nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

C.A. de Temuco Temuco, veintiuno de enero de dos mil veintiuno.

VISTOS:

1°.- Comparece ARMIN IVÁN CASTILLO MORA, Abogado, domiciliado en esta ciudad de Temuco, domicilio reservado, en nombre y representación de doña nombre reservado, contador público auditor, de su domicilio para interponer recurso de protección, bajo el amparo del artículo 20 de la Constitución Política de la República, en contra de don Miguel Becker Alvear, en su calidad de Alcalde de La Municipalidad de Temuco y, asimismo, en contra de esta entidad edilicia, Municipalidad de Temuco, ambos domiciliados en esta ciudad domicilio reservado, en virtud de haber suscrito el decreto N°65 del 5 de Mayo de 2020, el cual, no obstante haberse hecho uso del recurso de reconsideración en su contra dentro del término legal, dispuso finalmente el término de la relación laboral de su representada.

Luego, precisa la secuencia de los hechos señalando que:

Mediante oficio N°000099 de fecha 8 de Mayo de 2019, el Director del Departamento de salud nombre reservado, solicitó instrucción de sumario administrativo.

Mediante Decreto Alcaldicio N°137, del 10 de Mayo de 2019, el Sr. Miguel Becker Alvear, Alcalde de la Municipalidad de Temuco, ordenó instruir sumario administrativo, decretando: “Instrúyase Sumario Administrativo el Departamento de Salud Municipal con el objeto de determinar la existencia de responsabilidad administrativa, referente a los hechos señalados en Vistos N°1 del presente decreto.”

Que, en el mismo Decreto Alcaldicio N°137, del 10 de mayo de 2019 el Sr. alcalde Miguel Becker Alvear, designa como Fiscal a don nombre reservado;

Que, a fs. 7 del Sumario Administrativo, consta de Resolución interna N°1 de fecha 15 de mayo de 2019, la aceptación del cargo del Sr. nombre reservado, designando como actuario a don nombre reservado;

Que, a Fs. 394 del Sumario Administrativo, el Sr. Fiscal nombre reservado solicita al Sr. alcalde Miguel Becker Alvear ampliación del plazo del sumario a 20 días.

Que, a fs. 395 del sumario Administrativo, Mediante Decreto N°210 de fecha 19 de Julio de 2019 el Sr. alcalde Miguel Becker Alvear, concede ampliación del plazo del sumario a 20 días, para dar término al proceso sumarial, formular cargos o sobreseer según corresponda.

Que, a fs. 428 mediante resolución Interna N°6 del 23 de agosto de 2019 el Sr. Fiscal nombre reservado, declara cerrado el sumario administrativo, planteando sólo conclusiones, sin precisar la tipicidad, antijuricidad, ni normas administrativas y legales infringidas, respecto de las actuaciones y funciones realizadas por los señores nombre reservado; nombre reservado y nombre reservado, manifestando que le asistirían responsabilidades administrativas, sin señalar los medios de prueba en que funda sus conclusiones, manifestando que estos: “Han transgredido disposiciones administrativas y legales, y por lo tanto les asiste responsabilidad en los hechos que se investigan.”

Que, acto seguido, el Sr. Fiscal se declara inhábil, de acuerdo con el artículo 127 de la Ley 18.883, para formular cargos respecto de don nombre reservado, por la responsabilidad administrativa que se deriva de los hechos investigados, dado que el no detenta la jerarquía requerida para proceder a lo anteriormente señalado, remitiendo proceso administrativo al Sr. alcalde Miguel Becker Alvear, mediante Ord. N°02 del 23 de agosto de 2019, rolante a fs 434.

Precisa el recurrente, que tampoco formuló cargos en contra de su representada.

Afirma que, las imputaciones que se formulen en el sumario deben ser concretas y precisas y, necesariamente, contener el detalle de los hechos constitutivos de la o las infracciones que se le imputa al o los inculpados y la forma como ellos han afectado los deberes que establecen las normas legales que se han vulnerado, de modo que se les permita asumir adecuadamente su defensa y, a su vez, el servicio pueda fundadamente determinar, si fuere procedente, la aplicación de la medida disciplinaria que en derecho amerite la falta administrativa. Para así sostenerlo cita Dictamen de Contraloría General de la República, N°13.576 de 2013.

Que, a fs. 435, mediante Decreto N°260 del 6 de septiembre de 2019, el Sr. alcalde Miguel Becker Alvear acepta la inhabilidad del Sr. nombre reservado respecto de don nombre reservado, y dispone el cambio de Fiscal designando a doña Katerin Kreps Pezzo.

Que a fs. 436, mediante Resolución Interna N°1 de fecha 7 de octubre de 2019, la Sra. Katerin Kreps Pezzo se da por notificada de la designación y acepta el cargo, para conocer de la investigación sumaria seguida en contra de don nombre reservado.

Precisa que la nueva fiscal, no decretó la reapertura del sumario, lo cual conforme al principio “Pro-Homine” se debe entender que este ha precluido respecto de las funcionarias nombre reservado y nombre reservado, no pudiendo realizar, por un principio de legalidad, ningún acto investigativo respecto de ellas.

Funda lo anterior en lo preceptuado en el artículo 19 Nº3 de la Carta Fundamental que consagra precisamente el denominado debido proceso, señalando en su inciso sexto que “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado”.

Agrega que, mediante Decreto N°326 de fecha 25 de noviembre de 2019, el Sr. alcalde Miguel Becker Alvear otorga “Ultimo plazo de 10 días” para el cierre y entrega del sumario, de conformidad al artículo 133 de la Ley 18.883, por lo que, al transcurrir este plazo, el sumario administrativo en curso respecto del Sr. nombre reservado también se entiende concluido, no pudiendo renovarse por un nuevo plazo que transgrede abiertamente las normas del debido proceso, especialmente el artículo 133 de la Ley 18.883.

Cierre de sumario y preclusión de plazos.

Aclara que el cierre del sumario, respecto de doña nombre reservado y nombre reservado, se decretó el 23 de agosto de 2019, conforme consta a fs. 428, mediante resolución Interna N°6 de día misma fecha y, que el cierre del sumario, respecto de don nombre reservado, se realizó mediante resolución interna N°3 del 19 de diciembre de 2019, mediante la cual la Sra. Fiscal Katerin Kreps Pezzo decreta cerrado el sumario.

Sostiene la Preclusión de Plazos:

Los plazos establecidos en el artículo 133 de la Ley 18.333 han precluido, conforme lo señaló y determinó el Sr. alcalde Miguel Becker Alvear en su decreto administrativo N°325 del 25 de noviembre de 2019.

2°).- En cuanto a la vulneración de derechos y garantías constitucionales expone:

2.1.- Sostiene que, conforme lo señalado precedentemente, principalmente considerando el cierre del sumario decretado mediante resolución Interna N°6 del de fecha 23 de agosto de 2019, conforme consta a fs. 428, respecto de su representada doña nombre reservado, sin que se haya decretado su reapertura, con posterioridad a ello, por la actual Fiscal Katerin Kreps Pezzo, ha provocado la inhibición, incompetencia e inhabilidad para que este nuevo Fiscal decrete y practique nuevas diligencias investigativas, por lo que, en especial las medidas y diligencias de fs. 437, 444, 446, 469 del sumario administrativo, son nulas procesalmente, ilegales y arbitrarias; dado que como se ha señalado estas diligencias fueron realizadas fuera de la etapa investigativa, atendido al cierre del sumario respecto de mi representada, rolante a fojas 428 de autos.

2.2.- Agrega que, en el mismo sentido anterior, habiéndose decretado el cierre del sumario, el 23 de agosto de 2019, (fs. 428 y sgts.) y precluido el plazo decretado por decreto alcaldicio N°326 del 25 de noviembre de 2019; y habiendo realizado el Sr. nombre reservado sólo una suerte de conclusiones, sin asidero legal en contra de su representada, carentes de toda tipicidad y juricidad y, sin formular cargos derechamente, no puede pretender la actual Fiscal Sra. Krepps, intentar subsanar las infracciones cometidas a los artículos 133, 135, 136, 137 de la Ley 18.883, dado que como se ha señalado, esta Fiscal se encuentra inhibida, inhabilitada y fuera de competencia, tanto para decretar diligencias en que se encuentre involucrada su representada, ni menos para formularle cargos, en forma extemporánea, pretendiendo subsanar con ello las omisiones realizadas por el ex - fiscal nombre reservado a fs. 428 y sgts.

Expone que por esa razón, la formulación de cargos notificada a su representada con fecha 30 de diciembre de 2019, es nula procesalmente, carente de legalidad y juricidad, por lo que desde ya solicita su declaración de nulidad, por los vicios señalados precedentemente, atendido a que habiéndose transgredido las normas del debido proceso, en especial teniendo en consideración lo preceptuado en el artículo 19 Nº3, inc. 6°, de la Constitución Política de Chile, que consagra precisamente el denominado debido proceso, señalando, que “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado”; de tal manera, que ni la formulación extemporánea de cargos deducida con fecha 30 diciembre pasado, ni las actuaciones precedentes, ya señaladas, pueden tener valor procesal alguno en las cuales se puede fundar un dictamen o la aplicación de posibles sanciones en su contra; por esta razón solicito se declare la nulidad procesal de todo el sumario administrativo, y atendido el mérito de autos, y no pudiendo renovarse ni aperturar el sumario administrativo por estar completamente viciado de nulidad, lo que la doctrina denomina “Nulidad procesal refleja”; y máxime aún por haber precluido todo plazo legal para ello; se decrete el sobreseimiento definitivo de mi representada.

3.- Cargos ilegales Imputados.

Alega que, de la lectura de los siete cargos, imputados se puede colegir, que carecen de todo fundamento y legalidad. Funda esta aseveración, en lo siguiente:

Primero: La Contraloría General de la República, mediante dictamen 13.576 de 2013, entre otros, ha señalado que “las imputaciones que se formulen en el sumario deben ser concretas y precisas y, necesariamente, contener el detalle de los hechos constitutivos de la o las infracciones que se le imputa al o los inculpados y la forma como ellos han afectado los deberes que establecen las normas legales que se han vulnerado, de modo que se les permita asumir adecuadamente su defensa y, a su vez, el servicio pueda fundadamente determinar, si fuere procedente, la aplicación de la medida disciplinaria que en derecho amerite la falta administrativa;

a) Cargo, según la Doctrina administrativa: Es el detalle objetivo, expresado por escrito en términos claros y precisos, de la acción u omisión que se representa al inculpado y la circunstancia agravante acreditada durante la etapa indagatoria.

Afirma que, basado en estas dos premisas y, especialmente de los fundamentos para sostener estos cargos, fácilmente se debiera colegir que, no se ha esgrimido prueba alguna para imputarlos; basarse sólo en las declaraciones de su representada, para sostener dichos cargos, (se refiere sólo a las declaraciones hechas por su representada ante el Fiscal nombre reservado); máxime aun cuando éstas no pueden constituir ni contienen en forma alguna una confesión de participación e infracción de norma alguna administrativa ni legal y que, por lo tanto, no pueden ser consideradas como plena prueba; y teniendo en cuenta del sólo examen de los interrogatorios del Fiscal nombre reservado hechos a su representada, se puede desprender que sus preguntas eran capciosas y sugestivas, que solo tendía a suponer o establecer hechos que su representada no ha efectuado, no conducen a ello, por el contrario, sus propias declaraciones la eximen de responsabilidad y participación en los actos administrativos investigados.

Segundo: Ninguno de los 7 cargos, se sostienen en prueba alguna del sumario, que puedan fundarlas legalmente, por lo que las supuestas conductas descritas no conducen a acreditar infracciones administrativas ni de ley.

Tercero: Que su representada, en todo sus actos, se sujetó a las normas de protocolo establecidas, por años en el departamento de salud, cumplió y se ajustó en sus contabilizaciones, en los sistemas computacionales habilitados por la Municipalidad; refrendó y respaldó todo movimiento contable, comunico toda acción realizada a sus superiores; obedeció todas las instrucciones dadas por sus superiores y en especial por el Director del Departamento de Salud don nombre reservado.

Precisa que los titulares, que tenían sus firmas autorizadas por Decreto Municipal y, autorizadas sus firmas ante las entidades bancarias correspondientes, correspondían al Director del Departamento de Salud don nombre reservado y, a la Tesorera doña nombre reservado.

Afirma que estos los funcionarios municipales, llamados a realizar un control riguroso de los egresos, pagos y giro de los cheques, de las respectivas cuentas bancarias municipales. A su representada solo le cabía la función de llevar los asientos contables y determinar el flujo de los dineros y de los egresos que se debían realizar.

Reclama que no es concebible que, a estos funcionarios responsables, sólo se le apliquen multas administrativas, y a su representada se la destituya, si no tuvo ninguna responsabilidad en el giro y egreso de los dineros.

Hace presente que, respecto de la materia del presente proceso sumarial, el Municipio no ha elaborado un Manual de procedimientos formalizado mediante Decreto Alcaldicio, no encontrando dentro del expediente sumarial algún documento que señale e identifique los “procedimientos establecidos por el Municipio” para el manejo de convenios, lo que se reconocería por declaraciones de otros funcionarios (fojas 102 Sra. nombre reservado y fojas 178 Sr. nombre reservado) y que se dicen haber sido vulnerados por mi representada.

Agrega que, es evidente que la omisión de una auditoria contable o una pericia, que debió ser realizada dentro del sumario, no se hizo dado que sin lugar a dudas esta no arrojaría ningún resultado en cuanto a determinar algún detrimento económico, tanto para la Municipalidad de Temuco, cuanto para alguna malversación de fondos provenientes del Ministerio de Salud, sólo se podría verificar que, ante la tardanza de la transferencia o remisión de los fondos del Ministerio de Salud y la imposibilidad de paralizar los proyectos y destinos de los dineros, para los cuales se asignaban estos recurso, sólo se hizo uso de los fondos provenientes del Ministerio de Salud, existente al momento de los giro, para solventar los gastos y proyecto en curso.

Insiste que, siendo la carga de la prueba del Fiscal competente, éste nado pudo acreditar y, atendida la presunción de buena fe que le asiste a su representada, cualquier imputación en su contra se debe acreditar con pruebas fehacientes y fidedignas, y no pretender sostener los cargos y el término de su relación laboral en sus supuestas declaraciones incriminatorias, que no son tales.

4.- Plazo de cierre del Sumario:

Precisa que, mediante Decreto N°326 de fecha 25 de noviembre de 2019, el Sr. alcalde Miguel Becker Alvear otorga “Ultimo plazo de 10 días” para el cierre y entrega del sumario, de conformidad al artículo 133 de la Ley 18.883.

Por lo que, al transcurrir este plazo, el sumario administrativo en curso respecto del Sr. nombre reservado también se entiende concluido, no pudiendo renovarse por un nuevo plazo que transgrede abiertamente las normas del debido proceso, especialmente el artículo 133 de la Ley 18.883.

5.- Cuestiones no incluidas en el Sumario:

5.1.- Que, posterior al cierre del sumario administrativo, con fecha 16 de octubre de 2019, el Concejo Municipal, mediante sesión de la Comisión de Salud y Medio ambiente, cuya acta rola a fojas 451 a fojas 467, y con la asistencia de los funcionarios Municipales Sres. nombre reservado, Administrador Municipal; Sra. nombre reservado, directora jurídica; etc., que se individualizan en foja 451, agregar lo señalado por el Director de Finanzas (fojas 455, 456,457,458), por el Administrador Municipal (fojas 459) en cuanto señala su confianza en que se va a resolver y existe de su parte buena disposición, no obstante es lento el proceso”.

5.2.- Que, además, en la misma sesión, a fojas 460, párrafo segundo, el Director de Administración y Finanzas señala que esta situación que se vive como Departamento de Salud y los convenios, que no lleguen los recursos a tiempo, son temas de administración central porque este tema también se vive en lndap, en Programas de Seguridad Pública, de la Mujer, etc. Todos con atraso, no es tema del Departamento sino que los Ministerios demoran mucho en hacer llegar los convenios, es así que en Salud hay convenios que parten en Enero, se firman en agosto y los recursos llegan en octubre y no cuentan con presupuesto suficiente y uno se pregunta, espero a contratar a las personas cuando tenga los dineros o privilegio a los beneficiarios, que son los más carenciados y adelanto el programa.

6.- Procedimientos Posteriores a la Instrucción del Sumario Administrativo:

6.1.- Afirma que el Departamento de Salud sigue gestionando los convenios y sus aportes involucrados bajo las mismas condiciones en cuanto a los registros formales puestos a disposición por el Municipio, tales como sistemas de remuneraciones, sistema de contabilidad, contratación de recursos humanos para estos fines dentro de la dotación del Departamento de Salud, etc., sistemas que en años anteriores no permitían llevar un control administrativo eficiente y oportuno y por lo cual se generaron en gran medida las observaciones que generaron este proceso sumarial.

Alega que, sin embargo, las funciones que le correspondía realizar a su representada, ahora se encuentran divididas en 2 unidades, contratando para ello a 2 nuevos profesionales y redestinando funciones, completando para reorganizar las tareas un equipo de trabajo de 4 profesionales, incrementando también el personal en las unidades de Adquisiciones y Recursos Humanos, facilitando con ello una mayor dedicación a las gestiones que se requieren para el registro de los pagos de sueldos y gastos a ejecutar en los convenios suscritos.

6.1.- Que, cada uno de los actos en que se incurrió para la prestación de los servicios conveniados con el Servicio de Salud Araucanía Sur y que se derivan en los procesos en cuestión, se encuentran enfocadas estrictamente en el cumplimiento de las metas y objetivos de los mismos convenios y están en conocimiento y con la visación de la jefatura superior.

6.2.- Respecto de lo señalado en el Art 58, letras b y c, del Título III de Obligaciones funcionarias, de la Ley 18.883 Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales.

b) Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la Municipalidad y a la mejor prestación de los servicios que a ésta correspondan c) Realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la Municipalidad.

Sostiene que, en el caso de ambas obligaciones funcionarias, en su calidad de Jefa de la Unidad de Gestión de Administración y Finanzas del Departamento de Salud, su representada se apegó a los objetivos institucionales, cual es la administración de los establecimientos y dependencias a su cargo, para los efectos del eficiente cumplimiento de las políticas, normas, planes, programas y directivas que imparta el Ministerio de Salud, para la Atención Primaria de Salud Municipal, tal como lo señala el Manual de Funciones del Departamento de Salud.

Insiste que, cada uno de los actos en que se incurrió para la prestación de los servicios convenidos con el Servicio de Salud Araucanía Sur y que se derivan en los procesos en cuestión, se encuentran enfocadas estrictamente en el cumplimiento de las metas y objetivos de los mismos convenios y están en conocimiento y con la visación de la jefatura superior.

7.- Respecto de lo señalado en el Art 58, letras b y c, del Título III de Obligaciones funcionarias, de la Ley 18.883 Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales.

b) Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la Municipalidad y a la mejor prestación de los servicios que a ésta correspondan c) Realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la Municipalidad.

Explica que, en el caso de ambas obligaciones funcionarias, en su calidad de Jefa de la Unidad de Gestión de Administración y Finanzas del Departamento de Salud, su representada se apegó a los objetivos institucionales, cual es la administración de los establecimientos y dependencias a su cargo, para los efectos del eficiente cumplimiento de las políticas, normas, planes, programas y directivas que imparta el Ministerio de Salud, para la Atención Primaria de Salud Municipal, tal como lo señala el Manual de Funciones del Departamento de Salud.

8.- Hoja de vida funcionaria:

Expone que, los antecedentes personales de su representada como funcionaria con más de 20 años de servicio, con una hoja de vida intachable y de conducta anterior irreprochable, nunca ha sido sometida jamás a alguna sanción por algún proceso de investigación sumarial, lo que le ha permitido estar calificada siempre en lista 1 de mérito dentro del Departamento de Salud y, cuyas últimas pre calificaciones realizadas por su jefe directo Sr. nombre reservado, le han permitido lograr un puntaje de 99 puntos sobre un máximo de 100, por lo cual jamás se le ha señalado dentro de su quehacer funcionario alguna falta a las obligaciones propias de su cargo, ni a su comportamiento personal como funcionaria pública.

9.- Recurso de Reconsideración:

Que dentro del término legal, a partir del 11 de Mayo de 2020, fecha en que se le notificó el decreto alcaldicio N°65 de fecha 5 de Mayo de 2020, su representad dedujo un recurso de reconsideración administrativo, en contra de este decreto, el cual fue rechazado por el Sr. Alcalde recurrido.

10.- Vulneración de Garantías constitucionales:

Estima indudable que, tanto la tramitación, como el procedimiento realizado por los fiscales a cargo del sumario administrativo, se apartaron e infraccionaron gravemente el procedimiento sobre sumario administrativo establecido en la ley del ramo, no se respetó el plazo de 60 días para incoarlo, ni menos se respetó el plazo fatal ordenado por el Sr. Alcalde para su conclusión. El debido proceso no fue respetado, desde su inicio, no se proveyó la incidencia de nulidad procesal interpuesta, por el contrario, se omitió flagrantemente; se vulneró también el principio de la presunción de inocencia, al no respetarse que la carga de la prueba correspondía al fiscal y no a mi representada, no se realizó un trámite esencial como un peritaje contable que pudiese determinar la efectividad de los 7 cargos imputados a mi representada; tampoco se respetó la igualdad ante la ley, ya que no obstante que mi representada nunca ha sido titular autorizado para firmar y suscribir los cheques y los egresos de las cuentas bancarias, sino que a los responsables de estos giros y egresos solo se les aplico una multa administrativa de un 20%, y nuca se les aplico una medida drástica como la suspensión del cargo aplicado a mi representada; el fundamentar tanto las acusaciones extemporáneas en las propias declaraciones de mi representada, quien nunca reconoció haber realizado irregularidad alguna, ni menos malversado fondos públicos, es una flagrante violación a su legítima defensa, dado que su representada nunca tuvo conocimiento de la circunstancia de haberse realizado una pericia contable, que pudiese corroborar las acusaciones en su contra; el Sr. nombre reservado, alcalde que firmó el decreto de destitución, recurrido en esta presentación, ni siquiera hizo valer su decisión de conceder un plazo último para el cierre del sumario, sino que por el contrario hizo caso omiso de dicho decreto y plazo perentorio fijado; también violó las normas de procedimiento y vulneró las garantías constitucionales de su representada al ratificar y fundamentar el decreto de destitución en una única prueba, como la de pretender que las solas declaraciones de su representada constituían mérito suficiente para ser acusada y destituida, dando por terminada su relación la boral con la municipalidad de Temuco; con ello se le vulneraron todos sus derechos a mantener su relación laboral y contrato de trabajo, dejándola en la total indefensión.

Solicita tener por deducido el presente recurso de Protección, en contra de don Miguel Becker Alvear, en su calidad de Alcalde de la Municipalidad de Temuco y, en contra de esta misma entidad edilicia, por haberse vulnerado gravemente los derechos constitucionales de su representada, disponiendo su tramitación y previo informe del recurrido, dar lugar al mismo restableciendo el imperio del derecho, dejando sin efecto el Decreto N°65 del 5 d Mayo de 2020, que dispuso el término de la relación laboral de mi representada, por no ajustarse a derecho, disponiendo que mi representada debe ser reincorporada su trabajo y funciones que detentaba antes de la instrucción del sumario, con costas.

Acompaña a su presentación: copia del Decreto alcaldicio N°65 del 5 de Mayo de 2020;

11.- A folio 16, recurrente acompaña los siguientes documentos:

1- Informe de auditoría externa a flujos de fondos de los departamentos de Salud y Educación de la Municipalidad de Temuco de los años 2017 y 2018.

2- Informe médico de la recurrente.

A folio 12, informa el recurrido quien dice:

1.- Mediante Decreto Alcaldicio N°137 de fecha 10 de mayo de 2019, se ordenó instruir proceso investigativo a solicitud del Director del Departamento de Salud Municipal don nombre reservado, lo anterior por deficiencias detectadas en el control de la Administración de Recursos de Convenios suscritos entre el servicio de Salud Araucanía Sur y el Departamento de Salud. Señala que se expresa en un desorden de aspectos administrativos, contables, presupuestarios y financieros.

Se designa Fiscal a don nombre reservado, Jefatura, GR 9, Planta, con desempeño en Departamento de Control Interno. Mediante Resolución Interna Nº 01 de fecha 15 de mayo de 2019, acepta cargo y procede a nombrar actuario a don nombre reservado, profesional GR. 10 con desempeño en el Departamento de Control Interno.- 2.- Por medio de Resolución interna Nº 06 de fecha 23 de agosto de 2019, rolante a fojas 428 del expediente administrativo, el fiscal Sr. Carrizo, declara cerrado el proceso sumarial y solicita que sea inhabilitado del cargo de conformidad al art. 127 inc. final de la ley N° 18.883 por haber determinado la existencia de responsabilidad administrativa en un funcionario que cuenta con mayor grado jerárquico, relatando en dicho documento claramente los hechos por los cuales determinó dicha responsabilidad, tanto de la recurrente en este recurso como de otros dos funcionarios.- 3.- Mediante Decreto Alcaldicio N°260 de fecha 06 de septiembre del año 2019, se nombra fiscal a doña nombre reservado, funcionaria GR. 4 con desempeño en la Dirección de Desarrollo Comunitario, quien por Resolución Interna N°01 de 7 de octubre 2019, acepta cargo y mantiene como actuario a don nombre reservado. nombre reservado a los sumariados con fecha 16 de octubre del mismo año el cambio de fiscal, cumpliendo además con lo establecido en el art. 130 de la ley N°18.883.

4.- A fojas 487 a 489, con fecha 30 de diciembre de 2019 se le formulan 7 cargos a doña nombre reservado, siendo éstos los siguientes:

“No haber controlado adecuadamente la gestión financiera del Departamento de Salud, en particular sobre aquellos recursos derivados de convenios suscritos con el Servicio de Salud, complementarios a la gestión propia de la institución, lo que permitió que al 31.12.2018 los saldos en las cuentas corrientes bancarias sean inferiores a los recursos que deberían existir a esa fecha, principalmente por estar utilizando recursos de convenios específicos para financiar otros programas que no cuentan con el financiamiento total”.

“No haber impartido instrucciones específicas a la Tesorera del Depto. de Salud respecto de la administración de cuentas corrientes que se manejan en el Departamento de Salud Municipal, como así también, respecto del control financiero que se requería para estos efectos”.

“No haber respondido ni corregido formalmente las observaciones planteadas por el Departamento de Contabilidad Municipal a través de informes trimestrales remitidos vía correo electrónico, y en los cuales se daba cuenta de programas con financiamiento externo que presentaban sobregiro financiero, ni haber acatado las sugerencias realizadas respecto de su urgente financiamiento como así también la revisión de los procedimientos de control y visación en la ejecución futura de este tipo de remesas, demostrando un actuar negligente en el cumplimiento de sus funciones”.

“No haber realizado acciones concretas para informar y transparentar la utilización de recursos de otras fuentes de financiamiento del Departamento de Salud, cuando los recursos de convenios no se recibían en forma oportuna y/o bien, los programas tenían un gasto superior al financiado por el Servicio de Salud, y además, vulneró la formalidad y el procedimiento establecido para realizar modificaciones presupuestarias, lo que se encuentra respaldado en sus declaraciones”.

• “Haber sido negligente al manejar convenios suscritos con el Servicio de Salud, en su calidad de Jefa de Gestión Administrativa y Financiera, autorizando gastos respecto de convenios que a la fecha aún no se reciben las remesas (Convenios que datan del año 2016 y 2017), situación que permitió que se originara un mayor gasto sin contar con las autorizaciones de las autoridades municipales competentes (Administrador, Alcalde y Concejo Municipal), y además, no operó adecuadamente los centros de costos de los convenios e imputaciones de los gastos, a fin de separar los gastos aceptados por el Servicio de Salud y el mayor gasto que se genera de la aplicación de los convenios, no teniendo certeza, en su calidad de Jefa de Gestión Administrativa y Financiera, sobre los saldos efectivos que debiesen existir en la cuenta corriente de convenios”.

• “Haber sido negligente en el cumplimiento de sus funciones al haberse declarado responsable en el desorden administrativo, contable, presupuestario y financiero que denuncia el Jefe del Departamento de Salud y Director de Administración y Finanzas del Municipio, al no haber actuado de manera oportuna en solicitar los ajustes contables en algunos casos, sobre todo respecto de las asignaciones que se les pagan al personal contratado para los convenios, lo que deja en evidencia una administración más bien reactiva que proactiva al no entregar la información correcta para prever las acciones que se deben adoptar hacia el futuro”.

• “No haber colaborado y asesorado adecuadamente al Director del Departamento de Salud para evitar que se pagaran gastos ocasionados por los convenios suscritos con el Servicio de Salud, con recursos de la cuenta corriente de fondos propios (subprograma 1). Sin que se hubieran seguido los procedimientos establecido por la Municipalidad. Así también, no informó de manera formal y en la oportunidad que correspondía, al Jefe del Departamento de Salud, sobre los saldos deficitarios, contables y financieros de algunos programas, con lo que evitó que se transparentara y visibilizara ante la autoridad comunal el problema con la debida oportunidad y que originó el desorden administrativo, presupuestario, contable y financiero”.- 5.- Con fecha 31 de diciembre de 2019, la sumariada solicita a través de abogado recurrente, copia íntegra del expediente y ampliación de 5 días para efectos de presentar descargos, accediendo el fiscal a su petición. Dentro del plazo legal la reclamante presenta sus descargos a fojas 753.-6.- Por Decreto Alcaldicio N°65 de fecha 05 de mayo de 2020 se aplica a la recurrente la medida disciplinaria de Término de la Relación Laboral, de conformidad a los 7 cargos señalados precedentemente, realizando el fiscal en el mismo decreto el siguiente análisis: “Acoger con plena convicción los documentos que originan el presente sumario y que dicen relación fundamentalmente a un desorden ocurrido en el Departamento de Salud Municipal en aspectos administrativos, contables, presupuestarios y financieros, y que en el transcurso del sumario y respaldado por los antecedentes que rolan en el proceso, la fiscalía llego a la convicción absoluta que este desorden efectivamente existe en el Departamento de Salud, prueba de ello es la denuncia realizada por el propio Director del Departamento, respaldada además por el Ord. N°1 emitido por el Director de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Temuco. Que este desorden se venía arrastrando desde hace varios años y que para poder dar solución en algunos aspectos, le corresponderá al municipio tomar medidas tendientes a generar mecanismos de control y seguimiento de la administración presupuestaria, contable y financiera, tanto de recursos propios como de convenios externos que permita asegurar el normal funcionamiento del Depto. de Salud, evitando recaer en la falta de administración y desorden que fueron provocados principalmente por acciones u omisiones en que habría incurrido la Sra. nombre reservado…, y que los dos directivos indicados precedentemente, las señalan como entre las responsables de este desorden, situación que se ve absolutamente respaldada por declaraciones y documentos que forman parte de este proceso sumarial. Sin perjuicio de lo anterior, es importante hacer presente que la Fiscalía tomó conocimiento en base a los antecedentes vistos y declaraciones tomadas al respecto, que efectivamente existen problemas de financiamiento los primeros meses del año de aquellos convenios de salud con continuidad, debido a que dichos convenios son tramitados por el Servicio de Salud en forma posterior al inicio de la ejecución de los servicios, lo que genera desfases (retrasos) en la entrega de recursos por parte de dicho Servicio (retrasos en las remesas), por lo que el Municipio debe buscar alternativas de financiamiento durante ese tiempo, de tal forma de no discontinuar o suspender transitoriamente los servicios, en áreas tan sensibles para la comunidad como es la atención de urgencias (SAPU). Es importante consignar, que la problemática descrita anteriormente, no justifica en ningún sentido, las acciones u omisiones en las cuales incurrieron los funcionarios indicados en el párrafo anterior, por cuanto debieron informar en cada convenio los retrasos o desfases en la entrega de recursos por parte del Servicio de Salud que permitiera a la Municipalidad tomar medidas previas que aseguren el financiamiento mensual de los convenios, en especial de programas orientados a ampliar la cobertura de salud municipal”.- 7.- En contra del decreto alcaldicio que aplica la medida disciplinaria, la peticionaria dentro de plazo, interpone Recurso de Reposición, con idénticos argumentos a los presentados en el presente reclamo, lo que concluyó en la dictación del Decreto Alcaldicio N°5.135 de fecha 25 de mayo de 2020, el cual en definitiva confirma la medida disciplinaria impuesta.- LA ILEGALIDAD Sostiene que, como se puede apreciar, el procedimiento llevado a cabo, cumplió con las normas que forman parte del concepto de “un debido proceso”, acreditándose la existencia de responsabilidad administrativa en la recurrente, al existir transgresiones a las normas contenidas en el Estatuto Administrativo por parte de doña nombre reservado.

Señala que, respecto a las afirmaciones realizadas por la recurrente denunciando que dicho procedimiento administrativo se encontraría viciado, tanto de nulidad como de ilegalidad:

1.- Cierre de investigación por parte del fiscal nombre reservado, señalando que tiene Inhabilidad de conformidad al art. 127 de la ley 18.883.

Indica la recurrente que al haberse decretado el cierre de la investigación por parte del fiscal nombre reservado, por existir personas con mayor grado jerárquico que él, solicitando su inhabilitación y, habiéndose nombrado otra fiscal, ésta al asumir su cargo “no habría decretado la reapertura del mismo”, provocando la inhibición, incompetencia e inhabilidad para decretar y practicar nuevas diligencias, señalando que las realizadas con posterioridad al cambio de fiscal, son nulas procesalmente, ilegales y arbitrarias.

Al respecto señala que, el procedimiento y tramitación de un Sumario Administrativo o Investigación Sumaria se rige por las normas contempladas en la Ley N° 18.883 “Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales”, aplicándose supletoriamente la ley N° 19.880, “Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos del Estado”, no siendo aplicables las normas de Código de Procedimiento Civil, como pretende hacer valer el solicitante.

Indica que, según el artículo 142 de la mencionada ley N° 18.883, los vicios de procedimiento no afectarán la legalidad del decreto que aplique la medida disciplinaria, cuando incidan en trámites que no tengan influencia decisiva en los resultados del sumario. Al respecto, el Dictamen N° 13.022, de 2010, ha señalado que se consideran trámites que tienen una influencia decisiva en el resultado del sumario administrativo, aquellos cuya omisión priva al afectado del derecho a defenderse oportunamente, como ocurre con la declaración del inculpado, la formulación y notificación de los cargos o de la sanción que se pretende aplicar, por lo que la infracción de las formalidades en el desarrollo de las aludidas actuaciones, al no producir indefensión, no obstan a la validez del proceso en estudio.

Como se puede apreciar, al realizar el estudio del expediente sumarial, la recurrente, en ninguna de las etapas, se encontró en la indefensión, cumpliendo los fiscales a cargo del mismo con todos y cada uno de los requisitos exigidos para que éste se tramite conforme a derecho.

2.- Que los cargos formulados imputados son ilegales, así como la prueba insuficiente.

En lo referente a las deficiencias que adolecería la formulación de los 7 cargos y, de acuerdo a lo señalado por jurisprudencia de esa Entidad de Fiscalización, contemplada, entre otros, en el Dictamen N° 13.576, de 2013, los reproches que se realicen en el sumario deben ser concretos y precisos y, necesariamente, contener el detalle de los hechos constitutivos de la o las infracciones que se le imputa al o los inculpados y la forma como ellos afectaron las obligaciones que establecen, las normas legales que se han vulnerado, de modo que se les permita asumir adecuadamente su defensa y, a su vez, el servicio pueda fundadamente determinar, si fuere procedente, la aplicación de la medida disciplinaria que en derecho amerite la falta administrativa.

Agrega que, del solo estudio de los antecedentes sumariales se podrá advertir que, las acusaciones que se le formularon a la sumariada a fojas 487 a 489, reúnen todos y cada uno de los presupuestos precedentemente enunciados, ya que en ellos se precisa claramente el reproche, y que deberes funcionarios fueron vulnerados, sin que aparezca alguna infracción a la garantía del debido proceso.

En cuanto a la falta de acreditación de los cargos imputados, precisa que se puede advertir en el expediente sumarial que en este se allegaron las probanzas tendientes a establecer la veracidad y existencia de los hechos ordenados investigar, señalando la reclamante que las imputaciones fueron basadas solamente en su declaración, bajo preguntas capciosas y sugestivas del fiscal nombre reservado, no obstante no menciona que también prestaron declaración ante la Fiscal nombre reservado, otros funcionarios y existe copiosa documentación, demostrándose por tanto, su responsabilidad administrativa, la que no pudo desacreditar.

No obstante lo anterior, en lo relativo a la eventual tasación inadecuada de la prueba producida, la que considera insuficiente para acreditar las acusaciones de que fue objeto, indica que, de acuerdo a la jurisprudencia contenida, entre otros, en el Dictamen N° 51.330, de 2014, si bien a la Contraloría General de la Republica le corresponde custodiar la legalidad del proceso, en dicho desempeño no puede sustituir a la Administración activa en la ponderación de los elementos de convicción destinados a fijar un juicio de valor acerca de la responsabilidad disciplinaria de la inculpada, los que deben ser apreciados en conciencia, según el artículo 35 de la ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, aplicable en la especie de manera supletoria, al no contemplar la ley N° 18.883 normas a este respecto.- 3.- Ausencia y omisión de una Auditoría o Pericia Contable.

Tanto en la Vista Fiscal, como en los decretos alcaldicios que aplican y confirman la sanción, la fiscal instructor hace referencia a la necesidad de efectuar auditorias: “Importante señalar que respecto del análisis realizado, si bien no se ha logrado determinar que exista verdaderamente un detrimento al patrimonio municipal, la Fiscalía ratifica un desorden generalizado y falta de control en la administración financiera, contable y administrativa del Departamento de Salud Municipal, que de no ser manejada con acuciosidad y permanente control, generaría diversos problemas en la administración de los recursos públicos que le asisten a la Municipalidad. Que los problemas anteriores descritos, no fueron visibilizados ni informados por el Departamento de Salud generando una especie de acumulación de descuadres entre las cuentas de recursos propios y de convenios, impidiendo tener la claridad año a año de los saldos contables y financieros de una cuenta como de otra. Es por lo anterior que se estima necesario la realización de auditorías contables en forma periódica a fin de determinar y asegurar el correcto y normal funcionamiento del Departamento de Salud”.

4.- Procedimientos posteriores a la instrucción del sumario.

Sostiene que, posterior al proceso investigativo, existe una nueva organización, que se generaron unidades nuevas, contratación de profesionales, se redestinando funciones con el objeto de reorganizar las tareas, incrementando personal en distintas áreas, facilitando con ello una mayor dedicación a las gestiones que se requieren para el registro de los pagos de sueldos y gastos a ejecutar en los convenios.

Señala que, tanto el municipio como el Departamento de Salud, han tomado en consideración las observaciones planteadas por la fiscal, tendientes a subsanar los errores cometidos y observados en el sumario incoado, modificaciones todas tendientes a llevar un control administrativo eficiente y oportuno.

5.- Que no se habrían considerado las atenuantes, entre ellas hace mención a la irreprochable conducta anterior y que el castigo impuesto sería desproporcionado.

Es necesario indicar que la ponderación de los hechos y la determinación de la gravedad y grado de responsabilidad que en ellos cabe a la sumariada, son materias cuyo conocimiento corresponde primariamente a los órganos de la Administración activa.

Finalmente señala que, el proceso investigativo fue llevado dando cumplimiento a toda la normativa que la rige y que la sanción impuesta a la reclamante se ajusta al mérito de la referida investigación, como a todos los conceptos del debido procedimiento.

Las garantías invocadas.

Aclara que la recurrente ha invocado e insinuado como violadas las siguientes garantías constitucionales:

a.- La igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política del Estado.

En su recurso, no se señala ningún otro caso, que la autoridad administrativa hubiese actuado de una forma distinta, que nos permita observar que exista alguna diferencia irracionales y arbitrarias.

Que el acto recurrido, se encuentra suficientemente fundado y contiene una serie argumentos, que justifican la aplicación de la medida, la cual es proporcional a la falta cometida.

Estima que el problema radica, no en la existencia de una diferencia ante la ley, sino, en que a la recurrente no les gusta la sanción propuesta. - b.- En segundo lugar, ha señalado como infringido el artículo 19 N°16 inciso 4° de la Constitución Política, en cuanto a que ninguna clase de trabajo, puede ser prohibida.

Afirma que el documento recurrido no se está prohibiendo en sí mismo el trabajo de la recurrente, sino que en él se determinan las condiciones señaladas por la ley.

c.- También, ha alegado como infringido el artículo 19 Nº21 de la Constitución, que asegura el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contrario a la moral, orden público o la seguridad nacional.

Sostiene que, del recurso no se observa en qué forma la legítima actuación de su representada pudiera afectar estos derechos de la recurrente.

Termina solicitando tener por evacuado el informe por parte de la Municipalidad de Temuco, pidiendo el rechazo del recurso de protección deducido en su contra, en todas sus partes, con costas.

Acompañó a su presentación los siguientes documentos:

1.-Oficio N°3439 de la Contraloría General de la República, solicitando informe, sobre presentación efectuada por la recurrente.

2.-Reclamo de Ilegalidad presentada por la recurrente ante la Contraloría General de la Republica.

3.-Decreto Alcaldicio N°65 de fecha 05 de mayo de 2020.

4.- Notificación a la recurrente.

5.- Decreto Alcaldicio N°5135 de fecha 20 de mayo de 2020.

6.- Reposición presentada por la recurrente.

7.- Contestación efectuada por la Municipalidad de Temuco, a la Contraloría General de la Republica 8.- Sumario Administrativo.

A folio 33, con fecha 21 de diciembre de 2020, atendido el mérito de los antecedentes, como medida para mejor resolver se decretó oficiar a la recurrida, Municipalidad de Temuco, a fin que informe a esta Corte, a la brevedad posible, respecto de la solicitud de reapertura del Sumario seguido en contra de la recurrente y, en su caso, el estado en que éste se encuentra. Se resolvió, además, suspender entretanto el estado de acuerdo.

A folio 37 informa la recurrida que, con fecha 21 de diciembre de 2020, se dictó Decreto Alcaldicio N°234, que dispuso la reapertura del sumario incoado en contra de la recurrente y, se ha nombro como fiscal administrativo a don nombre reservado, Secretario Municipal, quien se encuentra en la etapa de jurar y aceptar el cargo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para tales efectos, preciso es que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que, atendido lo informado por la recurrida Municipalidad de Temuco con ocasión de la medida para mejor resolver decretada a folio 33, antecedentes de acuerdo con los cuales se procedió a la reapertura del sumario, preciso es concluir que la resolución contra la que se recurre será revisada, como también los antecedentes que se tuvieron a la vista para dictarla, motivos por los cuales no es posible estimar que las garantías constitucionales que se invocan como fundamento del arbitrio constitucional incoado, puedan haber sido afectadas por la recurrida con ocasión de los hechos denunciados.

TERCERO: Que, para la procedencia de la acción cautelar de protección, es menester que exista un perjudicado o agraviado, esto es, alguna persona que “por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de...”, requisito que en la especie no concurre, por cuanto éste carece de objeto, ya que al desaparecer el supuesto agravio atendido el hecho que se ha procedido a la reapertura del sumario, no existe medida cautelar que pueda adoptar esta Corte para restablecer el imperio del derecho, por lo que el arbitrio constitucional intentando, ha perdido oportunidad o actualidad jurídica.

CUARTO: Que, en consecuencia, atendido lo reflexionado precedentemente, resulta innecesario entrar al análisis de las garantías constitucionales que se señalan como vulneradas, ni al examen pormenorizado de los documentos acompañados por las partes.

Por estas consideraciones y normas constitucionales citadas y, de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por ARMIN IVÁN CASTILLO MORA, Abogado en representación de doña nombre reservado, en contra de don Miguel Becker Alvear, en su calidad de Alcalde de La Municipalidad de Temuco y en contra de la Municipalidad de Temuco.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante don Roberto Fuentes Fernández Rol Protección N°4266-2020. (sac)