nombre reservado con SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

C.A. de Temuco Temuco, diecinueve de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece nombre reservado, chilena, soltera, asistente social, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, interpone recurso de protección en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización Región de La Araucanía (SERVIU Araucanía), RUT N° RUT reservado, representado legalmente por su Director Regional, don José Luis Sepúlveda Soza, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto administrativo contenido en la Resolución Exenta N° 116855/63/2025, de fecha 28 de noviembre de 2025, notificada el día 3 de diciembre de 2025, mediante la cual se dispuso la no renovación de su contrata, afectando de manera directa y actual diversas garantías fundamentales consagradas en la Constitución Política de la República y en tratados internacionales de derechos humanos.

Señala que con fecha 19 de diciembre de 2025 la autoridad dictó la Resolución Exenta N° 118731/63/2025, que rechazó la reposición administrativa deducida en contra del acto primitivo, indicando que dicha resolución, lejos de subsanar los vicios de legalidad y razonabilidad denunciados, se limitó a reiterar formalmente los argumentos del acto original, sin hacerse cargo de la continuidad funcionaria de más de cinco años, de la doctrina vigente sobre confianza legítima ni de las objeciones relativas a la utilización de antecedentes improcedentes, como un sumario no afinado, confirmando así la arbitrariedad y falta de motivación real de la decisión recurrida, afirmando que los hechos descritos configuran una afectación directa de las garantías contempladas en el artículo 19 N° 1, N° 2, N° 3, N° 16 y N° 24 de la Constitución Política de la República, en cuanto se le privó injustificada e ilegalmente del cargo que desempeñó durante más de cinco años continuos, afectando su estabilidad laboral, integridad emocional, legítimas expectativas funcionarias y el principio de confianza legítima.

Hace presente que el SERVIU Araucanía es un órgano de la Administración del Estado dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sujeto al principio de juridicidad establecido en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República y a la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, indicando en tal carácter, todos los actos administrativos emanados de dicho órgano deben ajustarse estrictamente a la Constitución, a la ley, al principio de legalidad, al deber de fundamentación suficiente, al principio de no discriminación arbitraria, al debido proceso administrativo y a la razonabilidad en la adopción de decisiones, añadiendo que cuando un acto administrativo carece de fundamento suficiente, es contradictorio, se basa en hechos inexistentes o utiliza procedimientos ajenos a derecho, deviene en ilegal y arbitrario, siendo plenamente impugnable mediante la acción constitucional de protección. Añadió que la Excma. Corte Suprema ha señalado reiteradamente que la Administración no puede ejercer potestades discrecionales de manera abusiva o carente de razonabilidad y que la no renovación de un funcionario con continuidad prolongada en el cargo, sin causa real y debidamente fundada, vulnera garantías constitucionales, especialmente cuando se ha generado una situación de confianza legítima.

En cuanto a su trayectoria funcionaria y consolidación de confianza legítima, señala que ingresó al SERVIU Araucanía en el año 2020, desempeñándose desde entonces como funcionaria a contrata, renovándose su designación de manera sucesiva, continua e ininterrumpida durante más de cinco años, indicando que la propia resolución de no renovación reconoce expresamente que mediante Resolución Exenta RA N° 116855/2661/2020, de fecha 15 de diciembre de 2020, fue designada a contrata desde el 1 de diciembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020, registrando continuidad durante los años 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, de modo que al momento de la no renovación acumulaba cinco años y un mes de servicios continuos.

Sostiene que durante dicho período ejerció funciones profesionales en el ámbito social vinculadas a programas y procesos institucionales que requieren continuidad y experiencia territorial, desempeñando sus labores con compromiso, eficiencia y apego a los lineamientos institucionales, sin anotaciones de demérito ni sanciones disciplinarias, afirmando que esta permanencia prolongada configura una situación de estabilidad relativa denominada confianza legítima, la cual limita el ejercicio discrecional de la Administración al momento de decidir una no renovación, exigiendo fundamentos reales, objetivos y comprobables.

Expone que a partir del año 2023 y especialmente durante 2024 comenzó a experimentar un deterioro en su clima laboral, producto de cambios internos, reasignación arbitraria de funciones, trato desconsiderado y situaciones de presión que afectaron progresivamente su salud mental, señalando que durante el año 2024 presentó denuncias internas de acoso laboral, las cuales no fueron investigadas adecuadamente por el SERVIU, circunstancias que preceden temporalmente a la resolución impugnada y que, a su juicio, refuerzan la apariencia de desviación de poder, indicando que durante dicho período se le realizaron exigencias laborales desproporcionadas, se le asignaron tareas sin directrices claras y se le responsabilizó por materias ajenas a su competencia formal, generando cuadros de estrés y ansiedad vinculados directamente al entorno laboral y acreditados mediante licencias médicas emitidas por especialistas, añadiendo que tales licencias fueron utilizadas implícitamente como reproche laboral, vulnerando el principio de no discriminación por razones de salud y afectando gravemente su integridad psíquica.

Manifiesta que durante el proceso evaluativo correspondiente al año 2024 fue calificada de manera notoriamente inferior a su desempeño real, obteniendo una evaluación deficiente que contrasta con sus evaluaciones anteriores y con la calidad objetiva de su trabajo, afirmando que dicha evaluación presenta inconsistencias, falta de motivación, ausencia de evidencia objetiva y omisiones graves, configurándose como un acto que no refleja su desempeño efectivo y que responde más bien a un contexto de tensiones laborales que a un proceso técnico y objetivo.

Indica que durante el año 2024 se inició en su contra un proceso disciplinario que, a la fecha de interposición del recurso, aún no se encontraba afinado. No obstante ello, señaló que el SERVIU utilizó referencias a dicho sumario en la resolución de no renovación, pese a que un procedimiento disciplinario en curso no puede constituir fundamento válido para adoptar medidas que afecten derechos funcionarios cuando no existe sanción firme ni imputaciones comprobadas, agregando que ello vulnera el principio de presunción de inocencia, el principio de juridicidad y el debido proceso, afirmando que durante el mismo período la institución recurrió a fotografías personales obtenidas desde redes sociales, sin autorización y fuera de todo contexto laboral, utilizándolas como antecedente para cuestionar su salud o motivaciones, lo que constituye una vulneración directa del artículo 19 N° 4 de la Constitución y de la Ley N° 19.628 sobre protección de datos personales, al tratarse de antecedentes obtenidos sin consentimiento y utilizados con fines distintos a aquellos para los cuales fueron publicados Expresa que, como consecuencia del hostigamiento, presión laboral indebida, incertidumbre prolongada y trato institucional recibido, desarrolló un cuadro clínico de afectación psíquica diagnosticado por profesionales de salud mental, señalando que pese a ello, la institución no adoptó medidas de resguardo ni ofreció alternativas de reubicación, contrariando las obligaciones de cuidado y protección que corresponden al Estado como empleador.

Relata que el 28 de noviembre de 2025 el Director Regional del SERVIU Araucanía dictó la Resolución Exenta N° 116855/63/2025, mediante la cual se dispuso la no renovación de su contrata para el año 2026, indicando que dicho acto invoca necesidades del servicio sin describirlas ni acompañar respaldo técnico, utiliza aspectos vinculados a su salud y licencias médicas como elementos evaluativos negativos, hace referencia a un sumario no afinado, se apoya en una evaluación de desempeño irregular, desconoce sus cinco años continuos de servicio, omite analizar alternativas menos gravosas, no considera el impacto de la medida en su integridad psíquica, omite referencia a las funciones efectivamente desempeñadas y a su necesidad dentro de la estructura institucional, señalando que la resolución constituye un acto de motivación aparente, carente de análisis técnico y relación lógica entre los antecedentes invocados y la decisión adoptada.

Afirma que la Resolución Exenta N° 116855/63/2025 constituye un acto ilegal y arbitrario contrario a la Constitución, a las Leyes N° 18.575 y N° 19.880 y a la jurisprudencia reiterada de la Excma. Corte Suprema en materia de funcionarios a contrata, argumentando falta de análisis técnico y motivación suficiente, que la decisión recurrida carece de motivación real, vulnerando los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, los artículos 6° y 7° de la Constitución y la jurisprudencia administrativa y judicial aplicable, indicando que la resolución se limita a enumerar antecedentes inconexos sin análisis, ponderación ni informes técnicos que acrediten una necesidad real del servicio, añadiendo que la autoridad no acreditó cambios estructurales en la dotación, prescindencia de funciones, incompatibilidades funcionales ni alternativas menos gravosas, ni consideró la situación de salud acreditada de la funcionaria, sosteniendo que la propia resolución reconoce una continuidad superior a cinco años, lo que activa plenamente la doctrina de la confianza legítima desarrollada por la Contraloría General de la República y la Excma. Corte Suprema.

Considera que existe vulneración del debido proceso administrativo, indicando que el acto recurrido se funda en un sumario administrativo no afinado, información privada obtenida de redes sociales sin autorización y el uso implícito de licencias médicas como elementos negativos de evaluación laboral, afirmando que tales prácticas vulneran el artículo 19 N° 3 de la Constitución, el principio de presunción de inocencia, la Ley N° 19.880 y la Ley N° 19.628, agregando que un órgano administrativo no puede fundar una decisión de tal gravedad en hechos no acreditados, procesos inconclusos, información obtenida ilícitamente ni datos sensibles vinculados a la salud de la funcionaria.

Argumenta errónea aplicación del principio de probidad administrativa, señalando que la autoridad invoca dicho principio sin que exista informe, sumario afinado o antecedente concreto que acredite infracción alguna a dicho principio, utilizando presunciones subjetivas y apreciaciones personales, indicando que la Contraloría General de la República ha señalado que la probidad no puede utilizarse como concepto indeterminado para justificar decisiones discrecionales, señalando que existe vulneración del principio de legalidad e incerteza normativa, indicando que la resolución recurrida infringe directamente el principio de legalidad, por cuanto se fundamenta en normas no aplicables, omite considerar el deber de motivación y desconoce la doctrina consolidada sobre confianza legítima, añadiendo que la resolución se apoya en criterios contradictorios entre sí, tales como necesidades del servicio, desempeño, sumario y licencias médicas, generando incerteza jurídica y evidenciando desviación de poder.

Sostiene que el SERVIU vulneró el artículo 19 N° 2 de la Constitución al no ponderar adecuadamente su trayectoria continua de más de cinco años, aplicar criterios distintos respecto de otros funcionarios en situación similar, utilizar antecedentes improcedentes y penalizar implícitamente el uso de licencias médicas, añadiendo que el debido proceso administrativo fue vulnerado al utilizarse un sumario no afinado, fotografías privadas obtenidas sin autorización y licencias médicas como elementos negativos, además de no permitírsele acceso a los antecedentes utilizados para justificar la no renovación ni la posibilidad de controvertirlos.

Agrega que el contexto de hostigamiento, evaluación injusta, presión laboral y amenaza de pérdida del empleo provocó un severo deterioro emocional acreditado médicamente, afectando su integridad psíquica protegida por el artículo 19 N° 1 de la Constitución, indicando además que la no renovación de la contrata le impide continuar ejerciendo su profesión, pese a haber cumplido objetivamente sus funciones y no existir informes que acrediten falta de idoneidad ni prescindencia real de su cargo, estimando que la decisión vulnera su derecho de propiedad sobre los derechos derivados de su empleo público y la situación jurídica consolidada de confianza legítima, reconocida jurisprudencialmente como parte del patrimonio protegido por el artículo 19 N° 24 de la Constitución.

Finalmente, solicita que se tenga por interpuesto recurso de protección en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización Región de La Araucanía (SERVIU Araucanía), por el acto ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta N° Resolución Exenta N° 116855/63/2025, de fecha 28 de noviembre de 2025, que dispuso la no renovación para el período 2026, y que se declare: 1.- Que la resolución recurrida es ilegal y arbitraria, por vulnerar los artículos 19 N° 1, N° 2, N° 3, N° 16 y N° 24 de la Constitución; por carecer de motivación suficiente; por fundarse en antecedentes ilícitos o improcedentes; por desconocer la doctrina de la confianza legítima; por infringir el debido proceso; y por constituir una diferencia arbitraria en el ejercicio de potestades administrativas. 2. Que se deje sin efecto la Resolución Exenta N° 116855/63/2025, de 28 de noviembre de 2025, y ordenar la inmediata renovación de mi contrata para el año 2026, en condiciones equivalentes a las que venía desempeñándose hasta la dictación del acto impugnado. 3.- Que se ordene al SERVIU Araucanía abstenerse de desplegar actos de hostigamiento, discriminación, represalias o cualquier medida atentatoria derivada de la interposición del presente recurso. 4.-Que se disponga todas las medidas que esta Corte estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de las garantías constitucionales vulneradas. 5. Que se condene en costas a la recurrida, si se opusiere.

A folio 9, comparece la abogada Mirta Belén Marín Curio, domiciliada en domicilio reservado, en representación del Servicio de Vivienda y Urbanización Región de La Araucanía, persona jurídica de derecho público, y de su Director don José Luis Sepúlveda Soza, ambos del mismo domicilio antes señalado, quien evacúa el informe requerido solicitando el rechazo de la acción interpuesta por doña nombre reservado.

Señala que de acuerdo con los antecedentes que obran en poder del Servicio, la recurrente ingresó al SERVIU Región de La Araucanía en calidad de contrata mediante Resolución Exenta RA N°116855/2661/2020, de fecha 15 de diciembre de 2020, iniciando funciones el 1 de diciembre de 2020 y hasta el 31 de diciembre del mismo año y/o mientras fueran necesarios sus servicios, indicando que mediante Resolución Exenta RA N°116855/2667/2020, de fecha 17 de diciembre de 2020, se prorrogó su contrata desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 y/o mientras fueran necesarios sus servicios, agregando por Resolución Exenta RA N°116855/2974/2021, de fecha 30 de noviembre de 2021, se prorrogó su contrata desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022 y/o mientras fueran necesarios sus servicios. Indica asimismo que, por Resolución Exenta RA N°116855/3107/2022, de fecha 14 de diciembre de 2022, se prorrogó nuevamente su contrata desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023 y/o mientras fueran necesarios sus servicios. Hace presente que, mediante Resolución Exenta RA N°116855/2595/2023, de fecha 20 de julio de 2023, se designó a la recurrente desde el 1 de julio de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023 y/o mientras fueran necesarios sus servicios. Expone que, mediante Resolución Exenta RA N°116855/4249/2023, de fecha 4 de diciembre de 2023, se prorrogó su contrata desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024 y/o mientras fueran necesarios sus servicios. Añade que, mediante Resolución Exenta RA N°116855/1727/2024, de fecha 13 de diciembre de 2024, se prorrogó nuevamente su contrata desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025 y/o mientras fueran necesarios sus servicios.

Expone que, respecto del año 2026, se dispuso la no renovación de su contrata mediante Resolución Exenta RA N°116855/63/2025 del Servicio de Vivienda y Urbanización Región de La Araucanía, acto que afirma se encuentra debidamente fundado, conforme a lo exigido por la jurisprudencia administrativa y judicial vigente, señalando que dicha resolución fue notificada a la recurrente mediante carta certificada.

Sostiene que la potestad ejercida por la autoridad administrativa para no renovar el vínculo a contrata se encuentra regulada en la Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo, cuyo artículo 2 letra c) define el empleo a contrata como uno de duración limitada en el tiempo, añadiendo que el artículo 10 del D.F.L. N°29, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.834, establece que los empleos a contrata duran, como máximo, hasta el 31 de diciembre de cada año, expirando en dicha fecha por el solo ministerio de la ley, salvo que se proponga su prórroga con a lo menos treinta días de anticipación, haciendo que el carácter transitorio del empleo a contrata ha sido reconocido por la jurisprudencia administrativa y judicial, citando el Dictamen N°23.518/2016 de la Contraloría General de la República, conforme al cual, cuando la contratación contiene la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios”, la autoridad administrativa puede ponerle término cuando lo estime conveniente.

Agrega que el mismo dictamen exige que los actos administrativos que afecten derechos de particulares expresen sus fundamentos de hecho y de derecho, requisito que estima cumplido mediante la Resolución Exenta RA N°116855/63/2025, de fecha 28 de noviembre de 2025, citando sentencia pronunciada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en causa Rol N°28.374-2018, “nombre reservado con Subsecretaría de Previsión Social”, de fecha 14 de mayo de 2018, en la cual se reconoció el carácter esencialmente transitorio de los empleos a contrata y la facultad discrecional de la autoridad administrativa para poner término a los mismos.

Indica que el fallo referido señala que el empleo a contrata es esencialmente transitorio, de duración limitada en el tiempo, y que sus plazos no se encuentran garantizados por norma alguna, añadiendo que el mismo fallo distingue entre funcionarios de planta y a contrata, señalando que la principal diferencia radica en la permanencia de los primeros y la transitoriedad de los segundos, señalando que la potestad ejercida para poner término a la contrata de la recurrente es legal, fue ejercida por autoridad competente y se ajusta a la jurisprudencia administrativa y judicial vigente, añadiendo que el Estatuto Administrativo regula expresamente la carrera funcionaria respecto del personal titular de planta, conforme al artículo 3 letra f), por lo que no resulta posible equiparar dicha situación a la de los funcionarios a contrata.

En relación con el principio de confianza legítima, señala que, si bien la Contraloría General de la República ha reconocido su aplicación en ciertos casos respecto de funcionarios a contrata, el mismo órgano ha sostenido que ello no afecta la facultad de las autoridades para decidir la no renovación o término anticipado de las contratas, citando al efecto el Dictamen N°6400/2018, indicando que mediante Resolución Exenta RA N°116855/63/2025, de fecha 28 de noviembre de 2025, se dispuso la no renovación del vínculo contractual de la recurrente, acto que expresó, en síntesis, las siguientes consideraciones: i) Que la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios” consta en todas las resoluciones de nombramiento y prórroga de la recurrente, estimándose que sus servicios ya no resultan necesarios atendidas las atribuciones de la autoridad para garantizar la eficiencia y competencia profesional y técnica del personal. ii) Que la recurrente se desempeñaba como analista en la Sección Gestión y nombre reservado, conforme al perfil de cargo contenido en documento de fecha 10 de julio de 2024, código PC-EVD-122. iii) Que sus funciones requerían orientación a usuarios internos, identificación de necesidades, disposición de servicio cordial y empatía. iv) Que el perfil exigía capacidad de adaptación, trabajo en equipo, versatilidad y alineación de objetivos institucionales. v) Que, según correo electrónico de fecha 25 de noviembre de 2025 remitido por la Sección Gestión y nombre reservado, la funcionaria registraba 48 licencias médicas entre marzo de 2023 y noviembre de 2025, equivalentes a 316 días de ausencia en un período de 1001 días corridos, lo que representaba un 31% de inasistencia. vi) Que dicha situación repercutía directamente en sus obligaciones funcionarias y dificultaba el adecuado cumplimiento de sus funciones. vii) Que mediante correo electrónico de fecha 11 de agosto de 2025 se remitió Oficio de la Contraloría General de la República E131793-2025, relativo a asistencia de la funcionaria a un casino de juegos mientras hacía uso de licencia médica, situación respecto de la cual se le aplicó sanción disciplinaria consistente en suspensión de empleo por 60 días, multa del 50% de sus remuneraciones y anotación de demérito. viii) Que, atendido que la recurrente se desempeñaba precisamente en la Sección Gestión y nombre reservado, unidad encargada de promover el cumplimiento de deberes funcionarios y materias de probidad administrativa, era mayor la exigencia respecto de su conducta funcionaria. ix) Que mediante Oficio de la Contraloría General de la República E82804-2025, remitido el 23 de mayo de 2025, se informó sobre salidas o permanencia en el extranjero mientras hacía uso de licencias médicas, encontrándose la recurrente incluida en dicha nómina, motivo por el cual se instruyó sumario administrativo. x) Que existían correos electrónicos de jefaturas de unidades del servicio rechazando la incorporación de la recurrente a sus equipos de trabajo. xi) Que en sus calificaciones de desempeño correspondientes a los años 2024 y 2025 obtuvo lista 3 condicional y lista 2, respectivamente, con escasa mejora en sus evaluaciones. xii) Que los preinformes de desempeño emitidos por su jefatura daban cuenta de bajo o deficiente desempeño en sus labores, incumplimientos y resistencia a instrucciones y retroalimentaciones. xii) Que un material PPT encargado en febrero de 2025 fue terminado recién en abril de ese año, tras insistencias de su jefatura. xiii) Que la Sección Gestión y nombre reservado contaba con una robusta dotación de profesionales analistas de gestión. xiv) Que, en virtud de lo anterior, se concluyó que los servicios de la recurrente resultaban innecesarios, atendido el número de profesionales existentes, su deficiente desempeño y las sanciones disciplinarias aplicadas, concluyendo que el acto administrativo se encuentra debidamente fundado y que la facultad de no renovar la contrata corresponde privativamente al Director del SERVIU, añadiendo que la Administración debe actuar conforme a los principios de eficiencia y eficacia establecidos en los artículos 3 y 5 de la Ley N°18.575, debiendo velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y el debido cumplimiento de la función pública.

Sostiene que el acto impugnado no es ilegal, por cuanto su dictación deriva de una facultad expresamente contenida en el nombramiento de la recurrente y en la normativa estatutaria aplicable, particularmente en el artículo 10 del D.F.L. N°29, señalando que el acto no crea, modifica ni extingue derechos, sino que únicamente reconoce una situación jurídica producida por el solo ministerio de la ley, añadiendo que la facultad ejercida es discrecional y se encuentra respaldada legalmente, permitiendo a la autoridad optar entre distintas alternativas conforme a criterios de mérito, oportunidad y conveniencia, indicando que el ejercicio de dicha potestad se ajustó plenamente a derecho y no constituye arbitrariedad alguna.

Respecto de la supuesta vulneración a la integridad psíquica, señala que la recurrente no acreditó de manera concreta y específica una afectación real y actual a dicha garantía, limitándose a afirmaciones genéricas, agregando que la no renovación de una contrata constituye una facultad legal de la autoridad administrativa y que su ejercicio regular no puede equipararse a un atentado contra la integridad psíquica. En relación con la igualdad ante la ley, sostiene que la resolución fue dictada conforme a la Ley N°19.880, debidamente fundada y notificada, sin existir tratamiento diferenciado respecto de otros casos de no renovación de contratas, añadiendo que la recurrente ejerció los recursos administrativos contemplados en el ordenamiento jurídico, sin que exista antecedente alguno de trato arbitrario o discriminatorio.

Respecto del debido proceso y protección de la ley, señala que la resolución impugnada constituye una decisión discrecional de la autoridad y no el resultado de un procedimiento sancionatorio o contencioso administrativo, indicando que la no renovación de una contrata no constituye sanción ni afecta derechos adquiridos, sino que corresponde al ejercicio legítimo de una potestad de administración del personal, añadiendo que la decisión fue formalizada mediante resolución fundada y que la recurrente contó con mecanismos de impugnación administrativa.

En cuanto a la libertad de trabajo, sostiene que dicha garantía no se vulnera, toda vez que las contratas son esencialmente temporales y no generan expectativa legítima de permanencia indefinida, agregando que la decisión impugnada no impide a la recurrente desarrollar otras actividades laborales en el ámbito público o privado y respecto del derecho de propiedad, señala que no existe propiedad sobre el empleo público, citando jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, particularmente causa Rol N°2369-2000, de 10 de septiembre de 2000, añadiendo que el artículo 19 N°24 no contempla propiedad sobre el empleo o función pública y que la estabilidad funcionaria no constituye una expresión del derecho de dominio, citando fallos de las Cortes de Apelaciones de Concepción y La Serena, que sostienen que la ley no consagra un derecho de propiedad sobre el cargo o empleo público, sino únicamente estabilidad funcionaria mientras no opere una causal legal de cesación, solicitando finalmente que se tenga por evacuado el informe y rechazar en todas sus partes el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización Región de La Araucanía, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el art culo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

Tercero: Que el acto recurrido corresponde a la Resolución Exenta N°116855/63/2025, de fecha 28 de noviembre de 2025, mediante la cual el SERVIU Región de La Araucanía resolvió no renovar la contrata de la recurrente para el período correspondiente al año 2026.

Cuarto: Que de los antecedentes acompañados aparece establecido que la recurrente se desempeñó en calidad de funcionaria a contrata desde diciembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2025, mediante sucesivas renovaciones anuales que contenían expresamente la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios”, circunstancia prevista en el artículo 10 del D.F.L. N°29, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.834.

Quinto: Que el régimen jurídico aplicable a los funcionarios a contrata reconoce el carácter esencialmente transitorio de tales designaciones, las cuales expiran por el solo ministerio de la ley el 31 de diciembre de cada año, salvo renovación expresa de la autoridad competente, de manera que no existe un derecho adquirido a la renovación indefinida del vínculo funcionarial.

Sexto: Que, sin perjuicio de lo anterior, la jurisprudencia administrativa y judicial ha reconocido que la reiteración prolongada de renovaciones puede generar una situación de confianza legítima, imponiendo a la Administración el deber de fundar adecuadamente las decisiones de no renovación.

Séptimo: Que, en la especie, la resolución impugnada contiene fundamentos concretos y específicos que justifican la decisión adoptada, consignando antecedentes relativos a: a) reiteradas ausencias laborales derivadas de licencias médicas; b) evaluaciones de desempeño deficientes; c) observaciones efectuadas por jefaturas respecto del cumplimiento de funciones; d) existencia de procedimientos disciplinarios e infracciones funcionarias; e) necesidades organizacionales del servicio y suficiencia de dotación profesional existente.

Octavo: Que, en consecuencia, no aparece que la decisión recurrida carezca absolutamente de motivación o responda al mero capricho de la autoridad administrativa, desde que se expresaron antecedentes objetivos vinculados al desempeño y funcionamiento del servicio, los cuales fueron ponderados por la autoridad competente en ejercicio de facultades legalmente conferidas.

Noveno: Que las alegaciones de la recurrente relativas a la improcedencia de ciertos antecedentes utilizados por la Administración —como sumarios administrativos en curso o antecedentes relativos a licencias médicas— constituyen materias que requieren discusión, prueba y análisis de lato conocimiento, incompatibles con la naturaleza cautelar y sumarísima del recurso de protección.

Décimo: Que tampoco se advierte vulneración de la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, desde que no se acreditó un trato discriminatorio o diferenciado respecto de otros funcionarios en condiciones equivalentes.

Asimismo, la no renovación de una contrata, adoptada conforme al régimen estatutario aplicable y debidamente formalizada mediante acto administrativo fundado, no constituye por sí misma una afectación ilegal a la integridad psíquica, libertad de trabajo o derecho de propiedad amparados por el artículo 19 N°1, N°16 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Undécimo: Que, por otra parte, la recurrente ejerció oportunamente los mecanismos administrativos de impugnación previstos en el ordenamiento jurídico, deduciendo recurso de reposición en contra del acto recurrido, circunstancia que evidencia que contó con instancias de revisión administrativa suficientes, de manera que, no habiéndose acreditado la existencia de un acto ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace las garantías constitucionales invocadas, la presente acción cautelar no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara: Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro don Alberto Amiot.

N° Protección-4449-2025.(csd)