Protección contra Sumario Administrativo afinado a través del Decreto Alcaldicio N°2

C.A. de Temuco Temuco, diecinueve de mayo de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece el abogado Carlos Lorenzo Vera Toro, cédula de identidad N° RUT reservado, chileno, divorciado, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en favor de don nombre reservado, chileno, casado, ex auxiliar Servicios Menores de la Municipalidad de Traiguén, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado.

Refiere que con fecha 17 de noviembre del año 2025, vía correo electrónico se le notifica de la decisión de la Contraloría Regional de la Araucanía, en cuanto a desestimar recurso de reposición en contra del Sumario Administrativo afinado a través del Decreto Alcaldicio N°2.853, de 2025, de la Municipalidad de Traiguén, por razones administrativas su representado, decidió concurrir a ese Organismo de Control, para revertir la medida disciplinaria impuesta por la Ilustre Municipalidad de Traiguén, suspensión del empleo por nombre reservado y con goce del 50% de la remuneración, sin poder hacer uso de las prerrogativas del cargo, establecida en los artículos 120, letra c) y 122 A de la Ley 18.883, recomendando en el recurso de apelación la Contraloría Regional de Temuco, la reapertura del Procedimiento disciplinaria para su destitución, lo que acorde al sumario administrativo incoado en la Fiscalía en Comisión de Traiguén, no atribuye responsabilidad administrativa en cuanto al acoso sexual denunciado, atribuyendo responsabilidad por probidad administrativa, sin los medios de prueba suficiente.

Relata que según los antecedentes que obran en la carpeta investigativa consta que con fecha 4 de diciembre de 2024, doña nombre reservado y doña nombre reservado, mediante la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal de Traiguén, presentaron a su empleador (Alcalde) denuncia de acoso sexual en contra de su representado, iniciándose el protocolo de la Ley Karin, indicando que el Alcalde de la época don nombre reservado, remite mediante Oficio Ordinario N°1016 de fecha 05 de diciembre de 2024, los antecedentes de acoso sexual al Fiscal Adjunto de Traiguén, don Felipe González Soto, que derivó en la investigación desformalizada RUC N°2401525578-8, la cual no se ha tenido noticia de su formalización.

Añade que desde el 5 de diciembre de 2024 al 14 de enero de 2025, no hubo actividad alguna tendiente a tomar medidas preventivas de acciones concretas que señala la Ley Karin, fueron 40 días, que su representado, se relacionó en forma continua con las denunciantes sin realizar acción alguna para acelerar la investigación, señalando que con fecha 14 de enero de 2025, mediante Decreto Alcaldicio Exento N°53, se propone como Fiscal a doña nombre reservado, Directora del Departamento de Salud Municipal de Traiguén, quien designa como secretaria a doña nombre reservado, aceptando el cargo misma fecha del Decreto Alcandicio Exento.

Expone que con fecha 14 de enero de 2025, mediante Decreto Alcaldicio Exento N°72, formalmente asume sus funciones la Fiscalía Administrativa, luego, mediante Decreto Alcaldicio Exento N°77, de fecha 15 de enero de 2025, se ordena suspensión preventiva de su representado mientras dure la instrucción del sumario administrativo, haciendo referencia a la inactividad de la pieza investigativa por aproximadamente 2 meses, sin tomar declaración a su representado y sin enterarse de las denuncias que se le imputaban, extendiéndose un acto administrativo sin considerar el plazo de investigación de la Ley Karin 21.643 (30 días hábiles)

Agrega que a fojas 82, del sumario administrativo, consta que con fecha 28 de marzo de 2025, se cita a su representado para que concurra a prestar su declaración con fecha 1 de abril de 2025, a las 17:45 horas, habiendo declarado su representado, señaló en base a la denuncia que le imputa doña nombre reservado, TENS Farmacia del DSM Traiguén, indicó que los hechos difieren completamente con lo señalado por la aludida denunciante, pudiendo recordar que en el mes de mayo de 2024, en el transcurso de la mañana cuando los funcionarios de salud llegaban a sus trabajos, como era habitual dentro de una relación armónica y de respeto su representado le señala por qué no le había saludado cuando llegó, haciendo presente que esa conversación fue espontánea y sin ninguna mala intención de su parte y doña nombre reservado, tampoco se incomodó por la situación que mi representado le estaba manifestando, por lo que no hubo inconveniente en saludarla y abrazarla, lo cual al parecer a doña nombre reservado le molestó y como le pareció que estaba de mal humor entendiendo que le había incomodado la situación por eso don nombre reservado optó por retirarse del lugar para posterior hablar con ella y decirle que no fue su intención de ocasionar un problema, pero doña nombre reservado, le había dado una connotación distinta a lo ocurrido.

Hace presente que en la etapa procesal correspondiente su representado señala que el episodio fue en mayo de 2024, en un contexto totalmente distinto a lo denunciado en el mes de diciembre de 2024, tampoco menciona la denunciante fecha ni horario de ocurrido los hechos, además, en su oportunidad se le ofrecieron las disculpas pertinentes cuando pudo conversar con ella, indicándole que jamás fue su intención ofenderla y menos faltarle el respeto ya que la conocía y era su colega y como todos siempre tuvieron una relación cordial de ambiente de trabajo y fueron aceptadas sus disculpas por doña nombre reservado, como un incidente con ninguna intención de dañarla e insinuarle como se le ha dado la intención de acoso sexual.

Añade que posteriormente 7 meses pasaron para enterarse su representado que lo estaba denunciando por acoso sexual, no solamente doña nombre reservado, sino también doña nombre reservado, con quien mantuvo una relación abierta desde el año 2022, que significó verse única y exclusivamente en el trabajo, sin llevarlo al ámbito de la vida privada e íntima, indicando que sus encuentros se dieron en forma consentida y ocasional, sin tener relaciones sexuales, solo besos, señalando que a su representado le parece curioso que denuncie hechos totalmente distorsionados refiriéndose a don nombre reservado como abusador sexual el cual no lo es, quizás la relación con el tiempo fue disminuyendo sobre todo en el año 2023 y parte del 2024, por eso le escribía en ocasiones a su WhatsApp y le dedicaba canciones, sin hacer alusión a ningún tipo de connotación sexual.

Describe que su representado se refirió a que fue una relación abierta porque estaba casado y doña nombre reservado también estaba casada y consciente de sus situaciones, indicando que de los medios de prueba que incorpora doña nombre reservado, no existe algún dialogo referente a conversaciones de connotación sexual ni menos insinuaciones, los WhatsApp enviados solo contienen stickers cuyas respuestas se encuentra suprimida, señalando que la declaración que prestó su representado el día 1 de abril de 2025, a las 17:45 horas, como asesor jurídico y debidamente acreditada su calidad de apoderado corresponde concurrir y asesorar a su representado, en todo lo concerniente a su situación administrativa, era claro que podía estar en el lugar sin intervenir en forma directa ya que no existe impedimento legal que le impida no estar con su representado, y se lo hizo saber a la Fiscal, pero a todas luces (la Fiscal) no quería que estuviera con su representado en esa diligencia y para no ser prepotente y altanero, accedió en forma voluntaria a salir del lugar, pero consiente que ese acto no correspondía hacerlo.

Sostiene que de lo ocurrido solicite pronunciamiento a la Contraloría Regional de Temuco, la cual no se pronunció por encontrarse en proceso la investigación administrativa, sugiriéndome realizarlo a su finalización, cuestión que se hizo sin tener respuestas favorables, señalando que, con fecha 7 de abril de 2025, se notifica a su representado que debe concurrir a diligencia de careo el martes 8 de abril de 2025, a las 09:30 horas, comunicándome de lo señalado en forma inmediata su representado, a lo que envío vía correo electrónico a la Actuaria escrito solicitando exclusión de la diligencia probatoria por carecer de fundamento legal, esto fue a las 21.08 horas, acusando recibo a las 21.27 horas.

Refiere que es de conocimiento de quienes realizan Sumarios Administrativos o Investigaciones Sumarias, en cualquier entidad pública del Estado, ante un Oficio o Escrito emanado de las partes, se entiende que el acto debe interrumpirse (incidente) para resolver la situación planteada por las partes, lo que no se hizo, añadiendo que la fiscal obviando todos los protocolos de la Ley 21.643 y su Reglamento, de igual forma realizó la diligencia de careo, indicándole a posterior a través de oficio que realizó la diligencia porque su representado concurrió a la citación, cuestión que don nombre reservado, fue por dos situaciones; 1.- Porque no había Oficio en su bandeja de correo electrónico que dejara sin efecto la diligencia, y 2.- Porque tenía miedo de que le consideraran culpable por no haber concurrido.

Agrega que la Fiscal, tampoco comunicó a las partes sobre el Escrito que solicitaba dejar sin efecto la diligencia, lamentablemente en Contraloría Regional de Temuco, se solicitaba declarar ilegal la diligencia pero tampoco se pronunció indicando que finalizado el sumario administrativo podía señalar los vicios, indicando que no solamente se solicitaba invalidar ese acto administrativo ya que la diligencia de careo y declaración de su representado no se le permitió agregar la fecha de ocurrido los hechos, negándose la Fiscal a considerar los puntos que su representado señalaba, convirtiendo el acto en arbitrario, señalando que lo anterior es relevante debido a que la Fiscal desea saber la verdad de los hechos, cuando ocurrieron, como ocurrieron y porque ocurrieron, debido a que la denunciante señala que fueron en octubre de 2024, contraposición que debía ser resuelta, haciendo presente que todos los declarantes en el sumario administrativo se refieren a comportamientos indebidos por parte de su representado, es más, lo califican de buen funcionario, respetuoso y cordial.

Indica que con fecha 8 de abril de 2025, la Fiscal en Comisión declara cerrada la investigación procediendo a la formulación de cargos; “CARGO I “HABER INFRINGIDO LA LETRA G Y LA I, DEL ARTICULO 58 DE LA LEY 18.883. Y LA LEY N°21.643 LEY KARIN". Infracciones que se configuran por los siguientes hechos; Qué don nombre reservado EN EVENTUALES CONDUCTAS DE ACOSO SEXUAL EN CONTRA DE LAS DENUNCIANTES doña nombre reservado y doña nombre reservado, conductas descritas relatadas en el formulario de denuncia del Protocolo para la Prevención de Violencia Laboral de la Municipalidad de Traiguen de acuerdo con lo que establece la Ley N°21.643 "LEY KARIN".

La Conducta desplegada por el denunciado, Don nombre reservado, se apartan del trato que debe existir entre colegas de la misma repartición. Conductas que no se condicen con un actuar correcto que debe mantener todo funcionario público de acuerdo con la Ley N° 19.653 de la Ley.

Bien, esta Fiscal no ha logrado acreditar en forma fehaciente los hechos específicamente denunciados por las funcionarias nombre reservado y nombre reservado. Existen indicios, declaraciones del Denunciado y presunciones de la conducta desplegada por Don nombre reservado que no se condice con un actuar correcto que debe mantener todo funcionario público de acuerdo a la Ley N° 19.653 Sobre Probidad Administrativa Aplicable De Los Órganos De La Administración Del Estado, en especial en áreas tan sensibles como Salud donde cada uno de los trabajadores del Sistema de Salud independientemente del lugar de trabajo y función, son contratados con el fin de realizar labores directas o indirectamente a favor de la Atención Primaria de Salud Municipal, siendo esencial que el trabajador conserve una actitud consecuente y un comportamiento ético y moral que favorezca dicho proceso y que, en esta condición de funcionario de servicio público-municipal, mantenga dicha conducta en el ámbito laboral. Como lo menciona el Dictamen N° 84165 de 1976: El principio de probidad administrativa, impone deberes a todo funcionario público no solo"..en el desempeño mismo del cargo dentro del servicio y durante la jornada de trabajo.." Añade que con fecha 15 de abril de 2025, su representado fue notificado personalmente de la formulación de cargos de la Fiscalía en Comisión, respondiendo los cargos imputado oponiéndonos y solicitando sobreseimiento definitivo, en atención a que, la Fiscalía en la formulación de cargos indicaba lo siguiente; “…Bien, esta Fiscal no ha logrado acreditar en forma fehaciente los hechos específicamente denunciados por las funcionarias…” “…Existen indicios, declaraciones del denunciado y presunciones de la conducta desplegada…”, haciendo referencia a que las presunciones para constituir plena prueba y estas deben tener los siguientes requisitos: 1.-Que se fundan en hechos reales y probados. 2.-Que sean múltiples y graves. 3.-Que sean precisas. 4.-Que sean directas. 5.-Que concuerden unas con otras, de manera que los hechos guarden relación con ellas, estimando ninguna de las presunciones planteadas por la Fiscalía en Comisión, crean plena prueba, afirmando que la Fiscal en Comisión, no puede presumir sin elementos de juicio sustentables, lo que lo convierte en arbitrario e ilegal, citando Dictamen 13.756 de 2013 de la Contraloría General de la República, que ha señalado que; “las imputaciones que se formulen en el sumario deben ser concretas y precisas y, necesariamente, contener el detalle de los hechos constitutivos de la o las infracciones que se le imputa al o los inculpados y la forma como ellos han afectado los deberes que establecen las normas legales que se han vulnerado, de modo que se les permita asumir adecuadamente su defensa y, a su vez, el servicio pueda fundadamente determinar, si fuere procedente, la aplicación de la medida disciplinaria que en derecho amerite la falta administrativa”.

Sostiene que, en cuanto al punto controvertido, la Fiscal en Comisión no ha logró probarlos y la prueba, es indispensable para tener certeza de la ocurrencia de los hechos descritos por las indagaciones efectuadas, por lo que para que una actuación por parte de la Fiscalía en Comisión, pueda formular cargos debe contener requisitos mínimos de regularidad, y la conducta debe estar claramente probada, más allá de toda duda razonable, añadiendo que una manifestación verbal de una persona que señala un acoso sexual o laboral, solo puede servir de base para iniciar un procedimiento investigativo sumarial, pero nunca puede crear plena prueba como lo ocurrido en este sumario administrativo.

Luego, relata que con fecha 16 de mayo de 2025, su representado fue notificado personalmente del Decreto DAEX N°1.546/2025, donde se le aplica sanción disciplinaria consistente en suspensión del empleo del artículo 120 letra c) por nombre reservado y con goce del 50% de la remuneración sin poder hacer uso de las prerrogativas del cargo, establecida en el artículo 122 A, ambas de la Ley 18.883, indicando que de lo anterior, se interpuso recurso de reposición con la finalidad de impugnar la decisión del Sr. Alcalde de la comuna de Traiguén, quien en su Decreto DAEX N°1.546/2025, rechaza el recurso de reposición por no aportar antecedentes, que ameriten un cambio de criterio de lo ya razonado, considerando que hubo en su oportunidad un periodo de prueba para el efecto, señalando que la decisión de la Autoridad Alcaldicia, los sorprendió en el ámbito de los hechos contenidos en el Sumario Administrativo, debido a que, las conclusiones arribadas por la Fiscal en Comisión, son profundamente contradictorias.

Expone que en armonía con lo expresado en los dictámenes de Contraloría General de la República, que tanto la potestad sancionatoria penal como la administrativa, constituyen una manifestación del "lus Puniendi" del Estado, razón por la cual se ha entendido que es posible aplicar los principios del derecho penal al derecho administrativo sancionador, añadiendo que nuestro legislador, por medio de la instrucción de una investigación sumaria o en su caso un sumario administrativo, ha tenido por finalidad principal esclarecer los hechos, por lo cuales se habría suscitado una determinada situación y si de ello deriva responsabilidad administrativa de algún funcionario, proceder a la respectiva sanción.

Argumenta que en el caso de la denuncia realizada por doña nombre reservado, en su declaración indica que hace aproximadamente dos meses atrás, (la denuncia la realiza el 3 de diciembre de 2024) los hechos denunciados los proyecta aproximadamente en octubre, situación que no es real, los hechos fueron en mayo de 2024, contradicciones que la Fiscal en Comisión no investigó, tampoco en las diligencias de careo, pese haberlas indicado no fue sujeto de interés, y por su parte, la denuncia realizada por doña nombre reservado, no se contrastó en diligencia de careo, esta diligencia era importantísima para esta parte debido a que, ella señalaba un abuso sexual en su declaración, contraposición a esta defensa la que señalaba que había una relación informal entre ambos, indicando que en el Decreto DAEX N°1.546/2025, menciona que el cambio de criterio no se realiza por que su representado no solicitó diligencias probatorias para desvirtuar la sanción impuesta, situación que no corresponde ya que probar los hechos corresponde exclusamente al investigador Expresa que ante el rechazo del Recurso de Reposición, mediante Decreto Alcaldicio Exento N°1.669, de fecha 29 de mayo 2025, la instancia de reclamación era la Contraloría Regional de Temuco, interponiendo la reclamación correspondiente con la finalidad de invalidar el acto administrativo, señalando que en la instancia de la Contraloría Regional de Temuco, se invocaron los vicios que la Contraloría Regional, no se pronunció en la oportunidad que creen debía hacerlo, y en un acto insólito, después de haber realizado las impugnaciones correspondientes de conformidad a su postura como defensa, la Contraloría Regional de Temuco, mediante FOLIO E131719/2025, emite su Dictamen donde señala que la Municipalidad de Traiguén, debe ordenar la reapertura del procedimiento disciplinario de la especie, y retrotraerlo hasta la etapa de emitir un nuevo acto administrativo que lo resuelva, el cual deberá ajustarse a la normativa y jurisprudencia aplicable a la materia, añadiendo que en el caso de autos, después de haber reclamado doña nombre reservado y doña nombre reservado, esta última señala que, no se habría citado a declarar a los testigos que mencionó en su declaración, no consta la hoja de vida del investigado, no existe denuncia al ministerio público y que la sanción disciplinaria no concuerda con la gravedad de los hechos, pese haberlo señalado las dos denunciantes a la Contraloría Regional de Temuco, no ordena invalidar el acto administrativo o indicar que sea llevado por otro investigador más especializado, considerando que ambas partes tienen aprensiones profundas en sus planteamientos, tanto como denunciantes y defensa.

Relata que la Contraloría Regional de Temuco, teniendo todos los antecedentes del caso le solicita al Sr. Alcalde de la Comuna de Traiguén, después de haber aplicado su potestad disciplinaria, que retrotraiga hasta la etapa de emitir un nuevo acto administrativo, es decir, solo para modificar el acto administrativo de suspensión del empleo por nombre reservado y con goce del 50% de la remuneración, sin poder hacer uso de las prerrogativas del cargo, establecida en los artículos 120, letra c) y 122 A de la Ley 18.883 para proceder a la destitución, de su representado, sin atender a los reclamos tanto de las denunciantes como las de esta defensa, vulnerando los reclamos formulados sin ordenarle a la Municipalidad de Traiguén, que se dé inicio a una investigación objetiva e imparcial, para ambas partes.

Afirma que en el proceso administrativo sumario no se consideró el artículo 4 del Código Procesal Penal, que indica: “Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme.", estimando que también se debe considerar el artículo 340 del Código de Procedimiento Penal, que expresa: "Convicción del tribunal. Nadie podrá ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgare adquiriere, más allá de toda duda razonable, la convicción de que realmente se hubiere cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él hubiere correspondido al acusado una participación culpable y penada por la ley. El tribunal formará su convicción sobre la base de la prueba producida durante el juicio oral. No se podrá condenar a una persona con el solo mérito de su propia declaración", aludiendo a lo prescrito en el artículo 18, inciso segundo, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que ordena que en el ejercicio de la potestad disciplinaria de que goza la Administración, se asegurará a su personal "el derecho a un racional y justo procedimiento”, citando el dictamen N° 17.746 de 2005, de la Controlaría General de la república, que señala lo siguiente: "que es de competencia de esta Entidad velar porque los procedimientos sumariales se ajusten estrictamente al principio de juridicidad, consagrado en los artículos 6°, 7° y 19, N° 3, de la Carta Fundamental, y en el artículo 2° de la Ley N° 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado, vale decir, que se substancien con estricto apego a la legislación respectiva, emitiendo decisiones justas, exentas de discriminaciones arbitrarias - luego de considerarse todos los hechos fehacientemente establecidos-, У aplicando sanciones que se correspondan con la gravedad de los hechos y la responsabilidad del servidor en ellos, resguardando, de este modo, el principio de La proporcionalidad contemplado la Ley N° 18.834.".

Sostiene que su representado es imputado pero no se encuentra formalizado por acoso sexual o alguna situación equivalente teniendo presente que los hechos según las denunciantes son de octubre de 2024, señalando que ante una nueva notificación de la Municipalidad de Traiguén, donde retrotrae el acto administrativo modificando la sanción disciplinaria por recomendación de la Contraloría Regional de Temuco, de suspensión del empleo por nombre reservado… a destitución, se notificó a su representado mediante Decreto Alcaldicio N°2.853, de fecha 2 de agosto de 2025, donde se solicitó un nuevo pronunciamiento a la Contraloría Regional de Temuco, esta vez por su intervención ante la medida disciplinaria en la cual se solicitaba mantener la sanción de Suspensión del Empleo por nombre reservado y con goce del 50% de la Remuneración, sin poder hacer uso de las prerrogativas del cargo, establecidas en el artículo 120, letra c) y 122 A de la Ley N°18.883, o en su caso dejarlo sin efecto, indicando que se se señaló en la presentación del escrito los vicios de forma y fondo que la Contraloría Regional de Temuco.

Detalla que se señalaron vicios que afectan al sumario administrativo, como el tiempo trascurrido, la suspensión de aproximadamente de 7 meses, sin retornar a su fuente laboral su representado, y para concluir la Fiscal en Comisión no pudo responsabilizar sobre los cargos que se le imputaban a su cliente, además, no se cumplió con el debido proceso administrativo ni menos con la Ley 21.643, en cuanto a los tiempos que indica esa misma Ley, transcurriendo a un plano de desuso de la Ley aplicando 100% en algunos aspectos la Ley 18.883, para castigar severamente se aplica la Ley de identidad de género, sumado a que estos actos por los cuales se le imputa responsabilidad administrativa no se indican fechas exactas ni se toman en cuenta que el episodio con una de las víctimas doña nombre reservado, fue en mayo de 2024, cuando la Ley 21.643, no entraba en vigencia, sin poder ser determinada.

Argumenta que el Alcalde de la comuna de Traiguén sancionó a su representado con Suspensión del Empleo por nombre reservado y con goce del 50% de la Remuneración, sin poder hacer uso de las prerrogativas del cargo, establecidas en el artículo 120, letra c) y 122 A de la Ley N°18.883, es decir, se formó convicción que la sanción era la correcta, haciendo referencia al derecho al debido proceso consagrado en el artículo 19 N°3, inciso sexto de la Constitución, el cual señala que “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”, invocando la Convención Americana sobre Derechos Humanos que señala, en su artículo 8°, las Garantías Judiciales a las que las personas tendrán derecho, en el párrafo 1° se consagra que “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

Afirma que administrativamente no operó el principio de inocencia, ya que con el relato de las víctimas según lo indicado por Contraloría basta asimismo para acreditar los hechos, sin importar que una de las denunciantes tuviera una relación sentimental con su representado, añadiendo que el principio de non reformatio in peius, es una parte esencial del sistema procesal en general, siendo además una garantía fundamental procesal reconocida a nivel de los tratados internacionales de derechos humanos, suscritos y ratificados por Chile, y en los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,el cual se relaciona con el principio tantum devolutum quantum appellatum (tanto deferido como lo reclamado), por el cual se determina que el tribunal que conoce del recurso solo podrá desplazarse dentro de los límites entregados en el petitorio del recurso de quien lo interpuso, estableciéndose así su competencia específica para conocer del asunto.

Arguye que el principio de prohibición de reforma en perjuicio es un límite al tribunal superior (en este caso a la Contraloría Regional de Temuco) para dictar su Dictamen, debiendo enmarcarse en lo pedido por la persona agraviada que recurrió (Absolución) pero en ningún caso debió haber recomendado reapertura del Sumario para aplicar la destitución de mi representado, lo que agrava la responsabilidad administrativa de su representado y además, perjudica su fuente laboral y el sostenimiento de su familia, sin argumentos en la investigación administrativa ni bases sólidas del debido proceso administrativo, con la intromisión de la Contraloría Regional de Temuco, en la decisión directa hacia el Alcalde de la comuna de Traiguén, sienta un precedente que nadie podrá recurrir a ella ante un Sumario Administrativo, por el cual lícitamente pretende disminuir su responsabilidad o en su caso mantenerla, pero jamás aumentarla, como ha ocurrido en la especie, estimando que la Municipalidad de Traiguén, adopta una decisión arbitraria por recomendación de la Contraloría Regional de Temuco ya que el Sr. Alcalde de la comuna de Traiguén, se había formado convicción de los hechos denunciados.

Considera que las conductas descritas, son absolutamente lesivas, a los derechos fundamentales de su representado como ex funcionario del servicio de salud primaria de la Municipalidad de Traiguén, que a estas alturas de su carrera constituye una aflicción el tiempo trascurrido en todo este acto administrativo que reflejo poca prolijidad en el sumario administrativo, teniendo en consideración la aplicación de la Ley 21.643, Ley Karin, y su tramitación de 30 días hábiles, sobrepasando con creces el tiempo transcurrido, que bajo ningún motivo constituye una causal para provocar la pérdida de su fuente laboral, añadiendo que el acto decisorio administrativo que se traduce en la petición de una sanción acorde a la convicción del Jefe del Servicio, como lo sería la suspensión del empleo por nombre reservado y con goce del 50% de la Remuneración, sin poder hacer uso de las prerrogativas del cargo, establecidas en el artículo 120, letra c) y 122 A de la Ley N°18.883, y haberla impugnado a la Contraloría Regional de Temuco, esta recomienda la reapertura del acto administrativo para aplicar a su representado la destitución de su cargo, sin tener los elementos probatorios que justifiquen tal decisión, transgrediéndose el Artículo N° 11 Principio de Imparcialidad, de la Ley N° 19.880, y que señala: “La Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte.” “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos.”

Expone que la Municipalidad de Traiguén, habiendo aplicado su potestad disciplinaria sancionó a su representado con suspensión del empleo por nombre reservado… modificando su convicción que se había reflejado en su Decreto DAEX N°1.546/2025, por disposición de la Contraloría Regional de Temuco, adoptando una decisión arbitraria ya que el Sr. Alcalde de la comuna de Traiguén, se había formado convicción de los hechos denunciados y además, no procedía agravar la responsabilidad administrativa de conformidad al principio tantum devolutum quantum appellatum, afectando derechos de su representado sin un argumento válido, reproduciendo total y absolutamente la decisión de la Contraloría Regional de Temuco.

En cuanto a la las garantías constitucionales, afirma que los hechos descritos vulneran la garantía consagrada en el Artículo Nº 19 N° 2 de nuestro texto constitucional lo reconoce, “La igualdad ante la Ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombre y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”, como asimismo, se vulnera el Artículo 19, N°3, Inciso Quinto, que expresa: "Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos", contraviniendo la igualdad en la protección de los derechos y la presunción de inocencia.

Finalmente, solicita que se tenga por interpuesto el presente Recurso de Protección, en contra de la Municipalidad de Traiguén, representada por don Luis Armando Álvarez Valenzuela, alcalde de la comuna, declararlo admisible, acogerlo a tramitación y previo informe de la recurrida, acceder a él en todas sus partes, y declarando en definitiva lo siguiente: 1.- Dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio Exento N°1.669, de fecha 29.05.2025, de la Municipalidad de Traiguén, que destituye a su representado. 2.- Que, se mantenga el Decreto DAEX N°1.546/2025, suspensión del empleo del artículo 120 letra c) por nombre reservado y con goce del 50% de la remuneración sin poder hacer uso de las prerrogativas del cargo, establecida en el artículo 122 A, ambas de la Ley 18.883. 3.- Que, en el caso de no acceder a lo señalado, se retrotraiga el acto administrativo a su estado de investigación ordenando diligencias probatorias como las indicadas en los párrafos anteriores (contrastar fechas, testigos que no declararon, diligencias de careo, verificación real de los dichos de mi representado en cuanto a la relación sentimental con doña nombre reservado) o se ordene llevar el sumario administrativo por una persona especializada en el área. 4.- Que, en el caso de acceder a lo indicado en el N°3 de esta presentación, se le paguen sus remuneraciones y se reestablezca su condición de funcionario municipal.

A folio 5, comparece el abogado Luis Roberto Méndez Bermedo, director Jurídico de la Municipalidad De Traiguén, persona jurídica de derecho público, representada por su Alcalde don Luis Armando Álvarez Valenzuela, ambos domiciliado en domicilio reservado, quien evacúa el informe requerido en autos, señalando en lo pertinente que la actuación de la Municipalidad de Traiguén se ajusta plenamente al principio de juridicidad consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, toda vez que la autoridad comunal se limitó a dar cumplimiento estricto a una instrucción emanada del órgano constitucionalmente encargado del control de legalidad de los actos de la Administración del Estado, sin que existiera margen alguno de discrecionalidad para resolver en sentido diverso.

Refiere que conforme a lo dispuesto en el artículo 98 de la Carta Fundamental y en la Ley N° 10.336, los dictámenes de la Contraloría General de la República revisten carácter obligatorio para los órganos de la Administración, doctrina que ha sido reiteradamente sostenida por el propio ente contralor, de manera que la Municipalidad de Traiguén no ha incurrido en acto alguno que pueda ser calificado de ilegal o arbitrario, sino que ha actuado dentro del marco de una potestad estrictamente reglada, ejecutando una instrucción obligatoria, impartida por Contraloría Regional De La Araucanía, mediante su oficio Folio : E131719/2025 de fecha 05/08/2025.

Sostiene que el reproche formulado por el recurrente no se dirige propiamente contra una actuación municipal, sino que pretende impugnar indirectamente el contenido y los efectos de un dictamen de la Contraloría General de la República, lo que resulta improcedente, de manera que el recurrente debió dirigir su acción en contra de la actuación de la Contraloría Regional, órgano de control que emitió el dictamen de folio E131719/2025, de fecha 5 de agosto de 2025, mediante el cual se instruyó: “MUNICIPALIDAD DE TRAIGUÉN DEBERÁ ORDENAR LA REAPERTURA DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO DE LA ESPECIE, Y RETROTRAERLO HASTA LA ETAPA DE EMITIR UN NUEVO ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO RESUELVA, EL CUAL DEBERÁ AJUSTARSE A LA NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA APLICABLE A LA MATERIA”.

Afirma que la Municipalidad, al aplicar la sanción más gravosa, se limitó estrictamente a dar cumplimiento a lo ordenado por dicho dictamen que señaló: “De esta manera, atendida la entidad de las conductas que la fiscal instructora tiene por acreditadas en su vista, y teniendo aquellas el carácter de falta grave a la probidad de conformidad a la jurisprudencia previamente señalada, no se advierten los fundamentos por los que la autoridad decidió aplicar una sanción distinta a la destitución del inculpado, razón por la cual corresponde acoger lo reclamado por las señoras nombre reservado y nombre reservado en cuanto a la proporcionalidad de la sanción aplicada, no resultando necesario referirse a las demás alegaciones contenidas en las respectivas denuncias.” sin que se advierta entonces otra observación, acción u omisión imputable al municipio que diga relación con la tramitación del sumario administrativo.

Expone que en contra del Decreto Alcaldicio Exento N° 2.853, dictado por la Municipalidad de Traiguén en cumplimiento del referido dictamen, la recurrente presentó reclamo ante la Contraloría Regional de Temuco, solicitando que se mantuviera la sanción original aplicada, y también reclamada ante Contraloría por la recurrente, la que consistía en una suspensión por nombre reservado con goce del 50% de la remuneración y sin poder hacer uso de las prerrogativas del cargo, indicando que al respecto, el órgano de control, mediante el Dictamen de folio E195350/2025, de fecha 17 de noviembre de 2025, resolvió “DESESTIMA RECLAMO EN CONTRA DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO AFINADO A TRAVÉS DEL DECRETO ALCALDICIO N° 2.853, DE 2025, DE LA MUNICIPALIDAD DE TRAIGUÉN, QUE APLICÓ LA MEDIDA DISCIPLINARIA DE DESTITUCIÓN AL FUNCIONARIO QUE INDICA”, de fecha 17 de noviembre de 2025.

Manifiesta que la Contraloría concluyó que no existió afectación al debido proceso ni irregularidad alguna que pudiera ser corregida por la Municipalidad, validando íntegramente la actuación del ente edilicio, de manera que el presente recurso se dirige erróneamente contra esta Municipalidad, cuando en realidad cuestiona una decisión de la Contraloría Regional, y obligatoria para la Municipalidad, solicitando finalmente que se tenga por evacuado el informe requerido en estos autos.

A folio 6, comparece nombre reservado, Contralor Regional, quien evacúa el informe requerido en autos, haciendo presente que mediante presentación de 9 de junio de 2025, el recurrente efectuó un reclamo ante esta Entidad de Control con el objeto de impugnar el sumario administrativo ordenado instruir por la Municipalidad de Traiguén, a raíz de las denuncias de acoso sexual realizadas en su contra por las señoras nombre reservado y nombre reservado, y a cuyo término dicha entidad edilicia resolvió aplicarle la medida disciplinaria de suspensión del empleo por nombre reservado con goce del 50% de su remuneración, según lo establecido en los artículos 120 letra c) y 122 A, de la ley N° 18.883.

Expone que en el marco de lo dispuesto en el artículo 138, inciso final, de la citada ley N° 18.883, las señoras nombre reservado y nombre reservado reclamaron en contra de la entidad de la medida disciplinaria aplicada al recurrente, pues a su juicio aquella no guardaba proporción con la gravedad de los hechos investigados, en dicho contexto, luego de analizadas las reclamaciones y atendida la entidad de las conductas que se tuvieron por acreditadas en el sumario de la especie, las cuales eran constitutivas de faltas graves a la probidad, esta Entidad de Control, mediante el oficio N° E131719, de 5 de agosto de 2025, acogió las presentaciones efectuadas por las denunciantes y ordenó a la Municipalidad de Traiguén retrotraer el procedimiento disciplinario a la etapa de emitir un nuevo acto administrativo que lo resuelva, debidamente fundado y ajustado a la normativa y jurisprudencia aplicable sobre la materia.

Añade que posteriormente, y luego de que la Municipalidad de Traiguén procediera a emitir un nuevo acto administrativo, a través del decreto N° 2.853, de 22 de agosto de 2025, que aplicó al recurrente la medida disciplinaria de destitución, aquel nuevamente reclamó ante el Organismo de Control, por considerar que con dicha sanción se habría infringido el debido proceso y los principios de la reformatio in peius y tantum devolutum quantum apellatum, por lo que mediante el oficio N° E195350, de 17 de noviembre de 2025, la Sede Regional de Fiscalización rechazó la reclamación del recurrente, por cuanto el acto administrativo impugnado se habría ajustado a lo resuelto en el referido oficio N° E131719, de 2025, que acogió las reclamaciones de las funcionarias afectadas, quienes en su calidad de denunciantes de actos constitutivos de acoso laboral o sexual se encontraban facultadas para impugnar la sanción primitiva, según lo establecido en el citado artículo 138, inciso final, de la ley N° 18.883, adjuntando copia de los oficios N°s. E131719 y E195350, ambos de 2025.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el art culo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

Tercero: Que la presente acción se dirige en contra del Decreto Alcaldicio N°2.853, de 2025, dictado por la Municipalidad de Traiguén, mediante el cual se aplicó al recurrente la medida disciplinaria de destitución, afirmando el recurrente que la decisión administrativa agravó indebidamente la sanción inicialmente impuesta de suspensión de empleo por nombre reservado con goce del cincuenta por ciento de sus remuneraciones.

Cuarto: Que de los antecedentes allegados a la causa aparece que el recurrente fue objeto de un sumario administrativo instruido a raíz de denuncias formuladas por funcionarias municipales por hechos constitutivos de acoso sexual y vulneración al deber de probidad administrativa, procedimiento que culminó inicialmente con la aplicación de la medida disciplinaria de suspensión del empleo por nombre reservado con goce del cincuenta por ciento de sus remuneraciones.

Posteriormente, tanto el actor como las denunciantes dedujeron reclamaciones ante la Contraloría Regional de La Araucanía, órgano que, ejerciendo las facultades conferidas por la Ley N°10.336 y el artículo 138 de la Ley N°18.883, concluyó que la sanción aplicada no se ajustaba a la gravedad de las conductas establecidas en el procedimiento disciplinario, ordenando retrotraer el proceso para dictar un nuevo acto terminal debidamente fundado.

Quinto: Que, en cumplimiento de dicha instrucción obligatoria, la Municipalidad de Traiguén dictó el Decreto Alcaldicio N°2.853, aplicando la medida disciplinaria de destitución al recurrente, decisión que posteriormente fue nuevamente revisada por la Contraloría Regional mediante Oficio E195350/2025, rechazándose la reclamación deducida por el actor.

Sexto: Que conforme a lo dispuesto en los artículos 98 y siguientes de la Constitución Política de la República y en la Ley N°10.336, corresponde a la Contraloría General de la República ejercer el control de legalidad de los actos de la Administración, siendo obligatorios para los órganos administrativos los dictámenes e instrucciones emanadas del ente contralor en el ámbito de sus competencias.

En consecuencia, la actuación de la Municipalidad recurrida no aparece como arbitraria ni ilegal, desde que se limitó a ejecutar una instrucción impartida por el órgano competente, careciendo de potestad para apartarse de ella.

Séptimo: Que, por otra parte, las alegaciones formuladas por el recurrente relativas a supuestas infracciones al debido proceso administrativo, valoración de la prueba rendida en el sumario, suficiencia de los antecedentes para configurar responsabilidad administrativa y aplicación de principios propios del derecho penal al procedimiento disciplinario, constituyen materias de lato conocimiento que exceden el ámbito cautelar y extraordinario del recurso de protección, requiriendo discusión, prueba y debate incompatibles con la naturaleza sumarísima de esta acción constitucional.

Octavo: Que tampoco se advierte vulneración al principio non reformatio in peius invocado por el recurrente, desde que consta de los antecedentes que las denunciantes dedujeron oportunamente reclamación administrativa respecto de la proporcionalidad de la sanción originalmente aplicada, cuestión expresamente prevista en el artículo 138 de la Ley N°18.883, habilitando a la Contraloría Regional para revisar integralmente la legalidad y proporcionalidad del acto administrativo impugnado.

Noveno: Que, en consecuencia, no aparece acreditado en la especie la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario imputable a las recurridas que haya privado, perturbado o amenazado las garantías constitucionales invocadas por el actor, motivo por el cual la presente acción cautelar no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve: Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en representación de don nombre reservado, en contra de la MUNICIPALIDAD DE TRAIGUÉN.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del ministro señor Alberto Amiot Rodríguez.

Rol N° Protección-4386-2025.(jog)