nombre reservado con UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

C.A. de Temuco Temuco, seis de noviembre de dos mil veinte.

VISTOS:

Ha comparecido doña nombre reservado, técnico jurídico, domiciliada en domicilio reservado, quien expresó: Que interpone recurso de protección en contra de la Universidad Santo Tomas, sede Temuco, representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Manifiesta que, en marzo del año 2018 ingresó a la citada casa de estudios superior para estudiar la carrera de derecho, sin embargo a principios de enero del año 2020, quiso matricularse en la casa de estudios referida, que solo posee el canal de Matriculas online (intranet) para los alumnos antiguos, dicha página sólo le indicó que no lo podría llevar a cabo, y le entregó un link para informarse de los pagos pendientes que tengo, todo esto fundado en la deuda pendiente.

Hizo presente que logró mediante la intervención de SERNAC, la repactación de las cuotas del arancel correspondiente al año 2018, no teniendo inconvenientes para matricularse el año 2019.

Adicionó que, en el mes de diciembre del año 2019, para matricularse para el año académico 2020, le expresaron que ello no era posible de no mediar el pago de las cuotas atrasadas, las que superaban al valor de $1.280.000. Luego, se acercó a la unidad financiera para poder regular aquellas en el mes de Enero de 2020, sin embargo- indicó- quedó cesante por un periodo de 5 a 6 meses, no pudiendo pagar las cuotas de la universidad y menos su repactación. Cuando volvió a trabajar, comenzó a regular de forma online y solamente se le indicaba lo facturado por mes y no por la deuda, percatándose que debía una suma superior de $1.200.000 en el mes de enero del año 2020, suma que intentó pagar con la cantidad de $500.000, no siendo ello aceptado.

Precisa que, la jefa de la unidad financiera de la universidad le envió un email, en el cual señalaba expresamente que si no pagaba la suma completa, simplemente no me podían matricular para el año 2020. Solicitó se le reciba un pie o algún valor mínimo, para así poder matricularme para el año 2020, obteniendo respuestas negativas de manera rotundas, tocando puertas en la sede central, en finanzas, DAE, escuela de derecho, teniendo negativas y cerrándome las puertas en todas las partes de la universidad. Por tal motivo presentó una denuncia a través de la Superintendencia de Educación Superior, con rol de causa 2020-15027, ingresado el 4 de febrero del 2020, por los motivos ya expuestos.

Estima que el acto ilegal y arbitrario de la recurrida ha afectado el legítimo ejercicio de las siguientes garantías constitucionales:

a) Derecho a la integridad física y psicológica (Art. 19 N°1), por cuanto constantemente ha sido afectada en su integridad psicológica al frustrarse con la posibilidad de desarrollarse integralmente, con las consecuencias en salud correspondientes.

b) Igualdad ante la ley (Art. 19 N°3), por cuanto la recurrida, por un acto propio, se han colocado en una situación de privilegio, haciéndose justicia por sus propias manos y, por una vía distinta a la jurisdiccional y ejerciendo una presión indebida, y pretendiendo el pago de la obligación adeudada.

c) Libertad de trabajo (Art 19 N°16), por cuanto, la obstaculización de la matrícula la priva de obtener la habilitación en derecho (Ius Postulandi) y por consecuencia, el futuro ejercicio de labores como procurador y con ello, la posibilidad de ejercer libremente en algún Estudio, Buffet, o con algún abogado de forma independiente, mermando sus capacidades de obtener la justa retribución y poder cumplir en forma y tiempo con mis obligaciones pecuniarias.

Requirió tener por interpuesto recurso de protección en contra de Universidad Santo Tomas, representada legalmente por don nombre reservado ya individualizado, admitirlo a tramitación y ordenar que la Universidad Santo Tomás de Temuco acepte la forma de regularización de su deuda con la parte recurrida y en definitiva, se adopten todas las medidas conducentes a proteger sus derechos amenazados y en especial, que se ordene su matrícula como alumna regular en dicha universidad.

Acompañó a su presentación, respuesta de la Superintendencia de Educación notificada fecha 28/05/2020.

A folio 11, informa la recurrida en los siguientes términos: La Srta. nombre reservado se matriculó el día 12 de enero de 2018, para el año académico 2018 en la carrera de Derecho, impartida por Universidad Santo Tomás, Sede Temuco. A esta fecha, no registraba asignación de Crédito con Aval del Estado (CAE). Con fecha 27 de febrero de 2018, realiza solicitud de Retiro Admisión Nº1365407 y, consecuentemente, se anula contrato suscrito con fecha 12 de enero de 2018. Posteriormente, con fecha 01 de marzo de 2018, la alumna nuevamente se matricula para el año 2018.

El ingreso de la alumna a la Universidad fue mediante la modalidad de “Admisión Regular Trabajador”, la cual no pide Prueba de Selección Universitaria para poder ingresar. De acuerdo a nuestros registros, al ingreso de la Srta. nombre reservado a nuestra institución, no contaba con una PSU sobre 475, en los últimos 3 años y esto es un requisito esencial, para usar CAE con ingreso a primer año en una universidad. Hacemos presente que, de acuerdo con el contenido del contrato de prestación de servicios educacionales, si el alumno es de aquellos que han sido preseleccionados con Crédito con Aval del Estado y/o con algún tipo de beca otorgada por el Ministerio de Educación, aquel declara que está informado de los procesos y que conoce la eventual posibilidad de que en definitiva no se le asignen los beneficios, tal como señala la cláusula décimo segunda: “Si el Alumno es de aquellos que han sido preseleccionados con Crédito con Aval del Estado y/o con algún tipo de beca otorgada por el Ministerio de Educación (los "Beneficios"), declara en este acto que está informado acerca de ambos procesos y que conoce la eventual posibilidad de que en definitiva no se le asignen los Beneficios por no cumplir él, la Carrera o la Institución con los requisitos exigidos por la Ley N° 20.027, por el Ministerio de Educación o por la Institución. La Institución no será responsable por los perjuicios ocasionados al Alumno en relación con tales procesos, por causas que no fueran imputables a la Institución. El Alumno y el Apoderado Contratante autoriza/n a la Institución para realizar ajustes o reversas a los montos de arancel señalados en la cláusula Tercero de este Contrato para el caso que el Alumno no fuera beneficiado con alguno de los Beneficios.”

En razón de que la estudiante no resultó ser beneficiaria del Crédito con Aval del Estado, por las razones antes esgrimidas, la Institución consideró adecuado otorgar alternativas de pago, para lo cual se pactó la deuda del año 2018 en 30 cuotas de $83.622, a partir del día 25 de febrero de 2019.

Para el año académico 2019, la alumna obtuvo el CAE como alumna de curso superior, matriculándose para el año académico 2019, dando continuidad a sus estudios.

De la repactación del año 2018, la estudiante sólo ha pagado 4 cuotas (hasta el mes de mayo de 2019). Para poder acceder a un nuevo plan de pagos para el año 2020, es necesario encontrarse al día con el pago de las cuotas de los aranceles anteriores.

Así las cosas, a la fecha, la recurrente adeuda 9 cuotas de $83.622.- más recargos por atraso. Por otra parte, además de la deuda del año 2018, la alumna debe los copagos del año 2019, desde julio a diciembre de 2019, por un valor mensual de $29.883.-El cobro de los aranceles asociados a la estudiante, tienen su fuente en el contrato de prestación de servicios educacionales suscrito previamente entre la estudiante y nuestra institución Se indica que la acción sería extemporánea, ello por cuanto la recurrente sustenta su acción en la negativa de Universidad Santo Tomás “a permitir pago y posterior matricula”, lo que constituiría supuestamente un acto ilegal y arbitrario, pero no exterioriza con precisión cuándo se habría materializado tal negativa.Ya que en el escrito que sustenta la acción se indican dos fechas principios de enero del presente año y diciembre del año 2019, por lo que surgue la duda de cuando se habría producido el acto que se estima ilegal y arbitrario.

Con todo la acción de protección resulta extemporánea porque al menos desde diciembre de 2019 o enero de 2020, la estudiante se enfrentaba a la negativa de matrícula mientras no se regulariza el pago del arancel pendiente, al menos, del año académico 2018.

De igual manera se afirma que la acción de protección es improcedente en el caso. La parte recurrente pretende a través de este procedimiento rápido –y yendo contra su naturaleza- obtener declaraciones y decisiones que se vinculan a un contrato de prestación de servicios educacionales y a los reglamentos dictados por Universidad Santo Tomás, en razón del principio de autonomía, al que nos referiremos en los capítulos siguientes. Todo lo que no se concilia con la naturaleza del presente procedimiento de naturaleza sumarísima, debiendo ventilarse cualquier diferencia en estas materias ante el Juez que corresponda y en un procedimiento ordinario.

Del mérito de lo que expresa el mismo recurso, se advierte que el reclamo de la recurrente no es sino la pretensión –mediata- de obtener por la vía de este arbitrio que se altere el contenido del contrato de prestación de servicios educacionales suscrito y además, se pase por alto lo dispuesto en el Reglamento precitado, lo que, como se dijo, no es coherente con la naturaleza del recurso que nos ocupa.

Se afirma que la negativa de matrícula sustentada en una cláusula contractual y reglamento académico. Inexistencia de un acto ilegal y arbitrario Indica que siendo su representada una institución de educación superior, resulta especialmente relevante considerar que la Ley N° 21.091 sobre Educación Superior, reconoce en el artículo 2° que el Sistema de Educación Superior se inspira, entre otros, en el principio de AUTONOMÍA, el cual es definido por el mismo legislador cuando señala: “entendida ésta como la potestad para determinar y conducir sus fines y proyectos institucionales en la dimensión académica, económica y administrativa, dentro del marco establecido por la Constitución y la Ley.

Asimismo, las instituciones de educación superior deben ser independientes de limitaciones a la libertad académica y de cátedra, en el marco de cada proyecto educativo, orientando su ejercicio al cumplimiento de los fines y demás principios de la educación superior, buscando la consecución del bien común y el desarrollo del país y sus regiones.”

Es el en el marco de esta autonomía que Universidad Santo Tomás proporcionando los servicios educacionales convenidos con la mayor calidad y excelencia, apegándose siempre a las leyes aplicables y a la normatividad interna de la Institución Santo Tomás, contenidas principalmente y, en lo que nos ocupa, en el Reglamento Académico, dictado en virtud de la Autonomía Administrativa que le otorga la Ley N° 21.091 precitada.

Hemos señalado que al momento que la estudiante intentó matricularse en el mes de enero de 2020, la recurrente adeudaba 9 cuotas por la suma de $83.622.- cada una de ellas, más recargos por atraso, que corresponden al arancel del año académico 2018. Por otra parte, además de la deuda del año 2018, la alumna debe los copagos del año 2019, desde julio a diciembre de 2019, por un valor mensual de $29.883.- cada uno.

En la cláusula sexta de contrato de prestación de servicios educacionales suscrita por la estudiante, cuya copia se acompaña en el otrosí de esta presentación, se señala “El alumno que se encuentre en mora en el pago de una o más cuotas de los aranceles mensuales y/o de matrícula, podrá inscribir asignaturas para el semestre académico siguiente en la medida que el Alumno se acerque previamente a reprogramar, renegociar o regularizar la deuda morosa.”

Por su parte, el Artículo 9 del Reglamento Académico de Estudiantes de UST, señala “La Universidad suscribirá un contrato con los estudiantes y sus representantes, en virtud del cual la primera se obliga a prestar servicios educacionales conducentes a la obtención de un Bachillerato, grado académico y/o un título profesional, y el estudiante o su representante se obliga a cumplir en forma íntegra y oportuna las obligaciones, indicadas en el referido contrato, y a respetar las normas de las Universidad y sus principios orientadores establecidos en su Proyecto Educativo”.

Complementando lo anterior, el Artículo 10 del mismo Reglamento señala “El estudiante sólo podrá matricularse en el periodo académico respectivo, dentro de los plazos estipulados, siempre que no se encuentre en alguna de las siguientes situaciones: c) tener deudas vencidas con la Universidad. Sin perjuicio de lo establecidos en la letra c), la Universidad en casos calificados podrá autorizar a estudiantes a efectuar repactaciones, prórrogas de pagos, u otro sistema equivalente, para que puedan matricularse en el periodo lectivo respectivo, dentro de los plazos indicados.”

De este modo tanto en el contrato de prestación de servicios educacionales, así como en el reglamento académico precitado se contiene la exigencia de no tener deudas con la Universidad, como requisito previo a la matricula, y en caso de existir, se le otorga al estudiante la posibilidad de repactar las mismas, de forma tal que, al comenzar cada año académico, exista claridad para ambas partes respecto de la situación financiera del estudiante.

Ahora bien, en el marco de la autonomía universitaria, es que mi representada, año a año, por intermedio de la Vicerrectoría de Administración y Finanzas, fija las medidas financieras aplicables a la comunidad estudiantil a nivel nacional, destinada a dar facilidades a aquellos estudiantes antiguos que tengan inconvenientes para cumplir con el pago de sus aranceles o matriculas. La adopción de estas medidas financieras, aplicables a todos los estudiantes de Santo Tomás, tiene por objeto – además- velar por la igualdad entre los estudiantes, fijando parámetros comunes para las reprogramaciones de deudas.

Respecto de la Repactación de Arancel de Alumnos Antiguos, señalan estas medidas que “Para los estudiantes con más de 5 cuotas en mora se les mantendrán las condiciones actuales (50% de abono)”

En el caso de la estudiante recurrente, ella mantenía un total de quince cuotas impagas, de las cuales y sólo ofrecía pagar aquellas cuotas correspondientes al saldo del Crédito con Aval de Estado, es decir, 6 cuotas por la suma de $29.880. Así lo manifestó en un correo electrónico enviado con fecha 29 de enero de 2020 a las 16:40 horas a la Sra. nombre reservado, Jefa de Recaudación y Cuentas Corrientes, de la Dirección de Administración y Operaciones de Universidad Santo Tomas, el cual acompañamos en el otrosí de este informe.

De este modo se descarta cualquier atisbo de capricho o arbitrariedad respecto de las condiciones de repactación impuestas a la estudiante recurrente, en primer lugar, porque se encuentra plenamente fundada, y en segundo, porque no se ha alegado ni menos acreditado que esta normativa se aplique selectivamente a determinados estudiantes.

La actuación de mi representada en este caso no es ilegal, desde que no contraría normativa legal alguna, si no por el contrario, se funda en la reglamentación de la Universidad, dictada en el marco de la independencia administrativa y económica de la misma, asegurada por el artículo 2° de la Ley N° 21.091, sobre educación superior, y en el contrato de prestación de servicios educacionales, suscrito voluntariamente por la recurrente, y que por lo mismo la obliga.

Estamos frente a la aplicación estricta de cláusulas contractuales y del Reglamento de Reglamento Académico de Estudiantes de UST, que implica la imposibilidad de la estudiante de matricularse e inscribir asignaturas para nuevos periodos académicos, mientras no regularice el pago de las 15 cuotas de arancel pendientes hasta enero de 2020 y de las cinco cuotas que se han devengado respecto de la repactación del año académico 2018, según se desprende de la ficha financiera de la estudiante, acompañada en el primer otrosí de esta presentación.

La normativa precitada es conocida por la recurrente, toda vez que consta en el contrato de prestación de servicios educacionales suscrito por la estudiante, cuya copia se acompaña en el primer otrosí de esta presentación, que su cláusula decimosegunda señala “El alumno y el apoderado contratante reconocen las facultades de la Institución para impartir normas docentes, académicas y financieras, así como en materia de orden interno, convivencia, higiene seguridad y disciplina, normas que deberán ser respetadas por todos aquellos a quienes estén dirigidas”. El citado artículo tiene sustento el principio de autonomía al cual se hace referencia en la Ley N° 21.091 sobre Educación Superior, citada anteriormente.

La aplicación del contrato de prestación de servicios educacionales, del reglamento académico, todos ellos en concordancia con la Ley N° 21.091 Sobre Educación Superior, bajo ningún aspecto permiten considerar la actuación de Universidad Santo Tomás como vulnerador de garantías constitucionales como las que la recurrente estima que nuestra institución ha infringido.

Cabe tener presente, además, que el sistema de educación superior, regulado por la Ley N° 21.091, en ninguna de sus cláusulas prohíbe que la calidad de alumno regular y el derecho a matricula se encuentre sujeto al pago de matrícula. Sobre el pago de aranceles, en específico, el artículo 55 de la norma precitada señala que “Son infracciones graves:… Letra e) “Condicionar la rendición de exámenes u otras evaluaciones o el otorgamiento de títulos, diplomas o certificaciones a exigencias pecuniarias, distintas al pago de aranceles previamente establecidos por la institución de educación superior en su reglamentación e informados a los estudiantes al momento de suscribir el contrato respectivo”. Es muy importante considerar este nuevo elemento normativo, inexistente en el análisis jurisprudencial previo sobre la materia porque su entrada en vigencia es muy reciente, ya que si el legislador hubiese querido considerar ilícito el cobro de arancel como requisito para mantener, renovar o condicionar de cualquier modo, la calidad de alumno regular, lo habría manifestado de forma expresa; sin embargo, solo limitó el reproche de ilicitud en el hecho de condicionar la rendición de evaluaciones o la entrega de certificaciones a exigencias pecuniarias; es más, el tenor literal de la norma incluso permitiría a las instituciones de educación superior efectuar tal condicionamiento al pago de aranceles, si estuviere establecido en la normativa interna y los aranceles hayan sido informados a los estudiantes al momento de contratar.

Por tratarse la Ley de Educación Superior de una norma de orden público, implica para los particulares a los que se les aplica, en este caso a los estudiantes e Instituciones de Educación Superior, la imposibilidad de disponer mediante mecanismos contractuales, derechos que la ley considera protegidos aún contra la voluntad de su titular, puesto que, de acuerdo con el Artículo 10 del Código Civil “Los Actos que prohíbe la Ley son nulos y de ningún valor”. Recordemos que, como contrapartida, y tal como sostiene nombre reservado, “la ley permite a los particulares realizar todos los actos que estimen convenientes, sin otra limitación que las prohibiciones expresamente contenidas en la ley (autonomía privada). Este Principio es uno de los pilares del derecho civil y la garantía más importante de la libertad individual. Para hacerlo realidad, la ley indica, específica y genéricamente, sobre qué materias no puede contratarse o, si se quiere, sobre qué materias no pueden versar los actos y contratos que se pretenden celebrar… No se trata de prohibiciones, sino de mandatos imperativos para dar eficacia a ciertas convenciones. Ambas cuestiones, aunque diferentes, están entrelazadas, puesto que ambas miran la eficacia del vínculo jurídico”1. De este modo, el contrato de prestación de servicios educacionales que supedita la regularización de las obligaciones financieras de los estudiantes para matricularse no es contraria a la precitada Ley y, consecuentemente, la redacción de la cláusula sexta del contrato y de los Artículos 9 y 10 del Reglamento Académico de los Estudiantes de UST, no resultan contrarios a la legislación vigente.

Finalmente, es necesario tener presente que el hecho de que las Universidades no puedan tener fines de lucro no se contrapone con la generación de ingresos a través del cobro de aranceles a sus alumnos que permitan su funcionamiento, en especial en las universidades privadas sin financiamiento estatal.

Afirmó igualmente que no se ha vulnerado garantía constitucional alguna. A la luz de los antecedentes recabados en contraposición con el recurso deducido, manifestamos que no ha existido vulneración de garantías fundamentales de la Srta. nombre reservado, como ésta lo sostiene, por las siguientes consideraciones de Derecho:

a) Ausencia de Vulneración al Derecho a la vida e integridad física y psíquica. Art.19 N° 1 CPR.

Cuesta ejercer de manera competente el derecho a defensa ante esta imputación, toda vez que el recurso no se esmera en explicar en qué consistente específicamente esta afección, tomando en consideración la garantía que se expresa conculcada y la necesidad de estar en una hipótesis de causa-efecto entre el acto objeto del reproche y las consecuencias del mismo.-No se vislumbra de qué modo el haber aplicado un contrato previamente existente entre las partes y un reglamento académico, previamente conocido por la estudiante, tenga incidencia en la afectación psíquica a que apunta, con responsabilidad para mi representada, máxime cuando hemos sido claros en sostener que las opciones de repactación ofrecidas lo fueron en el marco de las medidas financieras que se aplican a todos los estudiantes de Universidad Santo Tomás, a nivel nacional.

b) Ausencia de Vulneración al Derecho a la Igualdad ante la Ley. Art. 19 N° 2 CPR.

La noción de igualdad es un concepto relacional. Eso significa que vincula dos personas, objetos o situaciones, esto es, los "pares en comparación". Haciendo una analogía con las matemáticas, el signo "igual" (=) siempre implica una relación entre dos elementos, uno de los cuales se ubica a la derecha de ese signo y el otro se ubica a la izquierda del mismo.

En este sentido, y enfocándonos al plano jurídico, la igualdad se cumple cuando se trata de la misma manera a dos elementos que se considera iguales entre sí y cuando se trata de diversa manera a dos elementos que se considera desiguales entre sí. A la inversa, la igualdad se vulnera cuando se trata de diversa manera a dos elementos iguales y cuando se trata de la misma manera a dos elementos desiguales.

En consecuencia, si en un determinado caso no existen elementos en comparación, entonces en el mismo no se encuentra involucrada la igualdad.

Desde el punto de vista conceptual, la igualdad en el contenido de la ley constituye un mandato al legislador y consiste en que las prescripciones del Derecho deben tratar de la misma manera a los iguales y de diversa manera a los desiguales.

La recurrente sostiene que Universidad Santo Tomás ha vulnerado dicha garantía fundamental “por cuanto la recurrida, por un acto propio, se han colocado en una situación de privilegio, haciéndose justicia por sus propias manos y, por una vía distinta a la jurisdiccional y ejerciendo una presión indebida, y pretendiendo el pago de la obligación adeudada.”

La estudiante mal entiende el concepto de igualdad, por cuanto basta con la sola enunciación de la garantía para entender que ella no tiene aplicación alguna en este asunto, toda vez que es la misma Ley de Educación Superior la que permite a mi representada actuar como lo ha hecho.

No se ha conculcado entonces el principio de igualdad ante la ley, ni muchos menos ha existido una discriminación ilegal o arbitraria. Aún más, si se le permitiera a la Srta. nombre reservado, en su situación de morosidad arancelaria del año académico 2018 y 2019, matricularse y tomar ramos para este semestre, sin regularizar previamente su situación de morosidad, se vulneraría el derecho de igualdad respecto de todos los demás alumnos de la Universidad que se encuentran en una situación similar. La Universidad, no ha hecho más que aplicar los contratos y reglamentos, sin que la obligación de repactar deudas anteriores antes de matricularse sea alguno de los ilícitos sancionados en la nueva Ley sobre Educación Superior, la cual incluso permitiría -en una interpretación a contrario sensu- condicionar la rendición de exámenes u otras evaluaciones o el otorgamiento de títulos, diplomas o certificaciones a exigencias pecuniarias referidas al pago de aranceles previamente establecidos por la institución de educación superior en su reglamentación e informados a los estudiantes al momento de suscribir el contrato respectivo c)Ausencia de Vulneración a la Libertad de Trabajo. Art. 19 N° 16 CPR.

La Libertad de Trabajo se encuentra consagrada, reconocida, en nuestra Constitución en el artículo 19 N° 16: "La Constitución asegura a todas las personas: 16º La libertad de trabajo y su protección. Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa remuneración" Como ha señalado la doctrina, la libertad de trabajo significa que "a nadie le será impuesto un trabajo o un trabajador, que a nadie le será negado un trabajo por razones arbitrarias y que quien trabaje lo haga con una justa retribución" (Evans, E. Derecho Constitucional, Editorial Jurídica, p 232).

Lo que la Constitución protege es “un trabajo de calidad, con condiciones justas y favorables de trabajo o de la actividad lícita desempeñada” (nombre reservado: “Derecho al trabajo: Trabajo con contenido y fines”, en Derechos económicos, sociales y culturales en el orden constitucional chileno, Ed. Librotecnia, Santiago, 2012, p.127).

En la especie, la estudiante recurrente nuevamente mal entiende el objeto de protección de esta garantía, pretendiendo extenderlo a una especie de “obstaculización” para poder obtener el “Ius Postulandi” y consecuentemente realizar labores como procuradora.

Ciertamente, las posibilidades de obtener un trabajo como procuradora, no sólo dependen de obtener el certificado emitido en virtud de la Ley N° 18.120, puesto que también es necesario ser patrocinada por un abogado habilitado por la ley para el ejercicio de la profesión.

Solicitó tener por evacuado el informe de la recurrida, y con su mérito,rechazar el recurso de protección de marras, con costas.

Allegó a su presentación los siguientes documentos:

1.- Contrato de Prestación de Servicios Educacionales N° 1543172 de fecha 16 de Enero de 2019, suscrito por la Srta. nombre reservado con Universidad Santo Tomás, para el año académico 2019.

2.- Ficha financiera de la Srta. nombre reservado

3.- Decreto N° 036/2019 de Rectoría Nacional de Universidad Santo Tomas, que oficializa el Nuevo Texto del Reglamento Académico de los Estudiantes de Universidad Santo Tomás.

4.- Medidas Financieras para Alumnos Antiguos, emanado de la Vicerrectoría de Administración y Finanzas de Universidad Santo Tomás.

5.- Correo Electrónico de fecha 07 de Enero de 2020, enviado por el Vicerrector de Administración y Finanzas de Universidad Santo Tomás, informando a los Rectores de la institución respecto de las medidas financieras para alumnos antiguos.

6.- Correo electrónico enviado con fecha 29 de enero de 2020 a las 16:40 horas por la estudiante recurrente a la Sra. nombre reservado, Jefa de Recaudación y Cuentas Corrientes, de la Dirección de Administración y Operaciones de Universidad Santo Tomás.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, en estos autos se ha imputado por la recurrente un actuar ilegal o arbitrario emanado de la la UNIVERSIDAD SANTO TOMAS, particularmente de sus personeros de la sede Temuco de dicha casa de estudios, que consistiría en impedir su matrícula, no aceptando su propuesta de pago, para el año académico 2020, por registrar deudas pendientes de los años 2018 y 2019. Lo señalado resulta de particular importancia pues fija determinadamente cual es el acto reclamado por quien acciona, como además queda determinado el escenario en que aquel se produce, vale decir de una estudiante de la carrera de derecho que inició sus estudios de derecho en dicha institución el año 2018, admitiendo la misma que debido a distintas circunstancia el arancel del aquel año tuvo que repactarlo en diversas cuotas que no pudo asumir, debido a la ausencia de trabajo que se lo permitiera. En este punto, es necesario señalar que la propia recurrente admite tener una deuda arancelaría con la recurrida y en el petitorio de su escrito requiere fundamentalmente que se acepte la forma de regularización de su deuda con la parte recurrida, ya que conforme sostiene habría ofrecido, para esos efectos, abonar la suma de quinientos mil pesos, sin embargo la entidad educacional le habría requerido el pago íntegro de lo adeudado.

TERCERO: Que, la Universidad recurrida ha solicitado se rechace la acción interpuesta, en atención a que aquella es extemporánea y en que, no existiría ilegalidad ni arbitrariedad desde que lo que se ha producido sólo es que, se ha dado aplicación a contrato de prestación de servicios educacionales y al reglamento académico de estudiantes, todo lo que resulta conocido y oponible a la recurrente, no siendo esta la sede para determinar el sentido y alcance de dichas cláusulas contractuales.

CUARTO: Que, resulta necesario pronunciarse sobre el primer capítulo en que funda su petición de rechazo la recurrido para lo que se debe considerar que el artículo 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, establece que la presente acción cautelar se interpondrá dentro del plazo fatal de treinta días corridos y contados desde la ejecución del acto u omisión considerado arbitrario o ilegal o desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

QUINTO: Que, resulta manifiesto que, del propio texto de la acción de protección, queda acreditado, que la recurrente, tuvo conocimiento del acto que reclama ya en diciembre del año 2019- sin perjuicio de que posteriormente afirma que desde enero de 2020-, y expresa que con fecha 04 de febrero de 2020, presenta denuncia a la Superintendencia de Educación Superior, respecto de los mismos hechos, expuestos en el recurso. Para afirmar de manera rotunda, hacia el final de su presentación, luego de indicar las garantías constitucionales supuestamente amagadas por el actuar de la Universidad señalada que, los correos en que se le comunicó la negativa de pago parcial, son de 14 de Marzo del año en curso.

Que, siendo como la propia recurrente señala, y habiéndose interpuesto el presente recurso de protección con fecha 11 de junio de 2020, es manifiesto que aquel lo fue más allá del lapso regulado normativamente para aquello, por lo que no cabe sino que acoger la excepción de extemporaneidad, promovida por la recurrida, toda vez que desde-al menos- desde 14 de marzo de 2020 al 11 de junio de 2020-fecha del recurso- transcurrieron, con creces, más de 30 días desde que tuvo noticias de la supuesta denegatoria de pagar parcialmente su deuda lo que la inhabilitaba para efectos de proceder a matricularse.

SEXTO: A mayor abundamiento, es necesario señalar que, se desprende tanto del informe de la recurrida como de la documentación que aquella allegó, efectivamente la recurrente mantiene una deuda de quince cuotas impagas, desglosándose en nueve de ellas ascendiente a $ 83.622- cada una- por concepto de repactación del arancel del año 2018 y otras seis de copagos del año 2019, por un monto de $ 29.883- cada una- lo que arroja que ello importe una suma aproximada de $ 958.896, cifra que se ha indicado-informando la entidad de educación superior- puede ser cancelada con un abono de un 50% y el resto en cuotas, tal como a todo estudiante que presente morosidades de más de cinco cuotas, lo que aplica al caso, de manera ella que esta admisión de la entidad educacional, hace que no se observe el conflicto que la estudiante señala en punto a que no se le admita abonos para regularizar su deuda y se le requiera el pago total, elemento que, surge como uno de los pilares de la acción de protección, lo que sin duda hace ver que el presente ha perdido oportunidad y que en los hechos actuales no se verifica el fundamento del reclamo constitucional deducido, vinculado a la exigencia de un pago total de lo adeudado.

SEPTIMO: Que, de igual modo es dable indicar que, en el caso media un contrato de prestación de servicios educacionales y un reglamento académico de estudiantes que aparentemente-la presente acción no es la vía para realizar una interpretación contractual- dan cobertura a lo señalado por la recurrente y que permitiría sostener que el actuar de la recurrida al amparo de aquellos no surge como una actuación arbitraria, pues precisamente se aplica a todos los alumnos que se encuentren en el mismo supuesto de hecho, es decir, con deudas que superen una determinada cantidad de cuotas y sirve como cimiento para requerir una regularización de arancel previa a la matrícula de cada año académico.

OCTAVO: Que, en consecuencia además, no se ha logrado justificar ninguna actuación u omisión arbitraria o ilegal-no se divisa norma legal transgredida- de parte de la entidad educacional recurrida, que pueda derivar en una vulneración al legítimo ejercicio de las garantías fundamentales denunciadas como infringidas por la recurrente. Por otra parte, tampoco se avizora una necesidad que justifique adoptar algún remedio de urgencia en su amparo, pues, como se dijo, los hechos y pretensiones alegados en el libelo recursivo resultan más propios de un juicio de lato conocimiento, a efectos de fijar el sentido y alcance de las normas de las convenciones generadoras de obligaciones suscritas por las partes.

NOVENO: Que, en razón de lo anterior, en que se ha evidenciado que lo promovido lo ha sido extemporáneamente, y que tal como se expresó, al no constatarse que exista una negativa-de parte de la Universidad Santo Tomás- a admitir una repactación de lo adeudado por nombre reservado en parcialidades que no involucran cancelar el total de la deuda, permiten de igual forma divisar que no existe un proceder caprichoso e infundado, y que no se observa disposición legal vulnerada que haya causado quebranto a algunos de los derechos constitucionales protegidos por la presente acción constitucional, circunstancias que llevan indefectible a desestimar la de autos.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se declara: SE RECHAZA, sin costas, el recurso interpuesto por nombre reservado, en contra de la UNIVERSIDAD SANTO TOMAS Redacción a cargo del Fiscal Judicial Sr. nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol protección 4371-2020. (sac)