nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Temuco Temuco, veintiuno de abril de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, por sí y a favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región De La Araucanía, quien interpone acción de protección de garantías constitucionales en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A, representado por don nombre reservado, con Domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana De nombre reservado, por el Acto Ilegal y Arbitrario notificado en fecha 05 de diciembre de 2025, que Rechaza Solicitud de Retiro de Fondos para Extranjero.

Señala que don nombre reservado, previamente individualizado, solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Provida, mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, indicando que el recurrente es notificado mediante correo electrónico con fecha 05 de diciembre de 2025, rechazando la solicitud de retiro de fondos de pensión, señalando el siguiente motivo: “Falta constancia de afiliación vigente el cual debe estar apostillado en país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Documento aportado por el afiliado corresponde a una constancia de cotización por lo que no es el documento solicitado”.

Señala que se debe tener en consideración lo establecido por la ley 18.156, en sus artículos N°1 en relación con el artículo N°7 de la misma norma: “Artículo N°1: Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: - Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y; -Que el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. Artículo N°7: En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley.”

Destaca que don nombre reservado, realiza su solicitud de retiro de fondos previsionales, debido a que el recurrente al ser profesional extranjero cumple con los requisitos señalados, por lo que se evidencia que el recurrente ha dado cumplimiento íntegro de los requisitos establecidos en la ley 18.156, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP, sin embargo, se encuentra con un obstáculo en su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato, sus anexos y el certificado de afiliación al seguro social del país de origen.

Sostiene que la ley solo señala que el solicitante se encuentra afiliado sin efectuar distinciones de la oportunidad o, de la época en que tendría que producirse, lo que desde ya evidencia el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida al limitar el derecho de propiedad que tiene el recurrente respecto de los fondos depositados, indicando que el certificado de afiliación ser verificado y validado en el link: http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/verificarConstancia.ivss, siendo que de una simple búsqueda, empleando las palabras validar ivss, arrojará la web indicada, añadiendo que con la constancia de afiliación electrónica, emanada de la seguridad social de Venezuela se observa un código alfanumérico el cual puede ser verificable en la web señalada, indicando que el código de verificación se encuentra en la parte inferior de la constancia, que señala textualmente “La validez de este certificado electrónico de cotizaciones, puede comprobarse a través del portal web del I.V.S.S.(www.ivss.gob.ve), con el código de verificación N° 7f8b97103-20251109”.

Afirma que la constancia electrónica es verificable, no obstante, la conducta omisiva de verificar la mentada afiliación deviene en un actuar arbitrario e ilegal de la recurrida, en lo atingente a que argumenta que la constancia electrónica no se encuentra vigente, no obstante, emana de un organismo público y verificable en la web oficial de esa institución, por lo que es forzoso concluir que el recurrente efectivamente se encuentra afiliado a la seguridad social de su país de origen y, que el actuar de la recurrida es arbitrario e ilegal, vulnerando el derecho de propiedad del recurrente, añadiendo que la señalada constancia es expedida por la autoridad venezolana competente, en cumplimiento de sus facultades legales y, puede ser absolutamente verificable empleando medios electrónicos.

Considera que yerra la recurrida al argumentar en su rechazo que “Es por ello que, si a la Administradora no le es posible verificar la validez de los documentos emitidos, no se puede dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley para acceder a la devolución de fondos”; si se considera que fue acreditado mediante distintos medios la afiliación que mantiene el recurrente, además de que se acompañaron las constancias electrónicas siendo verificables mediante un simple ejercicio el cual, fue explicado a la recurrida, no obstante, persistieron en rechazar la solicitud argumentando una situación que pugna con lo señalado en el ordenamiento jurídico, señalando que otras Administradoras de Fondos de Pensiones, a modo ejemplar, A.F.P. CUPRUM, realizando el mismo procedimiento señalado, es decir, verificando el código de validación de la constancia electrónica en la web han concluido que la misma cumple con los requisitos establecidos en la ley, puesto que, como se ha señalado una interpretación excesivamente formal vulnera el derecho de propiedad de los peticionarios.

Expone que pese a lo desarrollado, la recurrida insiste en señalar que los documentos acompañados no se pueden comprobar, más aún, desconociendo el hecho cierto de que actualmente no existen relaciones diplomáticas entre los Estados de Chile y Venezuela, por lo que es forzoso concluir que actualmente el recurrente encuentra un obstáculo imposible de superar, no obstante, puede acreditar la mentada afiliación según lo desarrollado ut supra, por lo que incorporar requisitos no expresamente establecidos en la ley deviene en un actuar arbitrario e ilegal, señalando que las constancias electrónicas señaladas, al momento de ser descargadas arrojan un código de verificación que lo componen letras y números, que en el caso del recurrente es 7f8b97103-20251109.

Agrega que la seguridad social de Venezuela dispone de otro medio de similares características para verificar la autenticidad de la constancia electrónica que se expide, esto se realiza ingresando al dominio web http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/, señalando que la búsqueda se realiza esta vez, con el número de cédula de identidad venezolana, que en el caso del recurrente es RUT reservado, añadiendo que el protegido acompañó a la solicitud de retiro de fondos, constancia electrónica, junto con carta explicativa la cual indica los medios oficiales con que cuenta la administradora para verificar el mentado documento, por lo que haciendo un razonamiento simple, la cual la recurrida no efectuó, se evidencia que: a) el protegido está afiliado a la seguridad social, con el estatus de ACTIVO; b) que, la constancia señala la fecha de afiliación, siendo una época que no puede modificarse, pues, es el símil de la afiliación por vez primera a nuestra seguridad social, la cual se verifica en consulta afiliado de la superintendencia de pensiones; c) que, se establecen específicamente cada una de las prestaciones por las cuales se encuentra cubierto el afiliado y; d) que, la constancia cuenta con un código alfanumérico que todos los meses se modifica, a efectos de que el interesado pueda verificar si, se encuentra afiliado o no la persona.

Argumenta que como se observa de las foto capturas, la recurrida tiene distintos medios a su disposición para verificar la autenticidad de la constancia, no obstante, adoptó una decisión a todas luces contraria a derecho, puesto que de forma arbitraria e ilegal rechaza la solicitud del recurrente sin que la respuesta estuviera lo suficientemente motivada, sin siquiera, cotejar lo acompañado por el recurrente, lo que deviene en un actuar que afecta el derecho de propiedad ampliamente protegido y tutelado por la Constitución Política de la República, aclarando que la página web de la seguridad social al momento de emitir una constancia de afiliación, indica el plazo de vigencia, el cual puede ser descargada sucesivamente, es el motivo por el cual, se modifican los códigos alfanuméricos correspondiente a la constancia de noviembre con la del mes de diciembre.

Estima que las constancias emitidas según consta en las foto capturas, son certificadas por la autoridad competente, por lo que es plenamente válida, además que, se cumple el requisito exigido en la ley en lo que dice relación de estar afiliado a la seguridad social de su país de origen, añadiendo que el recurrente se encuentra afiliado a la seguridad social de su país de origen, de modo que, cuenta con la protección respectiva en las prestaciones señaladas, en otras palabras, su seguridad social cubre las prestaciones de enfermedad, invalidez, muerte y vejez, lo que evidencia que la recurrida actuó de forma arbitraria e ilegal al rechazar de plano y sin fundamento, la solicitud impetrada, estimando que la recurrida desconoce lo señalado en la normativa especial, puesto que rechaza la solicitud de retiro de fondos de pensiones cuando, en la especie se puede verificar la afiliación a la seguridad social del país de origen, lo que torna en arbitraria e ilegal la respuesta de la recurrida al afirmar que el certificado de afiliación electrónico no es válido, sin siquiera verificar el mismo, más aún, sin esgrimir los razonamientos de hecho y fundamentos de derecho para descartarlo, agregando además un requisito que la ley no estipula, citando fallo pronunciado por la Corte Suprema en causa Rol 28881-2022.

Manifiesta que las garantías y derechos constitucionales que resultan afectados lo son por la acción arbitraria e ilegal por parte de la recurrida, deducida en la Notificación de fecha 05 de diciembre de 2025, que rechaza la solicitud de devolución de fondos de AFP Provida, siendo que la solicitud cumple con lo señalado en la ley N°18.156 y modificada ley N°18.726, dando íntegro cumplimiento con los requisitos establecidos e informado por la Superintendencia de Administraciones de Fondos de Pensiones, situación que la deja en completa vulnerabilidad e incertidumbre, ante un hecho completamente ilegal y arbitrario, añadiendo que de la simple lectura del rechazo de parte de la administradora de fondos de pensiones argumentando genéricamente que el certificado de afiliación que se acompaña no se encuentra vigente y, que no puede ser verificado, no obstante, la normativa especial no realiza distinciones, siendo que solamente se limita en señalar que el técnico profesional extranjero se encuentre afiliado, sea a lo menos técnico y, que manifieste la voluntad de mantenerse afiliado a la seguridad social de su país de origen en el contrato de trabajo o en sus anexos, requisitos que en la especie se cumplen en su totalidad.

Refiere que el sentido de la ley es claro al señalar que el técnico solo tiene que estar afiliado a la seguridad social de su país de origen, por lo que la recurrida desatiende su sentido literal, aunado al hecho de incorporar requisitos que no están expresamente señalados, lo que se traduce en un actuar arbitrario e ilegal, añadiendo que en el evento improbable que se considere que se requiere que el documento se encuentre legalizado o apostillado, cita el artículo 18 del Código Civil que señala: “En los casos en que las leyes chilenas exigieren instrumentos públicos para pruebas que han de rendirse y producir efecto en Chile, no valdrán las escrituras privadas, cualquiera que sea la fuerza de éstas en el país en que hubieren sido otorgadas”, lo que refuerza su teoría del caso, puesto que la ley no exige formalidades adicionales, por lo que la recurrida yerra al rechazar el retiro de fondos cuando en la especie, se cumplen los extremos exigidos en el artículo 1 de la Ley 18.156.

Añade que las prestaciones sociales que cubre la seguridad social del recurrente son aquellas que están enumeradas en el artículo 1 de la Ley 18.156, esto es, vejez, muerte, enfermedad e invalidez, por lo que la decisión que se recurre no encuentra sustento normativo para rechazar la mentada solicitud, señalando además que es un hecho de público conocimiento que actualmente no existe representación diplomática venezolana en nuestro país, por lo tanto, incorporar un requisito que a todas luces es imposible de cumplir contradice lo estatuido en el artículo 45 del Código Civil, en lo atingente al caso fortuito o fuerza mayor, precisando que a lo imposible nadie está obligado, no obstante, el recurrente acompañó la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de Seguros Sociales (I.V.S.S.), lo que desde ya, implica el pleno cumplimiento de la normativa señalada, por lo tanto, se infiere forzosamente que la negativa es injustificada, arbitraria e ilegal, afectando el derecho de propiedad del recurrente.

Arguye que en el evento improbable que se considere que, el recurrente por encontrarse en su país de origen acompañe otro certificado, la recurrida no puede exigir un documento idéntico al expedido en nuestro país, puesto que cada seguridad social las emite de acuerdo a sus propias regulaciones por lo tanto, las constancias que se acompañan evidencian de forma inequívoca la afiliación a la seguridad social de su país de origen, reiterando que la normativa no exige que la afiliación se encuentre apostillada o legalizada, sino que, simplemente que se encuentre afiliado y, que se pueda acreditar por cualquier medio, como en el caso del recurrente, con la simple búsqueda ingresando el -código de verificación que arroja la constancia o; -la cédula de identidad venezolana, por lo tanto, la recurrida cuenta con distintos medios para verificar que el recurrente efectivamente se encuentre afiliado, afirmando que esto ha conducido a una multiplicidad de problemas para los nacionales venezolanos, a modo ejemplar, trámites migratorios, los cuales han sido resueltos por los tribunales superiores de justicia, confirmando su teoría del caso, de que la exigencias de ciertos documentos que son imposibles de obtener cuando estos se encuentran dentro de la esfera de un tercero, en este caso, el gobierno Venezolano, no debe servir como excusa, sino como eximente, lo que ha sido confirmado por la Excma. Corte Suprema de Justicia, en sentencia Rol 7254-2025, de fecha 18 de marzo de 2025.

Afirma que la recurrida ha infringido esta garantía constitucional de igualdad ante la Ley, dándole al recurrente un trato desigual con respecto a otros solicitantes, que encontrándose en iguales circunstancias, cumpliendo con lo solicitado por el servicio recurrido a otorgado respuesta favorables, lo cual no ha ocurrido en el caso que nos ocupa, a quien se le ha requerido una formalidad adicional que no se encuentra contemplado de acuerdo con la ley N°18.156 y modificada ley N°18.726, ni en su portal oficial, interrumpiendo el proceso para el retiro de fondos previsionales, aun cuando dio cumplimiento íntegro con lo establecido en Circular N°553 de la ley 18.156 bajo la que se otorga la facultad de solicitar la devolución de los fondos previsionales a los extranjeros, citando fallo pronunciado por la Corte Suprema en causa Rol 96.380-2021, indicando que de dicho criterio jurisprudencial se evidencia que la finalidad del legislador en lo referente a la exención de las cotizaciones previsionales de los técnicos profesionales extranjeros es con el objeto de atraer personal calificado para aportar al desarrollo en el país, por lo que el legislador tuvo la intención de evitar imponer obstáculos a los técnicos profesionales extranjeros, en caso contrario, no tendría sentido que éstos coticen en dos sistemas previsionales distintos pero, con prestaciones idénticas.

Señala que si el legislador hubiere pretendido incorporar mayores limitaciones o excepciones para el retiro de los fondos de pensión, el mismo se hubiere establecido expresamente en la norma, por lo tanto, el actuar de la recurrida es arbitraria e ilegal, puesto que resuelve de forma antojadiza la solicitud y, además, no tiene sustento jurídico que lo ampare, añadiendo que la recurrida vulnera el derecho a la propiedad privada, establecido en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, citando fallo pronunciado en causa Rol 1269-2025, por la Corte de Apelaciones de Concepción, entre otros, lo que a su entender evidencia que las administradoras de pensiones no pueden realizar una interpretación excesivamente literal, puesto que ésta conducta deviene en la imposibilidad de que los profesionales extranjeros obtengan la devolución de los fondos, contradiciendo el propósito de la ley in comento, añadiendo que de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 N°26 de la Constitución Política que señala no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio, siendo relevante, puesto que la afectación a las garantías fundamentales en el caso de marras se puede resumir en la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, por lo que rechazar el retiro de los fondos de pensión del recurrente, cumpliendo todos los requisitos señalados por la normativa especial; siendo que es de su exclusiva propiedad, afecta esencialmente su derecho de propiedad, ampliamente protegido por el constituyente y; que la administradora de fondos de pensiones inobserva la normativa especial e incorpora requisitos no expresamente señalados, restringiendo los derechos del recurrente, en lo atingente a la igualdad ante la ley, siendo que otros solicitantes han obtenido el retiro de sus fondos a diferencia del recurrente en estos autos y, en el derecho de propiedad que recaen en sus fondos de pensión, en virtud de que la administradora pensiones de su país de origen cubre las prestaciones señaladas en la Ley, añadiendo que el recurrente no se encuentra en nuestro país, por lo que además es absolutamente plausible el solicitar el retiro de fondos de pensiones, puesto que, es la seguridad social de su país de origen quienes efectuarán las prestaciones señaladas en la ley y no, la recurrida.

Finalmente, solicita que se tenga por interpuesto Recurso de Protección en contra la Administradora de Fondos de Pensiones Provida de fecha 05 de diciembre de 2025, por el acto ilegal y arbitrario, que rechaza la solicitud de retiro de fondos para extranjero lo que impide la devolución de fondos previsionales, obrando en contra de lo establecido en la Constitución Política de la República y lo establecido en la ley N°18.156, ordenando que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente o el que se estime conforme al mérito de autos; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

A folio 5, comparece la abogada Ana María Herrera Brummer, cédula de identidad N° RUT reservado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., sociedad del giro de su denominación, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien evacúa el informe requerido, solicitando el rechazo en todas sus partes la presente acción, con expresa condenación en costas, fundado en que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, y en subsidio, por cuanto su representada, la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. no ha asumido una actitud arbitraria e/o ilegal respecto de las garantías del artículo 19° de nuestra Constitución Política en lo que dice relación con el recurrente de autos, sino que por el contrario, se ha dado estricto cumplimiento a la ley y la normativa del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

Refiere que la acción cautelar de protección no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio ya que resulta evidente que la materia reclamada no es propia de una acción cautelar, por lo que resulta improcedente la interposición de un recurso de protección, indicando que la doctrina ha sostenido que el recurso de protección fue ideado como un medio eficaz para situaciones urgentes, con el objeto de prestar inmediato amparo al afectado en caso de que un derecho o garantía se encuentre privado, perturbado o amenazado, lo que ha sido ratificado la jurisprudencia que ha sostenido la improcedencia de recursos protección para reclamar por asuntos que no son propios de materias cautelares, estimando que lo pedido por la recurrente no es otra cosa que una modificación de los cuerpos normativos que regulan el sistema de pensiones, lo que no se condice con la finalidad de un recurso de protección, y la excede, pretendiendo discutir la constitucionalidad del DL 3.500 en sede cautelar y de emergencia, añadiendo que no existe un derecho indubitado, sino que existe un derecho controvertido, motivo por el cual, no puede solucionarse vía recurso de protección.

Afirma la ausencia de actos ilegales y/o arbitrarios por parte de la recurrida, toda vez que su representada AFP provida rechazó su solicitud de devolución de fondos en su calidad de técnico extranjero de conformidad a la Ley N° 18.156, indicando que dicha norma permite a los técnicos extranjeros que trabajen en Chile retirar sus cotizaciones previsionales siempre y cuando cumplan con todos los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156, norma de carácter excepcionalísima en nuestro ordenamiento jurídico para efectos de realizar dicho retiro, detallando que con fecha 05 de diciembre de 2025 AFP provida rechazó solicitud de la recurrente de autos, debido a que “Falta Constancia de afiliación vigente el cual debe estar apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Documento aportado por el afiliado corresponde a una constancia de cotización por lo que no es el documento solicitado.”

Argumenta que si bien el recurrente aporta al presente recurso una constancia de cotización sin firma y una declaración jurada, estas no pueden ser consideradas, ya que, según el Oficio N°5376 emitido por la Superintendencia de AFP “Para acreditar la cobertura en el país de origen no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado sino que se debe consignar en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.” Precisando que conforme a la sistemática jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones referida al valor probatorio en Chile de los documentos expedidos en el extranjero, resulta evidente que las certificaciones electrónicas (Constancias Electrónica de Cotizaciones) emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana y sin que señalen las coberturas con que cuenta el afiliado y respecto de las cuales no se pueda inferir un determinado período de cobertura, cuando se limitan a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) de la citada ley N°18.156.

Añade que respecto de la apostilla, a contar del 30 de agosto de 2016, fecha de entrada en vigor del Convenio de la Apostilla en Chile, y considerando que Venezuela también es un Estado Parte de dicha convención, se exigió que dicha certificación debía venir apostillada por la autoridad competente venezolana, lo anterior, en conformidad con los artículos 345, 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla, o Convención de la Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, señalando que antes del cierre de la Embajada de Venezuela en Chile, la Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) emitida en representación de la autoridad previsional por la delegación consular de ese país en Chile, era útil para los efectos de acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) precedente, precisando que conforme a la sistemática jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones y la normativa ya indicada referida al valor probatorio en Chile de los documentos expedidos en el extranjero, resulta evidente que las certificaciones electrónicas (Constancias Electrónica de Cotizaciones) emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana y sin que señalen las coberturas con que cuenta el afiliado y respecto de las cuales no se pueda inferir un determinado período de cobertura, cuando se limitan a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) de la citada ley N°18.156.

Sostiene que la Constancia referida no se encuentra firmada por quien la emite y respecto de las declaraciones juradas la Superintendencia de Pensiones ha instruido expresamente que “En cuanto al mérito de las declaraciones juradas que han sido presentadas por los afiliados venezolanos, aun cuando aquellas hayan sido certificadas ante un notario público chileno y cuenten con su respectiva apostilla, tampoco resultan útiles para estos efectos, por cuanto no constituyen medios idóneos. Ello, puesto que como se ha explicado latamente, las certificaciones que sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero deben emanar de la autoridad previsional competente del país en el cual el trabajador extranjero ha tenido la cobertura por todos los riesgos previstos en la letra a) de la citada ley N°18.156. Lo anterior, toda vez que dicha exigencia recae en una materia propia de la seguridad social, respecto de la cual no tiene valor probatorio la declaración del propio afiliado. Esto, por cuanto la autoridad previsional es la única que posee facultades legales para dar fe sobre dicha circunstancia, por ser propia del ámbito de su competencia.”

Señala que la parte recurrente cuenta con cédula de identidad chilena y residencia permanente, lo cual como lo señala la Superintendencia de Pensiones en oficio 21880, de 17 de noviembre de 2025, “no garantiza el retorno a su país de origen y pone en riesgo, que, pese al retiro de sus fondos previsionales, se deba cubrir, en su momento, su pensión con fondos fiscales.”, citando fallo pronunciado en causa Rol 4154-2025 y fallo pronunciado en causa Rol 238.255-2023 por la Corte Suprema, y en cuanto a la constancia de afiliación, cita diversos fallos de distintas Cortes de Apelaciones acordes con su pretensión, destacando que por instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, Provida debe observar todas y cada una de las formalidades legales antes de aprobar una solicitud de devolución de fondos en calidad de técnico extranjero.

Expone que el Sistema de Pensiones del Decreto Ley N° 3.500 de 1980, fue creado especialmente para pagar las prestaciones que la misma ley establece, que son principalmente las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, añadiendo que el artículo 2° del Decreto Ley N° 3.500, parte estableciendo lo siguiente: “la afiliación es la relación jurídica entre un trabajador y el Sistema de Pensiones de Vejez, Invalidez y Sobrevivencia, que origina derechos y obligaciones que la ley establece, en especial el derecho a las prestaciones y la obligación de cotizar”, indicando que el El DL 3.500 dispone expresamente que las Administradoras de Fondos de Pensiones están impedidas de ofrecer u otorgar pensiones, prestaciones o beneficios a sus afiliados que sean distintos a aquellos expresamente reconocidos en la ley. Así, el artículo 23 del citado cuerpo legal establece −en lo pertinente− expresamente lo siguiente: “Las Administradoras de Fondos de Pensiones, denominadas también en esta Administradoras, serán sociedades anónimas que tendrán como objeto exclusivo administrar Fondos de Pensiones y otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece esta ley” […] Las Administradoras, sus directores y dependientes, no podrán ofrecer u otorgar a los afiliados o beneficiarios bajo ninguna circunstancia, otras pensiones, prestaciones o beneficios que los señalados en la ley, ya sea en forma directa o indirecta, ni aun a título gratuito o de cualquier otro modo. Sin perjuicio de lo anterior, dichas entidades podrán tramitar para sus afiliados la obtención del Bono de Reconocimiento a que se refiere el artículo 3º transitorio y el Complemento a que se refiere el artículo 4º bis transitorio. La infracción a lo dispuesto en el presente inciso será sancionada de conformidad a lo establecido en esta ley y en el decreto con fuerza de ley Nº 101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social será sancionado con pena de presidio menor en su grado mínimo, quien, habiendo sido sancionado de acuerdo a lo establecido en este inciso, reincida en dicha infracción”.

Agrega que esta disposición se complementa con lo dispuesto en los artículos 34 y 51 que establecen que los bienes y derechos que componen el patrimonio de los Fondos de Pensiones estarán destinados solo a generar las prestaciones y beneficios de acuerdo con las disposiciones de dicha ley, por su parte, el Reglamento del DL 3.500 establece de forma clara el destino que deberán tener los fondos previsionales administrados por AFP, señalando en su artículo 64 lo siguiente: “Los Fondos que mantienen las Administradoras sólo tienen por objeto el financiamiento de las prestaciones, pensiones, retiros de los saldos originados por cotizaciones voluntarias, retiros de los saldos originados en aportes de ahorro previsional voluntario colectivo y retiros de las cuentas de ahorro voluntario que la Ley establece. Asimismo, los Fondos tienen por objeto el financiamiento de los retiros de los saldos originados en depósitos y aportes a que se refiere el inciso primero del artículo 20 E y el artículo 20 H de la Ley, que registren los imponentes de alguno de los regímenes previsionales administrados por el Instituto de Normalización Previsional, sin perjuicio de que la Administradora pueda cobrar de dichos Fondos las comisiones legalmente establecidas a los trabajadores que mantengan cuentas personales en ellas” añadiendo que por mandato legal, el propósito del saldo de la cuenta de capitalización individual del afiliado es financiar la respectiva pensión a que tendrá derecho su titular, una vez que cumpla los requisitos legales establecidos al efecto, citando fallo pronunciado por la Corte Suprema en causa Rol 6932-2025.

Expone que las AFP se encuentran legalmente impedidas de destinar, o permitir que se destinen, los fondos previsionales de la cuenta de cotización obligatoria a un fin distinto del de financiar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia establecidas en el DL 3.500, salvo las excepciones que la misma ley contempla, haciendo presente que el artículo 3° del DFL N°101 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Estatuto Orgánico de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, indica: “Artículo 3°- Corresponde a la Superintendencia las siguientes funciones: i) Interpretar la legislación y reglamentación en vigencia e impartir normas generales obligatorias para su correcta aplicación por las Administradoras;” de acuerdo con ello, la Superintendencia de Pensiones ha dictado el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en cuyo Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, el que en su artículo 1° letra b) indica que el cumplimiento del requisito de la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

En cuanto al fundamento legal que hace improcedente en el fondo la presente acción de protección contra provida ley 18.156 norma la exención de cotizar en chile a los técnicos extranjeros, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de la referida ley, indicando que en materia laboral y previsional, rige en Chile, por regla general, el principio de territorialidad, esto es, que a los trabajadores que se desempeñen en nuestro país, sean chilenos o extranjeros, se les aplican las leyes laborales y previsionales vigentes en Chile, salvo dos situaciones de excepción que contempla nuestra legislación: a). Que el trabajador se encuentre acogido a un Convenio Bilateral de Seguridad Social en calidad de desplazado lo que le habilita para mantener el entero de cotizaciones en su país de origen y quedar exento de tal pago en el país al cual se le ha destinado a prestar servicios, y b). Que el trabajador quede exento de cotizar, o bien en caso de haber enterado cotizaciones, puedan efectuar el retiro de los fondos previsionales acumulados, siempre que dé cumplimiento a las exigencias establecidas en la Ley N° 18.156, sobre exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros, añadiendo que el artículo 1° de la Ley N° 18.156 y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, regulan la exención de cotizar en Chile a los técnicos extranjeros, siempre que den cumplimiento a los requisitos prescritos en el artículo 1° de dicha Ley y en el Libro II Título XI, del referido Compendio de Normas. Por su parte, el artículo 7° de la misma ley otorga la facultad de solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, a los trabajadores extranjeros afiliados a una Administradora de Fondos de Pensiones siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° del citado cuerpo legal. Estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en una Administradora, los trabajadores extranjeros condiciones: que reúnan a). Que detenten la calidad de técnicos las siguientes Se entenderá por técnico para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores. b). Que se encuentren afiliados a un régimen previsional o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza y en el que conste su obligación de otorgar prestaciones, a lo menos en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Esta condición la debe cumplir el trabajador extranjero con anterioridad a la fecha de su contrato en Chile. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte. c). Que, en el contrato de trabajo respectivo, el trabajador debe manifestar expresamente su voluntad de mantener su afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen, señalando que del análisis de la norma legal recién citada queda claro que el actuar de AFP Provida no es ni ilegal ni arbitrario, por cuanto para efectos de realizar la devolución de fondos previsionales en calidad de técnico extranjero de la recurrente de autos, solo ha observado que se cumplan copulativamente los requisitos que establece la normativa vigente, citando diversos fallos de la Corte Suprema que respalda su actuar.

Luego, afirma la improcedencia de la acción de protección, señalando que el artículo 20 de la Constitución Política la República establece que para que proceda un recurso de protección deben concurrir en forma copulativa los siguientes requisitos: 1. Que exista un acto u omisión ilegal y arbitraria 2. Que, a consecuencia de este acto u omisión ilegal o arbitraria, se produzca un agravio, y 3. Que este agravio se manifieste bajo la forma de una privación, perturbación o amenaza de algunas de las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 de la carta fundamental, afirmando que el recurso de protección materia de estos autos no cumple con ninguno de los requisitos antes descritos, por lo que deberá ser rechazado de plano por esa Ilustrísima Corte.

En cuanto a la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria, sostiene que el comportamiento adoptado por parte de su representada no ha sido ni ilegal ni arbitrario en lo que respecta a la situación que afecta al recurrente de autos, ni mucho menos ha carecido de razonabilidad, sino que muy por el contrario ha significado dar cumplimiento a sus obligaciones legales, razón por la que el presente recurso de protección debe ser rechazado sin más trámite. En lo referente a la existencia de un agravio a consecuencia del acto u omisión ilegal o arbitraria, al no existir un acto u omisión ilegal o arbitraria, es evidente que la recurrente no ha sufrido ningún agravio por la conducta ejecutada por parte de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., añadiendo que no ha privado, perturbado ni amenazado ninguna de las garantías constitucionales consagradas en la constitución Política de la República de Chile, por lo que tampoco se cumple el tercer requisito exigido para la procedencia del presente recurso de protección, lo que lleva necesariamente a rechazar el mismo por improcedente, solicitando finalmente rechazar en todas sus partes el presente recurso de protección interpuesto en contra de Provida por parte de la recurrente de autos, todo, con expresa condenación en costas, fundado en que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, y en subsidio, por cuanto su representada, no ha asumido una actitud arbitraria e ilegal, por todo lo latamente expuesto.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el art culo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

Tercero: Que el acto impugnado consiste en la decisión de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. de rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales del recurrente, por no haberse acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156, en particular, la afiliación a un sistema de seguridad social extranjero mediante certificación idónea.

Cuarto: Que, conforme a los antecedentes acompañados, la recurrida fundó su decisión en la falta constancia de afiliación vigente, documento que debe estar apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, toda vez que el aportado por el afiliado corresponde a una constancia de cotización por lo que no es el documento solicitado y exigido para otorgarle validez en el ordenamiento jurídico nacional, atendido su carácter de instrumento público extranjero.

Quinto: Que, para una acertada resolución de la presente causa, cabe señalar que la Ley N° 18.156 establece un régimen excepcional que permite a trabajadores técnicos extranjeros eximirse del sistema previsional chileno, y solicitar la devolución de fondos, siempre que acrediten el cumplimiento copulativo de los requisitos contemplados en su artículo 1°, los que deben ser interpretados de manera estricta por tratarse de una norma de excepción.

De esta forma el artículo 1 de la Ley N°18.156 dispone que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Por su parte, el artículo 7 del cuerpo normativo referido, estatuye que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Sexto: Que, conforme a las normas transcritas, se desprende que la recurrida no ha incurrido en ilegalidad alguna, por cuanto, se ha limitado a exigir del actor el cumplimiento de los requisitos que los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 ya transcritos, requieren para el retiro solicitado, sin que el afiliado hubiere satisfecho tales presupuestos necesarios para el éxito de la devolución de fondos, en cuanto al certificado de afiliación y firmas de las autoridades respectivas.

Asimismo, tampoco puede reprocharse arbitrariedad en la decisión, toda vez que ésta resulta debidamente fundada, precisamente en el incumplimiento d ellos requisitos legales que el actor debía cumplir al efecto, según se ha reseñado.

Séptimo: Que, sobre el particular, la Excma. Corte Suprema de justicia en reciente fallo, en causa Rol N° 33946-2025, ha reconocido precisamente las facultades legales de la recurrida para negar - en similar situación - la reclamación de la recurrente al señalar: “Octavo: Que de lo reseñado hasta ahora se desprende que la recurrida no ha incurrido en ilegalidad alguna, y por el contrario, se ha limitado a exigir del actor el cumplimiento de los requisitos que los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 ya transcritos, requieren para el retiro solicitado, sin que el afiliado hubiere satisfecho tales presupuestos necesarios para el éxito de la devolución de fondos. Luego, tampoco puede reprocharse arbitrariedad en la decisión, toda vez que ésta resulta debidamente fundada, precisamente en el incumplimiento de los requerimientos legales que el actor debía cumplir al efecto, según se ha reseñado”.

Octavo: Que, a mayor abundamiento, cabe señalar que la Superintendencia de Pensiones, en ejercicio de sus facultades legales, ha impartido instrucciones de carácter general y obligatorio para las Administradoras de Fondos de Pensiones, en las cuales ha precisado el alcance de los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156, exigiendo que la acreditación de la cobertura previsional extranjera sea expresa, completa y respaldada mediante documentación debidamente legalizada o apostillada, por lo que dichas instrucciones, emanadas del organismo técnico competente, resultan vinculantes para la recurrida, la cual no puede apartarse de ellas sin incurrir en infracción a la normativa que regula su actuar, por lo que la exigencia de documentación apostillada o legalizada no constituye una creación arbitraria, sino la aplicación de criterios administrativos obligatorios.

Noveno: Que, por otra parte, la alegación del recurrente relativa a la imposibilidad de obtener documentación apostillada, fundada en la situación de su país de origen, no constituye un fundamento suficiente para eximirlo del cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a un beneficio de carácter excepcional, desde que la fuerza mayor o caso fortuito no resulta aplicable para justificar el incumplimiento de condiciones legales habilitantes.

Décimo: Que, en el escenario descrito no resulta efectivo que la recurrida haya incorporado requisitos no previstos en la ley, sino que ha aplicado la normativa conforme a la interpretación autorizada de la autoridad fiscalizadora, dentro del ámbito de sus competencias, circunstancias que conducen necesariamente al rechazo del arbitrio constitucional deducido, conforme se indicará en lo resolutivo, toda vez que la decisión de la recurrida se encuentra debidamente fundada en antecedentes objetivos y en la normativa vigente, no advirtiéndose en ella arbitrariedad ni ilegalidad.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se resuelve: Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del ministro señor Alberto Amiot Rodríguez.

Rol N° Protección-4412-2025.(jog)