ARIDOS TEMUCO SPA con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA SANTIAGO CENTRO

C.A. de Temuco Temuco, veinte de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece Constanza Andrea Catalán Pezoa, abogada, en representación de la empresa Áridos Temuco SpA., quien interpone recurso de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos (SII), específicamente la Dirección Regional de Temuco, por los actos que estima ilegales y arbitrarios consistentes en restringir su capacidad de facturación electrónica, lo que vulneraría las garantías de los numerales 2, 21 y 22 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

La sociedad recurrente explica que inició sus actividades tributarias el 27 de noviembre de 2023 para dedicarse a obras civiles y comercio de áridos. Sin embargo, relata que el SII ha limitado sistemáticamente la entrega de folios para facturar, fundamentando dicha restricción no en faltas de la propia empresa, sino en supuestas irregularidades o deudas de otras sociedades del representante legal, nombre reservado.

Aduce que se limita su posibilidad de poder trabajar con plena libertad, e incluso a debido tomar como determinación rechazar diversos trabajos por el simple hecho de encontrarse en una incertidumbre constante de no saber si existirá la posibilidad de poder facturar o si existirá la posibilidad de que le liberen folio de facturación, sumado a ello que cada uno de los proveedores o terceros que contraten sus servicios son advertidos, tanto por llamados telefónicos realizados por los funcionarios del Servicio o avisos en la página del Servicio de Impuestos Internos indicando que la sociedad “presenta un comportamiento irregular de emisión de documentos” quedando incluso el documento tributario con la caracterización de “no incluir” en sus registros de compras, algo que sin duda ha causado un perjuicio patrimonial incalculable e injustificable sobre todo porque la sociedad no ha sufrido proceso de auditoría, citación, liquidación o giro que lleve al Servicio a catalogarla de dicha manera.

Precisa que el 28 de octubre de 2025, el SII autorizó solo una factura y condicionó futuras entregas de folios al pago de deudas de un tercero (RUT RUT reservado) y a la realización del término de giro de otras dos entidades ajenas a la recurrente.

Alega que estas exigencias son improcedentes porque la deuda mencionada está judicializada y no cuenta con sentencia ejecutoriada, y porque no existe solidaridad tributaria que permita traspasar obligaciones entre distintas personalidades jurídicas basándose únicamente en la identidad del representante legal.

Añade que presentó un recurso de resguardo, el que fue rechazado 13 de noviembre del año 2025 mediante resolución exenta N°679 En dicha resolución, el Servicio argumentó que el número de folios entregados era suficiente para la actividad declarada, que no se requería un número mayor de folios autorizados respecto de algún documento tributario electrónico y que las observaciones sobre otros contribuyentes eran válidas dada la coincidencia del representante.

La recurrente rebate esto señalando que es imposible operar un negocio con un folio, adjuntando órdenes de compra que demuestran la necesidad real de emitir documentos para cobrar por sus servicios.

Sostiene que el SII está vulnerando garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política, específicamente el derecho a desarrollar una actividad económica lícita (N° 21), el derecho a la no discriminación arbitraria en el trato del Estado (N° 2) y la igualdad ante la ley (N° 22). Se cita jurisprudencia de la Corte Suprema para recalcar que el bloqueo de folios basado en antecedentes de terceros es una extralimitación de facultades que carece de motivación técnica y proporcionalidad.

Pide que se acoja su recurso, ordenando como medida de protección que se autorice la emisión de documentación electrónica a la empresa ARIDOS TEMUCO SpA autenticadas por su representante legal don nombre reservado, así como toda otra medida que este Iltma, Tribunal estime conducente para el mismo efecto, con costas.- Acompaña los siguientes documentos: Resolución a la petición administrativa N°77325984195 de fecha 28 de octubre del año 2025; Print de pantalla que da cuenta de anotación 52, de fecha 05/04/2024 de la página del Servicio de Impuestos Internos; Notificación de Resolución Exenta N°679 de fecha 13 de Noviembre del año 2025; Orden de compra n°831, 605, 923, 1352, 1577, 55, 1741 y 3008 que dan cuenta de los servicios pendientes a facturación por parte de la sociedad bloqueada.

A folio 15 evacua informe el Servicio de Impuestos Internos, pidiendo el rechazo del recurso.

Explica que el Servicio efectivamente restringió la autorización de folios para facturación electrónica de la contribuyente, justificando esta medida en anotaciones preventivas (causal 52 y 79) derivadas del comportamiento tributario irregular de su representante legal, nombre reservado, quien participa en múltiples sociedades que presentan deudas millonarias, de las cuales destaca otra empresa con la misma razón social en Talcahuano que posee una deuda tributaria de $183.549.177 por el uso de facturas falsas.

El SII solicita el rechazo del recurso basándose en cinco argumentos principales.

Primero, alega extemporaneidad, ya que la empresa fue notificada de la restricción el 28 de octubre de 2025 y presentó el recurso el 2 de diciembre, superando el plazo fatal de 30 días.

Segundo, sostiene que el recurso de protección no es la vía idónea, pues la ley establece el procedimiento especial por vulneración de derechos ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros para estos fines.

Tercero, el Servicio afirma que el recurso carece de oportunidad, informando que ya procedió de oficio al levantamiento de la anotación causal 52, por lo que la empresa ya no tiene impedimentos para obtener folios vía web.

Cuarto, niega la existencia de ilegalidad o arbitrariedad, defendiendo que el SII actuó bajo sus facultades de fiscalización y que el número de folios otorgados (21 facturas desde abril de 2025) ha sido suficiente para la actividad real de la empresa, que solo emitió 12 de ellas.

Quinto, niega la vulneración de garantías constitucionales, argumentando que el derecho a la actividad económica debe ajustarse a las normas legales y que el trato diferenciado se justifica por el perfil de riesgo del contribuyente.

Por todo lo anterior, la Directora Regional solicita a la Corte rechazar la acción con condena en costas para la parte recurrente.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO Primero: Que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones arbitrarias o ilegales que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido. Lo anterior supone estar en presencia de un derecho indubitado de que sea titular el afectado y que la amenaza o privación sea actual, por manera que, en caso de acogerse la acción, esta Corte pueda adoptar las medidas adecuadas para reparar el agravio.

Segundo: Que doña Constanza Andrea Catalán Pezoa, abogada, ha interpuesto Recurso de Protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, en razón de haber restringido la facturación electrónica a la empresa Áridos Temuco SpA., en circunstancias que no ha sido objeto de fiscalización alguna ni citación ni liquidación, por lo que el actuar seria ilegal y arbitrario y afectaría las garantías de los numerales 2, 21 y 22 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que, al informar la recurrida, alegó, en cuanto al plazo para interponer el recurso de protección, que se ha hecho en forma extemporánea, y en cuanto al fondo señala, en síntesis, que dicha repartición no incurrió en acción u omisión arbitrario a ilegal ya que dicha repartición ha actuado dentro de las facultades que le confieren los artículos 6º y 8º ter del Código Tributario, los artículo 1º y 7º del D.F.L. Nº 7 de 1980, Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, además de la Circular Nº 2152 de 18 de julio de 1995, que justifican en resguardo del interés fiscal que se haya hecho uso del método de control de comportamiento tributario como es la anotación.

Cuarto: Que, en relación a la alegación de extemporaneidad, lo cierto es que el arbitrio intentado descansa sobre la base de la supuesta de las garantías de los numerales 21 y 22 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por hechos que se consumarían de forma permanente, al mantener restringida la autorización de folios para la emisión de facturas electrónicas, motivo por el cual, no puede sostenerse que habría una extemporaneidad en la acción impetrada, desde que los hecho denunciados se produciría de forma permanente en el tiempo.

Quinto: En relación a la alegación de improcedencia de la acción, la misma también habría de ser desestimada, desde que la denuncia formulada dice relación con la conculcación de dos garantías fundamentales, cuyo amparo se encuentra, precisamente, en la aplicación de la acción constitucional de protección del artículo 20 de la Carta Fundamental, la que puede ejercerse, sin perjuicio de otros derechos.

Sexto: Que, en cuanto al fondo de la acción constitucional impetrada, es posible advertir que el conflicto jurídico que subyace en estos autos se encuentra radicado, en determinar si las restricciones que ha impuesto el Servicio de Impuestos Internos a la autorización de folios para la facturación electrónica, encuentran sustento normativo o no.

Séptimo: Que, la normativa vigente le reconoce al Servicio de Impuestos Internos y le permite legalmente intervenir, actuar, y fiscalizar de conformidad a lo establecido en el artículo 8º ter del Código Tributario, que dispone en su inciso primero: “Los contribuyentes tendrán derecho a que se les autorice en forma inmediata la emisión de los documentos tributarios electrónicos que sean necesarios para el desarrollo de su giro o actividad. Para ejercer esta opción deberá darse aviso al Servicio en la forma que éste determine.”

Lo anterior, debe compatibilizarse con lo contemplado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, como lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley N° 18.575, normas de las cuales se desprende la aplicación a su respecto de los principios de legalidad y competencia de los actos de la Administración del Estado. Asimismo, impera respecto de sus actuaciones lo preceptuado en los artículos 1° del Código Tributario y 1° de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, que establecen que corresponde a este organismo “…la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos actualmente establecidos o que se establecieren, fiscales o de otro carácter en que tenga interés el fisco, y cuyo control no esté especialmente encomendado por la ley a una autoridad diferente”, como lo dispuesto en el artículo 6º, del Código Tributario, señala que “Corresponde al Servicio de Impuestos Internos el ejercicio de las atribuciones que le confiere su Estatuto Orgánico, el presente Código y las leyes y, en especial, la aplicación y fiscalización administrativa de las disposiciones tributarias”.

Octavo: Que, las normas descritas dan cuenta que si bien el artículo 8 ter del Código Tributario otorga el derecho a los contribuyentes a que se autoricen sus documentos tributarios, ello no es automático, sino que está circunscrito a aquellos que sean necesarios al desarrollo de su actividad económica, lo que se debe vincular a las facultades de aplicación y fiscalización de todos los impuestos y disposiciones tributarias cuyo control no esté encomendado por ley a una autoridad diferente, que se han otorgado al Servicio recurrido; donde la restricción de folios se circunscribe a dicha potestad fiscalizadora, por lo que su actuar se circunscribe a uno legal y no arbitrario; máxime si no consta que se haya entorpecido efectivamente la actividad económica de la recurrente, pues de acuerdo a la documentación aportada por la recurrida consta que de 21 folio autorizados, solo se han facturado electrónicamente 12.

Noveno: Que, en razón de lo anterior, en cuanto a las restricciones impuestas por el Servicio de Impuestos Internos a la autorización de folios para la emisión de facturas electrónicas, no se divisa ilegalidad ni arbitrariedad en la misma, por lo que la acción de protección será desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales se declara:

Que SE RECHAZA sin costas, la acción constitucional interpuesta por Constanza Andrea Catalán Pezoa, abogada, en representación de la empresa Áridos Temuco SpA, en contra del Servicio de Impuestos Internos.

Regístrese, y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del ministro señor José Marinello Federici.

N° Protección-4268-2025. (cwm)