nombre reservado con AFP CUPRUM S.A.

C.A. de Temuco Temuco, veintiuno de abril de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, actuando por sí y en favor de Egleidys nombre reservado, empleada, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región de la Araucanía, interponiendo acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., representada legalmente por nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana. La acción se deduce por el acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales para técnico extranjero, notificado mediante correo electrónico el 1 de diciembre de 2025, con la intención de solicitar que se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, en virtud de los argumentos de hecho y de derecho que a continuación se exponen.

En cuanto a los antecedentes de hecho, la parte recurrente expone que Egleidys nombre reservado, previamente individualizada, solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., mediante el portal web correspondiente, la devolución de sus fondos previsionales al amparo de la Ley N° 18.156, normativa que establece la exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que allí se indican. Señala que la solicitud se realizó adjuntando toda la documentación requerida y dando cumplimiento íntegro a las exigencias normativas.

Posteriormente, indica que, con fecha 1 de diciembre de 2025, la recurrente fue notificada mediante correo electrónico del rechazo de su solicitud por parte de la administradora de fondos. Las razones esgrimidas por la recurrida para denegar la devolución de las cotizaciones previsionales se fundamentaron, en primer lugar, en que el título técnico o profesional acompañado para dar cuenta del cumplimiento de los requisitos de la Ley N° 18.156 y del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, no acreditaría la calidad de técnico. En segundo lugar, la recurrida argumentó que no se acompañó documentación que acreditara que la afiliada se hubiese encontrado cubierta durante toda su estadía en Chile por un sistema de seguridad social extranjero ante las contingencias de vejez, enfermedad, invalidez y muerte, precisando que, en el caso de enfermedad, debe especificar que comprende prestaciones médicas y pecuniarias. Asimismo, la administradora observó que la Constancia Electrónica de Cotizaciones otorgada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en adelante IVSS, de fecha 2 de octubre de 2025, manifiesta como fecha de ingreso el 1 de septiembre de 2014, pero con un estatus actual de "asegurado cesante" con fecha de egreso 30 de marzo de 2018, por lo que, a juicio de la AFP, no quedaría claro que la solicitante haya estado afiliada al sistema durante la vigencia de la relación laboral acreditada en Chile.

Frente a estos fundamentos de rechazo, el recurrente argumenta que existe una evidente falta de fundamentación por parte de la AFP. Respecto al título profesional, hace presente que este se encuentra debidamente apostillado y que no existe ningún yerro en el documento, siendo evidente que se trata de una profesión calificada que otorga un conocimiento especializado, impartida por una prestigiosa universidad venezolana.

En relación con el certificado de afiliación al IVSS, la parte recurrente subraya que el documento presentado cuenta con plena validez. Argumenta que la exigencia de la administradora de fondos respecto a la legalización consular resulta un obstáculo irrazonable, toda vez que es un hecho de público conocimiento la actual situación diplomática, lo que imposibilita la realización de trámites en la embajada respectiva. Sostiene que la constancia electrónica acompañada incluye un código que permite su verificación y validación directa en el portal web oficial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, dotando al documento de autenticidad. Añade que exigir mayores requisitos formales que los expresamente previstos en la ley constituye una barrera meramente formal que deviene en una retención injustificada de los fondos.

Asimismo, el recurrente expone que se acompañó una declaración jurada suscrita ante notario público, documento que al ser emitido en territorio nacional reviste la debida formalidad y debe tener la misma naturaleza probatoria que las declaraciones juradas que anteriormente se obtenían en las sedes diplomáticas. Para dar sustento a su postura, el actor adjunta un certificado de aprobación de retiro de fondos administrados por la misma AFP Cuprum S.A. respecto de otro afiliado extranjero, el cual se basó en una declaración jurada notariada con idénticas formalidades. Argumenta que, estando todas las administradoras regidas por las mismas leyes y normativas de la Superintendencia de Pensiones, no corresponde aplicar criterios de forma desigual y arbitraria, lo que implica dispensar un trato discriminatorio a los administrados que se encuentran en igualdad de condiciones.

En cuanto a los fundamentos de derecho, el recurrente estima que la conducta omisiva de la recurrida de no verificar la afiliación en la plataforma oficial, y su interpretación formalista, vulneran las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley, al otorgarle un trato desigual en comparación con otros solicitantes a quienes sí se les ha aprobado el retiro con la misma documentación. Igualmente, alega la vulneración del artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, referente al derecho de propiedad sobre sus fondos previsionales, al impedirle disponer de ahorros que son de su exclusiva propiedad e imponer requisitos que obstaculizan el libre ejercicio de este derecho.

Para reforzar sus argumentos, el recurrente cita jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia. En primer término, alude a la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rol Protección 247.104-2023, que estableció que los documentos acompañados, aun con las dificultades formales, resultan prueba suficiente para acreditar los requisitos del artículo 1 de la Ley N° 18.156, vulnerándose el derecho de propiedad en caso de rechazo. Luego, cita el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rol Protección 325-2024, el cual concluyó que el acto impugnado deviene en ilegal al rechazar la solicitud creando hipótesis no previstas por el legislador, conculcando la igualdad ante la ley. Finalmente, menciona una sentencia reciente de la Corte de Apelaciones de Concepción, Rol Protección 12.525-2024, la cual razonó que denegar la solicitud por un aspecto netamente formal supone una interpretación excesivamente literal, desatendiendo la finalidad del legislador, constituyendo una retención injustificada de los fondos.

Finaliza su presentación con las peticiones concretas, solicitando que se tenga por interpuesto el recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A. por el acto ilegal y arbitrario que rechaza la solicitud de retiro de fondos para extranjero; que se reconozca como válida la documentación acompañada; y que se ordene a la recurrida proceder a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y, dentro de un plazo de 5 días o el que la Corte estime conforme al mérito de autos, efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados, adoptando todas las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho. Al primer otrosí de su presentación, la parte recurrente acompaña los siguientes documentos: 1. Carta de rechazo de retiro de fondos como técnico extranjero emitida por la recurrida; 2. Cédula de identidad para extranjeros de la actora; 3. Declaración jurada suscrita ante notario; 4. Constancia electrónica del IVSS; 5. Título profesional apostillado; 6. Contratos de trabajo y sus anexos; 7. Carta de aprobación de la AFP Cuprum S.A. que autoriza el retiro de fondos de pensiones a otro afiliado con idénticos requisitos.

A folio 6, evacúa informe la abogada Valentina Andrea Norma Lagos Sánchez, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condenación en costas, en base a los siguientes argumentos de hecho y de derecho.

En su primer capítulo, la recurrida alega la improcedencia de la acción. Señala que el recurso de protección, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, tiene por objeto restablecer de forma inmediata el imperio del derecho frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales. No obstante, sostiene que en el presente caso no se advierte arbitrariedad ni ilegalidad manifiesta, sino la aplicación estricta de una normativa especial en materia previsional, cuya interpretación corresponde a un órgano técnico especializado. Argumenta que no existe un derecho indubitado que esté siendo vulnerado, sino una controversia sobre el cumplimiento de los requisitos para acceder a una excepción legal, materia de lato conocimiento que debe ser resuelta por la Superintendencia de Pensiones, conforme al artículo 3 del Decreto con Fuerza de Ley N° 101 de 1980, y no mediante la vía cautelar de urgencia.

En su segundo capítulo, expone el marco regulatorio. Explica que la Ley N° 18.156 constituye un régimen de excepción al principio de territorialidad previsional. Por ende, las administradoras solo pueden acceder a la devolución de fondos si los solicitantes acreditan fehacientemente el cumplimiento copulativo de los requisitos de las letras a) y b) del artículo 1 de dicha ley. Agrega que la Superintendencia de Pensiones es el organismo facultado legalmente para interpretar estas normas y emitir instrucciones vinculantes, las que se agrupan en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, exponiendo a las administradoras a graves sanciones si inobservan dichas directrices.

En su tercer capítulo, detalla los fundamentos del rechazo de la solicitud. Indica que la negativa se sustentó en el incumplimiento del artículo 1 letra a) de la Ley N° 18.156. En primer lugar, manifiesta que el recurrente no acompañó documentación idónea que acreditara que se encontraba cubierto por un sistema de seguridad social extranjero durante toda la prestación de servicios en Chile, ni que dicha cobertura comprendiera prestaciones médicas y pecuniarias en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Refiere que la Constancia Electrónica de Cotizaciones otorgada por el IVSS el 2 de octubre de 2025, no indica que, en caso de enfermedad, el recurrente cuente con una cobertura que incluya prestaciones médicas y pecuniarias. Cita oficios de la Superintendencia de Pensiones que instruyen que la certificación debe expresar que el trabajador extranjero ha estado efectivamente protegido por los riesgos detallados durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.

Además, la recurrida fundamenta su rechazo en que el certificado de afiliación previsional no fue presentado debidamente legalizado o apostillado. Argumenta que el artículo 345 bis introducido por la Ley N° 20.711 establecen las formas para que los instrumentos públicos otorgados en el extranjero tengan validez en Chile. Señala que la simple constancia electrónica, aún con código de verificación, no reemplaza la formalidad legal de la apostilla o legalización diplomática, exigencia reiterada por la Superintendencia de Pensiones en los Oficios Ordinarios N° 32.365 de 2016, N° 24.089 de 2019 y N° 25.057 de 2023. La administradora afirma que carece de facultades para eximir a los afiliados del cumplimiento de requisitos legales so pretexto de caso fortuito o fuerza mayor derivados de la falta de representación diplomática, pues su actuar debe ceñirse a la legalidad y a las instrucciones de su órgano regulador.

En su cuarto capítulo, la recurrida expone criterios jurisprudenciales recientes que avalan el actuar de las administradoras al exigir el cumplimiento estricto de las formalidades de la Ley N° 18.156. Al efecto, detalla y acompaña las sentencias de la Corte de Apelaciones de Antofagasta Rol N° 195-2025, Valparaíso Rol N° 2599-2025 y Rol N° 3242-2025, Santiago Rol N° 21.391-2024, La Serena Rol N° 1071-2025 y Concepción Rol N° 1998-2025, todas confirmadas por la Excelentísima Corte Suprema durante el año 2025, las cuales rechazan recursos de protección en casos análogos por estimar que la actuación de la administradora no es ilegal ni arbitraria al sujetarse a las exigencias normativas.

Concluye solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas, por no concurrir los requisitos legales, ya que la administradora no cometió acto ilegal o arbitrario alguno ni causó privación, perturbación o amenaza a las garantías constitucionales del actor.

Al primer otrosí de su informe, la recurrida acompaña los siguientes documentos: 1. Copia de la escritura pública de 29 de marzo de 2016 otorgada en la Notaría de nombre reservado; 2. Copia de la escritura pública de 8 de septiembre de 2025 otorgada en la Notaría de nombre reservado; 3. Copia de la solicitud de devolución de fondos del recurrente y su documentación; 4. Copia de la respuesta de rechazo emitida por la AFP; 5. Sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta Rol N° 195-2025; 6. Sentencia de la Corte Suprema confirmando el Rol N° 195-2025; 7. Sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Rol N° 3242-2025; 8. Sentencia de la Corte Suprema confirmando el Rol N° 3242-2025; 9. Sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Rol N° 2599-2025; 10. Sentencia de la Corte Suprema confirmando el Rol N° 2599-2025; 11. Sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago Rol N° 21.391-2024; 12. Sentencia de la Corte Suprema confirmando el Rol N° 21.391-2024; 13. Sentencia de la Corte de Apelaciones de La Serena Rol N° 1071-2025; 14. Sentencia de la Corte Suprema confirmando el Rol N° 1071-2025; 15. Sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción Rol N° 1998-2025; 16. Sentencia de la Corte Suprema confirmando el Rol N° 1998-2025.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido instituido con el objeto de prestar inmediato amparo a quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías fundamentales que la misma disposición enumera, facultando a la Corte de Apelaciones respectiva para adoptar de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Para la procedencia de esta acción tutelar, es presupuesto indispensable la constatación de un acto u omisión que revista los caracteres de ilegalidad, esto es, contrario al ordenamiento jurídico, o de arbitrariedad, entendido como aquel originado en el mero capricho o carente de razonabilidad de quien lo ejecuta, y que, además, vulnere un derecho indubitado y preexistente.

SEGUNDO: Que la controversia sometida a conocimiento de esta Corte se centra en determinar si el acto de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., consistente en rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por la actora al amparo de la Ley N° 18.156, reviste el carácter de ilegal y arbitrario. El rechazo se sustentó, fundamentalmente, en que el certificado de afiliación previsional del país de origen aportado no se encontraba debidamente legalizado o apostillado, y en que dicha constancia electrónica no acreditaba fehacientemente que la afiliada contara con cobertura por los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el periodo en que prestó servicios en Chile, consignando expresamente un estatus de "asegurado cesante" desde el año 2018.

TERCERO: Que, para la debida resolución del asunto, es preciso tener presente que el artículo 1º de la Ley N° 18.156 establece que las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero, y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados a efectuar imposiciones en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones copulativas: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. A su turno, el artículo 7º del referido cuerpo normativo dispone que, en el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1º de esta ley.

CUARTO: Que, conforme a la normativa transcrita y del análisis de los antecedentes aportados al proceso, se desprende que la actuación de la recurrida no ha incurrido en ilegalidad alguna. Por el contrario, la administradora se ha limitado a dar estricto cumplimiento a las obligaciones impuestas por la Ley N° 18.156 y a las instrucciones obligatorias emanadas de la Superintendencia de Pensiones, órgano encargado de su fiscalización. En la especie, la institución procedió a exigir de la actora la acreditación fehaciente de los presupuestos contemplados en la ley como condición sine qua non para autorizar una situación de excepción al sistema de seguridad social chileno, requisitos que no fueron satisfechos de la forma exigida por el ordenamiento jurídico nacional.

QUINTO: Que, en efecto, el documento aportado por la parte recurrente, consistente en la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el IVSS, no cumple con las exigencias necesarias para tener por acreditados los requisitos de la letra a) del artículo 1 de la Ley N° 18.156. En primer lugar, la constancia allegada no se encuentra debidamente legalizada o apostillada, formalidad imperativa dispuesta en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil para que los instrumentos públicos otorgados en el extranjero hagan fe en Chile. La mera incorporación de un código de verificación electrónica en un portal web foráneo no suple ni reemplaza los trámites de legalización diplomática o apostilla contemplados en nuestra legislación y exigidos uniformemente por la Superintendencia de Pensiones. En segundo lugar, el mérito del referido documento no permite certificar que la trabajadora extranjera haya contado con cobertura previsional activa durante todo el tiempo en que prestó servicios laborales en Chile, al consignar un estatus de cesantía desde el año 2018, lo que pugna con el requisito legal de contar con protección efectiva frente a las contingencias sociales mientras se labora en el territorio nacional.

SEXTO: Que las alegaciones de la recurrente tendientes a excusar el cumplimiento de estas formalidades en la fuerza mayor derivada del cierre de las representaciones diplomáticas u oficinas consulares, carecen de idoneidad para alterar la legalidad del rechazo, por cuanto el hecho público y notorio invocado no habilita a las Administradoras de Fondos de Pensiones a dispensar unilateralmente a los solicitantes del cumplimiento de exigencias legales y reglamentarias perentorias, cuya observancia es vigilada y sancionada por la autoridad reguladora, ni transforma el actuar apegado a la ley de la AFP en una conducta arbitraria. En consecuencia, al fundamentarse la decisión de la recurrida en el incumplimiento objetivo de presupuestos normativos, no se configura el capricho o la falta de razón que caracteriza a la arbitrariedad, ni se advierte conculcación de la igualdad ante la ley o el derecho de propiedad, ya que la AFP no desconoce el dominio de la actora sobre sus ahorros, sino que condiciona su restitución anticipada al cumplimiento de los preceptos legales vigentes.

SÉPTIMO: Que, a mayor abundamiento, la Excma. Corte Suprema de Justicia, en reiterados y recientes fallos en la materia, ha validado la exigencia de estos estándares normativos para los documentos extranjeros, descartando la ilegalidad o arbitrariedad de las Administradoras de Fondos de Pensiones cuando estas actúan bajo las directrices vinculantes de la Superintendencia de Pensiones, concluyendo que al no satisfacer el afiliado los presupuestos necesarios y copulativos para el éxito de la devolución de fondos, el rechazo resulta debidamente fundado en sede administrativa.

OCTAVO: Que, sin perjuicio de lo que se resolverá en la presente causa, cabe hacer presente que la actora conserva incólume su derecho a solicitar nuevamente la devolución de las cotizaciones previsionales pagadas a la recurrida, una vez que cuente con la totalidad de los documentos exigidos, debidamente validados, legalizados o apostillados por la autoridad u organismo correspondiente que acrediten el estricto cumplimiento de la Ley N° 18.156.

Por estas consideraciones, de conformidad con los antecedentes expuestos, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RESUELVE:

I.- Que se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra en favor de Egleidys nombre reservado, y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A.

II.- Que no se condena en costas a la recurrente, por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Sr. José Héctor Marinello Federici.

N° Protección-4411-2025. (cwm)