nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, tres de julio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, kinesióloga, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de don nombre reservado, en su calidad de alcalde y administrador municipal de la Ilustre Municipalidad de Pucón, ambos con domicilio en domicilio reservado, de la misma comuna, por haber dictado el Decreto Alcaldicio N° 1409 de fecha 16 de mayo de 2023, mediante el cual se dispuso el término del contrato de prestación de servicios a honorarios que la vinculaba con dicha entidad edilicia, resolución que estima ilegal y arbitraria, por afectar diversas garantías constitucionales, entre ellas el derecho a la igualdad ante la ley, a la integridad psíquica, al debido proceso, a la honra y a la propiedad.

Expone que comenzó a prestar servicios para la Municipalidad de Pucón en septiembre de 2021 bajo la modalidad de honorarios, contrato que fue renovado sucesivamente durante los años 2022, 2023 y 2024. Desde febrero de 2023, su contrato fue formalizado mediante Decreto Alcaldicio N° 525, para cumplir funciones de media jornada en el Programa Adulto Mayor y otra media jornada en el área de Deportes, totalizando una jornada completa, bajo dependencia directa de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

Entre sus funciones estaban la atención kinésica a personas mayores, evaluación funcional, talleres terapéuticos, charlas de autocuidado y operativos rurales, entre otras, atendiendo a un universo cercano a 500 personas. Alega que desarrollaba sus actividades bajo una jornada superior a la pactada, incluyendo festivos y feriados, lo que da cuenta de una relación de subordinación y dependencia.

Con fecha 16 de mayo de 2023, por medio del Decreto N° 1409, se modificó su contrato, asignándola en jornada completa al Programa “Talleres Deportivos Municipales 2023”, manteniéndose bajo la Dirección de Desarrollo Comunitario, desde el 1 de mayo al 20 de diciembre de 2023.

Posteriormente, fue contratada nuevamente, desde el 2 de enero al 20 de diciembre de 2024, como “Profesional de la Salud encargada de la prevención y rehabilitación de lesiones músculo-esqueléticas derivadas de la práctica deportiva”, según consta en la plataforma de Transparencia Activa de la Municipalidad.

Indica que, por Memorando N° 210/2024, se dispuso su reasignación al Programa de Discapacidad a contar del 12 de noviembre de 2024 hasta el término de contrato el 20 de diciembre del mismo año, debido a reparaciones en el estadio municipal donde normalmente prestaba funciones.

Aduce que el municipio ha sostenido durante todo el período una relación encubierta de tipo laboral, reiterando contratos a honorarios por funciones de carácter permanente, desarrolladas con continuidad, jornada completa, asistencia obligatoria y bajo supervisión jerárquica, configurándose así una relación de subordinación y dependencia.

A juicio de la recurrente, la decisión de no renovar su contrato para 2025 carece de motivación suficiente, lo que la convierte en un acto administrativo arbitrario, vulnerando los principios de confianza legítima, publicidad, motivación de los actos administrativos, y afectando sus derechos constitucionales.

Solicita se acoja el recurso, se declare la ilegalidad y arbitrariedad del actuar de la recurrida por haber tornado en los hechos y en el derecho el contrato de prestación de servicios a honorarios en uno sujeto a subordinación y dependencia de tipo indefinido, y se ordenen las medidas que esta Corte estime pertinentes para restablecer el imperio del derecho, incluyendo la reincorporación a sus funciones y el pago de remuneraciones dejadas de percibir.

Evacuando informe, la parte recurrida, Municipalidad de Pucón, solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, señalando que la recurrente fue contratada bajo la modalidad de honorarios, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 18.883. Explica que los contratos celebrados fueron todos a plazo fijo, por tareas específicas y períodos determinados, cumpliendo las exigencias legales.

Refiere que el vínculo no fue de carácter laboral, ni se ajustó al Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, ni al Código del Trabajo, y que no existió compromiso de continuidad ni derechos adquiridos respecto de eventuales renovaciones contractuales, siendo facultad discrecional de la administración no perseverar en la contratación, y no concurre confianza legítima respecto de la actora, pues como ella reconoce, fue contratada bajo la modalidad a honorarios.

Añade que no existió vulneración de garantías constitucionales, dado que la decisión fue adoptada en uso de facultades legales, dentro del marco de la autonomía municipal y respetando los principios que rigen la función pública.

No obstante el fondo de la controversia, alega la extemporaneidad del recurso, en atención a que se recurre en contra de una resolución contenida en el Decreto Municipal N° 1409, de mayo de 2023, vale decir, emitido hace más de dos años previo a la interposición del recurso.

Se trajeron los autos en relación, procediendo a la vista del recurso en la audiencia del pasado 16 de junio, a la que comparecieron los abogados de las partes, quienes alegaron ante estrados, quedando la causa en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar, de carácter urgente y excepcional, destinada a restablecer el imperio del derecho cuando se conculcan de manera actual y manifiesta derechos fundamentales por actos u omisiones ilegales o arbitrarios. Es requisito esencial para su procedencia que la acción sea ejercida dentro del plazo de 30 días corridos desde la ocurrencia del acto u omisión que motiva el reclamo, conforme el numeral 2° del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales.

SEGUNDO: Que, en la especie, el acto que se impugna en autos corresponde al Decreto Alcaldicio N° 1409, de fecha 16 de mayo de 2023, mediante el cual se aprobó el contrato de prestación de servicios a honorarios celebrado entre la recurrente y la Ilustre Municipalidad de Pucón, por el período comprendido entre el 1 de mayo y el 20 de diciembre de ese año, específicamente en el marco del Programa de Talleres Deportivos Municipales. Dicho decreto, en consecuencia, constituye el acto administrativo que fija las condiciones contractuales cuya supuesta vulneración se alega en este recurso.

TERCERO: Que, no obstante lo anterior, la presente acción constitucional fue deducida el 20 de enero de 2025, es decir, más de 30 días después de la dictación del acto recurrido y, además, cuando el vínculo contractual había concluido naturalmente, al cumplirse el plazo pactado. Ello resulta incompatible con el principio de oportunidad que rige esta acción constitucional, lo que lleva a concluir que la acción ha sido interpuesta fuera de plazo y, por tanto, de manera extemporánea.

CUARTO: Que, además de lo anterior, del tenor del libelo se desprende con claridad que lo que la recurrente pretende, en lo sustancial, es que esta Corte declare la existencia de una relación laboral de carácter indefinido entre ella y la Municipalidad de Pucón, fundada en elementos fácticos que harían presumir subordinación y dependencia, con el objeto de obtener la reincorporación a sus funciones y el pago de remuneraciones futuras. Tal pretensión excede el objeto del recurso de protección, el cual no es una acción declarativa ni constitutiva de derechos, ni constituye sede idónea para resolver controversias de naturaleza laboral que requieren prueba y debate contradictorio.

QUINTO: Que, por otra parte, la recurrente no ha acreditado la existencia de un derecho indubitado que se vea afectado con la no renovación de su contrato a honorarios para el año 2025, desde que la renovación de dichos contratos es facultativa de la Administración, no existiendo norma alguna que genere derechos adquiridos en tal sentido. El vínculo a honorarios suscrito con la Municipalidad fue pactado por un tiempo determinado y cumplió su vigencia en los términos originalmente acordados, sin que la decisión de no suscribir un nuevo contrato pueda estimarse, por sí sola, como una vulneración arbitraria o ilegal de garantías constitucionales.

SEXTO: Que, en consecuencia, no concurren en la especie los presupuestos de procedencia del recurso de protección, ni por el cumplimiento extemporáneo de su interposición, ni por la naturaleza de lo solicitado, ni por la inexistencia de derechos indubitados que requieran tutela urgente por esta vía excepcional.

Por estas consideraciones, y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Pucón.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Reinaldo Osorio Ulloa.

N°Protección-426-2025. (csd)