Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S

C.A. de Temuco Temuco, veintisiete de abril de dos mil veintiséis.

Vistos:

Que compareció doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N° NUM000, domiciliada en domicilio reservado, Región de La Araucanía, quien dedujo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, impugnando el acto que calificó de ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156, comunicado por carta de fecha 18 de diciembre de 2025, solicitando que se adoptaran las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar el debido ejercicio de las garantías constitucionales que estimó vulneradas.

Expuso que solicitó ante la referida administradora la devolución de sus fondos previsionales, amparada en lo dispuesto en los artículos 1 y 7 de la Ley N° 18.156, por cuanto tenía la calidad de profesional extranjera y se encontraba afiliada a un régimen de seguridad social en su país de origen, circunstancia que acreditó mediante Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), acompañando además declaración jurada y antecedentes contractuales en los que manifestó su voluntad de mantener su afiliación previsional extranjera. Indicó que, atendida la operatividad del sistema informático dispuesto por la propia AFP, debió efectuar solicitudes separadas respecto de distintos empleadores.

Señaló que, no obstante cumplir con todos los requisitos legales, la recurrida rechazó su solicitud exclusivamente por estimar que la constancia de afiliación presentada no se encontraba debidamente legalizada o apostillada, sin efectuar verificación alguna de su autenticidad, pese a que el documento era plenamente verificable en línea mediante los códigos y enlaces oficiales del IVSS, lo que a su juicio evidenciaba una actuación arbitraria, carente de fundamentación y contraria a la finalidad de la ley. Añadió que la exigencia de apostilla constituía la imposición de un requisito no contemplado en la Ley N° 18.156, máxime considerando los avances tecnológicos que permiten constatar la afiliación previsional por medios electrónicos.

Sostuvo que el actuar de la AFP vulneraba las garantías consagradas en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad sobre sus fondos previsionales, además de afectar el debido proceso, al haberse adoptado una decisión sin otorgar oportunidad de subsanar ni efectuar una revisión diligente de los antecedentes acompañados. Invocó, en apoyo de su tesis, jurisprudencia reciente que acogía una interpretación no formalista de la Ley N° 18.156, destacando especialmente fallos que reconocían la suficiencia de certificados electrónicos verificables para acreditar afiliación previsional extranjera.

Pidió en definitiva que se dejara sin efecto el rechazo impugnado, se ordene a la recurrida efectuar un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y se disponga la devolución de los fondos previsionales solicitados, dentro de un plazo razonable.

Que informó la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., solicitando el rechazo del recurso, alegando en primer término la improcedencia de la acción constitucional por no existir un derecho indubitado ni un acto arbitrario o ilegal susceptible de ser amparado por esta vía. Expuso que la devolución de fondos previsionales al amparo de la Ley N° 18.156 constituía un beneficio excepcional, cuyo otorgamiento estaba sujeto al cumplimiento copulativo de requisitos estrictos, debidamente acreditados conforme a la normativa vigente.

Indicó que la solicitud presentada por la recurrente fue analizada por la Fiscalía de la Administradora, siendo rechazada por no haberse acreditado la afiliación a un régimen previsional extranjero mediante certificación oficial debidamente legalizada o apostillada, en conformidad con el artículo 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, la Convención de La Haya sobre la Apostilla y las instrucciones obligatorias impartidas por la Superintendencia de Pensiones en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Afirmó que la constancia electrónica del IVSS carecía de firma autorizada y apostilla, y que su verificación en línea solo tenía efectos internos en el país emisor, no siendo idónea para producir efectos jurídicos en Chile.

Añadió que la AFP debía sujetar su actuación a la interpretación vinculante de la Superintendencia de Pensiones y que, conforme a reiterada jurisprudencia administrativa y judicial —que citó extensamente—, la exigencia de legalización o apostilla de documentos extranjeros no constituía una carga arbitraria, sino el cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de instrumentos públicos. Negó haber vulnerado la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad o el debido proceso, señalando que la negativa a acceder al beneficio solo implicaba la improcedencia de un régimen excepcional, permaneciendo íntegros los derechos previsionales de la recurrente bajo las reglas generales del sistema.

Sostuvo finalmente que la recurrente siempre pudo subsanar su solicitud acompañando la documentación exigida en forma legalmente válida, por lo que no existía perturbación ni privación alguna de garantías constitucionales, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

Y considerando:

Primero: Que el recurso de protección deducido se funda en el rechazo, por parte de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., de admitir a tramitación la solicitud de devolución de fondos previsionales formulada por la recurrente al amparo de la Ley N° 18.156, decisión que fue comunicada mediante carta de fecha 18 de diciembre de 2025, fundándose en que la documentación acompañada no acreditaba válidamente, conforme a la normativa vigente, la afiliación de la actora a un régimen previsional o de seguridad social en el extranjero.

Segundo: Que, conforme a lo dispuesto en los artículos 1 y 7 de la Ley N° 18.156, la devolución de fondos previsionales a trabajadores extranjeros constituye un beneficio de carácter excepcional, cuya procedencia se encuentra sujeta al cumplimiento copulativo de los requisitos previstos en dicha normativa, entre ellos, que el trabajador se encuentre afiliado a un sistema de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, circunstancia que debe ser debidamente acreditada.

Tercero: Que la recurrida explicó detalladamente que la solicitud fue rechazada por no haberse acompañado una certificación idónea, emanada de la autoridad previsional competente del país de origen de la recurrente, debidamente legalizada o apostillada, exigencia que no solo deriva de las normas generales sobre valor probatorio de los instrumentos públicos otorgados en el extranjero, contenidas en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, sino también de la normativa especial y obligatoria dictada por la Superintendencia de Pensiones en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Cuarto: Que, en efecto, del mérito del informe evacuado por la recurrida aparece que ésta actuó en estricto cumplimiento de las instrucciones impartidas por su organismo fiscalizador, las que imponen a las Administradoras de Fondos de Pensiones el deber de exigir que la documentación extranjera presentada para acreditar la afiliación previsional se encuentre debidamente legalizada o apostillada, como condición previa para cursar válidamente la solicitud de devolución de fondos conforme a la Ley N° 18.156, careciendo dichas entidades de potestad para relevar tal exigencia.

Quinto: Que la circunstancia de que el documento acompañado por la recurrente —consistente en una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el organismo previsional venezolano— sea verificable mediante medios electrónicos en su país de origen, no le otorga, por sí sola, aptitud para producir efectos jurídicos en Chile, pues la legislación nacional exige el cumplimiento de determinadas formalidades para el reconocimiento y valoración de documentos públicos extranjeros, exigencias que resultan igualmente aplicables aun cuando dichos documentos incorporen sistemas de verificación digital.

Sexto: Que, en consecuencia, no se advierte que la recurrida haya incurrido en un actuar arbitrario, desde que su decisión se fundó en razones objetivas, expresamente comunicadas y sustentadas en normas legales y reglamentarias vigentes; ni tampoco en un actuar ilegal, toda vez que se limitó a aplicar la normativa que regula su actuación, sin exceder el ámbito de sus competencias ni imponer requisitos distintos de aquellos que el ordenamiento jurídico le ordena observar Séptimo: Que, por lo mismo, no se configura vulneración alguna de las garantías consagradas en el artículo 19 N° 2 ni N° 24 de la Constitución Política de la República, desde que la negativa a cursar la solicitud no importó desconocer la igualdad ante la ley ni privar a la recurrente de la propiedad de sus fondos previsionales, los que permanecen íntegramente en su cuenta individual, limitándose la decisión cuestionada a declarar improcedente la postulación a un beneficio excepcional respecto del cual no se acreditaron los presupuestos legales exigidos para su curso, razón por la cual la acción constitucional no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A.

Redacción del fallo por el Ministro Sr. José Héctor Marinello Federici.

Regístrese y archívese.

N° Protección-4443-2025. (cwm)