nombre reservado con SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

C.A. de Temuco Temuco, diecinueve de mayo de dos mil veintiséis.

Visto:

Comparece Jhon Alejandro Ghisellini Sánchez, en favor de doña nombre reservado, de don nombre reservado, de doña nombre reservado, de don nombre reservado, de don nombre reservado, de don nombre reservado, de don nombre reservado, de doña nombre reservado, de don nombre reservado, de don nombre reservado, de doña nombre reservado, de doña nombre reservado, de doña nombre reservado, y de la SOCIEDAD DISTRIBUIDORA ALVARADO Y nombre reservado LTDA., interponen Recurso de Protección, en contra de la EMPRESA TORRECOM CHILE LTDA, en contra de la I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, y en contra del MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, por el acto que estiman ilegal y arbitrario consistente en que la Empresa Torrecom Chile Ltda. habría efectuado la instalación clandestina de una antena monoposte de telecomunicaciones sin los permisos correspondientes, con omisión de fiscalización por parte de las instituciones recurridas, lo que vulneraría las garantías de los numerales 1,2 , 8 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Señala que el 14 de agosto de 2024, la empresa Torrecom Chile Ltda. notificó a un grupo de vecinos del Barrio Vista Volcán de Temuco sobre la próxima instalación de una torre de telecomunicaciones (monoposte) de 42 metros de altura en un terreno colindante a sus viviendas.

Por lo anterior, el 02 de septiembre de 2024, un conjunto de 45 familias del sector ingresó ante la Ilustre Municipalidad de Temuco una oposición formal a dicha instalación. Por su parte, la Dirección de Obras Municipales (DOM), a través del Oficio N° 1341 de fecha 26 de septiembre de 2024, informó expresamente a los vecinos que no existía constancia de ingreso alguno de solicitud de instalación para una antena como la indicada en su carta.

Sin embargo, con total desconocimiento de los recurrentes y contraviniendo la información oficial de la DOM, en octubre de 2025 se tomó conocimiento de que la torre de soporte ya había sido instalada y erigida en el sitio contiguo, lo que a su juicio es un acto de fuerza y una grave infracción al ordenamiento jurídico, al haberse materializado la obra sin un proceso de autorización transparente y, presumiblemente, sin el Permiso de Edificación correspondiente, tal como lo manifestaron las autoridades municipales previamente.

Precisa que existían dos solicitudes de instalación a la Municipalidad de Temuco por parte de TORRECOM LTDA sin saber qué solicitud o proceso se terminó y aprobó finalmente por la Municipalidad de Temuco y que fue lo que informó la Municipalidad de Temuco a la SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO respecto de la instalación del soporte y las antenas.

Añade que el 30 de octubre de 2025, los vecinos reiteraron su oposición formal a la DOM, haciendo presente que la antena fue instalada a una distancia aproximada de 15 metros de los patios de las viviendas colindantes, afectando directamente la tranquilidad, generando miedo por cuanto no se sabía de ninguna autorización al respecto , afectando también la salud psíquica de los niños que tienen sus piezas a pocos metros , plusvalía de las propiedades y el medio ambiente del sector entre otras .

Finalmente, el día 26 de noviembre 2025 mediante ORD 1732 el director de Obras de la Municipalidad de Temuco don nombre reservado informa que: “Se otorgó el permiso de instalación de Torre Soporte de Antenas y Sistemas radiante de Telecomunicaciones N° 1 / 2025 de fecha 31 de Julio del 2025”.

Alega que la construcción de la torres es ilegal y arbitraria por no contar con permiso de edificación exigido por el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Añade que se infringe asimismo el artículo 116 bis F de la misma Ley que establece que las antenas de mas de 12 metros deben mantener distancia mínima, la que no se cumpliría en el caso de autos.

Aduce asimismo que Pese a que los vecinos presentaron formalmente su oposición dentro de plazo (Art. 116 bis F, letra e), la instalación se concretó. El proceso legal exige un acuerdo de armonización, una obra de mejoramiento o la retasación de avalúos. La omisión de seguir el debido proceso de participación, establecido en la Ley N° 20.599, constituye una arbitrariedad que vulnera el derecho de los recurrentes a ser informados y oponerse a un proyecto que afecta su entorno y calidad de vida.

Sostiene asimismo que existe infracción a la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, por cuanto el artículo 116 bis E de la Ley General de Urbanismo y Construcción establece el deber de someter ciertos proyectos al Sistema de Evaluación Ambiental, como seria el caso de autos al instalarse una torre de 42 metros de altura, ubicada en una zona residencial a escasos 15 metros de viviendas.

Invoca como vulneradas las siguientes garantías constitucionales:

1. Derecho a la Vida y a la Integridad Física y Psíquica (Art. 19 N° 1): La instalación abrupta de una estructura de 42 metros de altura a escasos metros de las viviendas, sin un proceso legal transparente y omitiendo la necesaria Evaluación Ambiental, genera un estado de miedo, angustia, insomnio, ansiedad y temor constante entre los vecinos, especialmente en los grupos más vulnerables como los niños y adultos mayores. El riesgo potencial de colapso de la estructura o los efectos de la radiación electromagnética (cuya seguridad no ha sido acreditada mediante los mecanismos legales) atentan gravemente contra la integridad física y psíquica de los recurrentes.

2. Derecho a la Igualdad ante la Ley (Art. 19 N° 2): Se ha incurrido en un acto arbitrario al permitir o no fiscalizar la instalación de una obra de tal magnitud sin respetar los procedimientos legales de información y participación establecidos en la LGUC y la Ley N° 20.599. La falta de un proceso reglado coloca a los recurrentes en una posición de desprotección y discriminación respecto de otros ciudadanos cuyos derechos son resguardados en procesos legítimos.

3. Derecho a Vivir en un Medio Ambiente Libre de Contaminación (Art. 19 N° 8): La omisión de la Evaluación Ambiental y la instalación a tan corta distancia genera la fundada preocupación de que la antena cause un impacto adverso y una potencial contaminación ambiental por radiaciones electromagnéticas, afectando la calidad de vida y la armonía del barrio.

Pide que se acoja su recurso de protección y en definitiva se ordene Se ordene el desarme o desinstalación inmediata de la antena o en su defecto la paralización de las obras , y se ordene a los recurridos proceder conforme al ordenamiento jurídico vigente. Específicamente, que previo a cualquier instalación futura:

Se cumpla con el proceso de Permiso de Edificación de la LGUC, informando debidamente a los vecinos y respetando el Art. 116 bis F.

Se respete la distancia mínima de 15 metros respecto de los patios o viviendas de los recurrentes.

Se dé cumplimiento al deber de someter el proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), conforme al Art. 116 bis E de la LGUC y Art. 11 letra f) de la Ley N° 19.300.

A folio 14 informa SERVIU pidiendo el rechazo del recurso.

En primer termino alega falta de legitimación pasiva, por cuanto SERVIU no tiene intervención alguna en los hechos expuestos por lo que no es la persona correcta o la llamada por la ley para responder por la eventual vulneración de derechos que se reclaman.

En cuanto al fondo niega haber incurrido en un acto u omisión ilegal y arbitrario, por cuanto, conforme a la normativa, el procedimiento de instalación de antenas de telecomunicaciones deben someterse básicamente a lo establecido en la Ley N° 20.599 que regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones y al DFL. N° 458 que aprueba la Ley General de Urbanismo y Construcciones, principalmente los artículos 116 Bis E, Bis F, Bis G, Bis H y Bis I de este último cuerpo legal citado. Por su parte, este procedimiento se inicia con una solicitud dirigida la Dirección de Obras correspondiente, previo informe y autorización de la Subsecretaria de Telecomunicaciones entre otros, con el objeto de obtener un Permiso de Edificación. Solamente para el caso de denegación del permiso de edificación por parte de la DOM, el organismo ante el cual el interesado podrá reclamar es la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo correspondiente, aplicándose para tales efectos lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 118 de este DFL. N° 458.

De lo anterior se desprende que el organismo en materia de vivienda y urbanización a intervenir casualmente en estos procedimientos es la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo correspondiente, y no precisamente el SERVIU Región de la Araucanía, que es una entidad autónoma del Estado, con personalidad jurídica propia y patrimonio distinto al Fisco, regulado por el DS. N° 355 del MINVU Hace presente que por medio del Ord. N° 788 de fecha 05 de junio, el cual se adjunta a esta presentación, se ordena autoriza por parte de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo Región de la Araucanía, el permiso de instalación de la correspondiente torre de antena ubicada en domicilio reservado de la comuna de Temuco, dando cuenta brevemente a la vez de los antecedentes y procedimientos considerados.

A folio 15 evacúa informe la Municipalidad de Temuco, pidiendo el rechazo del recurso, con costas.

En primer termino alega extemporaneidad, por cuanto el actor, aun cuando no lo indica, entendemos que recurre en contra del Permiso de Instalación de Torre Soporte de Antenas y Sistemas Radiante de Telecomunicaciones N°01/2025 de fecha 31.07.2025 de Obras Municipales de Temuco, acción que dirige en contra de la Municipalidad de Temuco representada por su Alcalde.

En segundo termino alega que la acción de protección no es la via para discutir la ilegalidad de un acto administrativo, menos aun cuando el legislador ha dispuesto de un procedimiento administrativo para dicho ejercicio. Precisa que el legislador contempló un procedimiento y mecanismo para que los particulares pudieran accionar en contra de las corporaciones edilicias y discutir, ya sea en sede administrativa o judicial, si el acto administrativo dictado reviste las características de ilegal, que es el denominado reclamo de ilegalidad contemplado en el artículo 151 de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Agrega que el recurrente no solamente cuestiona la decisión del Director de Obras, sino que además busca que esta Corte, ejerza un control de supervisión y analice todas las actuaciones o etapas del procedimiento administrativo, desnaturalizando por completo el objetivo y alcance de la presente acción de protección.

Precisa que con fecha 02.09.2024, Providencia N°7641, vecinos del barrio Vista el Volcán ingresaron ante esta Dirección de Obras su "oposición de instalación de antena" y solicitaban "retasación del avalúo de los inmuebles", por la cual manifestaban su disconformidad con la futura instalación de una antena de más de 42 metros que les fuera informada por la empresa Torrecom Chile Ltda. mediante carta fechada a agosto 2024.

Con fecha 26.09.2024, mediante Oficio N°1341, la Dirección respondió la providencia antes indicada, indicándoles los antecedentes y formalidades que debe satisfacer el requerimiento de instalación conforme a la normativa vigente; que la solicitud no contaba con los documentos exigidos por la normativa ni antecedentes que permitan determinar a los vecinos y el grado de afectación. Finalmente, se hizo presente que la oposición obedece a razones técnicas y está regulado en el artículo 15 de la Ley 18.168 no siendo competencia de la DOM. Por último, ante la solicitud de retasación del avalúo, dicha labor correspondía al Servicio de Impuestos Internos al tenor de lo prescrito en el artículo 10 letra e) de la Ley 17.235.

Posteriormente a esa respuesta Dom de fecha 26.09.2024, en el mes de Julio del año 2025 se solicitó Autorización de Instalación para la estructura ante lo cual, al cumplir la presentación de la empresa concesionaria la totalidad de los requisitos exigidos, se otorgó el Permiso de Instalación de Torre Soporte de Antenas y Sistemas Radiante de Telecomunicaciones N°01/2025 de fecha 31.07.2025.- Importante es considerar la prerrogativa con la que cuentan las empresas amparadas por la Ley 18.618; lo dispuesto en los artículos 116 Bis F y siguientes de la L.G.U.C.; en relación al artículo 24 de la Ley 18.695 sobre Orgánica Constitucional de Municipalidades.

A raíz de la autorización anterior, con fecha 30.10.2025 mediante Providencia N°9779, vecinos del Sector Vista el Volcán presentan nueva carta de solicitud de oposición a la instalación de antena argumentada en que vulneraban los derechos fundamentales garantizados por la Constitución a los vecinos del sector.

Por último, la Dirección de Obras respondió la providencia anterior mediante Ordinario N°1732 de fecha 26.11.2025, informándole a los vecinos que no contamos con facultades para negarnos a la instalación en el evento de que la solicitud cumpla la normativa; señalando en qué forma y a quién se debe dirigir la oposición (artículo 15 de la Ley 18.168); y explicando que su carta de "oposición anterior" fue presentada sin satisfacer los requisitos legales y sin acompañar antecedentes de respaldo exigidos por el artículo 116 bis F letra e) y; que esta segunda "nueva oposición" se está ejerce después de haber otorgado la autorización de instalación hace 3 meses.

De acuerdo con lo expuesto, queda absolutamente claro que lo pretendido por la recurrente no puede ser conocido por esta Iltma. Corte de Apelaciones mediante el presente recurso de protección porque atentaría contra su naturaleza y estaríamos permitiendo que se examine - nuevamente- la tramitación de un procedimiento debidamente afinado, debiendo echarse por tierra cualquier intento subrepticio y desesperado por parte del actor para cuestionar sus etapas, cuando en realidad se tramitó con estricto apego a la normativa vigente, respetando las normas básicas del debido proceso y a lo instruido por el ordenamiento jurídico administrativo.

Concluye que este arbitrio resulta improcedente por existir un procedimiento especial para tal efecto, (reclamo de ilegalidad) y enseguida no se advierte ilegalidad en la decisión, al que encuentra debidamente tramitado de acuerdo a la normativa vigente y además no es arbitrario, pues conforme es fruto de las potestades de la Dirección de Obras Municipales.

A folio 23 evacua informe TORRECOM CHILE LIMITADA, pidiendo el rechazo del recurso, con costas.

En primer termino realiza un relato cronológico de los hechos señalando que su empresa con fecha 18 de julio de 2024 arrendo el inmueble ubicado en domicilio reservado en la ciudad de Temuco dentro de la zona urbana con el objeto construir una estructura soportante de antenas de telecomunicaciones.

Con fecha 14 de agosto de 2024 notificó a vecinos y realizó publicación en Diario Austral exigida por la letra e) del Art. 116 Bis F de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Con fecha 17 de julio de 2025 ingresa solicitud a la Dirección de Obras de la Municipalidad de Temuco, la cual con fecha 8 de agosto de 2025 notificó que otorgó permiso de instalación de torre soportante de antenas y sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones mediante resolución de fecha 31 de julio de 2025 dando cuenta así que se cumplieron todos los requisitos legales.

Precisa que cumple con lo dispuesto en el artículo 2.6.3 de Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que exige que las antenas deben cumplir un distanciamiento mínimo equivalente a un tercio de su altura total, lo que en el caso de una estructura de 42 metros como la de autos exige un distanciamiento mínimo de 14 metros, y en el caso de autos en los planos aprobados por Dirección de Obras Municipales se contempla un distanciamiento efectivo de 18 metros.

Alega asimismo que la oposición de los vecinos no cumple con los requisitos exigidos por el inciso quinto de la Letra E) del Art. 116 Bis F de la L.G.U.V., por cuanto no se acompañó el informe de la junta de vecinos exigido por la normativa ni antecedentes que permitan determinar cuáles son los vecinos afectados ni la carta de los mismos. Del mismo modo, la presentación tampoco indicó si se optó por una obra de compensación o por una torre armonizada, para lo cual se requerirá mayoría simple de los propietarios de los predios colindantes y, como se ha manifestado, no se acreditan quienes son ni si se cumple dicho quórum. Tampoco se sustenta la oposición en razones técnicas como lo exige el inciso sexto de la norma citada.

Aduce asimismo que no existe infracción a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, por cuanto artículo 116 bis E de la LGUC solo exige evaluación ambiental tratándose de áreas de protección, circunstancia que no concurre en la especie, como consta del análisis territorial previo efectuado. Asimismo, los artículos 10 y 11 de la Ley N° 19.300 establecen de manera taxativa los proyectos que deben someterse al SEIA, sin incluir la instalación de antenas de telecomunicaciones, actividad que el legislador no ha considerado idónea para generar daño ambiental o riesgo para la salud.

De lo expuesto concluye que no ha existido un actuar ni ilegal ni arbitrario, como tampoco se vulneran las garantías constitucionales invocadas, citando jurisprudencia que ha concluido que el legislador no ha considerado que la operación de antenas de telefonía móvil sea un medio idóneo para dañar el medio ambiente.

A folio 36 informa el Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de La Araucanía, Explica que toda solicitud para la instalación de antenas de telecomunicaciones debe presentarse ante la Dirección de Obras Municipales respectiva, cumpliendo con lo estipulado en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ley N° 20.599.

Refiere que conoció de Reclamación ingresado el 06 de mayo de 2025 por Torrecom Chile Limitada, tras el rechazo de la Municipalidad de Temuco a una solicitud de permiso para instalar antenas en la domicilio reservado. La Dirección de Obras de Temuco había fundamentado su rechazo en la falta de un decreto alcaldicio que aceptara una caución para garantizar obras de mejoramiento del espacio público, además de inconsistencias en la dirección del inmueble. Dichas mejoras, según la normativa, deben equivaler al 30% del presupuesto del proyecto y ejecutarse en un radio de 250 metros desde la torre. No obstante, tras analizar la reclamación, la SEREMI determinó mediante el Ordinario N° 788 de junio de 2025 que la exigencia de presentar dicha caución de forma previa no se ajustaba a derecho ni constituía una causal válida para rechazar el expediente.

Acompaña la reclamación de Torrecom Chile Limitada y los ordinarios internos que rectificaron el criterio aplicado por la Dirección de Obras Municipal.

A folio 40 informa la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), señalando:

En primer lugar, aclara su marco de competencias según la Ley General de Telecomunicaciones, especificando que su función se limita a la autorización técnica y sectorial de la instalación y operación de antenas para mejorar la cobertura del servicio.

Subraya que los aspectos urbanísticos y los permisos de edificación son responsabilidad exclusiva de las Direcciones de Obras Municipales, bajo los lineamientos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Respecto al caso particular, se informa que Torrecom es titular de una concesión de servicio intermedio otorgada en 2021. En septiembre de 2024, la empresa solicitó la incorporación de una nueva torre denominada "nombre reservado", de tipo monoposte radomo y con una altura de 42 metros, ubicada en domicilio reservado. Durante el proceso, la Subtel detectó errores en las coordenadas geográficas presentadas originalmente, los cuales fueron subsanados por la concesionaria en noviembre de 2024. Sobre el estado del trámite administrativo, la Subsecretaría detalla que el extracto de la solicitud fue publicado en el Diario Oficial el 19 de diciembre de 2025. Dado que el plazo legal para presentar oposiciones técnicas venció el 3 de febrero de 2026 sin que se registraran impugnaciones de terceros, el organismo concluyó que se cumplen los requisitos para dictar el decreto exento que autoriza la modificación de la concesión, proceso que se encuentra actualmente en curso.

En cuanto a la preocupación de los vecinos por las emisiones electromagnéticas, señala que Chile aplica un principio precautorio con normativas estrictas, actualmente regidas por el Ministerio del Medio Ambiente. Se enfatiza que los límites de potencia permitidos en el país son significativamente más restrictivos que los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y los aplicados en países como Estados Unidos, siendo hasta diez veces más bajos en áreas de libre circulación y cien veces inferiores en zonas sensibles como colegios u hospitales.

La Subtel concluye que, basándose en estudios internacionales, no existen evidencias de efectos nocivos para la salud por la exposición a estas radiofrecuencias bajo los estándares vigentes.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección es una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales, frente a los menoscabos que puedan experimentarse como consecuencia del actuar ilegal o arbitraria de la autoridad o de particulares. El ejercicio de esta acción protectora requiere que estemos frente a una acción u omisión, cuya consecuencia inmediata origine una situación de privación, amenaza o perturbación de alguno de las garantías constitucionales contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que, en cuanto a la extemporaneidad que se alega por la recurrida Municipalidad de Temuco, esta será desestimada por cuanto de los antecedentes expuestos en el recurso, estaríamos frente a un acto que genera efectos permanentes en la vida cotidiana de los actores, por lo que esta excepción será desestimada.

Tercero: Que se omite pronunciamiento respecto de excepción de falta de legitimación pasiva invocada por el Servicio de Vivienda y Urbanismo, fundamentalmente por no tener el carácter de recurrido en el presente recurso de protección, pues como se lee del libelo, el recurrido fue el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Cuarto: Que, en cuanto al fondo, el recurrente mediante la presente acción cautelar impugna el actuar de la Empresa Torrecom Chile Ltda. Por la instalación de una torre de telecomunicaciones (monoposte) de 42 metros de altura en un terreno colindante a sus viviendas del Barrio Vista Volcán de Temuco. Sostiene que la instalación sería ilegal arbitraria por falta de notificación a los vecinos, por incumplir con los requisitos de alejamiento de sus viviendas, e incumplimientos de la normativa. Reprochando asimismo que las recurridas Municipalidad de Temuco y SEREMI de Vivienda y Urbanismo, no habrían cumplido con su rol fiscalizador a su respecto, lo que vulneraria sus garantías constitucionales, por una afectación a su integridad física y psíquica y al medio ambiento por las radiaciones electromagnéticas, como a su derecho de propiedad, por afectarse la plusvalía de sus viviendas.

Quinto: Que, lo que corresponde dilucidar entonces, es si el proyecto objetado, incumplió la normativa de carácter sectorial que cita la recurrente, y que de ello deriva una vulneración a las garantías constitucionales invocadas.

Sexto: Que, teniendo presente los informes de los recurridos, y de diligencia informativa emanada de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que en su calidad de ente técnico y autorizado, afirma que en el ejercicio de sus funciones revisó el proyecto, sin encontrar irregularidades en su tramitación, ni efectos adversos por la instalación de la referida antena, no habiéndose acreditado por la actora tampoco un riesgo para la salud de las personas.

Séptimo: Que, en síntesis, todas las recurridas están contestes en que, atendida la naturaleza y envergadura del proyecto, se practicaron las publicaciones que requiere la normativa, que se tramitó el debido permiso de edificación ante la Dirección de Obras Municipales, la que previa reclamación ante la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, y en cumplimiento de lo ordenado, otorgó el respectivo permiso, no verificándose las supuestas infracciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Octavo: Que a mayor abundamiento cabe señalar que de los antecedentes acompañados por las partes ni de las probanzas rendidas, se ha podido establecer fehacientemente, el daño que eventualmente podría producir a la salud humana las frecuencias electromagnéticas de la antena de telefonía móvil, quedando sólo en una conjetura el daño en cuestión, situación hipotética que es insuficiente para lograr el amparo por esta vía jurisdiccional. Relevante en este aspecto es el informe evacuado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, entre otras conclusiones, señala que los resultados de las investigaciones efectuadas hasta la fecha con la información epidemiológica existente, no han demostrado aún de manera categórica, el efecto nocivo sobre la salud humana por la exposición a los campos electromagnéticos originados por las antenas de telecomunicaciones.

Por estas consideraciones y lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara que:

I.- SE RECHAZA la alegación de extemporaneidad.

II.- SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, de don nombre reservado, de doña nombre reservado, de don nombre reservado, de don nombre reservado, de don nombre reservado, de don nombre reservado, de doña nombre reservado, de don nombre reservado, de don nombre reservado, de doña nombre reservado, de doña nombre reservado, de doña nombre reservado, y de la SOCIEDAD DISTRIBUIDORA ALVARADO Y nombre reservado LTDA., interponen Recurso de Protección, en contra de la EMPRESA TORRECOM CHILE LTDA, en contra de la I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, y en contra del MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del ministro señor Alberto Amiot Rodríguez.

Rol N° Protección-4278-2025.(jog)