nombre reservado con FISCO DE CHILE(CONTRALORÍA GENERAL REPÚBLICA)

C.A. de Temuco Temuco, diez de febrero de dos mil veinte.

VISTOS:

A folio 1 comparece don nombre reservado, funcionario de la Municipalidad de Temuco, asignado a la Dirección de Desarrollo Comunitario, Grado 10 de la Escala Municipal, con domicilio en domicilio reservado de esta ciudad de Temuco, quien interpone recurso de protección en contra de la MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, representada por su alcalde don Miguel Becker Alvear, y contra CONTRALORIA REGIONAL DE LA ARAUCANIA, representada por don nombre reservado, ambos con domicilio en esta ciudad, por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en confirmar la medida disciplinaria de destitución, lo que vulneraría las garantías constitucionales de los numerales 1, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Funda su acción en que con fecha 07de febrero de 2019 le fue notificado por el Sr. Secretario Municipal (S) el Decreto Alcaldicio N° 1 289/07.02.2019 que resolviendo de plano sobre reposición solicitada de lo resuelto en Decreto Alcaldicio N° 15, de fecha 16 de Enero de 2019, se decreta "confirmar la medida disciplinaria de Destitución contemplada en el art. 120. Letra d) y art. 123 de la Ley N 18.883, lo anterior en virtud de Sumario Administrativo ordenado instruir por el Sr. Alcalde de Temuco mediante D.A. N° 158, de fecha 18 de Julio de 2018 en el cual se le formula y sanciona en definitiva por los siguientes cargos: "acosar sexualmente a doña nombre reservado (Cargo Uno); a doña nombre reservado (Cargo Dos); y, a doña nombre reservado (Cargo Tres).- Del Decreto Alcaldicio antes citado reclamó a la Contraloría Regional de La Araucanía, quien mediante Dictamen N° 2.250-2018, documento que le fue notificado con fecha 31 de Mayo de 2019 desestimó su reclamo sosteniendo entre otros argumentos los siguientes:

a) Que la Contraloría no constituye una instancia procesal, pero que sí le compete velar por el respeto de las normas jurídicas que rigen a los servidores edilicios en éstas materias (Sumarios administrativos);

b) Que en su opinión según se desprende de los antecedentes sumariales se habrían procurado las instancias pertinentes a fin de asegurar la debida defensa del inculpado, respetándose en definitiva la garantía de un justo y racional procedimiento;

c) Que atendidas las condiciones subrepticias en que se llevan a cabo las infracciones a la probidad no siempre es posible contar con probanzas directas, más allá del testimonio que efectúen las víctimas de tales actuaciones, lo que no puede obstar a que el fiscal o la autoridad se formen la convicción acerca de su acaecimiento.- Indica que durante toda la investigación sumaria alegó inocencia, reconoce que solo ciertas frases dichas sin pensarlas podrían mal interpretarse hipotéticamente invasivas a la intimidad de las receptoras de ellas e incluso, considerarse "de mal gusto", las que se dieron en un contexto de compañerismo y de normal convivencia, sin segundas intenciones ocultas, existiendo además reciprocidad en éste trato que hoy se me califica contundentemente solo a él de "acoso sexual"- Afirma que serían falsas las acusaciones de haber efectuado "tocaciones corporales", "besar a las denunciantes en forma forzada", y condicionarles el otorgamiento de peticiones y/o beneficios contra prestaciones de carácter sexual.- Dentro del contexto anterior, durante la tramitación del procedimiento sumarial solicitó la realización de pruebas que no le fueron en definitiva aceptadas en su recepción, ello sin explicación de ninguna naturaleza y pese a ello, se concluye que "Don nombre reservado no prueba que no existió acoso sexual en ninguno de los cargos formulados", lo que a su juicio es legalmente improcedente porque el imputado no debe probar su inocencia.- Lo anterior obviamente ha afectado y lesionado de manera absolutamente arbitraria, injustificada y lesiva a su justo derecho de ser juzgado administrativamente a la luz de un debido proceso.

Señala que se le negó citar nuevamente a denunciante nombre reservado, lo que a su juicio era relevante, por cuanto la denuncia por acoso sexual y la carta de agradecimiento que remite al Director de Desarrollo Comunitario, donde destaca entre otras cosas, el trato respetuoso que le brindó el recurrente durante su desempeño conjunto serían inconciliables a la luz de los hechos investigado.

Agrega que en el expediente nunca se investigó y menos se probó la existencia de un real y concreto vínculo de dependencia - subordinación entre las denunciantes y el Acusado; le bastó a la Srta. Fiscal lo dicho por las Denunciantes y por lo expresado ambiguamente por don nombre reservado, DIDECO a la fecha de ocurrir los presuntos hechos irregulares.- Hace presente que en su escrito de Reposición relevó el hecho que éste vínculo resulta esencial para determinar la real existencia de acoso sexual sancionable a la luz del derecho; en efecto, no consta en el expediente sumarial copia alguna del Reglamento N° 001, de fecha 16 de Agosto de 2012 que contiene el Reglamento Interno Municipal de Temuco que contiene la asignación de funciones generales y específicas de las unidades municipales donde claramente consta que sus funciones internas concretas dentro de la DIDECO de Temuco carecían absolutamente de poder jerárquico real sobre funcionarios de dicha dependencia, incluidas las Denunciantes, salvo en su rol de ITO del área de control de vehículos externos que prestan servicios a la Dideco.- Refiere que se le impidió la adecuada defensa al negarse la declaración de los siguientes testigos: nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.

Sostiene que las acciones ilegales y arbitrarias denunciadas lo privan, perturban o amenazan el legítimo ejercicio de los siguientes derechos y garantías constitucionales:

a) Derecho de propiedad: Consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política del Estado. Esto, considerando el derecho de propiedad que le asiste respecto de los derechos personales emanados de mí contrato de trabajo con el Municipio de Temuco ya incorporado a mi patrimonio.- b) Artículo 19, N° 1.- Derecho a la Vida y a la Integridad Psíquica: ello porque al negárseme mi derecho a una adecuada y completa defensa jurídica respecto de los hechos que se me han imputado y por razones obvias el sentimiento de injusticia del cual soy víctima ha permitido que mi salud psicológica sea realmente grave, pues no solo he debido sufrir acusaciones arbitrarias sino también me he visto privado de los recursos económicos que mí trabajo generaba.- c) Artículo 19 N° 3.- La igual protección de la Ley en el ejercicio de sus derechos.- En éste caso particular no se le ha permitido defenderse adecuadamente y en definitiva se le ha impedido, restringido y perturbado su legítima defensa procesal.- Pide que se acoja su acción de protección, y en definitiva se ordene a la Municipalidad de Temuco que reabra el expediente sumarial ordenado en su contra y que mientras este no sea finiquitado conforme a Derecho se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 15/2019, de fecha 16 de Enero de 2010 que decretó la medida sancionatoria de destitución y como consecuencia de ello ordene su reincorporación inmediata a la Municipalidad de Temuco; y respecto de la Contraloría Regional de La Araucanía para que aclare sus conceptos acerca del Derecho Administrativo involucrado en éste caso particular y contenido ambiguamente en su Dictamen N° 2.250, de fecha 10 de Abril de 2019; o lo que U.S. Iltma, estime más justo y procedente en definitiva.- Acompaña los siguientes documentos: Decreto Alcaldicio Nº 15/2019 de fecha 16 de Enero de 2019; Solicitud de revisión presentada a la Contraloría Regional de La Araucana de fecha 19 de febrero de 2019; Dictamen Nº 2250 de fecha 10 de Abril de 2019; e informe médico de 31 de enero de 2019.

A folio 17 informa la recurrida Contraloría Regional de la Araucanía solicitando el rechazo del recurso, con costas.

En primer término alega extemporaneidad del recurso, lo que funda en que el oficio N° 2.250, de 10 de abril de 2019, impugnado en estos autos, fue remitido ese mismo día al domicilio del actor a través de Correos de Chile, y fue recepcionado el 17 de igual mes y año, según consta en la guía de entrega N° 88, de 2019, de dicha empresa, la que se acompaña al presente informe y el recurso fue interpuesto el día 27 de junio de 2019 por lo que habría transcurrido con creces el plazo de 30 días corridos para su interposición.

En segundo término, aduce que el asunto es ajeno a la naturaleza cautelar del recurso de protección, por cuanto el actor pretende discutir y controvertir el resultado del procedimiento sancionatorio llevado a cabo por la Municipalidad de Temuco, y que esa Iltma. Corte de Apelaciones resuelva acerca de la existencia de responsabilidad en los hechos antes indicados por parte de aquél, así como la legalidad de la medida disciplinaria aplicada.

Agrega que el recurso de protección no es un medio idóneo para impugnar procedimientos disciplinarios, como el de la especie, ya que las normas que regulan su tramitación contienen todos los elementos necesarios para configurar un debido proceso y asegurar una adecuada defensa del sumariado. Cita sentencia de la Excma. Corte Suprema dictada con fecha 17 de noviembre de 2015 en autos rol N° 13.512-2015, citando su considerando cuarto.

Alega asimismo ausencia de ilegalidad y arbitrariedad, refiriendo al efecto que se limitó a ejercer las competencias que le han sido asignadas en virtud de los artículos 98 y 99 de la Constitución Política de la República; 5°, 60, 9° y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General; 51, 52, 53 y 54 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, por lo que la actuación recurrida se ha emitido de acuerdo a la habilitación que las mencionadas normas constitucionales, legales y reglamentarias han otorgado a la Contraloría General. Al respecto hace presente que esta Entidad de Control emitió un pronunciamiento a solicitud expresa de éste, efectuando un análisis razonado de las etapas del procedimiento, de las alegaciones del recurrente y de las actuaciones practicadas por la entidad edilicia, concluyéndose que el municipio había realizado todos los trámites considerados esenciales para asegurar al señor nombre reservado su garantía de un justo y racional procedimiento y derecho a defensa, conforme a la normativa que regula la materia. " - Respecto de la arbitrariedad indica que no obedeció al mero capricho ni a una conducta antojadiza o contraria a la razón, sino que constituye el resultado de un estudio acabado de los antecedentes en torno a la situación planteada, de la interpretación de la normativa vigente sobre la materia y en el ejercicio-de una actuación legítima del Organismo Contralor llevada a cabo en uso de sus facultades y dentro del marco jurídico que reglamenta sus atribuciones, dando lugar a un pronunciamiento motivado en derecho por parte de este órgano de Control.

En cuanto al fondo, hace presente respecto a las diligencias probatorias que le fueron denegadas al peticionario, que no corresponde que este Organismo de Control supla a la administración activa en la tramitación de las distintas etapas que forman parte de un sumario administrativo destinado a establecer un juicio de valor acerca de la responsabilidad administrativa, pues a dicho a Ente de Control le correspondería únicamente objetar la decisión del municipio si del examen del expediente aparece alguna infracción al debido proceso, a la normativa legal o reglamentaria que regula la materia, o bien, si se observa una actuación arbitraria, lo que no habría acontecido en la especie.

Es pertinente señalar que el fiscal de un sumario administrativo puede rechazar la petición del inculpado de realizar determinadas diligencias probatorias cuando éstas no son útiles para la investigación, situación que acontece en el caso en examen, dado que las declaraciones prestadas por las afectadas dan cuenta del actuar irregular del actor, el que se encuentra confirmado por la grabación de una conversación sostenida por una de ellas con él en una oficina de la municipalidad, que rola a fojas 77 del expediente disciplinario.

En cuanto a la falta de acreditación del vínculo de dependencia que alega el interesado, el que a su entender sería esencial para determinar la real existencia de acoso sexual en términos legales, es preciso indicar que el artículo 82, letra I, de la ley N° 18.883, establece que queda prohibido a los funcionarios "realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios. Se considerará como acción de este tipo el acoso sexual, entendido según los términos del artículo 2°, inciso segundo del Código del Trabajo", precepto este último que previene que se entiende por tal el que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral u oportunidades en el empleo.

Como es posible advertir, el acoso sexual no requiere que exista una relación jerárquica, dado que basta qué exista una conducta sexual indebida que cree un ambiente laboral hostil para el trabajador que es víctima, de modo que no se advierte de qué manera lo alegado por el actor hubiese podido perjudicar su derecho a un debido proceso y defensa.

- Por lo anteriormente expuesto, queda de manifiesto que esta Oficina de Control se ajustó a derecho al desestimar el reclamo del recurrente, y que la medida disciplinaria de destitución que le aplicó la municipalidad se ajustó a lo dispuesto en el artículo 123, letra c), de la ley N° 18.883.

- En relación al requerimiento formulado por el actor, en orden a que esta Entidad de Control aclare su concepto acerca del "Derecho Administrativo involucrado en éste caso particular y contenido ambiguamente en su Dictamen N° 2.250. de fecha 10 de abril de 2019..., al respecto señala que dicho oficio fue claro en rechazar el reclamo del recurrente, por cuanto si bien a este Ente de Control le compete velar por el cumplimiento de las normas que aseguren el acatamiento del debido proceso, ello no lo convierte en una instancia procesal que permita dejar sin efecto un acto administrativo dictado por la autoridad competente, sobre la base de los mismos hechos ya indagados en el sumario administrativo.

Sobre los Derechos constitucionales supuestamente vulnerados, señala que no se vislumbra cómo el oficio recurrido podría significar privación, perturbación o amenaza de dicha garantía, toda vez que ha sido emitido a requerimiento del propio recurrente, limitándose este Organismo de Control a aplicar la normativa existente en la materia.

Indica asimismo, que el ámbito de acción del recurso de protección no se extiende a la garantía de un justo y racional procedimiento contemplada en el artículo 19, N° 3, inciso sexto, de la Constitución.

Finalmente respecto del derecho de propiedad, no se precisa la forma en que tal privación se habría verificado.

Hace presente asimismo que el vínculo jurídico que liga al funcionario público con el Estado u otro organismo público es una relación estatutaria de derecho público, que no otorga al funcionario ninguna forma de propiedad sobre el empleo sino solo el de estabilidad, que-se mantendrá mientras no opere una causal legal de cesación de funciones o el vencimiento del plazo para el cual fue designado; en la especie, dicha relación cesó por aplicación de la medida disciplinaria de destitución que la aludida Municipalidad de Temuco aplicó al recurrente por configurarse la causal prevista en el artículo 123, letra c), de la ley N° 18.883, la que fue debidamente precedida del correspondiente procedimiento sumarial instruido por dicho municipio.

Concluye solicitando el rechazo de la acción constitucional.

Acompaña los siguientes documentos: Decretos alcaldicios Nº 158 de 2018, 15 y 1289 ambos de 2019 de la Municipalidad de Temuco; Referencia Nº 91.591 de 2019; Oficio Nº 2250 de 2019; Guía de entrega Nº 88 de 2019 de Correos de Chile y expediente sumarias del proceso disciplinario relativo al recurso de autos.

A folio 21 informa la recurrida Municipalidad de Temuco, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Alega en primer término la extemporaneidad del recurso, por cuanto por medio del Decreto Alcaldicio N°1289 de fecha 07 de 2019, se confirma la medida disciplinaria aplicada ,y con fecha 10 de abril de 2019 por medio del Ordinario N°2.250, se desestimó por la Contraloría General de la República el Reclamo presentado por el recurrente, y por su parte, el presente Recurso de Protección fue ingresado a esta Iltma. Corte de Apelaciones solo con fecha 27 de junio de 2019.- En cuanto al fondo, indica que el recurrente, de acuerdo a la investigación efectuada, se entienden especialmente vulneradas las siguientes disposiciones legales: el artículo 1° de la Ley N° 20.880, que señala que el principio de probidad en la función pública consiste en observar una conducta funcionaria intachable, un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del interés general sobre el particular, dado que de ningún modo el uso de la jornada laboral implica denostar a las funcionarias a su cargo; Ley N° 18.883 art. 58 Estatuto Administrativo, letras b), c), g) e i) dado que con su comportamiento con el personal no orienta el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la Municipalidad ni a la mejor prestación de sus servicios; en los relatos consta que no ejercía con esmero ni cortesía su labor, como tampoco de forma eficiente; intenta relacionar su cargo a su vida laboral al invitar a funcionarias en horarios fuera de la jornada a salidas que podrían implicar una mejora en sus condiciones laborales.

Se determina además la vulneración al Artículo 82° de la Ley Nº 18.883, que indica que el funcionario estará afecto a las prohibiciones de realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios.

Se considera como una acción de este tipo el acoso sexual, entendido según los términos del Art. 2°, inciso segundo, del Código del Trabajo, y la discriminación arbitraria, según lo define el art. 2° de la Ley que establece medidas contra la discriminación. Art. 59° letra c) Ley N° 18.883 dada la falta de ecuanimidad del Sr. nombre reservado en el trato a quienes desempeñaron el cargo de Secretaria Dideco, frente a su rol de Jefe de Gabinete, o de jerarquía frente a funcionarias de la Dirección, dado que frente a la negativa de las víctimas, insistía en el acoso y trato discriminatorio respectos otros funcionarios y funcionarias.

Además, generó un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil y humillante, contrario a su obligación de velar permanentemente para que las condiciones de trabajo permitan una actuación eficiente de los funcionarios. Además habría incumplido con lo establecido en la letra c) del Art. 61° del mismo cuerpo legal y que establece obligaciones especiales para los cargos de jefatura. Habría vulnerado también sus deberes funcionarios, establecidos en el Art. 85° de la Ley 18.883, letras g), h), f) y l), al haber efectuado abrazos y susurros, intentar besar en la boca a tres funcionarias, haberle realizado comentarios insinuantes; y haberle propinado miradas impúdicas a dos funcionarias. Lo anterior, les afectó, haciéndoles sentir incómodas, amenazadas y vulnerada.- Indica que en el caso particular, la Fiscal instructora, a fin de esclarecer los hechos denunciados, efectuó una exhaustiva investigación citando a declarar varias personas.- Cada Resolución dictada en el sumario administrativo se le notificó personalmente a él. Se le formularon los cargos, que cumplen con los requisitos de ser concretos y precisos de acuerdo a la Jurisprudencia de Contraloría General de la República, prueba de ello es que tomó pleno conocimiento de los mismos y pudo formular sus descargos en forma oportuna, tramitándose el procedimiento con estricto apego a las normas, malamente podría pretender el recurrente que ha habido falta de imparcialidad, falta de defensa.

Hace presente que el artículo 135 de la Ley 18.834 otorga amplias facultades al Fiscal para realizar indagaciones, pudiendo extender sus averiguaciones a todas las irregularidades de las cuales tome conocimiento aunque no se contemplen en la Resolución que instruyó el procedimiento.

Alega que la acción de protección debe ser utilizada como mecanismo de emergencia, rápido y eficaz frente a violaciones o atropellos flagrantes de ciertos derechos fundamentales, los que han sido debidamente singularizados en el artículo 20 de la Constitución Política y que pretende el amparo o restablecimiento de estos, y no evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en un sumario administrativo, siendo erróneo actuar mediante dicha acción como es en el caso de autos, en consecuencia no es el medio idóneo para impugnar procesos disciplinarios ya que las normas que regulan su tramitación contienen todos los elementos necesarios para configurar un debido procedimiento, y asegurar la adecuada defensa.- Sostiene que no se vislumbra durante la sustanciación del proceso, ni tampoco en la resolución recurrida, alguna diferencia arbitraria por parte del actuar tanto de la Municipalidad de Temuco como de la fiscal administrativa, todo el actuar de la recurrida ha sido sujeto a derecho, actuando conforme la normativa existente en materia de Sumarios Administrativos y a mayor abundamiento a los dictámenes de Contraloría General de la República, que es el órgano encargado de la legalidad de los actos administrativos, y las diligencias realizadas durante el Sumario Administrativo de autos, se han realizado con estricta observancia a ellos.

Hace presente que el inciso sexto del numeral 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, no se encuentra tutelado por la acción de protección.

Acompañó los siguientes documentos: 1.- Copia de la escritura pública de Mandato judicial 2.- Decreto Alcaldicio N°15 de fecha 16 de enero de 2019, 3.- Decreto Alcaldicio N°1289 de fecha 07 de 2019, y 4.- Ordinario N°2.250, se desestimó por la Contraloría General de la República el Reclamo.

A folio 30, con fecha 24 de enero del presente, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, como ha señalado la doctrina y jurisprudencia, el recurso de protección constituye una herramienta de emergencia que tiene por finalidad el restablecimiento de un derecho frente a situaciones materiales que amenazan o violan gravemente garantías consagradas en la Constitución Política del Estado o en tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Se trata de asuntos en que existe un derecho indubitado y no disputado, que se encuentra en peligro o lesionado, por lo que se persigue es su amparo o restablecimiento, siendo un requisito esencial para su procedencia que el acto u omisión recurrido sea ilegal o arbitrario.

SEGUNDO: Que, para resolver ha de tenerse presente que el recurrente acusa infringidas las garantías establecidas por los numerales 1°, 3° inciso 4º y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley y la igual protección en el ejercicio de los derechos, y la existencia de un proceso legalmente tramitado. En concreto, dichas garantías se habrían vulnerado por la Municipalidad de Temuco y la Fiscal Sumariante, en el contexto de la tramitación de un sumario administrativo, al denegarle varios de los testigos ofrecidos, diligencias de careos y oficios, así como por el ente Contralor al rechazar su reclamación, por lo que pide sea dejada sin efecto la resolución impugnada se haga lugar a sus solicitudes probatorias.

TERCERO: Que, evacuando sus informes ambas recorridas alegan por primero la extemporaneidad en la interposición de esta acción de protección al ser presentada más allá del plazo establecido en el número 1 del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, esto es más allá de 30 días corridos luego de que el recurrente tomara conocimiento del acto que alega como ilegal y arbitrario.

CUARTO: Que, consta de los propios dichos de la recurrente, así como de los antecedentes allegados al proceso, que con fecha 07 de febrero de 2019 le fue notificado por el Sr. Secretario Municipal (S) el Decreto Alcaldicio N° 1 289/07.02.2019 que rechazó de plano la reposición solicitada respecto de lo resuelto en Decreto Alcaldicio N° 15, de fecha 16 de Enero de 2019, sobre el primero presentó reclamo a la Contraloría Regional de La Araucanía, quien mediante Dictamen N° 2.250-2018 emitió pronunciamiento, encontrándose contestes las partes de este juicio que es este dictamen aquel acto terminal que estima vulnerarían las garantías constitucionales del recurrente, señalando que dicho documento le fue notificado con fecha 31 de Mayo de 2019.

QUINTO: Que, sin embargo, consta del sexto documento acompañado al folio 17 con fecha 12 de Agosto de 2019 por la recurrida Contraloría General de La República, guía de entrega Nº 88 - 2019 de Correos de Chile, que copia del Dictamen N° 2.250-2018 le fue expedida mediante carta certificada y entregada en el mismo domicilio que indica el recurrente en su libelo, con fecha 17 de abril de 2019, siendo ésta la fecha desde la cual se puede tener por cierto el conocimiento que tuvo el Sr. nombre reservado del acto que pretende impugnar por esta vía, habiendo sido presentado el recurso ante esta Corte con fecha 27 de junio del presente año, lo cual excede con creces el plazo señalado de 30 días para la interposición del recurso de protección, por lo que esta excepción será acogida, desechándose en consecuencia la acción constitucional como se dirá a continuación.

Por lo expuesto y visto lo dispuesto por el artículo 19 y 20 de la Constitución Política de la República se resuelve que SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de la MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, y de CONTRALORIA REGIONAL DE LA ARAUCANIA, todos ya individualizados, por extemporáneo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo de la Abogada Integrante doña Hellen Teresita Pacheco Cornejo.

Rol Protección N°4390-2019.