nombre reservado con AUTOMOTRIZ CORDILLERA SA.

C.A. de Temuco Temuco, seis de mayo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1 comparece el abogado Thomas Ovalle en representación de nombre reservado, interponiendo acción de protección en contra de AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A., Rut N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, por los argumentos de hecho y derecho que expone.

Explica que, el señor nombre reservado, con fecha 30 de noviembre del año 2022 adquirió a la empresa Salazar Israel, cuyo nombre legal es AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A., un vehículo marca SSANGYONG, Modelo NEW REXTON 2.2, automático, diesel, de 5 puertas, color Azul, año 2023, 4x4 en la suma total de $31.510.200 pesos.- Indica que, al momento de la compra se extendió por parte de la empresa AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A. la Garantía Legal del vehículo comprado por el señor nombre reservado.- Manifiesta que, estamos en presencia de un acto arbitrario de parte de la empresa recurrida pues esta no ha querido dar ninguna razón plausible para negarse a dar el mantenimiento a un vehículo y al que se había obligado todo en virtud de la garantía entregada y que lo vincula obligatoriamente con el recurrente.

Precisa que, así las cosas y tomando en cuenta el transcurso del tiempo, casi 2 años y 10 meses después de la compra del vehículo por parte del recurrente y después de haberse efectuado todas las mantenciones del caso sin mayores problemas, el día 15 de noviembre se le comunica al recurrente vía email, después de que este pidiese hora para una nueva inspección de rutina del vehículo y reparaciones del caso con la inspección debida en virtud de garantía legal (cubierta por la garantía en lo que en derecho correspondía) y sin perjuicio del costo que esto significaba para el propietario y recurrente, que sería atendido con fecha 17 de noviembre del 2025 a las 8:45 horas a.m. por doña nombre reservado.- Añade que, la encargada del servicio técnico o taller autorizado de la empresa AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A. , sucursal Temuco, le informa al señor nombre reservado que la cita queda cancelada por instrucciones de personal de Jefatura que le han indicado al servicio que no será atendido por razones que no se dan a conocer.- Sostiene que, ante esta situación arbitraria e ilegal el recurrente le plantea al personal a cargo de la sucursal que presta los servicios técnicos y que funge de taller técnico de la marca, que se le explique esta negativa irracional y fuera de contexto pues se le da a entender que el obstáculo es por él, como persona natural, ya que según la Gerencia de Asuntos Legales les habrían informado que lo tenían bloqueado por ciertas razones no expresadas con claridad.- Comenta que, no existiendo motivo racional, discrecional, proporcional y objetivo alguno que pudiese explicar y justificar esta negativa de parte de la Gerencia Legal de la empresa, es de suyo necesario señalar a VSI. (que vendría siendo según criterio personal del recurrente y que explicaría esta repudiable acción) que el señor nombre reservado fue trabajador de la empresa en esta ciudad de Temuco y que este fue despedido por la empresa recurrida el día 22 de septiembre del 2025 y que a causa de este despido el recurrente demando a la empresa en causa que se tramita en la actualidad ante el Juzgado Laboral de esta ciudad de Temuco.

Expresa que, en virtud de lo que se expone, esa parte cree estar en presencia de una actitud de represalia en contra del recurrente señor nombre reservado por haber este demandado a la empresa AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A., la que también es ahora recurrida en esta acción constitucional de protección.- Comenta respecto al derecho a la igualdad que, la negativa de la empresa recurrida constituye un acto ilegal y arbitrario, que causa privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio del derecho fundamental a la igualdad ante la ley garantizado en el art. 19 Nº 2º, de la Carta Fundamental.

Agrega que, además de todo lo ya expresado también la actuación de la recurrida es arbitraria e ilegal en el grado de ser constitutiva de una amenaza grave a los derechos de su representado a no ser juzgado por comisiones especiales según lo dispuesto en el Artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Constitución y que por ello la conducta desplegada por la recurrida es susceptible de estimarse como un incumplimiento contractual y a su vez puede ser cautelada por la acción de protección, cuando a su vez, puedan ser calificables de actos de autotutela ilícitos y además, que no estén suficientemente justificados, deviniendo el acto no solo en ilegal, sino que también en arbitrario.

Conforme a lo expuesto, solicita acoger el recurso, ordenando que se presten las acciones pactadas de revisión y mantención del vehículo ya singularizado y que se deje de establecer prohibiciones ilegales de aquí en màs al recurrente para cumplir con sus obligaciones técnicas y contratadas con mi representado y que se ordene proceder acorde a derecho con expresa condena en costas.- Acompaña a su presentación, los siguientes documentos: 1°) Copia digital de Mandato Judicial; 2°) Copia digital de factura de compra del vehículo de fecha noviembre del año 2022, 3°) Copia digital de contrato de Garantía; 4°) Copia digital de email de rechazo a efectuar revisión del vehículo; 5°) Copia digital de email donde consta envio de contrato de garantía; 6°) Copia digital de email que da cuenta de reserva de hora atención del vehículo; 7º) Copia digital de 1º hoja de contrato de garantía; 8º) Copia digital de padrón del vehículo New Rexton año 2023 y 9º) Copia digital de E-Book de causa laboral vigente.- A folio 16 comparece el abogado Ariel Inostroza en representación de la recurrida AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A, señalando que, reconoce que don nombre reservado (recurrente) fue trabajador de la recurrida. En efecto, su representada reconoce que el recurrente se desempeñó como trabajador de la compañía en calidad de “jefe de sucursal Ford Banderas Temuco” y que, asimismo fue desvinculado con fecha 22 de septiembre del año 2025.

Indica que, como resultado de una auditoría interna se determinó desvincular al recurrente Sr. nombre reservado por la causal número 7 del artículo 160 de Código del Trabajo, esto es, por incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales, toda vez que se pudo comprobar que el recurrente participó de negocios en los que se utilizaron modalidades que están prohibidas por la empresa, observando un control deliberadamente negligente en su rol de Jefe de Sucursal.

Refiere que, lo anterior llevo a bloquear a todos quienes, como resultado de la auditoría interna en comento, resultaron como responsables (entre ellos el recurrente) de prácticas expresamente prohibidas por la empresa, que provocaron además un notable perjuicio patrimonial a la recurrida.

Expresa que, el problema en el escrito de la contraria es creer que el bloqueo en el sistema se debe a una medida de represalia en su contra, por el hecho de haber interpuesto una demanda laboral en contra de la recurrida. Lo cierto es, que la razón del bloqueo no es la animadversión que el Sr. nombre reservado cree existe en su contra, sino que, por el contrario, este obedece a una medida de seguridad legítima de la recurrida, frente a un extrabajador que deliberadamente incurrió en prácticas expresamente prohibida por la recurrida, incumpliendo así sus obligaciones como trabajador y como Jefe de Sucursal de uno de los locales comerciales de la recurrida, en la ciudad de Temuco, actuación que otorgó a mi representada el uso de los recursos legales que establece la legislación laboral, como es el despido por la causal del artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo.

Agrega que, es importante mencionar que el recurrente no solo fue desvinculado como trabajador de la recurrida por un incumplimiento grave a sus obligaciones, sino que además, su representada debió presentar una querella criminal en su contra y en contra de 2 extrabajadores imputados y detenidos por lavado de activos en el marco de la Operación Imperio (estos dos últimos,) por el delito de estafa.

Comenta que, en los hechos el recurso de protección se sustenta en que su representada denegó una mantención a la parte recurrida. Sin embargo, este hecho no es constitutivo de una vulneración a las garantías fundamentales. Para la procedencia del recurso, es necesario que estemos frente a una actuación u omisión arbitraria e ilegal que afecte las garantías constitucionales del recurrente. Como ya ha quedado demostrado, la negativa de realizar la mantención del vehículo de la contraria no se debe a un mero capricho de Cordillera, sino que tiene un fundamento legal.

Sostiene que, así las cosas, si revisamos la normativa contenida en la Ley 19.496, entonces podemos analizar que el artículo 1 señala cuál es el objetivo de la Ley: “La presente ley tiene por objeto normar las relaciones entre proveedores y consumidores, establecer las infracciones en perjuicio del consumidor y señalar el procedimiento aplicable en estas materias”. Claro está que el recurrente es un consumidor, y la Automotora un proveedor y es por lo anterior que, el presente recurso debe ser rechazado, pues no estamos en la sede correcta para resolver la controversia que se promueve.

Finalmente comente que, es necesario dar cuenta que, una mantención periódica del vehículo no es objeto de la garantía legal ni convencional, pues la primera de ellas está reservada para aquellos casos en que los bienes presenten defectos que los hagan inutilizables o impidan su uso, y en el caso de la garantía convencional, el mismo fabricante, en su manual del usuario ha dejado fuera a las mantenciones por kilometraje.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República;

SEGUNDO: Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo;

TERCERO: Que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto;

CUARTO: Que conforme a lo recién expuesto, esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección de garantías cuya existencia se encuentre indubitada y que el acto denunciado sea la causa de tales afectaciones.

QUINTO: Que en la especie, el recurso de protección ha sido interpuesto en contra de AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A, denunciando que el hecho ilegal y arbitrario consiste en la negativa de otorgarle la mantención de su vehículo por garantía legal asociado a la compraventa efectuada, lo que afectaría su garantía constitucional de igualdad ante la ley y el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, considerando que la conducta de la recurrida sería un ejercicio de autotutela por la demanda laboral interpuesta por él en su contra.

SEXTO: Que por su parte, la recurrida expresa que la negativa a otorgar las mantenciones requeridas, obedece a una medida de seguridad legítima, frente a un extrabajador que deliberadamente incurrió en prácticas expresamente prohibida por la recurrida, incumpliendo así sus obligaciones como trabajador y como Jefe de Sucursal de uno de los locales comerciales de la recurrida, en la ciudad de Temuco y que el recurrente es un consumidor, y la Automotora un proveedor y es por lo anterior que, el presente recurso debe ser rechazado, pues no estamos en la sede correcta para resolver la controversia que se promueve.

SÉPTIMO: Que aparece con claridad que lo pretendido por la recurrente es que esta Corte declare la existencia de una negativa injustificada a otorgar la prestación de un servicio, determine la eventual responsabilidad de la entidad proveedora, y ordene la ejecución de una actividad de naturaleza mercantil, lo que supone necesariamente un pronunciamiento de fondo sobre hechos discutidos y obligaciones patrimoniales, de lo que se desprende que el recurrente carece de un derecho indubitado que pueda ser tutelado por esta vía.

OCTAVO: Que además, el ordenamiento jurídico contempla normas especiales y un procedimiento específico para conocer y resolver controversias como la planteada, en particular la Ley N° 19.496, la que regula detalladamente la responsabilidad de los proveedores de un servicio, regulando las relaciones de estos con los consumidores y estableciendo mecanismos, plazos, cargas probatorias y vías procesales propias para la resolución de las reclamaciones derivadas de esa relación.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida por el abogado Thomas Ovalle en representación de nombre reservado, en contra de AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A.

Redacción a cargo del Ministro Titular señor José Marinello Federici.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-4370-2025. (cwm)