando quiera, sin obstáculo alguno para ejercer sus derechos hereditarios, y que si considera que existen problemas para hacerlos valer, debería ejercer las acciones pertinentes en sede civil.

Estima que la acción se encuentra caducada, excediendo los plazos para impetrarla. Sostiene que el hecho de acompañar una nómina de causas ingresadas en el Poder Judicial no es indicador de una conducta reiterada en contra de la recurrente, observándose de una simple lectura que la última causa data del año 2024 y se encuentra concluida el mismo día de su ingreso, 24 de junio, mediante resolución que aprueba la decisión del Ministerio Público de abstenerse de investigar por no ser constitutivos de delito o falta los hechos denunciados, ordenándose el archivo, conforme al artículo 168 del Código Procesal Penal.

Califica de descarado el comportamiento de la recurrente al mencionar que doña nombre reservado habría estado talando árboles y la habría amenazado de muerte el día 6 de octubre de 2025, sosteniendo que aquello es de una falsedad absoluta, dado que ese día su representada se encontraba en su trabajo, no habiendo existido tala de árboles, sin que se indique hora ni hijuela específica donde aquello habría ocurrido, y sin que las fotografías acompañadas aporten antecedentes claros. Añade que no consta dentro de los antecedentes aportados denuncia alguna en contra de nombre reservado que diga relación con tal situación, lo que se acreditaría con el registro de asistencia laboral del mes de diciembre de 2025 que acompaña. Respecto del día 1 de diciembre de 2025, afirma que no había nadie en el lugar: nombre reservado estaba en Santiago, al igual que nombre reservado, y su hermano tampoco estaba ahí, sin existir constancia de denuncia ni lugar.

En el capítulo II del informe, sostiene que el acto impugnado no es ilegal ni arbitrario. Respecto del artículo 19 N° 1 de la Constitución, afirma que las supuestas amenazas no son actuales ni verosímiles, no existiendo riesgo real e inminente, sino un temor subjetivo o conflictos pasados ya denunciados por otras vías, encontrándose la mayoría de las causas concluidas hace bastante tiempo, sin que algunas hayan generado siquiera el inicio de investigación o se haya aplicado el principio de oportunidad. En cuanto al artículo 19 N° 24, postula que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver disputas de dominio o de goce entre comuneros, por tratarse de una acción de urgencia y no un juicio declarativo de derechos permanentes, debiendo la recurrente recurrir a la vía civil para reclamar el uso y goce del predio o solicitar la división de la comunidad.

En el capítulo III concluye que no existe afectación a las garantías constitucionales invocadas, por cuanto no ha existido privación, perturbación ni amenaza ilegítima en el ejercicio de los derechos de la recurrente.

Solicita, en definitiva, tener por evacuado el informe en tiempo y forma y rechazar el recurso en todas sus partes, con costas.

A folio 11, Carabineros del Retén Púa informó que, al concurrir al domicilio señalado para los tres recurridos, este se encontraba sin moradores, logrando ubicar y notificar únicamente a doña nombre reservado. Asimismo, indicó que no fue posible notificar a don nombre reservado ni a doña nombre reservado, por desconocerse su paradero o domicilio exacto.

A folio 16, con fecha 29 de enero de 2026, Carabineros del Retén Púa acompaña la fijación fotográfica realizada con fecha 28 de enero de 2026 en el predio de Reducción nombre reservado, en la cual se aprecia portón de ingreso cerrado con cadena y candado, no pudiendo el personal policial ingresar al interior; se constata vivienda sin residentes en el lugar; y se observa por el exterior del predio bosques de árboles.

A folios 12, 25 y 36, se requirió a la parte recurrente que informara nuevos domicilios respecto de dichos recurridos. Finalmente, a folio 54, atendido el tiempo transcurrido y no habiendo sido posible su notificación, se ordenó prescindir del informe solicitado a doña nombre reservado y don nombre reservado.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye, conforme reiterada jurisprudencia, una acción cautelar de urgencia, de naturaleza extraordinaria y sumarísima, cuyo objetivo es restablecer el imperio del derecho cuando, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, se prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que la propia norma señala. Para su procedencia es indispensable la concurrencia copulativa de tres requisitos: la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario; que dicho acto u omisión genere, en relación de causalidad directa, una privación, perturbación o amenaza al ejercicio legítimo de un derecho; y que el derecho cuyo amparo se reclama se encuentre indubitadamente establecido en favor del recurrente y se halle entre los expresamente protegidos por la norma constitucional.

SEGUNDO: Que la naturaleza cautelar del recurso impone, además, un cuarto presupuesto, cual es que la situación denunciada admita reparación inmediata por la vía de esta acción, sin que sea necesario abrir un debate jurídicamente complejo o ponderar prueba que requiera la profundidad propia de un juicio de lato conocimiento, pues de lo contrario se desvirtúa su esencia, transformándola en una vía declarativa de derechos a la cual no se ajusta su diseño constitucional.

TERCERO: Que en la especie la recurrente solicita el amparo de dos garantías constitucionales: la del artículo 19 N° 1, sobre integridad física y psíquica, y la del artículo 19 N° 24, sobre derecho de propiedad, imputando a los recurridos un patrón sostenido de hostigamientos, amenazas y agresiones, así como vías de hecho destinadas a impedirle el acceso al predio de Reducción nombre reservado y la ejecución de actos materiales sobre el inmueble, en particular la tala de árboles, todo lo cual se habría manifestado de modo actual en los hitos del 6 de octubre y 1 de diciembre de 2025.

CUARTO: Que, examinada la prueba documental aportada al proceso, debe consignarse que la calidad de comunera hereditaria de la recurrente sobre las tres hijuelas individualizadas en el recurso se encuentra fehacientemente acreditada mediante los certificados de dominio vigente extendidos por el Conservador de Bienes Raíces de Victoria, así como por las Resoluciones Exentas N° 432 y N° 433, ambas de 10 de enero de 2020, del Servicio de Registro Civil e Identificación, que concedieron las posesiones efectivas de los causantes don nombre reservado y doña nombre reservado. Idéntica calidad ostentan, sin embargo, los tres recurridos, según consta de los mismos instrumentos.

QUINTO: Que el núcleo fáctico del recurso descansa en dos episodios particularizados, presentados como manifestaciones actuales de una conducta de tracto sucesivo: el ocurrido el 6 de octubre de 2025, en que la recurrida nombre reservado habría sido sorprendida talando árboles del predio profiriendo una amenaza de muerte; y el del 1 de diciembre de 2025, oportunidad en la cual los 3 recurridos habrían amenazado y proferido insultos a la recurrente. Sobre estos hitos descansa la pretensión de actualidad de la afectación denunciada y, con ello, el cumplimiento del plazo del N° 1 del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

SEXTO: Que tales hechos han sido categóricamente negados por la recurrida doña nombre reservado al evacuar su informe a folio 10, quien sostiene que el 6 de octubre de 2025 se encontraba desempeñando funciones laborales y que el 1 de diciembre del mismo año tanto ella como su hermana nombre reservado se hallaban en Santiago, no existiendo además denuncia alguna que diga relación con tales hechos. En sustento parcial de su versión, acompañó el registro de asistencia laboral del mes de diciembre de 2025, antecedente que, por su temporalidad, solo puede ser ponderado respecto de los hechos atribuidos a dicho mes.

SÉPTIMO: Que la recurrente, sobre quien recae la carga de aportar antecedentes suficientes que permitan a esta Corte formarse convicción acerca de la efectividad de las vulneraciones que denuncia, no ha allegado a estos autos antecedentes suficientes que permitan corroborar, en los términos específicos relatados en el recurso, los episodios de 6 de octubre y 1 de diciembre de 2025. Las fotografías aportadas en su recurso, según el propio relato del libelo, corresponden a la sección de terreno que su representada habría cercado, no permitiendo en su sola materialidad establecer ni la autoría de los actos denunciados, ni su contemporaneidad, ni la efectividad de la tala alegada. Tampoco se acompañaron partes policiales, constancias ni denuncias específicas relativas a estos episodios; por su parte, el listado de causas penales aportado por la propia recurrente revela que la última causa registrada entre las partes corresponde al RIT N° 569-2024, ingresada y concluida el mismo día 24 de junio de 2024, mediante decisión del Ministerio Público de abstenerse de investigar por no ser los hechos constitutivos de delito o falta, lo que fue aprobado por el Juzgado de Garantía de Victoria conforme al artículo 168 del Código Procesal Penal.

OCTAVO: Que tampoco los informes evacuados por Carabineros de Chile aportan elementos que permitan tener por establecidos los hechos, por cuanto el oficio de fecha 26 de enero de 2026 da cuenta de que el domicilio en Reducción nombre reservado se encontraba sin moradores y que, según informaron vecinos del sector, al recurrido don nombre reservado es poco recurrente verlo por ahí, desconociendo su paradero, mientras que doña nombre reservado mantendría domicilio en la ciudad de Santiago. Por su parte, la fijación fotográfica de 28 de enero de 2026 muestra el portón de ingreso del predio cerrado con cadena y candado, una vivienda sin residentes y bosques de árboles observados desde el exterior, diligencia que, precisamente por no haberse podido ingresar al interior del inmueble, no permite corroborar la tala denunciada ni la existencia de actos de hostigamiento contemporáneos. Estos antecedentes son coincidentes, al menos, con la afirmación de la recurrida en orden a que el predio permanece deshabitado, así como con la falta de elementos objetivos que permitan establecer una presencia habitual de los recurridos en el lugar en los términos descritos por la recurrente.

NOVENO: Que el único antecedente objetivo que da cuenta de un episodio anterior susceptible de calificación cautelar corresponde al Oficio N° 3055 de 23 de octubre de 2025, mediante el cual la Fiscalía Local de Victoria, en causa RUC N° 2501417948-0 por el delito de amenazas simples, decretó como medidas de protección en favor de la recurrente, en su calidad de víctima, rondas periódicas de Carabineros de Chile al domicilio y contacto telefónico prioritario con la policía, con vigencia de 30 días. Dicho instrumento, sin embargo, ofrece una protección acotada a un episodio puntual que dio origen a la investigación penal respectiva, no constando en autos antecedente alguno acerca de su renovación, prórroga, ni del estado actual o resultado final de la indagatoria.

DÉCIMO: Que, en lo que dice relación con la garantía consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, ha sido criterio uniforme de los tribunales superiores de justicia que la acción cautelar de protección no constituye la vía idónea para resolver controversias relativas al uso, goce y administración de la cosa común entre comuneros, materia esta última reglada por los artículos 2304 y siguientes del Código Civil, cuya resolución exige el examen propio de un juicio de lato conocimiento, donde puedan rendirse y ponderarse las probanzas con la amplitud que ese tipo de procedimientos permite. La recurrente y los recurridos comparten la misma calidad jurídica de comuneros hereditarios sobre las tres hijuelas individualizadas, sin que existan adjudicaciones específicas que asignen a uno u otra el dominio exclusivo de porciones materiales determinadas del inmueble. En consecuencia, asiste a todos ellos, por igual y con idéntica intensidad, el derecho a usar el predio comunitario, sin perjuicio de las acciones que puedan corresponder en sede ordinaria para reclamar el cese de actos de afectación, la partición de la comunidad, o el resarcimiento de los perjuicios que estimen procedentes.

DÉCIMO PRIMERO: Que, por lo expuesto, no es posible tener por configurado en favor de la recurrente, en sede cautelar, un derecho indubitado de acceso exclusivo o preferente al predio, ni a la ejecución o no ejecución de actos materiales sobre el mismo, en términos que justifiquen disponer las medidas solicitadas en las letras c), d) y e) del petitorio. Lo pretendido implicaría, en rigor, decidir en una sede de naturaleza cautelar cuestiones propias del régimen jurídico de la comunidad hereditaria, restringiendo a algunos comuneros derechos que les son inherentes a su misma calidad, lo que excede el ámbito propio del recurso de protección y vulneraría la garantía del debido proceso de los recurridos.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, en lo relativo a la garantía del artículo 19 N° 1 de la Constitución, debe tenerse presente que la sola alegación de amenazas, hostigamientos o intimidaciones no basta para configurar la procedencia del recurso, sino que es indispensable que tales conductas se encuentren acreditadas por antecedentes verosímiles, contemporáneos y dotados de la entidad necesaria para constituir un riesgo serio, actual y concreto. En la especie, los episodios anteriores al año 2025, invocados por la recurrente en su libelo, encontraron oportuno cauce en la sede penal correspondiente, según consta del listado de 14 causas individualizadas en la captura de pantalla de la Oficina Judicial Virtual acompañada al recurso, todas las cuales aparecen como concluidas, lo que descarta su consideración como manifestación actual de la afectación denunciada.

DÉCIMO TERCERO: Que la doctrina del acto permanente o de tracto sucesivo, invocada por la recurrente para sortear el plazo del N° 1 del Auto Acordado, exige para su operatividad que la conducta vulneratoria se renueve mediante hechos contemporáneos, dotados de respaldo probatorio, que permitan tener por establecida la subsistencia actual de la afectación. Tal exigencia, en la especie, no se satisface, por cuanto los dos hitos invocados como expresiones actuales de la perturbación, esto es, los acontecimientos del 6 de octubre y 1 de diciembre de 2025, han sido controvertidos por la recurrida nombre reservado, acompañándose prueba documental relativa al mes de diciembre de 2025, sin que la recurrente haya allegado contraprueba suficiente, denuncia formal contemporánea, parte policial, certificación médica, peritaje ni declaración de testigos que respalden su versión. Tampoco los informes y la fijación fotográfica de Carabineros del Retén Púa aportan elemento alguno que corrobore la efectividad de la tala denunciada o de los actos de hostigamiento imputados.

DÉCIMO CUARTO: Que la circunstancia de haberse prescindido del informe respecto de los recurridos doña nombre reservado y don nombre reservado, conforme se resolvió a folio 54, no altera la conclusión que viene anunciándose respecto de la recurrida doña nombre reservado, única notificada e informante en autos, toda vez que la carga de aportar antecedentes que permitan tener por establecidos los hechos de la acción recae sobre quien la deduce, sin que pueda derivarse, de la falta de informe de aquéllos, originada en las dificultades reiteradamente constatadas para practicar su notificación, una presunción de veracidad de las imputaciones formuladas, máxime cuando la recurrida que sí informó controvirtió fundadamente los hechos con prueba específica. Por consiguiente, y sin perjuicio de lo que se resolverá en la parte dispositiva respecto de doña nombre reservado y don nombre reservado, los elementos de juicio incorporados al expediente resultan, en conjunto, insuficientes para tener por acreditados actos u omisiones actuales, ilegales o arbitrarios imputables a la recurrida informante.

DÉCIMO QUINTO: Que de lo razonado precedentemente se sigue que, respecto de la recurrida doña nombre reservado, no se encuentran configurados los presupuestos copulativos que la jurisprudencia ha exigido para la procedencia del recurso de protección. En efecto, no se ha acreditado un acto u omisión actual, ilegal o arbitrario imputable a dicha recurrida en los términos del artículo 20 de la Constitución Política de la República; los conflictos invocados, en lo que dicen relación con el derecho de propiedad, corresponden a controversias de uso, goce y administración entre comuneros hereditarios, ámbito en el cual no aparece configurado un derecho indubitado, exclusivo o preferente de la recurrente que pueda ser cautelado por esta vía; y los hechos invocados como afectación a la integridad física o psíquica carecen del respaldo probatorio mínimo que la naturaleza cautelar de la acción exige, encontrándose además controvertidos por la prueba documental acompañada por la única recurrida informante.

DÉCIMO SEXTO: Que la conclusión anterior se entiende sin perjuicio de las acciones que en sede civil, penal o de familia puedan corresponder a la recurrente para la cabal protección de sus derechos, debiendo dejarse constancia que la presente decisión, en cuanto cautelar, produce únicamente cosa juzgada formal, no obstando a que aquélla haga valer las demás acciones que le confiere el ordenamiento jurídico ante las autoridades y tribunales correspondientes, según lo previene el propio artículo 20 de la Constitución.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, por las consideraciones precedentes, deberá disponerse, asimismo, el alzamiento de la orden de no innovar decretada a folio 2, en cuanto resulta incompatible con la decisión de fondo que en esta sentencia se adopta.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 N° 1, N° 24 y 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RESUELVE:

I.- Que se tiene por DESISTIDO el recurso de protección interpuesto a folio 1 por don Oliver Cristóbal Ortiz Devia, en representación de doña nombre reservado, en contra de doña nombre reservado y don nombre reservado, atendido que no fue posible practicar válidamente su notificación, pese a las diligencias ordenadas y a los requerimientos efectuados a la parte recurrente para aportar nuevos antecedentes sobre sus domicilios.

II.- Que se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto a folio 1 por don Oliver Cristóbal Ortiz Devia, en representación de doña nombre reservado, en contra de doña nombre reservado, por no haberse acreditado suficientemente la existencia de actos u omisiones actuales, ilegales o arbitrarios imputables a dicha recurrida, y por exceder la controversia relativa al uso, goce y administración del inmueble común el ámbito cautelar propio de esta acción constitucional.

III.- Que se ordena dejar sin efecto la orden de no innovar decretada a folio 2.

IV.- Que, sin perjuicio de lo resuelto, comuníquese la presente sentencia al Ministerio Público, conjuntamente con los antecedentes pertinentes.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo de la Sra. Ministra (S) doña Viviana Ibarra Mendoza.

Rol N° Protección-4473-2025 (pvb).