nombre reservado con BANCO DEL ESTADO DE CHILE

C.A. de Temuco Temuco, uno de agosto de dos mil veinticuatro.

Vistos:

A folio 1, comparece la abogada doña CONSTANZA AMPUERO MORA, quien deduce recurso de protección en favor de don nombre reservado, RUT N° RUT reservado y en contra del BANCO DE CHILE, RUT: RUT reservado, representado legalmente por don nombre reservado, en razón del acto ilegal y arbitrario consistente, en el bloqueo y cierre de su cuenta corriente N°[cuenta reservada], sufriendo por ello privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los siguientes derechos y garantías: la igualdad ante la ley (artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República); la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica (artículo 19 n°22 de la Constitución Política de la República) y el derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales e incorporales (artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República).

Comienza señalando que su representado, es cliente de Banco Estado hace más de 5 años, mantiene diversos productos con dicha entidad, entre ellos la cuenta corriente N°[cuenta reservada] la cual ocupaba para administrar los dineros de su empresa. Asimismo, nunca ha tenido alguna deuda impaga o problema con sus cuentas, hasta el día 07 de mayo del presente año.

El día 07 de mayo de 2024, su representado se encontraba esperando un depósito de un cliente aproximadamente de $3.000.000 (tres millones de pesos), sin embargo, la persona llama al recurrente para informarle que no es posible realizar el depósito, puesto que le informaron desde el banco que la cuenta se encontraba bloqueada. Ante la sorpresa de del actor, acude a la sucursal de la entidad bancaria para pedir una explicación acerca de lo que había sucedido.

De esta forma, estando en la sucursal, la ejecutiva le explica al recurrente que el banco tomó la decisión unilateral de bloquear y cerrar su cuenta corriente por tener una “deuda indirecta”, y ser un cliente de alto riesgo, sin dar mayor detalle, ordenándole a su cliente que debía sacar todos los fondos que tenía para proceder al cierre. Así las cosas, le indican de igual manera que puede llamar al número de servicio al cliente para que lo puedan ayudar, y desde dicho servicio le indican que no pueden puesto que no está dentro de sus atribuciones y debe verlo directamente en el banco.

Finalmente, con fecha 16 de mayo el recurrente acude nuevamente a la sucursal de Banco Estado ubicado en esta ciudad buscando algún documento que le pudieran entregar explicando el cierre de la cuenta, no obteniendo ninguna respuesta positiva, reiterando desde dicha entidad que debía retirar sus fondos.

ACTO ARBITRARIO E ILEGAL QUE PRIVA, PERTURBA Y AMENAZA EL LEGÍTIMO EJERCICIO DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.

Al acudir en ambas ocasiones a la sucursal de Banco Estado, a su representado solo se le dieron respuestas evasivas, sin una explicación concreta acerca de las razones y circunstancias que llevaron a la recurrida a tomar la decisión de bloquear y cerrar su cuenta corriente, basándose en todo momento en una supuesta deuda indirecta y ser un cliente de alto riesgo.

Que, desde dicha perspectiva, su representado ha sufrido un acto de discriminación ilegal y arbitraria en el trato que deben darle en materia económica, atendido que le quitan el único recurso donde puede recibir los pagos de su empresa, es decir, su fuente laboral, no se le está tratando de igual manera al no darle una explicación clara de lo que el banco considera como un cliente de alto riesgo, y sobre todo perturbando y amanzanando su derecho de propiedad sobre su cuenta corriente y dineros que tenga en ella, ya que, si bien, esta parte es consciente de que la entidad puede cerrar unilateralmente las cuentas corrientes o productos que tenga con una persona natural, no es menos cierto que se deben cumplir requisitos que en esta ocasión no se les ha dado cumplimiento y que se desarrollarán en lo sucesivo.

Que en este aspecto, el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de garantías y derechos preexistentes, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitraria e ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, debiendo concurrir los siguientes supuestos: a) Un comportamiento por acción u omisión, contrario a derecho, expresado bajo la modalidad de ilegalidad o arbitrariedad, y b) Que ello siga como consecuencia privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías fundamentales.

El actuar de la recurrida descrito anteriormente, se demuestra claramente una acción ilegal y arbitraria, que tiene como consecuencia la privación, perturbación y amenaza del legítimo ejercicio de los siguientes derechos y garantías fundamentales de su representado, a saber:

LA IGUALDAD ANTE LA LEY (ARTÍCULO 19 Nº 2 C.P.R).

El legislador estableció que el artículo 19 Nº 2 prohíbe a la ley y a toda autoridad el establecimiento de diferencias arbitrarias. En este sentido, la recurrida demuestra una actitud sin fundamento, tratando de manera desigual a un cliente que no tiene morosidad alguna con ella, por tener morosidad con otras instituciones, discriminándolo respecto de otros clientes en igualdad de condiciones, que han recibido un mejor trato.

LA NO DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA EN EL TRATO QUE DEBEN DAR EL ESTADO Y SUS ORGANISMOS EN MATERIA ECONÓMICA (ARTICULO 19 N°22 C.P.R)

En base a esto, el Tribunal Constitucional se ha encargado de indicar que esta se trata, “de un principio fundamental que debe ser considerado en toda actuación que realice el Estado o alguno de sus organismos, cualquiera sea su forma jurídica…”1, lo que en el caso de marras se produce por parte del acto arbitrario e ilegal cometido por Banco del Estado de Chile, al bloquear e inhabilitar la cuenta corriente de su representado (Tribunal Constitucional, Rol 467-2006, de fecha 14 de noviembre de 2006.)

De igual manera, no debemos olvidar que el Banco del Estado forma parte, como su nombre lo dice, del Estado de Chile, por tanto, mayor grado de cuidado en el trato y actuaciones debe tener con sus clientes, y no tomar decisiones de manera apresurada, las cuales puedan discriminar arbitrariamente a estos.

EL DERECHO DE PROPIEDAD EN SUS DIVERSAS ESPECIES, SOBRE TODA CLASE DE BIENES CORPORALES E INCORPORALES (ARTÍCULO 19 N° 24 de la C.P.R).

Cabe señalar en primer término que ha sido el Tribunal Constitucional, el encargado de establecer que para determinar si efectivamente existió o no infracción a la norma del presente artículo, el o la afectada deber ser titular del mismo, y no tener meras expectativas sobre él (Tribunal Constitucional, Rol 467-2006, de fecha 14 de noviembre de 2006).

Que, en el caso que nos convoca, el recurrido es el titular de la cuenta bloqueada e inhabilitada, por lo que no tendría meras expectativas, más aún, y volviendo a la recurrida, esta viola lo dispuesto en el artículo 19 N° 24 de nuestra carta fundamental, ya que el recurrente tuvo por años su cuenta corriente siendo titular y sintiéndose dueño de la misma, no esperando en ningún momento ser despojada de ella de forma unilateral, y sin previo aviso ni explicación alguna por parte de la recurrida.

DE LAS DEMAS NORMAS APLICABLES Transcribe los artículos 1545 y 1546 del Código Civil y el artículo 17 B de la Ley N° 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores.

Pide tener por presentado Recurso de Protección en contra de BANCO DEL ESTADO DE CHILE, ordenándoles que informen en el plazo perentorio que esta Corte fije; acoger el presente recurso de protección, admitirlo a tramitación y, en definitiva, ordenar que:

1° Se ordene a las recurrida habilitar y activar nuevamente su cuenta corriente N°[cuenta reservada], pudiendo ocupar todos los servicios asociados a la cuenta, sin que sea taxativo, transferir, girar, uso de caja vecina, uso de cajeros automáticos, aplicación Banco Estado o lo que US., ILTMA estime pertinente conforme a derecho. - 2° Por su actuar arbitrario e ilegal, se condene en costas a las recurridas.

A su recurso acompañó cartola de Banco Estado, Cuenta Corriente N°[cuenta reservada], de fecha 16 de mayo de 2024.

A folio 15, evacúa informe el abogado don MARCO CHESTA QUIERO, por el recurrido Banco del Estado de Chile, en los siguientes términos:

1. Señala que el recurrente, en su exposición, indica que la cuenta fue cerrada unilateralmente por el Banco del Estado de Chile con fecha 7 de mayo de 2024, lo que no es cierto, toda vez que en ese día se le comunicó por su ejecutiva que su cuenta corriente se encontraba en proceso de cierre. El cierre efectivo de la cuenta se realizó con fecha 31 de mayo de 2024 y se le envió un correo electrónico, informándole la situación. Hay que precisar una frase del texto del Recurso que resulta concordante con el parecer de quien informa en aquella parte del recurso que señala “ya que si bien esta parte es consciente de que la entidad puede cerrar unilateralmente las cuentas corrientes o productos que tenga con una persona natural, no es menos cierto que se deban cumplir requisitos que en esta ocasión no se les ha dado cumplimiento y que se desarrollarán en lo sucesivo”.

Comentario: Es de máxima relevancia para despejar la viabilidad de este recurso, que ambas partes concordamos y sabemos que el banco, puede cerrar unilateralmente el producto cuenta corriente, siendo esta una estipulación contractual. También es importante destacar que la recurrente sustenta su recurso pretendiendo objetar el procedimiento del cierre, pero al desarrollar sus argumentos lo que cuestiona como hecho cierto es la circunstancia del CIERRE DE LA CUENTA CORRIENTE.

2. En el caso de autos, la orden de cierre del producto bancario se ajustó a la ley del contrato y a las instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero contenidas en numeral 10 del apartado II.- del Capítulo 2-2 de la Recopilación Actualizada de Normas (Bancos) de dicho organismo, instrucciones en las cuales se señala lo siguiente: “10. Cierre de cuentas corrientes: La cuenta corriente podrá ser cerrada unilateralmente por el banco, como también puede ser a petición del cliente, quien para el efecto debe presentar una solicitud formal en tal sentido. No debe ser impedimento para dar curso al cierre, el que deberá hacerse efectivo a más tardar dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de presentada la solicitud, el hecho de que el titular de la cuenta que se cierra mantenga deudas con el banco. En todo caso, será responsabilidad del cliente dejar en la cuenta cuyo cierre se dispone, la necesaria provisión de fondos para la cobertura de los cheques girados que a la fecha del cierre no hubieren sido cobrados, así como para el pago de las eventuales comisiones y gastos que a dicha fecha se adeudaren al banco, siempre que este los hubiera comunicado a más tardar en esa oportunidad”.

3. No es extraño que todos los contratos de cuenta corriente celebrados en nuestro país contemplen la facultad de la entidad bancaria de cerrar unilateralmente la cuenta corriente, (tal como ocurre en este caso) cualquiera que sea el cliente, y así, por lo demás, es exigido por la normativa que gobierna la materia, en la especie, el Capítulo 2-2 de la Recopilación Actualizada de Normas de la CMF, que al prescribir las condiciones generales que debe contener un contrato de cuenta corriente, ordena establecer una cláusula por la que el “banco se reserva el de hecho a poner fin a la cuenta cuando lo estime conveniente”. Cita jurisprudencia.

4. Por lo tanto, cabe consignar que el término unilateral que su representada dispuso respecto del producto bancario que mantenía contratado la recurrente, se encuentra ajustado a la ley del contrato y a las instrucciones impartidas por el Supervisor y Regulador Financiero (CMF).

FALTA DE FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN RESPECTO A LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES INVOCADAS.

1. Ya referimos que se invoca infringida la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la C.P.R, fundamentada en una supuesta arbitrariedad en donde invoca un tratamiento diverso. Recordando que esta garantía trata sobre la igualdad ante la ley, afirmamos que no existe la infracción invocada en atención a lo siguiente: a) Como ya sabemos, la cuenta corriente ya singularizada fue cerrada por su representada en atención a una facultad contractual; b) Además de la circunstancia del cierre final de la cuenta corriente, tal como lo reconoce la recurrente, el cliente fue comunicado por su ejecutiva, que su cuenta corriente sería cerrada y le indicó que en lo posible no siguiera depositando. Posteriormente, con fecha 31 de mayo de 2024, se le remitió correo formal, en donde se le comunica el cierre de la cuenta corriente, dando aviso a una decisión previamente informada en atención a las facultades propias del contrato. Concluimos que no puede haber arbitrariedad, pues se trata de: a) el ejercicio de una facultad contractual, ya latamente explicada y b) una comunicación anticipada y final del hecho del cierre de la cuenta corriente que tiene como objetivo alertar al cuentacorrentista para que tome las medidas necesarias y de resguardo ante el evento del cierre de la cuenta corriente. Al efecto, no existe trato diverso respecto de cualquier cliente que se le cierra la cuenta corriente por decisión dl banco.

2. Tampoco hay infracción a la garantía constitucional del N°22 del art. 19 de la CPR, que es una garantía constitucional de área económica ligada a la garantía del N°21 de dicho articulado, siendo una manifestación específica de la garantía constitucional del N°2 del citado art. 19, que la recurrente también alega y que en específico se circunscribe , a los actos administrativos de los órganos del Estado, los cuales a través de sus determinaciones propias de su actividad, no pueden discriminar arbitrariamente a persona alguna sea esta Natural o Jurídica, en materia económica . Reflejo de esta realidad es el propio artículo, el cual, en su inciso posterior, permite trato diverso, a través de la ley. Por ello, para que opere la garantía constitucional invocada, es requisito concurrente que la infracción haya ocurrido a través de un acto administrativo, cuestión que en este caso no se configura. Además la mera mención que se trata de un Organismo público en este evento tampoco se configura pues el BANCO DEL ESTADO DE CHILE, según su propia Ley Orgánica, es una empresa autónoma de créditos del Estado, cuyo accionar está delimitado por la actividad Bancaria, donde está sujeta al igual que todas las entidades Bancarias a la Comisión Para El Mercado Financiero, se regla por las disposiciones de la Ley General de Bancos y su personal, está compuesto por trabajadores cuya relación laboral, se regla por las normas del Código del Trabajo, lo que significa que su personal y colaboradores no son Empleados Públicos o Funcionarios Públicos y los actos que ellos desarrollan NO SON actos administrativos tal como lo preceptúa el art. 2° de la ley orgánica del Banco del Estado de Chile al señalar “ El banco se regirá preferentemente por ,las normas de esa Ley Orgánica, y , en lo no previsto en ella, por la legislación aplicable a las empresas bancarias y demás disposiciones que rijan para el sector privado. No le serán aplicables, por tanto, las normas generales o especiales relativa al sector público”.

3. Con relación a la eventual infracción a la garantía constitucional del artículo 19 N°24 de la C.P.R, esta tampoco se produce en atención a los siguientes antecedentes: A) El contrato de cuenta corriente es un acto en virtud del cual un Banco se obliga a cumplir las órdenes de pago de otra persona hasta la concurrencia de las cantidades de dinero que hubiere depositado en ella o del crédito que se haya estipulado B) Entonces la disponibilidad que tiene el cuentacorrentista es respecto de los dineros que se encuentran depositados en la cuenta corriente, ya sea a título de débito o de crédito C) De los dineros depositados en la cuenta corriente el titular solo es DUEÑO de los fondos disponibles en la cuenta corriente a título de la línea de débito, pues los dineros disponibles en la línea de crédito son de propiedad del Banco o de la entidad financiera.

No existe un derecho de propiedad sobre el producto cuenta corriente, pues este solo es un contrato y tal como se dijo, el derecho de propiedad sólo se manifiesta respecto de los “dineros propios” del cuentacorrentista que se encuentran depositados en la cuenta corriente.

Estos son los fundamentos de hecho y de derecho que dicen relación con la no configuración de la infracción de las garantías constitucionales invocadas.

NO EXISTE UN DERECHO INDISCUTIDO O INDUBITADO QUE CAUTELAR Explica que es múltiple la jurisprudencia que rechaza la acción cautelar de protección cuando el objeto debatido dice relación con la interpretación de normas que reglan el contrato, recordando que el contrato de cuenta corriente es un contrato bilateral y especial. Los hechos indubitados que persigue proteger la acción cautelar de protección no pueden ni podrán ser motivo de conocimiento y solución de esta acción cautelar especial y el solo hecho de su interposición y cita de normas contractuales sustantivas como los artículos 1545, 1546, 1560 del Código Civil y otros citados respecto de legislación especial no hacen otra cosa que resaltar la impropiedad de la acción de autos.

La exigencia de los indubitado como requisito doctrinario principia en el carácter Cautelar del Recurso de Protección que recoge esta calificación las medidas cautelares que se fundamenten en la apariencia de un buen derecho que se fundamente en la verosimilitud de los hechos afirmados a efectos de ser concedidas y no en determinar verdad de estos hechos, que es la finalidad propia del juicio de lato conocimiento y dicho fundamento es el “Fumus Boni Iuris”.

Lo anterior quiere decir que no se pueden resolver vía protección, cuestiones donde el derecho no tenga su base en la constitución y necesite justificación. Tampoco cuestiones en donde la agresión o lesión al derecho no conste fehacientemente y menos se encuentren sustentados en hechos equivocados, como en el caso de autos, considerando más aún que la propia recurrente ha señalado infraccionados lo preceptuado en el art 17 letra B) de la Ley de Protección al consumidor, invocando la suscripción de un contrato de una cuenta bancaria y el término de este. Con relación a las normas del consumidor, la jurisprudencia ha sido tenaz y perseverante en señalar que no procede el recurso de protección cuando han de invocarse estas normas como infraccionadas, cita jurisprudencia.

La acción de protección no es fuente de constitución de derechos Otro aspecto que se debe recoger que de la propia petición de la recurrente pareciera desprenderse que se solicita la DECLARACIÓN DE UNOS O nombre reservado, lo que claramente contraviene decisiones jurisprudenciales tal como la de la Excma C.S. rol 14.312-2015 que transcribe.

Al existir una relación de los hechos que reconoce la eventual infracción de normas contractuales y cita disposiciones generales relacionadas con la fuente de los contratos y disposiciones especiales invocadas con el eventual incumplimiento de normas de la ley del consumidor (art 17), no puede la recurrente, fundar su recurso en la infracción a normas generales y especiales que dicen relación con el cumplimiento y el término de los contratos, Si así se hiciera se estaría “declarando derechos”, respecto de una cuestión no sometida al conocimiento del Tribunal.

La propia invocación de disposiciones de la ley 19.496, que contempla disposiciones concretas que regulas la relación de consumo hace inviable el presente recurso de protección en atención al principio de especialidad, considerando que dichas normas regulan la solución del conflicto a través de un juicio de lato conocimiento, contrario a la naturaleza cautelar de la acción de protección.

Pide tener por evacuado el informe solicitado en representación del Banco del Estado de Chile y en consideración a lo señalado solicito, el rechazo en todas sus partes del Recurso de Protección informado, con costas.

A su informe acompañó los siguientes documentos:

1. Correo electrónico de nombre reservado, dirección correo reservado a correo reservado, de fecha 31 de mayo, donde comunica envío de carta de aviso de cierre de cuenta corriente.

2. Carta aviso de fecha 30 de mayo de 2024 a nombre reservado, donde se le avisa del cierre de la cuenta corriente N°[cuenta reservada], suscrita por doña nombre reservado en representación del Banco del Estado de Chile.

3. Captura de pantalla de cadena de correos electrónicos de doña nombre reservado, de fecha 6 de mayo de 2024, a funcionarios de Microempresas del Banco del Estado de Chile, entre ellas, doña nombre reservado, donde solicita información de cierre de cuentas de clientes en observación desde el año 2023. Respuesta de dicho correo, ese mismo día, de doña nombre reservado a nombre reservado, donde se comunica la decisión interna de cerrar la cuenta corriente del recurrente y confirmación de dicha comunicación.

4. Requerimiento del SERNAC al Banco del Estado de Chile de fecha 29 de mayo de 2024, suscrito por don nombre reservado, abogado Web Center, respecto del cierre de la cuenta corriente del recurrente.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que el acto que el actor reprocha a la recurrida es el bloqueo y posterior cierre de su cuenta corriente N°[cuenta reservada], que mantenía en el banco recurrido, sin dar aquél una razón concreta para ello, en cuanto a los motivos por los cuales se considera al recurrido como un cliente de alto riesgo. Dicho acto sería un acto de discriminación ilegal y arbitrario en cuanto el trato que el Estado debe dar a los particulares en materia económica,; además, porque no se le está tratando de igual manera que a los otros particulares, al no darle una explicación clara de lo que el banco considera como un cliente de alto riesgo, y finalmente, perturbando y amanzanando el derecho de propiedad que el actor entiende, tendría sobre su cuenta corriente y dineros que tenga en ella, los que en todo caso han sido puestos a disposición del recurrente.

TERCERO: Que, no resulta un hecho controvertido que el banco cuenta con la facultad contractual de cerrar la cuenta corriente del recurrente, ello en base a las cláusulas del propio contrato celebrado entre las partes y a las instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero contenidas en numeral 10 del apartado II.- del Capítulo 2-2 de la Recopilación Actualizada de Normas (Bancos) de dicho organismo, instrucciones en las cuales se señala lo siguiente: “10. Cierre de cuentas corrientes: La cuenta corriente podrá ser cerrada unilateralmente por el banco, como también puede ser a petición del cliente, quien para el efecto debe presentar una solicitud formal en tal sentido. No debe ser impedimento para dar curso al cierre, el que deberá hacerse efectivo a más tardar dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de presentada la solicitud, el hecho de que el titular de la cuenta que se cierra mantenga deudas con el banco. En todo caso, será responsabilidad del cliente dejar en la cuenta cuyo cierre se dispone, la necesaria provisión de fondos para la cobertura de los cheques girados que a la fecha del cierre no hubieren sido cobrados, así como para el pago de las eventuales comisiones y gastos que a dicha fecha se adeudaren al banco, siempre que este los hubiera comunicado a más tardar en esa oportunidad”.

Así las cosas, el propio recurrente refiere en su acción que es consciente de que la entidad bancaria puede cerrar unilateralmente las cuentas corrientes o productos que tenga con una persona natural, pero agrega que, en ese caso, se deben cumplir requisitos que entiende contenidos en el artículo 17 B de la Ley N°19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, que en lo pertinente establece: “Artículo 17 B.- Los contratos de adhesión de servicios crediticios, de seguros y, en general, de cualquier producto financiero, elaborados por bancos e instituciones financieras o por sociedades de apoyo a su giro, establecimientos comerciales, compañías de seguros, cajas de compensación, cooperativas de ahorro y crédito, y toda persona natural o jurídica proveedora de dichos servicios o productos, deberán especificar como mínimo, con el objeto de promover su simplicidad y transparencia, lo siguiente:

(…) b) Las causales que darán lugar al término anticipado del contrato por parte del prestador, el plazo razonable en que se hará efectivo dicho término y el medio por el cual se comunicará al consumidor (…)”.

CUARTO: Que lo que se pretende por la presente vía es obtener un pronunciamiento vinculado con la interpretación de normas contractuales entendidas en el sentido de si la prestadora del servicio financiero ha hecho uso de la facultad que le otorga el contrato cumpliendo ciertos requisitos que prescribe la ley del consumidor, aspecto que a su turno, está siendo conocido por la autoridad administrativa, según antecedente allegado, consistente en Requerimiento del SERNAC al Banco del Estado de Chile, de fecha 29 de mayo de 2024, respecto del cierre de la cuenta corriente del recurrente de autos.

Así las cosas, la presente acción no se sustenta en un derecho indubitado, sino precisamente en uno disputado que está siendo objeto de discusión por la vía administrativa y que incluso, a posterior, plantea la posibilidad de una discusión jurisdiccional, mediante un procedimiento de lato conocimiento, que permita resolver el asunto y dilucidar si se hizo correcta aplicación de la facultad contractual o si por el contrario, aquella no se ajustó a la ley del contrato y la normativa legal vigente, puesto que no se puede resolver por la presente vía cautelar, un asunto donde el derecho no conste fehacientemente, debiendo preferirse la vía declarativa, particularmente por cuanto es el propio actor quien invoca normativa de la Ley de protección al consumidor y otra del Código Civil, para sostener un incumplimiento contractual, aspecto que escapa a la naturaleza cautelar de la acción de protección.

Consecuente a lo razonado, forzoso será desestimar el presente arbitrio, precisamente por no ser la presente una vía de declaración de derechos y por cuanto no se aprecia tampoco, en el presente procedimiento, que el hecho alegado como vulneratorio de ciertas garantías constitucionales, prive, perturbe o amenace alguna de aquellas alegadas.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve que SE RECHAZA el deducido a folio 1 en favor de don nombre reservado, en contra del BANCO DEL ESTADO DE CHILE.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro Sr. José Héctor Marinello Federici.

Rol N° Protección-4427-2024.(jog)