Protección contra mi mandante y

C.A. de Temuco Temuco, veintidós de octubre de dos mil veinticuatro.

Vistos Comparece MARIA ALEJANDRA GARRIDO VARELA, abogada, cédula de identidad número RUT reservado, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado) doña nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; 2) doña nombre reservado cédula de identidad número RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; 3) doña nombre reservado cédula de identidad númeroRUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; 4) don nombre reservado, cédula de identidad númeroRUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; 5) doña nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado; 6) don nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; 7) doña nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; 8) doña nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; 9) doña nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; 10) nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado;

11) doña nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; 12) doña nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; 13) Pilar Ǫuiroga, cédula de identidad número RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; 14) don nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; 15) nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; 16) nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; 17) don nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado) doña nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, vengo en deducir recurso de protección en contra don nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado con domicilio en domicilio reservado, quien atribuyéndose la calidad de presidente del Comité de Agua Rural San Luis rut RUT reservado, persona jurídica din fines de lucro, y de derecho privado, con domicilio en domicilio reservado, ha realizado un alza de tarifa en el consumo de agua potable, que vulnera el derecho de mis representados, consagrado en el numeral 1 del pasivaartículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que Solicito a VSI, se sirva dejar sin efecto el acto, restableciendo el imperio del derecho, en atención a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho que paso a exponer:

I. Los Hechos:

1.- Todos mis representados son socios del comité de agua potable rural San Luis, persona jurídica constituida bajo la Ley 19.418, con fecha 15 de enero de 1999.

2.- El comité de Agua Potable Rural, Rol Único tributario número 74.923.700-7, hoy está presidido por don nombre reservado, cédula de identidad número RUT. RUT reservado, cuyo limite geográfico para efectos del suministro de APR es Menetue, Ancapulli, San Luis y Relicura.

3.- Se rigen estos socios por sus estatutos y en conformidad a la ley 19.418 y sus estatutos y ley 20998 y su reglamento.

4.- En su mayoría los socios hoy son personas de avanzada edad, socios fundadores en su mayoría, quienes se han visto perjudicados por un alza de tarifa, reflejada en sus respectivas aviso de cobranza.

5.- Esta importante alza de tarifa se debe a una modificación realizada en forma unilateral por el actual presidente del comité de forma arbitraria, ilegal e injustificada.

5.- Lo anterior, comienza a visibilizarse, a mediados del mes de febrero de 2024 al recibir los avisos de cobranza, donde advierten que por el mismo consumo en metros cúbicos de agua ahora es un valor es más alto, en algunos casos, evidentemente desproporcionado. Es así como, de tanto pedir explicaciones al nuevo presidente, este dice que envió por mensaje de whatsapp una copia de un documento que da cuenta que con fecha 20 de enero de 2024 se habría decretado el alza de tarifa en una supuesta reunión extraordinaria, en su casa, de lo cual los socios tomaron conocimiento el 28 de abril de 2024.

6.- El día 28 de abril de 2024 aproximadamente a las 11:00 am se reúnen los socios del comité en asamblea extraordinaria, autoconvocada a través del Whtasapp creado para el grupo de socios, a la cual asistió el presidente actual nombre reservado cédula de identidad N° RUT reservado, de lo cual dejaron constancia en un acta que se acompaña en un otrosí de esta presentación.

Es así como, de boca del propio presidente, él dice que en enero habría compartido un documento dando cuenta del alza de tarifas, pero que al parecer nadie entendió de qué se trababa el documento compartido, comunica a la asamblea de socios que él en forma unilateral tomó la decisión de subir las tarifas en los montos y tramos que señala la misiva enviada al grupo de Whatsapp. Expuso también que “el año pasado”, vino un técnico de aguas Araucanía para ver el tema de ampliación de red, a la cual se citó a los socios y solo llegaron 17. También señaló que hay un fondo de $12.000.000, pero que ese dinero será destinado a otros fines y no para la ampliación, y que por eso necesitaban modificar las tarifas subiendo la tarifa.

El cargo fijo subió en un cuarenta por ciento aproximadamente, esto porque de un cargo fijo de $2000 subió a $25000, por tramos, es decir se aplicarán a los $2.500 según el tramo esto es, .consumo hasta 15 metros cúbicos (M3) el costo será de $400 por litro;

.consumo hasta 35 M3, el costo será de $500 por litro;

-consumo hasta 50 M3 el costo será de $600 por litro;

.consumo más de 50 M3, el costo por litro será $700- En todos los tramos señalados se reajusta y sube más el cobro del costo fijo. Además, señala el citado documento que, “Por otra parte, informamos que se harán efectivos los cortes de suministro a todos los que se encuentren en mora por un periodo mayor a dos meses. De acuerdo al articulo 8° del Reglamento del APR”.

Si comparamos la citada tarifa, solo respecto del cargo fijo, incluso podríamos señalar que es más alta en relación al agua potable urbana, porque en Pucón por Aguas Araucanía por concepto de cargo fijo cobra la suma de $ 1.708 Se hace presente al presidente del comité que la tarifa que nos quiere obligar a asumir incluso es más alta de las que se cobra en Temuco y en Pucón, también, se le dijo que hay personas, sobre todos los mayores, quienes no se manejan con esta red social y otros que no están incorporados en el citado grupo, por lo tanto, debe explicar en “esta asamblea” en referencia a la de fecha 28 de abril de 2024, los motivos que él tuvo para ello, y por qué no comunicó su intención de subir las tarifa, y la sanción que menciona, que señala que sino pagamos el agua se nos cortará el servicio.

En la citada asamblea de socios del comité, los socios, entre ellos don nombre reservado, hijo de la socia nombre reservado, le dice que esa medida daña y perjudica “sus bolsillos”, su economía, y que antes de tomar una medida tan drástica, él debió citar a asamblea conforme a la ley, y que debió considerar además que dichas alzas alteran el presupuesto de quienes son más vulnerables, los adultos mayores y las personas de escasos recursos que viven en nuestros sector rural que forma parte del límite del APR San Luis, además debió consultar un organismo técnico según lo que señala la misma ley.

Los socios señalan que su alza se aleja de la función social del agua, que su consumo no puede ser objeto de comercio, porque lo que vemos es que Usted tiene la intención de comercializar con nuestra agua, por lo mismo estos socios le pidieron en más de tres ocasiones, más de tres intentos, desde que nos envió el documento al WhatsApp, hasta el día de hoy”

Es así como, en vista de que la respuesta del actual presidente en relación con el alza de adoptan deciden iniciar acciones judiciales que aclaren la situación así también citar al presidente a rendir cuentas, toda vez que respecto de los $12.000.000 que entregó la directiva anterior no sabemos en qué se ha invertido, además se le solicito congelar el cargo fijo que estaba en $2.000 y que en caso contrario los socios se ven obligados a dejar de pagar el agua porque es imposible solventar el costo actual.

El derecho El actuar del recurrido atenta contra nuestro derecho a la vida toda vez que su actuar constituye una amenaza seria y real de quedar desprovisto del recurso vital, agua. Lo anterior porque el documento que compartió por Whatsaap, cuya decisión fue sin el consentimiento y sin el conocimiento de la asamblea de socios del comité de agua, señala expresamente “Por otra parte, informamos que se harán efectivos los cortes de suministro a todos los que se encuentren en mora por un periodo mayor a dos meses. De acuerdo al articulo 8° del Reglamento del APR”.

En definitiva Ilustrísima S.S., la actuación del recurrido necesariamente implica que como consecuencia de que mis representados se ven obligados a pagar hasta que ya no puedan hacerlo, viéndose necesariamente amenazados a un corte de suministro, limitándose con ello la su acceso al agua potable, esto es, a un elemento esencial para la vida, lo cual va en directa amenaza al derecho a la integridad física e, incluso, a la vida de los recurrentes y sus respectivos grupos familiares.

Por su parte la Ley 20.998 aplicable al comité de agua potable rural San Luis, establece claramente, que este comité con la entrada en vigencia de esta ley se somete a sus normas. Es así como en el titulo IV que trata de Reglas y principios generales, en su artículo 57 y siguientes señala que respecto de las tarifas Articulo 57“Las tarifas deberán ser calculadas tomando como base la situación específica del servicio sanitario rural objeto de la licencia, con sus características, supuestos entorno y condiciones, que permitan su funcionamiento regular y eficiente, y propicie un desarrollo óptimo de éstos. Las tarifas siempre deberán permitir recuperar, a lo menos, los costos indispensables de operación”.” Las tarifas siempre deberán permitir recuperar, a lo menos, los costos indispensables de operación”

Articulo 59 “Procedimiento de determinación de la tarifa por cobrar al usuario”. La tarifa por cobrar al usuario se determinará para cada servicio sanitario rural, y será aquella que deba pagar efectivamente el usuario. En los casos en que proceda la aplicación del subsidio establecido en la ley N° 18.778, el usuario pagará la parte de la tarifa por cobrar que no cubra dicho subsidio. Una vez comunicado el nivel tarifario al operador, en la forma que determine el reglamento, éste lo pondrá en conocimiento de la asamblea, la que en el plazo de sesenta días podrá aceptarlo o acordar su variación hasta en el diez por ciento. En estos casos, el nivel tarifario aceptado o ajustado por la asamblea corresponderá a la tarifa a cobrar a los usuarios. La asamblea a que se refiere el inciso anterior podrá solicitar una variación superior al porcentaje indicado en el inciso precedente, en cuyo caso, el operador deberá presentar una contrapropuesta que será aceptada o rechazada por la Superintendencia en un plazo de sesenta días contado desde su presentación completa. Los requisitos, procedimientos y plazos para presentar la contrapuesta y para el pronunciamiento definitivo de la Superintendencia serán fijados en el reglamento Artículo 60.- Período tarifario. Las tarifas serán determinadas cada cinco años. A solicitud de los comités y cooperativas de servicios sanitarios rurales, las tarifas podrán modificarse antes del término del período de su vigencia cuando existan razones fundadas y demostrables, calificadas por la Subdirección, de cambios importantes en los supuestos bajo los cuales estas se han fijado Artículo 66.- Reconocimiento. La política para la asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales reconoce la función social y el rol integrador de los grupos intermedios que desarrollan sus actividades basados en los principios de participación comunitaria y de ayuda mutua, garantizando su ejercicio a toda persona, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Del mismo modo, cada uno de los miembros de las organizaciones comunitarias y de las fundadas en el principio de ayuda mutua a que esta ley atribuye el derecho a ser titulares de licencias, tiene derecho a elegir y a ser elegido para la dirección, administración y control de la gestión de las respectivas organizaciones, sin perjuicio de los demás derechos que otras leyes le confieren para la protección de su calidad de usuarios o consumidores De lo transcrito en relación con la normativa legal vigente, se destaca entonces que el recurrido, en su la calidad de presidente del comité de agua potable rural San Luis, atribuyéndose “ciertas prorrogativas de su cargo, en definitiva, incurre en una acto arbitrario e ilegal, por cuanto en su actuar no consideró la normativa legal vigente, la función social del elemento AGUA. En su actuar de forma permanente desconoce la norma sobre el sistema tarifario para los comités de agua potable rural, desconoció el derecho de la asamblea a su autonomía, que dicha alza tarifaria debió ser consultada en asamblea, cuyo actuar de efectos permanentes.

Por tanto, a V.S.I.,Ruego: se sirva tener por interpuesto recurso de protección contra don nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, acogerlo a tramitación y en definitiva declarar que se acoge el recurso y que se ordena al recurrido dejar sin efecto el alza de tarifa sobre el consumo de agua de los recurrentes y de todos los socios del comité, decretado por este, volviendo al estado anterior, al 20 de enero de 2024, fecha en que firma su “decreto de alza de precios, ordenado que se vuelva a aplicar el valor de cargo fijo de $ 2000 y sin alza por tramos, y que V.S.I, adopte todas las medidas tendientes a restablecer el imperio del Derecho y asegurar la debida protección de los afectados.

Solicita tener por acompañados 1.- Copia de “AVISO DE COBRANZA” por concepto de pago de agua al comité de Agua Potable Rural San Luis de los socios nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado

2.- Carta donde consta el decreto de alza de tarifa que lleva por fecha 20 de enero de 2024 3.

Copia de los estatutos 4.

Copia de acta de asamblea de fecha 28 de abril de 2024.

Comparece MARCELO VERA CASTILLO, abogado, por la parte recurrida de don nombre reservado, informando lo siguiente:

I.- ACCIÓN EJERCITADA EN AUTOS:

Los recurrentes de protección han ejercitado en estos autos la acción constitucional de protección prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile, que expone el efecto lo siguiente:

“Artículo 20.- El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. CPR Art. 20º Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº 8º del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.

La procedencia de la acción deducida exige, por tanto:

1.- Que se conculque, infrinja o vulnere de algún modo alguna de las garantías constitucionales que la norma señala; y 2.- Que dicho quebrantamiento se produzca en virtud de alguna acción u omisión ilegal o arbitraria.

Como explicaremos a continuación, de los hechos narrados y del derecho expuesto en su libelo por los actores, no es posible apreciar que se haya quebrantado, afectado o vulnerado en modo alguno la garantía constitucional que se invoca, como tampoco la ocurrencia de alguna acción u omisión que haya ejecutado o en que haya incurrido mi mandante que revista los caracteres de ilegal o arbitraria, por lo que no es posible acoger dicho planteamiento.

II.- EN CUANTO A LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUYO AMPARO SE RECLAMA EN LA ACCIÓN DEDUCIDA:

Los recurrentes, de modo bastante inexplicable y muy difícil de entender, señalan que se les ha afectado su DERECHO A LA VIDA por los actos de mi mandante en virtud de los cuales se han alzado las tarifas por consumo de agua potable que utilizan en su calidad de miembros de la agrupación comunitaria que mantiene y administra la producción de agua potable rural para sus integrantes.

Desde ya, hago presente que efectivamente se alzó el precio o valor del metro cúbico de agua potable que se produce por la organización comunitaria Comité de Agua Potable Rural San Luis, de la cual mi representado es su presidente y los recurrentes son socios o integrantes.

Es del caso que dicha alza era, más que necesaria, imprescindible para que la organización pudiera continuar funcionando y se pudiera continuar produciendo el agua necesaria para el consumo de los miembros del comité señalado, según se detallará más adelante.

Sin perjuicio de esto último, continuando con el análisis de la supuesta garantía constitucional conculcada por el recurrido, no podemos sino señalar que no puede ser efectivo que un alza en el precio o tarifa del agua potable que consumen los integrantes del comité que ejercitan esta acción, que por cierto son una mínima fracción del total de los miembros de tal Comité, importe una afectación al derecho a la vida de los recurrentes, razón más que suficiente para rechazar, sin más la acción interpuesta, por incumplimiento del requisito básico de la acción deducida, cual es la afectación efectiva de la garantía constitucional que invocan los actores.

En efecto, reconociendo por nuestra parte que el DERECHO A LA VIDA que consagra la garantía que del N° 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile, se encuentra garantizado y amparado por nuestro ordenamiento constitucional, siguiendo el postulado de Pereira Menaut (citado por Bronfman Vargas, nombre reservado y nombre reservado, en Constitución Política Comentada. Edit. Abeledo Perrot. Legal Publishing. Chile. 2012. Pág. 79-80) es posible señalar que “Como ocurre con la dignidad, la libertad y la igualdad, la vida no es un derecho, sino “realidades prejurídicas, existentes con prescindencia del Derecho, el que no las crea. Ello significa que simplemente se tienen, forman parte de la propia naturaleza himana.”

Ahora, que no sean derechos –agregan los autores citados, no significa que no sean importantes, muy por el contrario, son tan importantes que se trata de cuestiones superiores a los derechos, ya que son sus fundamentos.

En tal orden de cosas, es relevante igualmente señalar que, por el hecho de estar vivos, como ha dicho nuestro E. Tribunal Constitucional, se derivan consecuencias importantes, como son: el derecho a mantener la vida y a conservarla frente a los demás hombres (Sentencia 740, Considerando 56).

Así entonces, se ha definido el derecho a la vida como “La facultad para exigir la protección de la vida y para defenderla de agresiones ilegítimas.”

En base a dicha definición, los autores citados exponen que la expresión derecho a la vida del artículo 19 N° 1 implica:

i.

El derecho a no sufrir atentados contra la vida, que supone el deber del Estado de protegerla y ampararla.

ii.

El derecho a defenderse de dichos atentados.

iii.

El derecho a nacer.

Pues bien, conforme a los razonamientos señalados, para que sea procedente la acción constitucional impetrada por los recurrentes en autos, es necesario que el relato fáctico contenga acciones u omisiones del recurrido que constituyan afectaciones directas contra la vida de los recurrentes, en otras palabras, acciones u omisiones que, de mantenerse, conduzcan irremediablemente a la pérdida o afectación cierta, en grado relevante, de la vida de los recurrentes.

Por lo mismo, la imputación que hacen los recurrentes -al pretender que mi mandante está afectando su derecho a la vida- es de tal gravedad que, de ser cierta, importaría la eventual comisión, al menos en grado de tentativa, de un delito o cuasi delito de homicidio o lesiones; por lo que, -a nuestro juicio- los actos a que aluden los recurrentes deben necesariamente afectar su vida de un modo cierto y directo y no otros bienes jurídicos de menor entidad.

Sin embargo, de la sola lectura del libelo de los actores, aparece muy claramente que tal supuesta afectación de la vida no es tal, ya que el alza en el precio del agua potable que consumen los actores no es un hecho que por sí mismo pueda afectar el derecho a la vida, ya que es una situación que no puede más que provocar afectación al patrimonio de éstos; afectación patrimonial que, en todo caso, no se ha hecho valer ni menos se ha reclamado n este recurso, por lo que tampoco puede considerarse por U.S. I., al fallar esta acción.

III.- EN CUANTO AL SUPUESTO ACTUAR ILEGAL O ARBITRARIO DEL RECURRIDO:

Negamos igualmente que el recurrido haya actuado de forma ilegal o arbitraria al comunicar el alza del precio del agua potable que consumen los recurrentes y demás miembros del Comité de Agua Potable Rural San Luis, incluido el propio recurrido, ya que ello se hizo en conformidad a la normativa legal y reglamentaria que rige la materia y a la organización comunitaria.

En efecto, en el mes de febrero del año 2022, en su calidad de socio del “Comité de Agua Potable Rural San Luis” de Pucón, mi representado fue elegido Presidente de tal organización comunitaria, pasando, por tanto, a integrar El Directorio del Comité junto a los demás miembros del mismo, que se compone por un presidente, un secretario, un tesorero y dos directores. Es decir, se trata de un Directorio compuesto de cinco miembros.

Es del caso que, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de los Estatutos del Comité de Agua Potable Rural san Luis, que acompaño a este informe,“El Directorio tendrá a su cargo la dirección y administración superior del Comité y del Servicio, en conformidad a los presentes Estatutos y al Reglamento.”

A su turno, dispone el artículo 30 de la misma normativa que:

“Serán funciones del Directorio:

f) Acordar con el Organismo Ejecutor o su Mandatario las tarifas por los consumos de agua potable, las cuales deberán generar los ingresos suficientes para cubrir, a lo menos, los gastos de administración, operación y mantenimiento del Servicio y en lo posible, la creación de un Fondo de Capitalización.”

Pues bien, en el ejercicio de tal cargo o función, conforme a lo dispuesto en la normativa señalada, ocurrió que El Directorio del Comité, al tomar posesión del cargo, se enteró de la existencia de deficiencias administrativas, económicas, de suministro de agua, operativas, técnicas y legales del Comité de Agua Potable Rural San Luis, por lo que se fijaron cómo objetivo regularizar el funcionamiento del Comité, implementando las medidas que fuesen necesarias para ello.

Así las cosas, ocurrió que en el nombre reservado del año 2023 se citó a una Asamblea Extraordinaria de Socios, a fin de dar a conocer la necesidad de realizar un reajuste de las tarifas de cargo fijo y de las tarifas correspondientes al consumo de agua propiamente tal, para lo cual se propuso fijar tarifas o valores por tramos de consumo.

LAS TARIFAS VIGENTES AL nombre reservado DEL AÑO 2023 ERAN:

Por concepto de CARGO FIJO: $ 2.000 mensuales.

Por METRO CÚBICO DE AGUA: $200, sin variación por tramos de consumo.

Pues bien, la asistencia a la Asamblea extraordinaria señalada fue mínima, ya que concurrió tan solo el 12 % de los socios; y, además, por otra parte, los concurrentes expresaron su negativa de realizar cambios. No se pudo lograr por tanto el objetivo de acordar el aumento tarifario en la asamblea.

Por otra parte, al ir normalizando el funcionamiento del Comité de A. P.R. San Luis, el Directorio se enteró de serias deficiencias de la administración anterior, como son:

1.- La existencia de multas impuestas por la Seremi de Salud, que se encontraban impagas;

2.- La existencia de deudas previsionales de personal que tenía contratado el Comité, que igualmente se encontraban impagas.

3.- La no presentación oportuna de declaraciones mensuales de impuestos a través del Formulario N° 29 del Servicio de Impuestos Internos.

4.- La no presentación oportuna de la Declaración Anual de Renta ante el servicio de Impuestos Internos, lo que acarreaba la existencia de una deuda impositiva de la cual había que hacerse cargo.

5.- Por otra parte, se constató que el no pago de dichas obligaciones se debía, en gran medida, al no pago oportuno y regular por los socios de las cuentas por consumo de agua, no disponiéndose de la liquidez necesaria para hacer frente a los pagos señalados y, en general, para lograr la operación regular del sistema de agua potable.

Así entonces, teniendo en consideración que el Comité de Agua Potable Rural San Luis debe cumplir con la normativa legal vigente y lograr un funcionamiento adecuado que permita su subsistencia en el tiempo para el beneficio de sus socios, el Directorio realizó un estudio y análisis objetivo sobre la factibilidad económica de su funcionamiento, considerando los gastos mínimos necesarios para su adecuada operación. Este análisis objetivo que, dentro del ámbito de sus funciones y obligaciones, realiza el Directorio, arrojó como resultado la necesidad del alza de tarifas y un seccionamiento del consumo por tramos.

Lo anterior, como una manera de desincentivar el mal uso del agua, que está destinada solo al consumo humano y no para riego de huertas y bebedero de animales, ya que la falta de agua en el sistema hídrico que administra el Comité de Agua Potable rural San Luis, hace que, desde fines de noviembre hasta fines de marzo, vastos sectores a los cuales el Comité de A. P. R. San Luis provee, no tengan suministro de agua.

Así las cosas, EL DIRECTORIO del Comité, en ejercicio de sus funciones y facultades, fijó el siguiente tarifado:

Por Cargo Fijo:

$ 2.500.- mensuales Por Consumo de Agua, los siguientes tramos:

De 1 a 15 m3 $ 400.- x m3 De 16 a 35 m3 $ 500.- x m3 De 36 a 50 m3 $ 600.- x m3 Sobre 50 m3 $ 700.- x m3.

Estos nuevos valores fueron comunicados oportunamente a los socios (usuarios), mediante su publicación en un WhatsApp que utilizan todos los integrantes del Comité de A. P. R. San Luis.

En dicho escenario, ocurrió que, en el mes de abril del año 2024 en curso, un grupo pequeño de socios se junta para reclamar por el alza de las tarifas, esto lo hacen citando a una reunión de la Junta de Vecinos San Luis, a la cual es invitado mi representado por la Presidenta de la antedicha Junta de Vecinos y aquel acepta la invitación.

En la reunión de la Junta de Vecinos se le pide explicaciones a mi mandante en relación a la mencionada alza de tarifas, indicando éste que, como no está en una Asamblea del Comité de Agua Potable Rural que preside, no puede entregar los antecedentes que le solicitan, ya que ello solamente lo puede hacer en una Asamblea Ordinaria o Extraordinaria del Comité.

Por otra parte, el recurrido y el Directorio del Comité se ha mantenido siempre en comunicación con la Dirección de Obras Hidráulicas de La Araucanía, cuyos funcionarios le han prestado la asesoría técnica necesaria para la adecuada regularización del tarifado, por lo que éste responde a las necesidades técnicas para su correcto funcionamiento.

AUSENCIA DE ILEGALIDAD O ARBITRARIEDAD EN EL ACTUAR DEL RECURRIDO.

Al tenor de los antecedentes expuestos, solo cabe concluir que el actuar de mi representado se ha ajustado a derecho y a la razón, por lo que no puede haber ilegalidad ni arbitrariedad en las decisiones que se han adoptado.

En efecto, como ya se señaló, de la normativa que rige el funcionamiento del Comité, especialmente sus Estatutos, aparece de modo expreso y claro que al Directorio le corresponde la dirección y la administración superior del Comité y del Servicio, por lo que se encuentra plenamente facultado en derecho para adoptar las decisiones necesarias para el adecuado funcionamiento del Servicio, entre ellas, la fijación de las tarifas que rigen el valor o precio por el consumo de agua, ya que es igualmente su obligación el velar por la continuidad del servicio, que, como explicamos, no se sustentaba con los precios y la elusión de pagos que se venían dando durante la administración anterior.

Más aún, el mismo estatuto, como también señalamos, establece como función del Directorio, acordar con el organismo ejecutor o su mandatario las tarifas por los consumos de agua potable, las cuales, por mandato expreso de dicha normativa DEBEN GENERAR INGRESOS SUFICIENTES PARA CUBRIR, A LO MENOS, LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO Y, EN LO POSIBLE, LA CREACIÓN DE UN FONDO DE CAPITALIZACIÓN, nada de lo cual era posible con las tarifas anteriores.

Así las cosas, es claro que la decisión adoptada por el Directorio del Comité se ajusta plenamente a la normativa que le rige, a sus obligaciones y funciones y, además, es claro que se adoptó con un criterio racional, lejos de todo arbitrio, antojo o falta de deliberación, razones más que suficientes para desechar igualmente el recurso deducido en estos autos, según consta de los documentos que se acompañan y que se acompañarán a la instancia.

PORCENTAJE MÍNIMO DE SOCIOS QUE EJERCITAN LA ACCIÓN DEDUCIDA.

Por otro lado y como elemento también a considerar por US. I., al momento de resolver esta acción se encuentra el hecho de las personas que reclaman de la decisión del directorio es mínimo en relación a la cantidad total de personas que integran el Comité que representa mi mandante.

En efecto, como consta de documentación que se adjunta, integran el Comité de Agua Potable Rural san Luis la cantidad de 175 socios y el número de éstos que formulan la acción de protección son tan solo 18, por lo que representan prácticamente tan solo el 10% del total, esto es, representan una mínima disidencia frente a la gran mayoría que entiende que la única forma de continuar con el servicio de provisión de agua potable es pagando el valor que cuesta realmente la mantención del servicio, el cual es ciertamente mayor al que se pagaba antes de esta alza.

Por último y a mayor abundamiento, solo hacer saber a V Sa. Iltma., que, como consta de documento que se acompaña a este informe, como prueba de la racionalidad de la medida adoptada, se encuentra además el detalle de los valores cobrados por otro Comité de Agua Potable de la zona de Villarrica, donde consta que son bastante superiores a los fijados por el Directorio del Comité cuestionado en estos autos.

Solicita tener por informado el recurso de protección deducido en autos en contra de mi mandante y, en definitiva, rechazar tal acción constitucional de protección en todas sus partes, con costas. – Acompaña siguientes documentos:

1.- Copia de los estatutos del Comité de Agua Potable Rural San Luis;

2.- Acta de Reunión de Directorio del Comité de Agua Potable Rural donde se acordó el alza de tarifas;

3.- Carta al Subdirector de Servicios Sanitarios de la Araucanía, donde constan las razones para proceder al alza de tarifas;

4.- Carta aviso del alza dde tarifas a los socios del Comité;

5.- Certificado de Vigencia del Comité de Agua Potable Rural San Luis; 6.- Certificado de Directorio del mismo Comité;

7.- Comprobante de Ingresos y Egresos del Comité durante el año 2021; 8.- Comprobante de Ingresos y Egresos del Comité durante el año 2022; 9.- Comprobante de Ingresos y Egresos del comité durante el año 2023; y 10.- Detalle de valores cobrados por consumo de agua potable por otro comité de la zona.

Informa por Oficio NC-2664 de 20 de agosto de 2024 el Jefe División Jurídica-Fiscalía (S) Superintendencia de Servicios Sanitarios indicando que respecto, sobre los hechos que da cuenta el recurso, esta Superintendencia no registra reclamos del caso. Enseguida, teniendo presente los antecedentes de la recurrente, el marco del nuevo orden jurídico e institucional de la Ley Nº 20.998 que regula los servicios sanitarios que se prestan en la zona rural se encuentra vigente desde el 20 de noviembre del 2020, con la entrada en vigor del Reglamento m.s. MOP Nº 50/2019). Dicha normativa otorga facultades de fijación tarifarias a esta Superintendencia, que se encuentran reguladas en el artículo 57 y siguientes de la citada ley.

No obstante, lo anterior y con fecha 14 de diciembre del 2022, por la dictación de la Ley Nº21.520, se establece en el artículo cuarto transitorio, que la primera fijación tarifaria a realizar por la Superintendencia deberá efectuarse dentro del período de cinco años contado desde el 20 de noviembre de 2024 para los operadores del segmento mediano y mayor; el período de tres años contado desde el 20 de noviembre de 2024 para el caso de aquellos operadores que cuenten con más de 150 arranques, o cinco años contados desde igual fecha para el caso de aquellos operadores que cuenten con menos de 150 arranques, como es el caso del recurrido SSR San Luis, que cuenta con 130 arranques.

Así, esta Superintendencia no cuenta con facultades de fijación tarifaria para el SSR San Luis, sino a partir del 20 de noviembre del 2029. No obstante lo anterior, el mismo artículo establece en su inciso cuarto que " los precios que podrán cobrar los servicios de agua potable y saneamiento rural y demás cobros sujetos a fijación de precios, de acuerdo a lo señalado en esta ley, serán los vigentes a dicha fecha con reajustes o modificaciones que se establezcan mediante resolución fundada de la subdirección a proposición de los servicios sanitarios rurales Por lo demás consultada la subdirección de servicios sanitarios rurales entidad dependiente De MOP no ha emitido la respectiva resolución fundada que permita al SSR San Luis realizar la modificación tarifaria Por tanto en ausencia de la resolución de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales los precios que corresponda a cobrar al servicio sanitario conforme a la normativa vigente son los vigentes a la entrada en vigor de la ley 20. 998 hoy es decir al 20 de noviembre del 2020 CONSIDERANDO CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que la recurrente nombre reservado, en representación de doña nombre reservado, doña nombre reservado,doña nombre reservado ,nombre reservado ,don nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, nombre reservado, doña nombre reservado, ) doña nombre reservado Ǫuiroga, don nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, don nombre reservado, y de doña nombre reservado todos socios del Comité de Agua Potable Rural San Luis, ha interpuesto un recurso de protección en contra del presidente del comité, nombre reservado, debido a la decisión unilateral de incrementar las tarifas por el consumo de agua potable sin el consentimiento adecuado de los socios. Se argumenta que el alza tarifaria, que fue implementada en enero de 2024 y comunicada informalmente a través de un grupo de WhatsApp, afecta desproporcionadamente a personas de la tercera edad y a familias de bajos recursos, vulnerando así sus derechos constitucionales a la vida y a la integridad física, al amenazar con el corte del suministro de agua en caso de mora.

TERCERO: Que don nombre reservado en representación del Comité de Agua Potable Rural San Luis, plantea en u informe las siguientes alegaciones. 1.-) Necesidad del Alza Tarifaria: Argumenta que el incremento en las tarifas del agua era imprescindible para asegurar la continuidad del servicio, ya que el Comité de Agua Potable Rural San Luis enfrentaba deficiencias económicas y operativas. Estas incluían deudas con la Seremi de Salud, obligaciones previsionales no pagadas y problemas de liquidez causados por el incumplimiento de pagos de algunos socios..-2) Legalidad del Procedimiento: Se sostiene que la decisión de incrementar las tarifas fue adoptada conforme a los estatutos del comité, que facultan al directorio para acordar las tarifas necesarias para cubrir los costos de administración, operación y mantenimiento del servicio. Además, se realizó un análisis económico para establecer los nuevos valores, considerando la necesidad de desincentivar el uso excesivo del agua.-3.-)Intentos de Comunicación y Participación: La defensa señala que, aunque hubo una asamblea en julio de 2023 con baja asistencia, se hicieron esfuerzos por comunicar el alza tarifaria a través de un grupo de WhatsApp utilizado por los socios. Además, menciona que en una reunión posterior de la Junta de Vecinos, el presidente explicó la situación, aunque no estaba en el marco de una asamblea formal del comité.-4.-) Facultades del Directorio y Comparación con Otras Tarifas: Se destaca que la normativa permite al directorio fijar tarifas suficientes para el adecuado funcionamiento del comité. También se menciona que las nuevas tarifas son comparativamente más bajas que las de otros comités de agua potable en la zona, lo cual se presenta como evidencia de la racionalidad de la medida.

CUARTO: Que, la normativa aplicable, según la Ley 20.998 y los estatutos del comité, establece procedimientos específicos para la fijación de tarifas, los cuales no fueron seguidos debidamente, ya que no se consultó la propuesta tarifaria en una asamblea general y tampoco se solicitó la autorización necesaria de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Al efecto, la Superintendencia de Servicio Sanitarios ha informado que conforme a la normativa vigente " los precios que podrán cobrar los servicios de agua potable y saneamiento rural y demás cobros sujetos a fijación de precios, de acuerdo a lo señalado en esta ley, serán los vigentes a dicha fecha con reajustes o modificaciones que se establezcan mediante resolución fundada de la subdirección a proposición de los servicios sanitarios rurales” y que consultada la subdirección de servicios sanitarios rurales entidad dependiente de MOP no ha emitido la respectiva resolución fundada que permita al SSR San Luis realizar la modificación tarifaria, razón por la concluye que en ausencia de la resolución de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales los precios que corresponda a cobrar al servicio sanitario conforme a la normativa vigente son los vigentes a la entrada en vigor de la ley 20. 998 hoy es decir al 20 de noviembre del 2020”

QUINTO: Que a folio 33 se acompañan Copia de ORD SSR N°30 de fecha 27 de agosto del año 2024, emitido por don nombre reservado, Subdirector de Servicios Sanitarios Rurales de la Dirección de Obras Hidráulicas de la Región de la Araucanía, por el cual solicita a doña nombre reservado, Subdirectora de Servicios Sanitarios Rurales – DOH NC aprobar el reajuste de tarifa de acuerdo con modificación de tarifa por variación de IPC acumulado. Según se detalla en informes elaborados por la Unidad de Gestión Comunitaria de dicho servicio. e informe de modificación de tarifa del Comité De Agua Potable Rural San Luis N° 36/2024 elaborado por doña nombre reservado, Contadora Auditora y el Jefe de Gestión Comunitaria de la subdirección de Servicios Sanitarios Rurales de la Región de la Araucanía de la Dirección de Obras Hidráulicas.

SEXTO: Que, no hay constancia en autos que a la fecha haya sido emitida la respectiva resolución fundada que permita al SSR San Luis realizar la modificación tarifaria, dado que solo se ha acompañado la solicitud del Subdirector de Servicios Sanitarios Rurales de la Dirección de Obras Hidráulicas de la Región de la Araucanía, a la Subdirectora de Servicios Sanitarios Rurales – DOH NC de aprobar el reajuste de tarifa, lo que conlleva estimar como ilegal la medida de alza de tarifas adoptadas, lo que afecta la garantía constitucional del derecho de propiedad de los recurrentes amparada proe l articulo19 N° 24 de la Constitución Política Por estas consideraciones y atendido a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de recurso de protección de las garantías constitucionales, SE DECLARA: Que SE HACE LUGAR, al recurso de protección de estos autos, ordenando dejar sin efecto el alza tarifaria dispuesta por el directorio del Comité de Agua Potable Rural San Luis en enero de 2024 y Restablecer el valor del cargo fijo a los valores existente a dicha fecha y las tarifas por consumo a los montos anteriores a la modificación, hasta que se dicte la resolución fundada que permita al SSR San Luis realizar la modificación tarifaria, por parte de la Subdirectora de Servicios Sanitarios Rurales – DOH NC. Consecuencialmente se ordena la suspensión de cualquier corte de suministro relacionado con la mora en el pago de las tarifas incrementadas hasta que se regularice la situación tarifaria Redacción del abogado integrante don Roberto Contreras Eddinger Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Protección N°4387-2024(ela)