DIAGNÓSTICOS CLÍNICA ALEMANA DE TEMUCO LIMITADA con SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA

C.A. de Temuco Temuco, veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro.

VISTO:

A folio N°1 comparece EDUARDO BELMAR GARCÍA, abogado, en representación de DIAGNÓSTICOS CLÍNICA ALEMANA DE TEMUCO LIMITADA, interpone recurso de protección en contra de la empresa SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA representada legalmente por don nombre reservado.

I.- LOS HECHOS:

A.- Requerimiento de la actora respecto a eliminación de publicación de morosidad:

El 30 de enero de 2024, su representada, a través de uno de sus abogados comparecientes, solicitó a la recurrida Servicios Equifax Chile Limitada, mediante sus canales formales de comunicación (correo electrónico: correo reservado), la eliminación de la publicación existente en la base de datos de acceso público que dicha empresa mantiene y que está relacionada con la morosidad en el pago la factura N° 2547 por la suma de $28.393.400.-.

La factura antes señalada fue emitida el 09 de marzo de 2022 a su representada, Diagnósticos Clínica Alemana De Temuco Limitada, por la empresa Corporación GKG SpA y cedida a la empresa Servicios Financieros Progreso S.A. a pocas horas después de su emisión.

Servicios Financieros Progreso S.A., solicitó a la recurrida la publicación de la mencionada factura N°2547, por no pago de la misma.

Hace presente que el no pago se debe a que la factura señalada fue forjada de manera ilícita, hechos que se detallan más adelante.

B.- Fundamentos señalados a la recurrida en la solicitud de eliminación de publicación de morosidad.

Dentro de los argumentos expuestos, mediante carta formal dirigida a la recurrida, su representada solicitó la eliminación por los siguientes motivos:

(i) Por tratarse de documento -esto es, factura- que no admite comunicación, conforme normativa de la Ley 19.628;

(ii) Por haberse efectuado dicha publicación sin la autorización expresa de mi representada, sobre la base del mismo cuerpo normativo, y;

(iii) Por haberse forjado dicho documento en forma fraudulenta, pues Diagnósticos Clínica Alemana de Temuco Limitada, además, no tiene ni ha tenido jamás relación comercial alguna con la empresa emisora de dicho documento, conforme acciones judiciales que se acreditan.

Respecto a este último punto, en su presentación, se explicó detalladamente como, a través de actos ilícitos e ilegítimos y, por cierto, dolosos, se forjó el año 2022, un documento falso -la factura N°2547- por parte de la empresa Corporación GKG SpA -persona jurídica que nunca ha tenido relación jurídica o comercial con mi representada. Se agregó que la falsa factura se gestó con el único fin de hacerse de dineros ilegítimamente, con un modus operandi que denota abiertamente un ánimo protervo, ya que tan solo horas después de ser emitida, esta fue cedida a un factoring -Servicios Financieros Progreso S.A.- quien, ante el no pago de la misma, solicitó la publicación de la morosidad en el mencionado registro.

Asimismo, se le explicó a la empresa recurrida Servicios Equifax Chile Limitada que dicha factura, junto con muchas otras, fue parte de una acción delictual llevada a cabo por terceros, en complicidad con un ex empleado de una de las empresas coligadas de su representada. Estos individuos emitieron, aceptaron y luego cedieron documentos en perjuicio de su representada y sus empresas coligadas. Se indicó, además, que todos estos hechos están siendo investigados en una acción penal actualmente en curso ante la Fiscalía Local de Temuco.

Como antecedente decisivo, se señaló que, con fecha 8 de junio de 2022, y debido a ilegítimas publicaciones de morosidad involucradas en el fraude antes mencionado, la recurrida Servicios Equifax Chile Limitada había accedido a eliminar una publicación de morosidad que afectaba a Diagnósticos Clínica Alemana de Temuco Limitada, por argumentos idénticos a los presentados en la nueva solicitud que se les formuló. Se acompaña en otrosí la respuesta de Servicios Equifax Chile Limitada en la que accede a la eliminación de la morosidad recién aludida. La recurrida asigno al caso el N°39191207.

II.- DEL ACTO U OMISION ARBITRARIA O ILEGAL QUE MOTIVA LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO El 24 de abril de 2024 y luego de casi 4 meses desde la formulación de la solicitud de eliminación, la empresa recurrida Servicios Equifax Chile Limitada, por medio de la ejecutiva doña nombre reservado- Consumer Service Analyst Senior, dio respuesta, vía correo electrónico, negando la eliminación de la publicidad de la morosidad de la factura N°2547, aduciendo que “la comunicación de la factura está en regla y conforme a la legislación vigente, al encontrarse correctamente emitida, irrevocablemente aceptada al no haber sido rechazada dentro de plazo señalado en la Ley N°19.983, encontrándose la cesión de crédito perfeccionada y la factura pendiente de pago a la fecha”

Pues bien, la negativa a eliminar la publicación de morosidad se erige en una acto ilegal y arbitrario, que habilita interponer esta acción constitucional con la finalidad que esta magistratura intervenga y adopte medidas urgentes que pongan pronto remedio a esta perniciosa situación que afecta a su representada.

En términos generales, la factura es un documento formal que sirve de comprobante de las ventas realizadas y de los servicios prestados. Más específicamente, la factura constituye un comprobante de los objetos, artículos, productos o servicios incluidos en la operación; de las personas que participan en ella; del hecho de haberse adquirido los bienes o servicios; y de la forma de pago pactada y, por lo mismo, su elaboración, utilización, emisión y entrega, debe cumplir ciertas formalidades legales.

Así, dicho documento debe emitirse una vez realizada la venta o prestado el servicio, debiendo siempre quedar consignado en la misma el valor total de la operación y el impuesto con que este debe recargarse, en su caso.

Claramente, en este caso no estamos frente a una “factura” en los términos previstos en la ley, ya que ello supondría que hubo una venta o se prestó un servicio, lo cual no es efectivo; que las partes están relacionadas comercial o jurídicamente, lo que no es cierto; que se pactó un precio y forma de pago, lo que no se corresponde con la realidad, ya que el documento que aparenta ser una “factura” es en definitiva un “efecto de un delito” forjado por inescrupulosos para hacerse de dineros mediante la factorización de documentos falsos y así perjudicar a mi representada en particular y al mercado en general.

El asunto se torna más grave si se considera que la recurrida Servicios Equifax Chile Limitada ya estaba en conocimiento de los delitos que se cometieron en contra de mi representada Diagnósticos Clínica Alemana de Temuco Limitada y tanto es así que con idénticos antecedentes había eliminado una publicación de morosidad anterior, creando así una situación de derecho en relación con las facturas -efectos del delito- que debe continuar y cuyas consecuencias jurídicas no pueden ser modificadas o extinguidas a su antojo; esto es, no puede mantener la publicación de morosidad en este caso si antes eliminó la publicación en una factura también efecto del delito.

En el fondo, estamos hablando de buena fe, de ser consecuentes con nuestro obrar, de dar certeza a las relaciones y de proteger a los actores que obran bien.

Sin una “factura” legítima, la publicación de su morosidad transgrede la normativa legal a que está sujeta la recurrida Servicios Equifax Chile Limitada, y, por tanto, continuar con la publicación de una información comercial que daña el prestigio de la recurrente Diagnósticos Clínica Alemana de Temuco Limitada -puesto que le atribuye una calidad de morosa en el pago de una obligación que se corresponde con un efecto de un delito y, por lo tanto, se trata de un dato que no puede ser objeto de publicidad-, se erige en un acto ilegal y arbitrario que debe cesar inmediatamente ya que de hecho ha causado, causa y seguirá causando perjuicios en la actividad comercial de mi mandante que se caracteriza por ser una persona jurídica cumplidora de sus obligaciones.

Es precisamente el actuar de la recurrida, materializada en el acto de comunicación de negativa de eliminación de la publicación, por motivos que no guardan relación con la legitimidad del acto de la publicación, sino que más bien se relacionan con la legitimidad de la cesión del documento publicado, el que constituye, como se expondrá a continuación una vulneración clara, y reconocida por nuestra jurisprudencia de las garantías constitucionales que en detalle se expondrán a continuación.

III.- IILEGALIDAD DEL ACTUAR DE LA RECURRIDA Y VULNERACION DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES CON EL ACTUAR DE EQUIFAX a) Ilegalidad del acto. Falta de Requisito de consentimiento expreso del deudor para proceder a la publicación. - Las facturas requieren del consentimiento del deudor, en este caso, su representada, para publicadas.

El artículo 4° de la Ley 19.628 dispone que: “El tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello. La persona que autoriza debe ser debidamente informada respecto del propósito del almacenamiento de sus datos personales y su posible comunicación al público. La autorización debe constar por escrito. La autorización puede ser revocada, aunque sin efecto retroactivo, lo que también deberá hacerse por escrito”.

Dicha autorización no existió en el caso de la factura cuya eliminación de publicación fue solicitada a la recurrida, siendo por tanto ilegal su actuar conforme la normativa citada.

b) Ilegalidad del acto. Inexistencia de norma que habilite publicación de morosidad. La factura no está dentro de los documentos cuya morosidad puede ser publicada, sin autorización del deudor. - Si bien es cierto que esta misma norma señala que no será necesaria dicha autorización cuando los datos personales “…sean de carácter económico, financiero, bancario o comercial…, no es menos cierto que a continuación el artículo 17 de la Ley 19.628, como veremos, impone una limitación a esta excepción, al enumerar de manera taxativa aquella información de carácter económico, financiero, bancario o comercial que se puede comunicar.

Expuesto lo anterior, es dable la conducta de la recurrida es también ilegal desde el momento en que publica una obligación que emana de una factura, esto es, de un documento distinto a aquellos que la ley autoriza a publicar. Ello, como se dijo previamente, pese a no contar además con la autorización del titular conforme ordena la norma.

El artículo 17 de la Ley 19.628 impone una clara limitación al derecho de publicar información de carácter económico, financiero, bancario o comercial sin autorización del respectivo titular. Esta limitación se constituye en exigir que dicha información conste en letras de cambio y pagares protestados; cheques protestados por falta de fondos, por haber sido girados contra cuenta corriente cerrada o por otra causa; como asimismo el incumplimiento de obligaciones derivadas de mutuos hipotecarios y de préstamos o créditos de bancos, sociedades financieras, administradoras de mutuos hipotecarios, cooperativas de ahorros y créditos, organismos públicos y empresas del Estado sometidas a la legislación común, y de sociedades administradoras de créditos otorgados para compras en casas comerciales.

En este sentido, la propia Corte de Apelaciones de Temuco ha fallado: “Que, la norma señalada (art. 17 Ley 19.628) no menciona expresamente a las facturas como documentos mercantiles que pueden motivar tal comunicación, por lo que haber requerido y efectuado la publicación relativa al no pago de tales documentos, importa una clara transgresión a la norma, configurándose, por ende, una infracción legal.” (Protección N°1586-2017).

Así, al haberse publicado una obligación, proveniente de un documento distinto a los enumerados en el artículo 17 señalado y además falso, como se señaló en acápites previos, resulta evidente que EQUIFAX ha actuado de manera ilegal.

IV.- LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.

Para el caso que la recurrida de autos se excepcione con la ya rebasada excepción de que a mi representada en su calidad de persona jurídica, no le son aplicables las disposiciones invocadas y relacionadas con la ley sobre protección de la vida privada, hago presente que, en la actualidad, tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema, reconocen legitimación activa a las personas jurídicas para recurrir de protección frente a los actos objeto de este recurso.

Lo anterior encuentra su fundamento en normas de rango constitucional, tal como el artículo 19, en cuanto señala que “La Constitución asegura a todas las personas” y luego enumera los derechos que son asegurados por ella.

Luego, el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica, concede la acción de protección a toda persona que “por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1, 2, 3 inciso quinto, 4, 5, 6, 9 inciso final, 11, 12, 13, 15, 16 en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19, 21, 22, 23, 24 y 25 podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

A mayor abundamiento, es el propio artículo 9° de la ya citada ley 19.628, la que de forma explícita se refiere a las personas jurídicas, protegiendo a ambas por igual.

En efecto, señala: “Los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público. En todo caso, la información debe ser exacta, actualizada y responder con veracidad a la situación real del titular de los datos. Prohíbase la realización de todo tipo de predicciones o evaluaciones de riesgo comercial que no estén basados únicamente en información objetiva relativa a las morosidades o protestos de las personas naturales o jurídicas de las cuales se informa. La infracción a esta prohibición obligará a la eliminación inmediata de dicha información por parte del responsable de la base de datos y dará lugar a la indemnización de perjuicios que corresponda”.

Por todo lo expuesto resuelta plenamente valido que, en ejercicio de la protección de dichos derechos su representada interponga la presente acción de protección contra el acto ilegal de haber sido rechazada la eliminación de la publicación de la factura 2547 emitida ilegalmente contra mi representada por la empresa Corporación GKG, y que fuera de manera inmediata e ilícita, cedida al factoring por mercaderías jamás entregadas respecto de una empresa que tampoco nuca mantuvo ningún tipo de relación comercial con la actora.

V.- GARANTÍAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS:

1.- Artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República.

Sin duda la publicación de la morosidad de un documento (i) no permitido conforme la normativa invocada previamente ( artículo 17 Ley 19.628), como lo es la factura, sin contar con la autorización el expresa del deudor ( artículo 4° ley 19.628) , y tratándose además de una factura falsa, efecto de un delito, afecta el derecho a la honra manifestado en el prestigio comercial de mi representada Diagnósticos Clínica Alemana de Temuco Limitada; también lo es, sin duda, la ilegal y arbitraria reticencia de la recurrida para proceder a la eliminación de tal publicación, ya que con dicha omisión hace perdurar en el tiempo la privación de la garantía constitucional que se invoca en este título generando perjuicio innecesarios a la actividad comercial de mi mandante.

En la doctrina nacional, sobre este punto se ha pronunciado el profesor nombre reservado señalando que los titulares de los derechos humanos y fundamentales consagrados en el artículo 19 de la CPR son las personas sometidas al ordenamiento jurídico chileno, sean “naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de derecho público o privado, domiciliadas o transeúntes. Incluso más, la norma abarca, pero con la advertencia expuesta, a los entes morales o carentes de personalidad jurídica”.

Por su parte el profesor nombre reservado, sostiene que cuando la Constitución asegura derechos a todas las personas se incluiría “a las personas jurídicas, poniendo término a un debate que sobre la titularidad de derechos de éstas últimas se había planteado en varias ocasiones” tal y como se abordó en acápites anteriores.

Siendo indiscutible que una persona jurídica “no puede sufrir”, ello no la priva del reconocimiento que el derecho le hace de toda una gama de atributos que los seres humanos también comparten, que se estiman inherentes a la personalidad en sí y son indispensables para un pleno y libre desarrollo en una sociedad, como el domicilio, el nombre, la imagen o el honor.

Por cierto, un ataque a la reputación de una persona jurídica no tiene ninguna relevancia subjetiva para un ente que no posee sentimientos y no tiene estima sobre sí mismo. Pero ello no impide que objetivamente exista una lesión en la realidad que afecta a la persona jurídica en la percepción que terceros tienen sobre esta, la que se erosiona como resultado de una conducta imputable a culpa o dolo de una persona autora del daño o bien una conducta ilegal y arbitraria como es en este caso. Negar este aspecto de las personas jurídicas -inexistencia de honor/prestigio/reputación- degradaría el concepto mismo de personalidad; esta quedaría reducida solamente a un patrimonio con independencia de los complejos e indivisibles factores que la componen.

Y no podría ser de otra forma, ya que los registros de comportamiento comercial son un eje esencial del actuar comercial de los sujetos del mercado -personas naturales o jurídicas-; de ahí que, una publicación de morosidad es una certera puñalada al prestigio comercial que tiene incidencia cierta en el quehacer económico, daña los negocios, impide obtener créditos, acelera deudas, impide contratar con el Estado, en fin, es un acto de los más dañinos para quien no ha incurrido en incumplimiento de obligaciones, como es en este caso.

Y para la jurisprudencia de los tribunales también es un hecho pacífico el que las personas jurídicas tienen atributos que merecen ser protegidos; uno de ellos, el prestigio comercial. Ver sentencia ICA Santiago. Rol 14.058-2016. Indemnización de perjuicios. Daño moral personas jurídicas. Atentado a nombre y reputación de persona jurídica puede ser reparado; mas no a sentimientos de afección, persona jurídica incapaz de tenerlos, carece de corazón.

En consecuencia, la publicación de morosidad de una “factura falsa” es un daño a la reputación de su representada Diagnósticos Clínica Alemana de Temuco Limitada, y habilita a interponer la presente acción constitucional y requerir de V.S.I. el amparo respectivo.

2.- Artículo 19 N°21 de la Constitución Política de la República.

Como ha señalado el Excmo. Tribunal Constitucional, esta garantía constitucional se refiere al ejercicio de una libertad o derecho de contenido negativo, es decir, cuya sustancia consiste en que los terceros (el Estado o cualquier otro sujeto) no interfieran, priven o embaracen la facultad del titular para desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, el orden público o la seguridad nacional. (STC 513 cc. 19 y 20 y en el mismo sentido, STC 3086 c. 30).

En este caso, la recurrida Servicios Equifax Chile Limitada, en tanto tercero, también es sujeto pasivo del mandato constitucional de abstenerse de interferir, privar o embarazar la facultad de su representada para desarrollar cualquier actividad económica lícita; y, por tanto, su reticencia a eliminar la publicación de una factura falsa, no publicable, conforme normativa legal y que no cuenta con la autorización expresa del deudor, sin duda se erige en una privación cierta, real, actual y que perdura en el tiempo de la garantía constitucional de la actora para actuar en la vida comercial de forma impoluta en cuanto a su comportamiento comercial.

De hecho, mantener la publicación de morosidad de una factura falsa, efecto de un delito, implica en los hechos sostener que la ley permite que una actividad dolosa pueda ser fuente legítima de lucro para la recurrida -ya que la publicación de la morosidad implico ingresos en su patrimonio- y ello pese a lo evidente que resulta que afecta bienes jurídicos de su representada que el legislador estima del caso proteger en defensa de la convivencia social.

Indica que debe ponderarse que la facultad de poder realizar toda actividad económica encuentra su límite en la moral, al orden público o a la seguridad nacional y la publicación de morosidad de un documento efecto de un delito sin duda trasunta en pasar por alto esos límites que como sociedad nos hemos impuesto.

3.- Artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Sin duda en el caso propuesto en la presente acción constitucional se afecta la esencia de este derecho de propiedad al privarse a su representada de su prestigio comercial al aparecer con publicaciones de morosidades que no se compadecen con la realidad. Cuidar el buen nombre es esencial en el orden económico chileno y tanto es así que las morosidades implican verdaderas clasificaciones negativas con incidencias en la banca -otorgamiento de créditos y/o aceleración de deudas-; con los terceros -impedimentos para contratar, participar en licitaciones públicas o privadas-; por lo que se priva a su titular -a su representada- de aquello que le es consustancial en el derecho de propiedad, de manera tal que deja de ser reconocible, ya que la mancha comercial constituye un impedimento cierto y una traba certera de usar, gozar y disponer del prestigio comercial para actuar en el mundo de los negocios.

En la medida que su representada se ha comportado durante toda su existencia de manera correcta, leal, cumplidora de sus obligaciones, su prestigio es un “derecho adquirido”; esto es, son aquellos que han entrado al patrimonio de una persona por haber realizado un hecho jurídico apto para producirlos al momento de la vigencia de la ley y, por tanto, la comunicación de una morosidad de una factura falsa cercena ese derecho adquirido de una forma cierta y real.

Como ha dicho el Excmo. Tribunal Constitucional: “La Constitución es clara al establecer el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes, incluido los incorporales. Así, hay propiedad sobre el crédito emanado de un contrato y también, desde el punto de vista del deudor, a la cuantía del precio -bien incorporal que consiste en no pagar más de lo pactado-. (STC 505 cc. 15 y 16; en el mismo sentido, STC 506 cc. 15 y 16, STC 7750 c. 34, STC 3406 c. 7).

Por lo tanto, la negativa y mantención de la publicación de morosidad de una factura falsa atenta en contra de esta Garantía Constitucional y habilita a deducir la presente acción Constitucional.

VI.- PLAZO:

Siendo la actuación ilegal y arbitraria de la recurrida su reticencia a eliminar la morosidad, lo que fue comunicado a su representada por correo electrónico de 24 de abril de 2024, se encuentra dentro del plazo legal para interponer la presente acción constitucional.

Pide declarar que el recurrido al publicar la factura en que la recurrente aparece como morosa, ha actuado en forma ilegal, perturbando y amenazando las garantías constitucionales previstas en los N.º 4 y 21 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, ordenándole a la recurrida que se abstenga de continuar publicando la factura N.º 2547 emitida por Corporación GkG SpA , por el monto de $28.393.400.- Acompañó los siguientes documentos: a) Solicitud de eliminación de publicación de morosidad de la factura 2547 por $28.393.400.- pedida a la empresa recurrida con fecha 30 de enero de 2024 y documentos anexos a la misma; b) Respuesta de la recurrida con negativa de proceder a la eliminación solicitada, comunicada por correo electrónico de 24 de abril de 2024; c) Solicitud de eliminación de publicación, por idénticos argumentos respecto de otra serie de facturas formuladas a la recurrida y respuesta de esta accediendo a dicha eliminación, todo ello del año 2022; d)

Informe comercial de la actora representada emitido por la empresa Dicom Equifax, en la cual consta la publicación de la morosidad de la factura 2547 a la que se ha hecho referencia en autos. - A folio N°9 evacua informe la recurrida SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

I.HECHOS Es necesario hacer presente que, dentro del giro de su representada, se procesa información aportada por comerciantes, industriales o profesionales asociados a la base de datos Boletín Electrónico Dicom (“BED”). Esta base de datos se confecciona con antecedentes proporcionados por los propios aportantes al sistema, como ocurre en el caso sub-lite, quienes se obligan contractualmente a lo siguiente:

• Entregar mensualmente o con la periodicidad que se convenga, en nómina escrita o medio magnético, los nombres de morosos y/o aclaraciones por pago, con indicación de los nombres y apellidos del deudor moroso, domicilio, monto adeudado, etc.

• Informar por escrito y oportunamente a Equifax las dudas que puedan plantearse respecto de los antecedentes entregados.

• Aclarar a requerimiento de Equifax, en un plazo que se determina contractualmente, cualquier consulta o reclamo relacionado con los registros ingresados, acompañando y/o remitiendo la documentación respaldatoria de la información proporcionada.

• El aportante es el único responsable de la exactitud de la información proporcionada.

Los aportantes deben informar a Equifax, en el instante que ello ocurra, los pagos, y/o regularizaciones de los registros, utilizando el portal BED. Para tales efectos, el aportante dispone de una clave de acceso o password secreta, de su exclusivo conocimiento y administración.

Todo lo anterior, consta en un contrato que Equifax suscribe con los aportantes de la información, el que detalla y establece contractualmente las obligaciones que asume cada una de las partes contratantes. De esta manera, el aportante de información asume la obligación de no ingresar al BED morosidades respecto de las cuales exista concesión de esperas, prórroga de plazo; contienda, recursos o acciones anteriores o posteriores a la entrega de la información; que consten en documentos reclamados o con más de 5 años contados desde la fecha de su exigibilidad. A mayor abundamiento, se estableció que el suscriptor o aportante de la información debe comunicar inmediatamente a Equifax las aclaraciones de las deudas morosas.

Aún más, el responsable del ingreso de información al portal BED es el aportante, por lo tanto, es quien asume contractualmente toda responsabilidad derivada del ingreso de datos inexactos, inexistentes, incompletos, erróneos o caducos.

No obstante lo ya señalado y efectuadas las revisiones correspondientes en su área de servicio de atención, es efectivo que la recurrente presentó cuatro requerimientos ante su representada:

Casos N° 481402-2668840694 / 481402-2668840815 / 481402-2668840830 Donde se solicitó la eliminación de:

• Factura N° 2390 por $63.383.565.- informada por aportante Factoring Security S.A.

• Factura N° 123 por $27.370.000.- informada por aportante Todofactoring S.A.

• Factura N° 59 por $41.055.893.- informada por aportante Primus Capital.

Dichas facturas fueron suspendidas del Boletín Electrónico Dicom, debido a que los aportantes no hicieron llegar los respaldos solicitados dentro de los plazos establecidos para tal efecto, así lo informa el mismo correo que adjuntó la recurrente como prueba.

Es más, el mismo correo, más abajo, indica que “si las entidades que publicaron las facturas envían respaldos suficientes para mantener la publicación, podría efectuarse una nueva publicación de la deuda.”

Hasta la fecha, los aportantes no han enviado los documentos solicitados, por lo que las 3 facturas individualizadas anteriormente aún se mantienen suspendidas.

Respecto al Caso N° 39191207 La recurrente solicitó la eliminación de la factura N°2547. Al igual que en los casos anteriores, Equifax solicitó los respaldos de la publicación al aportante Servicios Financieros Progreso, resultando que estos sí fueron enviados dentro de los plazos establecidos, adjuntando factura, registro de aceptación y reclamo de un DTE y certificado de anotación en el registro, todos del Servicio de Impuestos Internos. Revisados los antecedentes por la ejecutiva a cargo del caso, se pudo establecer que, al menos formalmente, los documentos cumplían con los requisitos de la Ley 19.983, ya que la factura no fue rechazada dentro del plazo de 8 días y la cesión de crédito se encontraba perfeccionada.

Respecto a las alegaciones referentes a la aplicación de la Ley 19.628, Equifax, más adelante, ahondará sobre la inaplicabilidad de la misma a la recurrente por su condición de Persona Jurídica.

Lo que dice relación al proceso penal seguido ante el Juzgado de Garantía de Temuco, RUC 2210015670-2. Revisados los antecedentes, la factura reclamada no es parte de la querella presentada, por lo que dicho proceso judicial no tiene relación alguna con la publicación de la factura N°2547.

Finalmente, el proceso judicial seguido ante el 2° Juzgado Civil de Temuco, causa Rol C-1819-2022, al momento de la interposición de la reclamación ante Equifax, revisados los antecedentes judiciales, sólo se podía determinar que el aportante Servicios Financieros Progreso se encontraba cobrando sus créditos, sin mediar excepciones ni oposiciones de fondo por parte de la recurrente.

Con todo, al momento de tomar conocimiento de la presente acción, Equifax efectuó nuevamente la revisión del proceso judicial señalando anteriormente, donde se pudo verificar que actualmente la recurrente interpuesto excepciones a la ejecución, las que se encuentran en período de prueba, hecho suficiente para acreditar la existencia de una contienda judicial entre las partes, por ello su representada, en cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales, ha efectuado la suspensión de la publicación reclamada en la presente acción.

En consecuencia, a la fecha del presente informe, no existe la deuda denunciada por el recurrente y que fue aportada a solicitud de su aportante Servicios Financieros Progreso Por lo anterior, se desprende que no existe acto ilegal ni arbitrario que pudiere imputarse a su representada, por cuanto Equifax ha obrado en todo momento, con estricto apego a sus obligaciones legales y contractuales motivos por los cuales, el recurso de protección deberá ser rechazado.

II.DERECHO Para que sea pertinente recurrir de protección deberían concurrir los siguientes requisitos copulativos: 1) acción u omisión ilegal o arbitraria; 2) que como consecuencia de ello se derive la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho; y 3) que ese derecho se encuentre comprendido entre los que en enumeración taxativa señala el artículo 20 de la Carta Fundamental. La presente acción no debiera prosperar porque no existe acción u omisión ilegal o arbitrario que el recurrente indica y no existe privación, perturbación o amenaza de derechos constitucionales.

Por su parte, el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción de tutela destinada a evitar las posibles consecuencias perniciosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias y/o ilegales, que priven, perturben o amenacen alguna, algunas o todas las garantías constitucionales expresamente señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado. (Considerando 1° fallo Corte de Apelaciones de Concepción causa Rol 81569 – 2022). Es por ello, que, en el caso de autos, se puede dilucidar que no existe ningún acto arbitrario e ilegal en el actuar de mi representada, quien en todo momento ha dado fiel cumplimiento a sus obligaciones legales y contractuales respecto a la acción entablada por el recurrente.

El ingreso de información es de exclusiva responsabilidad del aportante.

Tal como se ha señalado, el ingreso de la información de morosidades es de exclusiva responsabilidad de su aportante quien libera a Equifax de toda responsabilidad derivada del ingreso de datos inexactos, inexistentes, incompletos, erróneos o caducos. Equifax no está obligada a realizar un análisis previo de los antecedentes comerciales que publica, como un examen de razonabilidad de la deuda, pues esta obligación no recae en quien la publica sino en quien la informa para que sea publicada. Cita jurisprudencia.

Sobre la pérdida de oportunidad Indica que al momento de recepcionar la presente acción, revisó nuevamente los antecedentes judiciales respecto a la causa Rol C-1819-2022 seguida ante el 2° Juzgado Civil de Temuco, percatándose de la existencia una contienda judicial, puesto que el recurrente interpuso excepciones a la ejecución, por ello Equifax efectuó la suspensión de la factura reclamada.

En consecuencia, al momento de evacuar el presente, se adjunta informe de la recurrente, en el que se puede ver que la publicación materia del presente recurso ya no se encuentra vigente en su informe comercial, por lo que el presente recurso deberá ser rechazado por falta de oportunidad, por cuanto no existe ningún acto arbitrario e ilegal en el actuar de mi representada, quien en todo momento ha dado fiel cumplimiento a sus obligaciones legales y contractuales respecto a la acción entablada por el recurrente.

Inaplicabilidad de la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada a una persona jurídica.

La recurrente ha sostenido que la publicación efectuada por Equifax constituiría un actuar ilegal, dado que se vulneraría los preceptos de la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, siendo que es evidente que no es sujeto de protección de dicha norma. Sin embargo, la errónea aplicación del derecho que pretende la recurrente implicaría:

• Resolver contra texto expreso de la ley, dado que en el artículo segundo de la Ley 19.628, literal f), define datos de carácter personal como “los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables” y su literal ñ) define como titular de los datos a “la persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal.”(lo subrayado es nuestro)

Nuestro Código Civil en su artículo 19 y 20 señala:

Artículo 19: “Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu”.

Pero bien se puede, para interpretar una expresión obscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma, o en la historia fidedigna de su establecimiento.”

Artículo 20: Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal.

Es del caso que la Ley 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, es absolutamente clara en su sentido, historia y espíritu, además de entregar el legislador definiciones precisas respecto a la aplicación de este estatuto jurídico.

• Ir en contra de la doctrina nacional. Se ha rechazado la idea de que las personas jurídicas sean sujeto de protección de este derecho. “La razón de ello estaría dada por la idea básica, núcleo o fundamento del derecho a la privacidad, que según alguna doctrina radicaría en la dignidad, la autonomía, la “seclusión” o tranquilidad. La privacidad sería un derecho personalísimo basado en el patrimonio moral del sujeto y su dignidad, conceptos aplicables solamente al ser humano y a la personalidad humana”. (Privacidad, nombre reservado, ediciones Universidad Diego Portales 2014). (lo subrayado es nuestro)

• Ir en contravención a la intención del legislador que durante la tramitación de la Ley N°19.628, concibe este cuerpo legal para personas naturales y no jurídicas, tal como queda en evidencia en varias ocasiones durante la tramitación, pudiendo citarse entre otros:

i.

“En principio, el concepto de dato personal - y más aún el de intimidad – no es aplicable a las personas jurídicas y, por tanto, sus datos podrán ser siempre conocidos, pues prima el derecho a la información. Otra cosa será lo que se regule respecto al secreto comercial o industrial, por ejemplo” (Primer Informe Comisión de Constitución Cámara de Diputados. Fecha 20 de mayo, 1996. Cuenta en Sesión 3, Legislatura 333).

ii.

“El artículo 2° define lo que debe entenderse por datos personales. Son tales, los relativos a la individualización de una persona, los que denoten alguna característica física o de su personalidad, los que se refieran a hechos o circunstancias de su vida privada y los relativos a su intimidad. Originalmente, este artículo contenía un inciso segundo, por el cual se prohibían los bancos de datos creados con la finalidad exclusiva de almacenar información relativa a la ideología, religión, creencias, origen racial, condición de salud o vida sexual de las personas. Se hizo presente que la afiliación a los partidos políticos era secreta, por lo que resulta lógico que la ideología política de las personas quede en el ámbito de la privacidad. Lo mismo cabe decir de la vida sexual, religión o creencias, ya que su conocimiento podría prestarse para alguna forma de discriminación subjetiva. Se insinuó también la posibilidad de definir otros casos de datos que deberían ser excluidos de estos bancos, como los relativos a la filiación y a la genética. Se aclaró que este artículo estaba referido a los datos personales de las personas naturales y se aplicaba en el ámbito de la intimidad. Por lo tanto, no es aplicable a las personas jurídicas.” (Primer Informe Comisión de Constitución Cámara de Diputados. Fecha 20 de mayo, 1996. Cuenta en Sesión 3, Legislatura 333). (lo subrayado es nuestro)

• Sería contrario a la interpretación por parte del Consejo para la Transparencia, ya que conforme al literal m) del artículo N° 33 de la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública, se faculta al Consejo para la Transparencia para velar por el debido cumplimiento de la Ley N° 19.628, por parte de la Administración del Estado, ya sea mediante resolución de casos particulares o la dictación de recomendaciones. Con fecha 30 de noviembre del 2020, el Consejo para la Transparencia mediante Resolución Exenta N° 304, aprobó el texto refundido y actualizado de las recomendaciones sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado.

Como se puede apreciar el numeral iii). restringe la definición exclusivamente a personas naturales.

• Sería contrario a confirmación en el texto del proyecto de ley en actual tramitación, que busca modificar dicho cuerpo legal e introducir mejoras en la legislación sobre protección de datos (Boletines Nº 11.092-07 y 11.144 -07, refundidos) puesto que en el congreso se encuentra en actual tramitación el proyecto de ley que busca modificar dicho cuerpo legal e introducir mejoras en la legislación sobre protección de datos personales.

El Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales (Boletines Nos. 11.092-07 y 11.144-07, refundidos) señala que el objetivo del proyecto es “perfeccionar las normas relativas al tratamiento de los datos personales de las personas naturales, de manera que éste se realice con el consentimiento del titular de dichos datos o en los casos que lo autorice la ley, asegurando estándares de calidad, información, transparencia y seguridad. Asimismo, crear la Agencia de Protección de Datos Personales, organismo público encargado de velar por la protección de los datos personales”. La Comisión del Senado al referirse al objetivo del proyecto de ley hace referencia únicamente a las personas naturales. Lo anterior es concordante con la definición de datos personales que brinda la Ley N° 19.628. Cita jurisprudencia.

Es del caso que la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada es absolutamente clara en su sentido, historia y espíritu, además de entregar el legislador definiciones precisas respecto a la aplicación de este estatuto jurídico.

Por lo anteriormente expuesto, no cabe sino rechazar el presente recurso por el hecho de que la ley tantas veces citada no le es aplicable a la recurrente por su condición de persona jurídica.

Respecto a la remisión de información sobre personas jurídicas Es del caso señalar que, contrario a lo sostenido por la recurrente, la actividad que realiza Equifax se enmarca dentro de la legalidad, la que no le impone la obligación de hacer, previamente a la publicación de los antecedentes comerciales que recibe, un estudio o análisis de la razonabilidad de la deuda e investigar la efectividad de la misma, ya que la responsabilidad de la veracidad de esta información comercial no recae en quien la publicita, sino en quien proporciona la información para ser publicada, en este caso, en Servicios Financieros Progreso.

Por otra parte, la recurrente señala que la factura no estaría dentro de los instrumentos que se pueden publicar, conforme al artículo 17 de la Ley 19.628. Pese a que la inaplicabilidad de la citada ley a personas jurídicas se encuentra avalada, respaldada y confirmada por jurisprudencia preponderante de nuestros tribunales del país.

Por último, señala que en la normativa vigente no existe una regulación expresa en materia de remisión de información sobre personas jurídicas. Por ende, no existiendo norma legal que impida publicar o hacer circular una factura, ha de concluirse que, situado el conflicto en el ámbito del derecho privado en el que se puede realizar todo aquello que no está prohibido por la ley expresamente, la conducta de Equifax no resulta contraria al ordenamiento jurídico, lo que desde luego obsta a que la presente acción constitucional pueda prosperar. Así ha sido resuelto reiteradamente por nuestros tribunales de justicia.

Por lo anteriormente expuesto, se desprende que no existe acto ilegal ni arbitrario que pudiere imputarse a mi representada, por cuanto Equifax ha obrado en todo momento, con estricto apego a sus obligaciones legales, contractuales y conforme a la legislación vigente, motivos por los cuales, el recurso de protección deberá ser rechazado.

Acompañó los siguientes documentos: Copia de informe Equifax actualizado de la recurrente; Copia de respaldos enviados por aportante Servicios Financieros Progreso.

A folio N°13 se trajeron los autos en relación.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección constituye una acción cautelar de origen constitucional, que puede deducir cualquier persona ante los Tribunales Superiores de Justicia, a fin de solicitar que éstos adopten de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho quebrantado, y asegurar así la debida protección a los afectados, cuando por causa de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal, sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución establece, esto sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales ordinarios correspondientes.

SEGUNDO: Que, el acto que se estima arbitrario e ilegal consiste en la negativa de la recurrida de eliminar la publicación de morosidad respecto de la factura N°254, por estimar que no concurre el consentimiento expreso del deudor, y por tratarse de un documento distinto de aquellos que la ley autoriza a publicar.

TERCERO: Que la recurrida informó que ha dejado sin efecto la publicación, por existir juicio ejecutivo pendiente, acompañando el informe Equifax actualizado de la actora, donde puede apreciarse la ausencia de publicaciones de morosidad.

CUARTO: Que, de lo señalado precedentemente, es posible concluir que ya no existe la circunstancia que podría haber ocasionado la vulneración de las garantías constitucionales que la recurrente estimaba afectada, por lo que la acción cautelar perdió oportunidad y deberá ser desestimada.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA el recurso de protección deducido Regístrese, y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-4284-2024. (csd)