Protección contra ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES

C.A. de Temuco Temuco, veintisiete de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, comparece don Piero Palazzo Hauptli, abogado, en representación de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien deduce acción de protección en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES (AFP) HABITAT S.A., representada por don nombre reservado, específicamente en contra del acto que califica de ilegal y arbitrario, de fecha 11 de diciembre de 2025, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales para técnicos extranjeros, conforme a los antecedentes de hecho y de derecho que expone en su presentación.

En cuanto a los antecedentes de hecho, señala que don nombre reservado solicitó ante la recurrida la devolución de sus fondos previsionales al amparo de la Ley N° 18.156, la cual establece una exención de cotizaciones para técnicos extranjeros que cumplan con los requisitos legales. Añade que, habiendo realizado las solicitudes respectivas, fue notificado el 11 de diciembre de 2025 del rechazo de las mismas.

Sostiene que el beneficiario cumple íntegramente con las condiciones de los artículos 1 y 7 de la citada ley, a saber, su calidad de técnico profesional extranjero, la afiliación a un régimen de seguridad social fuera de Chile —Instituto Venezolano de los Seguros Sociales - IVSS— que otorga prestaciones de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y la manifestación de voluntad de mantener dicha afiliación en su contrato de trabajo.

Afirma que la recurrida incurre en una errónea interpretación de los antecedentes y en una obstaculización en su proceso, por cuanto el rechazo se fundamenta en que el certificado de afiliación del IVSS no se encuentra apostillado. En ese sentido, añade que dicha constancia electrónica es plenamente verificable y validable mediante un link oficial y un código alfanumérico que otorga certeza y confiabilidad, medios que la AFP omitió verificar de forma activa, limitándose a un rechazo genérico y formalista.

En cuanto a los fundamentos de derecho, señala que el actuar de la recurrida es ilegal y arbitrario, sosteniendo que es un mero capricho carente de objetividad. Sostiene que se impone al peticionario una carga no prevista en la Ley N° 18.156, ya que la norma no exige que el certificado esté apostillado si existen medios tecnológicos para validar la veracidad de la afiliación.

Cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema (Rol N° 28881- 2022) para advertir que una interpretación restrictiva supondría una “interpretación excesivamente literal y formalista de la norma”, conforme se expresa en este extremo del recurso.

Arguye que se establece una diferencia arbitraria, pues otros ciudadanos en situaciones análogas han obtenido la devolución, afirmando que el rechazo carece de la debida fundamentación al no pronunciarse sobre los medios alternativos de verificación proporcionados.

Sostiene que la administradora debe ceñirse a un “racional y justo procedimiento”.

Cuestiona que, ante cualquier duda sobre la suficiencia del documento, la recurrida debió notificar al peticionario para complementar los antecedentes en lugar de rechazar in limine.

Enfatiza que los fondos pertenecen al afiliado y que la retención injustificada priva al recurrente de los atributos esenciales del dominio sobre sus ahorros. Invoca sentencias previas que han establecido que exigir apostilla en contextos de imposibilidad material constituye un obstáculo irrazonable y desproporcionado.

Solicita se acoja el recurso, y en definitiva, ordenar que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente o el que se estime conforme al mérito de autos; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Adjunta a su presentación los siguientes documentos: Cédula de identidad para extranjeros de nombre reservado; Carta de rechazo de la AFP Hábitat de nombre reservado; Constancia de afiliación electrónica de nombre reservado; Certificación consular que acredita afiliación de nombre reservado; Título profesional apostillado, que acredita profesión nombre reservado; Certificado de no nacionalizado de nombre reservado; y Certificado de antecedentes de residencia que acredita domicilio domicilio reservado, comparece doña nombre reservado nombre reservado, abogada en representación de AFP Habitat S.A., quien evacua informe solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas, sobre la base de los argumentos que expone en su presentación.

Sostiene que el recurso de protección es una acción de carácter cautelar destinada a amparar derechos preexistentes y no discutidos, afirmando que el recurrente no es titular de un “derecho indubitado”, toda vez que su pretensión requiere acreditar el cumplimiento de requisitos legales cuyo análisis sobrepasa los márgenes de esta acción constitucional, debiendo ser ventilada, en su caso, en un juicio de lato conocimiento. Agrega que la obligación de cotizar emana del artículo 19 N° 18 de la Constitución y que la AFP no puede realizar actos que la ley no le permita.

En cuanto a la extemporaneidad, alega que la acción fue interpuesta fuera del plazo fatal de 30 días corridos, explicando que el recurrente presentó una solicitud idéntica con los mismos documentos en junio de 2025, la cual fue rechazada formalmente en julio de 2025.

Sostiene que la nueva solicitud de noviembre de 2025 tuvo por único objeto refrescar los hechos para revivir un plazo ya fenecido, lo que contraviene el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

Hace una cronología de la cuenta del afiliado, destacando que en el año 2023 se le autorizó una devolución previa al haber cumplido los requisitos. Sin embargo, respecto a la solicitud actual (por el empleador China Railway Tunnel Group Co.), el rechazo se fundó en que la certificación del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) de marzo de 2023 se encontraba “vencida”, al haber transcurrido más de 120 días desde su emisión. Dicha certificación es anterior a las cotizaciones que pretende le sean devueltas (periodo noviembre 2023 a abril 2025), por lo que no acredita la cobertura de seguridad social coetánea fuera de Chile. La constancia electrónica acompañada carece de firma responsable y apostilla, incumpliendo las exigencias de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Enfatiza que la Ley N° 18.156 es una norma especial y de excepción, por lo que debe ser interpretada restrictivamente. Su finalidad es evitar la doble cobertura previsional y no constituir un mecanismo de ahorro de libre disponibilidad. Aclara que la Administradora tiene la obligación legal y reglamentaria (según el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones) de exigir que la documentación se presente debidamente legalizada o apostillada. Sostiene que la verificación en línea pretendida por el recurrente no es el mecanismo de validación que establece nuestra legislación para documentos extranjeros.

En cuanto a las vulneraciones alegadas por la recurrente, en lo referido a la garantía de la igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, niega cualquier trato discriminatorio, afirmando que se ha aplicado el mandato legal de forma objetiva, exigiendo los mismos requisitos que a cualquier otro afiliado extranjero.

En lo relativo al derecho de propiedad, menciona que los fondos se encuentran en la cuenta individual del recurrente y que la negativa al retiro no implica privación del dominio, sino que el afiliado no cumple los supuestos para un beneficio excepcional. Los fondos permanecen destinados a los fines previsionales generales del D.L. 3.500.

Cita jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones de Santiago, San Miguel, Valparaíso y Concepción, confirmadas por la Excma. Corte Suprema (ej. Roles 34641-2025 y 43545-2025), que validan la exigencia de la apostilla y la vigencia de los certificados, estableciendo que la situación política de Venezuela no hace imposible el cumplimiento de la carga legal, pudiendo realizarse el trámite por vías consulares alternativas o medios digitales oficiales.

Adjunta a su presentación los siguientes documentos:

Antecedentes presentados por don nombre reservado en junio 2025 para respaldar su solicitud de devolución de fondos Previsionales Ley 18.156;

Informe legal emitido por la Administradora FDE N° NUM000;

Antecedentes presentados por don nombre reservado en noviembre 2025 para respaldar su solicitud de devolución de fondos Previsionales Ley 18.156;

Informe legal emitido por la Administradora FDE N° NUM001; Carta de AFP Habitat informativa RTE N° NUM002; Carta de AFP Habitat informativa RTE N° NUM003; Oficio Ord. N° NUM004 de la Superintendencia de Pensiones de 26.10.2015; Oficio Ord. N°NUM005 de la Superintendencia de Pensiones de 30.12.2011; Normativa de la Superintendencia de Pensiones que regula la devolución de fondos a extranjeros, disponible también en https://www.spensiones.cl/portal/compendio/596/w3-propertyvalue- 3067.html Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

TERCERO: Que, previo a resolver el asunto en cuestión, conviene recordar que el artículo 1 de la Ley N°18.156 dispone que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Por su parte, el artículo 7 del cuerpo normativo referido, estatuye que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

CUARTO: Que, conforme a las normas transcritas, se desprende que la recurrida no ha incurrido en ilegalidad alguna, por cuanto, se ha limitado a exigir del actor el cumplimiento de los requisitos que los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 ya transcritos, requieren para el retiro solicitado, sin que el afiliado hubiere satisfecho tales presupuestos necesarios para el éxito de la devolución de fondos, en cuanto al certificado de afiliación y firmas de las autoridades respectivas.

Asimismo, tampoco puede reprocharse arbitrariedad en la decisión, toda vez que ésta resulta debidamente fundada, precisamente en el incumplimiento de los requerimientos legales que el actor debía cumplir al efecto, según se ha reseñado.

QUINTO: Que, la Excma. Corte Suprema de justicia en reciente fallo, causa Rol N° 33946-2025, ha reconocido precisamente las facultades legales de la recurrida para negar - en similar situación - la reclamación de la recurrente al señalar: “Octavo: Que de lo reseñado hasta ahora se desprende que la recurrida no ha incurrido en ilegalidad alguna, y por el contrario, se ha limitado a exigir del actor el cumplimiento de los requisitos que los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 ya transcritos, requieren para el retiro solicitado, sin que el afiliado hubiere satisfecho tales presupuestos necesarios para el éxito de la devolución de fondos. Luego, tampoco puede reprocharse arbitrariedad en la decisión, toda vez que ésta resulta debidamente fundada, precisamente en el incumplimiento de los requerimientos legales que el actor debía cumplir al efecto, según se ha reseñado”.

SEXTO: Que, las circunstancias anteriores conducen necesariamente al rechazo del arbitrio constitucional deducido, conforme se indicará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 N°2, N° 3 y 24 de la Constitución Política de la República y lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección, deducido por el abogado don Piero Palazzo Hauptli, en representación de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A., por estimar que no se configura en la especie un acto u omisión ilegal o arbitraria, que constituya amenaza o afectación de sus derechos fundamentales.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por la ministra titular A. Cecilia Aravena López.

N° Protección-4444-2025. (cwm)