nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, diez de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, comparece don Daniel Edgardo Paredes Vásquez, abogado, quien deduce acción de protección en favor propio y en contra del Sr. Conservador de Bienes Raíces de Pucón, don Sergio Enrique Rossel Ricci, por la infracción a las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 número 2 y número 24 de la Constitución Política de la República, conforme a los antecedentes de hecho y de derecho que expone en su presentación.

En cuanto a los fundamentos de hecho, expone que, con fecha 01 de agosto de 2025, otorgó una escritura pública de compraventa, hipoteca especial y prohibición respecto de un departamento ubicado en el edificio “Focus” del condominio “El Origen”, comuna de Pucón, cuyo precio ascendió a 3.397,8500 Unidades de Fomento, agregando que la tramitación de dichas inscripciones fue realizada por el Banco de Crédito e Inversiones a través de una empresa externa, acordándose que los gastos serían descontados de su cuenta corriente.

Asevera que, el 14 de noviembre de 2025, se le informó que el proceso había finalizado, comunicándosele que el Conservador de Bienes Raíces de Pucón cobró la suma de $879.357 por las inscripciones de hipoteca especial, propiedad y prohibición. Ante esto, el actor replicó que dichos honorarios estaban muy por encima del marco legal.

Hace presente que, en su ejercicio profesional, asesora proyectos de cuantía millonaria (eólicos y fotovoltaicos) y que ningún Conservador ha cobrado tales honorarios, cuestionandose: “¿Cómo podría entonces, una inscripción de dominio, prohibición e hipoteca especial, de un departamento de poco más de 130 millones de pesos, superar a una planta eólica o una planta fotovoltaica?”.

Añade que, tras efectuar una cotización por el mismo trabajo ante el Conservador de Bienes Raíces de Los Ángeles, se le indicó que los honorarios máximos no podían superar la suma de $580.000.

Finalmente, hace hincapié en que la labor del Conservador obedece a un monopolio legal, por lo que sus cobros deben sujetarse estrictamente a la norma y no pueden excederse de los mismos.

En cuanto a los fundamentos de derecho, señala que, bajo el amparo del artículo 20 de la Carta Fundamental, debe entenderse por acto ilegal o arbitrario aquel que no se atiene a la normativa o que ejerce atribuciones exclusivas de forma indebida.

Alega la vulneración del artículo 19 N° 2 inciso 2° (igualdad ante la ley), afirmando que la autoridad recurrida ha establecido pagos fuera de la norma, elevando ficticiamente montos no respaldados por la ley, lo que consagra un trato desigual que carece de justificación y un trato discriminatorio.

Cita expresamente el Decreto Exento N° 588 de 1998, del Ministerio de Justicia, el cual regula los aranceles y establece que, en conservadores fuera de las grandes capitales, el recargo no puede calcularse sobre montos superiores a $128.000.000, señalando que la conducta del recurrido es antijurídica e ilícita al entrar en directo conflicto con dicha norma.

Invoca, además, el artículo 446 del Código Orgánico de Tribunales y jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema (Rol N° 112.366-2020), subrayando que la función pública de los conservadores exige que la interpretación de sus aranceles se ajuste siempre al carácter público de su labor.

Concluye que el actuar del recurrido es injusto y constituye una discriminación arbitraria que priva al recurrente de su derecho de propiedad del artículo 19 N° 24, al haber realizado un cobro excesivo sin respaldo en la norma.

Por lo anterior, solicita se acoja el recurso, y en definitiva declarar que la ilegalidad del exceso de honorarios pagados por inscripción dominio, hipoteca especial y prohibición, es arbitraria e ilegal, privando la garantía asegurada en el N° 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República; se ordene la devolución del monto pagado en exceso, según el Decreto Exento N°588, de 27 de noviembre de 1998, emitido por el Ministerio de Justicia del Gobierno de Chile; Lo mencionado y por la gravedad del actuar del recurrido con expresa condena en costas.

Adjunta a su presentación los siguientes documentos: Boleta de honorarios N°160567, emitida por don Sergio Enrique Rossel Ricci, Conservador de Bienes Raíces de Pucón, de fecha 29 de octubre de 2025; Escritura Pública de fecha 01 de agosto de 2025, repertorio N°8.093-25, de notaría de Temuco de doña nombre reservado; Certificado de Hipoteca y Gravámenes N°A6642C4B, de 29 de octubre de 2025, emitido por el Señor Conservador de Bienes Raíces de Pucón; Certificado de dominio, fojas 1267, N°2533, registro de Propiedad del año 2025, a cargo del Señor Conservador de Bienes Raíces de Pucón; Certificado de avalúo fiscal, rol de propiedad 202-250 de la comuna de Pucón, inmueble departamento 210, edificio Focus, condominio Origen, domicilio reservado; Sentencia Definitiva, pronunciada por nuestra Excelentísima Corte Suprema, en causa rol N°112.366-2020; Decreto Exento N°588, de 27 de noviembre de 1998, emitido por el Ministerio de Justicia del Gobierno de Chile; Correo electrónico de fecha 14 de noviembre de 2025, emitido por la casilla correo reservado a correo correo reservado.

A folio 5, comparece don Sergio Enrique Rossel Ricci, en su calidad de Conservador de Bienes Raíces de Pucón, quien evacuó el informe solicitado, en los términos que se indican en su presentación.

Comienza su exposición señalando que el recurso interpuesto se extiende en consideraciones generales sin una fundamentación jurídica ni tampoco explicando cuál es la aplicación errada del arancel, limitándose el recurrente a sostener de manera infundada que el cobro le parece poco razonable. Señala que los argumentos del actor son metafóricos y filosóficos y fruto de una pura lucubración vaga, enfatizando que una infracción legal supone una transgresión objetiva y no una calificación subjetiva de razonabilidad.

En cuanto a la legalidad del cobro, el recurrido sostiene que su Registro se ciñe en forma irrestricta al Arancel de 1998 (Decreto Exento N° 588), el cual, a pesar de ser una norma bien anticuada (sin actualizaciones en 16 años), constituye la norma objetiva vigente.

Alude a la transparencia de su gestión indicando que el sistema está automatizado y supervisado por IA, emitiendo desgloses detallados de cada ítem.

A efectos de ilustrar la cuantía de los derechos, el informe detalla la estructura de cobro aplicada: Valores básicos: Explica que por cada inscripción se cobra una base (repertorio, matriz, certificación, carillaje, etc.) que asciende a $4.300, valor inferior al máximo permitido de $4.900; Derechos ad valorem: Se aplica un 3/1000 del monto del contrato con un tope de $128.000.000, según el Art. 1 N° 1.a inciso 3° del Arancel; Otros trámites: Detalla el valor de certificados de vigencia ($2.300), de cargas ($2.800) y copias ($2.800), precisando que en varios ítems el Conservador cobra montos menores a los autorizados.

Respecto a la Orden de Trabajo N° 340467 objeto del recurso, el recurrido desglosa las actuaciones realizadas: inscripción de compraventa de departamento (UF 2.947,85), hipoteca (UF 4.160,1), prohibición, compraventa de estacionamiento (UF 450), hipoteca y prohibición sobre este último, además de los respectivos juegos de certificados y copias de cada actuación.

Precisa que el cálculo de los derechos ad valorem arrojó:

Departamento: $349.418 (sobre un valor de $116.472.737) más base, totalizando $355.718; Hipoteca: $392.600 (aplicando el tope de $128.000.000).//UF 4.160 (2.945 U.F.)Estacionamiento: $59.640. Subraya que solo estas inscripciones principales suman $820.858, siendo el resto del cobro correspondiente a copias y certificados.

Sobre la referencia del recurrente a una cotización del Conservador de Los Ángeles, el recurrido manifiesta que difícilmente aquel podría cobrar solo $580.000 por la totalidad de estos trámites, sugiriendo que la información entregada por el actor en dicha sede pudo ser incompleta o una respuesta a la rápida.

Finalmente, alega una falta de relación directa con el recurrente, señalando que el Conservador no opera sobre la cuenta bancaria del recurrente ni el pago fue realizado por él, sino por una tercera persona, doña nombre reservado de la empresa Cibergestión, que actuaba por encargo del Banco de Crédito e Inversiones. Concluye solicitando el rechazo del recurso por no existir infracción al arancel ni transgresión a derechos protegidos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Por consiguiente, resulta requisito indispensable para la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley– o arbitrario –es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él– y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que el acto arbitrario e ilegal que estima la recurrente se habría configurado en la especie, consiste en el cobro excesivo de honorarios por parte del Conservador de Bienes Raíces de Pucón por efectuar una serie de inscripciones respecto de un inmueble, ascendente a la suma de $879.357. En efecto, sostiene que dicho monto supera los límites legales establecidos en el Decreto Exento N° 588 de 1998, lo cual vulneraría sus garantías constitucionales establecidas en el N°2 y N°24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que, para que la acción de protección pueda prosperar, es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que afecte el legítimo ejercicio de garantías constitucionales protegidas, y que el derecho que se reclama tenga el carácter de indubitado. En la especie, la controversia se centra en la interpretación y aplicación del Arancel de los Conservadores de Bienes Raíces (Decreto Exento N° 588 de 1998), materia que por su naturaleza técnica y la necesidad de un análisis pormenorizado de las partidas cobradas, excede el marco propio de esta acción cautelar de emergencia, la cual no constituye una instancia de impugnación de liquidaciones de honorarios ni una vía para resolver discrepancias contables, que es precisamente lo que ha acontecido en estos autos.

CUARTO: Que, a mayor abundamiento, esta Corte no puede soslayar que el petitorio del recurso de autos ha sido formulado de manera genérica al solicitar que “se ordene la devolución del monto pagado en exceso, según el Decreto Exento N°588, de 27 de noviembre de 1998, emitido por el Ministerio de Justicia del Gobierno de Chile”, sin que el recurrente haya expresado de forma concreta y específica el monto líquido que aparecería cobrado en exceso. Esta falta de determinación no logra ser subsanada por el escrito de “téngase presente” allegado posteriormente a la presente causa, por cuanto su nuevo cálculo - reclamando finalmente la suma de $144.519- resulta insuficiente e incompleto, por cuanto omite considerar diversas actuaciones realizadas por el ministro de fe que constan en la orden de trabajo N° 340467, tales como la facción de copias autorizadas y la emisión de múltiples certificados para las dos unidades inmobiliarias objeto de la inscripción.

QUINTO: Que, por lo tanto, no existiendo un derecho indubitado por parte del recurrente, sino más bien una controversia sobre la interpretación de una norma arancelaria administrativa, aplicada a los diversos trabajos solicitados, no se divisa la existencia de un acto ilegal o arbitrario que vulnere las garantías de igualdad ante la ley o el derecho de propiedad, debiendo la parte interesada canalizar su reclamo a través de los procedimientos que sean pertinentes.

SEXTO: Que por lo anterior la acción será desestimada según se dirá en lo resolutivo de la sentencia.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don Daniel Edgardo Paredes Vásquez, abogado, en contra del Sr. Conservador de Bienes Raíces de Pucón, don Sergio Enrique Rossel Ricci.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del fiscal judicial Sr. nombre reservado.

N° Protección-4241-2025.(csd)