nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, dieciséis de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, comparece doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado y de la Superintendencia de Seguridad Social, con domicilio en domicilio reservado, por el rechazo de su licencia médica de folio 120042932-6.

Solicita que mediante este documento se reciba apelación, ya que estaba pasando por un periodo de estrés, con mucho cansancio, falta de sueño, todos los días de lunes a viernes se levanta a las 04:30 de la mañana para ir a trabajar a Temuco, toma el bus a las 6:15, señalando que su problema de salud se manifestó con problemas gástricos, que ha tenido dos episodios de ataques de angustia, con movimientos involuntarios del ojo izquierdo, afirmando que es por lo anterior es que necesitó de forma urgente esta licencia, la que fue rechazada, solicitando que se considere su estado de salud, cansancio y condición actual.

Sostiene que los hechos descritos vulneran la garantía del artículo 19 N° 1 y N° 24 de la Constitución Política de la República, ya que el dictamen de la Compín y de la Superintendencia que rechazan su licencia, le afecta psicológicamente y asimismo implica el no pago de parte de sus remuneraciones, generando problemas de dinero para pagar gastos comunes y deudas varias, vulnerando su derecho de propiedad porque se le ha privado de sus remuneraciones.

Solicita finalmente que se tenga por interpuesto el recurso de protección en contra de ambas recurridas y que en definitiva se ordene realizar un nuevo peritaje médico que determine que su reposo es justificado y por consiguiente se le pague su licencia médica, todo lo anterior, sin perjuicio de las medidas que esta Corte estime aplicar para restablecer el imperio del derecho, con costas en el evento que exista oposición de las recurridas. Acompaña informe médico de fecha 24 de agosto de 2025, apelación a la Suceso de fecha 17 de octubre de 2025 y dictamen de apelación a la suceso de fecha 12 de noviembre de 2025.

A folio 11, comparece la abogada Andrea Cisternas Tiemann, en representación de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, quien evacúa el informe requerido, solicitando su rechazo por cuanto, no ha existido de parte de mi defendida actuación ilegal o arbitraria que haya causado a la recurrente la vulneración de un derecho constitucionalmente garantido o siquiera su amenaza, estimando que la Superintendencia de Seguridad Social en el caso de la Sra. nombre reservado, se limitó a resolver, con pleno apego a la normativa legal y reglamentaria que regula esta particular manifestación del derecho a la Seguridad Social, los reclamos que en su oportunidad presentó la recurrente en contra de la Subcomisión Cautín - Compín Región De La Araucanía, que rechazó la licencia médica N°120042932-6, por reposo no justificado.

En primer lugar, solicita que se declare la improcedencia del recurso, por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos, señalando que la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

Argumenta que la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar, afirmando que la Acción de Protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República.

En subsidio de la alegación anterior, evacúa el informe requerido haciendo referencia al marco normativo que regula la materia de la presente acción de protección, en cuanto al Derecho a Licencia Médica y las incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado licencia médica, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal, indicando que en estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que, unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

Expone que el derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto. El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”. En virtud del artículo 156 del mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional. 4 La licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “ Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud –Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”, afirmando que la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

En cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, refiere que le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Ahora bien, el legislador ha establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificado recientemente por la Ley Nº 20.691, de 2013, cuáles son las funciones esenciales de la Superintendencia de Seguridad Social. A su vez, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”. El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.” A su vez, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”. Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la señalada Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone que a su representada le corresponderá: “Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes”. En seguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley Nº 20.691, dispone que corresponde a mi defendida: “Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”. Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, su representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

Sostiene que en lo que respecta al derecho a licencia médica, a la Superintendencia de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 16.395, le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud. En tal sentido, las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS DE SALUD), las que tienen a su cargo las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), entidades que como ha quedado claramente establecido participan en la administración del derecho a licencia médica, ya sea actuando como primera instancia, respecto de los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional De Salud (FONASA) o bien como instancia de apelación en el caso de las licencias médicas otorgadas a afiliados a Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES).

Añade que las resoluciones de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas son apelables en el plazo de 15 días hábiles ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), instituciones de previsión que en la actualidad dependen de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI), añadiendo que estas instituciones deben resolver acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA), señalando que los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de “supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la de calificar la legalidad de los ingresos, así como la oportunidad y finalidad de los egresos e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se otorguen a los imponentes”.

Expone que el procedimiento para la autorización de las licencias médicas está previsto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud. En este cuerpo reglamentario se contemplan expresamente causales de rechazo de licencias médicas, de acuerdo con este procedimiento, el trabajador cotizante de FONASA (sistema público de salud), afectado por el rechazo de una licencia médica dispuesto por una COMPIN, puede solicitar la reconsideración de tal resolución, indicando que en caso de que la COMPIN, analizados los nuevos antecedentes, si es que los hay y reestudiado el caso, confirme su anterior resolución, el trabajador puede reclamar ante esta Superintendencia, la que revisa, de acuerdo con el marco legal señalado, lo actuado por la COMPIN, en cuando a la procedencia o no de autorizar la licencia médica cuestionada. Ciertamente, en caso que se confirme por esta institución de control, lo resuelto por la COMPIN, el trabajador afectado puede solicitar reconsideración de acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 7 Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Argumenta que la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”, indicando que un derecho tiene el carácter de indubitado, cuando su existencia o evidencia no deja margen de duda, por lo que no es necesario recurrir a otros medios de comprobación para constatar su presencia y por el contrario, cuando un Derecho Reclamado por una parte es discutido por la otra parte, de manera que para zanjar el conflicto necesariamente debe sujetarse a un procedimiento controversial, podemos afirmar que, en dicha situación, tal derecho carece de la entidad exigida por nuestra carta fundamental para su protección por la presente vía de acción.

Afirma que en este caso, está presente un conflicto o controversia respecto de la legalidad de una resolución que se pronuncia sobre un tema de una ciencia determinada, cual es la medicina con especialidad en Psiquiatría, en que intervienen diversos profesionales quienes emiten una evaluación con arreglo a sus conocimientos, por lo que, existiendo controversia respecto de esas conclusiones, aquello escapa ampliamente del objeto de una acción cautelar de esta naturaleza, por lo que en el caso de la Sra. nombre reservado, claramente no es titular del “derecho a licencia médica y del consecuente subsidio por incapacidad laboral”, por cuanto no se ha cumplido los requisitos legales para que éste nazca a la vida del derecho y produzca sus efectos, de tal forma que no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones y estudio de la Compín y esta Superintendencia se llegó a la conclusión que no era procedente autorizar las licencias médicas que se le extendieron a la recurrente, por las razones latamente expuestas.

Refiere que con la finalidad de resolver la antedicha presentación, la Superintendencia procedió a recabar los antecedentes médicos de la COMPIN respectiva, específicamente, el registro histórico de licencias médicas (FONASA) y la CARTOLA MEDICA del Servicio de Salud, añadiendo que distintos profesionales médicos de esta Superintendencia analizaron los antecedentes del caso de la Sra. nombre reservado, conforme a lo siguiente: 1.- Consta en el expediente administrativo que se acompaña a este informe, que la Sra. nombre reservado, por presentación de fecha 17 de octubre de 2025, reclamó ante este servicio por cuanto la SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, confirmó el rechazo de la licencia médica N° 120042932-6, extendida por un total de 21 días a contar del 18 de junio de 2025, por reposo no justificado. En razón de lo anterior, esta Superintendencia, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica señalada precedente no se encontraba justificado. “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica N° 120042932-6, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el informe médico aportado no permite establecer incapacidad laboral temporal durante el periodo de reposo otorgado, en ausencia de elementos psicopatológicos de gravedad que justifiquen el rol terapéutico y la extensión del reposo. En efecto, los antecedentes médicos aportados no describen evolución clínica, controles realizados para ajuste ni respuesta al tratamiento farmacológico, limitación funcional ocasionada, plan de cuidados orientado al reintegro laboral ni fecha probable de alta. Tampoco se acredita atención por especialidad de psiquiatría, asistencia a psicoterapia ni derivación a su centro de salud primaria para manejo multidisciplinario”. Lo anterior según consta en la resolución exenta N° R R01-UNRA-155615-2025 de fecha 12 de diciembre DE 2025. Agrega la referida Res. Ex., en su parte resolutiva dispone que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de la licencia médica N° 120042932-6, de acuerdo a lo anteriormente expuesto. Se deja constancia que, en contra de la presente resolución, se podrá interponer con nuevos antecedentes un recurso de reposición ante esta Superintendencia, dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos, contados desde el día hábil siguiente de la fecha de notificación de la presente Resolución, de acuerdo a lo 9 señalado en los artículos 59 y 25, de la Ley N°19.880 sobre procedimientos administrativos. Dicho recurso debe interponerse a través de la Página Web de la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl)”.

Agrega que la profesional de esta Superintendencia, doña nombre reservado consistente con lo señalado, informa en ficha médica de fecha 21 de octubre de 2025, lo siguiente: “Sección B (Datos de las Licencias Reclamadas) Inicio de la licencia más antigua: 18-06-2025 Cantidad total de días reclamados: 21 Días autorizados por la(s) patología(s): 0 Modalidad de emisión de las licencias reclamadas: (X) Particular/Libre Elección ( ) Institucional ( ) Ambas Licencias: Datos Licencia 1 Folio Licencia: 120042932-6 Diagnóstico: F43.0 - Reacción al estrés agudo Nombre del médico: Fahd Garabet Mistrih Especialidad: Médico Cirujano Alto emisor: (X) SI ( ) NO Sección C (Antecedentes Médicos) IMC con fecha: (X) SI ( ) NO DETALLE: 28/08/2025 - IM POR MÉDICO EMISOR. INDICA DG REACCIÓN ESTRES AGUDO, SINTOMATOLOGÍA, TRATAMIENTO EN USO DERIVACIÓN A PSIQUIATRÍA Y PSICOTERAPIA Peritaje con fecha: ( ) SI (X ) NO Detalle: Exámenes con fecha: ( ) SI (X ) NO Detalle: TPI: ( ) SI (X ) NO Detalle: Lista de espera quirúrgica: ( ) SI ( ) NO (X) N/A Detalle: Acredita Atención GES: ( ) SI ( ) NO (X) N/A Detalle: Otros Antecedentes Médicos: ( ) SI (X ) NO Detalle: Otros Antecedentes Relevantes: ( ) SI (X ) NO Detalle: Sección D (Fundamentos de la resolución) 10 FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN: PACIENTE DE 50 AÑOS, TÉCNICO. NO POSEE DÍAS DE REPOSO DISCONTINUOS AUTORIZADOS POR DG DE TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN. ADJUNTA INFORME MÉDICO, EMITIDO POR MÉDICO GENERAL ALTO EMISOR TRATANTE QUE INDICA SINTOMATOLOGÍA BREVEMENTE SIN INDICAR SÍNTOMAS DE GRAVEDAD. NO INDICA EVOLUCIÓN, TAMPOCO LIMITACIÓN FUNCIONAL OCASIONADA. INDICA TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO, SIN PRECISAR AJUSTES SEGÚN RESPUESTA. NO ACREDITA ASISTENCIA A PSICOTERAPIA, EVALUACIÓN POR ESPECIALISTA PSIQUIATRA, NI DERIVACIÓN A PRESTADOR DE SALUD SEGÚN PREVISIÓN PARA ACTIVACIÓN DE GARANTÍA GES NO HAY PRONÓSTICO DE RECUPERABILIDAD NI FPA. SE RECHAZA APELACIÓN PUES ANTECEDENTES RESULTAN INSUFICIENTES PARA JUSTIFICAR EL ROL TERAPÉUTICO DEL REPOSO OTORGADO”.

Señala que del análisis de los antecedentes médicos y administrativos, la Superintendencia concluye que el reposo prescrito por la licencia médicas reclamada, emitidas por diagnóstico psiquiátrico, carece de justificación clínica suficiente, que los informes médicos acompañados no describen sintomatología de gravedad, ni se evidencian ajustes terapéuticos proporcionales o farmacológicos efectuados a la extensión del reposo, indicando que no consta evaluación por psiquiatra adulto, ni derivación a dispositivos de mayor complejidad, ni activación del GES Salud Mental, sin que se advierta implementación de un plan de manejo orientado al reintegro laboral pese a tratarse de un cuadro que exigiría manejo especializado y multidisciplinario, por lo que no se acredita rol terapéutico del reposo, ni proporcionalidad entre las medidas adoptadas y la duración del reposo solicitado.

Sostiene que la ausencia de manejo psiquiátrico especializado, la emisión de licencia por médico no especialista, y la falta de evidencia clínica objetiva permiten concluir que el reposo no contribuye a la recuperación funcional de la interesada, por lo expuesto, y conforme a lo dispuesto en el D.S. N° 3, de 1984, y en el D.S. N° 7, de 2013, ambos del Ministerio de Salud, esta Superintendencia concluye que las licencias médicas reclamadas carecen de justificación clínica y finalidad terapéutica, por lo que corresponde mantener su rechazo, indicando que en concordancia con ello, los documentos acompañados al reclamo acreditan que las decisiones impugnadas se ajustan al Reglamento sobre Guías Clínicas Referenciales, relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deben respaldar la emisión de licencias médicas según la patología y la duración del reposo.

Considera que resulta improcedente imputar arbitrariedad, pues la resolución se dictó dentro de las competencias del organismo técnico y con estricto apego a los criterios médicos y jurídicos que regulan la materia, afirmando que los dictámenes impugnados encuentran correlato fáctico en el expediente administrativo acompañado, que contiene no sólo las resoluciones cuestionadas, sino también los antecedentes médicos y administrativos que respaldan la decisión de rechazo, indicando que en el caso de autos, la autoridad técnica competente determinó —conforme a los artículos 16 y 21 del Decreto Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud y los artículos 3 y 4 del Decreto Supremo N° 7 de 2013— que los antecedentes acompañados no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del período ya autorizado, por falta de elementos clínicos que lo justifiquen.

Expone que la Superintendencia realizó un análisis exhaustivo y objetivo de los antecedentes, ponderados por médicos especialistas, aplicando de manera uniforme los mismos parámetros normativos y técnicos que rigen en todos los casos similares. La conclusión a la que se arribó —que el reposo médico era injustificado— responde a criterios clínicos, fácticos y jurídicos debidamente fundados, que la resolución impugnada expone con claridad los fundamentos tenidos a la vista, satisfaciendo los estándares de motivación exigidos tanto por el artículo 16 del Reglamento de Licencias Médicas como por los artículos 11, 16 y 41 inciso 4° de la Ley N° 19.880 y que esta Corte debe limitarse a controlar la legalidad y racionalidad de la decisión, sin que sea procedente calificar su mérito desde un punto de vista médico, pues tal análisis corresponde a los organismos técnicos especializados en la materia, debiendo descartarse toda alegación de ilegalidad o arbitrariedad, desde que los actos impugnados fueron dictados en conformidad con el marco normativo vigente y se encuentran suficientemente motivados.

Manifiesta que la resolución cuestionada fue adoptada en base a antecedentes médicos concretos —Cartola Médica, Historial de Licencias e Informes Médicos—, evaluados tanto por la COMPIN como por los profesionales médicos especializados de esta Superintendencia, configurando así una decisión fundada en motivos técnicos, propios del área de la medicina, y con pleno apego a la normativa que regula el derecho denominado licencia médica y lo resuelto por esta Superintendencia se encuentra en plena correspondencia con el concepto de temporalidad que define la naturaleza de la licencia médica, conforme lo dispone el artículo 1° del Decreto Supremo N° 3, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional. Dicho precepto establece que: “Se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médicocirujano, cirujano-dentista o matrona, según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de la Secretaría Regional Ministerial de Salud (SEREMI) que corresponda, o por la Institución de Salud Previsional, según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda”, norma a partir de la que se desprende que la licencia médica constituye un beneficio de carácter temporal, circunscrito a un período determinado de incapacidad laboral debidamente acreditada, lo que impide extenderla de manera indefinida o sin sustento clínico suficiente, citando fallo pronunciado por la Corte Suprema, en causa Rol N° 469-2025, de fecha 6 de marzo de 2025.

Hace presente que no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues su representada se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado dentro del ámbito de sus competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental, que su representada, de modo alguno, ha causado las afecciones que supuestamente padece la recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, es incuestionable que la Sra. nombre reservado siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante y que pudo realizar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido, de manera alguna el acceso de la recurrente a la salud y la única intervención de la Superintendencia en el caso de la Sra. nombre reservado responde al mandato legal de pronunciarse respecto de la reclamación que presentó impugnando la resolución de la referida Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que rechazó las licencias médicas en comento. Añade que en cuanto a la supuesta vulneración del derecho de propiedad, el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 1.- Contar con una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN). Ciertamente, en este punto la autorización de la licencia médica se determina por el organismo administrador de este derecho de acuerdo con los antecedentes del caso. Para ello es necesario que se constate, primero la existencia de una enfermedad o accidente 15 común y, en segundo término, que esta enfermedad o accidente común cause incapacidad laboral temporal razón por la que el trabajador deberá ausentarse de su trabajo por un lapso determinado. 2.- Cumplimiento de los requisitos de tiempo de afiliación al sistema y de densidad de cotizaciones para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente. (D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y D.F.L. N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social).

Estima que no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que, una rechazada sin generar, por lo tanto, el derecho que esgrime la recurrente de autos. Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador, citando fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en causa Rol 557-2015, de fecha 7 de abril de 2015, afirmando que no se trata de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que del estudio y ponderación de los elementos que se han señalado, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en este Organismo de Control.

Sostiene que el procedimiento empleado y la decisión pronunciada, han sido emitidas en la oportunidad y con la justificación pertinente, por su representada, autoridad llamada por la ley para hacerlo, sin que le competa a la jurisdicción, en tal caso, revisar sus fundamentos técnicos, en sede extraordinaria y meramente cautelar, razones suficientes para concluir la inexistencia del comportamiento antijurídico invocado para dar fundamento al recurso, lo que conduciría necesariamente a desestimar la acción interpuesta por la recurrente, solicitando finalmente, en subsidio de las anteriores peticiones y para el improbable evento que algunas de ellas no sean acogidas, se tenga por evacuado el informe solicitado respecto de la acción de protección interpuesta por doña nombre reservado y con su mérito rechazarlo en todas sus partes, con costas.

A folio 17, se atendido el tiempo transcurrido y lo obrado en la presente causa, se prescindió del informe solicitado a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el art culo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

TERCERO: Que la recurrente funda su acción en el rechazo de su licencia médica N° 120042932-6 lo que, a su juicio, vulnera su derecho a la integridad física y psíquica y su derecho de propiedad, al impedirle percibir el subsidio por incapacidad laboral.

CUARTO: Que de los antecedentes acompañados, consta que la licencia médica en cuestión fue rechazada por la COMPIN, decisión que fue posteriormente confirmada por la Superintendencia de Seguridad Social, en ejercicio de sus competencias legales, tras el análisis de los antecedentes médicos y administrativos pertinentes.

QUINTO: Que en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción, cabe tener presente que el conflicto planteado dice relación con el otorgamiento de un beneficio de seguridad social, cual es el subsidio por incapacidad laboral derivado de una licencia médica, materia que se encuentra regulada por un estatuto legal especial, cuyo conocimiento y resolución corresponde a los órganos técnicos competentes.

No obstante, lo señalado anteriormente, aun cuando se estimare procedente el recurso, es necesario analizar si en la especie concurre un acto ilegal o arbitrario que afecte garantías constitucionales.

SEXTO: Que con todo, sobre la materia reclamada se debe tener en consideración que el artículo 16 del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

SÉPTIMO: Que a su vez, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social, cabe tener presente que la Ley N°16.395, modificada por la Ley N°20.691, señala en su artículo segundo, entre las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social: “c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia”. Luego, en el artículo tercero del mismo cuerpo legal, se dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia. La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones”.

De esta forma, conforme a las disposiciones transcritas, se debe concluir que le corresponde a la recurrida la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, como asimismo de las instituciones que los administren, dentro de la esfera de su competencia y de conformidad a la ley. Luego de acuerdo con los artículos 2° y 3°, la referida entidad tiene la calidad de organismo técnico de control.

OCTAVO: Que en la especie, la decisión de rechazar la licencia médica se encuentra fundada en un análisis técnico efectuado por profesionales competentes, quienes concluyeron que los antecedentes médicos aportados no permiten acreditar una incapacidad laboral temporal que justifique el reposo prescrito, atendida la ausencia de elementos clínicos suficientes, tales como evolución del cuadro, control por especialista, limitación funcional y plan terapéutico adecuado.

En estas condiciones, no se advierte que las recurridas hayan actuado de manera ilegal, por cuanto han obrado dentro del ámbito de sus competencias, ni arbitraria, toda vez que su decisión se encuentra debidamente motivada y fundada en antecedentes técnicos.

NOVENO: Que en lo que respecta a la alegada vulneración del derecho de propiedad, debe señalarse que el subsidio por incapacidad laboral no constituye un derecho adquirido mientras la licencia médica no haya sido autorizada por la autoridad competente, de modo que su rechazo impide el nacimiento del beneficio, no configurándose, por ende, una privación de un derecho incorporado al patrimonio de la recurrente.

Ahora bien, en cuanto a la garantía del artículo 19 N° 1 de la Constitución, no se advierte que el actuar de las recurridas haya afectado la integridad física o psíquica de la recurrente, desde que la decisión impugnada se limita a resolver sobre la procedencia de un beneficio administrativo, sin incidir en el acceso a prestaciones de salud, por lo que la acción deducida no puede prosperar y será desestimada como se indicará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se resuelve: Que SE RECHAZA, SIN costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Araucanía y de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Fiscal Judicial Sr. nombre reservado.- N° Protección-4264-2025.(csd)