nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Temuco Temuco, trece de febrero de dos mil veintitrés.

VISTOS:

A folio 1, Comparece CAROLINA OLAVE ESPINOZA, Abogada, con domicilio en domicilio reservado, en representación según se acreditará de doña nombre reservado, Trabajadora dependiente, para estos efectos de mi domicilio, quien dice:

Que interpone recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), persona jurídica de derecho público representada por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, fundado en las consideraciones de hecho y derecho que expone:

1.- Mi representada comenzó con licencia médica desde marzo de 2016 de forma continua hasta fines de abril de 2022, en atención a ingresos a urgencia por diversas dolencias, examinada por un especialista, quien indicó cirugía, la que se pospuso por casi 3 años. Finalmente fue operada el 22 de junio del 2019, estando hospitalizada 3 días, siendo derivada al kinesiólogo para rehabilitación. Luego comenzó con los trámites para obtener pensión de invalidez, siendo rechazado en varias ocasiones, acompañándose copia de la última resolución. Desde diciembre del 2020, comenzaron a ser rechazadas las licencias, reclamando ante las instancias administrativas previstas en la ley, manteniéndose por éstas, tal decisión.

2.- Las licencias medidas que fueron rechazadas por la COMPIN y, luego, confirmadas por la SUSESO, son desde diciembre de 2020, hasta noviembre del año 2021, conociendo esta Iltma. Corte de Apelaciones por los hechos antes descritos, acogiendo las acciones de protección planteadas bajo el ROL 300-2022, ordenando que la Superintendencia de Seguridad Social deber disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio de la parte recurrente encargue un nuevo informe médico acerca de la dolencia que da cuenta el recurso, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que disponen las licencias médicas materia de autos, y cumplido ello, se pronuncie nuevamente acerca de las licencias médicas denegadas, que han sido objeto del presente libelo. Y bajo el ROL 14467-2022, cuyo considerando QUINTO señala claramente que del “análisis de los fundamentos esgrimidos para rechazar las licencias médicas de la actora, aparece que la decisión adoptada por la Superintendencia no está apoyada por ningún elemento de convicción que la avale más que la referencia a los antecedentes que la llevan a concluir la falta de justificación de la extensión del reposo ya autorizado, no haciendo mención a otros factores objetivos que permitan corroborar la decisión a que arriba, en cuanto a la suficiencia del reposo médico ya otorgado, sin que tampoco explicite los motivos, especialmente en atención que Compin estimó que el estado de salud de la recurrente no tenía el carácter de permanente, de modo tal que no pudiéndose concluir que aquella se basta a sí misma”; y que finalmente ordena a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez un nuevo informe médico acerca de la dolencia que da cuenta el recurso, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que disponen las licencias médicas materia de autos, y cumplido ello, se pronuncie nuevamente acerca de las licencias médicas denegadas, que han sido objeto del presente libelo.- 3.- Que, con fecha 27 de septiembre de 2022, mediante correo electrónico, mi representada conoce el contenido de las TRES resoluciones que a continuación se señalan:

a) RESOLUCION EXENTA N°R-01-UME-130044-2022, emitida en Santiago, con fecha 24/09/2022, que comunica y “confirma el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”, cuyo contenido se desprende de la nueva comunicación de rechazo, el motivo invocado en la resolución es que el reposo no se encuentra justificado, por cuanto, “estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los estudios clínicos adjuntos, evidencian lesiones de carácter crónico e irreversible, por lo tanto, no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado, cursando con prescripción de licencias médicas para el cuadro diagnosticado desde junio de 2019, sin lograr su recuperación”

b) RESOLUCIÓN EXENTA N°R-01-F-126540-2022, emitida en Santiago, con fecha 20/09/2022, REF.: Licencia médica. Cumplimiento de resolución. Acción de Protección, Rol N°14467-2022, de la llma. Corte de Apelaciones de Temuco. Confirma rechazo que indica en cumplimiento de fallo. Cuyo contenido no hace más que reproducir los hechos ya conocidos en la causa de protección primitiva, señalando las posibilidades de evaluación que contempla el sistema de salud, agregando en su parte final que “los peritos especialistas de la Comisión Médica de la Superintendencia de Pensiones han efectuado reiteradas evaluaciones, estudios, exámenes físicos y funcionales, además de estudios de apoyo, ratificándose que las lesiones presentadas son de carácter crónico e irreversible, pero no invalidantes”, situación que, en ningún caso cumple con el estándar de fundamentación impuesto ni tampoco cumple estrictamente lo dispuesto por esta Iltma. Corte.

c) RESOLUCIÓN EXENTA N°R-01-F-126539-2022, emitida en Santiago, con fecha 20 / 09 / 2022, REF.: Licencia médica. Cumplimiento de resolución. Acción de Protección, Rol N°300-2022, de la llma. Corte de Apelaciones de Temuco y que confirma rechazo que indica en cumplimiento de fallo. Que utiliza mismo escrito, fundamentos y razonamientos señalados en la letra b) antes detallada.

4.- Que, la Administración a través de la Superintendencia aludida, rechaza las licencias estimando que, respecto de mi representada no se justifica su decisión, máxime si no cumple con lo dispuesto en las causas de protección referidas. Se ordenó encargar un nuevo informe, lo que supone evidentemente, una nueva evaluación por los profesionales a quienes corresponda informar. Sin embargo, la recurrida mañosamente, encarga un nuevo informe con los antecedentes que ya contaba, con lo que simplemente, se desatendió lo resuelto y el buen sentido.

5.- Que, lo resuelto y la forma de proceder de la recurrida, no cumple lo resuelto en causa Protección N°300-2022 y la 14467-2022, hace que las resoluciones dictadas que en este acto se impugnan, carezcan totalmente de razón.

En efecto, no agregan ningún fundamento adicional, por lo que, evidentemente, padecen del mismo defecto de las resoluciones que se impugnaron previamente en las causas indicadas.

6.- Que, el razonamiento de la recurrida deja a mi representada en el más entero desamparo, pues, por un lado la Superintendencia de Seguridad Social, rechaza continuadamente las licencias médicas que justificadamente su médico tratante emite, dejándola sin el pago del respectivo subsidio, y, por otro, niega la declaración de invalidez, quedando privada de toda solución concreta (según se acreditó en causa Protección. 300-2022).

7.- Que, en concepto de esta parte la decisión de la recurrida se torna arbitraria e ilegal, pues la recurrida es quien dispone de los mecanismos técnicos y humanos para poder confirmar o no un diagnóstico, pudiendo efectuar una nueva evaluación, si fuere necesario, lo que no aconteció, ni ahora ni antes 8.- Sin embargo, la decisión se mantuvo, careciendo ésta de sentido, si se considera que existe un gran número de licencias aprobadas previamente, con carácter ininterrumpido, lo que hace pensar a esta parte, cuál sería la razón de acoger algunas y rechazar otras, más que el mero arbitrio o capricho. Por lo anterior, al carecer los actos impugnados de la debida fundamentación, hace que éstos, no se basten así mismos, debiendo buscar los argumentos de otros antecedentes, lo que ciertamente, contraviene el deber de fundamentación de la administración del Estado y sus órganos.

9.- De este modo, necesariamente el rechazo de la recurrida se torna en arbitrario, por cuanto, teniendo la posibilidad y, ante el mandato legal del artículo 21 del reglamento para la autorización de licencias médicas, de requerir antecedentes, informes y exámenes, no lo hace y, es más, hace suyo el informe de una de las partes que precisamente es quien se verá económicamente perjudicada en el caso de aprobarse las licencias médicas.

Siguiendo esta línea de las garantías amparadas por el constituyente, es oportuno mencionar que el rechazo de las licencias médicas vulnera a las siguientes garantías constitucionales:

a) Del articulo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, por cuanto se le impide a mi representada el acceder a las prestaciones médicas necesarias para recuperar su salud, ya que con el rechazo de las licencias médicas debe necesariamente reintegrarse a trabajar, debido a no haberse autorizado su reposo médico.

b) Del artículo 19 N° 2 del Código Político, por cuanto, en la mayoría de los casos y grueso de reclamantes, en la misma situación fáctica la recurrida ha acogido o aprobado las licencias, siendo dicho actuar, atentatorio de la igualdad ante la ley, que obliga a tratar de manera equivalente a las personas que se encuentren en igualdad de supuestos fácticos.

c) Del artículo 19 N° 3, inciso 4°, de la Carta Fundamental, por cuanto, la recurrida al abstenerse de fundamentar las decisiones cuestionadas, se erige como una verdadera comisión especial, que juzga o decide, conforme a su propia convicción de forma arbitraria y antojadiza.

d) Del articulo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad, desde que la disminución o el rechazo de las licencias médicas, importan la afectación a su patrimonio, por cuanto, no se le ha pagado el subsidio respectivo de las remuneraciones que le habría correspondido percibir, afectando su derecho de propiedad.

Solicita se sirva tener por interpuesto Recurso de Protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, declararlo admisible y en definitiva acogerlo en todas sus partes, declarando arbitrario e ilegal el actuar del ente administrativo, el cual se manifiesta en las resoluciones que se acompañan al primer otrosí, dictadas por la SUSESO, dejándolas sin efecto, y declarando en su lugar, que se acojan las licencias médicas, debiendo la recurrida pagar los subsidios por incapacidad correspondiente a ellas a quien corresponda o, en su caso, ordenar que efectivamente se efectúe una nueva evaluación (y no, una reevaluación de los mismos antecedentes) de la paciente, con costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- RESOLUCIÓN EXENTA N°R-01-F-126539-2022, emitida en Santiago, con fecha 20/09/2022, REF.: Licencia médica. Cumplimiento de resolución. Acción de Protección, Rol N°300-2022, de la llma. Corte de Apelaciones de Temuco y que confirma rechazo que indica en cumplimiento de fallo.

2.- Fallo ROL 300-2022 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco.

3.- RESOLUCIÓN EXENTA N°R-01-F-126540-2022, emitida en Santiago, con fecha 20/09/2022, REF.: Licencia médica. Cumplimiento de resolución. Acción de Protección, Rol N°14467-2022, de la llma. Corte de Apelaciones de Temuco. Confirma rechazo que indica en cumplimiento de fallo.

4.- Fallo ROL 14467-2022 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco.

5.- RESOLUCION EXENTA N°R-01-UME-130044-2022, emitida en Santiago, con fecha 24/09/2022, que comunica y “confirma el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado

A folio 9, informa ROBERTO BARRAZA SAAVEDRA, Abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, quien dice:

La Superintendencia de Seguridad Social, en el caso de la Sra. nombre reservado y, de acuerdo con los antecedentes administrativos que se acompañan a este informe, se limitó a resolver, con pleno apego a la normativa legal y reglamentaria que regula esta particular manifestación del derecho a la Seguridad Social, los reclamos que en su oportunidad presentó la recurrente en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ, por haber confirmado el rechazo de sus licencias médicas, por reposo no justificado.

1.- Sin perjuicio de ello, antes de referirnos a la materia de fondo de que trata esta acción constitucional, esta parte solicita su rechazo por cuanto, como se demostrará, la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al Sistema de Seguridad Social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el Subsidio por Incapacidad Laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

En este sentido, nuestro sistema de seguridad social contempla un completo marco de protección para aquellos casos en que una enfermedad o accidente pueda provocar incapacidades laborales permanentes o transitorias, pudiendo acceder, frente a estas contingencias de carácter involuntarias, a las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS).

Cabe señalar, a SS. Iltma., que ambos beneficios, ya sea el subsidio de incapacidad laboral o la pensión de invalidez, su calificación, evaluación y posterior autorización, están sujetos a un procedimiento especial de revisión respecto de sus resoluciones, de doble instancia. Procedimiento especial de carácter reglado que obligatoriamente deben observar las distintas Comisiones, en el cual existe un análisis, razonamiento lógico y circunstanciado de los antecedentes médicos tenidos a la vista, para arribar a una decisión, todo ello debidamente consignado en el expediente administrativo del trabajador.

De tal forma, la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

En esta parte, cabe reiterar a SS. Ilustrísima que la Acción de Protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República.

Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a “actos u omisiones arbitrarios o ilegales”.

Con todo, y tratándose en la especie de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible accionar de protección, por cuanto como ya se dijo, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental, sin perjuicio, que como se señaló, el legislador contempló un amplio y completo sistema de protección a nivel legal y reglamentario para la debida protección del Derecho a la Seguridad Social.

Solicita declarar la improcedencia de ésta, en atención a que el asunto debatido se encuentra relacionado con una garantía constitucional (artículo 19 Nº18, derecho a la seguridad social), que no se encuentra protegida por la acción interpuesta por la parte recurrente.

2.- En subsidio de las alegaciones anteriores, informa en cuanto al fondo del asunto que motiva la acción constitucional de autos.

Consta en el expediente administrativo que se acompaña a este informe, que la Sra. nombre reservado recurrió ante esta Superintendencia, mediante presentación de fecha 16 de mayo de 2022, reclamando por cuanto la SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 90 días a contar del 30 de diciembre de 2021, por reposo no justificado.

En razón de lo señalado, mi representada estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas referidas no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que los estudios clínicos adjuntos, evidencian lesiones de carácter crónico e irreversible, por lo tanto, no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado, cursando con prescripción de licencias médicas para el cuadro diagnosticado desde junio de 2019, sin lograr su recuperación, dictamen y fundamentos contenidos en Resolución Exenta N° R-01-UME-130044-2022, de fecha 24 de septiembre de 2022.

Sin perjuicio de lo anterior consta que, mediante la Resolución Exenta R-01-UME-50716-2022, esta Superintendencia no dio lugar a la reclamación presentada por la Sra. nombre reservado confirmándose lo resuelto por la Subcomisión Cautín, en orden a rechazar las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 90 días, a contar del 01 de octubre de 2021, por reposo injustificado.

En tal sentido, se interpuso una acción de protección en contra del citado pronunciamiento, donde la llma. Corte de Apelaciones de Temuco, mediante fallo de fecha 22 de julio de 2022, acogió la referida acción de protección (Ingreso Corte N° 14467-2022), declarándose que este Organismo debe ordenar a la COMPIN respectiva, evacuar un nuevo informe médico respecto de la dolencia que da cuenta el recurso, a fin de que sea remitido a esta Superintendencia para que pueda pronunciarse nuevamente sobre la procedencia del reposo correspondiente a las licencias médicas singularizadas precedentemente, en base al resultado de dicho informe.

En virtud de lo anterior, la Subcomisión Cautín remitió el informe evacuado al efecto, con fecha 25 de agosto de 2022, el cual fue estudiado por los profesionales de este Organismo, junto a los demás antecedentes disponibles, concluyéndose que corresponde mantener el rechazo de las licencias médicas reclamadas, basándose en las siguientes consideraciones:

En primer término, el informe consigna que la recurrente presenta reposo continuo por similar causa desde el 09 de marzo de 2016 a la fecha, acumulando así un total de 1732 días autorizados. Asimismo, se advierte del informe de fecha 29 de junio de 2021, que la recurrente fue intervenida quirúrgicamente el 22 de junio de 2019, persistiendo dolor lumbar con irradiación a muslos, compatibles con molestias inflamatorias facetarias. Varios informes son consistentes en señalar un pronóstico de reintegro incierto. Por otro lado, el informe consigna la epicrisis que da cuenta de la mencionada cirugía, exámenes imagenológicos, certificación de inicio de trámite de calificación de invalidez y un dictamen de invalidez rechazado que determinó un menoscabo en su capacidad de trabajo del 34%.

De este modo, teniendo especialmente en consideración la extensión del reposo en cuestión, no cabe sino concluir que la recurrente padece alteraciones de curso crónico y que por tanto no son susceptibles de recuperarse mediante reposo, resultando improcedente entonces una eventual prolongación del reposo más allá de aquel que consta previamente autorizado, ya que dicha indicación perdió su rol terapéutico. Al respecto, se debe tener presente que la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es permitir que aquel trabajador afectado por una incapacidad temporal pueda ausentarse de su actividad laboral habitual con el fin de recuperar su salud y reincorporarse laboralmente.

Que, en tal sentido, no puede perderse de vista que tratándose de una incapacidad laboral de carácter permanente, lo que nuestro sistema de seguridad social contempla es la posibilidad que el trabajador afectado solicite la evaluación de su grado de menoscabo en su capacidad de trabajo, a fin de determinar si corresponde -o no- otorgar pensión de invalidez, según lo establece el artículo 4° del D.L. N°3.500, de 1980, lo que en el caso de la recurrente ya ocurrió, rechazándose su solicitud de declaración de invalidez, dictamen y fundamentos contenidos en Resolución Exenta N° R-01-F-126540-2022, de fecha 20 de septiembre de 2022.

Con todo, cabe destacar a SS. Iltma. que mediante la Resolución Exenta R-01-IBS-176115-2021, de fecha 22 de diciembre de 2021, esta Superintendencia no dio lugar a la reclamación presentada por la Sra. nombre reservado, confirmándose lo resuelto por la Subcomisión Cautín, en orden a rechazar las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 300 días, a contar del 05 de diciembre de 2020, por reposo injustificado.

En tal sentido, consta que se interpuso una acción de protección en contra del citado pronunciamiento, donde la llma. Corte de Apelaciones de Temuco, mediante fallo de fecha 04 de abril de 2022, acogió la referida acción de protección (Ingreso Corte N° 300-2022), declarándose que este Organismo debe ordenar a la COMPIN respectiva, evacuar un nuevo informe médico respecto de la dolencia que da cuenta el recurso, a fin de que sea remitido a esta Superintendencia para que pueda pronunciarse nuevamente sobre la procedencia del reposo correspondiente a las licencias médicas singularizadas precedentemente, en base al resultado de dicho informe.

En virtud de lo anterior, la Subcomisión Cautín remitió el informe evacuado al efecto, de fecha 25 de agosto de 2022, el cual ha sido estudiado por los profesionales de este Organismo, junto a los demás antecedentes disponibles, concluyéndose que corresponde mantener el rechazo de las licencias médicas reclamadas, basándose en las siguientes consideraciones:

En primer término, el informe consigna que la recurrente presenta reposo continuo por similar causa desde el 09 de marzo de 2016 a la fecha, acumulando así un total de 1732 días autorizados. Asimismo, se advierte del informe de fecha 29 de junio de 2021, que la recurrente fue intervenida quirúrgicamente el 22 de junio de 2019, persistiendo dolor lumbar con irradiación a muslos, compatibles con molestias inflamatorias facetarias. Varios informes son consistentes en señalar un pronóstico de reintegro incierto. Por otro lado, el informe consigna la epicrisis que da cuenta de la mencionada cirugía, exámenes imagenológicos, certificación de inicio de trámite de calificación de invalidez y un dictamen de invalidez rechazado que determinó un menoscabo en su capacidad de trabajo del 34%.

De este modo, teniendo especialmente en consideración la extensión del reposo en cuestión, no cabe sino concluir que la interesada padece alteraciones de curso crónico y que por tanto no son susceptibles de recuperarse mediante reposo, resultando improcedente entonces una eventual prolongación del reposo más allá de aquel que consta previamente autorizado, ya que dicha indicación perdió su rol terapéutico. Al respecto, se debe tener presente que la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es permitir que aquel trabajador afectado por una incapacidad temporal pueda ausentarse de su actividad laboral habitual con el fin de recuperar su salud y reincorporarse laboralmente.

En tal sentido, no puede perderse de vista que tratándose de una incapacidad laboral de carácter permanente, lo que nuestro sistema de seguridad social contempla es la posibilidad que el trabajador afectado solicite la evaluación de su grado de menoscabo en su capacidad de trabajo, a fin de determinar si corresponde -o no- otorgar pensión de invalidez, según lo establece el artículo 4° del D.L. N°3.500, de 1980, lo que en el caso de la interesada ya ocurrió, rechazándose su solicitud de declaración de invalidez puesto que si bien se determinó que las lesiones que presenta corresponden a una patología crónica e irreversible, no tienen un carácter invalidante considerando la capacidad residual de trabajo que mantiene.

A mayor abundamiento, cabe precisar que la primera solicitud presentada al efecto fue rechazada mediante dictamen ejecutoriado con fecha 20 octubre de 2020, el cual definió un menoscabo en su capacidad de trabajo del 34%. Posteriormente, inició un segundo trámite de invalidez, el cual también fue rechazado mediante dictamen que quedó ejecutoriado el 05 de enero de 2022, determinándose el mismo porcentaje de menoscabo en su capacidad de trabajo (34%). Finalmente, hubo un tercer trámite de calificación de invalidez con idéntico resultado (ejecutoriado el 27 de julio de 2022). Lo anterior de suyo implica que los peritos especialistas de la Comisión Médica de la Superintendencia de Pensiones han efectuado reiteradas evaluaciones, estudios, exámenes físicos y funcionales, además de estudios de apoyo, ratificándose que las lesiones presentadas son de carácter crónico e irreversible, pero no invalidantes, razón por la cual se rechaza otorgar el beneficio de la pensión de invalidez en este caso, considerando la capacidad residual de trabajo que mantiene la recurrente.

Todo lo anterior llevó a concluir que el reposo en cuestión resulta injustificado, circunstancia consistente con lo ya resuelto por este Organismo, dictamen y fundamentos contenidos en Resolución Exenta N° R-01-F-126539-2022, de fecha 20 de septiembre de 2022. Que, no obstante, lo referido, resulta necesario esclarecer cual es el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente Acción de Protección.

En nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad. Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, como ya se señaló, ella puede ser permanente o transitoria.

Para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS).

Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado LICENCIA MÉDICA, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.

En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.

En virtud del artículo 156 del mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

La licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez -Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud -Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”.

Como se ha expuesto y de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

En este orden de ideas, sin perjuicio de las facultades que establece el artículo 21º del Decreto Supremo Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, los profesionales médicos de esta Superintendencia analizaron los elementos del caso en concreto, concluyendo que estos por si solos son más que suficientes para formarse una convicción médica, sin ser indispensable para su decisión la solicitud nuevos informes médicos.

Así entonces y, como se desprende de la relación que se ha realizado en este escrito, la actuación de esta Superintendencia, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

En efecto, como SS. Iltma., muy bien conoce, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

A su vez, el artículo 3º de la Ley N° 16.395, que regula su funcionamiento orgánico, dispone que “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”. El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

En este mismo sentido, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”.

Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N°20.585, mi representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA), descartando, en los hechos, cualquier actuación de carácter ilegal o arbitrario por parte de la Superintendencia de Seguridad Social.

Sin perjuicio de lo ya señalado, cabe hacer presente a SS. Iltma. Que, como ya se adelantó al comienzo de este informe, la pretensión de la recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento legal de acuerdo con los antecedentes y preceptos legales que se han expuesto, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “… sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. En el caso de la recurrente claramente su derecho a licencia médica y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de esta Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.

Por su parte, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, mi representada se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido, en la especie, vulneración o amenaza al derecho a la vida e integridad física y psíquica, ni menos se ha infringido o vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocidos a todas las personas en el artículo 19 N°s 1 y 24 de la Constitución Política de la República, como tampoco ningún otro derecho garantizado por la referida Carta Fundamental.

A mayor abundamiento, el solo otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN). Ciertamente, en este punto la autorización de la licencia médica se determina por el organismo administrador de este derecho de acuerdo con los antecedentes del caso. Para ello es necesario que se constate, primero la existencia de una enfermedad o accidente y, en segundo término, que esta enfermedad o accidente cause incapacidad laboral temporal, razón por la que el trabajador deberá ausentarse de su trabajo por un lapso determinado.

2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente (D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y D.F.L. N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social).

En concordancia con lo expuesto, el artículo 17 del ya citado reglamento, dispone que: “Autorizada la licencia médica o transcurridos los plazos que permitan tenerla por autorizada, esta constituye un documento oficial que justifica la ausencia del trabajador a sus labores o la reducción de su jornada de trabajo, cuando corresponda, durante un determinado tiempo y puede o no dar derecho a percibir el subsidio o remuneración que proceda, según el caso”.

Por lo expuesto, no existe como pretende la recurrente, derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con licencias médicas autorizadas, cuestión que como se ha señalado no media en la especie.

Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador. Esta conclusión es a todas luces inaceptable.

Con todo, atendido las consideraciones expuestas, se descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal por parte de mi defendida, ya que, en los dictámenes aludidos, se exponen detalladamente las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado. No se trata pues, de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que DEL ESTUDIO Y PONDERACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE SE HAN SEÑALADO, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en este Organismo de Control.

Solicita, en subsidio de las anteriores peticiones y para el improbable evento que alguna de ellas no sea acogida, tener por evacuado el informe requerido respecto de la Acción de Protección interpuesta en favor de doña nombre reservado, solicitando sea desestimada en todas sus partes con expresa condena en costas.

Acompaña a su presentación copia del expediente administrativo, relativo al caso de la recurrente de autos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, la acción constitucional de protección de garantías constitucionales contemplada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción protección en materias de seguridad social, se rechazará la misma dado que, se deprende del mérito del recurso que la garantía eventualmente vulnerada no es aquella del numeral 19 N°18 de la Constitución Política, sino aquella comprendida en los números 1 y 24 de dicho artículo 19 de la Constitución Política de la República, como se desprende de los fundamentos fácticos del recurso, en el que aparece meridianamente claro que con el rechazo del pago de la licencias médica se ha visto vulnerado el patrimonio y la integridad psíquica de la recurrente, derechos que sí se encuentran tutelados por el recurso que se ejerce.

TERCERO: Que, en cuanto al fondo, se debe tener presente que la recurrente ha interpuesto un recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social porque, en definitiva, por RESOLUCION EXENTA N°R-01-UME-130044-2022, emitida en Santiago, con fecha 24/09/2022, le comunica que “confirma el rechazo de las licencias médicas extendidas en su favor N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado; por un total de 90 días, a contar del 30 de Diciembre de 2021.

Además, recurre contra la misma Superintendencia por la dictación de:

b) RESOLUCIÓN EXENTA N°R-01-F-126540-2022, emitida en Santiago, con fecha 20/09/2022, REF.: Licencia médica. Cumplimiento de resolución. Acción de Protección, Rol N°14467-2022, de la llma. Corte de Apelaciones de Temuco. Confirma rechazo que indica en cumplimiento de fallo. Cuyo contenido no hace más que reproducir los hechos ya conocidos en la causa de protección primitiva, señalando las posibilidades de evaluación que contempla el sistema de salud, agregando en su parte final que “los peritos especialistas de la Comisión Médica de la Superintendencia de Pensiones han efectuado reiteradas evaluaciones, estudios, exámenes físicos y funcionales, además de estudios de apoyo, ratificándose que las lesiones presentadas son de carácter crónico e irreversible, pero no invalidantes”, situación que, en ningún caso cumple con el estándar de fundamentación impuesto ni tampoco cumple estrictamente lo dispuesto por esta Iltma. Corte.

c) RESOLUCIÓN EXENTA N°R-01-F-126539-2022, emitida en Santiago, con fecha 20 / 09 / 2022, REF.: Licencia médica. Cumplimiento de resolución. Acción de Protección, Rol N°300-2022, de la llma. Corte de Apelaciones de Temuco y que confirma rechazo que indica en cumplimiento de fallo. Que utiliza mismo escrito, fundamentos y razonamientos señalados en la letra b) antes detallada. 4.- Que, la Administración a través de la Superintendencia aludida, rechaza las licencias estimando que, respecto de mi representada no se justifica su decisión, máxime si no cumple con lo dispuesto en las causas de protección referidas. Se ordenó encargar un nuevo informe, lo que supone evidentemente, una nueva evaluación por los profesionales a quienes corresponda informar. Sin embargo, la recurrida mañosamente, encarga un nuevo informe con los antecedentes que ya contaba, con lo que simplemente, se desatendió lo resuelto y el buen sentido.

CUARTO: Que, resulta relevante precisar que, este recurso, se erige en contra de la Resolución Exenta N°R-01-UME-130044-2022, emitida en Santiago, con fecha 24/09/2022, que resolvió confirmar el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, por 90 días a contar del día 01 de octubre de 2021, se limita a explicar que los hace sólo por estimar que el reposo prescrito por las mencionadas licencias médicas, no se encontraba justificado, conclusión que se basa en que los estudios clínicos adjuntos, evidencian lesiones de carácter crónico e irreversible, por lo tanto no se justifica la prolongación del reposo más allá del periodo previamente autorizado.

QUINTO: Que, del mérito de los antecedentes expuestos, no cabe duda que, la argumentación otorgada por la recurrida devela la obligación que -a su juicio- pesaría sobre el paciente de demostrar ella la viabilidad de su reposo temporal.

Sin embargo, esta Corte no puede estimar tal argumentación que, sin duda, pone de cargo de la recurrente buscar uno y otro profesional del área, que sea de confianza de la recurrida y, pagando sus servicios, obtenga un informe que ratifique el diagnóstico otorgado por su médico tratante.

Para el análisis de las licencias, preciso es señalar que, el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud dispone que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1°).

Luego, el artículo 16 del citado cuerpo normativo regula que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Enseguida, agrega que “Sin perjuicio de lo anterior la Compin, podrá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”

Por su parte, el artículo 24 del mismo texto sostiene, en lo pertinente que, en el caso de que “…sea necesario un nuevo examen del trabajador o solicitar informes o exámenes complementarios para pronunciarse sobre la misma, el plazo se prorrogará por el lapso necesario para el cumplimiento de esas diligencias, el que no podrá exceder de 60 días, decisión que deberá ser comunicada al trabajador y al empleador.”

De todo lo anterior, fluye con prístina claridad, que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste, siendo improcedente, a juicio de estos sentenciadores, esgrimir como argumentos de rechazo la falta de antecedentes aportados por el propio paciente.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “…la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que, los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez de este. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

SEXTO: Que, con lo dicho, sólo es posible concluir que la argumentación otorgada al paciente por la recurrida, escapa a los márgenes de sus facultades y al expreso mandato legal, dejando al paciente en una situación compleja, en que debe ser éste quien procure nuevos exámenes, siendo aquello una obligación que la propia ley pone de cargo del organismo que analiza su contenido, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación de rechazo de las licencias dada en este asunto, es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por la propia institución y que echen por tierra las recomendaciones médicas que las precedieron.

SÉPTIMO: Que, este actuar de la recurrida atenta evidentemente contra las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 2, 3 inciso 4° y 24; la primera pues, atenta contra la igual ante la Ley; la segunda, porque la Superintendencia de Seguridad Social, se transforma en una comisión especial, que juzga y decide conforme a su convicción; y en tercer lugar, por cuanto al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio de la recurrente, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud mental.

OCTAVO: Que, la decisión adoptada por la recurrida no se apoya en ningún elemento de convicción que la avale, más allá de la insuficiencia de los antecedentes para hacer variar lo resuelto, como tampoco hace mención a otros factores objetivos que corroboren el dictamen a que arribó, en cuanto a que la patología que padece y que la incapacitaría para trabajar, no es susceptible de revertirse, configurándose probablemente una incapacidad permanente, carencias que la privan de contenido, sin que sea dable discernir que aquélla se basta a sí misma si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender la razón por la cual se le niega el derecho al reposo prescrito. Del mismo modo es contradictorio argumentar que las patologías son irrecuperables y que el reposo es prolongado.

NOVENO: Que, como se desprende de lo anteriormente consignado, la Superintendencia de Seguridad Social al actuar de esa manera, no se ajustó a la legalidad vigente, desde que no justificó ni desvirtuó debidamente, debiendo haberlo hecho, la incapacidad laboral temporal diagnosticada por el médico tratante, de manera que los fundamentos plasmados en la ya citada resolución, que resuelve la reclamación de la resolución de las licencias médicas, resulta insuficiente para resolver el rechazo y no otorgar el pago de las mismas.

En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido a la paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, aparece injustificada y arbitraria ya que, los componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para objetivar el diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera determinación de los entes recurridos, con la subsecuente falta de pago de las licencias médicas correspondientes, puesto que, como a toda la Administración, la vincula el principio de exhaustividad al reunir los antecedentes en que basará su decisión.

DÉCIMO: Que, de acuerdo con lo antes relacionado, el proceder de la recurrida resulta además arbitrario, por cuanto la resolución que confirma el rechazo de las licencias médicas, no señala pormenorizadamente los antecedentes que se tomaron en consideración para resolver como se hizo y no se encuentra debidamente motivada.

DÉCIMO PRIMERO: Que, de esta manera, se vulnera el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, así como el derecho a la propiedad, por lo que corresponde acoger la acción intentada y disponer la protección solicitada como se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, de esta manera, se advierte que la negativa de las licencias médicas esgrimida por la parte recurrente implica de parte de la autoridad el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene derecho, al ejercitar sus prerrogativas, en concreto, si como en este negocio se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas.

DÉCIMO TERCERO: Que, en cuanto a los otros actos recurridos, esto es las b) RESOLUCIÓN EXENTA N°R-01-F-126540-2022 y RESOLUCIÓN EXENTA N°R-01-F-126539-2022, que fueron dictadas en cumplimiento de las sentencias dictadas en los recursos de protección Rol 300-2022; y Rol 14.467-2022, de esta Corte de Apelaciones, dichos actos administrativos corresponden sean revisados y efectuadas las alegaciones que correspondan, en los recursos de protección a que hacen referencia, por lo que no corresponde emitir, con ocasión de este recurso, emitir sobre aquellos.

Por estas consideraciones y de conformidad, igualmente, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se declara:

1.- SE RECHAZA, la alegación de improcedencia planteada la Superintendencia de Seguridad Social, por lo motivos expuestos en lo considerativo.

2.- Que SE ACOGE el recurso de protección, debiendo la Superintendencia de Seguridad Social disponer el inmediato pago de las licencias médicas N°s RUT reservado; RUT reservado; y RUT reservado.

Redacción a cargo del abogado integrante Sr. Roberto Fuentes Fernandez.

Regístrese, comuníquese, agréguese a la carpeta digital y archívese en su oportunidad.

Rol 43.649-2022(ela)